En la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico –que ha costado casi 23 mil vidas y en la que participan 96 mil efectivos del Ejército–, únicamente se han dictado 735 sentencias firmes por delincuencia organizada; ahora se erradica y decomisa menos droga que en 2003, y sólo a 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud se les acredita su pertenencia a algún cártel. Con esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan los resultados reales de esa supuesta “lucha frontal”.
El panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa mantiene 96 mil militares en las calles con el argumento de que éstos combaten al narcotráfico y a los cárteles de la droga. Sin embargo, datos oficiales de los gobiernos de México y de Estados Unidos desmienten la “guerra” contra el tráfico de estupefacientes, que ha costado la vida a más de 22 mil 700 civiles.
Tan sólo en materia de impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura Federal admite –en la respuesta a la solicitud de información 00044844, hecha por Contralínea– que sus juzgados de distrito han dictado sólo 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
La cifra contrasta con las 121 mil 199 personas detenidas –entre diciembre de 2006 y marzo de 2010– por presuntos vínculos con el crimen organizado, que el gobierno federal informó a legisladores mexicanos el pasado 12 de abril.
Las 735 sentencias firmes –que ya no se pueden apelar ante ninguna instancia judicial– apenas significan el 0.6 por ciento de las detenciones reportadas por la administración calderonista en un documento confidencial dado a conocer el pasado 14 de abril por la agencia de noticias EFE.
La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas.
—Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
Y es que mientras 22 mil 700 civiles han sido ejecutados, militares asesinan inocentes y comandos armados clandestinos se apoderan de pueblos enteros, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.
Los datos que la dependencia encabezada por Arturo Chávez Chávez proporcionó a Contralínea –a través de 13 solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– señalan que, de esa cifra, sólo 1 mil 194 miembros del crimen organizado fueron consignados ante las autoridades judiciales. Esto es que 165 ni siquiera fueron procesados judicialmente.
Los 1 mil 359 detenidos a quienes la Procuraduría afirma que sí les puede comprobar sus nexos con los cárteles del narcotráfico representan apenas el 1.12 por ciento de los 121 mil 199 detenidos por delincuencia organizada que reportó Calderón a los legisladores.
Esto podría implicar que 119 mil 840 detenidos eran narcomenudistas, consumidores, burros (personas pobres que son utilizadas para transportar pequeñas cantidades de droga a cambio de un pago), campesinos o incluso inocentes.
—La estrategia del presidente Calderón es una farsa mediática. Está implementada a través de un criterio de mercadotecnia que no pretende desmantelar grupos criminales –señala en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en seguridad.
El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México agrega que “el 98 por ciento de las detenciones por delincuencia organizada o asociación delictuosa se les cae (a las autoridades). No hay un efecto punitivo, y sin ese efecto de castigo obviamente la delincuencia organizada sigue encontrando en México un paraíso patrimonial”.
Con base en la experiencia internacional, Buscaglia sugiere cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) para luchar “efectivamente” contra la mafia: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan.
De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penalesy Amparo de la PGR, entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se consignaron 47 mil 21 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y sólo dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
120 mil detenidos sin nexos con cárteles
La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas.—Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
Y es que mientras 22 mil 700 civiles han sido ejecutados, militares asesinan inocentes y comandos armados clandestinos se apoderan de pueblos enteros, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.
Los datos que la dependencia encabezada por Arturo Chávez Chávez proporcionó a Contralínea –a través de 13 solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– señalan que, de esa cifra, sólo 1 mil 194 miembros del crimen organizado fueron consignados ante las autoridades judiciales. Esto es que 165 ni siquiera fueron procesados judicialmente.
Los 1 mil 359 detenidos a quienes la Procuraduría afirma que sí les puede comprobar sus nexos con los cárteles del narcotráfico representan apenas el 1.12 por ciento de los 121 mil 199 detenidos por delincuencia organizada que reportó Calderón a los legisladores.
Esto podría implicar que 119 mil 840 detenidos eran narcomenudistas, consumidores, burros (personas pobres que son utilizadas para transportar pequeñas cantidades de droga a cambio de un pago), campesinos o incluso inocentes.
—La estrategia del presidente Calderón es una farsa mediática. Está implementada a través de un criterio de mercadotecnia que no pretende desmantelar grupos criminales –señala en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en seguridad.
El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México agrega que “el 98 por ciento de las detenciones por delincuencia organizada o asociación delictuosa se les cae (a las autoridades). No hay un efecto punitivo, y sin ese efecto de castigo obviamente la delincuencia organizada sigue encontrando en México un paraíso patrimonial”.
Con base en la experiencia internacional, Buscaglia sugiere cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) para luchar “efectivamente” contra la mafia: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan.
De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se consignaron 47 mil 21 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y sólo dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
-Lavado de dinero en auge
-Territorios sin control
-Los crímenes del Ejército deben ser juzgados: general
Leer articulo completo AQUI.
A BP cleanup crew removes oil from a beach on Saturday, May 23, at Port Fourchon, La. Officials say it may be impossible to clean the hundreds of miles of coastal wetlands affected by the massive oil spill that continues gushing in the Gulf of Mexico.
Entradas
