lunes, febrero 20, 2012
AMLO DE FRENTE Parte 3 - 20 de febrero de 2012
http://youtu.be/XPXgadLEyow
Entrevista a Andrés Manuel López Obrador. - Crecimiento económico - Ahorrar para invertir - Combate a la corrupción -
La Gasolina en Venezuela
http://youtu.be/GN-zbhLlQT8
Video grabado en Caracas Venezuela, muestra el precio de la gasolina. 40 litros cuestan 3.9 Bolivares fuertes. Lo que equivale a mas o menos .6 USD o 7 pesos mexicanos.
Video recorded in Caracas, Venezuela. It shows the price of the gas. 40 liters are 3.9 Bolivares Fuertes that is around .7 USD.
AMLO en mesa de debate con Carmen Aristegui
La de Calderón, una guerra sin sentido, un gran teatro político
Procurador del Distrito Federal y subprocurador general de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el jurista René González de la Vega sostiene en este análisis que la guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico es una costosa estrategia de manipulación hacia los mexicanos, “una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental”. González de la Vega es egresado de la UNAM y doctor en derecho, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y autor de 20 obras en la materia. Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde su fundación en 1976 –centro de estudios y de investigación que en 2011 le concedió un doctorado honoris causa–, fue sin embargo excluido de su planta docente poco después de manifestar que Calderón podría ser enjuiciado por delitos contra la humanidad, en una entrevista publicada en la edición 1804 de Proceso.
Recuerdo que en mis años de adolescencia acudí algunas veces a observar con cierta fascinación las filmaciones de westerns que se hacían por la zona de Chupaderos, cerca de la ciudad de Durango, tierra de mis mayores. Para mí –como para muchos otros– resultaba una verdad sabida que en las persecuciones entre vaqueros –los que vivían dentro de la ley– y cuatreros, siempre el caballo del bueno –sin fallar una sola vez– alcanzaba a galope tendido al caballo del malo, lo que permitía a aquél someterlo y entregarlo a la justicia. Mi padre me decía que era contraintuitivo o contra sentido pensar que había una relación directa entre la velocidad del caballo y la calidad moral del jinete. Con los años entendí que tenía toda la razón; nada tiene que ver una cosa con la otra.
Ya pasados los años acudí a la representación de una obra del teatro clásico en la que se valían de los artefactos o artilugios que utilizaron los antiguos griegos para montar sus obras escénicas, con el propósito de darle más realismo al montaje moderno. Durante el desarrollo de la pieza una grúa de madera, ubicada fuera del proscenio, levantaba a un actor que personificaba a un dios y elevándolo por las alturas, giraba y lo depositaba en el centro del escenario, como si viniera de arriba, seguramente del Olimpo. A ese efecto se le conoció más tarde como deus ex machina y significa, hoy en día, una incongruencia o falta de coherencia en la trama de la narración; estamos hablando de esos efectos tan manidos por autores y coreógrafos para introducir un factor inexplicable al hilo conductor y que logra fracturar la lógica interna de la secuencia; el abuso o la torpeza en el uso del recurso, dada su calidad externa, puede romper con una buena trama y el público muestra su descontento o desconcierto.
¿Cuántas veces nos pasó en las que disfrutando de un western veíamos azorados que unos pocos vaqueros luchaban a brazo partido –escudándose con un carromato volteado– contra una partida de indios que los asediaban con gritos y disparos, cabalgando frenéticos en derredor de ese grupo heroico que se defendía como podía y se sabía condenado a muerte? De pronto, de la nada, sin aviso previo, se escuchaba el clarín de la caballería –tal vez el séptimo de Custer– que se aproximaba exuberante por la pradera, para apoyar a sus compañeros. Seguramente, metidos de lleno en esa narración, celebrábamos la salvación espontánea e inesperada de los vaqueros de aquel ataque de los indios, pero siempre quedaba la pregunta: ¿Cómo fue?
Ambos circunstantes, el “caballo del bueno” y la cuestión del deus ex machina, rondan estos días mis pensamientos cuando leo y vuelvo a leer las noticias sobre la violencia en México. Hay quienes piensan y aseguran que el caballo de Calderón –dadas las virtudes morales de su jinete– es más rápido que el de los narcotraficantes; ese es un pensamiento contraintuitivo o carente de sentido. Hay quienes vemos en esa guerra desatada por el gobierno federal contra la delincuencia organizada –que ya cuenta bajas en todos los bandos posibles y por decenas de miles– una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental (2006) y se estimó necesaria para incrementar la legitimación –o sea, la gobernabilidad– del poder político. Al inicio (2006) se pensó en el viejo recurso del deus ex machina y se calculó que con un aumento de fuerza y de aparatos de guerra en la confrontación bastaría para vencer y salir airosos del problema. El “dios surgido de la máquina” bélica no funcionó como se esperaba. Ahora (2012) vivimos en el centro de una avalancha incontenible de violencia y ¡ay!, se perdió la gobernabilidad y con ello la ansiada legitimidad. Haber confiado en el recurso clásico del “dios surgido de la máquina” es un pensamiento contraintuitivo. En el centro de esta guerra, ya acosados por todos los frentes, no escuchamos ese clarín de guerra salvador ni aparece la caballería en nuestro auxilio. El Plan Mérida se concibió (2008) muy probablemente como ese factor externo que nos redimiría y lamentablemente no llegó (2012) ni llegará, al menos como se esperaba. Ese pensamiento también es contraintuitivo o sin sentido alguno.
Muchos, ante las noticias de la guerra contra el narcotráfico y todas sus demás vertientes delictivas, y ante la propaganda gubernamental manipulada para hacernos creer que en verdad hay relación directa entre eficacia del mundo causal y sentido moral de las personas, y que hay –además– un dios que emergerá de la máquina de guerra, nos mostramos auténticamente escépticos. Nos sentimos muchos –eso sí– manipulados, y vemos el terror, mientras tanto, en los rostros mexicanos. ¿Algún día terminará esta guerra? ¿Quién la gana y quién la pierde? ¿Hay alguna estrategia de guerra, o sólo nos movemos reactivamente? ¿La guerra era inminente o fue creada? Hay muchas más preguntas en el ambiente.
Se antoja necesario un análisis, aun breve y nunca completo, de todo esto que nos pasa para así, tal vez, estar en condiciones de comprender y asumir respuestas, no sólo acciones. La primera cuestión que nos asalta en nuestras cavilaciones, por razón de terror y de un mínimo de compasión humana, es la cuestión de los muertos como causa directa de esa guerra de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada. Esa manipulación propagandística indica que los caídos –mayoritariamente– eran delincuentes, por tanto se lo merecían; o bien, puede asumirse que “algo” malo tendrían o hacían y, por tanto, los asesinaron –hay “merecimientos” para ello, se insiste–. Los “daños colaterales”, como se denominan a los probables inocentes muertos en las refriegas o sin ellas, y sólo por estar en el lugar y momento equivocados, o por tener una fachada sospechosa, no “pintan” mucho en las cuentas finales y se responde que sí se han violado derechos humanos, pero en poca cantidad, como si lo cuantitativo fuera factor a considerar en estas cuestiones de los derechos.
Hay otro aspecto a estimar advertido en las grandes fosas de cadáveres encontradas en diversos predios de estados norteños: no se conoce quién o quiénes asesinaron a esas personas por cientos y después ocultaron –o trataron de hacerlo– sus cuerpos, amontonados, como veíamos en documentales sobre los campos de concentración nazis. Ahí es notable un dato que se ha dado a conocer: se trata mayoritariamente de migrantes nacionales o extranjeros, que se proponían cruzar la frontera norte. En los primeros casos de muertos en la guerra, desde luego que se sabe de crímenes atroces y de lesa humanidad que deben perseguirse y no quedar en la impunidad; en los segundos casos de las fosas, cuya excavación requiere de trabajos y maquinaria mayores, puede pensarse válidamente en actos de genocidio, dada la calidad y perfiles de las víctimas, siempre homogéneos, lo que significa sistematización, aunque se niegue.
En esta última cuestión existen –cuando menos– evidencias de omisión por parte de las autoridades en los esfuerzos de identificación de los cadáveres, investigación de los posibles delitos cometidos y sometimiento a la justicia de los probables responsables. Dicha inacción implica la integración de figuras típicas contempladas en instrumentos internacionales de los que México es parte y que permiten encausar a quienes resulten responsables de la omisión del poder, así se amenace desde el poder a quienes creen que es posible ese juicio internacional, o es –para muchos otros, incluido yo– un mero testimonio, o como se dice internacionalmente, un statement, que se necesita ahora mismo.
La propaganda que tiende a generar una “conciencia de lo real” con criterio de verdad –que pretende ser absoluta– procura distribuir culpas desde un sólo mirador y estimar que si la violencia proviene del Estado se halla justificada, en tanto la otra, de quien provenga, es inmoral. Eso podría ser verdad bajo parámetros legales y constitucionales, pero en esto se hallan ausentes, pues el Ejército no cuenta con facultades para emprender funciones de policía y, además, el principio universalmente aceptado y conocido como Posse comitatus impide el uso de las Fuerzas Armadas en el propio territorio y contra la población autóctona, y el Ejército hace lo que sabe hacer (detener, enfrentar, hacer la guerra), pero el proceso constitucional que ordena investigar los delitos, perseguirlos, enjuiciar a los delincuentes y sancionarlos, ni siquiera integra su acción ni su estrategia.
El argumento oficial esconde, además, algo que provoca azoro, pues se dice soslayadamente: si no intervinieran las Fuerzas Armadas en el conflicto, las personas iban –de cualquier manera– a morir a manos de los delincuentes; por tanto, es lo mismo matar que dejar morir. Este planteamiento no soporta el mínimo análisis moral. Simplemente se está optando por la peor de las respuestas y no por lo preferible desde una necesaria razón práctica que ahora parece tan extraviada.
Según los indicadores que se asumen para detectar falacias lógicas, en el caso mexicano podemos utilizarlos y asumir que en la lucha contra la criminalidad tratan de indicarnos como premisa 1: “si hay más fuerza habrá más muertos”; en la segunda premisa se afirma: “si hay más muertos entonces habrá menos fuerza”; por ende, se concluye con falacia: “si hay más fuerza entonces habrá menos fuerza”, eventualmente. Esto es, sigamos con la guerra, pues es moralmente correcto matar, para evitar más muertes. Eso no se sustenta ni siquiera desde un punto de mira utilitarista, que buscaría la mayor felicidad al mayor número de personas, o en sentido contrario, el menor daño al mayor número de personas, pues en cuestiones bélicas esta última presentación de la ecuación de Bentham resulta aún más evidente.
Se ha recurrido, también, al llamado sofisma populista en otras ocasiones, pues se atribuye la opinión propia de quien gobierna –síndrome de hybris de Owen– a la opinión mayoritaria de la población, y entonces todo lo afirmado debe ser cierto. Eso tendría que probarse, no sólo afirmarse.
Hemos hablado del consecuencialismo y bajo esa perspectiva se nos engaña al partir de un mero “Si A, entonces B”, pero adicionan inválidamente: “B, entonces A”. Así, llegan a la afirmación de la consecuencia, estructurando algo como: “las personas honradas no se ven involucradas en hechos de violencia” (Si A, entonces B). Sin embargo, agregan el “B, entonces A”: “si una persona se involucra en el hecho violento, no es una persona honrada”. De ahí que siempre los caídos en los hechos de violencia “abatidos por las Fuerzas Armadas” –según se dice en los propios comunicados oficiales–, sean presuntos delincuentes y merecían caer ante las armas del Estado, pues implican en sí y por sí la razón moral. Es ese caballo del malo que siempre es más lento que el del bueno. Deus ex machina.
Hemos escuchado hasta la saciedad que: 1. Alguien debía encarar a esta delincuencia, pues en años anteriores nada se hacía; y 2. La actividad antisocial y violenta es una herencia del pasado inmediato. Se encuentra en ambas afirmaciones una forzada correlación de causa y efecto, pues se piensa falazmente que si ocurre A (situación anterior) y correlacionadamente después ocurre B (violencia actual), entonces A ha causado a B. Se conoce como cum hoc, ergo propter hoc y se distingue por ser una conclusión prematura y sin bases ni evidencia; al admitirse diversas posibilidades de respuesta, amén de la presumida en la propaganda gubernamental, se toma esta presentación en tanto una falacia lógica, pues podría admitirse, por ejemplo, que B sea la causa de A, esto es, que la escalada de violencia del último lustro no es resultado de los puntos 1 y 2 anteriores, sino su causa, pues sería claro que una estrategia diferente y más eficaz para contener la violencia de años previos explicaría por qué la violencia actual no se justifica; esto es, lo que ahora se vive sería la causa para explicar la estrategia de años previos.
Simultáneamente podría ser que exista un tercer factor desconocido o no tomado en cuenta y que sea realmente la causa de la relación entre A y B. Así, podría decirse: “la escalada de violencia del último lustro responde a una decisión política para ganar legitimidad”, por lo que esa correlación entre la violencia y los supuestos 1 y 2 anotados no se establece directamente y sólo se trata de una apreciación subjetiva.
Podría ser que la trama de esta guerra contra el narcotráfico sea tan compleja, montada en una especial circunstancia temporal y espacial, y que hubiere pasado de una fase de desarrollo a otra muy novedosa, que entonces la relación entre A y B sería mera coincidencia. En cuarto lugar, puede pensarse que B sea la causa de A y, al mismo tiempo, A sea la de B, esto es, que se esté en presencia de una relación sinalagmática o sinérgica que permite catalizar los efectos. En todo caso debe probarse primero el punto 1 que asevera que en fases anteriores del narcotráfico nada se hizo en décadas anteriores para combatirlo y parece, en demostración de lo contrario, que hay evidencia de respuestas concretas del Estado en ese sentido; y después el punto 2 que infiere herencias de violencia que debían atenderse; no obstante, los indicadores más duros de la estadística muestran que los índices delictivos, al concluir la primera mitad de la primera década del siglo, mantenían una tendencia a la baja.
Hoy se habla de un supuesto “efecto cucaracha”, como signo de éxito en la lucha contra la criminalidad; tan se han logrado las metas de esa lucha –se dice– que los delincuentes cambiaron de lugar huyendo como cucarachas. Eso es otra falacia, pues los expertos no ignoran que en materia de criminología el delito no es erradicable por decisión unilateral, ni por decreto, como sucede con algunas enfermedades. Pensar en que el delito se cancela es una ingenuidad mayor; se le controla, pero no se le desaparece.
En cuestiones de criminalidad, dadas las circunstancias de control, el delito no se desvanece, sólo se transforma o se mueve, y esto, sin los cálculos adecuados, puede resultar peor que la situación anterior. ¿Es posible evitar el robo de vehículos a un 100% en una zona determinada? La respuesta podría ser afirmativa mediante los operativos pertinentes, pero debe siempre preverse que la delincuencia no desaparecerá y tan sólo cambiará, por ejemplo, dejando de robar automóviles, para ingresar al robo de casas-habitación. La cuestión entonces es: ¿qué es preferible en el control?
Para la empresa criminal es conveniente un clima distorsionado, convulso, sin cohesión social y, además, violento. Es claro que un clima social así no le conviene a ningún estado de derecho que actúe de manera racional. Cuando se expresa desde las tribunas gubernamentales que la opción es maniquea: “dejamos a la delincuencia actuar y volteamos para otro lado o la enfrentamos con toda nuestra fuerza”, se colocan las cosas en una situación de muy difícil solución. Implica un todo o nada; la afamada “suma cero” de la teoría de juegos de Nash, que dicta que “uno gana todo y el otro pierde todo”, como si se tratara de una partida de ajedrez o de un juego de futbol. En la vida real donde se presentan conflictos no se responde de esa manera, pues no sólo los riesgos crecen en vez de disminuir, sino que se prolonga un altercado, sin una noción clara de triunfo o derrota.
Debe reflexionarse en torno a las respuestas dadas para combatir a la delincuencia, basadas casi exclusivamente en la presencia y actuación de las Fuerzas Armadas. Con todo el respeto que merecen éstas, es necesario decir que cuando se les utiliza para actuar en el orden de la seguridad pública, es decir, como policías, su trabajo resulta incompleto, pues las organizaciones castrenses “sirven para lo que sirven”, esto es, la fase de detención, confrontación y estrategia militar con todo lo que implica. No obstante, las secuelas jurídicas exigibles que imponen la debida persecución, enjuiciamiento y sanción conforme a la ley de los delincuentes quedan fuera del proceso, y de ahí esa sensación social de inusitada violencia acompañada por una evidente impunidad, según ya habíamos argumentado.
No es descabellado, sino necesario, repensar la estrategia militar. Por supuesto que llegados a este punto de confrontación y pérdida de control social en diversas zonas del país, ese cambio estratégico habrá de ser paulatino y no súbito. La cuestión sobre si era necesaria la intervención del Ejército y la Armada en funciones policiales debió ser tomada en consideración en su momento (2006) y no en éste (2012) en el que se ha llegado, en algunos lugares, a puntos de no retorno, al menos por ahora.
Entre las acciones a asumir de manera inmediata, pues la concurrencia de ciertos circunstantes conspiró para el fortalecimiento de la criminalidad y el avance de la violencia, se hallan, por ejemplo, la revisión a la política fronteriza, tanto en el norte como en el sur, pues la migración –a partir del 9/11– se colocó como tema atractivo para la empresa criminal, dados los altos costos que implicaron las medidas de alta seguridad tomadas por los gobiernos involucrados. Asimismo, la proliferación de casas de apuestas en las principales ciudades –y el caso Monterrey es paradigmático– ha dado pie para que las organizaciones criminales se apoderen de esta actividad con toda su secuela de extorsiones, delitos asociados al vicio, violencia y lucha entre bandas delictivas con consecuencias nefastas, como el incendio intencional del casino Royale, en esa ciudad norteña.
La “monserga” del argumento en favor de los derechos humanos es otro de los clichés de venta del producto gubernamental, pues siempre se argumenta: los delincuentes violentan los derechos de sus víctimas; pues sí, es verdad, en eso consiste un delito, en la vulneración de derechos de manera criminal y, además, no porque alguien violente la regla de convivencia, emerge una autorización para que el Estado violente los derechos. Con esto nos situamos como país en la ilógica presencia de la ecuación: dos errores producen un acierto.
Que no nos confundan: la no intervención de las Fuerzas Armadas y la utilización de otras medidas menos radicales en estos menesteres no implica pactar nada ni sucumbir ante los criminales ni asumir una actitud resignada e impotente. Es, simplemente, buscar que la razón impere por encima de la fuerza. El Estado está obligado a actuar racionalmente y no impulsado por emociones o por motivaciones beligerantes injustificadas; eso parecería más bien un gobierno de los Neanderthal.
Es la hora llegada de reflexionar sobre las diversas experiencias mexicanas –no colombianas, no norteamericanas, no sicilianas– en materia de delincuencia organizada y asumir una posición más parecida a la de Ulises, que se valió de inteligencia, astucia e imaginación, que a la de Hércules. El gobierno de Hércules no puede prosperar, pues sólo es un mito.
El G-20 y la promoción personal de Calderón
México tiene gran deuda con los pueblos originarios
, subrayan
Las organizaciones indígenas que se reunieron en Oaxaca con el precandidato presidencial de los partidos de izquierda: PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, le manifestaron que
México tiene una gran deuda con los pueblos indígenas, los cuales han dado al país identidad y cultura. Somos la raíz primera. Nuestros abuelos dieron su sangre, primero, para librarnos de la dominación europea, y después de la tiranía porfirista; sin embargo, hoy seguimos siendo pobres entre los pobres y nos desprecian y discriminan.
Resaltaron: En los pasados 30 años las políticas neoliberales de los malos gobiernos han traído un verdadero desastre: despojo de territorios, pobreza y mucha violencia y atropellos. Ante ese panorama desolador decimos una vez más que los pueblos indígenas somos los herederos y portadores de los valores y principios de convivencia armoniosa con la naturaleza, y que en nuestras comunidades aún se conserva el legado de culturas ancestrales
.
Las comunidades indígenas sostienen que es hora de atender la gran deuda que México tiene con sus pueblos indios, de regenerar el país, de refundarlo reconociendo nuestros derechos históricos. Es por ello que los pueblos de Oaxaca y de otras regiones del pluricultural y pluriétnico país llamamos a implantar un pacto con Andrés Manuel López Obrador para traer justicia, bienestar y alegría a nuestra gente
.
Plantearon 10 puntos para lograr el cambio que reclaman.
Demandaron que “el gobierno de regeneración nacional ratifique como compromiso irrenunciable cumplir y hacer cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas pactados en 1996; haga efectivo el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos, por lo cual exigimos sea respetado nuestro derecho a ser consultados, e impulse políticas públicas que favorezcan la defensa de nuestros maíces, la soberanía alimentaria y la economía campesina, evitando la siembra de transgénicos.
Ante el desastre ambiental es urgente crear planes de manejo local de riegos comunitarios y un fondo federal administrado por las organizaciones campesinas y comunidades indígenas para enfrentar contingencias ambientales para prevenir y mitigar siniestros; aplicar leyes y convenios internacionales de defensa de los derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades, y se deberá reconocer que la migración es resultado de las políticas de los malos gobiernos que han estado al servicio de los intereses extranjeros
- ASF pidió fincar responsabilidades a funcionarios involucrados
La concesión por 20 años para la explotación de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al consorcio Megacable-Televisa-Telefónica no generó ningún beneficio para el Estado, e incluso se calcula una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concesionó la red, a pesar de que conocía la no conveniencia de otorgarla, debiendo presentar argumentos y objeciones a CFE para no hacerlo. La CFE, dueña de la red, también
, expuso.
La entrega de la red –anunciada en 2009 por Felipe Calderón– no se justificó, porque la unidad de negocios que la CFE tiene para comercializar servicios de transmisión de datos (carrier), CFE Telecom, sí genera utilidades, indicó la ASF.
En un cálculo hecho a partir de contratos previos de CFE Telecom, la auditoría considera que de haber mantenido la red en propiedad de la paraestatal habría generado ingresos por 5 mil 431 millones de pesos, pero las empresas sólo pagarán 883 millones, por lo que solicitó el inicio de responsabilidades administrativas contra los funcionarios que aceptaron entregar la red de fibra oscura a particulares, en perjuicio del Estado.
- Minera México no ha honrado su palabra, acusa Familia Pasta de Conchos
Mientras más crece la riqueza de Larrea, más crece la inmoralidad"
En Polanco, donde se ubican las oficinas del Grupo Minera México, de nueva cuenta Familia Pasta de Conchos recordó la tragedia del 19 de febrero de 2006, en la que perecieron 65 mineros. Tras presentar una obra de teatro y una misa, la organización insistió en su demanda de rescatar ya los restos de 63 mineros que permanecen sepultados en la carbonera.
Familiares, viudas, huérfanos y trabajadores mineros exigieron a Minera México, del Grupo México, que recupere los restos de los trabajadores que después de 72 meses permanecen bajo los escombros
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María Trinidad Cantú, quien perdió a su hijo Raúl en la explosión de la mina, leyó el sexto memorial de los 65 caídos. Minera México no ha cumplido con nosotros. No ha honrado su palabra y, mientras más crece la riqueza de Germán Larrea, el principal accionista del grupo, más crece la inmoralidad.
- Deudos recuerdan a los obreros muertos en la explosión en Pasta de Conchos
- Pide cura perdonar con el corazón, pero insistir en la exigencia de recuperar los 63 cuerpos
San Juan de Sabinas, Coah., 19 de febrero. Sobre la carretera entre Sabinas y Múzquiz está el camino que conduce a la mina Pasta de Conchos. No es difícil encontrarlo; en el entronque hay una fila de cruces de madera pintadas de blanco con los nombres de los 65 obreros que murieron allí hace seis años.
Es el camposanto en que se convirtió la carbonera concesionada a Industrial Minera México y Grupo México, ante la renuencia de empresarios y del gobierno federal a reanudar los trabajos de búsqueda y rescate de los 63 cadáveres que siguen atrapados desde el 19 de febrero de 2006.
El reporte oficial señala que esa noche las concentraciones de gas metano con que la mina funcionaba de manera cotidiana se activaron con una chispa que ocasionó un cortocircuito y hubo una explosión que derrumbó el techo y las paredes del socavón.
Los mineros estaban a unos 700 metros de distancia de la bocamina y una semana después del estallido el entonces secretario de Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, canceló la posibilidad de rescatarlos con vida.
- Acusan al Ejército, en su día, de ser una
institución represiva
Hijos de guerrilleros que fueron desaparecidos presuntamente a manos de militares durante la llamada guerra sucia en México, así como en años recientes –entre ellos familiares de los guerrerenses Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desparecidos desde 2007–, se manifestaron ayer frente a las puertas del Campo Militar uúmero uno para protestar contra el Ejército Mexicano, en su día, al que denominaron
una institución represiva.
Con pancartas en las que exigieron justicia y castigo para los responsables de las desapariciones de sus familiares, los manifestantes consideraron que los militares siguen incurriendo en encarcelamientos clandestinos, torturas e incluso en ejecuciones extrajudiciales.
- Por colusión, en NL se niegan a tipificarlo: familiares de víctimas
Las desapariciones forzadas no son delito en México"
Son personas extraviadas, privadas ilegalmente de su libertad, pero para el Estado esos casos nunca serán desapariciones forzadas
, a pesar de que México ha firmado tratados internacionales que le exigen reconocer este delito sin prescripción. Sólo ocho de las 32 entidades han tipificado este crimen, considerado de lesa humanidad.
Gustavo Castañeda padece este hoyo negro de la justicia mexicana en carne propia. El 25 de febrero de 2009 elementos de la policía regia secuestraron a su hijo Gustavo Castañeda Fuentes, de 27 años de edad, junto a su amigo Melchor Flores Hernández, de 29, conocido como El Vaquero Galáctico, y al jefe de ambos, Andrés Batres Sánchez, de 54 años, ex judicial federal. Fue en la colonia Obispado en Monterrey, Nuevo León.
Gustavo sabe que a su hijo se lo llevaron a las 13:18 horas porque estaba hablando con él por teléfono e incluso un testigo vio cómo los policías captores se desplazaban en las patrullas 534, 538 y 540. De nada ha servido; el Estado no le ha permitido el acceso a la justicia, ni mucho menos la reparación del daño.
- La reforma busca implantar otra visión de México: PRD y PT
derecho de las personascomo parte de la definición de la nación mexicana y cierra la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer la propiedad de su territorio.
En un documento que plantea no aprobar la reforma que se estudia en la Comisión de Puntos Constitucionales, los grupos parlamentarios de PRD y PT advierten además que también se busca reformar el artículo tercero de la Constitución, para definir que la educación pública promoverá el conocimiento sobre el potencial económico del país y su explotación.
La reforma, plantean, busca implantar una visión de México como explotable por las grandes empresas y que el turismo se introduzca incluso como derecho de la niñez.
La iniciativa utiliza el principio de sustentabilidad como complemento trivial de la actividad turística; excede el ámbito económico y se involucra en disposiciones constitucionales muy delicadas, como son los derechos indígenas y de la infancia, la educación y las obligaciones del Estado hacia los ciudadanos, señalaron Maderas de Pueblos del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Según la FGE, por primera vez desde 1993, la ciudad de Chihuahua superó a Juárez en ese tipo de casos. La FGE indicó que entre 1993 y 2012 se reportó desconocer el paradero de 218 mujeres, la mayoría menores de edad.
La dependencia indicó que en la ciudad de Chihuahua fueron reportadas como desaparecidas 12 mujeres de enero a mediados de febrero de este año, seis de ellas de 12 a 16 años, así como dos niñas de seis meses de nacidas.
- Campaña internacional para exigir al gobierno mexicano respeto a las leyes laborales
- Se tienen pruebas de que junto con la STPS incluyen a migrantes que participan en un sindicato de Canadá para dejarlos fuera del programa binacional: Andrea Gálvez González, enlace del UFCW
y que no se defienda detrás del escudo de la inmunidad diplomática para violar los derechosde los jornaleros mexicanos que laboran en aquel país, se realizará este lunes una manifestación frente al consulado de México en Vancouver.
Igualmente, contra las listas negras
y el respeto a las leyes laborales se realizará una protesta en la Junta de Relaciones Laborales (Labor Relations Board), también en Vancouver.
El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, en el que participan instituciones de educación superior, reunirá a algunos de los más destacados científicos del área de México y el mundo para hacer una radiografía de la realidad que hoy viven esas disciplinas, así como de su importancia para la solución de las problemáticas nacionales y mundiales.
- Empacadoras, boleras y vendedoras de dulces son algunas de las labores que realizan
Algunas son madres solteras, otras viudas, divorciadas o separadas, a causa de la violencia intrafamiliar que sufrieron en sus hogares. Para poder comprar alimento, Guadalupe o la Abue, como le dicen quienes la reconocen por la calle, a sus 65 años recorre hasta altas horas de la noche antros y cantinas del Centro Histórico vendiendo dulces y cigarros.
a veces te tratan mal, y además no estoy acostumbrada al encierro, explica.
- Oprobio en listas
- Chuchismo; veto a Corral
- Barbarie institucionalizada
- Quadri recomendado
consultaabierta) que sólo promete la continuidad, en la legislatura federal venidera, de los peores vicios hasta ahora conocidos.
El mayor estruendo general fue producido, como tradicionalmente sucede, por los grupos perredistas que hasta la hora de teclear esta columna no se ponían de acuerdo en la relación de sus aspirantes convenidos. Algo iba quedando claro, sin embargo: el futuro del sol azteca seguirá dominado por las tendencias ajenas al lopezobradorismo, sobre todo por la Nueva Izquierda que mantiene el control del aparato partidista y que, en alianza con Alternativa Democrática Nacional, puede definir aritméticamente toda controversia. La ganancia política de 2012 ya está en las cuentas de los Chuchos, el marcelismo-camachismo, el cardenismo y la corriente de Amalia García (Foro Nuevo Sol, con el que busca una candidatura luego del saqueo de Zacatecas). Ellos pueden ya quedarse con el PRD luego de julio próximo, en espera de la salida prevista de AMLO para tratar de fortalecer lo que quede de Morena, si no alcanza el triunfo presidencial.
- El G-20 y la promoción personal de Calderón
- España y México frente al empleo
- Gobernadores endeudados
arreglarlos problemas de Europa. El periodista soltó la risa.
- Pasta de Conchos: 6 años
- Impunidad y connivencia
Siniestralidad imparable
Secretario del Trabajo del gobierno foxista al registrarse la explosión en Pasta de Conchos, Francisco Javier Salazar Sáenz, fue arropado por el PAN, quien lo designó
secretario de acción de gobierno del Comité Ejecutivo Nacional, para después ampliar la cobertura con una diputación federal. Ahora, obviamente por el partido blanquiazul, va tras un escaño en el Senado de la República, al igual que su sucesor en la Secretaría del Trabajo, el inefable Javier Lozano Alarcón, quien se mantuvo al servicio del concesionario de Pasta de Conchos, Germán Larrea Mota Velasco, empresario que no figuró en el inventario Forbes 2006 de hombres más ricos en México, pero que seis años después ocupa la segunda posición, con 16 mil millones de dólares de fortuna estimada, sólo por debajo de Carlos Slim. Seis años de impunidad, a lo largo de los cuales los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón sólo hicieron dos cosas: lavarse las manos de la tragedia y sus secuelas, y ampliar la de por sí gruesa telaraña de jugosos negocios –a costillas de la nación– para el selecto grupúsculo de empresarios mineros, con Larrea a la cabeza.
Riñas, motines y fugas se extienden por las cárceles del país en una pauta incontrolable y dejan al descubierto la pérdida de dominio gubernamental en un ámbito crucial para la aplicación del estado de derecho como es el penitenciario, y las redes de corrupción recorren los distintos niveles de la administración pública hasta culminar en el que debiera ser el eslabón más fuerte del poder público y que termina siendo, paradójicamente, el más débil.
John M. Ackerman
¿Cuántas veces Felipe Calderón habrá ordenado por razones políticas que se archivara
algún expediente penal en contra de un alto funcionario? ¿Por qué ninguno de los políticos de primera línea hoy investigados por la PGR pertenece al PAN? La politización de la justicia ha sido la regla a lo largo de la historia reciente del país. Más grave que los intentos actuales de Calderón por amedrentar a sus adversarios de hoy son sus pactos de complicidad e impunidad con sus amigos de ayer.
Las manos sucias de Molinar
MÉXICO, DF (Apro).- La administración de Felipe Calderón utilizó recursos federales y fondos de pensionados para rescatar y capitalizar empresas privadas; "autorizó inversiones en bonos de dudosa calidad"; "amarró" contratos a más de 10 años a pesar de ser un "riesgo" y entregó contratos multianuales con pérdidas millonarias para instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esto se desprende del Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2010 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Juan Manuel Portal, entregó el miércoles 15 a la Cámara de Diputados. En el documento se informa que ante el cúmulo de irregularidades, la ASF presentó 98 denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal, cifra que rebasa todas las presentadas durante las revisiones de 1998 a 2009.
Pese al cúmulo de irregularidades, la ASF no presentó una sola denuncia penal, aun cuando la Ley de Fiscalización la faculta para ello.
Al respecto Francisco Rojas, coordinador de los diputados priístas, dijo en conferencia de prensa que hay "observaciones muy delicadas que deben ser concluidas con el resarcimiento del daño causado, con la corrección de los programas fracasados o en su caso, con las responsabilidades penales a que haya lugar".
Pero los diputados de PRD, PT y Convergencia anunciaron que sí presentarán denuncias penales y la primera será contra Juan Molinar Horcasitas quien en 2010, al frente del IMSS, autorizó la especulación con dinero de pensionados, usó indebidamente 3 mil millones de pesos para un contrato multianual de informática que estuvo a cargo de un pariente de la familia presidencial y avaló permisos para estancias infantiles que no cumplían con los protocolos mínimos de seguridad, como en Hermosillo, donde 39 niños murieron quemados.
HISTORIAS CONOCIDAS
Los asuntos por los que Molinar Horcasitas será denunciado penalmente fueron revelados por Proceso en dos de sus ediciones: la 1759, del 18 de julio de 2010 ("La ruleta bursátil de Molinar") y la 1763, del 15 de agosto del mismo año ("Y en el IMSS huele a… familia presidencial").
Este segundo caso –sobre el cual los legisladores pondrán especial atención pues se trata del posible uso indebido de 3 mil millones de pesos y en el que está implicado Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón–, se trata del contrato multianual 7S7279, firmado el 4 de octubre de 2007 por Molinar y Castañeda Gómez del Campo con la empresa Tata Consultancy Services (TCS) de México.
Se trata de un contrato de tres años para dar los servicios logísticos e informáticos del IMSS por "la cantidad mínima de mil 241 millones 376 mil 323 pesos hasta un máximo de tres mil 103 millones 440 mil 809 pesos".
Según el informe de la ASF hasta diciembre de 2010 se han pagado a Tata Consultancy Services "mil 770 millones 502 mil pesos"; pero por las múltiples irregularidades detectadas el IMSS ya ha tenido pérdidas por 115 millones 338 mil pesos tan sólo en 2010.
"De la contratación multianual que realizó el IMSS para el servicio de administración y soporte de aplicaciones de cómputo para los ejercicio 2007-2011, el contrato no especificó el número ni la naturaleza de los proyectos a realizar, sus prioridades, las horas-hombre requeridas, los tiempos de duración, ni los métodos de estimación que se aplicarían", indica la ASF.
Y más: "De los proyectos pagados en 2010 por administración y soporte de aplicaciones de cómputo, se revisaron 41 proyectos y se encontraron irregularidades en 27: tres por 32 millones de pesos (que) se concluyeron pero no se implementaron; cuatro por 59.5 millones de pesos (que) se interrumpieron en la fase de diagnóstico; en otros cuatro se determinaron pagos improcedentes por 3.6 millones de pesos a que los entregables no fueron implementados; tres por 20.3 millones de pesos se cancelaron sin lograr sus objetivos; cinco no se encuentran en ambiente productivo y en 10 (proyectos) no se validó el aseguramiento de la calidad".
SERIE DE OBSERVACIONES
En el documento se hacen una serie de observaciones, como: "El IMSS no demostró llevar controles del personal asignado a cada proyecto (...) no se evidenció la certificación de calidad de los productos entregados (...) para los ejercicios de 2008 a 2010, la Dirección de Innovación de Desarrollo Tecnológico no sustentó su planeación para los servicios".
Como director del IMSS, Molinar propuso el 14 de diciembre de 2006 a Castañeda Gómez del Campo para que encabezara esa dirección. Un mes después de que este semanario revelara su participación y la firma del contrato multimillonario, en septiembre de 2010, el primo de la esposa del presidente fue removido del cargo y el contrato se venció en diciembre de ese año.
Portal no hace referencia en momento alguno a Castañeda Gómez del Campo y se limita a establecer en cada uno de los proyectos auditados que, "no han tenido beneficio ni utilidad para el Instituto". Sin embargo recomienda dar cuenta a la Secretaría de la Función Pública.
Desde que se anunció la licitación y los concursantes, los competidores protestaron que se le diera a Tata Consultancy debido a que era una empresa de reciente creación (2003) "y no contaba con lo suficientes estados financieros ni tenía la certificación de calidad CMM15 que se pide a las empresas de tecnologías de la información. El tema lo solucionó el IMSS volviendo a convocar y la empresa se alió con Tata America International Corporation que sí tenía el certificado, reveló a Proceso en su momento el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, quien pidió desafuero y juicio político contra Molinar Horcasitas.
Esa no fue la primera vez que la "familia presidencial" le brindó servicios al gobierno federal: en su número 1622 Proceso reveló cómo las empresas Hildebrando y Metadata, propiedad de Hildebrando Zavala Gómez del Campo, dio servicios para el manejo de datos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad o el Instituto de Protección al Ahorro Bancario... y al IMSS.
MOLINAR RESCATÓ EMPRESAS
Las irregularidades detectadas por la ASF y en las que está implicado Molinar, hoy parte de la dirigencia nacional del PAN, tienen que ver también con el uso del dinero de los derechohabientes del IMSS y de recursos de otras dependencias para pretender rescatar empresas que hoy están en quiebra. Incluso se destinó este dinero para capitalizar a empresas como Comercial Mexicana y las sociedades Su Casita y Metrofinanciera, entre otras.
La ruleta bursátil a la que recurrió el gobierno federal implicó a tres dependencias: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Fondo de Vivienda (Fovi) e IMSS. A las tres recurrió para que parte de su presupuesto se canalizara a la compra de bonos de diversas empresa o sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes); es decir el gobierno "especuló" con dinero de la población y, peor, para salvar empresas privadas distrajo las cuotas de los trabajadores al IMSS.
"En SHF, Fovi e IMSS las inversiones y apoyos fueron otorgados mediante el consenso de los comités constituidos legalmente; no obstante, por el origen y magnitud de los recursos, así como por la naturaleza y riesgo especulativos de los mercados accionarios y de deuda, se puede concluir que al amparo de decisiones colegiadas dichas entidades del sector público han autorizado inversiones en capitales y bonos de dudosa calidad", establece la ASF.
Desde 2009, se lee en el documento, las sofomes Metrofinanciera e Hipotecaria Crédito y Casa estaban "en riesgo", "a pesar de lo anterior en 2009 se le concedieron líneas de crédito contrarias a la normativa de SHF y Fovi por 381.9 y 910 millones de pesos respectivamente".
Además la SHF, añade, privilegió a los intermediarios financieros no bancarios sin atender las "sanas prácticas y usos bancarios". "En las inversiones de SHF, Fovi e IMSS en entidades financieras del sector hipotecario se determinaron observaciones sobre situaciones y prácticas que en el mediano plazo podrían impactar en las finanzas públicas".
Un punto revelador de la ASF es que pudo comprobar que la SHF le pidió al IMSS que "reestructurara deuda quirografaria de 2007" con una sofom (Metrofinanciera) porque la empresa tenía problemas de liquidez.
JUGÓ A LA BOLSA
"El director de SHF (Javier Gavito) solicitó al director del IMSS (Molinar Horcasitas) el 12 de diciembre de 2008 la renovación de la posición de 500 millones de pesos, con vencimiento a diciembre de 2008, ya que la empresa tenía problemas de liquidez que le impedían enfrentar sus obligaciones de pago, por lo que de no renovar todos los tenedores tendría incumplimiento de pago, que podría obligar a la liquidación de la empresa, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de recuperar el capital invertido; además habría un programa de apoyo al sector hipotecario para dar viabilidad al sector en el largo plazo."
Las renovaciones de lo que sería compra de acciones o bonos de Metrofinanciera se realizó de manera consecutiva pese a que la empresa notificó el incumplimiento de pagos y a que dos calificadoras le dieron las peores calificaciones.
El 8 de junio de 2010 el IMSS autorizó la renovación de 561 millones de pesos en la sofom y finalmente se tuvo un "valor perdido" de 199 millones de pesos, según la ASF. Hay que destacar que el dinero invertido en sofomes salió del régimen de jubilaciones y pensiones subcuenta 1 y del de invalidez y vida.
En términos monetarios, según la ASF, el dinero que está en Metrofinanciera desde 2007, "en su liquidación es incierto". Además, en 2008 "las inversiones en Metrofinanciera sufrieron minusvalías por 503 millones de pesos no reconocidas ni registradas como disminución patrimonial".
El IMSS también jugó a la bolsa para invertir el dinero de las jubilaciones en la llamada Controladora Comercial Mexicana, misma que está en concurso mercantil. Igualmente el Instituto, según la ASF, en 2010 invirtió mil 886 millones de pesos, de los cuales 656 millones los tomó de las reservas de riesgo de trabajo.
La ASF concluye que SHF, Fovi e IMSS "al financiar" la "supervivencia" de esas empresas, "lo hizo en perjuicio de dichas entidades públicas… Con las pérdidas en el precio del mercado de sus inversiones, el IMSS afectó el monto de sus reservas y se incrementó el déficit para afrontar sus compromisos del régimen de pensiones y jubilaciones".
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