Gladis Torres Ruiz
Argenpress
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) –que atiende a mujeres y hombres que viven con VIH/Sida– podría sufrir en 2010 un recorte presupuestal de 70 por ciento; asimismo, la suma destinada a los hospitales que dan atención médica a esta población descendería en 30 por ciento.
Esta situación es particularmente grave si se toma en cuenta que en el INER son hospitalizadas anualmente de 200 a 250 personas, y que la institución atiende de manera ambulatoria a 950 pacientes más, 20 por ciento de los cuales son mujeres. Lo anterior se desprende del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2010, denunciaron esta mañana en conferencia de prensa organizaciones de la sociedad civil (OSC), mismas que demandaron a la Cámara de Diputados no apoyar los “recortes que ponen en riesgo la vida de miles de personas”.
Axela Romero, de Salud Integral para la Mujer (Sipam), señaló que lo anterior deja claro que en México estamos frente a una “voluntad política autoritaria que deja de lado los derechos de las personas. Recorta lo destinado para la salud de las y los mexicanos y aumenta el presupuestos de rubros como seguridad pública; algunos otros, como el de Comunicación Social de la Presidencia, no sufren recorte alguno”. Hasta marzo de este año, en México se registraron 130 mil 969 casos de Sida, de los cuales 23 mil 095 corresponden a mujeres y 107 mil 874 a hombres, según información de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida).
Con la reducción del prepuesto se debilitaría gravemente la prevención y atención de la pandemia, lo que implicaría un déficit en la atención de los pacientes e, incluso, un aumento de la mortalidad hospitalaria a tasas superadas hace cinco años, afirmó Miguel Ángel Pulido, del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Por su parte, Rubén Valdéz, del comité de pacientes que viven con VIH/Sida del INER, afirmó que, a pesar de que la mortalidad entre ellas y ellos es muy alta, ha disminuido gradualmente en los últimos cinco años gracias a la mejor atención que les brinda personal multidisciplinario y especializado. El recorte en números El PPEF presentado por el Ejecutivo federal asignó al programa “Prevención y Atención al VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual” 133.92 millones de pesos, 59.41 millones de pesos menos que en 2009.
De esta cantidad, únicamente 34.4 millones de pesos serán asignados a los tres hospitales y los cuatro institutos que atienden a personas que viven con VIH/Sida, lo que representa un descenso presupuestal de aproximadamente 30 por ciento con respecto a 2009. El organismo más afectado es el INER, ya que a pesar de que es el instituto que hospitaliza al mayor número de pacientes con este padecimiento, en la propuesta del Ejecutivo su presupuesto se reduce en 70.78 por ciento: sólo se le asignarán 7. 37 millones de pesos de los 41 millones que el INER requiere para brindar atención. Menos dinero, más muertes En palabras de Rubén Valdéz, esta notable reducción presupuestal tendrá un impacto negativo en la población que vive con VIH/Sida, entre la que se cuentan familias completas.
Por lo regular, “el primero en llegar a hospitalizarse es el hombre; a los pocos días llega su compañera, que la mayoría de la veces también esta infectada”. Según Valdéz, esto provocará un aumento en la mortalidad hospitalaria: de cada 250 pacientes con VIH/Sida, morirán 100; asimismo, esto dificultará la obtención de fármacos especiales para tratar las enfermedades oportunistas asociadas al Sida –que son las que finalmente conducen a las y los pacientes a la muerte– y, debido a la falta de tecnología de punta, se dificultará el diagnóstico y se realizarán menos procedimientos médicos. Por todo lo anterior, añadió, “tanto el costo económico como el humano serán mucho mayores a corto, mediano y largo plazo”.
Por su parte, las OSC informaron que, en lo referente a la prevención, el Censida recibirá 22.44 millones de pesos menos que en 2009, lo que afectará la compra de condones y pruebas rápidas de detección, la realización de campañas de prevención y el financiamiento de ONG que trabajan con poblaciones clave. Ante ello las OSC, llamaron a las y los diputados a no aprobar la propuesta del Ejecutivo y a tomar en cuenta sus observaciones antes de tomar una decisión sobre el tema. Asimismo, informaron que la semana pasada sostuvieron reuniones con las comisiones de Salud, Derechos Humanos, Equidad y Género, Grupos Vulnerables y Hacienda para informarles sobre las intenciones del Ejecutivo. La salud de las y los mexicanos, a la baja Según un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 el gasto público destinado para la salud será de 354 mil 734.1 millones de pesos, lo que significa una disminución real del 0.1 por cierto con respecto a 2009.
El documento “Gasto Público en la Función Salud” indica que, no obstante, a la subfunción de Protección Social en Salud –que concentra el programa del Seguro Popular– se propone asignarle 57 mil 181.1, es decir 13.0 por ciento más que en este año. Así, de los 354 mil 734.1 millones de pesos propuestos para la salud de las y los mexicanos, 44.8 por ciento, es decir 158 mil 973 pesos, lo ejercería el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significa una disminución real de 5.1 por ciento en comparación con 2009 respecto a lo aprobado en el 2009. Para la Secretaría de Salud (SS) se destinará 24.4 por ciento, esto es, 86 mil 666.1 millones, lo que es apenas 0.3 por ciento más que el presupuesto de 2009. El CEFP precisa que para el 2010 se pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ejerza 38 mil 621.8 millones –10.9 por ciento del presupuesto en salud–, lo que significa un incremento del 9.4 por ciento respecto a lo aprobado en el 2009.
En 2008, el instituto ejerció 35 mil 221.2 millones, 9.7 por ciento menos de lo proyectado para el 2010. Asimismo, 15 por ciento se destinaría al Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con una cifra de 53 mil 100.1 millones, monto superior en 4.2 por ciento al asignado en 2009. A través de este fondo, en el 2008 se gastaron 52 mil 481.7 millones. Además, 4.9 por ciento del presupuesto, es decir, 17 mil 373.1 millones de pesos, será asignado al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Social y a las Provisiones Salariales y Económicas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar). El documento del CEFP enfatiza que para la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona se asignaron 260 mil 842.6 millones de pesos en el PEF 2010, lo que representa un decremento, en términos reales, del 0.3 por ciento con respecto a lo aprobado en el 2009.
- Fuente: http://www.argenpress.info:80/2009/10/mexico-reduce-calderon-recursos-para.html
viernes, octubre 30, 2009
Decreto de extinción de la Presidencia de la República
Gilberto López y Rivas
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.
RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, y
CONSIDERANDO
Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada opinión pública; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;
Que el que se dice comandante en jefe y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;
Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;
Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;
Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:
Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.
Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.
Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.
Artículo 6. La llamada residencia oficial de Los Pinos se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.
TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.
RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, y
CONSIDERANDO
Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada opinión pública; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;
Que el que se dice comandante en jefe y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;
Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;
Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;
Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:
Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.
Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.
Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.
Artículo 6. La llamada residencia oficial de Los Pinos se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.
TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
Columna Asimetrías. Los Tigres del Norte y el SME
Por Fausto Fernández Ponte
“Es inaplazable destrabar los nudos que impiden el desarrollo de la izquierda mexicana”.
Sergio Aguayo.
I
La censura impuesta a los Tigres del Norte por los poderes que son y están –los de la oligarquía y la plutocracia-- a la difusión de “La Granja”, su más reciente obra musical, debe ser visto como un síntoma inequívoco de la descomposición ocurrente.
Y en ese contexto –cuyos componentes son intuidos y las interacciones de éstos registradas y padecidas por el grueso ciudadano llano e identificados taxonómicamente por los pensadores— todos los mexicanos estamos siendo censurados. Reprimidos.
Censurado el Sindicato Mexicano de Electricistas y el sindicalismo en general, independiente o no; censurados los pensadores; censurados los movimientos populares; censurados los trasmisores mismos del acervo cultural. Censurados todos.
Censurada, incluso, es la cultura y sus manifestaciones, por otra cultura, la de la opresión manifestada precisamente en la represión. No en vano, el poder político panista del Estado gobierna con garrote –el Ejército-- y excepcionalidad por fiat.
Y a propósito de la excepcionalidad por fiat, subráyese que desde el 25 de abril se gobierna bajo las premisas leguleyas –es decir, de dudosa constitucionalidad— de un decreto presidencial que establece un estado de excepción y permite allanar moradas.
Censurar –impedir la difusión masiva, por radio y televisión, de una pieza musical sin méritos artísticos de portento-- es, por añadidura, síntoma de otro síntoma: los temores de los patrocinadores de los personeros del poder político del Estado y de éstos mismos.
Toda censura es execrable, por principio, independientemente de los paradigmas y criterios, métodos y mecanismos invocados y/o usados para establecerla y practicarla. Atenta contra un derecho humano fundamental, el de la expresión.
II
Y atenta, por ello mismo, contra otros derechos igualmente fundamentales, como son los devenidos de la expresión: uno, el de pensar y sentir y, otro, el de difundir lo que se piensa y se siente. Otro derecho de igual ADN es el de aceptar o rechazar lo difundido.
Aceptar o rechazar, en lo individual, lo que se difunde, tiene que ver con la esencia misma del ser humano y su desarrollo histórico: el del libre albedrío. No es pignorable ni moral ni política ni jurídicamente ese derecho tan esencial, tan central, a la especie.
La pieza musical, del género grupero mexicano emparentado con la llamada “tejano music” en las zonas del sur fronterizo estadunidense y devenidas del genoma del corrido arrancherado, es expresión moderna de la antigua tradición de la juglería.
Esos juglares solían expresar su arte en las plazas públicas en el antaño lejano en casi todas las culturas históricas. Actuaban y cantaban o saltaban o leían bajo premisas de una práctica narrativa y un estilo informativo e interpretativo de hechos y sucedidos.
Mas no sólo eso. Los juglares eran, además de trasmisores de lo ocurrente cotidiano e histórico, intérpretes de los fenómenos sociales que, tal vez sin conciencia política, relataban. Eran mensajeros y, a la vez, entretenían al vulgo y al burgo y a la realeza.
Por supuesto, no eran pocos aquellos juglares a quienes un rey irritado por la expresión artística, de representación escénica, ordenaba enviar a prisión, a la picota, o lisa y llanamente decapitar o colgar. Moraleja: al poderoso no se le den malas noticias.
Ni tampoco se les comenten esas malas nuevas ni se interpreten éstas, y menos en público. Si fuere posible –como lo era entonces— abstenerse de registrar hechos y sucedidos o guardárselos para sí todo aquél de perspicaz vena y conciencia insomne.
III
Por ello, la difusión de las manifestaciones, dramáticas o no, de las realidades y su interpretación tiene una historia heroica, la de oponerse a una pasión esencialmente humana: la ambición del poder y de dominar a otros y oprimirlos para explotarlos.
La represión, predeciblemente, es un indicador de la existencia objetiva de formas y modalidades de opresión. Censurar es, pues, reprimir al pensamiento y a su vector, la palabra. Napoleón le temía a la palabra más que a un ejército, según confesión propia.
La palabra difundida (impresa, dicha o cantada o representada escénicamente o en obra plástica) posee atributos insoslayables. La Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, fases de un mismo proceso histórico aun vivo, dependieron de la palabra tanto como de la espada y el cañón.
O, por mejor decirlo, dependieron de la difusión, aún en entornos sociables limitados –como los familiares-- pues un vocablo organizado y estructurado es el vehículo trasmisor de sentires y pareceres inspirados por la realidad social.
Y la fase actual de las luchas históricas de los pueblos de México –damnificados de una crisis iniciada 63 años atrás –en el sexenio alemanista— pero agudizada hace 27 años, depende hoy más que nunca de la palabra. Córrase, pues la voz. Palabra. Y grito.
El censor, el represor y el opresor le temen a la palabra dicha o impresa. En el caso del SME, la palabra difundida --sobre todo leída en impresos o en Internet-- es el vehículo para movilizar la solidaridad social, pese a la censura a la voz sindicalista.
La palabra en prosa o en verso, desde la brevedad monterrosiana y, luego, lomeliana, si difundida (cantada y/o declamada) por cualesquier medios, es poderosa pues llega a los más mediante recursos como la metáfora tigresiana de amarrar a la perra.
En “La Granja”, los “Tigres” recogen una vertiente cada día más densa del sentir popular: a la perra (Felipe Calderón) el zorro (Vicente Fox) le quitó por tonto el mecate con el que estaba amarrada y los mexicanos tenemos que atarla.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Juglería: relativo al arte del jugar: coplero, barco, trovador, rapsoda, prestidigitador.
Monterrosiana: relativo a Tito Monterroso (1921-2003), escritor hondureño-mexicano célebre por sus relatos breves (“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”).
Lomeliano: relativo a Luis Felipe Lomelí (1975-), escritor tapatío, autor del relato cuyo texto completo es “¿Olvida usted algo? ¡Ojalá!”.
Sexenio alemanista: gobierno presidido por Miguel Alemàn Valdés (1946-1952), caracterizado por la corrupción rampante y el inicio del proceso de implantación de paradigmas del capitalismo y la privatización de la economía de México. También se caracterizó por la
represión a disidencias gremiales organizadas y corrupción. Fundó al Partido Revolucionario Institucional a partir del Partido de la Revolución Mexicana (creado por Lázaro Cárdenas), que era heredero del Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles.
Lecturas recomendadas:
Dialéctica de lo concreto, de Karen Kosíc. Grijalbo.
30 octubre 2009
“Es inaplazable destrabar los nudos que impiden el desarrollo de la izquierda mexicana”.
Sergio Aguayo.
I
La censura impuesta a los Tigres del Norte por los poderes que son y están –los de la oligarquía y la plutocracia-- a la difusión de “La Granja”, su más reciente obra musical, debe ser visto como un síntoma inequívoco de la descomposición ocurrente.
Y en ese contexto –cuyos componentes son intuidos y las interacciones de éstos registradas y padecidas por el grueso ciudadano llano e identificados taxonómicamente por los pensadores— todos los mexicanos estamos siendo censurados. Reprimidos.
Censurado el Sindicato Mexicano de Electricistas y el sindicalismo en general, independiente o no; censurados los pensadores; censurados los movimientos populares; censurados los trasmisores mismos del acervo cultural. Censurados todos.
Censurada, incluso, es la cultura y sus manifestaciones, por otra cultura, la de la opresión manifestada precisamente en la represión. No en vano, el poder político panista del Estado gobierna con garrote –el Ejército-- y excepcionalidad por fiat.
Y a propósito de la excepcionalidad por fiat, subráyese que desde el 25 de abril se gobierna bajo las premisas leguleyas –es decir, de dudosa constitucionalidad— de un decreto presidencial que establece un estado de excepción y permite allanar moradas.
Censurar –impedir la difusión masiva, por radio y televisión, de una pieza musical sin méritos artísticos de portento-- es, por añadidura, síntoma de otro síntoma: los temores de los patrocinadores de los personeros del poder político del Estado y de éstos mismos.
Toda censura es execrable, por principio, independientemente de los paradigmas y criterios, métodos y mecanismos invocados y/o usados para establecerla y practicarla. Atenta contra un derecho humano fundamental, el de la expresión.
II
Y atenta, por ello mismo, contra otros derechos igualmente fundamentales, como son los devenidos de la expresión: uno, el de pensar y sentir y, otro, el de difundir lo que se piensa y se siente. Otro derecho de igual ADN es el de aceptar o rechazar lo difundido.
Aceptar o rechazar, en lo individual, lo que se difunde, tiene que ver con la esencia misma del ser humano y su desarrollo histórico: el del libre albedrío. No es pignorable ni moral ni política ni jurídicamente ese derecho tan esencial, tan central, a la especie.
La pieza musical, del género grupero mexicano emparentado con la llamada “tejano music” en las zonas del sur fronterizo estadunidense y devenidas del genoma del corrido arrancherado, es expresión moderna de la antigua tradición de la juglería.
Esos juglares solían expresar su arte en las plazas públicas en el antaño lejano en casi todas las culturas históricas. Actuaban y cantaban o saltaban o leían bajo premisas de una práctica narrativa y un estilo informativo e interpretativo de hechos y sucedidos.
Mas no sólo eso. Los juglares eran, además de trasmisores de lo ocurrente cotidiano e histórico, intérpretes de los fenómenos sociales que, tal vez sin conciencia política, relataban. Eran mensajeros y, a la vez, entretenían al vulgo y al burgo y a la realeza.
Por supuesto, no eran pocos aquellos juglares a quienes un rey irritado por la expresión artística, de representación escénica, ordenaba enviar a prisión, a la picota, o lisa y llanamente decapitar o colgar. Moraleja: al poderoso no se le den malas noticias.
Ni tampoco se les comenten esas malas nuevas ni se interpreten éstas, y menos en público. Si fuere posible –como lo era entonces— abstenerse de registrar hechos y sucedidos o guardárselos para sí todo aquél de perspicaz vena y conciencia insomne.
III
Por ello, la difusión de las manifestaciones, dramáticas o no, de las realidades y su interpretación tiene una historia heroica, la de oponerse a una pasión esencialmente humana: la ambición del poder y de dominar a otros y oprimirlos para explotarlos.
La represión, predeciblemente, es un indicador de la existencia objetiva de formas y modalidades de opresión. Censurar es, pues, reprimir al pensamiento y a su vector, la palabra. Napoleón le temía a la palabra más que a un ejército, según confesión propia.
La palabra difundida (impresa, dicha o cantada o representada escénicamente o en obra plástica) posee atributos insoslayables. La Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, fases de un mismo proceso histórico aun vivo, dependieron de la palabra tanto como de la espada y el cañón.
O, por mejor decirlo, dependieron de la difusión, aún en entornos sociables limitados –como los familiares-- pues un vocablo organizado y estructurado es el vehículo trasmisor de sentires y pareceres inspirados por la realidad social.
Y la fase actual de las luchas históricas de los pueblos de México –damnificados de una crisis iniciada 63 años atrás –en el sexenio alemanista— pero agudizada hace 27 años, depende hoy más que nunca de la palabra. Córrase, pues la voz. Palabra. Y grito.
El censor, el represor y el opresor le temen a la palabra dicha o impresa. En el caso del SME, la palabra difundida --sobre todo leída en impresos o en Internet-- es el vehículo para movilizar la solidaridad social, pese a la censura a la voz sindicalista.
La palabra en prosa o en verso, desde la brevedad monterrosiana y, luego, lomeliana, si difundida (cantada y/o declamada) por cualesquier medios, es poderosa pues llega a los más mediante recursos como la metáfora tigresiana de amarrar a la perra.
En “La Granja”, los “Tigres” recogen una vertiente cada día más densa del sentir popular: a la perra (Felipe Calderón) el zorro (Vicente Fox) le quitó por tonto el mecate con el que estaba amarrada y los mexicanos tenemos que atarla.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Juglería: relativo al arte del jugar: coplero, barco, trovador, rapsoda, prestidigitador.
Monterrosiana: relativo a Tito Monterroso (1921-2003), escritor hondureño-mexicano célebre por sus relatos breves (“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”).
Lomeliano: relativo a Luis Felipe Lomelí (1975-), escritor tapatío, autor del relato cuyo texto completo es “¿Olvida usted algo? ¡Ojalá!”.
Sexenio alemanista: gobierno presidido por Miguel Alemàn Valdés (1946-1952), caracterizado por la corrupción rampante y el inicio del proceso de implantación de paradigmas del capitalismo y la privatización de la economía de México. También se caracterizó por la
represión a disidencias gremiales organizadas y corrupción. Fundó al Partido Revolucionario Institucional a partir del Partido de la Revolución Mexicana (creado por Lázaro Cárdenas), que era heredero del Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles.
Lecturas recomendadas:
Dialéctica de lo concreto, de Karen Kosíc. Grijalbo.
Vitral ¿Quiénes son?
30 octubre 2009
Si van en serio contra los “grandes empresarios”, lo siguiente es que nos digan quiénes son los que no pagan y cómo lograrán que lo hagan. Las denuncias del Presidente van a tener sentido y valor cuando se sepa por qué no pagan, quiénes han permitido que vivan bajo este régimen y, sobre todo, qué van a hacer ahora que han lanzado la piedra. Si sólo pagan 1.7% las “grandes empresas”, suponemos que se debe a que alguien les ha abierto la puerta para la evasión.
De nada servirá a Calderón lo dicho si no da un segundo paso. Los propios afectados han de estar esperando que el tiempo pase y las cosas se vayan al olvido, y si son parte de la industria de los medios, como pareciera ser según el perfil que presentó el Presidente, se dedicarán a través de sus pantallas a su ya conocida estrategia de hacer mutis. Es común que cuando se toca o se habla de esta industria aparezca la máxima de los 90: ni los veo ni los oigo, a lo que se suma ni lo difundo.
Suponemos que así como Hacienda logró detectar a las personas físicas que evaden impuestos, también deberá tener la lista de las “grandes empresas”. Si a un ciudadano se le mete a la cárcel por evasión y se le coloca incluso como ejemplo, más si es personaje público, igualmente y en el marco de la ley se deberá actuar contra empresarios evasores. Suponemos que no hay ciudadanos de primera y de segunda, pero la no acción del gobierno terminaría por ser una prueba de que sí los hay.
Muchos de las “grandes empresas” evasoras seguramente apoyaron a Calderón en su campaña. También es probable que se habrán dado promesas mutuas, pero a estas alturas no hay quien pueda seguir pensando en el país de 2006. Hoy todo es diferente, la crisis está llevando quizá a rompimientos no imaginables hace seis meses.
El gobierno ha salido a los medios para tratar de convencernos de las bondades de la Ley de Ingresos. Para ello habla de la crisis y ahora ha metido en el jaloneo a sus aliados, las “grandes empresas”. Lo hace no tanto porque lo quiera sino por supervivencia. Es el momento para que nos digan quiénes son, cuánto deben, cómo le hicieron, quiénes les han ayudado, qué tanto las leyes son laxas, qué tanto las fundaciones y su singular filantropía son un mecanismo para evadir, más allá de que busquen con ello poner su mejor cara. Si ya lanzaron la denuncia ahora es tiempo de saber quiénes son y sobre todo exigirles que paguen, como casi todos.
¡OUUUCHCHCHCH! Las agresiones contra las casas de migrantes en Saltillo muestran discriminación, racismo e intolerancia ante la pasividad y complicidad de las autoridades. La casa Belén Posada del Migrante vive en medio de pedradas, insultos y agresiones. Nadie escucha las denuncias del padre Pantoja.
De nada servirá a Calderón lo dicho si no da un segundo paso. Los propios afectados han de estar esperando que el tiempo pase y las cosas se vayan al olvido, y si son parte de la industria de los medios, como pareciera ser según el perfil que presentó el Presidente, se dedicarán a través de sus pantallas a su ya conocida estrategia de hacer mutis. Es común que cuando se toca o se habla de esta industria aparezca la máxima de los 90: ni los veo ni los oigo, a lo que se suma ni lo difundo.
Suponemos que así como Hacienda logró detectar a las personas físicas que evaden impuestos, también deberá tener la lista de las “grandes empresas”. Si a un ciudadano se le mete a la cárcel por evasión y se le coloca incluso como ejemplo, más si es personaje público, igualmente y en el marco de la ley se deberá actuar contra empresarios evasores. Suponemos que no hay ciudadanos de primera y de segunda, pero la no acción del gobierno terminaría por ser una prueba de que sí los hay.
Muchos de las “grandes empresas” evasoras seguramente apoyaron a Calderón en su campaña. También es probable que se habrán dado promesas mutuas, pero a estas alturas no hay quien pueda seguir pensando en el país de 2006. Hoy todo es diferente, la crisis está llevando quizá a rompimientos no imaginables hace seis meses.
El gobierno ha salido a los medios para tratar de convencernos de las bondades de la Ley de Ingresos. Para ello habla de la crisis y ahora ha metido en el jaloneo a sus aliados, las “grandes empresas”. Lo hace no tanto porque lo quiera sino por supervivencia. Es el momento para que nos digan quiénes son, cuánto deben, cómo le hicieron, quiénes les han ayudado, qué tanto las leyes son laxas, qué tanto las fundaciones y su singular filantropía son un mecanismo para evadir, más allá de que busquen con ello poner su mejor cara. Si ya lanzaron la denuncia ahora es tiempo de saber quiénes son y sobre todo exigirles que paguen, como casi todos.
¡OUUUCHCHCHCH! Las agresiones contra las casas de migrantes en Saltillo muestran discriminación, racismo e intolerancia ante la pasividad y complicidad de las autoridades. La casa Belén Posada del Migrante vive en medio de pedradas, insultos y agresiones. Nadie escucha las denuncias del padre Pantoja.
El SME
Luis Javier Garrido
El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.
1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.
2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.
3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.
4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.
5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín
6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.
7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de traición a la patria y ejercicio indebido de la función pública, pero lo que debe redoblarse es la movilización.
8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.
9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un ataque preventivo, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.
10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como una guerra y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.
El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.
1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.
2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.
3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.
4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.
5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín
6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.
7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de traición a la patria y ejercicio indebido de la función pública, pero lo que debe redoblarse es la movilización.
8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.
9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un ataque preventivo, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.
10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como una guerra y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.
La forma es fondo
Sique
Los mexicanos y mexicanas ya hemos sido testigos de numerosos lapsus de los funcionarios. Ya es del conocimiento popular la interpretación freudiana de esta figura: los lapsus son equívocos que revelan el inconsciente, donde se encuentran los verdaderos deseos. En una ocasión Calderón tuvo uno muy conocido que se encuentra publicado en este blog. Fue algo así como que en vez de decir: "para no desmantelar a México", dijo: "para desmantelar a México". Me disculpan si no busco la frase exacta pero para encontrar algo en este blog que ya cuenta con alrededor de 33,000 posts y dos mil etiquetas es una locura y me tardaría como cuatro horas que puedo utilizar de forma más productiva, pero si alguien lo encuentra y lo tiene a mano mucho le agradecería me enviara el link.
Pero ahora se trata de una metáfora del fondo en la forma (como en las obras de arte). El Banco de México emitió millones de billetes conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y la Revolución Mexicana. En el papel de seguridad de estos billetes se escribe la frase "Sufragio electivo y no reelección" queriendo citar a Francisco I. Madero en: Sufragio efectivo. No reelección.
Si traducimos lo que este error de forma significa en el fondo es su fiel reflejo:
a) No somos independientes, dependemos de los Estados Unidos en máximo grado y seguimos permitiendo que los españoles usufructuen nuestros recursos;
b) la Revolución Mexicana está hecha pedazos ya que ahora somos víctimas de una dictadura bipartidista y todavía peor, de una oligarquía rapaz;
c) la represión contra los indígenas sigue como en la época de Porfirio Díaz y esta dictadura hasta los ferrocarriles que dicho dictador construyó fueron desmantelados.
d) quienes toman las decisiones económicas en el país son poco menos que analfabetas y por tanto México se sume en la pobreza, y
e) el nivel educativo de la líder de los maestros, Elba Esther Gordillo, se deja ver en los susodichos billetes.
Viéndolo de otro modo, quizás no sea error el que cometió el Banco de México quizás fue un lapsus: el voto es "electivo" de la oligarquía nacional e internacional, "y" la no reelección lo que significa es que van cambiando de pelele. Así, la conmemoración del bicentenario es irreal y errónea como el billete que lo conmemora, valga la redundancia.
Esto es muy triste. México se cae a pedazos, en forma y en fondo.
Lástima que los mexicanos y mexicanas, que todavía hay muchos, que se molestaban porque habíamos parado Reforma en el plantón del 2006, tuvieran una miopía tal que no se dieran cuenta de que hacía falta incluso una medida mayor para defender la democracia y no permitir el fraude. Ya ésos no deben preocuparse, no tardarán en transitar "libremente" por una Reforma militarizada y quizás con retenes en la Diana, el Ángel y el Hemiciclo a Juárez. Ojalá eso no les moleste, sólo habrá que recomendarles que no se les ocurra mentarles la madre como lo hacían con nosotros, porque si lo hacen: los salvajes que detentan en el poder, que ni lo básico nuestra historia saben, les van a dar cuello.
http://www.youtube.com/watch?v=q2bGqRK3tsI
Lo curioso es que el merolico que da la noticia es del canal 28 (Cadena Tres) que pertenece al Grupo Empresarial Ángeles al que a su vez pertenece el Grupo Imagen y el Grupo Financiero Multiva. También son propietarios de las estaciones de radio, Reporte 98.5 e Imagen 90.5, del periódico Excelsior, de la cadena de televisión abierta Cadena Tres además de los hoteles Camino Real.
Es decir, son parte de la oligarquía nacional que puso a Calderón en la presidencia en contra de la voluntad popular. Por ello este chayotero presume con falsa humildad que ellos (Excelsior) dieron primeramente la noticia como para dar la impresión de objetividad y en sus comentarios refiere que hoy todos los periódicos darán la noticia, como si ello en cierta medida restara importancia a ésta. En su análisis de lo que esto significa se queda en lo anecdótico con pretensiones de crítica y de alguna forma se adelanta a lo que la ciudadanía va a comentar porque esa es una forma de neutralizar su impacto. No se dejen engañar simulan y conducen la opinión por lados que no representen mayor problema como para dejar sentado que están haciendo periodismo crítico, es falso. Están abriendo una vía de desahogo que no provoque mayor cosa. Lo mismo que las falsas declaraciones de Calderón que en presunto estado etílico pide a los ricos que paguen los impuestos. Mal imita a AMLO porque ya no sabe ni como detener lo que con sus mentiras, su fraude, su ineptitud y su inmoralidad ha desatado.
Desde Honduras
Radio Liberada envía esta información de Mayra Mejía, ministra de trabajo del gobierno del presidente Zelaya, sobre la negocición, el contexto, la resistencia, la lucha y las probabilidades de acuerdo con los golpistas....
Amig@s:
Con indignación hemos recibido esta comunicación enviada por las fuerzas armadas a todos los alcaldes de Honduras y quizás a otras personas, en las que se les pide ser informadores, soplones, orejas, agentes de investigación!!!!!!, para que den la información de los lideres de la resistencia de sus comunidades a las fuerzas armadas! Como se llama esto? Es este un Estado de Derecho o un régimen policial de terror? que se pretende con esa información?.
Es este o no un golpe de Estado militar?
También piden la información de los colaboradores para protegerlos del "mal"!
Por favor difundamos e informemos de lo que pasa en Honduras.
Hemos recibido además una comunicación confidencial del Banco Central de Honduras , que sin orden judicial, como lo manda la ley, pide se investiguen cuentas de 52 personas, por el momento, seguramente ya han investigado o investigarán mas), para acusar de terrorismo o lavado de activos. Esta es la transgresión de la ley de los ocupantes del Banco Central de Honduras.
--
Centro de Derechos de Mujeres
Honduras
Amig@s:
Con indignación hemos recibido esta comunicación enviada por las fuerzas armadas a todos los alcaldes de Honduras y quizás a otras personas, en las que se les pide ser informadores, soplones, orejas, agentes de investigación!!!!!!, para que den la información de los lideres de la resistencia de sus comunidades a las fuerzas armadas! Como se llama esto? Es este un Estado de Derecho o un régimen policial de terror? que se pretende con esa información?.
Es este o no un golpe de Estado militar?
También piden la información de los colaboradores para protegerlos del "mal"!
Por favor difundamos e informemos de lo que pasa en Honduras.
Hemos recibido además una comunicación confidencial del Banco Central de Honduras , que sin orden judicial, como lo manda la ley, pide se investiguen cuentas de 52 personas, por el momento, seguramente ya han investigado o investigarán mas), para acusar de terrorismo o lavado de activos. Esta es la transgresión de la ley de los ocupantes del Banco Central de Honduras.
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Centro de Derechos de Mujeres
Honduras
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