domingo, marzo 06, 2011
NO A.C.T.A. !
El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo comercial anti-falsificación es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al "incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global".[1] El ámbito de ACTA es amplio, incluyendo la falsificación de bienes físicos, así como la "distribución en Internet y las tecnologías de la información".[2] En octubre de 2007, los Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón anunciaron que negociarían ACTA. Además, los siguientes países se han unido a las negociaciones: Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá.[2] Las negociaciones de ACTA se llevan en secreto. El 22 de mayo de 2008 un documentado de discusión sobre el acuerdo fue filtrado a través de WikiLeaks, lo cual fue seguido de múltiples noticias en los medios.[3] [4] [5] [6]
En un principio estaba planeado que las negociaciones concluyeran a finales de 2008,[1] sin embargo en noviembre de 2008 la Comisión Europea afirmó que estas continuarían durante 2009.[7]
En la siguiente ronda de negociaciones (la sexta) el anfitrión fue Corea del Sur, en Seúl, del 4 a 6 de noviembre de 2009.[8] En la quinta ronda de negociaciones, en Marruecos en julio 2009, los participantes indicaron que su intención era concluir el acuerdo "lo antes posible en 2010".[9] Según Nueva Zelanda, ACTA establecería "un nuevo marco legal internacional" y "el objetivo de ACTA es poner un nuevo, y más alto punto de referencia sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual al que los países se pueden unir voluntariamente."[1]
Términos y plazos similares aparecen actualmente en el borrador del tratado SECURE de la Organización de Aduana Mundial,[10] y los críticos han argumentado que las previsiones de antievasión del Título I de la Digital Millennium Copyright Act era de igual modo aprobado después de políticas ocultas vía los tratados negociados a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.[11
http://www.youtube.com/watch?v=7XikJhSqF9w
The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is a proposed plurilateral agreement for the purpose of establishing international standards on intellectual property rights enforcement.[1] ACTA would establish a new international legal framework that countries can join on a voluntary basis[2] and would create its own governing body outside existing international institutions such as the World Trade Organization (WTO), the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the United Nations.[1][3] Negotiating countries have described it as a response "to the increase in global trade of counterfeit goods and pirated copyright protected works."[2] The scope of ACTA includes counterfeit goods, generic medicines and copyright infringement on the Internet.[4]
The idea to create a plurilateral agreement on counterfeiting was developed by Japan and the United States in 2006. Canada, the European Union and Switzerland joined the preliminary talks throughout 2006 and 2007. Official negotiations began in June 2008, with Australia, Mexico, Morocco, New Zealand, the Republic of Korea and Singapore joining the talks. According to reports, negotiations reached "agreement in principle" in early October 2010, with only a small number of issues outstanding.[5] According to European Union officials, a final deal was expected within weeks.[6]
After a series of draft text leaks in 2008, 2009 and 2010 the negotiating parties published an official version of the then current draft on 20 April 2010.[7] A new consolidated draft text, reflecting the outcome of the final (Tokyo) round of negotiations, was released on 6 October 2010.[8]
The final text was released on 15 November 2010.[9]
Con Calderón, cae gasto federal de equidad de género
En México, empeora la situación de las mujeres. El gobierno federal decrece el gasto para promover la equidad de género: mientras que en 2007 se erogaron 18.3 mil millones de pesos, en 2011 la cifra apenas superará los 5.8 mil millones. Al tiempo que los derechos sexuales y reproductivos sufren “graves retrocesos”, las leyes “de vanguardia” no frenan la discriminación ni los feminicidios. En lo que va de este sexenio, 1 mil 750 mujeres han sido ejecutadas en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el gobierno del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el presupuesto federal destinado a los programas que promueven la equidad de género en la administración pública cae en 67.86 por ciento, al pasar de 18 mil 336 millones de pesos, en 2007, a 5 mil 893 millones, en 2011.
Aunque la diferencia es de 12 mil 442 millones, el actual ejercicio es uno de los más prósperos. Y es que si se le compara con los tres años previos, el de 2011 registra un incremento sustancial: en 2008, el gasto ascendió apenas a 3 mil 867 millones; en 2009, a 5 mil 10 millones, y en 2010, a 4 mil 667 millones de pesos.
En total, de 2007 a la fecha, el gobierno federal ha destinado 37 mil 774 millones de pesos a proyectos que promueven “la igualdad entre mujeres y hombres” y “mejoran las condiciones de vida” de las mexicanas.
Los ramos que han erogado esos recursos son Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Procuraduría General de la República, Desarrollo Social y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, indican los presupuestos de Egresos de la Federación.
No obstante, la administración federal carece de evidencias acerca del destino de los miles de millones de pesos, por lo cual éstos podrían terminar en programas de asistencia social que no promueven la equidad de género, advierten expertos.
México, sin política de Estado
A decir de especialistas consultados, México carece de una política de Estado en esta materia. Los esfuerzos aislados de algunos institutos y el avance en el marco jurídico se diluyen por la falta de voluntad política del gobierno federal, señalan.
Advierten que los recursos económicos y las normatividades vigentes no son suficientes para que el proyecto de institucionalización de la perspectiva de género, que tiene su origen en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se consolide.
Claudia Salas Rodríguez, directora General de Planeación del Inmujeres, reconoce que el Estado mexicano aún tienen “saldos pendientes” con las mujeres. En entrevista con Contralínea, la abogada dice que las “deudas” del actual gobierno son acceso a la justicia, armonización y reglamentación de las leyes, detección y tratamiento del cáncer cervicouterino y de mama para todas las habitantes del territorio mexicano y prevención de la muerte materna.
Teresa del Carmen Incháustegui Romero –presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones Emprendidas por las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados– expresa su preocupación por el incremento de los feminicidios en los últimos dos años, que en estados como Chihuahua ha sido de hasta 80 por ciento. La legisladora lamenta que en el país no existan programas ni políticas públicas específicas para prevenir los feminicidios; tampoco, para atender y reparar el daño a las víctimas de este delito. De los programas y los 37.7 mil millones de pesos erogados supuestamente para las mujeres durante los últimos cuatro años, un porcentaje mínimo habría sido para detener este delito.
Además, durante el presente sexenio de Calderón Hinojosa, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres –demanda histórica del movimiento feminista– han sufrido “graves retrocesos”, denuncia Leticia Cuevas Rossette, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser). Se publicitó intensamente la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pero los gobiernos de 18 estados reformaron sus constituciones, previo acuerdo con la iglesia, para “criminalizar” a las mujeres que aborten sin importar los motivos.
Durante la década de los gobiernos panistas, se han aprobado, a nivel federal, algunos instrumentos de “vanguardia”, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; los programas para reducir la mortalidad materna, y la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. El problema es que aunque muchas de las políticas públicas quedan muy bien en el papel, “algo pasa y no logran bajar por completo”, asegura la feminista.
Institucionalizar es un proceso muy complejo en el que no basta “una buena ingeniería institucional”, explica María Luisa Tarrés Barraza, profesora investigadora de El Colegio de México (Colmex). Para trascender el papel, las leyes requieren de una armonización, de un aparato normativo y reglamentario, de un contexto político y social favorable y, por supuesto, de la voluntad política de los gobernantes.
Ana Estela Durán Rico, secretaria de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, considera que los avances en los temas de las mujeres han sido “lentos y graduales”. Para que la transversalización de los programas llegue a su destino final, es decir a la atención de las mujeres, importan el compromiso de los gobiernos federal y estatales, los presupuestos, pero también la difusión de la perspectiva de género entre la sociedad.
Falta de coordinación y facultades
María Luisa Tarrés Barraza, profesora en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colmex, señala que la escaza coordinación entre los institutos estatales de las mujeres y el instituto federal, provocada por una serie de factores administrativos y legales, impide que en México exista una política de Estado para las mujeres.
Debido al carácter de organismo descentralizado del Inmujeres y a que, en muchas ocasiones, las titulares de los institutos de las mujeres en los estados no comparten la ideología ni la filiación política del gobierno federal o, en el peor de los casos, ni siquiera la misma concepción de la perspectiva de género, la incidencia del Instituto federal en los estados es limitada. Para la mayoría de los gobernadores, los asuntos de la mujer no son prioritarios, expone Tarrés Barraza.
La diputada priista Ana Estela Durán explica que el Poder Legislativo es corresponsable de esta situación: la perspectiva de género se consolidará en el país cuando se legisle sobre la obligatoriedad de asignar partidas presupuestales a los institutos estatales de las mujeres y se establezcan sanciones a los gobiernos federal, estatales y municipales que incumplan. Actualmente, no hay normativa alguna que coordine los esfuerzos aislados entre algunos institutos locales y el Instituto federal. Y todo se “diluye” entre las prioridades de los gobiernos estatales.
Teresa Incháustegui, diputada del Partido de la Revolución Democrática, coincide con Tarrés en que las labores conferidas al Inmujeres desde su creación rebasan las capacidades “técnicas, orgánicas y financieras” de un organismo descentralizado. Por ello, propone que el encargado de coordinar la política nacional de igualdad de género sea un nuevo órgano, que tenga nivel de secretaría o de ministerio de Estado.
“No estoy diciendo que desaparezca el Instituto; hay que fortalecerlo con tareas muy concretas. Pero para la toma de decisiones, para la confección de políticas públicas, se necesita otro con la estatura de una secretaría de Estado.”
Opositores de las demandas de la mujer
Durante el gobierno de Felipe Calderón, la jerarquía de la iglesia católica y los grupos conservadores que detentan puestos clave en la administración pública han sido los principales opositores de las demandas de la mujer, en específico de sus derechos sexuales y reproductivos, asegura Leticia Cuevas Rossette.
La coordinadora de la Ddeser recuerda la “dura batalla” que significó para su organización y para otras de la sociedad civil que las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046 –que incorporaron al sistema de salud la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo de las mujeres víctimas de violencia– lograran publicarse.
Aunque la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el personal de la Secretaría de Salud avalaron la evidencia científica de la NOM 046, Bernardo Emilio Fernández del Castillo, director General de Asuntos Jurídicos de esa dependencia y exabogado del cardenal Norberto Ribera, “entorpeció” su aprobación.
Una vez publicada la normatividad y cuando las organizaciones sociales festejaban su triunfo, un nuevo actor intervino. En junio de 2009, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, la tachó de inconstitucional. “Va en contra de la defensa de la vida”, argumentó. El panista llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que terminó por validar la Norma.
La directora General del Planeación del Inmujeres, quien asegura desconocer el caso, no duda de la existencia de “actores que no están convencidos” y que, incluso, “trabajan en contra del tema”. A decir de la funcionaria, el actuar de estas personas obedece a patrones culturales, más que a una ideología partidaria o a un asunto de consigna.
Con Rocío García Gaytán al frente del Inmujeres, “jamás ha habido línea alguna del presidente Felipe Calderón para actuar de determinada manera o para dejar de actuar”, asevera Salas Rodríguez. Agrega que los estatutos y plataformas del PAN, “a lo mejor, muy sesgados en la parte conservadora”, no influyen en el actuar del gobierno.
Salas Rodríguez, cuyo trabajo en el Instituto la ha llevado a tratar con funcionarios de otros partidos políticos, sabe que “los vicios” no son exclusivos de su partido. “Recordemos –dice– que la mayoría de los estados que modificó sus constituciones para penalizar el aborto es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional”.
Lo que sucedió en este caso, explica Cuevas Rossette, es que los gobiernos priistas, favoreciendo sus propios intereses, como lo hacen también los partidos de “izquierda”, negociaron con la jerarquía de la iglesia católica los derechos de las mujeres.
Por eso, dice María Luisa Tarrés, la condición de laicidad del Estado es fundamental para que en México exista una verdadera política a favor de las mujeres.
En “guerra” contra el narco, 1 mil 750 mujeres ejecutadas
La Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 han sido ejecutadas 1 mil 750 mujeres en el país.
En el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, mientras que, en diciembre de 2006, se registraron dos asesinatos de mujeres presuntamente vinculados a este conflicto, en 2010 sumaron 865.
Aunado a ello, las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que de 2007 a 2009 se han cometido 4 mil 434 homicidios de mujeres en México. De éstos, 1 mil 709 ocurrieron en el hogar; 1 mil 441, en la vía pública; 539, en otros lugares; mientras que de los 745 restantes se desconoce el lugar.
Los reportes del Inegi no distinguen entre homicidios dolosos y culposos, y son obtenidos de los certificados de defunción de las secretarías de Salud estatales y de los ministerios públicos.
Con Calderón, decrece el presupuesto federal para equidad de género (montos en pesos)
Fuente: Contralínea 223 / 06 de marzo de 2011
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"¿Traes dinero?, te vendo diez AK-47"
“Si cumples los requisitos y traes el dinero, te vendo ahora mismo 10 AK-47”, afirma un armero en Arizona. Y los requisitos los cumple prácticamente cualquier residente de Estados Unidos. No en balde las principales ciudades de aquel estado son el tianguis de arsenales al que recurren los cárteles mexicanos del narcotráfico. Y mientras el presidente del país vecino le asegura a Felipe Calderón que se ha redoblado la vigilancia fronteriza para evitar el tráfico de armas, la agencia federal encargada de esa misión, la ATF, confiesa a este semanario que esa tarea es prácticamente imposible.
TUCSON, ARIZONA.- El corredor que va de Phoenix a Tucson y de ahí a Nogales y Douglas, en Arizona, es uno de los más grandes mercados de armas para los cárteles mexicanos de las drogas. Ahí las leyes y la narcoviolencia no les interesan a los dueños de las armerías, quienes siguen llenándose los bolsillos.
“No tenemos la culpa de que las armas que vendemos terminen en México; yo cumplo con las leyes federales (de Estados Unidos) y las de Arizona. Si lo que vendo cruza la línea fronteriza, no es mi culpa, es de las autoridades mexicanas, que no saben cuidar sus fronteras”, comenta Joe, armero de Tucson, a este semanario.
El establecimiento de Joe –quien se negó a dar su apellido– está junto a una guardería y a menos de 100 metros de una secundaria. “En Arizona es más difícil conseguir crédito para un auto que comprar 10 rifles. Mi negocio es la venta de armas y mientras las venda conforme a la ley, honestamente, no me importa dónde vayan a parar”, añade.
Como Joe, la mayoría de los dueños de las armerías en este corredor de Arizona no tienen empacho en ofrecer arsenales a quien cumpla los requisitos para comprarlos.
Proceso recorrió 36 armerías en Tucson, Nogales y Douglas, Arizona. Los vendedores repiten de memoria los requisitos para adquirir cualquier arma, desde pistolas hasta fusiles de asalto: comprobante de residencia en el estado (licencia de manejar o identificación emitida por la policía), copia de la tarjeta verde (si no es ciudadano de Estados Unidos) y someterse a la revisión de antecedentes penales, que demora unos 15 minutos.
“Si cumples los requisitos y traes el dinero, te vendo ahora mismo diez AK-47”, afirma Joe al corresponsal mientras señala los cientos de rifles que cuelgan de las paredes de su armería (cuyo nombre también se reserva, a petición del dueño).
Arizona –sobre todo Tucson y Phoenix– es el lugar preferido por los compradores de armas que trabajan para los cárteles de México. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) considera que los narcotraficantes mexicanos adquieren más de 60% de sus arsenales en esas dos ciudades.
“A quienes compran armas para los cárteles mexicanos les dicen hormigas”, explica a Proceso un agente de la ATF adscrito a Tucson, quien pidió el anonimato. Agrega: “En su mayoría son ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos que por ley tienen derecho a comprar las armas que quieran si dicen que son para su uso personal”.
El jueves 3, Barack Obama le aseguró a Felipe Calderón que su gobierno revisa todo lo que cruza la frontera sur de su país para contener el flujo ilegal de armas y dinero. El mismo día Proceso cuestiona al agente de la ATF sobre lo que dijo el presidente de Estados Unidos. “La frontera con México es muy grande y mientras no tengamos más personal, es muy difícil contener el tráfico de armas y dinero”, confiesa.
La afirmación de Obama parece una ironía ante la realidad de la frontera. En Arizona, según Joe, se venden de 100 a 120 armas cada semana. “Es un negocio muy bueno. Tú también deberías poner una armería”, dice Joe al reportero, y suelta una carcajada.
El negocio de las balas
Vender armas en Tucson es un negocio rentable. Exactamente frente al negocio de Joe está su competencia: Tucson Guns and Western Artifacts. A menos de 50 metros hay otra armería, la Second Amendment Sports. Tres tiendas de armas en la misma cuadra, junto a una guardería y una secundaria en uno de los barrios exclusivos de esta ciudad.
En la sociedad estadunidense la cultura de las armas es un derecho constitucional y un modo de vida. Dos kilómetros al oeste de estas tres armerías está la hamburguesería Monkey Burgers, que tiene un letrero junto al menú: “Se le regalará la bebida a la persona que enseñe su arma colocada dentro de su funda”.
En Arizona y Texas –por mencionar sólo dos estados que colindan con México– se permite la portación de armas dentro de sus fundas. Es parte de los derechos de protección personal establecidos en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El agente de la ATF en Tucson explica que los casos recientes de arrestos de personas que trafican armas a México demuestran la facilidad con que los cárteles pueden comprar cientos de armas por medio de una sola hormiga. Uriel Patiño, residente legal de origen mexicano arrestado en noviembre de 2009 en Phoenix, en menos de un mes compró en la misma armería 190 fusiles semiautomáticos (en su mayoría AK-47) y 42 pistolas.
Proceso pudo revisar los documentos de la investigación del caso Patiño, donde se sostiene que el hombre afirmó que los fusiles y las pistolas eran para su uso personal, pese a lo cual se le acusó de tráfico de armas, delito por el que podría pasar 30 años en la cárcel. Los dueños de la armería no fueron acusados porque actuaron conforme a la ley.
En California, Arizona, Nuevo México y Texas –estados colindantes con México– las leyes federales obligan a las armerías a reportar a la ATF si una persona compra más de dos pistolas en menos de cinco días. Pero si adquiere sólo dos y espera más de cinco días para volver a comprar, lo puede hacer indefinidamente dentro de la legalidad.
Pero esas mismas leyes en los estados colindantes con México no obligan a reportar las compras múltiples de armas largas.
En estos casos las armerías sólo tienen que llenar una forma –que ni siquiera deben entregar a la ATF– en la que anotan el nombre del comprador, quien declara y firma que quiere las armas para uso personal. Después de 20 años el documento con el nombre del comprador se destruye.
El agente de la ATF asegura que se han encontrado registros de compras de más de 500 armas hechas por una misma persona en menos de un año.
Cabildeo en contra
La ATF calcula que a lo largo de la frontera con México hay unas 8 mil 600 armerías establecidas. Para vigilar que cumplan la ley, la ATF sólo tiene 220 agentes y 165 inspectores. En los últimos 10 años sólo dos expendios de armas han perdido sus licencias por violar las reglamentaciones.
Ante la imposibilidad de controlar las miles de armerías en la frontera, el pasado 17 de diciembre la ATF envió a la Casa Blanca una “norma de emergencia” exigiéndole a Obama que por “decreto ejecutivo” ordenara a las tiendas de armas de los estados fronterizos reportar las ventas múltiples a una sola persona.
La ATF argumenta que en lo que va del sexenio de Calderón, en México la narcoviolencia ha dejado más de 34 mil asesinatos y que en el mismo periodo se han confiscado más de 65 mil armas adquiridas por los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
Antes del encuentro de Calderón con Obama el jueves 3 en Washington, funcionarios del gobierno estadunidense esparcieron entre los medios el rumor de que Obama anunciaría ese mismo día que aceptaba el pedido de la ATF.
Pero a menos de 24 horas de la reunión presidencial, un funcionario de la Casa Blanca dio una teleconferencia de prensa y dijo que la respuesta definitiva a la solicitud de la ATF no se anunciaría durante la visita de Calderón.
El 18 de febrero, la Cámara de Representantes del Congreso federal aprobó, por 277 votos contra 149, un exhorto a Obama para que rechace el pedido de la ATF.
La Casa Blanca tiene hasta el próximo lunes 28 para dar una respuesta definitiva. Según los analistas, Obama, quien piensa en la reelección, no se atreverá a ir contra las leyes vigentes en los estados fronterizos por temor a perder el voto de quienes defienden el derecho a comprar y portar armas.
La facilidad con la que se venden armas en Arizona y Texas no es vista por los estadunidenses como un problema de inseguridad y violencia en México. Si los narcotraficantes mexicanos se aprovechan de ello, como lo percibe Joe, nada tiene que ver con lo que dicta la Segunda Enmienda.
No sólo las armerías venden armas. En Arizona también las tiendas de empeño las ofrecen a quienes cumplan los requisitos. Los precios dependen de la marca y el año en que fueron fabricadas.
El corresponsal de Proceso visitó 36 armerías en Arizona y siete en El Paso, Texas, y constató que el precio de un fusil AK-47 oscila entre 499 y 650 dólares. Una pistola puede costar entre 250 y mil 300 dólares.
En El Paso las reglas para la venta de armas son parecidas a las de Arizona: no se pide constancia de residencia en el estado, sólo la copia de la tarjeta verde para quienes no son ciudadanos de Estados Unidos.
Entre las siete armerías que Proceso visitó en El Paso, una está a tres kilómetros de los puentes que comunican con Ciudad Juárez, Chihuahua; las otras seis están a menos de dos kilómetros.
La oficina de la ATF en El Paso rechazó el pedido de entrevista que hizo este semanario, aunque un agente federal asignado a esta región –quien pidió el anonimato– reveló que cada mes aquí se venden por lo menos 850 armas. “Pero nadie tiene cifras exactas”, acota.
No obstante los cálculos que se hacen sobre la cantidad de armas que se venden en puntos como El Paso, las cifras oficiales sobre la confiscación de armamento del lado estadunidense hacen dudar de la eficacia de la cooperación que ofrece Obama a Calderón.
Según documentos oficiales –copia de los cuales obtuvo Proceso– que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entregó al gobierno de México, en el año fiscal 2010 sólo fueron confiscadas 19 armas de fuego.
El documento de la CBP añade que en lo que va del año fiscal 2011 (que empezó el 1 de octubre de 2010) en el cruce fronterizo El Paso-Ciudad Juárez sólo se han confiscado cuatro armas largas del lado estadunidense.
Armas para todos
El pasado 27 de febrero Joe Muench, columnista de El Paso Times, escribió que la solución al problema de la inseguridad en México es permitir que los mexicanos compren y porten armas de todo tipo para su defensa personal, como en Estados Unidos.
“¿Por qué México no se defiende de los cárteles de las drogas, los extorsionadores, secuestradores? ¿Cómo la gente buena permite que los delincuentes se apoderen de su país virtualmente en cada faceta de la vida cotidiana?
“Es porque no poseen armas para defenderse”, sostiene Muench en su columna. Y para sustentar su tesis describe dos escenarios:
“Primer acto: tres autos tipo Van se ubican sobre una calle, dos cierran el flujo del tráfico y el tercero se para frente a la puerta de una casa. Salen hombres de la camioneta y disparan contra todas las personas que están en la casa. Luego salen huyendo. Llega la policía y encuentra muertos a todos los habitantes de la casa. No se hace ni un arresto.
“Segundo acto: tres autos tipo Van se ubican sobre una calle, dos cierran el flujo del tráfico y el tercero se para frente a la puerta de una casa. Salen hombres de la camioneta y en cuanto patean la puerta de la casa son recibidos con disparos de rifles y escopetas. Resultado, la familia que vive en la casa no está muerta
La fallida estrategia redonda contra el narco
MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro),- A inicios de su gobierno, Felipe Calderón reunió al gabinete de seguridad y, junto con ellos, tomó la determinación de iniciar su ya famosa “guerra contra el narco”.
A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le mandó por delante; al lado tendría a las policías y, atrás de todos ellos, a los ministerios públicos federales, los programas sociales, los educativos, los de deporte y los del agro.
Se planteó, pues, una “estrategia redonda”.
Así la llama uno de los generales que participaría en este plan. Los programas sociales que acompañarían la guerra de Calderón entrarían en acción para de esta forma contar un “control de daños”.
En el documento confidencial de la Sedena --que Proceso dio a conocer la semana pasada con el título “Solución viable: ‘unificación pactada’”, se define con claridad el rol que jugaría el sector militar en la “Estrategia integral del combate al narcotráfico” y conocida como la guerra de Calderón.
Según el reporte, las Fuerzas Armadas sólo serían una parte de la estrategia.
Su función consistiría en “constituir la principal barrera de contención del fenómeno delictivo”.
Y mientras los militares ubicarían y perseguirían a los integrantes del crimen organizado “para proporcionar tiempo y espacio necesarios al Estado mexicano”, del otro lado otros integrantes del Ejecutivo trabajarían en los aspectos sociales, policíacos y judiciales.
Así, mientras los militares se enfrentaban a los diversos cárteles, se suponía que el gobierno federal se “pertrecharía en otras áreas sensibles”. El resultado que se esperaba es que de un lado las armas harían su trabajo y del otro se irían creando las condiciones necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos.
Se trataba, pues, de un “enfoque integral”.
Pero ¿qué ocurrió entonces? Uno de los generales de Sedena lo resume así: “La estrategia redonda que se tenía no se aplicó porque ni a los jueces ni a los ministerios públicos se les preparó, la corrupción no se atacó, los programas sociales nunca arrancaron y, algo muy importante, se dijo que ante la falta de policías preparados y limpios, mientras el Ejército se enfrentaba con los cárteles durante los tres primeros años, del otro lado se estarían formando jóvenes policías. Pero nada de esto ocurrió, sólo se pateó al avispero”.
En lugar de erigirse en la principal barrera de contención, el Ejército se convirtió en “el único” adversario de los cárteles. El resto de los contendientes, las secretarías sociales, las nuevas policías y los nuevos ministerios públicos federales, simplemente se hicieron a un lado.
Ese escenario tuvo dos efectos diametralmente opuestos entre la población: para unos, el Ejército se convirtió en el gran violador de los derechos humanos, en el nuevo gran corrupto y, por supuesto, en un ineficiente actor; ya para otros fue todo lo opuesto: se vio a las Fuerzas Armadas como el gran defensor de la ciudadanía y el sector más prestigiado e incorruptible que podía hacer frente al narcotráfico.
En medio de estas ópticas quedó el Ejército el que, cargando el desprestigio sobre sus hombros, se fue desmoralizando poco a poco a tal grado de que pocos quieren participar en él, razón por la que Calderón ha planteado que se modifique la Ley Orgánica del Ejército, con el fin de que sus miembros administrativos puedan ser movilizados al campo de batalla.
En medio de todo ello, escaló la rivalidad entre las Fuerzas Armadas y las corporaciones policíacas. Estas no sólo no se renovaron, además Genaro García Luna, el titular de la SSP federal, tampoco cumplió con su parte y además pasó la estafeta a los militares en su trabajo de seguridad pública.
Así es que viendo todo esto y siendo Felipe Calderón el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el jefe de García Luna y el que no ha podido mantener la estabilidad en las “áreas sensibles” que participarían en esta lucha, es decir, los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social y Educación, pues sólo se puede llegar a la conclusión de que es él el principal responsable de que “su” guerra esté llena de bajas y que todo siga igual dentro del crimen organizado.
A lo más que ha llegado Calderón es a detener o abatir algunos cabecillas, mismos que han sido sustituidos por otros que están actuando con más rabia y violencia que antes.
El gran incumplimiento en que cayó García Luna es, por ejemplo, el no haber evitado la proliferación de pandillas, las que a lo largo del sexenio calderonista se han incrementado exponencialmente, pero lo peor, es que se han unido a los cárteles de la droga, convirtiéndose en sus principales sicarios. Tan sólo un dato, en Cancún existen ¡¡796 pandillas!! Un número muy elevado para un lugar tan pequeño pero crucial para el trasiego de droga.
García Luna, en lugar de ayudar al Ejército, dejó el campo libre para fortalecer a quienes los militares combaten, o por lo menos aseguran que sí combaten.
Del otro lado: Sedesol, SEP o Sagarpa tampoco pudieron operar en beneficio de la “estrategia integral”, y una muestra clara de que no saben cómo hacerlo es el llamado programa “Todos somos Juárez”.
En esta ciudad fronteriza intentaron hacer lo que debieron emprender desde el inicio del sexenio, sin embargo, no lo implementaron hasta que sucedió la masacre de jóvenes de Salválcar.
Una vez muertos los jóvenes, se construyeron canchas deportivas y se trató de ofrecer nuevos trabajos. Sin embargo, el accionar del resto de las secretarías fue demasiado tarde y ahora de nada sirven las nuevas canchas ni los nuevos empleos que se otorgan en estas zonas de verdadero conflicto.
Otro de los lineamientos que irían de la mano de la “estrategia integral” sería el trabajo de cabildeo que haría el gobierno federal para que lo más pronto posible se aprobaran cambios a la Ley de Seguridad Nacional y, a través de ella, se le dieran las herramientas a los militares para que pudieran hacer trabajos de seguridad pública sin seguir violentando la Constitución. Pero esto tampoco ocurrió.
Expuestos los militares, ahora tienen que sumar al reclamo de la población por “los daños colaterales” (muerte de civiles), el desprestigio por la participación de miembros del Ejército en el propio narcotráfico.
Para algunos integrantes de la Sedena, el propio gobierno los dejó solos y muchos de los militares ya anticipan que esta “es una guerra que no vamos a ganar”.
Y algo está ocurriendo en la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados donde al parecer la Sedena no dio el visto bueno al nuevo presidente, Rogelio Cerda; es más, ni siquiera lo ha recibido el secretario general Guillermo Galván Galván.
El 22 de febrero, el priista Rogelio Cerda asumió la presidencia de la Comisión en sustitución de Ardelio Vargas Fosado, quien se fue de secretario de Seguridad Pública al estado de Puebla.
Dicen que Sedena traía otro candidato pero que Francisco Rojas prefirió no consultarla y entonces decidir él y solo él quién sería el nuevo presidente de esa comisión clave. Al general Galván “sólo se le comunicó”, pero nunca se le pidió su parecer sobre el nombramiento.
Y todo parece indicar que Sedena no supo operar políticamente y, sin cuidar las formas, le impuso a Rogelio Cerda a uno de los hombres de la milicia. Sí, porque si no, ¿cómo se explica uno que un mayor en activo, Ramón Avalos, lo hayan nombrado secretario técnico de la Comisión de la Defensa en la Cámara de Diputados? Hasta lo que se tiene entendido, quien dispone de los militares en activo es la Sedena y sólo la Sedena.
La maniobra no fue la mejor, pues si el general Galván quería mantener influencia en dicha comisión lo mejor hubiera sido poner a un civil en tal cargo y no a un militar en activo.
Por lo pronto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados investigará cómo es que llegó al puesto de secretario técnico de un órgano civil un militar en activo.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
¿De verdad vamos bien?
MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- El ya tristemente célebre asunto de los 6 mil pesos al mes –ingreso que, según el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le alcanza a una familia mexicana para tener casa, coche y escuela privada para sus hijos--, obnubiló mentiras tan grandes como el tamaño del desliz de aquél.
Entre las cosas que dijo la semana antepasada el disminuido funcionario federal –esta semana optó por ya no aparecer en los medios, ni siquiera para colgarse las medallas del registro mensual de creación de nuevos empleos-- fue que la economía mexicana camina por una senda de crecimiento y estabilidad, recuperándose de los impactos de una crisis ajena.
La imagen transmitida por el secretario es que vamos bien, que la economía empieza a dar bienestar a las familias, pero que aún no nos hemos dado cuenta. Pero terminaremos enterándonos porque, según él, al haber hecho las cosas bien --no como otros países que enfrentan fuertes problemas para refinanciar su deuda--, el bienestar necesariamente se percibirá.
Sin embargo, un reporte detallado de los resultados de 2010 de la balanza de pagos que acaba de ser presentado por el Banco de México (Banxico) permite evaluar la marcha de la economía. Este informe analiza la relación de México con el extranjero: exportaciones e importaciones, turismo, remesas, inversión extranjera, salidas y entradas de capital, etc. Permite conocer, por ello, cómo se comportaron las cuentas externas del país en 2010. Este año ha sido muy favorable para los países emergentes. Este heterogéneo grupo de países, que incluye a China, India, Brasil y Rusia, entre otros, ha tenido buenos resultados económicos, un dinamismo mucho mayor que el de los países desarrollados y, sobre todo, ventajosas condiciones comerciales internacionales.
Por esto, los países emergentes en 2010 tuvieron un importante superávit comercial, esto es, vendieron mucho más mercancías de las que compraron. En cambio, México que se vio favorecido por mejores precios del petróleo, que pasaron de 57.44 dólares por barril en 2009 a 72.31, y mayor volumen exportado: 1.225 millones de barriles diarios (mbd) en 2009 contra 1.361 mbd en 2010, no sólo no logró superávit comercial, sino que tuvo un déficit comercial de 3 mil 121 millones de dólares. Nuestro comercio internacional de mercancías es importante, ya que exportamos 298 mil 361 millones de dólares e importamos 301 mil 482 millones, de modo que el déficit es apenas 1% de lo que exportamos.
La explicación está en que tenemos un problema estructural derivado de decisiones políticas tomadas por los gobiernos neoliberales priístas y mantenida por los neoliberales panistas. Salinas y su grupo decidieron que dejáramos de producir refinados del petróleo y petroquímicos secundarios, lo que nos ha obligado a importar gasolinas y otros derivados del petróleo, cuyos precios aumentan pari passu que el crudo. De modo que lo que se gana con los aumentos del precio del crudo, lo perdemos con los de gasolinas y derivados. Calderón anunció que se construiría una nueva refinería para producir las gasolinas que consumimos y muchos meses después seguimos en espera de avances reales. Así que el déficit comercial tiene explicaciones y responsables.
La otra parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos es la balanza de servicios que, a su vez, se descompone en servicios factoriales, no factoriales y transferencias. En los servicios factoriales hubo un déficit de 14 mil 463 millones de dólares, explicado por ingresos de 5 mil 390 millones y egresos de 19 mil 853 millones de dólares. En los servicios no factoriales está el renglón de turismo, donde se obtuvo un superávit de 4 mil 588 millones, gracias a ingresos de turistas extranjeros por 11 mil 872 millones y egresos de turistas mexicanos en el extranjero por 7 mil 282 millones. Este buen resultado en realidad alude a las dificultades de los mexicanos para seguir turisteando por el mundo. Pero otros conceptos, como fletes y seguros, tuvieron un déficit importante, lo que explica un resultado negativo en esta cuenta de servicios de 9 mil 610 millones
Lo que compensa estos resultados negativos son las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias y que, pese a los problemas derivados de la crisis y del colapso del sector de la construcción en Estados Unidos, se mantienen constantes. En 2010, las remesas recibidas en México fueron de 21 mil 271 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en 2009 (21 mil 245 millones). Estos ingresos dan cuenta de una economía incapaz de evitar que su gente tenga que salir en condiciones terribles a buscar lo necesario para que sus familias puedan sobrevivir. Ellos enviaron en diciembre pasado, por ejemplo, 5.6 millones de remesas, es decir, 5 millones 641 mil 520 mexicanos en el extranjero les enviaron a sus familias 302 dólares en promedio. Esos envíos logran que la cuenta corriente tenga un déficit pequeño de 5 mil 690 millones de dólares. Así que el déficit en la cuenta corriente tiene explicaciones y responsables.
El otro gran componente de la balanza de pagos es la cuenta de capital, donde se registran los movimientos de entrada y salida de dinero. El dato sobresaliente de esta cuenta es que los mexicanos ricos –pero los ricos de veras, no los que ganan 13 mil pesos al mes, a los que aludió también Ernesto Cordero hace días-- “exportaron” capital al extranjero por un monto de 31 mil 113 millones de dólares. Así que mientras los pobres salen del país a luchar por su vida y las de sus familias en trabajos que, como dijera Vicente Fox, “ni los negros aceptan”, los ricos compran casas, invierten en la bolsa o en empresas o simplemente depositan su dinero en bancos, pero en el extranjero. Esas salidas de capital hacen que los 41 mil 495 millones de dólares de inversión extranjera reduzcan sus eventuales efectos benéficos.
Si comparamos lo que los ricos mexicanos sacan del país con la inversión extranjera directa, es decir, la que compra empresas o amplía las que ya tiene en México, resulta que por cada dólar que ingresa para promover la actividad productiva del país, sale un dólar y 75 centavos. Por otra parte, ingresan capitales al país, según Cordero y demás funcionarios gubernamentales, porque confían en que nuestro país ha hecho las cosas bien y sus perspectivas son prometedoras, aunque en verdad lo hacen para aprovechar los intereses que se ofrecen en el mercado mexicano. Pero salen capitales mexicanos al extranjero porque no confían en México. Los ricos mexicanos están dispuestos a sacrificar rendimiento contra la seguridad de tener recursos en el extranjero.
De modo que el examen de la balanza de pagos no muestra que la economía va bien. Muestra que no se pueden aprovechar oportunidades excepcionales que el comercio internacional ofrece por decisiones incorrectas del pasado que se han mantenido en el presente. Muestra también que hay mexicanos que con enormes esfuerzos y sufriendo condiciones laborales discriminatorias ayudan a sus familias y, con ello, apoyan al país. Al tiempo que hay otros mexicanos que sin sufrir, ni esforzarse, han decidido que lo mejor es huir y protegerse, aunque eso afecte al país entero. Así que bien no vamos, el bienestar no llegará a la mayor parte de las familias mexicanas.
Comentarios: odselley@gmail.com
Los niños no tienen la culpa
MÉXICO, D.F., 4 de marzo.- Sé que hace poco has perdido a tu padre, a tu madre o a tus hermanos, o que quizás son tus amigos o tus compañeros de clase a quienes les ha tocado perder a alguno de sus familiares. También sé que nada de lo que pueda decirte a ti o a tus amigos compensará esa pérdida o disminuirá su dolor. Tampoco, quizás, hará que tú o tus amigos dejen de soñar con ellos, de que se despierten llorando, de preguntarse dónde están o por qué se fueron, por qué los dejaron si todavía tenían tantas cosas que les habría gustado disfrutar con ellos: leer un cuento, jugar en el parque, celebrar los cumpleaños, las fiestas de 15 años o las de graduación, la primera salida con el novio o la novia; en fin, tantas cosas que jamás serán posibles…
A ustedes, los niños, les ha tocado pagar la peor parte de esta guerra sin que nadie se preocupara siquiera por imaginar los costos que tendría para sus vidas, por reparar los daños que les ha dejado, por expresarles simpatía o comprensión; sin que nadie los hubiera acurrucado y dicho que entiende su sufrimiento y que se compromete a compensarlos. No es este el país que muchos mexicanos queremos ni el que ustedes se merecen.
A todos nos corresponde pedirles perdón por nuestra indiferencia, por nuestra incapacidad para escucharlos. Una vez que lo hayamos hecho, pero sólo entonces, tendríamos que sumarnos todos e invitar a los niños a sumarse y a dedicar todas nuestras energías a no alimentar el rencor o buscar la venganza. Necesitamos de la energía de todos para construir un país en el que nunca más otros niños tengan que sufrir lo que a ustedes les ha tocado sufrir. Sólo podremos construir el país que queremos si somos capaces de reconciliar, de reivindicar para todos, como derecho fundamental, el derecho a la vida. Que nadie les diga que su dolor y sus muertes son daños colaterales que había que permitir en aras de otros objetivos que nunca debieron haber sido colocados por encima del derecho a la vida de todos.
La reconciliación que el país requiere comienza por que los adultos podamos hacernos cargo de la pérdida que los niños han sufrido, ya sea que sus padres hayan muerto por error, porque formaban parte de un grupo delictivo o porque eran soldados o policías. Los niños no tienen la culpa y la pérdida de sus padres les pesa y duele de la misma manera a todos. La reconciliación no podrá darse mientras los adultos no nos hagamos cargo del dolor de cada uno de los niños, hijos del policía o del delincuente: los niños no tienen la culpa.
Nada de esto será posible mientras no sanemos las heridas, mientras no abracemos a nuestros niños y les digamos que ellos no son culpables, y mientras nosotros, los adultos, no seamos capaces de ofrecer un lugar para que todos los niños puedan tener una vida digna en nuestro país.
*Doctora en antropología social y psicoanalista, Elena Azaola Garrido es autora de varios libros sobre derechos humanos, de las mujeres y de la infancia; ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y ha representado a México ante organismos como la UNICEF con el tema de los derechos de los niños.
eazaola@ciesas.edu.mx
Del IFE a la ASF
MÉXICO, D.F., 3 de marzo.- En el contexto de una profunda crisis de la efectividad del Estado, resulta esperanzador que al menos una institución pública cumpla su mandato legal con independencia y profesionalismo. Entre 1996 y 2003 esta institución fue el Instituto Federal Electoral (IFE). Frente a la descomposición de la confianza social emergida de las crisis económica y política de mediados de los años 90, el IFE demostró que todavía existían soluciones estatales a la problemática nacional. Hoy, el desempeño y posibles reformas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representan una esperanza y un potencial similar.
Si no hubiera sido por el acuerdo político de 1996 que estableció las bases para la celebración de elecciones más limpias y equitativas, la situación se hubiera descompuesto rápidamente. Abiertos fraudes electorales organizados por el viejo partido de Estado en las elecciones federales de 1997 y 2000, así como en el Distrito Federal en 1997, hubieran preparado las condiciones para un fuerte estallido social. El resultado habría sido no la transición de terciopelo que tuvimos por medio de los votos, sino un cambio de régimen mucho más sangriento y posiblemente regresivo.
Hoy no queda claro que el camino andado haya sido necesariamente el mejor. Estamos pagando los costos de una transición simulada donde la alternancia en el poder no se ha traducido en una transformación real en las formas de ejercerlo. El fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón para conducir un verdadero cambio de régimen a nivel federal ya ha sido reeditado en los estados por gobernadores como Zeferino Torreblanca en Guerrero y Francisco Barrio en Chihuahua. Hoy nada garantiza que nuevos gobernantes como Rafael Moreno Valle, Ángel Aguirre, Mario López Valdés y hasta Gabino Cué sigan este mismo sendero. Sin embargo, con la reforma política de 1996 por lo menos logramos conjurar una caída libre hacia la barbarie y el autoritarismo más repugnante.
Hoy nos encontramos en medio de una profunda crisis económica y política similar a la vivida hace tres lustros. En los últimos años los mexicanos hemos sufrido una franca reducción de nuestros niveles salariales y poder adquisitivo. Asimismo, cada día la política se encuentra más desprestigiada y la legitimidad de las instituciones está en un nivel similar al de los años noventa.
A la mayor parte de los políticos y funcionarios públicos esta situación los tiene sin cuidado. En lugar de tomar medidas contundentes para recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción e imponer el estado de derecho, los cargos públicos se siguen utilizando para servir intereses particulares. Los casos de la licitación 21, la guardería ABC, las constantes fugas de reos, las explosiones de los ductos de Pemex y el secuestro de migrantes son apenas un botón de muestra de la gravedad de la situación actual. La total inefectividad de las secretarías de Educación, de la Función Pública, de Gobernación, de Economía y de Seguridad Pública, entre muchas otras, abona en el mismo sentido.
En contraste, una institución que ha logrado destacar en medio de este mar de mediocridad es la ASF. Con un presupuesto que apenas llega a una fracción del recurso otorgado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado la ASF realizó casi mil auditorías que nos ilustran sobre los entretelones de la debilidad institucional del Estado mexicano.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, que el auditor Juan Manuel Portal presentó el pasado 16 de febrero, contiene mucho más que auditorías contables sobre las compras de gomas, lápices y papel por las dependencias federales. Este fascinante documento nos presenta los detalles de la opacidad del gasto de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, las graves irregularidades en el monitoreo de los medios de comunicación por el IFE durante las elecciones federales de 2009, la reducida eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de combate al narcotráfico, las problemáticas adquisiciones en los preparativos para el Bicentenario y la preocupante falta de cobertura universal y calidad en la educación básica, entre otros numerosos temas.
Lo más fácil para cualquier auditor es abocarse a revisar asuntos menores que no generen polémica, así como prestarse a la simulación a la hora de comprobar el gasto y el desempeño gubernamentales. Pero una vez más la ASF ha demostrado que no rehúye la polémica, sino que está comprometida a cumplir con su mandato de limpiar las finanzas públicas. A raíz de la revisión de la cuenta pública de 2009, la ASF reporta recuperaciones y/o resarcimientos por más de 7 millones de pesos y ha recomendado la aplicación de sanciones administrativas en mil 374 casos, así como sanciones penales en 34 más.
Sin embargo, la ASF alcanza a revisar solamente una pequeña fracción del total del gasto federal. Falta tomar medidas contundentes para convertir a la ASF en el nuevo estandarte de la institucionalidad democrática. Haría falta, por ejemplo, aumentar su presupuesto de manera importante y dotarla de mayores facultades legales de sanción directa y de auditoría “concomitante” durante el ejercicio presupuestal. También urge recuperar la calidad vinculatoria de las auditorías al desempeño y caminar hacia un organismo verdaderamente autónomo de fiscalización.
Si la clase política no fortalece lo poco que hay todavía de rescatable en las instituciones federales, se generarán las condiciones para el surgimiento de una gran ola de repudio social hacia todos los políticos e instituciones por igual, que peligrosamente podría terminar echando por la borda al bebé junto con el agua sucia. l
twitter: @JohnMAckerman
Poder judicial, presunto culpable
MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Apro).- La juez del Décimo Segundo Tribunal Administrativo en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ya supo lo que son los juicios sumarios de los medios y el oportunismo político.
Su orden de suspender temporalmente la proyección de la película Presunto Culpable como una medida cautelar le ganó la acusación pública de censora hasta el extremo de compararla como un acto propio de los regímenes militares o fundamentalistas.
A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.
Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.
Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.
Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.
Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.
Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.
Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.
Pero el sistema de justicia no se reduce a las decisiones de los jueces, sino a lo que el Poder Ejecutivo –federal y estatal– hace y deja de hacer a través de sus “policías investigadoras” y de sus agentes del ministerio público.
Aunque el caso que presenta la película ocurrió en el Distrito Federal, es sabido y padecidas por todos la manipulación, negligencia e ilegalidades que existen en los procesos judiciales en todo el país. De ahí su justificado éxito.
No está duda. Pero Presunto culpable es más que un mero testimonio elaborado por dos abogados preocupados por el sistema de justicia penal mexicano. Roberto Hernández y Layda Negrete Sansores –hija de la exdiputada Layda Sansores y nieta del exgobernador de Campeche Carlos Sansores– forman parte del proyecto promovido desde 2004 por Estados Unidos para que en México se instauren los juicios orales.
Ambos forman parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que junto con organizaciones empresariales mexicanas y fondos del gobierno estadounidense ha sido punta de lanza de la reforma penal aprobada en 2008. De ahí la gran promoción del documental.
La reforma, que además de hacer constitucional la figura del arraigo –esa sí, una medida propia de regímenes totalitarios– estableció que a más tardar en el 2016 en todo el país deben funcionar los juicios orales, para lo cual se han destinado parte recursos de la Iniciativa Mérida.
Calderón hizo suyo el proyecto estadounidense y tuvo el aval en el Congreso a partir del hecho, innegable, de la inoperancia del actual sistema de justicia.
Pero nada garantiza que los juicios orales vayan a ser la solución, sobre todo si las procuradurías siguen operando en función de los intereses políticos de sus jefes –el presidente o los gobernadores– o las policías están tan desacreditadas no sólo por la corrupción, sino por los cuestionamientos de que son objeto sus jefes, como el caso del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
A partir del principio de presunción de inocencia, –el cual, desde luego, no operó en el caso de Florence Cassez, a pesar de las ilegalidades en la investigación de García Luna–, el CIDE patrocinó también la reapertura del proceso por la masacre de Acteal y logró la liberación de los acusados.
Si los liberados no fueron culpables, fue una gran reparación. Ese es el objetivo de los juicios orales. Pero lo que no supimos fue quiénes son los responsables. Ni lo sabremos, como tampoco en Presunto culpable. La impunidad tampoco será abatida por la justicia transparente que ahora todos dicen defender.
Dips. del MORENA se pronuncian sobre el documental Presunto Culpable
http://www.youtube.com/watch?v=cMflXP-cfYE
http://www.youtube.com/watch?v=MJrbTBc5K_8
http://www.youtube.com/watch?v=tTgQb_ebJpI
Pide México reporte de tráfico de armas; Washington calla
- Detuvieron a sus padres, acusados de tala ilegal y contrabando de madera
Pixyah, municipio de Tecoh, Yuc., 5 de marzo. En esta comunidad de apenas 200 habitantes, el único sostén para las familias es la recolección y venta de leña; sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) considera que incurren en "tala ilegal y contrabando de madera".Por lo anterior, este día hubo una singular protesta: niños, muchos descalzos, otros con huaraches o con zapatos de hule, encabezaron una manifestación contra la dependencia, debido a que sus inspectores acusaron de ese delito federal a seis adultos, quienes fueron detenidos por policías estatales, "como si fueran narcotraficantes".
El jueves pasado, José Erick Pat Euán, Ervin Pech Pat, Graciano Azcárate Ku y Mercedes Chin Chan, vecinos de Pixyah, y Gregorio y Celso Uc, del pueblo de Telchaquillo, cortaron leña en el monte y la llevaron al municipio de Kanasín, donde la venderían por unos pesos, porque no hay actividad rentable en esa comunidad. "El campo no da para comer", señaló Mercedes Chin.
Pech Pat dijo que Luis Balam, funcionario de la Profepa, fue quien levantó la denuncia y a los detenidos se les fijó una fianza colectiva de 80 mil pesos para no ser consignados ante el Ministerio Público Federal.
Pero los acusados son tan pobres que el presidente municipal, Joel Achach Díaz, tuvo que pagar la fianza para que salieran libres, y a las 70 familias que viven de esta actividad les regaló despensas.
- Se buscaría a los responsables sólo a petición de autoridades de EU, señala la SIEDO
SRE ya solicitó datos sobre la introducción de dos mil piezas con la complacencia de la ATF
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que ya solicitó "información detallada al gobierno de Estados Unidos" acerca de la operación Rápido y furioso, que permitió que grupos criminales introdujeran a territorio mexicano 2 mil armas con la complacencia del Departamento de Alcohol, Tabaco y Drogas (ATF, por sus siglas en inglés).
En tanto, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que solamente que el gobierno de Estados Unidos lo solicite de manera formal, instituciones de inteligencia mexicana colaborarán para la búsqueda de los presuntos integrantes de la red de traficantes que era vigilada por ATF dentro del plan Rápido y furioso.
Al cierre de esta edición, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) señalaron que ninguna autoridad mexicana ha iniciado investigación a este respecto.
Leer mas...AQUILa Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que ya solicitó "información detallada al gobierno de Estados Unidos" acerca de la operación Rápido y furioso, que permitió que grupos criminales introdujeran a territorio mexicano 2 mil armas con la complacencia del Departamento de Alcohol, Tabaco y Drogas (ATF, por sus siglas en inglés).
En tanto, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que solamente que el gobierno de Estados Unidos lo solicite de manera formal, instituciones de inteligencia mexicana colaborarán para la búsqueda de los presuntos integrantes de la red de traficantes que era vigilada por ATF dentro del plan Rápido y furioso.
Al cierre de esta edición, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) señalaron que ninguna autoridad mexicana ha iniciado investigación a este respecto.
- Critican manejo de temas como el del embajador Pascual
Senadores de PRI y PT advirtieron que la negativa del gobierno de Estados Unidos de retirar al embajador Carlos Pascual es muestra del poco respeto a un gobierno que no ha sabido defender la soberanía. “Es un golpe para Felipe Calderón, quien se equivocó al llevar a la prensa estadunidense su diferendo con el diplomático acerca de los cables de Wikileaks, en lugar de tratarlo primero con el presidente Barack Obama”, comentó el priísta Carlos Jiménez Macías.
El petista Ricardo Monreal agregó que Calderón no se atreve a enfrentarse con el vecino país del norte, por lo que durante la reciente entrevista con Obama prácticamente no logró nada concreto, sobre todo en un tema toral como es frenar el tráfico de armas a territorio nacional.
Sobre el tema, Jiménez Macías, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que la situación no fortalece la relación bilateral, y además muestra "la falta impresionante de tacto del presidente Calderón, que creyó que podía enviar a Obama un mensaje por medio de uno de los diarios estadunidenses de mayor impacto, para remover al embajador".
Leer mas...AQUIEl petista Ricardo Monreal agregó que Calderón no se atreve a enfrentarse con el vecino país del norte, por lo que durante la reciente entrevista con Obama prácticamente no logró nada concreto, sobre todo en un tema toral como es frenar el tráfico de armas a territorio nacional.
Sobre el tema, Jiménez Macías, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que la situación no fortalece la relación bilateral, y además muestra "la falta impresionante de tacto del presidente Calderón, que creyó que podía enviar a Obama un mensaje por medio de uno de los diarios estadunidenses de mayor impacto, para remover al embajador".
Rechaza AMLO que agentes de EU porten armas en el país
Oaxaca, Oax., 5 de marzo. Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos no abusar de la debilidad de la administración de Felipe Calderón y dejar de tratar de hacer lo que le dé la gana en México, principalmente por intentar que sus policías anden armados en el país."Que no piensen que porque Calderón está en una situación de franca debilidad van a poder hacer lo que les dé la gana aquí. Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía", advirtió .
Entrevistado antes de una reunión de evaluación de los comités del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), criticó que en el encuentro que sostuvo el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Calderón no abordó temas fundamentales para México, como la reforma migratoria y los asesinatos de mexicanos en la frontera norte, "incluso niños, y que no se castigan".
"El tema que debió tocar es el de la reforma migratoria, para que se regularicen papeles a nuestros paisanos y puedan trabajar sin discriminación ni maltrato. Además, Obama se comprometió en campaña a que iba a haber una reforma, y hasta ahora no ha cumplido", afirmó.
Rechazó la propuesta estadunidense para que sus agentes que trabajan en nuestro territorio porten armas, pues "somos un país libre, soberano. No queremos ser un protectorado, una colonia de ningún gobierno extranjero". Calderón dijo que se iba a analizar esa posibilidad.
- Fuentes de la embajada de EU afirman que el grupo pidió asilo, el cual no se tramitó
Ciudad Juárez, Chih., 5 de marzo. La familia Reyes Salazar abandonó definitivamente esta ciudad y viajó al Distrito Federal, donde realizó varias actividades, incluida una reunión con personal de la embajada de Estados Unidos. Los activistas solicitaron asilo al país vecino –según afirmaron diplomáticos–, sin obtenerlo, ya que se les explicó que en dicha sede no se tramitan peticiones de esa naturaleza.
Fuentes diplomáticas de Estados Unidos señalaron que la tarde de este sábado se reunieron con los activistas –a petición de éstos–, a quienes dijeron que dichas solicitudes deben realizarse directamente en un puerto de entrada al país, como un cruce fronterizo, siempre y cuando los interesados puedan demostrar que son objeto de persecución en su lugar de origen.
La embajada también les explicó que una solicitud así puede presentarse ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y dijo que ha estado en comunicación constante con las autoridades mexicanas para informarles sobre el asunto.
Leer mas...AQUIFuentes diplomáticas de Estados Unidos señalaron que la tarde de este sábado se reunieron con los activistas –a petición de éstos–, a quienes dijeron que dichas solicitudes deben realizarse directamente en un puerto de entrada al país, como un cruce fronterizo, siempre y cuando los interesados puedan demostrar que son objeto de persecución en su lugar de origen.
La embajada también les explicó que una solicitud así puede presentarse ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y dijo que ha estado en comunicación constante con las autoridades mexicanas para informarles sobre el asunto.
- Denuncian que la Suprema Corte no cumple con su trabajo
Como cada primer sábado de mes, desde hace dos años, la organización HIJOS México y el Comité Eureka efectuaron una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto mediante el cual reiteraron su exigencia de que las autoridades mexicanas investiguen seriamente el tema de los desaparecidos, y frenen dicho fenómeno.
El escrache –o señalamiento público– correspondiente a este mes fue dedicado a las mujeres, a propósito del día internacional de este género, el próximo martes, afirmó en entrevista con La Jornada Valentina López, integrante de HIJOS.
"Venimos a señalar que la Suprema Corte no hace su trabajo, que es el de encontrar y castigar a los responsables y sus cómplices, y decir dónde están los desaparecidos. Este mes hemos dedicado el evento a todas las mujeres desaparecidas en México, las que lo son por motivos políticos y las que no lo son", dijo.
Leer mas...AQUIEl escrache –o señalamiento público– correspondiente a este mes fue dedicado a las mujeres, a propósito del día internacional de este género, el próximo martes, afirmó en entrevista con La Jornada Valentina López, integrante de HIJOS.
"Venimos a señalar que la Suprema Corte no hace su trabajo, que es el de encontrar y castigar a los responsables y sus cómplices, y decir dónde están los desaparecidos. Este mes hemos dedicado el evento a todas las mujeres desaparecidas en México, las que lo son por motivos políticos y las que no lo son", dijo.
- Tienden a la privatización de la paraestatal, advierte el jurista
La ley otorga una facultad "excesiva" al titular del Ejecutivo federal sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional –referente a los contratos de Pemex con particulares para obras y prestación de servicios–, debido a que se corre el riesgo de que el Presidente de la República pase por alto la opinión del Congreso de la Unión.
El constitucionalista Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que más allá de debatir si es constitucional o no el anuncio hecho en la semana por directivos de la paraestatal sobre un proceso para la asignación de contratos incentivados –mediante los cuales se abre a la iniciativa privada la exploración y explotación de campos maduros en la región sur del Golfo de México–, la discusión debe centrarse en otros puntos que tienden a la privatización de Pemex.
Leer mas...AQUIEl constitucionalista Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que más allá de debatir si es constitucional o no el anuncio hecho en la semana por directivos de la paraestatal sobre un proceso para la asignación de contratos incentivados –mediante los cuales se abre a la iniciativa privada la exploración y explotación de campos maduros en la región sur del Golfo de México–, la discusión debe centrarse en otros puntos que tienden a la privatización de Pemex.
- Intermediarios revenden la energía que produce CFE, dicen; reactivan plantón en el Zócalo
La generación de electricidad en la zona de influencia de lo que fue Luz y Fuerza del Centro (LFC) se encuentra parada y, por tanto, el suministro para la zona central del país se sustenta en la compra a particulares, sector que también se ha convertido en fuente de contratistas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denuncian los trabajadores de la extinta LFC, que la semana entrante cumplen 17 meses en resistencia.Los mecanismos de generación –afirman– están desmantelados y, en muchas áreas, "echándose a perder".
Mientras, en el Zócalo, trabajadores en resistencia de LFC vuelven a levantar carpas para un plantón que tiene carácter de "permanente".
Ahí, otra vez bajo el sol, resguardándose del frío y, en breve, sorteando las lluvias, estarán los electricistas que han sido creativos no sólo en las formas de protesta sino para sobrevivir estos 17 meses, con tal de no abandonar su lucha.
"No creo que pidamos mucho. Yo aspiraba a una vejez con jubilación, un ingreso seguro... para no rodar", expresa Federico Martínez Meza, fogonero especial volante, con poco más de 26 años de antigüedad al momento del cierre de LFC, es decir, a punto de jubilarse como operador de una de las calderas de la termoeléctrica Jorge Luke.
Liberan a 4 miembros de la otra campaña
San Cristóbal de las Casas, Chis., 5 de marzo. Mediante el desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), del miércoles a la fecha han sido liberados cuatro de los 10 indígenas de la otra campaña detenidos el 3 de febrero en el centro turístico Cascadas de Agua Azul, después de un enfrentamiento con ejidatarios priístas de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, que dejó un muerto y dos heridos.
Fuentes extraoficiales dijeron que la noche del miércoles fue liberado Pedro García Alvarado, supuestamente afectado de sus facultades mentales, quien estaba acusado de los delitos daños y atentados contra la paz y la colectividad. Entre el jueves y este sábado fueron excarcelados Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López y Miguel López Deara, agregaron.
Leer mas...AQUIFuentes extraoficiales dijeron que la noche del miércoles fue liberado Pedro García Alvarado, supuestamente afectado de sus facultades mentales, quien estaba acusado de los delitos daños y atentados contra la paz y la colectividad. Entre el jueves y este sábado fueron excarcelados Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López y Miguel López Deara, agregaron.
El Despertar
Morena: de donde viene y adonde va
José Agustín Ortiz Pinchetti
¡Hace bien AMLO en alejarse (temporalmente) de su partido! Su dirigencia ha perdido el rumbo. ¡Que hagan lo que se les dé la gana!; aunque sea dañino, no será mucho. Mejor dedicarse a Morena (Movimiento Regeneración Nacional), tan joven y de buena presencia, que se propone regenerar, es decir, dar vida de nuevo a algo que se degeneró y no propiamente a la nación que, como Morena, está llena de vida, sino el Estado al que hay que restaurar, rescatar, restablecer y transformar para que sirva a todos. La gente empieza a hablar de Morena, a pesar de que ya tiene cinco años de crecimiento. Los medios electrónicos han impedido que se le conozca. Y ustedes saben: lo que no está en la pantalla chica no existe.
Será difícil tapar a Morena con un dedo, es muy original. Es la primera organización política en la historia de México que no es fundada por un grupo de personalidades que controlan a las masas o dicen controlarlas. Éstas crecen desde la cúspide a la base de la pirámide, confiando en que las masas ignorantes los van a seguir a ellos, que son sabios. Pronto los fundadores se vuelven burocracia que domina y después corrompe a la organización, lo que ha sucedido a todos los grandes partidos mexicanos, empezando por el PRI.
Morena empieza con un recuento de millones de simpatizantes que sobrevivieron a la derrota por fraude de la candidatura de AMLO. Y luego, sin prisa ni pausa, se va organizando en comités pequeños, grupos de militantes que toman cuerpo en cada uno de los municipios del país hasta formar una red extensa. Así, la organización se levanta desde la base (municipal) y no desafía a la fuerza de gravedad construyéndose desde la cúpula. Su primer éxito fue convocar a ciudadanos libres e independientes, hasta abarcar 95 por ciento de los municipios del país, y ahora se desdobla en miles de comités seccionales siguiendo el esquema del sistema electoral vigente. Porque no se trata de un movimiento de resistencia civil sino de una estructura electoral. Ya participó en la batalla de Iztapalapa y la ganó; ahora busca el triunfo en el estado de México asociada a los tres partidos progresistas. Única alianza que pudiera ser virtuosa y no contra natura, como la que pretende Felipe Calderón.
Morena ha dicho "vamos" a la competencia por la Presidencia de la República en 2012. Morena y sus aliados son la única oposición auténtica a un sistema en el que coinciden el PAN y el PRI, que han detenido el crecimiento económico y permitido que una pequeña oligarquía deprede a todas las clases y segmentos de nuestra sociedad. Morena no es un partido de clase, intenta convocar a todos los mexicanos que quieren un cambio. Es portadora de la esperanza.
Leer mas...AQUISerá difícil tapar a Morena con un dedo, es muy original. Es la primera organización política en la historia de México que no es fundada por un grupo de personalidades que controlan a las masas o dicen controlarlas. Éstas crecen desde la cúspide a la base de la pirámide, confiando en que las masas ignorantes los van a seguir a ellos, que son sabios. Pronto los fundadores se vuelven burocracia que domina y después corrompe a la organización, lo que ha sucedido a todos los grandes partidos mexicanos, empezando por el PRI.
Morena empieza con un recuento de millones de simpatizantes que sobrevivieron a la derrota por fraude de la candidatura de AMLO. Y luego, sin prisa ni pausa, se va organizando en comités pequeños, grupos de militantes que toman cuerpo en cada uno de los municipios del país hasta formar una red extensa. Así, la organización se levanta desde la base (municipal) y no desafía a la fuerza de gravedad construyéndose desde la cúpula. Su primer éxito fue convocar a ciudadanos libres e independientes, hasta abarcar 95 por ciento de los municipios del país, y ahora se desdobla en miles de comités seccionales siguiendo el esquema del sistema electoral vigente. Porque no se trata de un movimiento de resistencia civil sino de una estructura electoral. Ya participó en la batalla de Iztapalapa y la ganó; ahora busca el triunfo en el estado de México asociada a los tres partidos progresistas. Única alianza que pudiera ser virtuosa y no contra natura, como la que pretende Felipe Calderón.
Morena ha dicho "vamos" a la competencia por la Presidencia de la República en 2012. Morena y sus aliados son la única oposición auténtica a un sistema en el que coinciden el PAN y el PRI, que han detenido el crecimiento económico y permitido que una pequeña oligarquía deprede a todas las clases y segmentos de nuestra sociedad. Morena no es un partido de clase, intenta convocar a todos los mexicanos que quieren un cambio. Es portadora de la esperanza.
Las pesadillas del PRD
Arnaldo Córdova
Es difícil saber qué se proponía o qué buscaba Cuauhtémoc Cárdenas cuando se soltó la puntada de proponer que Andrés Manuel López Obrador se "hiciera cargo" del PRD. Cada vez está más claro que no fue sino una ocurrencia muy tonta que ni siquiera se cuidó de las formas y acabó haciendo el ridículo. Él sabía, se supone, que los estatutos del PRD consagran la no relección para sus dirigentes, que López Obrador ya ha sido presidente del partido y que, en consecuencia, ya no puede volver a serlo. Tal vez estaba proponiendo otra cosa que es muy difícil saber qué era. ¿Que se le entregara el partido, sin respetar normas internas, para que él hiciera lo que quisiera? Pues parece que semejante absurdo era lo que sugería.
Es imposible ponerse malpensante o maledicente con semejante torpeza. Algunos, como los Chuchos, salieron con la excusa de que era pura ironía. Si eso era, resultaba de pésima factura. ¿O era una trampa, desmañada e ingenua? Es difícil el solo pensarlo. El hombre, evidentemente, no estaba en sus cabales y no sabía lo que estaba diciendo. Proponer entregarle el PRD a López Obrador habría equivalido, como lo dice Chucho Ortega en latín (o lo que él cree que es latín), convertirlo en un Dictator perpetuus (en realidad, según la secuencia de la declinación, en nominativo sería Dictator perpetuum. Ortega debe haber oído la expresión de alguien que consultó Wikipedia).
Leer mas...AQUIEs imposible ponerse malpensante o maledicente con semejante torpeza. Algunos, como los Chuchos, salieron con la excusa de que era pura ironía. Si eso era, resultaba de pésima factura. ¿O era una trampa, desmañada e ingenua? Es difícil el solo pensarlo. El hombre, evidentemente, no estaba en sus cabales y no sabía lo que estaba diciendo. Proponer entregarle el PRD a López Obrador habría equivalido, como lo dice Chucho Ortega en latín (o lo que él cree que es latín), convertirlo en un Dictator perpetuus (en realidad, según la secuencia de la declinación, en nominativo sería Dictator perpetuum. Ortega debe haber oído la expresión de alguien que consultó Wikipedia).
Adiós, mister Marshall
Rolando Cordera Campos
Al anunciarse la visita del presidente Calderón a Washington, para entrevistarse con el presidente Obama, circuló con rapidez en México la especie de que el primero habría sido llamado a rendir cuentas después del asesinato de un funcionario estadunidense en San Luis Potosí. Se trataba de una interpretación desproporcionada y elemental, que poca relación guarda con las prácticas de la relación bilateral y con la propia manera de abordar sus cuestiones de Estado por parte del vecino imperial.
Uno podía, más bien, pensar que fue Calderón quien planteó la conveniencia de un cara a cara con Obama, una iniciativa rápidamente apoyada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuando hubo de darse cuenta en Guanajuato de que no había forma de "homologar" su función y misión con las que le corresponden a la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana. Además, la gravedad de los asuntos bilaterales, exacerbada por los acontecimientos de San Luis Potosí, por sí sola justificaba un examen de la relación en el nivel más alto.
Leer mas...AQUIUno podía, más bien, pensar que fue Calderón quien planteó la conveniencia de un cara a cara con Obama, una iniciativa rápidamente apoyada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuando hubo de darse cuenta en Guanajuato de que no había forma de "homologar" su función y misión con las que le corresponden a la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana. Además, la gravedad de los asuntos bilaterales, exacerbada por los acontecimientos de San Luis Potosí, por sí sola justificaba un examen de la relación en el nivel más alto.
Reforma agraria y expropiación petrolera
Néstor de Buen
Para quienes hemos llegado a ser mexicanos por propia voluntad y que además fuimos recibidos en el país gracias al general Cárdenas, hay decisiones políticas que no acabo de entender.
Cárdenas se caracterizó por aplicar la reforma agraria de manera definitiva. La expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938, fue evidentemente una manera de atender los reclamos del pueblo, incómodo hasta lo que más, por el hecho de que una de nuestras principales riquezas fuera administrada por empresas extranjeras, inglesas, holandesas y estadunidenses. Lo que fue notable es la oportunidad con que Cárdenas, de acuerdo con el general Mújica, ordenó la expropiación en un momento muy difícil para los interesados, que tenían encima la amenaza de guerra que no tardó en producirse, exactamente a partir del primero de septiembre de 1939, fecha en que fue declarada formalmente.
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Campos "maduros" y nuevo intento privatizador
Antonio Gershenson
Los funcionarios relacionados cayeron en el ridículo una vez más. Inician el proceso para entregar, por lo pronto, y bajo contratos "incentivados", y por tanto, ilegales y anticonstitucionales, tres campos del sur, llamados "maduros": Magallanes, Carrizal y Santuario, de donde se extraen ¡13 mil barriles diarios de crudo en los tres! Apenas un poco más que uno de los mejores pozos perforados en los últimos años en la región sur.
Si Chicontepec era ya el ridículo, mandando un dineral para extraer uno o uno y medio por ciento de la producción nacional, ahora es peor. De los 13 mil, dicen los funcionarios, se pasará a la fabulosa cantidad de 50 mil barriles y, para el siguiente sexenio, 70 mil: un fabuloso dos por ciento de la producción nacional.
Pero aun eso es mentira. Ya lo vimos una y otra vez, por ejemplo, en Chicontepec. Se habían anunciado niveles de producción de 500 mil e incluso de 800 mil barriles diarios para el futuro. En 2007, se cumplió el objetivo de producción de crudo en 59 por ciento. En 2008, se cumplió en 39 por ciento, y en 2009, en 38 por ciento. Después de cientos de perforaciones, mucho más que los 86 pozos perforados en 10 años la región marítima suroeste, la producción en 2010 fue de 41 mil barriles diarios, uno y medio por ciento de la nacional.
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Pero aun eso es mentira. Ya lo vimos una y otra vez, por ejemplo, en Chicontepec. Se habían anunciado niveles de producción de 500 mil e incluso de 800 mil barriles diarios para el futuro. En 2007, se cumplió el objetivo de producción de crudo en 59 por ciento. En 2008, se cumplió en 39 por ciento, y en 2009, en 38 por ciento. Después de cientos de perforaciones, mucho más que los 86 pozos perforados en 10 años la región marítima suroeste, la producción en 2010 fue de 41 mil barriles diarios, uno y medio por ciento de la nacional.
La obcecación privatizadora
José Antonio Rojas Nieto
En diversas ocasiones me he tomado la libertad de afirmar que nunca, ningún gobierno había recibido tanto dinero por concepto de renta petrolera. Una vez más tengo que decirlo. Pero ahora –como se comprenderá– el ejercicio se aplica al gobierno actual. Y es que a través de los denominados derechos de extracción de hidrocarburos –ingresos gubernamentales que recogen la renta petrolera– en estos primeros cuatro años de gobierno, los excedentes petroleros captados por este concepto acumulan poco más de 200 mil millones de dólares corrientes, los que en dólares de 2010 equivalen a cerca de 220 mil millones.
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