domingo, marzo 07, 2010
COMPARECENCIA DE: Lozano Alarcon y Gomez Mont
ANTE SENADORES EXPONEN SUS LEGALOIDES COMENTARIOS ACERCA DEL PROBLEMA DE LA MINA DE CANANEA; Lozano y Gomez Mont.
A LO CUAL EL SENADOR MONREAL LOS LLAMA GOBIERNO FASCISTA, IRRESPONSABLES, A Lozano LO LLAMA "SEPULTURERO DEL DERECHO DE HUELGA" .
AUDIO:
El tiro de gracia a Echeverría
En su libro “La Violencia de Estado en México”, Carlos Montemayor da el tiro de gracia a Luis Echeverría. La bala penetró entre las cejas del exPresidente, un traidor.
Reseña el historiador que Richard Nixon y Luis Echeverría se reunieron dos veces en junio de 1972 y que el tema de sus conversaciones fue el peligro del comunismo en América Latina, representado por Fidel Castro y Salvador Allende. La investigadora Kate Doyle confirmó que para entonces Echeverría ya buscaba convertirse en el líder del Tercer Mundo y que en público defendía a Castro y más enérgicamente a Allende.
Las grabaciones de las conversaciones entre los Presidentes fueron desclasificadas y públicas, pero la muerte y relevancia excepcional de Montemayor da al suceso una actualidad que no hay manera de pasar por alto. “La Violencia de Estado en México” revive inevitablemente la tragedia latinoamericana de los setenta y los ochentas, presente Echeverría como un actor de primera línea.
Los colaboradores de Kate ocupados en dar seguimiento al asunto, escucharon 169 cintas para localizar cada conversación en la que se mencionaba a México o a Echeverría, aunque el tema central fueron las reuniones que tuvieron ambos presidentes el 15 y 16 de junio de 1972. Doyle refiere que Echeverría habló particularmente de la amenaza comunista en la región.
“Latinoamérica –consignan las grabaciones– enfrentaba un peligro inminente, le dijo Echeverría a Nixon, acosada por la pobreza y el desempleo y la propaganda de la Unión Soviética, que mostraba a la Cuba de Fidel Castro como la respuesta a los problemas del hemisferio. La solución, insistía, era el capital privado. Por ello exhortaba a Nixon a que promoviera las inversiones en México y en la región.
“Echeverría: dígale (dirigiéndose al traductor) al señor presidente, que en el discurso que voy a tener dentro de una hora en el Congreso, ratifico mis tesis del Tercer Mundo frente a las potencias...
“Nixon (interrumpiendo): la doctrina Echeverría.
“Echeverría: Sí… porque si en América Latina yo no tomo la bandera, nos la quita Castro Ruz. Estoy perfectamente consciente de eso…”
***
Escribió Montemayor acerca de la magnitud histórica de esos días:
“… queda clara su afirmación reiterada (de Echeverría) sobre Cuba como centro de agitación y como base soviética de penetración en todo el continente. Sólo México, aliado con Estados Unidos, podría frenar esa ola expansiva de agitación cubana en Latinoamérica. Echeverría podía aportar, además, su larga experiencia para frenar en México la penetración perjudicial de la isla desde el movimiento estudiantil de 1968; Nixon podía confiar y aliarse con él para detener la penetración cubana y soviética con una idea diferente de libertad y de cooperación económica entre ambos países. Así, y esto era su gran preocupación personal, podrían quitarle la ‘bandera’ a Fidel Castro.
“Richard Nixon fue muy receptivo al planteamiento de su colega mexicano y no dejó dudas de su oposición a Cuba y a Chile por considerarlos como ‘enfermedades’ sociales que podrían contagiar al continente entero.”
De acuerdo con la textualidad de las grabaciones, Nixon respondió de la siguiente manera a la propuesta de Echeverría:
“Pero quiero decirle al presidente que puede (…) contar conmigo para exhortar a la comunidad de negocios estadounidense a que invierta en Latinoamérica. Creo que es de vital importancia para Estados Unidos no permitir que la tragedia cubana infecte al resto del Caribe y, eventualmente, al resto de Latinoamérica. Y, francamente, para serle muy sincero, creo que sería muy perjudicial para todos nosotros que el expediente chileno se esparciera por el resto del continente. Sería un hemisferio muy enfermizo si ésta fuera la tendencia del futuro.”
En la línea del pensamiento de Montemayor, que a tantos enluta, me parece claro que en esos días de junio de 1972 cobró forma o tomó impulso la decisión de “limpiar” al continente de las enfermedades sociales que podrían infestarlo. Así, nacería la Operación Cóndor y el 3 de septiembre de 1973 moriría Allende entre las llamas de La Moneda.
Echeverría pertenece a esa historia.
El de Calderón, gobierno de las mentiras
El gobierno y su partido, atrapados en su doble moral
Herido como pocas veces en sus 70 años de historia, en el Talón de Aquiles de su pretendida moralidad política y confesional, el PAN asiste al desmoronamiento de su credibilidad, y aun al de su viabilidad como partido. Paradójicamente, la estocada no viene de fuera, sino de su propia entraña. Se trata de la mentira. La mentira como expresión del miedo, la mentira como arma política. Al vergonzante pacto con el PRI, puesto al desnudo desde hace varios días pero confirmado apenas la semana pasada, el PAN suma un nuevo embuste. Fernando Gómez Mont renunció a un partido del cual no era militante… Fue inscrito en el padrón panista de manera irregular y se le inventó una trayectoria en su expediente para justificar hacerlo consejero nacional.
En la letra “G” del Registro Nacional de Miembros (RNM) del Partido Acción Nacional (PAN), que es el padrón de militantes que por ley debe registrarse ante el Instituto Federal Electoral (IFE), se agrupan apellidos de las familias insignes de esa organización septuagenaria: Gómez Morín, González Luna, Gómez del Campo, Gómez Mont...
Juan Manuel Gómez Morín Torres, hijo de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, encabeza a los militantes de las familias Gómez Morín Fuentes, Gómez Morín Martínez del Río y Gómez Morín Rivera, y junto a ellas aparece el clan de los Gómez del Campo, al que pertenece Margarita Zavala Gómez del Campo, consorte del “primer panista del país”, Felipe Calderón.
Entre los Gómez del Campo y los Gómez Morín, en el riguroso orden alfabético del padrón interno, se ubica a los Gómez Mont Urueta, cuya familia cuenta con seis militantes, cinco de ellos mujeres: María, María de la Esperanza Guadalupe, María de las Mercedes, María Guadalupe y María Teresa.
Conforme al RNM del PAN a diciembre de 2007, cuando Germán Martínez sustituyó en la presidencia del PAN a Manuel Espino, el único hombre de la familia Gómez Mont Urueta registrado como militante era Felipe, que lleva el nombre de su padre, fundador de ese partido, católico devoto y prominente penalista fallecido en 1970.
Fernando Gómez Mont Urueta, quien se alejó de la vida partidista en 1996 –a partir de que sus correligionarios manifestaron su molestia por el hecho de que él fungía como asesor de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas–, nunca se reafilió al PAN y por eso no aparece en ese padrón registrado ante el IFE y vigente al menos hasta diciembre de 2007.
Sin embargo, medio año después, el 19 de agosto de 2008, Gómez Mont Urueta apareció, repentinamente, en la cúpula del PAN: Martínez lo invitó al CEN, en sustitución de Javier Corral, y ese mismo año, el 6 de diciembre, propuso su incorporación al Consejo Nacional, en relevo del difunto Juan Camilo Mouriño, a quien también remplazó en la Secretaría de Gobernación.
Repentinamente, además, el nombre de Fernando Gómez Mont Urueta apareció en el RNM del PAN como miembro activo y con fecha de alta del 9 de septiembre de 2003, es decir, con cinco años tres meses de militancia.
El inciso a) del artículo 45 de los Estatutos Generales dispone que para ser integrante del Consejo Nacional –máximo órgano de dirección del PAN– se requiere “ser miembro activo con militancia de por lo menos cinco años”, justamente la antigüedad que en diciembre de 2008 tenía Gómez Mont.
De lo que no existe constancia en el PAN, según información extraoficial, es del cumplimiento de Gómez Mont Urueta del pago de sus cuotas como militante activo ni como servidor público de la Secretaría de Gobernación, como lo obligan los Estatutos Generales.
Consultado al respecto, Manuel Espino confirma que, en efecto, cuando él presidió el PAN, hasta diciembre de 2007, el secretario de Gobernación no estaba registrado en el RNM como militante activo, tal como se puede verificar en el IFE, y asegura que para ello Martínez alteró el padrón.
“Germán Martínez, en un acto autoritario, inscribió a Gómez Mont en el padrón de miembros activos de manera irregular y le inventó una trayectoria en su expediente para justificar hacerlo consejero nacional.”
–¿Por eso calificó usted de montaje la renuncia de Gómez Mont al PAN?
–Por supuesto. ¿A qué renunció si no era militante del PAN? Eso fue una faramalla para engañar a los panistas, para engañar a los priistas y para engañar a la sociedad.
Y es que la renuncia de Gómez Mont a una militancia que le “inventó” Martínez, anunciada el 11 de febrero, cimbró a la clase política y generó toda suerte de especulaciones, tan contrastantes como su inminente renuncia a la Secretaría de Gobernación y su fortalecimiento como prospecto presidencial.
Pero, sobre todo, con la renuncia comenzaron a emerger mentiras tras mentiras en la turbia historia del pacto entre las cúpulas del PAN y del PRI para aumentar impuestos –el IVA, el ISR, los depósitos bancarios en efectivo– y los precios de los energéticos a cambio de que el primer partido se abstuviera de forjar alianzas con la izquierda.
Torneo de mentiras
El capítulo más reciente de esta nueva concertacesión –de la que Gómez Mont y los panistas han tratado de dejar a salvo a Calderón, pero que los priistas aseguran que sí lo conocía– fue el convenio que hizo público Nava, la noche del jueves 4, mediante el cual el PAN se abstendría de aliarse con los partidos de izquierda en el Estado de México en las elecciones locales de 2011, para no afectar al gobernador Enrique Peña Nieto en su proyecto presidencial.
La cláusula cuarta del convenio firmado con la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, cuyos testigos fueron Gómez Mont y el secretario de Gobierno estatal, Enrique Miranda Nava, establece que los dos partidos se abstendrán de formar coaliciones “con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios”.
Y la cláusula quinta de ese convenio, firmado el 30 de octubre de 2009, es elocuente para evitar la alianza del PAN con la izquierda: “Las partes se obligan a revisar conjuntamente la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones electorales y, en su caso, promover las reformas correspondientes, a fin de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral. Al efecto deberán considerar, entre otros, criterios de temporalidad, compatibilidad ideología (sic) y de principios y cobertura territorial mínima.”
Nava tuvo que desdecirse de sus mentiras y reconocer el pacto luego de que Peña Nieto y Paredes también lo asumieron públicamente. Tampoco pudo seguir esquivando la imputación de Gómez Mont, en el sentido de que siempre tuvo conocimiento de las negociaciones.
“Al actuar me comuniqué con el presidente del partido. El ámbito de esas comunicaciones está protegido por la reserva que está obligado el secretario de Gobernación. El licenciado César Nava tuvo conocimiento de lo realizado con mucho más detalle que el presidente de la República y en tiempos distintos que el presidente de la República”, dijo el funcionario en entrevista publicada el 16 de febrero en el diario Reforma.
Después de que diputados de Oaxaca describieron, también, que Calderón tuvo conocimiento de los arreglos a través de Gómez Mont, como publicó Proceso, y cuando Peña Nieto y Paredes aceptaron que había un documento firmado, Nava se empeñó en negarlo.
“El PAN y su dirigente no hicieron compromiso alguno previo a la formación de las alianzas. No estaríamos dispuestos a condicionar nuestra actuación a la inclusión de otros, en este caso el PRI. Nuestras decisiones han sido libres, absolutamente autónomas de cualquier ámbito, incluyendo el ámbito gubernamental”, dijo Nava a Carlos Loret de Mola.
–¿No hubo un documento firmado entre Beatriz Paredes y Nava?
–No lo hubo, no lo hay –insistió Nava.
La noche del jueves 4, dos días después de que diputados del PRI y del PRD rechazaron concederle la licencia como legislador –decisión que prometió a sus electores que no tomaría jamás–, Nava tuvo que aceptar que mintió.
“Lo hice por respeto al principio de confidencialidad que rige esta clase de relación y de acuerdos políticos”, dijo, pero aclaró que, una vez que Paredes violó ese acuerdo, inclusive entregó copia del convenio que, agregó, quedó sin efecto porque los senadores priistas no aprobaron la Ley de Ingresos enviada por Calderón.
Recordó que sólo ocho de los 33 senadores priistas permanecieron en el salón de sesiones y todos se abstuvieron de votar a favor de la Ley de Ingresos. “Ante este incumplimiento, ante este flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó sin efecto alguno”.
Y por tanto, dijo, el PAN quedó en liberad de establecer alianzas en el Estado de México y en otras entidades donde no hubo convenios firmados, como Oaxaca, cuya responsabilidad achacó a Gómez Mont, en un nuevo choque entre ambos:
“Esto acredita que si lo hubo fue solamente con la participación del secretario de Gobernación, sin el conocimiento, mucho menos el consentimiento del Partido Acción Nacional.”
Ante el escándalo por los arreglos, de los que conocedores del tema aseguran que aún existen episodios ocultos, Calderón supuestamente estuvo al margen, algo que ni panistas ni priistas le creen, como Espino.
–En ese arreglo Calderón dice que no tuvo conocimiento.
–¡Por el amor de Dios! ¡Eso quién se lo va a creer al presidente!
Otro es Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, quien se desmarcó del convenio por escrito entre Nava, Gómez Mont, Paredes- Peña Nieto: “No podría ser de otra forma: cambiar votos por pactos deshonestos nunca lo haríamos”.
Beltrones calificó de mentiroso a Nava por involucrar a los senadores, pero también por afirmar que Calderón no estaba enterado de la existencia del acuerdo que firmó el presidente del PAN y el secretario de Gobernación, “una ingenuidad que nadie en sus cinco sentidos podría atender”, dijo, y añadió: “Conclusión: lo único que se prueba es que el actual gobierno federal y su partido, además de mediocres, son mentirosos”.
De hecho, el 1 de febrero, en la instalación del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, el PRI hizo un duro reproche a Calderón por las alianzas que estaban en vías de materializarse en Durango y Oaxaca. Lo hizo a través de Rubén Moreira, hermano del gobernador de Coahuila, donde Calderón fue repudiado, el 11 de noviembre, al inaugurar un estadio en Torreón:
“El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano.”
Martínez, el “falsificador”
En este contexto de pactos que evocan las concertacesiones en el sexenio de Carlos Salinas entre las cúpulas del PRI y el PAN –de las que no se enteró el PRD, aliado de éste–, el artífice del transitorio y ficticio regreso de Gómez Mont al PAN, Germán Martínez, se incorporó a las tareas partidistas no sólo como miembro del CEN, sino para ganarse la vida.
Luego de la peor derrota en los 70 años de historia del PAN, por lo que tuvo que renunciar a la presidencia, se empleó como asesor del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y desde principios de diciembre de 2009 es el director de la revista Palabra, que fundó y dirigió Carlos Castillo Peraza.
Pese a que heredó al PAN de Nava una deuda de 400 millones de pesos, a pagar hasta el 2013, cuyos intereses anuales representan 9 millones de pesos, Martínez dispone de un salario nominal de aproximadamente 100 mil pesos mensuales, equivalente al de un secretario del CEN, y tiene a su cargo presupuesto y personal.
Sin embargo, a tres meses de que Martínez asumió el cargo de director de Palabra –justo la periodicidad de la revista–, no ha comenzado a circular la que sería su primera edición.
En cambio, la alteración del padrón de militantes del PAN para, según sostiene Espino, “inventarle” antigüedad como militante activo a Gómez Mont, tiene implicaciones estatutarias y eventualmente legales.
De hecho, en un episodio semejante en el que también Martínez intervino cuando fue representante del PAN ante el IFE en 2000, un militante del PAN fue encarcelado, durante un año, por alteración del padrón de ese partido en Quintana Roo.
Ese militante es Alejandro Arellano Sánchez, actualmente miembro de la Comisión Nacional de Elecciones, que preside José Espina, y quien fue sentenciado a purgar una pena de un año de cárcel por la alteración del padrón del PAN.
Así, de confirmarse que se alteró el RNM, cuya Comisión de Vigilancia es coordinada por Matilde Saldaña Hernández, Martínez podría ser sujeto también de las sanciones previstas en el Código Penal, pero también de las que prevén los Estatutos Generales, que en su artículo 13 se refiere a amonestación, suspensión de derechos y, en el extremo, la expulsión del partido.
La fracción VI dice: “La expulsión podrá solicitarse cuando las causas señaladas en las dos fracciones anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques de hecho o de palabra a los principios y programas del Partido, fuera de sus reuniones oficiales, por acciones o declaraciones que dañen gravemente a la institución, por la comisión de actos delictuosos, la comisión de actos que afecten públicamente la imagen del Partido, o por colaborar o afiliarse a otro partido político”.
Además, el Reglamento sobre la Aplicación de Sanciones, en el apartado “De las infracciones y actos de indisciplina”, establece, en el artículo 16, que se consideran infracción de los miembros activos del PAN la comisión de actos delictuosos, fracción IX, y la comisión de actos de pública inmoralidad o deshonestidad, fracción X.
El Código de Ética ordena, en la exposición de motivos, para el PAN la política es eminentemente ética, y ésta rige a la acción política y al político tanto en su aspecto público como en lo personal.
“Acción Nacional sostiene que la política tiene una dimensión ética, que contempla la correcta selección de los medios para realizar objetivos dignos y valiosos…”
Guerra financiera: ¿aniquilar al euro para que sobreviva el dólar?
Acción captada durante una de las protestas contra el plan de austeridad aprobado por el parlamento, el viernes pasado en Atenas.Foto Reuters De París a Berlín, altos funcionarios y la prensa han expuesto la malignidad letal de los especuladores asentados, para no decir cobijados, en Londres y Wall Street –donde destacan los operadores diabólicos del sionismo financiero global–, quienes han vapuleado al euro y tienen arrinconado a lo que la prensa británica en forma despectiva denomina PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España).
Cuando no se vislumbra todavía una salida a la crisis griega, susceptible de generar un efecto dominó en el sur mediterráneo y que ha colocado al euro contra la pared, la canciller alemana, Angela Merkel, fustigó (estérilmente, a nuestro juicio) a los especuladores y exigió "controlar el mercado de los derivados financieros que fueron usados para lucrar con el estrés económico griego" (The Times, 6/3/10).
Tras una reunión, sin resultados tangibles, con el atribulado primer ministro griego, Georgios Papandreou, Merkel declaró que discutirá la "regulación" de los tóxicos CDS (credit default swaps) con EU: "debemos tener éxito en frenar el juego de los especuladores contra los estados soberanos".
Merkel consideró, en forma coloquial, que los CDS "consisten en asegurar la casa del vecino para destruirla y ganar dinero de la operación", por lo que se había convertido en "un tema global" que requería tomar medidas con EU. ¿Para qué sirve entonces el G-20?
El asunto de los derivados financieros no es recientemente "global": lo venimos tratando desde la década de los noventa (antes de la aparición teratológica de los CDS) y, a escala europea, hasta el entonces primer ministro gaullista Jacques Chirac, en una cumbre del G-7, los había calificado de "sida financiero".
Tampoco Merkel puede deslindarse de los juegos especulativos de la banca alemana, en particular de Deutsche Bank, uno de los principales apostadores globales de los derivados.
¿Estará enterada Merkel de que en EU Obama reina mientras Goldman Sachs gobierna? ¿Con quién se coordinará entonces?
Suena increíble, para quienes no somos adictos a la "contabilidad creativa" y a las "innovaciones financieras", que un puñado de especuladores, aparentemente apátridas (su organigrama genealógico lleva en forma "sorprendente", en gran medida, al Minotauro del sionismo financiero global cómodamente asentado en Wall Street y la City), pueda destruir a países enteros, lo cual viene sucediendo desde el efecto tequila en México hasta el efecto dragón en Indonesia.
Los CDS son unos ingeniosos instrumentos especulativos del mercado de los derivados –que navegan como "seguros" sin disponer la capitalización de las aseguradoras– con los que se apuesta (literal) sobre la viabilidad (su quiebra: default) de la deuda soberana de los países.
En realidad, los CDS son unos vulgares swaps apalancados: es decir, altamente endeudados con créditos fáciles y baratos proveídos por la banca de inversiones israelí-anglosajona.
Los letales CDS se encontraron detrás de la quiebra de Lehman Brothers, el indeleble 15 de septiembre de 2008, que gestó en EU la crisis financiera global que se convirtió luego en una crisis multidimensional.
Como se trata de derivados financieros desregulados que gozan de los privilegios de la "contabilidad invisible" (off-balance-sheet) que inundan los paraísos fiscales (off-shore) –la piratería financiera anglosajona posmoderna– se calcula que su monto es equivalente al PIB global: 60 millones de millones (trillones en anglosajón) de dólares.
Su monto pudiera ser mucho mayor cuando voces conocedoras del mercado de los derivados financieros, que incluyen a los ominosos hedge funds (fondos de cobertura de riesgos) y sus prolíficas nuevas variedades "innovadoras" (como los CDS y otros engendros similares), pudieran ascender a la escalofriante cifra de un cuatrillón (en anglosajón: mil millones de millones: 10 a la decimoquinta potencia), es decir, mil billones en castizo.
El problema no son tanto los CDS sino el mercado entero de los derivados financieros que le han conferido su inconmensurable poder a la banca israelí-anglosajona que domina las plazas de Wall Street y la City y a sus gobiernos respectivos, como quedó refrendado en el reciente rescate bancario.
Ha quedado asentado el papel pernicioso que jugó Goldman Sachs, el verdadero poder tras el trono en EU, para "asesorar" al gobierno griego en sus trampas contables (mediante ingeniosos swaps de derivados, al estilo de Banxico para abultar sus inexistentes reservas de divisas) con el fin de ingresar a la eurozona.
Un artículo de Susan Pulliam, Kate Nelly y Carric Mollenkamp en la edición europea del The Wall Street Journal, “Los hedge funds se coaligan para debilitar al euro” (26/2/10), detalla la exclusiva (sic) "cena de ideas (¡supersic!)" en Manhattan a principios de febrero donde los pesos pesados de los hedge funds acordaron golpear al euro y llevarlo hasta la paridad de "uno a uno" con el dólar.
Entre los magnos especuladores, para no decir hienas globales, se encontraron Soros Fund Management LLC (propiedad del conocido depredador global George Soros, un instrumento de los banqueros esclavistas Rothschild, que navega con máscara de "filántropo") y SAC Capital Avisors LP (propiedad del controvertido Steven A. Cohen: su ex esposa Patricia no lo baja de hampón), el polémico jugador profesional de póker (no es broma) David Einhorn, presidente de Greenlight Capital Inc, y Donald Morgan, mandamás de Brigade Capital Management LLC.
Karl West, del The Daily Mail (27/2/10), acusa a Soros de encontrarse detrás del “complot (¡extrasupersic!) de los hedge funds para lucrar con la caída del euro”.
Hans Hufschmid, anterior ejecutivo de Salomon Brothers (adquirido por el insolvente Citigroup donde laborará Zedillo en gratificación a sus felonías con el Fobaproa/IPAB), hoy a cargo de GlobeOp Financial Services SA que administra hedge funds en Londres y Nueva York, declaró que "es una oportunidad de hacer mucho dinero".
Entre quienes han apostado CDS contra Grecia se encuentran Goldman Sachs (¡extrasupersic!), JP Morgan Chase & Co, Bank of America/Merrill Lynch, Barclays PLC y Paulson & Co Inc: es decir, la crema y nata del poder financiero de EU y Gran Bretaña.
Goldman Sachs usó hasta el cansancio a los griegos y hoy los desecha al basurero financiero global: una tragedia que nunca imaginaron sus geniales dramaturgos Eurípides, Sófocles y Esquilo juntos.
El peor error de juicio consiste en creer que tales entidades financieras israelí-anglosajonas frescamente rescatadas por los gobiernos de EU y Gran Bretaña se mueven en forma autónoma y descoordinada, y sin la tácita anuencia de sus pusilánimes gobernantes, a quienes sus banqueros controlan en última instancia.
En medio de la sequía crediticia global y de la quiebra inocultable del modelo anglosajón, ¿asistimos a una guerra financiera que no se atreve a decir su nombre entre el dólar y el euro en la lucha sin cuartel para atraer los capitales flotantes?
Sus implicaciones geopolíticas son ya colosales y tienen en la mira balcanizar y vulcanizar la eurozona y la Unión Europea.
AL MEJOR POSTOR !
Rubén Luengas en Contexto, ya tiene tiempo, pero es bueno tenerlo presente:
http://www.youtube.com/watch?v=IaOiELCvBXQ
http://www.youtube.com/watch?v=IaOiELCvBXQ
Derechos humanos en Honduras: la regresión
La injerencia de la CIA en la vida política y social de Honduras podría realizarse a través de personeros que hoy, con el nuevo gobierno de ese país, ocupan cargos públicos. Óscar Álvarez sería uno de esos casos. De larga y cuestionada trayectoria en materia de “combate a la delincuencia”, podría ser uno de los artífices del miedo y el terror con que se busca sofocar la resistencia y el movimiento social en esa nación.
Tegucigalpa, Honduras. Después de tres décadas, organismos de derechos humanos en El Salvador y Honduras todavía reclaman algunos cuerpos no encontrados de los centenares de desaparecidos durante la década de 1980.
En el resto de Latinoamérica, esta cruda realidad también es compartida, puesto que las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) contra personas que luchaban por la liberación de su patria fueron acallados con golpes de Estado para instaurar dictaduras que legalizaban cualquier acto de irrespeto a la humanidad.
La puesta en marcha de encarcelamientos ilegales, torturas y toda clase de vejaciones contra los derechos humanos fueron el itinerario que cumplió la CIA y sus colaboradores secretos.
Para ello utilizó a militares, policías, periodistas, sindicalistas infiltrados y una gama de personajes, cuya identidad nacional fue absorbida por los millones de dólares empleados para financiar la desaparición forzada de personas afines a ideas socialistas.
Mediante una campaña de prensa y propaganda crearon una caracterización maléfica de los militantes de la izquierda y ello significó un punto clave para que la población rechazara las ideas de una patria con mayores oportunidades de vida, fuera del alcance hegemónico estadunidense.
Específicamente en Honduras, el extinto militar Gustavo Álvarez Martínez ejecutó lineamientos de la CIA y sometió a una terrible persecución política a jóvenes, religiosos y todo hondureño opuesto a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.
Luego, los mismos que le otorgaron ese poder, se encargaron de que no viviera más.
Nueva telaraña
Pero el legado de Álvarez Martínez caló en la mente de su sobrino Óscar Álvarez, quien se encargó de seguir hilvanando la telaraña de su tío.
Óscar Álvarez estudió ciencias políticas en Estados Unidos y ha recibido cursos de seguridad en varias escuelas militares de esa nación del norte.
Entre los sitios de estudio en donde Óscar Álvarez se preparó, está la Army Ranger Association, las Fuerzas Especiales y el cuerpo de cadetes de la Texas A & M University, por mencionar algunas.
Todas esas entidades se caracterizan por sus vínculos directos con la CIA y otras centrales de inteligencia, como el Buró Federal de Investigaciones, consideradas por Estados Unidos importantes para su seguridad nacional.
Los nexos de Óscar Álvarez con organismos estadunidenses le hicieron pulir en los últimos años su experiencia contra la delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo, pandillas y contrabando humano, según pesquisas efectuadas por la radio emisora Progreso, situada al norte de Honduras.
Las investigaciones de ese medio centroamericano revelan que Óscar Álvarez, previo a participar en el proceso electoral espurio de 2009 como aspirante a diputado, fungía como vicecónsul de Honduras en Dallas, Texas, lugar donde residía con su esposa e hijos.
Manual de la CIA
Típicas acciones están descritas en el manual utilizado por la inteligencia estadunidense para manipular a los órganos de seguridad de los Estados latinoamericanos.
De esa manera han desarticulado insurrecciones pacíficas o armadas y han creado un ambiente de inseguridad, como el prevaleciente en Honduras desde 2002 hasta finales de 2006.
Según los intereses de la burguesía predominante en el gobierno de turno, para tener el control mental de los ciudadanos, dedican importancia al trabajo mediático que efectúa la prensa.
Según informes presentados por organismos internacionales publicados en un portal de Radio Progreso, al que titula la “Violencia al servicio de su imagen”, algunos periodistas fueron buenos amigos de Óscar Álvarez cuando ejerció como secretario de Seguridad (2002-2006).
En dicha gestión, Álvarez gastó más de 200 mil dólares para comunicadores que subastaron su profesión para contribuir con la metodología que la CIA demandaba cumplir.
Según Radio Progreso, Óscar Álvarez arregló la forma en que la Secretaría de Seguridad registró la muerte de 69 internos en la granja penal del municipio del Porvenir, situado en la norteña ciudad hondureña de la Ceiba.
En el centro penal de San Pedro Sula fueron asesinados misteriosamente otros 107 reos, y en el municipio de Chamelecón, un autobús de la ruta urbana que transportaba 28 personas fue acribillado por desconocidos.
Aún no se sabe quiénes fueron los culpables de aquellos hechos ocurridos en medio de la campaña electoral de noviembre de 2005, donde el entonces candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, proponía aprobar la pena de muerte para detener la violencia.
En la actualidad y nuevamente a la cabeza de la Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez pone en práctica todo lo aprendido en las escuelas estadunidenses.
Tácticas militares
Ejemplo de que Óscar Álvarez fue un brillante alumno lo demostró en su primer día como ministro de seguridad en el mandato espurio de Porfirio Lobo.
Álvarez empezó con una operación en la colonia El Pedregal, donde los habitantes han permanecido en una fuerte resistencia desde la asonada castrense del 28 de junio de 2009 que derrocó al gobierno constitucional.
Leer articulo completo AQUI.
Tegucigalpa, Honduras. Después de tres décadas, organismos de derechos humanos en El Salvador y Honduras todavía reclaman algunos cuerpos no encontrados de los centenares de desaparecidos durante la década de 1980.
En el resto de Latinoamérica, esta cruda realidad también es compartida, puesto que las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) contra personas que luchaban por la liberación de su patria fueron acallados con golpes de Estado para instaurar dictaduras que legalizaban cualquier acto de irrespeto a la humanidad.
La puesta en marcha de encarcelamientos ilegales, torturas y toda clase de vejaciones contra los derechos humanos fueron el itinerario que cumplió la CIA y sus colaboradores secretos.
Para ello utilizó a militares, policías, periodistas, sindicalistas infiltrados y una gama de personajes, cuya identidad nacional fue absorbida por los millones de dólares empleados para financiar la desaparición forzada de personas afines a ideas socialistas.
Mediante una campaña de prensa y propaganda crearon una caracterización maléfica de los militantes de la izquierda y ello significó un punto clave para que la población rechazara las ideas de una patria con mayores oportunidades de vida, fuera del alcance hegemónico estadunidense.
Específicamente en Honduras, el extinto militar Gustavo Álvarez Martínez ejecutó lineamientos de la CIA y sometió a una terrible persecución política a jóvenes, religiosos y todo hondureño opuesto a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.
Luego, los mismos que le otorgaron ese poder, se encargaron de que no viviera más.
Nueva telaraña
Pero el legado de Álvarez Martínez caló en la mente de su sobrino Óscar Álvarez, quien se encargó de seguir hilvanando la telaraña de su tío.
Óscar Álvarez estudió ciencias políticas en Estados Unidos y ha recibido cursos de seguridad en varias escuelas militares de esa nación del norte.
Entre los sitios de estudio en donde Óscar Álvarez se preparó, está la Army Ranger Association, las Fuerzas Especiales y el cuerpo de cadetes de la Texas A & M University, por mencionar algunas.
Todas esas entidades se caracterizan por sus vínculos directos con la CIA y otras centrales de inteligencia, como el Buró Federal de Investigaciones, consideradas por Estados Unidos importantes para su seguridad nacional.
Los nexos de Óscar Álvarez con organismos estadunidenses le hicieron pulir en los últimos años su experiencia contra la delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo, pandillas y contrabando humano, según pesquisas efectuadas por la radio emisora Progreso, situada al norte de Honduras.
Las investigaciones de ese medio centroamericano revelan que Óscar Álvarez, previo a participar en el proceso electoral espurio de 2009 como aspirante a diputado, fungía como vicecónsul de Honduras en Dallas, Texas, lugar donde residía con su esposa e hijos.
Manual de la CIA
Típicas acciones están descritas en el manual utilizado por la inteligencia estadunidense para manipular a los órganos de seguridad de los Estados latinoamericanos.
De esa manera han desarticulado insurrecciones pacíficas o armadas y han creado un ambiente de inseguridad, como el prevaleciente en Honduras desde 2002 hasta finales de 2006.
Según los intereses de la burguesía predominante en el gobierno de turno, para tener el control mental de los ciudadanos, dedican importancia al trabajo mediático que efectúa la prensa.
Según informes presentados por organismos internacionales publicados en un portal de Radio Progreso, al que titula la “Violencia al servicio de su imagen”, algunos periodistas fueron buenos amigos de Óscar Álvarez cuando ejerció como secretario de Seguridad (2002-2006).
En dicha gestión, Álvarez gastó más de 200 mil dólares para comunicadores que subastaron su profesión para contribuir con la metodología que la CIA demandaba cumplir.
Según Radio Progreso, Óscar Álvarez arregló la forma en que la Secretaría de Seguridad registró la muerte de 69 internos en la granja penal del municipio del Porvenir, situado en la norteña ciudad hondureña de la Ceiba.
En el centro penal de San Pedro Sula fueron asesinados misteriosamente otros 107 reos, y en el municipio de Chamelecón, un autobús de la ruta urbana que transportaba 28 personas fue acribillado por desconocidos.
Aún no se sabe quiénes fueron los culpables de aquellos hechos ocurridos en medio de la campaña electoral de noviembre de 2005, donde el entonces candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, proponía aprobar la pena de muerte para detener la violencia.
En la actualidad y nuevamente a la cabeza de la Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez pone en práctica todo lo aprendido en las escuelas estadunidenses.
Tácticas militares
Ejemplo de que Óscar Álvarez fue un brillante alumno lo demostró en su primer día como ministro de seguridad en el mandato espurio de Porfirio Lobo.
Álvarez empezó con una operación en la colonia El Pedregal, donde los habitantes han permanecido en una fuerte resistencia desde la asonada castrense del 28 de junio de 2009 que derrocó al gobierno constitucional.
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Plan de Calderón 2030.....si dejamos que llegue el cabrón
Energía y comunicaciones para Transnacionales
Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
Con su plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, Calderón cederá a corporativos mexicanos y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías y el mundo de las ideas y el acceso a la información. La concesión de las áreas estratégicas –salud, educación, telecomunicaciones, carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural– se hace de manera paulatina por medio de “asociaciones público-privadas”. A tres años de iniciado el proyecto, el gobierno federal consolida los monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el aparato punitivo contra la protesta social.
Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, advierte que las asociaciones de “capital público-privado” no son más que una forma de referirse a “la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación”.
Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.
Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.
El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.
—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso, el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.
Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.
Más despojo y represión
Además de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo “las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos”, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.
Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.
En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
“Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad”.
El investigador indica que “esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco”.
Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a “robustecer el aparato punitivo”. Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.
Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: “Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado”.
Apertura total en la energía
En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”.
En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de las “distorsiones” del mercado.
Ciencia y tecnología en manos privadas
En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría “desmantelar” los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.
Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 “México invierte el 4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público”, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.
Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán “lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad-empresa”.
Leer articulo completo AQUI.
Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, advierte que las asociaciones de “capital público-privado” no son más que una forma de referirse a “la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación”.
Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.
Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.
El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.
—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso, el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.
Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.
Más despojo y represión
Además de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo “las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos”, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.
Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.
En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
“Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad”.
El investigador indica que “esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco”.
Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a “robustecer el aparato punitivo”. Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.
Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: “Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado”.
Apertura total en la energía
En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”.
En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de las “distorsiones” del mercado.
Ciencia y tecnología en manos privadas
En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría “desmantelar” los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.
Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 “México invierte el 4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público”, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.
Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán “lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad-empresa”.
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Sedesol: publicidad millonaria en programas ineficientes
Durante 2008 y 2009, la Secretaría de Desarrollo Social gastó más de 22 millones de pesos en publicidad en medios de comunicación. En la información que reporta la dependencia, hay inconsistencias respecto de los recursos gastados. Tres de los programas sociales que gozaron de difusión fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación por ineficiencias en su desempeño.
En los dos últimos años, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha gastado 22 millones 470 mil 200 pesos en publicitar sus programas. Casi la mitad de esos recursos se usaron en la difusión en medios electrónicos, impresos y digitales del Programa 70 y Más, el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, mismos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala como deficientes en su desempeño, en el más reciente informe de la Cuenta Pública.
De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el Programa 70 y Más, que otorga apoyos económicos a personas mayores de 70 años en condiciones de pobreza, no contó con mecanismos adecuados para identificar a su población objetivo y canalizarle recursos adecuadamente; mientras que en el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras también se detectó una carencia de regulación en la operación.
Las facturas correspondientes a la contratación de publicidad en 2008 y 2009, de las que Contralínea tiene copia, revelan que, en total, la Sedesol pagó 97 inserciones publicitarias en diarios y 23 en revistas, así como cinco espectaculares y afiches. Aunque la secretaría no entregó facturas que constataran la difusión de estos programas en medios electrónicos, sí pagó 702 mil 908 pesos a la empresa Radio y Televisión de Aguascalientes y 6 mil 400 pesos a Lomas Postproducción, SC, por la producción de spots para televisión y radio del Programa 70 y Más.
También se destinaron 426 mil pesos al pago de dos estudios de medición de las campañas publicitarias, que fueron encargados en diciembre de 2008 y mayo de 2009 a la empresa Varela Maldonado y Asociados, SA de CV, misma que en 2007 fue contratada por la Presidencia de la República para servicios de asesoría en análisis político. La firma que dirige Carlo Varela Maldonado fue señalada por haber colaborado “estrechamente” en la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, como consta en la nota “Vinculan a la Fepade con la defensa jurídica del panista Felipe Calderón”, del reportero Jaime Avilés, publicada el 1 de agosto de 2006 en el periódico La Jornada.
Informe de gobierno, oportunidad para promocionarse
Las facturas, entregadas a través de una solicitud de información pública, muestran que en los días posteriores al Segundo informe de gobierno de Calderón Hinojosa, la Sedesol pagó 2 millones 187 mil 162 pesos por inserciones en periódicos para difundir los “logros de la política social”, como se describe en dichos documentos.
El consorcio Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que agrupa a 89 medios locales, ganó 321 mil 485 pesos por 15 inserciones en las páginas de los diarios Tabasco Hoy, El Diario de Colima, El Diario (ediciones Chihuahua y Juárez), El Debate de Culiacán, El Diario de Morelos; así como el potosino Pulso, Novedades de Campeche, El Bravo de Tamaulipas y El Dictamen de Veracruz.
La ASF apunta que la Sedesol tampoco cumplió con las disposiciones normativas respecto del manejo, control y registro de los recursos del Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, al no haber efectuado un diagnóstico inicial sobre su conveniencia, viabilidad y eficiencia, “lo que limitó el ejercicio de los recursos y propició una reducción de 35 por ciento en el presupuesto autorizado” para dicho programa.
Pese a los problemas que derivaron de su incorrecta ejecución, el proyecto fue promocionado por la Sedesol a través de televisión, radio e internet. Además del gasto de 721 mil 891 pesos que supuso la transmisión de spots por parte de las empresas High Television México, SA de RL de CV; Radiodifusoras Asociadas, SA de CV, y Sociedad Mexicana de Radio, SA de CV, también se erogaron 790 mil 205 pesos en la producción de dichos anuncios.
A las firmas Imagen Soluciones Integrales, SA de CV, y Promotora de Servicios Informáticos y Administrativos, SA de CV, se les pagaron 234 mil 500 pesos por la colocación de banners publicitarios en internet. Los diarios de los grupos Ediciones del Norte, SA de CV, y El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, recibieron alrededor de un cuarto de millón de pesos, cada uno, por la inserción de banners en sus portales electrónicos.
Bombardeo en medios electrónicos
La Ley Federal de Radio y Televisión dispone en su artículo 59 que los organismos del Estado mexicano que así lo soliciten pueden disponer del tiempo de Estado, equivalente a 30 minutos diarios en todas las estaciones de radio y televisión abierta en el país. No obstante, la Sedesol recurrió a la contratación de espacios para la transmisión de spots promocionales en distintas televisoras y radiodifusoras.
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En los dos últimos años, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha gastado 22 millones 470 mil 200 pesos en publicitar sus programas. Casi la mitad de esos recursos se usaron en la difusión en medios electrónicos, impresos y digitales del Programa 70 y Más, el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, mismos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala como deficientes en su desempeño, en el más reciente informe de la Cuenta Pública.
De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el Programa 70 y Más, que otorga apoyos económicos a personas mayores de 70 años en condiciones de pobreza, no contó con mecanismos adecuados para identificar a su población objetivo y canalizarle recursos adecuadamente; mientras que en el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras también se detectó una carencia de regulación en la operación.
Las facturas correspondientes a la contratación de publicidad en 2008 y 2009, de las que Contralínea tiene copia, revelan que, en total, la Sedesol pagó 97 inserciones publicitarias en diarios y 23 en revistas, así como cinco espectaculares y afiches. Aunque la secretaría no entregó facturas que constataran la difusión de estos programas en medios electrónicos, sí pagó 702 mil 908 pesos a la empresa Radio y Televisión de Aguascalientes y 6 mil 400 pesos a Lomas Postproducción, SC, por la producción de spots para televisión y radio del Programa 70 y Más.
También se destinaron 426 mil pesos al pago de dos estudios de medición de las campañas publicitarias, que fueron encargados en diciembre de 2008 y mayo de 2009 a la empresa Varela Maldonado y Asociados, SA de CV, misma que en 2007 fue contratada por la Presidencia de la República para servicios de asesoría en análisis político. La firma que dirige Carlo Varela Maldonado fue señalada por haber colaborado “estrechamente” en la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, como consta en la nota “Vinculan a la Fepade con la defensa jurídica del panista Felipe Calderón”, del reportero Jaime Avilés, publicada el 1 de agosto de 2006 en el periódico La Jornada.
Informe de gobierno, oportunidad para promocionarse
Las facturas, entregadas a través de una solicitud de información pública, muestran que en los días posteriores al Segundo informe de gobierno de Calderón Hinojosa, la Sedesol pagó 2 millones 187 mil 162 pesos por inserciones en periódicos para difundir los “logros de la política social”, como se describe en dichos documentos.
El consorcio Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que agrupa a 89 medios locales, ganó 321 mil 485 pesos por 15 inserciones en las páginas de los diarios Tabasco Hoy, El Diario de Colima, El Diario (ediciones Chihuahua y Juárez), El Debate de Culiacán, El Diario de Morelos; así como el potosino Pulso, Novedades de Campeche, El Bravo de Tamaulipas y El Dictamen de Veracruz.
Promocionar la ineficiencia
Pese a los problemas que derivaron de su incorrecta ejecución, el proyecto fue promocionado por la Sedesol a través de televisión, radio e internet. Además del gasto de 721 mil 891 pesos que supuso la transmisión de spots por parte de las empresas High Television México, SA de RL de CV; Radiodifusoras Asociadas, SA de CV, y Sociedad Mexicana de Radio, SA de CV, también se erogaron 790 mil 205 pesos en la producción de dichos anuncios.
A las firmas Imagen Soluciones Integrales, SA de CV, y Promotora de Servicios Informáticos y Administrativos, SA de CV, se les pagaron 234 mil 500 pesos por la colocación de banners publicitarios en internet. Los diarios de los grupos Ediciones del Norte, SA de CV, y El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, recibieron alrededor de un cuarto de millón de pesos, cada uno, por la inserción de banners en sus portales electrónicos.
Bombardeo en medios electrónicos
La Ley Federal de Radio y Televisión dispone en su artículo 59 que los organismos del Estado mexicano que así lo soliciten pueden disponer del tiempo de Estado, equivalente a 30 minutos diarios en todas las estaciones de radio y televisión abierta en el país. No obstante, la Sedesol recurrió a la contratación de espacios para la transmisión de spots promocionales en distintas televisoras y radiodifusoras.
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La policía en el IPN, onerosa y “represiva”
Gasta más el Instituto Politécnico Nacional en policías que en proyectos de investigación y modernización tecnológica. En un periodo de ocho años, las erogaciones en servicios de “seguridad y vigilancia”, contratados con la Policía Auxiliar del Distrito Federal, crecieron en 80 por ciento. Durante 2009, el monto superó los 100 millones de pesos. “Combatir la delincuencia”, entre los objetivos señalados por las autoridades; reprimir a los disidentes y subrogar los servicios que originalmente hacían los trabajadores de base son las razones reales, consideran estudiantes, trabajadores y académicos.
El presupuesto que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) destina a los servicios de seguridad y vigilancia, prestados por el 53 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se incrementó más de 80 por ciento en un periodo de ocho años. Los 100 millones 198 mil 998 pesos del contrato de 2009 rebasan, por separado, los gastos institucionales de proyectos de investigación (45 millones de pesos) y modernización tecnológica (79 millones 286 mil pesos).
En 2001, según información publicada en la Gaceta Politécnica el 15 de febrero de ese año, se destinaron 1 millón 500 pesos mensuales a la contratación de 300 elementos de la Policía Auxiliar. Para 2009, el monto del contrato anual (IPN-PS-AD-002-2009) alcanzó los 100 millones 198 mil 998 pesos, como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal.
A dicha cantidad se suman los 774 mil 19 pesos que el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN pagó por el servicio de vigilancia en los inmuebles de su propiedad: oficinas administrativas y almacén general; contratación realizada con la Policía Auxiliar desde 1997.
El contenido de estos contratos es de carácter “reservado” por un periodo de dos años a partir del 4 de agosto de 2008. Darlo a conocer “atenta contra la seguridad institucional y pone en riesgo a la comunidad politécnica y su patrimonio”, argumenta la Secretaría General del IPN en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 1117100062809, presentada por Contralínea ante la Unidad de Enlace de la institución educativa.
Sin embargo, un anexo del contrato de 2004 (del que este medio posee copia), permite observar algunos detalles del gasto en este servicio, además del incremento en el número de elementos policiacos. Durante el primer trimestre del año, se gastaron 14 millones 403 mil 834 pesos en los 541 elementos contratados –241 más que en 2001.
El sueldo mensual del jefe de servicio osciló entre los 18 mil 540 y los 19 mil 819 pesos. “Más de lo que gana un profesor de tiempo completo”, apunta Samuel Sotelo, trabajador administrativo e integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Asimismo, de enero a agosto de 2004, se invirtieron casi 500 mil pesos en autopatrullas: el gasto mensual promedio por cada una fue de 15 mil 355 pesos. Se trata de vehículos con los colores del instituto y el logo “Auxilio IPN” que, tripulados por policías, recorren las instalaciones politécnicas a pesar de que la versión pública del contrato IPN-PS-AD-055-2001 expresa: “Quedando terminantemente prohibido que los elementos manejen vehículos de ‘El IPN’, excepto por autorización de ‘La PA’ a solicitud y responsabilidad expresa de aquél” (sic).
Criminalización de la protesta
Represión, intimidación y espionaje: los verdaderos objetivos de la presencia de la Policía Auxiliar del Distrito en el IPN, coinciden en señalar integrantes de la comunidad politécnica.
“Hay una criminalización de la protesta. Se usa a la policía para intimidarnos, pero también para colocarnos en una posición de violentos, agresivos, revoltosos”, afirma la profesora Rosario Trejo.
En septiembre de 2009, Trejo fue agredida por dos elementos de la Policía Auxiliar mientras pretendía realizar un trámite en la Secretaría Administrativa del IPN, como consta en una denuncia presentada en la delegación Gustavo A Madero.
“El combate al porrismo fue el pretexto” que, en 2001, las autoridades del Politécnico utilizaron para meter a la policía a las escuelas, asegura Marco Hernández, egresado de la carrera de ingeniería en comunicación y electrónica del IPN.
Nueve años después, los porros siguen ahí. Yoloxóchitl Bustamante Díez, actual directora general del IPN, reconoce en entrevista con La Jornada (publicada el 13 de enero pasado) que, aunque por el momento el porrismo “es un fenómeno que se mantiene tranquilo”, el riesgo de penetraciones es latente, “pues ante un escenario de crisis”, éste puede agudizarse.
Cuando el presidente Vicente Fox nombra a Correa Jasso como director general del IPN, le encarga cambiar la Ley Orgánica y dotar de autonomía a la institución, explica Víctor Moreno, profesor de la Escuela Superior de Cómputo e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. “En realidad lo que pretendía era el desmantelamiento, la destrucción del Politécnico”.
“La institución educativa de nivel superior cuya existencia es absolutamente incompatible con el neoliberalismo es el Politécnico”, agrega. Fue creado y orientado para dotar al país de profesionales altamente capacitados para trabajar en la industria estratégica. “En el momento en que se está vendiendo esta industria, en ese momento deja de tener razón de ser, razón de existir, el Politécnico”.
Con estas pretensiones, el nuevo gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional “necesita otro cuerpo que reprima, que controle, que contenga la protesta; entonces mete la policía”. Esto no significa que los grupos porriles (de tradición priisita) desaparezcan; simplemente se les reduce el presupuesto, comenta Marco Hernández.
Trejo, también integrante de la USD, no puede contener la carcajada cuando se le pregunta qué hacen los policías cuando se encuentran con los porros: “No solamente la policía no combate a los porros, sino que se coordinan cuando se trata de intimidar o reprimir; obviamente coordinados, a su vez, por las autoridades del Instituto”. Aparecen, por ejemplo, cuando hay una situación “que no le gusta a la autoridad o que implica que nosotros hagamos una acción de protesta”.
“Normalmente los policías no están armados”. Sin embargo, en algunas movilizaciones, “ingresan policías armados; las exhiben en una actitud intimidatoria cuando llegamos más de 10”, afirma Samuel Sotelo.
“No están armados; de hecho dentro de las instalaciones no está permitido”, contradice tajante Sandra Marín, quien fuera jefa de la División de Prevención de la Secretaría General. “Entran con tolete, con su uniforme normal, sus chalecos; algo que les permita estar seguros, porque cuando hay una situación en la calle, no dejan de ser policías”.
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El presupuesto que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) destina a los servicios de seguridad y vigilancia, prestados por el 53 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se incrementó más de 80 por ciento en un periodo de ocho años. Los 100 millones 198 mil 998 pesos del contrato de 2009 rebasan, por separado, los gastos institucionales de proyectos de investigación (45 millones de pesos) y modernización tecnológica (79 millones 286 mil pesos).
En 2001, según información publicada en la Gaceta Politécnica el 15 de febrero de ese año, se destinaron 1 millón 500 pesos mensuales a la contratación de 300 elementos de la Policía Auxiliar. Para 2009, el monto del contrato anual (IPN-PS-AD-002-2009) alcanzó los 100 millones 198 mil 998 pesos, como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal.
A dicha cantidad se suman los 774 mil 19 pesos que el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN pagó por el servicio de vigilancia en los inmuebles de su propiedad: oficinas administrativas y almacén general; contratación realizada con la Policía Auxiliar desde 1997.
El contenido de estos contratos es de carácter “reservado” por un periodo de dos años a partir del 4 de agosto de 2008. Darlo a conocer “atenta contra la seguridad institucional y pone en riesgo a la comunidad politécnica y su patrimonio”, argumenta la Secretaría General del IPN en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 1117100062809, presentada por Contralínea ante la Unidad de Enlace de la institución educativa.Sin embargo, un anexo del contrato de 2004 (del que este medio posee copia), permite observar algunos detalles del gasto en este servicio, además del incremento en el número de elementos policiacos. Durante el primer trimestre del año, se gastaron 14 millones 403 mil 834 pesos en los 541 elementos contratados –241 más que en 2001.
El sueldo mensual del jefe de servicio osciló entre los 18 mil 540 y los 19 mil 819 pesos. “Más de lo que gana un profesor de tiempo completo”, apunta Samuel Sotelo, trabajador administrativo e integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Asimismo, de enero a agosto de 2004, se invirtieron casi 500 mil pesos en autopatrullas: el gasto mensual promedio por cada una fue de 15 mil 355 pesos. Se trata de vehículos con los colores del instituto y el logo “Auxilio IPN” que, tripulados por policías, recorren las instalaciones politécnicas a pesar de que la versión pública del contrato IPN-PS-AD-055-2001 expresa: “Quedando terminantemente prohibido que los elementos manejen vehículos de ‘El IPN’, excepto por autorización de ‘La PA’ a solicitud y responsabilidad expresa de aquél” (sic).
Criminalización de la protesta
Represión, intimidación y espionaje: los verdaderos objetivos de la presencia de la Policía Auxiliar del Distrito en el IPN, coinciden en señalar integrantes de la comunidad politécnica.
“Hay una criminalización de la protesta. Se usa a la policía para intimidarnos, pero también para colocarnos en una posición de violentos, agresivos, revoltosos”, afirma la profesora Rosario Trejo.
En septiembre de 2009, Trejo fue agredida por dos elementos de la Policía Auxiliar mientras pretendía realizar un trámite en la Secretaría Administrativa del IPN, como consta en una denuncia presentada en la delegación Gustavo A Madero.
“El combate al porrismo fue el pretexto” que, en 2001, las autoridades del Politécnico utilizaron para meter a la policía a las escuelas, asegura Marco Hernández, egresado de la carrera de ingeniería en comunicación y electrónica del IPN.
Nueve años después, los porros siguen ahí. Yoloxóchitl Bustamante Díez, actual directora general del IPN, reconoce en entrevista con La Jornada (publicada el 13 de enero pasado) que, aunque por el momento el porrismo “es un fenómeno que se mantiene tranquilo”, el riesgo de penetraciones es latente, “pues ante un escenario de crisis”, éste puede agudizarse.
Cuando el presidente Vicente Fox nombra a Correa Jasso como director general del IPN, le encarga cambiar la Ley Orgánica y dotar de autonomía a la institución, explica Víctor Moreno, profesor de la Escuela Superior de Cómputo e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. “En realidad lo que pretendía era el desmantelamiento, la destrucción del Politécnico”.
“La institución educativa de nivel superior cuya existencia es absolutamente incompatible con el neoliberalismo es el Politécnico”, agrega. Fue creado y orientado para dotar al país de profesionales altamente capacitados para trabajar en la industria estratégica. “En el momento en que se está vendiendo esta industria, en ese momento deja de tener razón de ser, razón de existir, el Politécnico”.
Con estas pretensiones, el nuevo gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional “necesita otro cuerpo que reprima, que controle, que contenga la protesta; entonces mete la policía”. Esto no significa que los grupos porriles (de tradición priisita) desaparezcan; simplemente se les reduce el presupuesto, comenta Marco Hernández.
Trejo, también integrante de la USD, no puede contener la carcajada cuando se le pregunta qué hacen los policías cuando se encuentran con los porros: “No solamente la policía no combate a los porros, sino que se coordinan cuando se trata de intimidar o reprimir; obviamente coordinados, a su vez, por las autoridades del Instituto”. Aparecen, por ejemplo, cuando hay una situación “que no le gusta a la autoridad o que implica que nosotros hagamos una acción de protesta”.
“Normalmente los policías no están armados”. Sin embargo, en algunas movilizaciones, “ingresan policías armados; las exhiben en una actitud intimidatoria cuando llegamos más de 10”, afirma Samuel Sotelo.
“No están armados; de hecho dentro de las instalaciones no está permitido”, contradice tajante Sandra Marín, quien fuera jefa de la División de Prevención de la Secretaría General. “Entran con tolete, con su uniforme normal, sus chalecos; algo que les permita estar seguros, porque cuando hay una situación en la calle, no dejan de ser policías”.
Leer articulo completo AQUI.
Mesde Venezuela en Coyoacán
Esta es una invitación de la sección de asuntos culturales de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México para asistir a las actividades del mes de Venezuela, en el marco del Bicentenario de México y América Latina en Coyoacán.
En el ciclo de cine, se transmitirán documentales como "La Revolución no será transmitida" y "El Caracazo". Les ponemos aquí los carteles para su difusión.
En el ciclo de cine, se transmitirán documentales como "La Revolución no será transmitida" y "El Caracazo". Les ponemos aquí los carteles para su difusión.
SME Magna Asamblea de Jubilados 03-03-2010
El 3 de marzo se realizó al medio día una gran asamblea de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, el presidente de debates leyó y les recordó lo que dice el Acta Constitutiva del SME, es el acta de nacimiento de nuestro Sindicato, agregó. Después dio un informe el representante de jubilados en el D.F. Carlos Magariño, invitó a los compañeros a trabajar conjuntamente con todas las divisiones, ya que tienen la responsabilidad de retribuirle todo lo que les ha dado el SME.
Tenemos que estar preparados para este 16 de marzo día en que estallará la huelga que es para rescatar nuestra empresa, también es en apoyo a los mineros y en que todos tengan salarios mejores; hizo énfasis en que activos y jubilados deben de luchar por lo que les corresponde desde hace 95 años, como jubilados no estamos a salvo de que este gobierno fascistoide nos de un trancazo, recalcó que en esta asamblea Caben Los 22 mil jubilados, salvo los traidores. Leyó un resolutivo de cuatro puntos en los que se menciona luchar hasta las últimas consecuencias, la aportación económica para los activos en pie de lucha, pagar su cuota sindical y unirse a los compañeros activos en la huelga nacional.
Siguió Vicente Gutiérrez, Pro-Secretario de jubilados habló sobre los pendientes que tiene el SAE con los trabajadores que estaban tramitando su jubilación, que no van a permitir que el servicio de administración y enajenación de bienes le falte al respeto a sus prestaciones que tienen como jubilados. Los únicos que tiene que presentar la supervivencia ante dicha dependencia son los jubilados que previo al decreto cobraban por medio de tarjeta de débito. Al SAE se le han hecho las siguientes prerrogativas que se les siga dando la prestación de los 700 kw, que les de un talonario para saber cuanto se les está pagando y saber que se les descuenta, que cumpla con el prestamos de programa habitacional de compañeros que ya lo iban a cobrar. Reconoció a los compañeros que estaban a punto de jubilarse y llevan 5 meses sin cobrar, lamentó la división que hicieron los integrantes de la pasada representación y finalizó que los jubilados se tienen que reactivar para llegar a la victoria.
Por su parte el Secretario del Interior Humberto Montes de Oca dijo que los cerca de 18 mil activos no están solos, porque detrás de ellos están sus familias pero que también hay 22 mil jubilados apoyándonos de repente se escucho el grito ¡No están solos!. Para el próximo 16 de marzo se contará con el apoyo de otros sindicatos a nivel mundial los cuales realizarán concentraciones en las embajadas de México en el extranjero, cerró su participación diciendo que en unidad activos y jubilados ¡hasta la victoria siempre!
El Secretario General Martín Esparza reconoció el esfuerzo de las divisiones foráneas en esta lucha y que la asamblea de jubilados ya hacia falta para fortalecer al movimiento. Al gobierno le recordó que ha violado acuerdos internacionales en materia de trabajo y un apartado del TLC, ¡Calderón va para abajo y el SME para arriba! Cómo es posible que al SUTIN se le quiera dar el 1.2% de aumento en su salario, mientras que al ejercito le dieron 40%. Les dijo a los jubilados que los han querido confundir, así que pidió unidad para seguir defendiendo al SME y que el próximo 16 de marzo se va a reiterar su fuente de trabajo y al SME.
Se votaron los acuerdos de aportar $500, participar en la huelga del día 16, manifestarse el próximo martes 9 de marzo en la Suprema Corte de Justicia, por último se hizo un juramento al SME por parte de todos los jubilados.
http://www.youtube.com/watch?v=ARQlSZoxXZA
Tenemos que estar preparados para este 16 de marzo día en que estallará la huelga que es para rescatar nuestra empresa, también es en apoyo a los mineros y en que todos tengan salarios mejores; hizo énfasis en que activos y jubilados deben de luchar por lo que les corresponde desde hace 95 años, como jubilados no estamos a salvo de que este gobierno fascistoide nos de un trancazo, recalcó que en esta asamblea Caben Los 22 mil jubilados, salvo los traidores. Leyó un resolutivo de cuatro puntos en los que se menciona luchar hasta las últimas consecuencias, la aportación económica para los activos en pie de lucha, pagar su cuota sindical y unirse a los compañeros activos en la huelga nacional.
Siguió Vicente Gutiérrez, Pro-Secretario de jubilados habló sobre los pendientes que tiene el SAE con los trabajadores que estaban tramitando su jubilación, que no van a permitir que el servicio de administración y enajenación de bienes le falte al respeto a sus prestaciones que tienen como jubilados. Los únicos que tiene que presentar la supervivencia ante dicha dependencia son los jubilados que previo al decreto cobraban por medio de tarjeta de débito. Al SAE se le han hecho las siguientes prerrogativas que se les siga dando la prestación de los 700 kw, que les de un talonario para saber cuanto se les está pagando y saber que se les descuenta, que cumpla con el prestamos de programa habitacional de compañeros que ya lo iban a cobrar. Reconoció a los compañeros que estaban a punto de jubilarse y llevan 5 meses sin cobrar, lamentó la división que hicieron los integrantes de la pasada representación y finalizó que los jubilados se tienen que reactivar para llegar a la victoria.
Por su parte el Secretario del Interior Humberto Montes de Oca dijo que los cerca de 18 mil activos no están solos, porque detrás de ellos están sus familias pero que también hay 22 mil jubilados apoyándonos de repente se escucho el grito ¡No están solos!. Para el próximo 16 de marzo se contará con el apoyo de otros sindicatos a nivel mundial los cuales realizarán concentraciones en las embajadas de México en el extranjero, cerró su participación diciendo que en unidad activos y jubilados ¡hasta la victoria siempre!
El Secretario General Martín Esparza reconoció el esfuerzo de las divisiones foráneas en esta lucha y que la asamblea de jubilados ya hacia falta para fortalecer al movimiento. Al gobierno le recordó que ha violado acuerdos internacionales en materia de trabajo y un apartado del TLC, ¡Calderón va para abajo y el SME para arriba! Cómo es posible que al SUTIN se le quiera dar el 1.2% de aumento en su salario, mientras que al ejercito le dieron 40%. Les dijo a los jubilados que los han querido confundir, así que pidió unidad para seguir defendiendo al SME y que el próximo 16 de marzo se va a reiterar su fuente de trabajo y al SME.
Se votaron los acuerdos de aportar $500, participar en la huelga del día 16, manifestarse el próximo martes 9 de marzo en la Suprema Corte de Justicia, por último se hizo un juramento al SME por parte de todos los jubilados.
http://www.youtube.com/watch?v=ARQlSZoxXZA
Robo en pandilla en la CFE
El ex diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, afirma que un contrato que la paraestatal firmó con una empresa sueca es un robo descarado / La comisión energética ha pagado 301 millones de un contrato de 319.3 millones a la empresa sueca ABB por una planta que, a 10 años de que se debió entregar, aún no funciona al 100% de su capacidad / El ex legislador añade que el valor real de la obra está muy por debajo de lo que pactaron en el contrato
MEXICO, D.F., 6 de marzo.- En septiembre de 2010, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrá pagado 301 millones de dólares –de un total de 319.3 millones de dólares– a la empresa sueca ABB como parte del contrato 978011, firmado en 1997 para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II, ubicada en el municipio de Pesquería, y que aún no opera al ciento por ciento de su capacidad.
El exdiputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, asegura que la manera en que se adjudicó este contrato multimillonario es un ejemplo del “robo en pandilla” que se realiza en la CFE desde que Alfredo Elías Ayub está al frente de esta “empresa de clase mundial”.
En su libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad, Velasco Oliva consigna que entre 2002 y 2008 la comisión firmó por lo menos ocho contratos con la empresa sueca, cuyos números son los siguientes: PIF-004/2002, PIF-002/2002, PIF-027/2004, PIF-028/2004, PIF-007/2004, PIF-022/2006, PIF-019/2006, PIF-011/2008.
Refiere que el 17 de octubre de 1997, Monterrey Power –filial de ABB–, la CFE y Nacional Financiera (Nafin) firmaron un contrato de fideicomiso (número 978011) para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II. El costo de la obra sería de 319.3 millones de dólares pagaderos a 15 años. Durante ese plazo la empresa operaría la planta; después transferiría la propiedad a la paraestatal.
Los trabajos respectivos, refiere Velasco Oliva, se iniciaron el 24 de abril de 1998 y en las condiciones contractuales se estableció que para el 15 de junio de 2000 la planta debería funcionar a plena capacidad. Pero el plazo se venció sin que ABB concluyera la planta; aun así, la puso a funcionar de manera parcial, como consta en el certificado de aceptación provisional de la obra, expedido el 19 de septiembre de 2000 por el jefe del proyecto, Andrés Martínez López.
En ese documento se indica que la obra concluyó el 16 de septiembre de 2000; es decir, tres meses después de lo estipulado en el contrato. También se consigna que la CFE acepta la entrega provisional de la planta porque se encuentra en condiciones de operación, pero le advierte a Monterrey Power que debe concluir los trabajos “a la brevedad posible”.
El certificado se expidió, explica Velasco Oliva, a pesar de que la planta sólo podía generar el 40% de los 450 megawatts programados. La planta siguió operando y fue hasta un año después, el 18 de septiembre del año 2001, cuando el coordinador de Proyectos Termoeléctricos, Juan Manuel Rodríguez Alvarez, le hizo notar al subdirector de Finanzas de CFE, Enrique Román Enríquez, que la planta manejada por ABB no estaba cumpliendo con las expectativas de operatividad.
Debido al incumplimiento en el plazo de entrega de la planta, así como por su baja productividad, la CFE (oficio 742.040) sancionó –a toro muy pasado– a Monterrey Power con 34 millones 341 mil 736 dólares.
El documento emitido por la paraestatal dice: “Se ha solicitado a la empresa Monterrey Power SA de CV, a través de Alstom Power Proyectos S.A. de C.V., que debido a que no se han ejecutado todos los pendientes derivados de la aceptación provisional por concepto de trabajos no ejecutados, debe ser repuesto a la carta de crédito vigente (para) que se ejerza penalización”. También menciona que, de acuerdo con los registros con los que cuenta la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor de la obra está por debajo del monto del contrato.
En este punto es evidente el contubernio entre funcionarios de la comisión y la trasnacional, comenta Velasco Oliva: “Aunque CFE se da cuenta de los retrasos de la obra, no le rescinde el contrato a ABB, sino que negocia con la empresa. El total de la multa fue por 61 millones de dólares y el retraso por 34 millones de dólares lo pagó la CFE por un contrato a precio alzado”.
El exlegislador plantea que pese a las pruebas de corrupción en la adjudicación de contratos a AAB, hasta ahora no se ha fincado responsabilidad a ningún funcionario de la CFE, y por el contrario este organismo le ha seguido otorgando obras.
La transnacional
Monterrey Power es un consorcio creado por las filiales Isho Iwa como contratista, y por ABB, que provee el equipo de generación de energía. Para la construcción de la planta Monterrey II transfirieron acciones a Alstom Internacional, razón social de ABB.
Velasco Oliva asegura que entre 1997 y 2000, cuando fue diputado federal en la LVII Legislatura, presentó 19 denuncias ante el pleno por la corrupción imperante en la CFE.
“La actitud de Elías Ayub –añade– fue solapar, nunca investigar. Y lo mismo pasó en la anterior Legislatura, cuando acudí con él para presentarle evidencias de otro acto de corrupción que ignoró. Lo que me permite afirmar que a Elías Ayub no le interesa combatir sino proteger la corrupción en CFE”.
También critica el alarde con que el director de CFE presume de que bajo su gestión la paraestatal ha ido más allá de lo que establece la normatividad, con la figura de testigos sociales al implementar las licitaciones de obras y adquisiciones, al publicar prebases de licitación, sistemas de adquisiciones por internet y subastas. “Como si con esas acciones se transparentara la comisión y ya no hubiera manipulaciones o ilegalidades que den origen a corruptelas y beneficios ilícitos”, plantea.
Pone ejemplos: Se adjudican contratos que merecen la descalificación, y si hay inconformidades se busca complacer con otro contrato al querellante. Está el caso del contrato 968001 entre la CFE y Techint de Italia para la construcción de una terminal de recibo y manejo de carbón para la Termoeléctrica Petacalco.
El quebranto a la CFE es por 80 millones de dólares, y a la fecha la planta opera al 16% de su capacidad instalada, sostiene Velasco Oliva.
Menciona que el 8 de noviembre del año 2000 el Comité Central de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios de CFE se reunió para dictaminar el proceso de excepción de la licitación CPT-004/00 y realizar la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinghouse, a fin de adquirir turbogeneradores con capacidad de 150 megawatts. Asegura que en esta operación el quebranto para la CFE fue de 130 millones de dólares.
Y no sólo eso. Velasco Oliva comenta que el 6 de junio de 2000 Repsol hizo una transacción ilegal que perjudicó a Perú, país al que le compra gas barato para venderlo en México a precios exorbitantes. Detalla que en el contrato 9100005181 se refieren los pormenores de esta operación, que significó un quebranto por 35 millones de dólares para el país sudamericano.
El exdiputado sostiene que en mayo de 2008 Rubén Loredo, en ese entonces subgerente de CFE en Puebla, le cobro 2.6 millones de pesos a la empresa a Dobsa, con la promesa de que le adjudicaría un contrato para la construcción de un centro de operación y respaldo destinado al Centro Nacional de Energía. No cumplió.
º “Todo este manejo y estos contratos corresponden a la gestión de Elías Ayub. Se dan licitaciones donde todo el mundo se beneficia, todos son empresarios. Saben que hay pastel para todos, y formaditos se van asignando los contratos”, puntualiza.
El 23 de noviembre de 2009 Fernando Maya Basurto, representante en México de ABB, aceptó haber participado en la entrega de sobornos, así como en lavado y transferencias de fondos a funcionarios de la CFE. Por estos ilícitos fue detenido en Estados Unidos junto con el empresario Joseph O’Shea.
(Rosalía Vergara / APRO)
MEXICO, D.F., 6 de marzo.- En septiembre de 2010, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrá pagado 301 millones de dólares –de un total de 319.3 millones de dólares– a la empresa sueca ABB como parte del contrato 978011, firmado en 1997 para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II, ubicada en el municipio de Pesquería, y que aún no opera al ciento por ciento de su capacidad.
El exdiputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, asegura que la manera en que se adjudicó este contrato multimillonario es un ejemplo del “robo en pandilla” que se realiza en la CFE desde que Alfredo Elías Ayub está al frente de esta “empresa de clase mundial”.
En su libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad, Velasco Oliva consigna que entre 2002 y 2008 la comisión firmó por lo menos ocho contratos con la empresa sueca, cuyos números son los siguientes: PIF-004/2002, PIF-002/2002, PIF-027/2004, PIF-028/2004, PIF-007/2004, PIF-022/2006, PIF-019/2006, PIF-011/2008.
Refiere que el 17 de octubre de 1997, Monterrey Power –filial de ABB–, la CFE y Nacional Financiera (Nafin) firmaron un contrato de fideicomiso (número 978011) para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II. El costo de la obra sería de 319.3 millones de dólares pagaderos a 15 años. Durante ese plazo la empresa operaría la planta; después transferiría la propiedad a la paraestatal.
Los trabajos respectivos, refiere Velasco Oliva, se iniciaron el 24 de abril de 1998 y en las condiciones contractuales se estableció que para el 15 de junio de 2000 la planta debería funcionar a plena capacidad. Pero el plazo se venció sin que ABB concluyera la planta; aun así, la puso a funcionar de manera parcial, como consta en el certificado de aceptación provisional de la obra, expedido el 19 de septiembre de 2000 por el jefe del proyecto, Andrés Martínez López.
En ese documento se indica que la obra concluyó el 16 de septiembre de 2000; es decir, tres meses después de lo estipulado en el contrato. También se consigna que la CFE acepta la entrega provisional de la planta porque se encuentra en condiciones de operación, pero le advierte a Monterrey Power que debe concluir los trabajos “a la brevedad posible”.
El certificado se expidió, explica Velasco Oliva, a pesar de que la planta sólo podía generar el 40% de los 450 megawatts programados. La planta siguió operando y fue hasta un año después, el 18 de septiembre del año 2001, cuando el coordinador de Proyectos Termoeléctricos, Juan Manuel Rodríguez Alvarez, le hizo notar al subdirector de Finanzas de CFE, Enrique Román Enríquez, que la planta manejada por ABB no estaba cumpliendo con las expectativas de operatividad.
Debido al incumplimiento en el plazo de entrega de la planta, así como por su baja productividad, la CFE (oficio 742.040) sancionó –a toro muy pasado– a Monterrey Power con 34 millones 341 mil 736 dólares.
El documento emitido por la paraestatal dice: “Se ha solicitado a la empresa Monterrey Power SA de CV, a través de Alstom Power Proyectos S.A. de C.V., que debido a que no se han ejecutado todos los pendientes derivados de la aceptación provisional por concepto de trabajos no ejecutados, debe ser repuesto a la carta de crédito vigente (para) que se ejerza penalización”. También menciona que, de acuerdo con los registros con los que cuenta la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor de la obra está por debajo del monto del contrato.
En este punto es evidente el contubernio entre funcionarios de la comisión y la trasnacional, comenta Velasco Oliva: “Aunque CFE se da cuenta de los retrasos de la obra, no le rescinde el contrato a ABB, sino que negocia con la empresa. El total de la multa fue por 61 millones de dólares y el retraso por 34 millones de dólares lo pagó la CFE por un contrato a precio alzado”.
El exlegislador plantea que pese a las pruebas de corrupción en la adjudicación de contratos a AAB, hasta ahora no se ha fincado responsabilidad a ningún funcionario de la CFE, y por el contrario este organismo le ha seguido otorgando obras.
La transnacional
Monterrey Power es un consorcio creado por las filiales Isho Iwa como contratista, y por ABB, que provee el equipo de generación de energía. Para la construcción de la planta Monterrey II transfirieron acciones a Alstom Internacional, razón social de ABB.
Velasco Oliva asegura que entre 1997 y 2000, cuando fue diputado federal en la LVII Legislatura, presentó 19 denuncias ante el pleno por la corrupción imperante en la CFE.
“La actitud de Elías Ayub –añade– fue solapar, nunca investigar. Y lo mismo pasó en la anterior Legislatura, cuando acudí con él para presentarle evidencias de otro acto de corrupción que ignoró. Lo que me permite afirmar que a Elías Ayub no le interesa combatir sino proteger la corrupción en CFE”.
También critica el alarde con que el director de CFE presume de que bajo su gestión la paraestatal ha ido más allá de lo que establece la normatividad, con la figura de testigos sociales al implementar las licitaciones de obras y adquisiciones, al publicar prebases de licitación, sistemas de adquisiciones por internet y subastas. “Como si con esas acciones se transparentara la comisión y ya no hubiera manipulaciones o ilegalidades que den origen a corruptelas y beneficios ilícitos”, plantea.
Pone ejemplos: Se adjudican contratos que merecen la descalificación, y si hay inconformidades se busca complacer con otro contrato al querellante. Está el caso del contrato 968001 entre la CFE y Techint de Italia para la construcción de una terminal de recibo y manejo de carbón para la Termoeléctrica Petacalco.
El quebranto a la CFE es por 80 millones de dólares, y a la fecha la planta opera al 16% de su capacidad instalada, sostiene Velasco Oliva.
Menciona que el 8 de noviembre del año 2000 el Comité Central de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios de CFE se reunió para dictaminar el proceso de excepción de la licitación CPT-004/00 y realizar la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinghouse, a fin de adquirir turbogeneradores con capacidad de 150 megawatts. Asegura que en esta operación el quebranto para la CFE fue de 130 millones de dólares.
Y no sólo eso. Velasco Oliva comenta que el 6 de junio de 2000 Repsol hizo una transacción ilegal que perjudicó a Perú, país al que le compra gas barato para venderlo en México a precios exorbitantes. Detalla que en el contrato 9100005181 se refieren los pormenores de esta operación, que significó un quebranto por 35 millones de dólares para el país sudamericano.
El exdiputado sostiene que en mayo de 2008 Rubén Loredo, en ese entonces subgerente de CFE en Puebla, le cobro 2.6 millones de pesos a la empresa a Dobsa, con la promesa de que le adjudicaría un contrato para la construcción de un centro de operación y respaldo destinado al Centro Nacional de Energía. No cumplió.
º “Todo este manejo y estos contratos corresponden a la gestión de Elías Ayub. Se dan licitaciones donde todo el mundo se beneficia, todos son empresarios. Saben que hay pastel para todos, y formaditos se van asignando los contratos”, puntualiza.
El 23 de noviembre de 2009 Fernando Maya Basurto, representante en México de ABB, aceptó haber participado en la entrega de sobornos, así como en lavado y transferencias de fondos a funcionarios de la CFE. Por estos ilícitos fue detenido en Estados Unidos junto con el empresario Joseph O’Shea.
(Rosalía Vergara / APRO)
Se destapa tráfico de influencias en el calderonismo
Felipe Calderón y su gabinete, incluido Petróleos Mexicanos, tuvieron conocimiento de un proceso para registrar la marca “Pemex” en Estados Unidos y Canadá, pero no hicieron nada para impedirlo / Gerardo Lozano, hermano del secretario del Trabajo, trabajaba para la paraestatal y al mismo tiempo para Intermix, a la que habría beneficiado con información confidencial del gobierno mexicano.
MEXICO, D.F., 6 de marzo.- El 2 de diciembre de 2000, un día después de que el Partido Acción Nacional asumió el poder en el gobierno federal, la empresa de Gerardo Lozano Alarcón, hermano del actual secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, empezó a trabajar para Petróleos Mexicanos (Pemex) para un periodo de cuatro años. Luego, el segundo gobierno panista convino nuevos servicios y le adjudicó de manera directa otros contratos, por lo menos en 2007 y 2008.
A los dos meses de haber reiniciado su relación comercial con la administración de Felipe Calderón a través de Petróleos Mexicanos, en junio de 2007, la empresa de Lozano Alarcón negoció con una compañía establecida en Islas Caimán para disputarle a la paraestatal su derecho de comercializar la marca “Pemex” en Estados Unidos. Y se la ganó.
El propio vocero de Intermix, la empresa que le arrebató a Pemex el uso de marca, sospecha que el hermano del secretario del Trabajo pudiera haber traficado con información para lograr el registro de la marca “Pemex”.
Durante este periodo, el despacho de Gerardo Lozano Alarcón trabajaba para Pemex y para Intermix, con la que entabló juicio contra la paraestatal.
Intermix es una empresa privada envuelta en la opacidad: se desconoce quiénes son los propietarios y qué negocios hace, toda vez que está constituida en uno de los paraísos fiscales del Caribe más recurridos por quienes pretenden no rendir cuentas en forma transparente.
Socios ocultos
Gerardo Lozano Alarcón y Eduardo Gallastegui Armella formaron el despacho Gallastegui y Lozano, A.C., en 1985, con el objeto de prestar “servicios profesionales que requieran un título de licenciado en derecho, pero sin limitarse a ello”.
En 1989, el despacho se asoció con el bufete estadunidense Holland & Knight (H&K) y se constituyeron como una nueva empresa: Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C., que ha firmado contratos con las oficinas corporativas de Pemex y con una de sus filiales: PMI Comercio Internacional, SA. De C.V., encargada de las importaciones y exportaciones de crudo y derivados de Pemex, o lo que es lo mismo, es el brazo comercial de la paraestatal ante el resto del mundo.
El 15 de septiembre de 2009, Intermix, S.A. Corporation Cayman Islands ganó a Petróleos Mexicanos el derecho a comercializar la marca “Pemex” en Estados Unidos.
Intermix inició el proceso de registro de la marca “Pemex” el 14 de agosto de 2007. Apenas dos meses antes, el 6 de junio, Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C. había recibido el contrato CIM-DA-078/07 de PMI, por adjudicación directa, con el objeto de prestar “servicios profesionales de asesoría jurídica en materia laboral, mercantil, civil y administrativo”.
Lozano y Pemex
En entrevista con la reportera Dayna Meré del diario Reforma, Gerardo Lozano aceptó su vínculo con Intermix.
“Nos encontramos a través de internet que un señor Scott Petersen, que es socio de la oficina de Holland & Knight en Chicago, fue quien presentó un registro de la marca ‘Pemex’ en Estados Unidos, en representación de una empresa que se llama Intermix.
“Yo no sabía absolutamente nada, es decir, esto fue una solicitud que se presentó por parte del despacho en Chicago sin mi consentimiento”, aseguró el hermano del secretario del Trabajo.
Sin embargo, el socio de Gerardo Lozano Alarcón en México, Eduardo Gallastegui, estaba al tanto de todo, como lo demuestra un par de correos electrónicos entre el citado Petersen Scott y el hermano de Eduardo, Benjamín Gallastegui, del que se tienen copias.
En el primero, enviado por Benjamín a Scott el 11 de diciembre de 2009, se lee: “Es extremadamente urgente que hables con Eduardo Gallastegui en relación con el registro de la marca ‘Pemex’ a nombre de la compañía llamada Intermix (Jim Rosen). Desde que esto empezó estamos teniendo enormes problemas de nuestra firma con el gobierno de México”. El mensaje incluye los números telefónicos de la oficina y del celular de Eduardo Gallastegui.
En su respuesta, Scott le aclara a Benjamín Gallastegui que Pemex presentó el 29 de marzo de 2004, ante la oficina de registros de Estados Unidos, su “intento de usar” la marca, y le subraya: “Es interesante, el abogado de Petróleos Mexicanos presentó una declaración para abandonar esa solicitud (no sé por qué). Desde entonces (2005) Petróleos Mexicanos ha mantenido silencio relativo a esa marca”.
Después le relata el proceso que siguió Intermix para obtener la marca, y le aclara que ya la han ganado. Según Scott, cuando H&K inició el proceso para Intermix se verificó que no hubiera conflicto de interés: “Como te dije, desde que este cliente empezó a interesarse en la marca, hemos conducido una búsqueda para estar seguros de que no había conflicto. Hasta ahora ‘Pemex’, ‘Petróleos Mexicanos’ o ‘PMI’ no son clientes de Holland & Knight (basado en mi búsqueda). Saludos, Scott”.
Por lo visto, Scout buscó mal. Según la “lista de proveedores” de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C. se adjudicó un contrato por 2 millones 290 mil 800 pesos, vigente del 2 de diciembre de 2000 al 2 de diciembre de 2004.
También de manera directa, PMI le adjudicó a ese despacho el contrato CIM-DA-078/07, por un monto de 200 mil pesos, por el periodo del 6 de junio al 21 de diciembre de 2007.
Al año siguiente, la misma PMI le otorgó el contrato CIM-DA-112/08 por otros 200 mil pesos, con vigencia del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2008.
Las omisiones
En una comparecencia en el Senado de la República, en diciembre pasado, el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, aseguró que desde 2006 “al menos tratamos de registrar nuestras marcas” en todos los países en los que opera la paraestatal, “y lo que estamos haciendo son todas las acciones pertinentes para evitar el registro de nuestra marca por un tercero en Estados Unidos para su uso comercial”.
Lo que Suárez Coppel no dijo a los senadores es que desde hacía tres meses Intermix ya tenía en su poder el “trademark” o marca registrada de “Pemex” en Estados Unidos, que le garantiza la exclusividad para comercializar productos bajo la marca “Pemex”.
Hasta hoy, según los archivos públicos de la United Status Patent and Trademark Office, el gobierno mexicano no ha reactivado el proceso para recuperar la marca.
El director de Pemex tampoco comentó que la marca ya se había perdido también en Canadá y hasta en la República Eslovaca.
En su comparecencia ante los senadores, Suárez Coppel justificó la omisión de la paraestatal de no registrar la marca “Pemex” en Estados Unidos “porque nos lo impide la legislación” de ese país, que obliga a declarar una “intención de uso de la marca” para poder registrarla.
“No tenemos una intención de uso porque no tenemos ningún plan de hacer franquicias Pemex en Estados Unidos; no está en nuestro plan de negocios y no vemos una lógica comercial inmediata (…) Si no registramos la marca es porque nos lo impide la legislación ahí”, explicó a los legisladores.
El alegato del director de Pemex no es del todo cierto, de acuerdo con el abogado Rafael Jiménez Camacho, integrante del despacho Jiménez & Asociados, especializado en el registro de marcas: el gobierno mexicano pudo haber iniciado un proceso de “registro de protección” a pesar de no contar con la intención de utilizarla comercialmente.
En cualquier caso, el gobierno mexicano no se puede decir “sorprendido”, declara Jimi Rosen, vocero de Intermix y operador de la posible venta de franquicias Pemex a varias compañías internacionales, a través de Group Rosen Investmen Advisor.
Él mismo envió varios correos electrónicos a Felipe Calderón, a su gabinete, al gabinete ampliado y a diputados y senadores de todos los partidos políticos, avisándoles del proceso de registro iniciado por Intermix.
Ahora el gobierno mexicano “tiene un gran problema”, considera, porque el despacho de Gerardo Lozano Alarcón trabaja tanto para Intermix como para Pemex.
Ambos despachos, H&K y Group Rosen, fueron contratados por Intermix; el primero para el proceso de registro; el segundo, para buscar clientes a los cuales venderles franquicias para el comercio de productos marca “Pemex” en Estados Unidos.
“Cuando Rosen contrató a H&K, mis abogados checaron que no tuviera como cliente al gobierno; me representaron a mí e Intermix. Gerardo Lozano Alarcón nunca puso en su récord que representó a Petróleos Mexicanos y pienso que ese es el problema. Tienen un gran problema y por eso el presidente (Calderón) no habla del tema, todos están callados. Esto no fue una sorpresa”, sostiene Jimi Rosen.
El vocero de Intermix se pregunta por qué Gerardo Lozano, “siendo el principal directivo”, nunca declaró que Pemex era su cliente. “Yo pienso (que es) porque su hermano (Javier Lozano) le está dando información, pero es sólo una suposición”.
Lo cierto es que un mes después de que el despacho del hermano del secretario del Trabajo fuera recontratado en 2007 para brindar servicios a Pemex, se puso a las órdenes de Intermix para pelearle a la paraestatal el derecho a comercializar Estados Unidos desde barriles de crudo hasta un litro de lubricante... marca “Pemex”.
Competidor silencioso
El abogado Rafael Giménez Camacho, propietario de una de las firmas más reconocidas en el registro de propiedad industrial e intelectual en el país, no encuentra motivos para que el gobierno mexicano abandonara el proceso de registro de la marca “Pemex” en Estados Unidos.
En entrevista, subraya que no sólo era cuestión de un negocio “sumamente rentable”: el área jurídica de Petróleos Mexicanos está obligada a registrar la marca en todo el mundo “para evitar que alguien más pueda hacer uso de mi prestigio y de mi calidad en el mercado”, asegura.
A cinco meses de haberse perdido la marca, Giménez se pregunta por qué el gobierno mexicano no ha realizado trámite alguno para recuperarla: “Cayó en omisión… y es su responsabilidad, por ser una empresa del Estado”.
Más grave aún es que Intermix, la empresa que ahora tiene en su poder la marca y pretende vender franquicias (se dice que por un millón de dólares), está constituida en un paraíso fiscal, en Islas Caimán.
–¿Puede ser lavado de dinero?
–No necesariamente. Lo que sabemos es que seguramente constituyeron la empresa en Islas Caimán para que nadie supiera quiénes son las cabezas que están detrás y cuál es su verdadera intención. Se contactó al vocero de Intermix, Jimi Rosen, para saber quién desplazó a Pemex del mercado estadunidense.
Contratado para vender franquicias de la marca en Estados Unidos y Canadá a compañías petroleras, Rosen dice que la empresa tiene una antigüedad de cuando menos 10 años, pero desconoce por qué se constituyó en un paraíso fiscal. Cuestionado sobre la identidad de los propietarios de Intermix, Rosen se disculpa por no poder revelar los nombres.
“Intermix es una compañía muy callada, no tiene página web. Son buena gente, no son narcotraficantes, y no está inmiscuido ningún funcionario o exfuncionario del gobierno mexicano. Es una compañía privada y creo que muy pronto van a poner gasolineras, pero no van a dar la imagen que tienen las instalaciones de Pemex en México”, afirma.
Su propia relación con la empresa “es muy simple”, dice Rosen: “Intermix hace negocios, tiene muchos otros negocios, y me contrataron para poner las franquicias. Lo hicieron porque tengo conexiones, tengo amigos y estoy muy enterado, porque soy un buscador de negocios y tengo una larga experiencia en México”.
Jimi Rosen es un operador financiero, amigo cercano de Roberto Madrazo Pintado. Entre sus clientes cuenta a una compañía petrolera de Arabia Saudita que pretendió comprar crudo a Pemex durante el sexenio de Vicente Fox. “En ese tiempo conocí a Bernardo de la Garza (actual director comercial de crudo en PMI) y a Julio Camelo (director corporativo de administración de Pemex el sexenio pasado). No quiero hablar mal de Fox, pero piensa en blanco y negro: cuando se enteró de mi cercanía con Madrazo, se deshizo el trato con mi cliente de Arabia Saudita y se perdió mucho dinero”.
Aclara que ni él ni Intermix quieren tener mala relación con el gobierno mexicano. “Pemex abandonó la marca en Estados Unidos y Canadá. Los dueños de Intermix tuvieron la visión de hacer negocio y por eso se registró, porque es un muy buen negocio. Por eso me hablaron a mí, y ya estoy en contacto con otras compañías de otros países”.
Tan sólo para dar una idea de la importancia de registrar Pemex como marca, Jimi Rosen revela que el plan de negocios de Intermix para “Pemex marca” consta de 173 páginas.
Rosen dice que él ha estado disponible por si el gobierno mexicano quiere hacer negocios, “pero esa no es la intención de Intermix”.
Insiste en que ni el gobierno mexicano ni el propio Felipe Calderón se pueden decir engañados, pues él mismo les detalló por correo electrónico la pretensión del registro.
“El gobierno de México ya perdió la marca; Intermix la tiene, y será por mucho tiempo”, sostiene.
Pero el abogado Rafael Giménez Camacho no piensa igual. Si el gobierno mexicano quiere, podría recuperar la marca “Pemex” a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece derechos recíprocos para las marcas notoriamente famosas en cada uno de los países firmantes.
“Se puede declarar que es una marca notoriamente famosa, tienen las pruebas. El punto es que el gobierno se decida a ir a los tribunales y solicitar la nulidad; hay todas las posibilidades de que México gane”, dice.
Sin embargo advierte, el tiempo apremia y cada retraso para interponer la controversia es tiempo que juega a favor de quien ya tiene la marca en su poder.
Pero esta pérdida de marca no solo ocurrió en Estados Unidos: el gobierno mexicano también perdió su derecho a comercializar sus productos en Canadá bajo la marca “Pemex”, luego de que Intermix también solicitó el registro en aquel país el 17 de agosto de 2007 y lo ganó el 4 de marzo de 2009.
Hasta en la República Eslovaca, una empresa realizó el trámite y desde el 10 de diciembre de 2004 es la única que puede vender productos marca “Pemex” en ese país de Europa del Este. (Jesusa Cervantes / APRO).
MEXICO, D.F., 6 de marzo.- El 2 de diciembre de 2000, un día después de que el Partido Acción Nacional asumió el poder en el gobierno federal, la empresa de Gerardo Lozano Alarcón, hermano del actual secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, empezó a trabajar para Petróleos Mexicanos (Pemex) para un periodo de cuatro años. Luego, el segundo gobierno panista convino nuevos servicios y le adjudicó de manera directa otros contratos, por lo menos en 2007 y 2008.
A los dos meses de haber reiniciado su relación comercial con la administración de Felipe Calderón a través de Petróleos Mexicanos, en junio de 2007, la empresa de Lozano Alarcón negoció con una compañía establecida en Islas Caimán para disputarle a la paraestatal su derecho de comercializar la marca “Pemex” en Estados Unidos. Y se la ganó.
El propio vocero de Intermix, la empresa que le arrebató a Pemex el uso de marca, sospecha que el hermano del secretario del Trabajo pudiera haber traficado con información para lograr el registro de la marca “Pemex”.
Durante este periodo, el despacho de Gerardo Lozano Alarcón trabajaba para Pemex y para Intermix, con la que entabló juicio contra la paraestatal.
Intermix es una empresa privada envuelta en la opacidad: se desconoce quiénes son los propietarios y qué negocios hace, toda vez que está constituida en uno de los paraísos fiscales del Caribe más recurridos por quienes pretenden no rendir cuentas en forma transparente.
Socios ocultos
Gerardo Lozano Alarcón y Eduardo Gallastegui Armella formaron el despacho Gallastegui y Lozano, A.C., en 1985, con el objeto de prestar “servicios profesionales que requieran un título de licenciado en derecho, pero sin limitarse a ello”.
En 1989, el despacho se asoció con el bufete estadunidense Holland & Knight (H&K) y se constituyeron como una nueva empresa: Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C., que ha firmado contratos con las oficinas corporativas de Pemex y con una de sus filiales: PMI Comercio Internacional, SA. De C.V., encargada de las importaciones y exportaciones de crudo y derivados de Pemex, o lo que es lo mismo, es el brazo comercial de la paraestatal ante el resto del mundo.
El 15 de septiembre de 2009, Intermix, S.A. Corporation Cayman Islands ganó a Petróleos Mexicanos el derecho a comercializar la marca “Pemex” en Estados Unidos.
Intermix inició el proceso de registro de la marca “Pemex” el 14 de agosto de 2007. Apenas dos meses antes, el 6 de junio, Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C. había recibido el contrato CIM-DA-078/07 de PMI, por adjudicación directa, con el objeto de prestar “servicios profesionales de asesoría jurídica en materia laboral, mercantil, civil y administrativo”.
Lozano y Pemex
En entrevista con la reportera Dayna Meré del diario Reforma, Gerardo Lozano aceptó su vínculo con Intermix.
“Nos encontramos a través de internet que un señor Scott Petersen, que es socio de la oficina de Holland & Knight en Chicago, fue quien presentó un registro de la marca ‘Pemex’ en Estados Unidos, en representación de una empresa que se llama Intermix.
“Yo no sabía absolutamente nada, es decir, esto fue una solicitud que se presentó por parte del despacho en Chicago sin mi consentimiento”, aseguró el hermano del secretario del Trabajo.
Sin embargo, el socio de Gerardo Lozano Alarcón en México, Eduardo Gallastegui, estaba al tanto de todo, como lo demuestra un par de correos electrónicos entre el citado Petersen Scott y el hermano de Eduardo, Benjamín Gallastegui, del que se tienen copias.
En el primero, enviado por Benjamín a Scott el 11 de diciembre de 2009, se lee: “Es extremadamente urgente que hables con Eduardo Gallastegui en relación con el registro de la marca ‘Pemex’ a nombre de la compañía llamada Intermix (Jim Rosen). Desde que esto empezó estamos teniendo enormes problemas de nuestra firma con el gobierno de México”. El mensaje incluye los números telefónicos de la oficina y del celular de Eduardo Gallastegui.
En su respuesta, Scott le aclara a Benjamín Gallastegui que Pemex presentó el 29 de marzo de 2004, ante la oficina de registros de Estados Unidos, su “intento de usar” la marca, y le subraya: “Es interesante, el abogado de Petróleos Mexicanos presentó una declaración para abandonar esa solicitud (no sé por qué). Desde entonces (2005) Petróleos Mexicanos ha mantenido silencio relativo a esa marca”.
Después le relata el proceso que siguió Intermix para obtener la marca, y le aclara que ya la han ganado. Según Scott, cuando H&K inició el proceso para Intermix se verificó que no hubiera conflicto de interés: “Como te dije, desde que este cliente empezó a interesarse en la marca, hemos conducido una búsqueda para estar seguros de que no había conflicto. Hasta ahora ‘Pemex’, ‘Petróleos Mexicanos’ o ‘PMI’ no son clientes de Holland & Knight (basado en mi búsqueda). Saludos, Scott”.
Por lo visto, Scout buscó mal. Según la “lista de proveedores” de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, Holland & Knight-Gallastegui y Lozano, S.C. se adjudicó un contrato por 2 millones 290 mil 800 pesos, vigente del 2 de diciembre de 2000 al 2 de diciembre de 2004.
También de manera directa, PMI le adjudicó a ese despacho el contrato CIM-DA-078/07, por un monto de 200 mil pesos, por el periodo del 6 de junio al 21 de diciembre de 2007.
Al año siguiente, la misma PMI le otorgó el contrato CIM-DA-112/08 por otros 200 mil pesos, con vigencia del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2008.
Las omisiones
En una comparecencia en el Senado de la República, en diciembre pasado, el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, aseguró que desde 2006 “al menos tratamos de registrar nuestras marcas” en todos los países en los que opera la paraestatal, “y lo que estamos haciendo son todas las acciones pertinentes para evitar el registro de nuestra marca por un tercero en Estados Unidos para su uso comercial”.
Lo que Suárez Coppel no dijo a los senadores es que desde hacía tres meses Intermix ya tenía en su poder el “trademark” o marca registrada de “Pemex” en Estados Unidos, que le garantiza la exclusividad para comercializar productos bajo la marca “Pemex”.
Hasta hoy, según los archivos públicos de la United Status Patent and Trademark Office, el gobierno mexicano no ha reactivado el proceso para recuperar la marca.
El director de Pemex tampoco comentó que la marca ya se había perdido también en Canadá y hasta en la República Eslovaca.
En su comparecencia ante los senadores, Suárez Coppel justificó la omisión de la paraestatal de no registrar la marca “Pemex” en Estados Unidos “porque nos lo impide la legislación” de ese país, que obliga a declarar una “intención de uso de la marca” para poder registrarla.
“No tenemos una intención de uso porque no tenemos ningún plan de hacer franquicias Pemex en Estados Unidos; no está en nuestro plan de negocios y no vemos una lógica comercial inmediata (…) Si no registramos la marca es porque nos lo impide la legislación ahí”, explicó a los legisladores.
El alegato del director de Pemex no es del todo cierto, de acuerdo con el abogado Rafael Jiménez Camacho, integrante del despacho Jiménez & Asociados, especializado en el registro de marcas: el gobierno mexicano pudo haber iniciado un proceso de “registro de protección” a pesar de no contar con la intención de utilizarla comercialmente.
En cualquier caso, el gobierno mexicano no se puede decir “sorprendido”, declara Jimi Rosen, vocero de Intermix y operador de la posible venta de franquicias Pemex a varias compañías internacionales, a través de Group Rosen Investmen Advisor.
Él mismo envió varios correos electrónicos a Felipe Calderón, a su gabinete, al gabinete ampliado y a diputados y senadores de todos los partidos políticos, avisándoles del proceso de registro iniciado por Intermix.
Ahora el gobierno mexicano “tiene un gran problema”, considera, porque el despacho de Gerardo Lozano Alarcón trabaja tanto para Intermix como para Pemex.
Ambos despachos, H&K y Group Rosen, fueron contratados por Intermix; el primero para el proceso de registro; el segundo, para buscar clientes a los cuales venderles franquicias para el comercio de productos marca “Pemex” en Estados Unidos.
“Cuando Rosen contrató a H&K, mis abogados checaron que no tuviera como cliente al gobierno; me representaron a mí e Intermix. Gerardo Lozano Alarcón nunca puso en su récord que representó a Petróleos Mexicanos y pienso que ese es el problema. Tienen un gran problema y por eso el presidente (Calderón) no habla del tema, todos están callados. Esto no fue una sorpresa”, sostiene Jimi Rosen.
El vocero de Intermix se pregunta por qué Gerardo Lozano, “siendo el principal directivo”, nunca declaró que Pemex era su cliente. “Yo pienso (que es) porque su hermano (Javier Lozano) le está dando información, pero es sólo una suposición”.
Lo cierto es que un mes después de que el despacho del hermano del secretario del Trabajo fuera recontratado en 2007 para brindar servicios a Pemex, se puso a las órdenes de Intermix para pelearle a la paraestatal el derecho a comercializar Estados Unidos desde barriles de crudo hasta un litro de lubricante... marca “Pemex”.
Competidor silencioso
El abogado Rafael Giménez Camacho, propietario de una de las firmas más reconocidas en el registro de propiedad industrial e intelectual en el país, no encuentra motivos para que el gobierno mexicano abandonara el proceso de registro de la marca “Pemex” en Estados Unidos.
En entrevista, subraya que no sólo era cuestión de un negocio “sumamente rentable”: el área jurídica de Petróleos Mexicanos está obligada a registrar la marca en todo el mundo “para evitar que alguien más pueda hacer uso de mi prestigio y de mi calidad en el mercado”, asegura.
A cinco meses de haberse perdido la marca, Giménez se pregunta por qué el gobierno mexicano no ha realizado trámite alguno para recuperarla: “Cayó en omisión… y es su responsabilidad, por ser una empresa del Estado”.
Más grave aún es que Intermix, la empresa que ahora tiene en su poder la marca y pretende vender franquicias (se dice que por un millón de dólares), está constituida en un paraíso fiscal, en Islas Caimán.
–¿Puede ser lavado de dinero?
–No necesariamente. Lo que sabemos es que seguramente constituyeron la empresa en Islas Caimán para que nadie supiera quiénes son las cabezas que están detrás y cuál es su verdadera intención. Se contactó al vocero de Intermix, Jimi Rosen, para saber quién desplazó a Pemex del mercado estadunidense.
Contratado para vender franquicias de la marca en Estados Unidos y Canadá a compañías petroleras, Rosen dice que la empresa tiene una antigüedad de cuando menos 10 años, pero desconoce por qué se constituyó en un paraíso fiscal. Cuestionado sobre la identidad de los propietarios de Intermix, Rosen se disculpa por no poder revelar los nombres.
“Intermix es una compañía muy callada, no tiene página web. Son buena gente, no son narcotraficantes, y no está inmiscuido ningún funcionario o exfuncionario del gobierno mexicano. Es una compañía privada y creo que muy pronto van a poner gasolineras, pero no van a dar la imagen que tienen las instalaciones de Pemex en México”, afirma.
Su propia relación con la empresa “es muy simple”, dice Rosen: “Intermix hace negocios, tiene muchos otros negocios, y me contrataron para poner las franquicias. Lo hicieron porque tengo conexiones, tengo amigos y estoy muy enterado, porque soy un buscador de negocios y tengo una larga experiencia en México”.
Jimi Rosen es un operador financiero, amigo cercano de Roberto Madrazo Pintado. Entre sus clientes cuenta a una compañía petrolera de Arabia Saudita que pretendió comprar crudo a Pemex durante el sexenio de Vicente Fox. “En ese tiempo conocí a Bernardo de la Garza (actual director comercial de crudo en PMI) y a Julio Camelo (director corporativo de administración de Pemex el sexenio pasado). No quiero hablar mal de Fox, pero piensa en blanco y negro: cuando se enteró de mi cercanía con Madrazo, se deshizo el trato con mi cliente de Arabia Saudita y se perdió mucho dinero”.
Aclara que ni él ni Intermix quieren tener mala relación con el gobierno mexicano. “Pemex abandonó la marca en Estados Unidos y Canadá. Los dueños de Intermix tuvieron la visión de hacer negocio y por eso se registró, porque es un muy buen negocio. Por eso me hablaron a mí, y ya estoy en contacto con otras compañías de otros países”.
Tan sólo para dar una idea de la importancia de registrar Pemex como marca, Jimi Rosen revela que el plan de negocios de Intermix para “Pemex marca” consta de 173 páginas.
Rosen dice que él ha estado disponible por si el gobierno mexicano quiere hacer negocios, “pero esa no es la intención de Intermix”.
Insiste en que ni el gobierno mexicano ni el propio Felipe Calderón se pueden decir engañados, pues él mismo les detalló por correo electrónico la pretensión del registro.
“El gobierno de México ya perdió la marca; Intermix la tiene, y será por mucho tiempo”, sostiene.
Pero el abogado Rafael Giménez Camacho no piensa igual. Si el gobierno mexicano quiere, podría recuperar la marca “Pemex” a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece derechos recíprocos para las marcas notoriamente famosas en cada uno de los países firmantes.
“Se puede declarar que es una marca notoriamente famosa, tienen las pruebas. El punto es que el gobierno se decida a ir a los tribunales y solicitar la nulidad; hay todas las posibilidades de que México gane”, dice.
Sin embargo advierte, el tiempo apremia y cada retraso para interponer la controversia es tiempo que juega a favor de quien ya tiene la marca en su poder.
Pero esta pérdida de marca no solo ocurrió en Estados Unidos: el gobierno mexicano también perdió su derecho a comercializar sus productos en Canadá bajo la marca “Pemex”, luego de que Intermix también solicitó el registro en aquel país el 17 de agosto de 2007 y lo ganó el 4 de marzo de 2009.
Hasta en la República Eslovaca, una empresa realizó el trámite y desde el 10 de diciembre de 2004 es la única que puede vender productos marca “Pemex” en ese país de Europa del Este. (Jesusa Cervantes / APRO).
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