domingo, febrero 21, 2010
EVO MORALES EN MÉXICO
En la asamblea dominical también se hizo la invitación de acompañar al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, EVO MORALES, a las 3 de la tarde, el próximo domingo 21 de febrero al Zócalo de Coyoacán.VISITA DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES AYMA, A MÉXICO.
COMUNICADO DE PRENSA
Evo Morales visitará México el Domingo21
MEXICO, DF.- El Presidente Evo Morales llegará a México, DF, el domingo 21 de febrero para cumplir una visita no oficial de seis horas, a partir de las 14, invitado por el Gobierno de la Ciudad de México.A esa invitación se sumaron al menos 37 organizaciones de campesinos y movimientos sociales, los ocho comités mexicanos de solidaridad con Bolivia y sectores de universitarios y académicos de la UNAM y la Universidad de la Ciudad de México.La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en México informó que los actos iniciarán después de las 14 horas con el depósito de una ofrenda floral ante el Hemiciclo a Benito Juárez, primer presidente indígena de México, la recepción de la Llave de la Ciudad y a eso de las 4.30 una gigantesca concentración popular en la plaza (zócalo) de Coyoacán, al sur de la ciudad.La fiesta de bienvenida iniciará a las 3 de la tarde con la participación de bandas de música de indígenas y actuaciones de grupos de danza del folklore boliviano y proseguirá luego de que el Mandatario boliviano se haya retirado del escenario.En una ceremonia de rituales prehispánicos a cargo de comunidades indígenas, el Presidente Evo Morales será ratificado Guía Moral de las naciones originarias de América Latina, nombramiento que se le dio en una ceremonia andina ocurrida el 21 de enero pasado en Tiwanacu, Bolivia.La comitiva presidencial boliviana partirá, al amanecer del lunes 22, a Cancún, sede la Cumbre por la Unidad de América Latina y el Caribe convocada por el Grupo de Río.
MEXICO, DF.- El Presidente Evo Morales llegará a México, DF, el domingo 21 de febrero para cumplir una visita no oficial de seis horas, a partir de las 14, invitado por el Gobierno de la Ciudad de México.A esa invitación se sumaron al menos 37 organizaciones de campesinos y movimientos sociales, los ocho comités mexicanos de solidaridad con Bolivia y sectores de universitarios y académicos de la UNAM y la Universidad de la Ciudad de México.La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en México informó que los actos iniciarán después de las 14 horas con el depósito de una ofrenda floral ante el Hemiciclo a Benito Juárez, primer presidente indígena de México, la recepción de la Llave de la Ciudad y a eso de las 4.30 una gigantesca concentración popular en la plaza (zócalo) de Coyoacán, al sur de la ciudad.La fiesta de bienvenida iniciará a las 3 de la tarde con la participación de bandas de música de indígenas y actuaciones de grupos de danza del folklore boliviano y proseguirá luego de que el Mandatario boliviano se haya retirado del escenario.En una ceremonia de rituales prehispánicos a cargo de comunidades indígenas, el Presidente Evo Morales será ratificado Guía Moral de las naciones originarias de América Latina, nombramiento que se le dio en una ceremonia andina ocurrida el 21 de enero pasado en Tiwanacu, Bolivia.La comitiva presidencial boliviana partirá, al amanecer del lunes 22, a Cancún, sede la Cumbre por la Unidad de América Latina y el Caribe convocada por el Grupo de Río.
COMISIÓN DE PRENSA
EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN MÉXICO
Domingo 21 de febrero 3 de la tarde, zócalo de Coyoacán.
Viva América Unida
Vivan los pueblos de América
Viva México.
http://www.youtube.com/watch?v=xANVCC7oIZw
¿Quién es el Evo?
El Evo, como tan cariñosamente lo llama el embajador Jorge Mansilla, es el primer presidente indio del Estado Plurinacional de Bolivia.
El Evo nació en una comunidad rural llamada Isallavi, en 1953. Él sobrevivió, con dos hermanos más, a la gran pobreza con la que se vivía en las comunidades campesinas de Bolivia, mientras que otros cuatro hermanos murieron.
Creció con carencias de agua y luz, sin alcantarillado, ni servicios de salud y en una pequeña choza construida de adobe y paja. Ayudaba a su familia con los trabajos del campo y a la crianza de llamas.
Evo y su familia se mudaron varias veces, buscando la manera de subsistir. Vivió en Oruro, donde estudió en una secundaria para jóvenes con escasos recursos y trabajó de obrero, panadero y ladrillero para poder mantenerse y estudiar.
Es en estas condiciones donde aprendió los principios fundamentales de los aymaras, el ama sua (a no ser ladrón), el ama quella (a no ser flojo) y el ama hulla (a no ser mentiroso). Principios que han regido toda su vida, y que sin duda, son parte fundamental de lo que el Evo ha representado.
Emigraron a Cochabamba, donde comenzó a trabajar sembrando arroz, pero ante la competencia con el arroz brasileño ya no tuvieron beneficios, por lo que se dedicó al cultivo de la hoja de coca.
En Bolivia, mascar la hoja de coca es un hábito ancestral entre los indígenas, lo utilizan como energético y por sus propiedades nutritivas, además mascar la hoja de coca tiene un carácter místico entre los bolivianos. Sin embargo, con el auge del narcotráfico, la hoja de coca tuvo una demanda sin precedentes.
El Evo prosperó como cultivador de coca y empezó a sobresalir porque se interesaba en los problemas de su comunidad. Se incorporó al sindicalismo para luchar por los derechos de los cocaleros y en poco tiempo se convirtió en líder.
Amante del fútbol, se hizo cargo de la Secretaría de Deportes del sindicato y posteriormente llegó a ser Secretario General, por su tenaz oposición a las políticas gubernamentales y a la anexión de Bolivia a los EU.
Cuando Estenssoro respondió a las presiones de EU aplicando una política de erradicación de las plantaciones, el Evo comenzó las protestas contra los desarraigos forzosos, acompañado por los obreros mineros. Se opuso al plan de reducir la superficie agrícola para el cultivo de coca, lo cual afectaba la región del Chapare, donde ellos sembraban.
Evo, como otros líderes sindicales, fue arrestado y confinado a vivir en un lugar aislado.
Lanzaron contra él una furiosa campaña de difamación y desprestigio, lo que fue el principio de muchos intentos para acabar con él, incluso en una ocasión, lo arrojaron a un barranco
luego de una golpiza, pensando que estaba muerto. En otra ocasión libró las balas de
una ametralladora, que le rozaron. El Evo vio caer a muchos compañeros en la lucha, fue testigo de graves atropellos, como cuando militares prendieron fuego a un compañero vivo, acusándolo de narcotraficante.
El gobierno de Bolivia, auspiciado por EU, intentó de muchas maneras seguir teniendo el control político y los beneficios de la privatización de los hidrocarburos, solamente paralizando el país con una huelga nacional fue que Bolivia logró destituir dos veces a un presidente, para que el presidente interino permitiera que se le reconociera el triunfo a Evo Morales, en 2006.
Líder sindicalista cocalero, líder de oposición parlamentaria, líder del movimiento en defensa del gas y de los recursos del país, encabezó las protestas que fueron forzando a las elites a reconocer los derechos de su pueblo.
Indio aymara, que sintió en carne propia la discriminación y las humillaciones que por siglos sufrieron los indígenas bolivianos, al llegar a la presidencia pugna por una Asamblea Constituyente y la posterior aprobación de una nueva Carta Magna, que por primera vez en la historia reconoce como bolivianos a los indios de sus 36 etnias, en un estado incluyente, en un país para todos.
El Evo, quien creció en la extrema pobreza, al llegar a ser Presidente se preocupó por mejorar las condiciones de vida de los indígenas, por hacerles llegar agua, electricidad, servicios de salud, por darles vivienda, educación y sobre todopor reconocerlos como verdaderos bolivianos, con los mismos derechos que cualquiera.
Bajo el mandato del Evo se ha reducido la pobreza extrema en 6 puntos porcentuales, se ha incrementado el salario mínimo 47 %, se han regulado las tarifas de transporte, ha aumentado el salario a los maestros, construido centros de salud por todo el país, puesto fin al latifundio y dado becas a mayores de 60 años, a niños para estudiar y a madres para sus partos. Ha llevado a cabo una política popular de ayuda a los más necesitados.
El gobierno del Evo ha tenido superávit fiscal por tres años consecutivos, es decir, gana más de lo que gasta, ha quintuplicado las reservas nacionales netas (RIN) y el crecimiento de su economía en 2008 fue la mayor en 30 años. Su PIB (producto interno bruto) ha crecido 5.17% y ha reducido a la mitad la deuda externa y cancelado completamente la deuda con España.
Bajo el mandato del Evo se erradica el analfabetismo, se promueve el deporte y se lucha contra las drogas destruyendo las fábricas de clorhidrato de cocaína. Evo es protagonista y promotor de la integración regional de Sudamérica y defensor de la tierra. Para salvar al mundo hay que salvar primero a Bolivia, dice, ante la destrucción ecológica.
El Evo ha podido realizar estos milagros porque nacionalizó los hidrocarburos, las telecomunicaciones y la energía y utilizó los ingresos para beneficio del pueblo. Industrializa el cobre e inicia la industrialización del litio. Por otro lado, redujo su sueldo 57% y el de sus ministros, viceministros y directores 50%. Generó 81% más empleos que en el periodo de 2003 a 2006.
Y ahora el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una reserva internacional de 8,500 millones de dólares, por lo que ya muchos consideran al Presidente Juan Evo Morales Ayma el mayor estadista de Bolivia.
El Evo sabe que la independencia económica permite la independencia política, Presidente consciente de las injerencias ilegales de los Estados Unidos, y dispuesto, como toda su vida, a no permitirlas, expulsó a la DEA por sus actividades golpistas y al embajador norteamericano Philip Goldberg, quien organizó actos de sabotaje y desestabilización.
El Evo nos demuestra, con su lucha, con su vida, con su ejemplo, al frente y con el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, que otro mundo es posible y cada vez más probable.
¡Viva el Evo!
consulta http://evo-en-mexico.blogspot.com/
SUMATE A PARTICIPAR EN LA REVOCACION DE MANDATO DE CALDERON
ESTA CONSULTA POPULAR CIUDADANA SE LLEVARA A CABO LOS DIAS: 22,23 Y 24 DE MAYO DEL 2010 EN TODA LA NACION.
El Congreso Social Constituyente de Querétaro del 5 y 6 de febrero se decidió:
llevar a cabo una Consulta Nacional Ciudadana los días 22, 23 y 24 de mayo del presente año del 2010.
En la que se preguntará al pueblo si desea que Felipe Calderón continúe como Presidente espurio de la República o se vaya.
Este acuerdo fue reiterado el 7 de febrero en el cierre de dicho Congreso Social en la Ciudad de México.
Por lo tanto se convoca a todo mexicano a realizar labores de organización en todos los estados y municipios del país. Y también se les invita a participar con información desde cada municipio.
Y a tener enlaces en vivo en Radioamlo.
interesados escribir a :
radioamlo@gmail.com
MAS INFORMES EN:
http://www.revocacionmandato.org/revoca/
AUDIO PROMOCIONAL:
QUE ASCO!
QUE ASCO, ES DENIGRANTE VER EL PROCEDER DE LA CLASE POLITICA MEXICANA; AMORAL, MISOGINA, CORRUPTA.....por eso el pais esta como esta, si su ejercito, fuerzas armadas y gobernantes de todos los niveles son individuos putrefactos.
Agasajo a militares en su día
Agasajo a militares en su día
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se reunió en esa entidad con elementos del instituto armado durante la celebración del Día del Ejército. Por otra parte, en el Colegio Militar, el presidente Felipe Calderón dio a conocer un aumento salarial de 40 por ciento al personal de tropa, clases y marinería. Ahí mismo, el michoacano dio un espaldarazo al secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, al reconocer su “honradez y patriotismo”. A su vez, legisladores de oposición consideraron que a las fuerzas armadas no les corresponde realizar tareas de combate al narcotráfico. Foto Miguel Ángel López Solana
Una historia de amor… y espionaje
Esta historia guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados en 1974: un grupo de exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse descubierto que realizaban actividades de espionaje político. El contexto: la contienda rumbo a 2012. Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. Esta era la versión de la PGR. Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera.
La llamada fue alrededor del mediodía y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles”, que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.
Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.
En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.
Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Cisen que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.
Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.
Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.
Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.
La red
La tarde del 9 de septiembre de 2008, Alejandro Rodríguez Rosas llegó al restaurante El Portón de la plaza comercial San Jerónimo. Buscó una mesa y pidió un café. Mientras esperaba hizo un par de llamadas con su teléfono celular. Minutos más tarde llegó un hombre al que saludó de manera amigable. Ambos platicaron poco más de media hora. Antes de despedirse intercambiaron unos sobres amarillos tipo nómina. En uno había documentos; dinero en efectivo en el otro. Quienes los vigilaban alcanzaron a escuchar que el funcionario del Cisen decía: “Muy bien, jefe Dena”.
Días más tarde, Rodríguez salió de su oficina en su vehículo y tomó Periférico rumbo al norte de la ciudad. Nunca se dio cuenta de que lo seguían. Se estacionó en la calle Antonio Cárdenas, a las afueras de una casona en Lomas de Huizachal, por el rumbo del campo militar. Media hora después salió acompañado del mismo hombre con el que fue visto en el restaurante. Ambos llevaban unos fólderes cuando abordaron una camioneta Lincoln que apenas avanzó una cuadra, hasta la calle Felipe Ángeles. Entraron a una casa y al poco rato Rodríguez salió solo, abordó su vehículo y regresó al Cisen.
En otra ocasión, por la noche, el funcionario abandonó su trabajo acompañado de Enrique Zaldívar González, jefe del departamento de Servicios Técnicos. Los dos se dirigieron a la calle Lago Ginebra, por el rumbo de la Torre de Pemex, donde entraron a las oficinas de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.
Eso era lo que los agentes comisionados al seguimiento esperaban descubrir. Así que, a finales de septiembre, visitaron las instalaciones de la compañía haciéndose pasar como clientes interesados en contratar sus servicios. Ahí los recibió Luis Miguel Dena Escalera, un individuo que se presentó como director y que resultó ser el mismo con quien días antes habían visto a Rodríguez Rosas.
Comenzaron por preguntar acerca de los costos de la investigación de personas. Dena comentó que “había ciertas investigaciones que resultaban caras”, ya que por lo regular se operaba en ellas con “anuencia de la autoridad”. Así, el costo variaba en función del número de personas a investigar y el cargo que ocuparan, además de que se precisaba contactar con gente que les vendiera “información 100% fidedigna”.
A la reunión se sumó Guillermo Lago Montes, a quien Dena presentó como uno de los directivos de la empresa. Uno de los agentes preguntó cómo se podía obtener información confiable sobre un gobernador. Dena respondió que en esos casos tenían que buscar a sus contactos en la Secretaría de Gobernación: ese tipo de datos se obtenían a través del Cisen. Charlaron un poco más y se despidieron.
Ya afuera de las oficinas, los agentes estacionaron su vehículo en una calle cercana y montaron guardia. Observaron que al anochecer Dena salió acompañado de Lago Montes y que ambos se dirigieron al mismo restaurante de San Jerónimo, donde ya lo esperaba Rodríguez Rosas acompañado de Zaldívar González. Los cuatro sostuvieron una prolongada reunión. Al final, intercambiaron sobres amarillos, unos con documentos y otros con dinero en efectivo.
El búnker
En mayo de 2008, Luis Miguel Dena Escalera buscaba urgentemente una casa para rentar en un lugar tranquilo, fuera del bullicio y tráfico citadino; no quería que se notara que serían oficinas. Encontró un inmueble de dos plantas con jardín en la parte trasera, en una calle cerrada: Alberto Cárdenas, del Huizachal, zona residencial habitada sobre todo por militares retirados. Ante los dueños de la casa se presentó como director de una compañía de seguridad privada. El espacio le pareció ideal para sus “ejecutivos”: era amplio y tenía un cuarto de dos niveles en la parte posterior, junto al jardín, que podría servir de estudio para su novia, una pintora.
Los propietarios del inmueble notaron que Dena portaba varios teléfonos celulares en el cinturón y que conducía un vehículo muy lujoso. Él no se tomó la molestia de revisar las condiciones del contrato. Lo que quería era instalarse a la brevedad.
Al paso de los días, en lo que se formalizaban los detalles del contrato de arrendamiento, Dena comenzó a alardear de que conocía a funcionarios “muy importantes” en el Estado de México y pidió a los dueños del inmueble que le hicieran los recibos a nombre de la empresa de Lago Ginebra. Meses después, cuando la casa fue asegurada por la PGR, urgió a los propietarios a cambiar los comprobantes por otros a nombre de Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, otra empresa “fachada” dedicada a espiar y de la que, a diferencia de la anterior, no aparece acta constitutiva.
A sus 43 años de edad, Luis Miguel Dena Escalera era un hombre de complexión robusta, cabello lacio y de trato cordial que decía vivir en Cancún, Quintana Roo. Su empresa tenía oficinas ahí, al igual que en Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, donde nació. Comenzó su carrera en el servicio público en 1986 en el Instituto Nacional de Migración.
En marzo de 1994 ingresó al Cisen como delegado en Chiapas, pocos meses después del levantamiento zapatista. De ahí ascendió a director de Investigación del organismo en la Ciudad de México, por lo que acordaba con el director general, Jorge Tello Peón, quien a la postre se convertiría en asesor de seguridad de Felipe Calderón. Poco después fue nombrado delegado en la capital, y más adelante tuvo el mismo cargo en el Estado de México.
En su ficha judicial quedó registrado que trabajó en el Cisen hasta el 15 de noviembre de 2005 y que después entró a la Secretaría de Seguridad Pública como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, cargo al que renunció el 31 de julio de 2006, después de que versiones periodísticas lo vincularan con el narcotráfico.
Algunos meses antes de que Dena rentara el inmueble, uno de sus socios, Yosef Shevah Porat –mayor del ejército israelí especialista en artes marciales y tácticas antiterroristas– había arrendado una casa en Felipe Ángeles, una calle contigua. Este hombre permanecía en el país en calidad de “no migrante” y apareció en registros como “visitante con actividades lucrativas”. Huyó cuando se descubrió que apoyaba a Dena en labores de espionaje.
La casa del Huizachal fue cateada, a raíz de lo cual se encontró una credencial de elector con la foto de Dena Escalera a nombre de Antonio Ricardo Caballero Charón. También se halló equipo sofisticado para realizar grabaciones de audio y video oculto en anteojos, corbatas y carteras, así como aparatos inalámbricos capaces de grabar audio a través de paredes, pisos, puertas y techos. Junto a la documentación que lo acreditaba como “perito en aspectos técnicos y en medidas de seguridad electrónica de la información” aparecieron unos formatos de diploma vacíos, los cuales tenían “antefirmas de diversos funcionarios del Estado de México”.
El equipamiento de la casa de la calle Antonio Cárdenas con tecnología de punta para espiar se realizó durante julio de 2008. El encargado de ello fue Zaldívar González, especialista del Cisen. De acuerdo con el testimonio judicial de uno de los técnicos que participó en dicho equipamiento, los sistemas informáticos tenían una página web con los mismos datos e información que usaban en el Cisen, y “clonaron” el software donde se resguardaban los “panoramas informativos”, las “agenda de riesgos”, el “panorama nacional”, los “ciclos de inteligencia” y la “guía para realizar entrevistas en materia de inteligencia”, así como la “guía para utilizar la técnica de sonsacamiento en materia de inteligencia”, entre otros aspectos.
Los panoramas, las notas informativas y las sinopsis de Estado o de personas las realizaban con información de radio, televisión, internet, diarios y revistas, pero también privilegiaron “fuentes cerradas o confidenciales de acceso restringido” y la “intercepción de comunicaciones privadas”.
Junto a Dena, encabezaron la estructura de espionaje varios de sus viejos conocidos del Cisen, como Guillermo Lago Montes, un exempleado de Gobernación que laboró en distintas áreas de inteligencia de noviembre de 1980 a abril de 1993 y que, tras renunciar a la dependencia, se dedicó a brindar “consultorías privadas”, por las que llegó a cobrar hasta 150 mil pesos al mes.
En dicha estructura también figuraban Miguel Ángel Solís Hernández, exagente enfocado al estudio “sociopolítico de la información”; Alfredo Ávila Uribe, empleado de Gobernación de enero de 1986 a septiembre de 1993, especialista en “subversión” y temas “delictivos”; José Tagle Balderas, agente del Cisen de 1993 a 2006, donde planeaba estrategias de investigación.
Estos dos últimos sujetos, según el expediente judicial citado y cuya copia tiene Proceso, trabajaron en la coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva hasta 2007. A todos ellos se sumó Alejandro Rodríguez Rosas, quien desde 1991 era empleado activo del Cisen, donde fue subordinado de Dena entre 2005 y 2006. Él renunció “voluntariamente” al Centro el pasado 15 de febrero de 2009, poco antes de ser detenido.
Además de sus “ejecutivos”, Dena contrató a un grupo de “analistas”. Una de ellas, Adriana Morales Rodríguez, dejó un testimonio judicial. Reveló que a la información recopilada tenía que dársele un formato con puntos a desarrollar, como “sinopsis, vínculos, relaciones afectivas, información general, fortalezas, debilidades o vulnerabilidades, y la trayectoria profesional del indagado”. También, dijo, los analistas anexaban datos “confidenciales”, como domicilio, enemistades, lugares que frecuentan en su vida pública, situación patrimonial (bienes y cuentas bancarias), trayectoria laboral, vulnerabilidades profesionales y personales, vínculos políticos, teléfonos celulares y fijos.
Con esta información, los “ejecutivos” obtenían las llamadas “sábanas” o “edredones”, que eran los listados de números y llamadas entrantes y salientes, útiles para obtener lo “relevante”, es decir, información que alimentaba un programa de cómputo que permitía establecer gráficamente la “red de vínculos” de los espiados.
Los “panoramas” se elaboraban mediante intervenciones telefónicas que les permitían a los espías acceder a aspectos de la vida privada. A estos archivos de audio les llamaban “canciones”, y la “lista de artistas” incluía a personajes como Fidel Herrera Beltrán, el gobernador priista de Veracruz; Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Beatriz Paredes, presidenta Nacional del PRI; Germán Martínez Cázares, a la sazón dirigente nacional del PAN; el legislador panista Santiago Creel, el priista Manlio Fabio Beltrones y el perredista Carlos Navarrete, además del excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, y el perredista Alejandro Encinas, entre otros, de cuyos casos dio cuenta la prensa en julio y noviembre pasados.
“Huellas” mexiquenses
“Hay que esperar a que (el caso) se enfríe un poco”. Eso es lo que, según los defensores de uno de los afectados por el aseguramiento del inmueble de la calle Antonio Cárdenas, les dijo un funcionario de la PGR cuando se presentaron a reclamar la devolución de la casa. Habían pasado varios meses desde que exigieron a la dependencia responder por qué había sido asegurado el lugar.
La PGR no quiso obedecer al juez de distrito que ordenó en su sentencia de amparo dar detalles sobre la investigación, dice uno de los litigantes.
La actitud de la dependencia también extrañó al juzgado donde se consignó el caso, no sólo por las implicaciones políticas de los delitos por los que se dictó formal prisión a Dena y a 11 coacusados (una sobrina suya entre ellos, Teresita de Jesús Flores Dena, copropietaria en una de las empresas), sino porque quedaron sin concluir varias líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de quienes financiaron cada bloque de espionaje, valuado cada uno entre 350 mil y 450 mil pesos.
En uno de los cateos a las cuatro casas que se aseguraron como parte de las indagatorias se encontró un “contrato de prestaciones de servicios entre Laura Elena Ortiz Chapa y Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.”. Estaba junto a un engargolado con la leyenda “Centro de Información y Seguridad, CISET, agosto de 2008”, un órgano autónomo del gobierno estatal. En otro inmueble se localizó el “seguimiento” telefónico hecho a la actriz Angélica Rivera, prometida del gobernador mexiquense, y una serie de “encuestas” sobre el mandatario.
En el domicilio del exempleado del Cisen Guillermo Lago Montes, localizado en la calle Luis Cabrera, las autoridades encontraron grabaciones de las llamadas telefónicas hechas por la misma actriz junto con otros audios y documentos relativos a ella. En otro de los domicilios cateados en la colonia Popo hallaron reportes sobre los “avances en la transcripción de audios de Gaviota”. En varias ocasiones, según el expediente, la señora había señalado que sabía que sus conversaciones eran espiadas.
En lo que atañe a Dena Escalera, en su computadora personal se encontró una serie de trabajos de su autoría para el gobierno del Estado de México. Uno de ellos se titula Sectores de información para la Agenda de Riesgos del Estado de México, con los apartados: “Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Político, Laboral, Empresarial, Campo, Educativo, Cultos, Popular, Seguridad Pública, Subversión, Contrainteligencia, Medios de comunicación”.
En el rubro de Contrainteligencia, realizó un seguimiento especial a las “actividades de inteligencia” del Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública federal y “organismos extranjeros”.
Cuando el pasado 21 de enero la PGR efectuó una diligencia para devolver el inmueble de la calle Antonio Cárdenas a sus propietarios, los agentes federales tuvieron que llegar con una mudanza para llevarse el mobiliario y los equipos, y contrataron una grúa para sacar una camioneta Lincoln asegurada.
A la basura no le hicieron caso. En algunos botes aparecieron documentos que detallan cómo Dena y sus “ejecutivos” se preparaban para darle seguimiento a las elecciones de 2012. Alguien anotó en una hoja amarilla, fechada en septiembre de 2008, que tenían previsto un estudio de la última jornada electoral mexiquense para ubicar tendencias y solicitar información al IFAI sobre sus “objetivos”.
Las órdenes venían “de Los Pinos”
Acusados de montar una vasta red de espionaje cuya organización y financiamiento, de acuerdo con datos de la PGR, podría implicar al gobierno del Estado de México, exfuncionarios de los servicios de inteligencia que estuvieron en ella responsabilizaron en cambio a la Presidencia de la República de las actividades de seguimiento de decenas de personajes públicos desde el inicio de la administración de Felipe Calderón.
Dos de los principales acusados, Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, aseguraron que la Oficina de la Presidencia fue el origen del espionaje que se realizaba desde domicilios del Distrito Federal y del Estado de México.
“Jamás actuamos solos. Lo que hicimos se nos ordenó desde Los Pinos y se operó con el apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional” (Cisen), manifestaron los espías que trabajaron más de una década para el Cisen y la Policía Federal Preventiva (PFP).
En agosto pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) buscaba aprehenderlos junto con otros 11 coacusados, ambos exagentes se acercaron a Proceso para responder a las imputaciones que semanas antes había filtrado la dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora.
Dena Escalera y Rodríguez Rosas intentaron entonces desmontar las acusaciones de la PGR en su contra como los principales responsables del espionaje descubierto a partir de la denuncia penal que presentó, el 13 de junio de 2008, el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones, quien fue sólo uno de las decenas de personajes públicos espiados.
Cuando se disponían a ofrecer pruebas de sus señalamientos, a finales del año pasado, los exagentes fueron capturados. Sometidos a proceso judicial, se encuentran detenidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Poco antes de ser aprehendidos, en diversas conversaciones telefónicas con este medio dieron su versión sobre las actividades que desarrollaban y la manera en que operaban. Aseguraron que el objetivo fue crear una estructura de espionaje fuera de los servicios de inteligencia para que pudiera desempeñarse con más facilidad y sin riesgo político.
Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien laboró con Dena Escalera en el Cisen y en la Coordinación de Inteligencia de la PFP, explicó: “Un grupo de personas que habíamos trabajado en servicios de inteligencia fuimos organizados para hacer estas actividades. Las órdenes las recibíamos de la Oficina de la Presidencia”.
Durante el supuesto reclutamiento, la Oficina de la Presidencia estaba a cargo de Juan Camilo Mouriño, quien en enero de 2008 fue designado por Calderón como titular de la Secretaría de Gobernación, a la que está adscrito el Cisen, cuyo director desde el inicio del sexenio es Guillermo Valdés Castellanos.
De acuerdo con la propia PGR, en noviembre de ese año –cuando Mouriño murió en la Ciudad de México– el grupo seguía espiando, a pesar de que habían pasado cinco meses desde la denuncia de Beltrones, quien fungía como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Rodríguez refirió que el grupo siguió espiando aún después de la muerte del secretario de Gobernación y puntualizó que el contacto con Mouriño era a través de Yolanda Esparza, “quien era la secretaria de todas sus confianzas”.
(Yolanda Esparza López fue la secretaria de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste, en Campeche. Después se convirtió en su secretaria particular. Cumplió esa función en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. A la muerte de Mouriño, pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. En el IMSS, Esparza López trabajó hasta el año pasado en la secretaría particular de la Unidad de Vinculación.)
Rodríguez insistió: “Tan teníamos el respaldo de la Presidencia y del Cisen, que los equipos con los que operamos tenían número de inventario de la Dirección General” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Mencionó los nombres de más de 50 personas a las que espiaron “por órdenes de la Presidencia”. Según su dicho, se trató de políticos oficialistas y opositores, miembros del gabinete, funcionarios de organismos autónomos, abogados, ejecutivos, periodistas…
Reveló que el escándalo desatado en febrero de 2009 contra el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Luis Téllez, fue resultado de las grabaciones hechas por ese equipo de espías gubernamentales.
De acuerdo con Rodríguez, además de Téllez y los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para ese caso también fueron espiados el abogado Juan Velásquez y el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé.
Aseguró que como resultado de su espionaje, contaban con “numerosos expedientes” y copiosa documentación almacenada en cintas magnéticas, grabaciones digitales y videos. Disponían también de fotografías y números de cuentas bancarias de los espiados.
Téllez no fue el único miembro del gabinete sometido al espionaje presuntamente ordenado desde la Presidencia. Rodríguez dijo que la misma suerte corrieron el secretario del Trabajo, Javier Lozano; el entonces director del IMSS y sucesor de Téllez en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, al igual que otro personaje que se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miguel Alessio Robles, hoy consejero jurídico de la Presidencia.
Según el exespía, se dio asimismo seguimiento a personal de Los Pinos. Mencionó el caso del propio secretario particular de Calderón en ese momento y actual presidente del PAN, el diputado César Nava. Su antecesor en el partido, Germán Martínez, también estuvo en la lista.
Otros panistas que citó fueron los senadores Santiago Creel Miranda, Federico Döring y Fernando Elizondo –quien fue secretario de Energía con Vicente Fox–, así como el actual gobernador de Sonora, el exsenador Guillermo Padrés. Rodríguez destacó entre los espiados al entonces litigante Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación.
Las líneas telefónicas del Centro Fox, en Guanajuato, también fueron intervenidas, como las de otro personaje cercano al expresidente, Guillermo Velasco Arzac.
A decir del acusado, aliados electorales de Calderón tampoco se salvaron, en particular Elba Esther Gordillo, su hija Mónica Arriola y el diputado del Partido Nueva Alianza Jorge Kahwagi. Lo mismo pasó con los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
En el caso del PRI, además de Beltrones los exespías gubernamentales aseguraron haber dado seguimiento a las actividades de la presidenta del partido, Beatriz Paredes; del hoy exgobernador de Sonora Eduardo Bours, y del aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
La inclusión del gobernante mexiquense contrasta con la versión de la PGR, según la cual el espionaje se originó en el Estado de México, aunque la misma dependencia ha filtrado la información de que la actriz Angélica Rivera, La Gaviota, pareja sentimental de Peña Nieto, también fue espiada.
Desde luego, dijeron los exagentes, en su lista estaban el “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el presidente del PRD, Jesús Ortega.
Especial atención dedicaron a los colaboradores más cercanos de López Obrador: José Agustín Ortiz Pinchetti, Octavio Romero y el diputado perredista Alejandro Encinas. Los tres formaron parte del gabinete de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. Otro de los espiados fue el ahora diputado del PT Gerardo Fernández Noroña.
Por lo que respecta al gobierno de Marcelo Ebrard, siguieron los pasos del procurador general de Justicia del DF, Miguel Mancera, y del secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón.
Fuera de partidos, gobierno y Congreso, aseguraron que intervinieron igualmente las comunicaciones de quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Carlos Salinas, José Córdoba Montoya, y del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, notario de los empresarios Carlos Ahumada y Zhenli Ye Gon.
Por lo que se refiere a los periodistas espiados, mencionaron los nombres del conductor de Televisa Joaquín López Dóriga; del director de El Universal, Jorge Zepeda Patterson; del director de la revista electrónica Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza; de la editora de la sección de Estados de La Jornada, Mireya Cuéllar, y de Alfonso Millares, a la sazón directivo de la agencia Notimex.
Requeridos para dar pruebas de sus aseveraciones, los acusados proporcionaron a Proceso los números telefónicos de una veintena de las personas sometidas a espionaje. Los teléfonos, en efecto, pertenecen a los señalados.
Las acusaciones
Según Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, ellos se escondieron en diversos estados del país, y pretendían entregarse a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal luego de dar a conocer públicamente parte de sus investigaciones cuando, a finales de noviembre de 2009, el Segundo Tribunal Unitario de Procesos Penales Federales ordenó abrir el proceso penal en su contra.
Junto con Dena Escalera y Rodríguez Rosas, el magistrado Ricardo Paredes Calderón dictó auto de formal prisión contra Teresita Flores Dena –sobrina del exfuncionario del Cisen–, Guillermo Lago Montes y José Tagle Balderas, ambos exempleados del centro de investigación dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tagle Balderas trabajó además en la PFP con Dena Escalera.
Todos están acusados de asociación delictuosa, y a cuatro de ellos –con excepción de Rodríguez– se les fincó además el cargo de intervención de comunicaciones privadas. Dena y Lago son procesados asimismo por cohecho, y Rodríguez, por copiado de información propiedad del Estado, en particular del Cisen.
En total, de acuerdo con la PGR, en esa red participaban por lo menos 13 personas, varios de ellos exfuncionarios del Cisen, de la PFP y de la Secretaría de Hacienda. Entre los acusados se halla igualmente el comercializador israelí de armas y equipo de espionaje Yosef Shevah Porat, Sharon.
La versión que ha sugerido la PGR desde que, el 2 de julio del año pasado –en vísperas de las elecciones federales intermedias–, el periódico Reforma publicó parte del expediente, es que Dena Escalera y Rodríguez Rosas integraron una red de espionaje que podría implicar al gobierno del Estado de México y que estaba dirigida contra políticos priistas, particularmente “contra aquellos que son antagonistas del gobernador Enrique Peña”.
El diario informó que el 6 de noviembre de 2008 –dos días después de la muerte de Mouriño– la PGR cateó dos domicilios en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde se procesaba la información obtenida mediante espionaje, al igual que un domicilio en la colonia Popo, en el Distrito Federal.
La PGR indicó que los acusados usaban como fachada la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, que obtuvo su permiso de operación en 2007 de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna.
Manifestó que también se valían de la empresa Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, y dijo que en una de las instalaciones encontró equipos de lanzagranadas, al parecer vendidos por Sharon, quien escapó del país con un pasaporte falso, según la propia dependencia.
En julio de 2009, Medina Mora declaró que la PGR había incautado en dos “casas de seguridad” de Naucalpan computadoras que tenían más de 200 mil páginas de información sobre las personas espiadas.
En posteriores filtraciones, la PGR ha señalado que, además de los priistas, fueron espiados miembros del gobierno de Felipe Calderón; entre ellos, el propio Mouriño y quien fungía como secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda.
Refirió que en la misma situación estuvieron el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, ahora director de Pemex Gas y Petroquímica, y el expresidente del PAN Manuel Espino.
En el caso del PRI, aparte de Beltrones, la PGR enlistó al senador Francisco Labastida y a los gobernadores Mario Marín, de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz, y Humberto Moreira, de Coahuila.
La PGR sostiene que antes de la denuncia de Beltrones ya había integrado una averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con el número 83/UEIDCSPCAJ/2008.
A esa averiguación sumó la 97/UEIDCSPCAJ/2008, abierta por la acción judicial del senador priista, quien interpuso la demanda “contra quien resulte responsable”.
Según la PGR, ambas averiguaciones apuntan al Estado de México.
Funcionarios y policias en las narcorredes del Edomex
La mañana del 20 de agosto de 2008, Noé Sánchez Avendaño comenzó a recibir varias llamadas telefónicas en su celular por parte de sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, así como de Silverio Romero Varela, El Chino. Los tres eran miembros de una banda dedicada al narcomenudeo afincada en 15 municipios del Estado de México y que opera con la presunta protección de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la delegación de la PGR y Los Zetas.
Sánchez Avendaño trabajaba como técnico radiólogo en un hospital de Toluca, la capital mexiquense, pero el dinero fácil pronto lo deslumbró. Entonces decidió meterse al narco.
Sus conexiones llegaron muy alto, tanto que, antes de ser asesinado, administraba 15 tienditas, se ligó a Los Zetas y, de acuerdo con su declaración ministerial, rendida como testigo protegido de la PGR (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08), el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, permitió el posicionamiento del cártel de La Familia en toda la entidad y ordenó echar a Los Zetas del territorio mexiquense, lo que derivó en disputas y muertes, según refirió.
Aquella mañana, Sánchez Avendaño se acicalaba para salir a realizar sus actividades de costumbre. El teléfono sonaba y sonaba, hasta que por fin contestó. Del otro lado del auricular una voz era insistente:
–Queremos verte, Noé. Tenemos un dinero para ti y una información que darte.
–¿Qué información? –preguntó a sus amigos un tanto abismado.
–No te podemos decir por teléfono. Nos urge verte. Nos vemos a las siete de la noche en La Marquesa…
–Está bien. Ahí nos vemos.
Semanas antes de su muerte, Noé Sánchez había acudido a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para denunciar el secuestro de su hermano Mizraím Jonathan, de 28 años, quien supuestamente fue plagiado por miembros de la organización delictiva La Familia michoacana, quienes comenzaban a “limpiar” la plaza de Zetas y a coludirse con las autoridades mexiquenses para sentar sus reales en la entidad, lo que más tarde lograron.
Con base en la denuncia interpuesta por Noé Sánchez, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/208/09, en la que el denunciante reconoció que tanto él como su hermano se dedicaban al narcomenudeo, por lo que la PGR determinó retenerlo. Luego se acogió al programa de testigos protegidos bajo el argumento de que “ya estaba harto de estar metido en ese negocio”.
Así fue como la PGR tuvo conocimiento de que el entonces delegado de la institución, José Manzur Ocaña –oficialmente declarado prófugo de la justicia –protegía una red dedicada a la venta de droga que operaba en 15 demarcaciones del estado de México con el apoyo de las policías estatal y federal.
A través de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, la PGR también conoció los pormenores de los vínculos que comenzaban a tejer miembros de la organización delictiva La familia michoacana tanto con Manzur como con agentes estatales y miembros de la escolta del actual secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, cuyo entorno se ha visto envuelto en sospechas por las presuntas complicidades de su personal de confianza con el narcotráfico (Proceso 1664).
Las declaraciones del testigo protegido Noé Sánchez ante la SIEDO pronto comenzaron a cobrar forma en la realidad: el 11 de junio de 2008, por ejemplo, fue asesinado Braulio Hernández, quien se desempeñaba como escolta de Cuitláhuac Ortiz –exdirector de la Policía Ministerial y exescolta de Benítez Treviño –quien también fue ejecutado por su presunta relación con el tráfico de drogas.
Según las investigaciones de este caso, a Cuitláhuac Ortiz lo ejecutó el policía Manuel Magaña García, El Gris, quien dependía del comandante Javier García Carrasco, éste señalado como uno de los múltiples filtros de información al servicio de La Familia.
Junto al cadáver de Braulio Hernández apareció un mensaje de La familia en el que se atribuían la ejecución de Hernández y lanzaban una amenaza al gobierno de Peña Nieto que rezaba: Con la familia no se juega, vayan preparando el traje con el que se van a morir”.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, integrada a raíz del plagio de Mizraím Jonathan, hermano de Noé, se conoció el rompecabezas del narcotráfico que actualmente opera en el Estado de México.
Noé Sánchez Avendaño dijo, por ejemplo, que él se dedicaba al cobro del dinero que se obtenía por la venta de droga y que lo entregaba a un agente federal de nombre Arturo Clímaco, presunto enlace entre Manzur Ocaña y esta red de narcotráfico.
Expuso, además, que cuando él trabajaba (para el narco) recibía protección de policías estatales y federales; de la delegación de la PGR y de Los Zetas, quienes hasta 2008 dominaban el estado.
Actualmente, la tarea que realizaba Noé Sánchez la efectúa su exsocio y presunto homicida, Josué Alexis Aguilar Trujillo, El kiko, quien opera para el cártel de La Familia. Este personaje fue uno de los que citó a Sánchez en La Marquesa aquel 20 de agosto de 2008.
La SIEDO también tiene informes –cuyas copias pudo obtener Proceso –de los principales vendedores de droga que operan en la ciudad de Toluca con protección oficial, así como de los expendios donde se comercia con psicotrópicos: cocaína, crack, cristal, heroína y mariguana.
Dichos informes señalan, por ejemplo, que uno de los “puchadores” (vendedores de coca) se llama Eric Tapia Aldana y se le conoce en el mundo del hampa como El Kualis. Según su ficha, tiene su domicilio en Islas del Padre 715, esquina con Lago Caimanero.
Otro es Leonardo Muciño Camacho, Marioni, quien opera junto con otro sujeto que en el informe es referido como El Cone. Según el reporte que recibió la SIEDO, estos presuntos narcotraficantes tienen antecedentes por homicidio y están libres, pues a menudo se les ve a bordo de un carro Tsuru con placas GZM 3524 del estado de Guerrero.
También utilizan un Mustang negro (americano) y un Sable gris con placas LZH 6059 y LXU 9318, respectivamente, del estado de México. Todos ellos trabajan, de acuerdo con el reporte recibido en SIEDO, para El Kiko, quien “es el proveedor de droga de todas las narcotienditas” y tiene como socios a dos de sus hermanos, quienes en el documento son mencionados como El Chagui y Jovany, sus alias.
Sobre las llamadas narcotienditas, una de ellas opera tanto de día como de noche en el barrio de la Veracruz, el cual se ubica en la vialidad Adolfo López Mateos 405; otra está en la carretera Toluca-Tenango, “en la esquina con la desviación a Colimada. Otra funciona en la vialidad Alfredo del Mazo sin número, a un lado del bar “JS”, en Toluca.
Para Noé Sánchez Flores, padre del testigo Noé, fue sorprendente la prosperidad de su hijo. “Vestía muy bien y siempre traía carros diferentes, pero nunca me imaginé que estuviera relacionado con el narcotráfico”, dijo.
–¿A qué se dedicaban sus hijos Noé y Mizraím? –se le pregunta en entrevista con este semanario.
–El mayor, Noé, era técnico radiólogo del hospital San Juan, en Toluca, y el otro se dedicaba al comercio, vendía ropa en tianguis.
Añade: “A mi esposa y a mí siempre nos llamó la atención su rápida prosperidad, pero nos decía que trabajaba para un licenciado cuyo nombre no conocimos sino hasta tiempo después.
–¿Quién era el licenciado? –se le inquiere.
–Era José Manzur, el delegado de la PGR en el Estado de México.
Tiempo después, el cártel de La Familia entró en pugna con Los Zetas –primeros en afincarse en la plaza –hasta que aparentemente fueron desplazados.
En su calidad de testigo protegido, el propio Noé Sánchez Avendaño reconoció dedicarse al tráfico de drogas y a la administración de varias tienditas localizadas, según dijo en su declaración, en los municipios de Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, San Mateo Oxtotitlán, Tuhuitlán, Amecameca, Cuautitlán, Ixcali, entre otras demarcaciones.
También declaró ante la SIEDO que las propias autoridades estatales permitieron la entrada de La Familia michoacana a la entidad, quienes se enconaron con Los Zetas y finalmente terminaron dominando la plaza a base de violencia, secuestros y muertes.
Precisamente a esas pugnas el propio Noé Sánchez atribuyó el secuestro de su hermano Mizraím Jonathan Sánchez, quien fue “levantado” por agentes estatales al servicio del cártel de La Familia el 25 de junio de 2008, cuando comía en una tortería.
Después del secuestro de Mizraím fueron detenidos varios agentes federales y estatales implicados en el plagio. Uno de ellos, Gabriel García Carrasco, El Chícharo, declaró ante la SIEDO que tanto él como otros policías secuestraron al hermano de Noé Sánchez y “lo entregamos vivo a La Familia michoacana”.
En una carta fechada el 8 de septiembre de 2008, que fue enviada a la SIEDO, Rubén Sánchez Flores y María de la Luz Avendaño –padres de Noé y de Jonathan Sánchez –afirman que se enteraron del secuestro de su hijo Jonathan el 25 de junio de 2008, y responsabilizan del plagio a los miembros del cártel de La Familia y a la policía del Estado de México, pues aseguran que está coludida con el narcotráfico.
Y añaden: No omitimos señalar que desde esa fecha comenzaron a amenazarnos vía telefónica y a exigirnos diferentes cantidades de dinero para la devolución de mi hijo Mizraím, hasta un millón de dólares, por lo que negociamos el pago de seiscientos mil pesos a los señores Pedro Guevara y Felipe “N”, quienes al parecer son elementos activos de la Agencia Federal de Investigación o de la Policía Ministerial (del Estado de México).
El pago, dice la misiva, se hizo a las personas referidas a través de Noé Sánchez, sin embargo, no fue devuelto nuestro hijo Mizraím y tanto a nosotros como a mi hijo (Noé) nos decían que ya lo habían matado, confundiéndonos y haciéndonos vivir con miedo y temor, pues nos repetían que seguíamos nosotros si no pagábamos otros cuatrocientos veinte mil pesos…Y nos hablaban de nuestras nueras y nuestros nietos, contando con mucha información sobre nosotros, por lo que decidimos llevar a cabo otra negociación para que liberaran a nuestro hijo.
De esa nueva negociación dan cuenta más de 30 grabaciones entre los padres de Mizraím, el hijo mayor –Noé –y los plagiarios, entre quienes aparece la voz de un personaje llamado René Calderón López, Enero, miembro de La Familia, a quien las autoridades del Estado de México supuestamente detuvieron el 2 de febrero último, pero los padres de Noé Sánchez afirman que “la persona que fue presentada como Enero no es la que secuestró a su hijo Jonathan”.
Después de concluir las negociaciones, los padres de Jonathan dicen en su carta que acordaron con los secuestradores realizar un pago de 420 mil pesos adicionales, los cuales fueron llevados por Noé en un sobre. Como ya habían hablado con la policía, al momento de la entrega fueron detenidos varios miembros de la banda, por lo que se agudizó aún más el suplicio que vivía la familia.
Narran en su carta: Por tales razones nos vimos obligados a salirnos y a abandonar nuestras pertenencias y nuestros inmuebles que tenemos en la ciudad de Toluca, llegando a hoteles y finalizando en una casa amueblada conseguida en renta para poder vivir y economizar gastos, ubicada en Cuernavaca, Morelos, lo cual fue mermando nuestros pocos ingresos, pues desde entonces nos hemos ocupado de los dependientes de mis hijos en virtud de que toda la familia ha sido amenazada de muerte.
Cita con la muerte
La tarde cayó aquel 28 de agosto de 2008. Noé Sánchez Avendaño se preparaba para su cita con sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, y Silverio Romero Varela. Antes de la cita, Sánchez Avendaño acudió a la SIEDO para que autorizaran a César Noé Nava y Luis Enrique Ramírez –dos agentes de la AFI que eran sus escoltas –el traslado hacia La Marquesa, lo que ocurrió cerca del mediodía.
Al llegar al restaurante, Noé Sánchez fue recibido a balazos. Tanto él como sus dos escoltas fueron masacrados presuntamente por Aguilar Trujillo y Romero Varela, pues de acuerdo con sus familiares “las autoridades del Estado de México no le perdonaron que haya delatado toda la red de narcotráfico que protege el gobernador Peña Nieto”.
Para investigar estos hechos, la SIEDO integró la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08. A poco más de un año de estos hechos, los crímenes tanto de los afis como del testigo protegido Noé Sánchez siguen impunes, lo mismo que la red de narcomenudeo que, según denunció Sánchez, es protegida por el gobierno estatal.
Antes de ser asesinado, y en su calidad de testigo protegido, Noé Sánchez escribió una carta que pretendía enviar a la empresa Televisa. El texto, cuya copia está en poder de Proceso, dice:
Noticieros Televisa: Siendo originarios del Estado de México nos dirigimos respetuosamente a ustedes para denunciar la problemática del narcotráfico en la entidad antes mencionada…Somos un grupo de personas las cuales nuestros hijos han caído en las promesas (de) gente dentro del gabinete del señor gobernador Enrique Peña Nieto (que) tienen nexos con el narcomenudeo y además reclutan (a) jóvenes que por la ansiedad de ganar dinero fácil caen en esa red que ellos controlan y dirigen…
…Quienes no se someten o aceptan pagar renta o protección policiaca, llámese ministerial, municipal o federal (AFI, PFP, PGR) ahora han coludido sus actividades delictivas uniéndose a otra organización criminal llamada La Familia michoacana, quienes se encargan de torturar, secuestrar, matar y amenazar a los demás jóvenes reclutados que desobedecen a este grupo delictivo.
Hacemos mención de algunos nombres de ellos: José Manzur Ocaña (exdelegado de la PGR en el Estado de México), Humberto Benítez Treviño, Pedro Guevara, Faustino Piña, comandante Huerta, comandante Ingaes… Todos ellos son algunos de los que controlan y brindan protección a los narcomenudistas y distribuidores en las localidades de Metepec, Zinancatepec, San Mateo Atenco, Calimaya, Lerma, Ixtapan de la Sal y Tenango.
En defensa del cabrón irresponsable
MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- Ajeno ya al PAN, refrendado en su cargo por un reticente y nada entusiasta espaldarazo del presidente de la República, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont demoró en mostrar la lealtad que le reconoce Felipe Calderón. Frente a la insólita, tremenda, apabullante acusación del diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien llamó al Ejecutivo “cabrón irresponsable… que no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”, es decir, de emprender la guerra al cártel de Sinaloa, Gómez Mont descalificó de modo virulento sus apreciaciones. Las llamó “falsas”, “irresponsables” y “moralmente condenables”.
El domingo 14 Proceso ofreció una singular, demoledora entrevista de Álvaro Delgado a Clouthier Carrillo, en que el hijo mayor de Maquío denuncia la falta de acción gubernamental contra el narcotráfico en su natal Sinaloa: “El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente!”
No sólo eso. El antiguo director de los diarios Noroeste, de Culiacán y Mazatlán, ve en su tierra “cosas muy extrañas”, como la compra de terrenos propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuya época (1980-1986) florecieron en esa entidad bandas de narcotraficantes como la de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, emparentado con el exgobernador que como secretario de la Reforma Agraria bajo López Portillo hizo grandes negocios (con los que favoreció a sus allegados y a no pocos periodistas) a través de un programa nacional de desmonte que cuenta entre las grandes estafas nacionales. Fonatur compró a Toledo Corro 2 mil hectáreas, a un costo de mil 200 millones de pesos para establecer un desarrollo turístico.
Clouthier consideró ese hecho “muy emblemático y sospechoso”. Y se pregunta si no había otros terrenos: “¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense y a la comunidad mexicana. ¡Para mí eso es extrañísimo… ¿Qué tipos de arreglos hay allí, qué cosas extrañas están sucediendo. No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente.”
Sin embargo, Clouthier no tenía sólo interrogaciones, sino también contundentes denuncias. Se refiere a la “camarilla mafiosa en el poder”, que “actúa aliada con el crimen organizado”. E implica en esa camarilla no sólo a los gobernantes priistas de Sinaloa (los dos más recientes, y Jesús Vizcarra, el que viene), que ahora cuenta según su visión con la complicidad del gobierno federal.
Álvaro Delgado realizó esa entrevista a Clouthier el jueves 11. En la víspera el secretario de Gobernación había renunciado a su militancia panista y había quedado en el limbo. Pretendió ocultar sus razones tras una endeble discreción profesional pero pronto tuvo que admitir que la decisión panista de gestar alianzas opositoras al PRI contrarió su propia estrategia de entendimiento con el partido antaño dominante y en trance de serlo de nuevo. Entre ambigüedades se reconoció autor de una promesa que no podía haber formulado en nombre del PAN, la de abstenerse de formar coaliciones con el PRD, y su partido lo hacía quedar mal ante el PRI, que había cumplido su parte del pacto aprobando el paquete económico de 2010.
La entrevista con Clouthier apareció el domingo, como queda dicho y saben los lectores de Proceso y ni ese día, ni el lunes, el martes y el miércoles siguiente preocupó a Gómez Mont, más interesado en establecer su propio derrotero que en defender al Presidente de la grave acusación lanzada no por un seguidor de López Obrador o por este mismo sino por el actual jefe de una familia que dio al PAN un singularísimo candidato presidencial, y él mismo es legislador federal y eventual candidato a la gubernatura sinaloense (aunque por ahora haya declinado serlo). En medio de especulaciones sobre la durabilidad de su encargo como secretario de la política interior que abandona su propio partido tras generar desconfianza en el principal interlocutor, por fin el martes 16 fue confirmado en su cargo.
En una entrevista de circunstancias ante una televisora local de Puebla, Calderón, visiblemente fatigado tras una gira y desatento a su expresión al punto de repetir la palabra clave dos veces en tres líneas, el Presidente definió a su colaborador: “Es un hombre leal, un secretario de Gobernación que cumple su encomienda, como se dice entre abogados, a su leal saber y entender, es decir, con plena voluntad, que goza además de toda mi confianza”. Desde Los Pinos se emitió un comunicado con ese párrafo, que quizá más que a beneficiar a Gómez Mont estaba destinado a deslindar al propio Calderón de las percepciones de que había incurrido en un juego doble al cabo del cual hizo pagar las consecuencias al secretario de Bucareli.
Confirmado en su cargo, Gómez Mont escribió apenas el miércoles 17 la carta a Clouthier llena de rotundos reproches e información que buscaba contradecir al diputado. A pesar del carácter abierto y público de la declaración del hijo de Maquío, Gómez Mont prefirió responder en privado, pues su oficina no presentó la carta en formato oficial, dentro de un comunicado.
Clouthier, en cambio, siguió su táctica de gritar sus inconformidades. Dio una entrevista el jueves 18 a Adriana Pérez Cañedo. Dijo estar “helado” y “tristísimo” ante la respuesta de Gómez Mont, a quien señaló como defensor de oficio del gobierno de Culiacán, que había preferido guardar silencio. En su respuesta, el secretario rechazó que el gobierno federal se abstuviera de combatir al narcotráfico en Sinaloa. Aportó nombres y cifras de detenidos que avalan su afirmación. Y concluyó con una tontería: “no es con descalificaciones como se combate el narcotráfico” (pues no, y nadie lo pretende). Y contraacusó diciendo que “las acusaciones falsas e infundadas en nada contribuyen a un esfuerzo colectivo como nación, que merece y necesita el compromiso de todos los mexicanos”.
Ese último párrafo inquietó a Clouthier: “me está dando la razón… me está diciendo que Sinaloa es intocable. Desde el momento en que él se convierte en defensor de oficio del gobierno estatal pues, caramba, digo yo: ahora sí me cargó el carajo”.
PRI-PAN ¿Qué más han negociado?
¿Qué más han negociado?
Para el senador panista Ricardo García Cervantes, el acuerdo del secretario de Gobernación con el PRI para evitar las alianzas electorales del PAN es una muestra de que su partido está copado por políticos de un pragmatismo aberrante. En entrevista, admite que, al margen de las consideraciones éticas y de principios, el carácter cupular del pacto lo lleva a preguntarse si otras importantes legislaciones, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y la de Seguridad Nacional, también son materia de esos o de otros acuerdos secretos. “A ver: ¿qué más han negociado?”.
El senador Ricardo García Cervantes no vacila: dice que la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita desde hace 32 años, ha impuesto un pragmatismo extremo, capaz de signar el pacto “absolutamente aberrante” de aprobar aumentos de impuestos a cambio de cancelar alianzas electorales, pero también ha incubado la sospecha sobre el alcance de otros arreglos.
Porque este acuerdo, aclara, no fue sólo responsabilidad del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sino también del presidente del PAN, César Nava, y de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, y en el Senado, Gustavo Madero.
“¡No me digan que Josefina y Madero no tienen vela en el entierro! Por supuesto que la tienen frente al secretario de Gobernación, que yo no sé de dónde saca que sí puede comprometer todo el accionar de una institución política como Acción Nacional, a la cual él conoce.”
El legislador dice que el diferendo por el pacto con la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), supuestamente al margen de Felipe Calderón, “ahora queda entre el presidente del partido y sus coordinadores parlamentarios”.
–¿Cree usted que Calderón no lo sabía?
–Mire: a creer, en la religión. Aquí ciertamente hay una palabra del secretario de Gobernación. Me quedo con los dichos del secretario, y el secretario dice que no.
–¿Y de quién es la responsabilidad política?
–Lo más importante de la relación del secretario y del presidente de la República es su nivel de confianza. Yo no especulo. Veo que el presidente Calderón tiene confianza en el licenciado Gómez Mont, lo hace público, y lo demás es lo de menos.
–Como parlamentario, ¿tiene confianza en la palabra del secretario de Gobernación que se comprometió a algo y no lo cumplió?
–No, en lo que ya no empiezo a tener mucha confianza es en la coordinación, porque ahí estaba comprometiendo también nuestros votos, nuestra propia ética personal, nuestra propia responsabilidad frente a nuestro cargo, que es una responsabilidad de conciencia
Sobre este pacto, que define como “una devaluación o una autodenigración de los cuerpos colegiados”, a García Cervantes le surgen dudas como miembro del grupo parlamentario del PAN: “Si yo estoy fuera de las consideraciones éticas, estratégicas y tácticas que involucran mi responsabilidad personal, yo lo primero que digo es: ‘A ver... ¿y qué más han negociado?’”.
Plantea: “¿(Se negoció) esa concesión que se da para no cobrar derechos al nuevo tramo del espectro radioeléctrico y que ya se sabía quiénes, y ahora se ve la concentración de ese espectro y la concentración del poder en la comunicación y en la economía de un grupo como Televisa con estos privilegios? ¿Fue parte del negocio, fue parte de la negociación? ¿O por qué está parada y no sale una serie de piezas legislativas urgentes para el país, como la Ley de Seguridad Nacional, que podría darle un marco jurídico (si se quiere cuestionable, pero cuando menos que se discuta) a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Son también parte de las negociaciones?
–¿Lo son?
–Yo creo que sí lo son ahora. ¿Por qué? Porque ahora se negocia una cosa por la otra.
El legislador afirma que este comportamiento ya incubó la sospecha entre los legisladores del PAN: “Ha traído la desconfianza en todo tipo de negociación el hecho de que cupularmente se haga sin informar a quienes luego tenemos que ser idiotas útiles acompañando el proceso, negociaciones que se salen de los cánones de la ética política y de la práctica política como tal”.
El estilo Gamboa-Kamel
Actual vicepresidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura –en carácter de tal invistió a Vicente Fox con la banda presidencial–, exsubsecretario de Gobernación y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN desde 1990, García Cervantes se niega a ser un “político práctico” y por eso reprueba el pacto que hizo renunciar a Gómez Mont a su militancia en el PAN.
“Nada tiene que ver una negociación de carácter legislativo con un compromiso de conducción de un partido político”, critica el legislador. “Por eso vemos el alejamiento que tienen ahora la sociedad y los electores con los partidos, que siempre ha estado, pero ahora están a flor de piel las razones”.
Aclara que no es vergonzoso crear mayorías parlamentarias, ni siquiera para aumentar impuestos, como ocurrió cuando los legisladores del PRI y los del PAN aprobaron elevar el IVA, el ISR y las gasolinas. “Ese no es el tema. El tema es: ¿a cambio de qué? Eso es lo que a mí me parece absolutamente aberrante”.
Aunque se ha impuesto la práctica de vincular una legislación con otra, como condicionar la fiscal a la política, al menos en este tema se da en el terreno legislativo. “Pero ahora ya hay negociación legislativa por otros intereses”, censura.
Y pone como ejemplo la conversación difundida en septiembre de 2006 entre el senador Emilio Gamboa Patrón y el empresario Kamel Nacif, en la que el legislador le informa que se aprobará una reforma legal sobre el hipódromo:
–¿Cómo lo ves? (pregunta Gamboa).
–No, no la chingues (se opone Nacif).
–Entonces lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por ahí vamos cabrón.
–No, dale pa’ tras, papá.
–Pues entonces va pa’ tras, esa chingadera no pasa en el Senado, ¿eh?
–¡A huevo!
García Cervantes compara este episodio con el arreglo de Gómez Mont y el PAN con el PRI: “Eso era reprobable porque se estaba sacando una negociación del ámbito legislativo para un interés económico. Bueno, ¡pues esto es exactamente igual!”.
Explica: “Es sacar una negociación del ámbito legislativo hacia el ámbito electoral, y el ciudadano se da cuenta de que la mezquindad, la ruindad en la política, ya llegó, porque se ancló en el cálculo electoral. ¡Sólo si me da rentabilidad, si tengo utilidad o ganancia electoral, hago o dejo de hacer! ¡Eso es absolutamente decepcionante!
Diego, el maestro
García Cervantes se define como practicante de la negociación, “pero no en este tipo de arreglos”, como el que signó Gómez Mont, quien se alejó de la militancia en el PAN en 1996, a partir de que sus compañeros de partido manifestaron su molestia porque él era también asesor de Ernesto Zedillo y socio de Rubén Valdés Abascal, asesor de Carlos Salinas.
“No niego que en Acción Nacional empieza a gestarse un estado de ánimo de inconformidad en contra de Fernando –confirmó García Cervantes en agosto de ese año, cuando era coordinador de la bancada–. Genera parque para el detractor y le arrima piedras al enemigo.”
Gómez Mont calificó las “falsedades, medias verdades e inexactitudes” como “una manera torpe y cobarde de hacer política”, y se mantuvo alejado del PAN hasta que, en 2008, Germán Martínez, entonces presidente del PAN, lo llamó a colaborar con él en el Comité Ejecutivo Nacional, y luego, a la muerte de Juan Camilo Mouriño, asumió la Secretaría de Gobernación.
Controvertido como su mentor, Diego Fernández de Cevallos, Gómez Mont ha sido criticado más bien en voz baja por los panistas, salvo Manuel Espino, expresidente del PAN, y Juan José Rodríguez Prats, quien, en entrevista, censura el pacto con el PRI.
“Es mi amigo Gómez Mont, pero se entrometió en la vida del PAN. Somos un partido político, uno; y dos, si a estas alturas estamos creyendo en la palabra del PRI, entonces no tenemos remedio”, dice el exdiputado, quien censura la posición del funcionario sobre las alianzas, tal como lo hizo también Fernández de Cevallos. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
–De plano.
–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha, detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo puede ir!
Cuenta que el año pasado, después de que supo que asistió al cuarto informe de gobierno del gobernador del Estado de México, habló por última vez con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.
–¿Qué le respondió?
–Nada. Se quedó callado.
A su vez, García Cervantes lamenta que el pragmatismo en el PAN se exhiba al no tener candidatos propios, sino expriistas que no significan, como ha ocurrido en procesos anteriores, un cambio real. Ahora postula en Puebla a Rafael Moreno Valle, en Oaxaca a Gabino Cué y en Veracruz a Miguel Ángel Yunes.
“Los actuales empoderados de mi partido hablan de que los principios y la doctrina no ganan elecciones. Yo creo que sí. Pero si no lo creen, por eso estamos perdiendo.”
Añade: “Yo nada más veo ambiciones y procesos de invasión del poder económico sobre el poder político, de la colusión del poder económico y del poder político para intereses de grupo, y veo a una sociedad cada vez más decepcionada de lo que ahora llaman la política real”.
Pragmatismo estéril
El senador aclara, sin embargo, que tampoco es correcto censurar a rajatablas las alianzas, sobre todo en estados como Oaxaca e Hidalgo, “que tienen los más altos índices de pobreza, de marginación y de cinismo político en su máxima expresión”.
En esas dos entidades está de acuerdo con las alianzas, pero no en Durango ni en Puebla, aunque asume la decisión de la mayoría. Algo distinto, contrasta, es cuando se signa un pacto como el que se hizo con el PRI para aumentar impuestos a cambio de que el PAN no se alíe con la izquierda.
–¿Deshonra este pacto al PAN y a su gobierno?
–Tampoco lo llevemos a esos extremos de deshonra, porque estas son conductas personales, y tampoco se puede llevar de la actitud personal a la deshonra institucional.
La responsabilidad, dice, cae en el ámbito de las personas concretas y puntuales, con nombre y apellido, con trayectoria y con ubicación concreta, sus responsabilidades, como ya lo hizo Gómez Mont con la renuncia al PAN.
“Queda en el ámbito personal de Nava y de los coordinadores parlamentarios, y en la de todos los que de alguna manera creen que es posible negociar piezas legislativas con actitudes o por conductas institucionales que toma un órgano distinto. El que me enseñe la factura del partido que tome las decisiones, porque ni siquiera el dueño mayoritario de las Chivas puede explotar el nombre de las Chivas.”
–La factura la tiene Calderón, que ejerce control en el PAN.
–Sí, pero la diferencia entre la factura unipersonal es que poco importaría el sentimiento de los empleados. Este es un empoderamiento, una capacidad de decidir, pero que ha generado el desánimo, que ha generado la desilusión, la irritación y la división al interior del partido. No de ahora, desde tiempo atrás.
García Cervantes insiste: “Estas prácticas de hacer política cupular, que llaman civilizatorias, sin tomar en cuenta la deliberación de órganos colegiados ni muchísimo menos los sentimientos, el estado de ánimo de las bases y de los militantes, da como resultado todo esto”.
Convencido de que la política se debe subordinar a la ética, el senador dice que es posible corregir el rumbo: “Tampoco puedo hacer de un episodio destino. Estamos en presencia de una perversidad de la política al tratar de llevar una negociación de carácter legislativo a un comportamiento electoral. Eso está reprobado. Punto. El PAN tiene un capital político y una reserva moral que lo puede sacar adelante con toda tranquilidad”.
–¿Ha pensado renunciar al PAN?
–Como pensado, sí.
–¿Y qué lo ha hecho desistir?
–Esos pensamientos están en el ámbito personal. Pero, además, no se me adelante. Ya lo veremos…
El ejército presiona al PRI
Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena.MEXICO, D.F., 20 de febrero (apro).- El general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, está colocando en un predicamento al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sus insistentes llamados públicos para que el Congreso apruebe la reforma a la Ley de Seguridad Nacional están dirigidos principalmente a ese partido. Sin sus votos, el PAN carece de la mayoría necesaria para sacar adelante la reforma que el presidente Felipe Calderón propuso al Senado en abril del 2009.
La iniciativa busca redefinir la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto interno, más allá de la crisis de inseguridad que hoy padecemos por la delincuencia organizada. Abre la posibilidad de que los militares, identificados en la propuesta como Fuerza Armada Permanente, operen como máxima autoridad en aquellos lugares que decida el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en situaciones de crisis.
En la práctica, esa decisión quedaría en manos del presidente, pues el CSN está integrado sólo por miembros del gabinete presidencial, por lo que el Congreso quedaría como mero espectador. Detrás de la insistencia del general secretario está el propósito de proteger al Ejército, la Marina y Fuerza Aérea de eventuales reclamos por su intervención en conflictos internos.
Lo que se busca es evitarle a las instituciones armadas o a algunos de sus miembros futuros reclamos políticos y sociales como ocurrió en el conflicto estudiantil de 1968, el halconazo de 1971, la llamada “guerra sucia” de los setenta y ochenta, y en el levantamiento zapatista en la década pasada.
El general Galván aprovechó las festividades del Ejército de febrero no sólo para llamar públicamente al Congreso --es decir, al PRI-- para aprobar la reforma, sino para introducir en la sociedad el lenguaje de una nueva "política de defensa".
El su discurso del Día del Ejército, el pasado 19 de febrero, se refirió a la "Fuerza Armada Permanente" e insistió en la categoría de "seguridad interior". Ambos conceptos son centrales en la iniciativa de Calderón, que según el general es "impostergable". En su "nuevo diseño institucional" de las Fuerzas Armadas, Calderón y el general Galván consideran que en materia del fuero castrense no hay nada que hacer porque el Código de Justicia Militar "no es coto de impunidad".
En su visión de "modernidad", los militares ya cumplen con dos requisitos fundamentales de un estado democrático: la rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos, pese a los "errores" que cometen. Además, reivindican la transparencia como una de sus prácticas habituales. La realidad devora la retórica.
En manos del PRI está el tipo de Fuerzas Armadas que tendrá México en los próximos años. Ante la posibilidad de regresar a la Presidencia de la Republica en el 2012 tiene la disyuntiva de mantener protegidos a los militares que lo crearon como partido o avanzar hacia un verdadero control civil de las Fuerzas Armadas.
Pero por su historia y naturaleza, no hay mucho que esperar del PRI.
jcarrasco@proceso.com.mx
Divisiones en la "Cumbre de la Unidad"
MÉXICO, D.F., 21 de febrero (Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón la bautizó como la “Cumbre de la Unidad”. A ella asisten prácticamente todos los presidentes de América Latina y del Caribe con un propósito explícito: crear un nuevo organismo regional que –sin Estados Unidos ni Canadá– pueda resolver problemas políticos y económicos de los países latinoamericanos y, a la vez, posicionar a éstos como un bloque ante la comunidad internacional.
De acuerdo con los documentos preparatorios de la “Cumbre de la Unidad” –que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero, en Cancún–, este nuevo organismo surgirá de la fusión gradual de dos instancias regionales: el Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (Calc). El primero es un mecanismo de concertación y diálogo políticos. Fue creado en diciembre de 1986 y lo integran 24 países. México, país fundador, ocupa la secretaría pro témpore desde 2008 y en Cancún la entregará a Chile. La segunda instancia nació en diciembre de 2008 en San Salvador de Bahía, Brasil, lo forman 33 países y su objetivo es impulsar los procesos de integración y cooperación económica entre las naciones del subcontinente.
Pero la “Cumbre de la Unidad” ocurre en un contexto en el que impera la división de los países latinoamericanos: los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –particularmente los de Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador– mantienen constantes diferendos con el de Álvaro Uribe, de Colombia, al que acusan de “títere del Imperio” estadunidense; mandatarios de derecha –como el recién electo Sebastian Piñera, de Chile– o de izquierda moderada –como Alan García de Perú– toman distancia respecto del “populismo bolivariano” de Chávez y lo acusan de antidemocrático y de querer desestabilizar la región; el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez y el argentino de Cristina Fernández mantienen su diferendo en torno de la construcción de una empresa papelera en la frontera entre ambos países; el gobierno de Bachelet hereda a su sucesor, Piñera, el conflicto irresuelto con Bolivia de la salida al mar de este país; etcétera.
Un ejemplo ilustrativo de las posiciones encontradas en el subcontinente: mientras los integrantes del Alba se niegan a reconocer al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras porque, afirman, es producto de un golpe de Estado; otras naciones –como Panamá y Colombia–, ya lo reconocen abiertamente; y otras más –como México y Brasil– esperan que cumpla las condiciones impuestas por la comunidad interamericana.
Son tales las diferencias que los gobiernos no se ponen de acuerdo en el nombre del nuevo organismo regional, cuya gestación será anunciada en Cancún: México propone que se llame Unión de América Latina y el Caribe; Paraguay también coincide en que se llame Unión, pero Latinoamericana y del Caribe; Brasil se opone debido a que ello se puede confundir con el de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), cuyo nacimiento auspició, y puso sobre la mesa el nombre de Comunidad de América Latina y El Caribe; otros se decantan por Asociación de Estados de América Latina y del Caribe.
“El nombre es lo de menos. Me atrevo a decir que es una minucia frente a lo importante de la Cumbre: la convergencia de las agendas del Grupo de Río y de la Calc para, en una misma sesión, abordar los temas regionales que nos son comunes”, dice Salvador Beltrán del Río, subsecretario para América Latina y del Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En entrevista con Proceso, sostiene que los latinoamericanos “nos pondremos de acuerdo” sobre los tiempos y el ritmo que permita crear este nuevo organismo. Afirma que existe consenso de que éste es “un paso necesario” tanto para resolver problemas en la región como para asumir posiciones comunes ante otros foros internacionales, como Naciones Unidas y la Unión Europea, en temas como el cambio climático, el crimen organizado y el desarrollo económico.
Rechaza que exista el temor de que si este proyecto fracasa, se pierda el mecanismo del Grupo de Río que desde hace 24 años ha impulsado –con altibajos– el diálogo y la concertación política entre la mayoría de las naciones de la región. Sostiene que el nuevo organismo integrará la experiencia y los métodos de trabajo del Grupo de Río: un mecanismo flexible de consulta y toma de decisiones, cuya creación no está asentada en un tratado internacional ni tiene burocracia ni impone cuotas económicas a sus integrantes.
A Beltrán del Río se le expone una preocupación expresada en corto por representantes de varios países: que los países del Alba se apoderen del nuevo organismo y lo conduzcan en función de sus intereses. Uno de ellos: la confrontación con Estados Unidos, el supuesto amigo, socio y aliado del gobierno de México.
–¿Cómo se eliminará o reducirá ese riesgo? –se le pregunta.
–Esta instancia regional va a trabajar con base en el consenso de sus países miembros. Eso reduce los riesgos (…)
Rechaza que este nuevo organismo duplique las funciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) –la cual también tiene entre sus objetivos el diálogo y la concertación política de los países de la región– o que incluso intente desplazarla ante la debilidad que ésta mostró para restituir al presidente hondureño Manuel Zelaya tras el golpe de Estado que sufrió en junio pasado.
Pone un ejemplo sobre cómo “evitar la duplicidad de esfuerzos” con la OEA: aprovechar los mecanismos subregionales para avanzar en la integración del subcontinente. Así, dice, se puede conectar el Proyecto Mesoamérica (impulsado por México) con el de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IRSA) para crear una red de producción y distribución eléctrica desde México hasta Chile; o se pueden coordinar los esfuerzos de los países del área para apoyar a Haití en la etapa de reconstrucción (tema que está en la agenda de la cita de Cancún); o se pueden fijar posiciones comunes ante la próxima cumbre sobre cambio climático que a finales de este año también se llevará a cabo en Cancún; o….
–A propósito de la OEA y Honduras, ¿considera que este organismo fracasó para restituir el orden constitucional en ese país?.
–La OEA hizo lo que estaba dentro de sus posibilidades. No podía ir más allá de la sanción que impuso (al gobierno golpista): suspenderlo como país miembro. Fuera de eso no podía hacer más, aunque esa nación reciente todavía la cancelación temporal de varios créditos internacionales.
Beltrán del Río comenta que el caso Honduras abrió un debate dentro de la OEA. “Hay quienes sostienen que este organismo debe tener mayores facultades para que pueda implementar medidas coercitivas y así hacer valer sus decisiones. Esto se debe abordar en el marco de su próxima asamblea”, dice.
Recuerda que el presidente hondureño Porfirio Lobo no fue invitado a la Cumbre de Cancún debido a que la OEA aún no levanta las sanciones contra ese país. Rechaza la versión de que los presidentes de las naciones del Alba amenazaron con no asistir a Cancún si Lobo era invitado.
Explica que México no ha roto relaciones con el Estado Hondureño, pero aún no reconoce al gobierno de Lobo. Expone que dicho reconocimiento depende de la decisión que tome la OEA respecto de la reincorporación de Honduras, así como de que Lobo cumpla las condiciones de este organismo continental.
Enumera estas condiciones: que excandidatos presidenciales que compitieron con Lobo en las pasadas elecciones de noviembre se incorporen a su gabinete; que se establezca una Comisión de Verdad, pues hasta el momento sólo se ha formado un grupo que trabaja en la integración de dicha Comisión; que una Ley de Amnistía –ya aprobada por el congreso hondureño– se publique en la gaceta oficial de ese país…
El reportero comenta al subsecretario la tesis de los intelectuales Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, expuesta en el ensayo Un futuro para México, en el sentido de que el país se enfrenta al dilema de dónde quiere estar: en América Latina –donde están su corazón, su idioma y una cultura afín– o en América del Norte –donde están su “cartera”, su cabeza y la undécima parte de su población.
“Ese es un falso dilema”, ataja Beltrán del Río. Y dice que México se encuentra en ambos ámbitos. Más, sostiene que “la posición del gobierno de Calderón es clara: ser la puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, un puente entre ambas regiones…”
–Ese tipo de posición molesta mucho a los sudamericanos. Dicen que no necesitan a México como “puente” de Estados Unidos… –acota el reportero.
–Como nosotros tampoco necesitamos hacer a un lado nuestra pertenencia con América Latina y el Caribe para avanzar en nuestra relación bilateral con Estados Unidos…
–Se plantearía así: ¿Por qué necesitamos mostrarnos vociferantes latinoamericanistas cuando en realidad estamos enchufados a Estados Unidos? Pareciera que con este tipo de cumbres jugamos a esconder nuestra dependencia de Estados Unidos.
–No se trata de eso, sino de reconocer nuestra pertenencia a esta región latinoamericana y caribeña sin necesidad de confrontarnos con Estados Unidos o con cualquier otro país, como España, o instancia internacional, como la OEA…
El nuevo organismo integrador de AL, nacerá en Venezuela
Carlos Acosta y Homero Campa
CANCÚN, Q.Roo, 21 de febrero (apro).- El nuevo organismo que integrará a los países de América Latina y del Caribe se gestará en Cancún, pero nacerá en Caracas, pronosticó el canciller venezolano Nicolás Maduro durante la Reunión Ministerial previa a la llamada Cumbre de la Unidad de mandatarios de la región.
“Vamos a trabajar para que en la Cumbre de Caracas –que se llevará a cabo el 5 de junio de 2011—esté fundamentado en el continente el documento fundacional del proyecto que se eche andar aquí (en México)”, declaró el canciller venezolano a periodistas de medios de prensa de su país.
Maduro recordó que en la reunión ministerial se ratificó que Caracas celebre la próxima Cumbre de América Latina y del Caribe (Calc) el 5 de junio de 2011, fecha en que su país celebra 200 años de l inicio de la independencia de su país.
Sostuvo que de aquí a esa fecha de 2011 –“un año cuatro meses”— su gobierno “va a tener que conducir un debate para dejar muy claros cuáles son los conceptos, cuáles son nuestras señas, cuáles son los caminos para el fortalecimiento de esta organización naciente y de la unión de toda América Latina y del Caribe”.
Maduro hizo tales declaraciones antes de iniciar este domingo 21 la segunda sesión ministerial de la llamada “Cumbre de la Unidad” de América Latina y el Caribe, y en la cual los cancilleres de los 32 países que asisten a esta cita se encontraban entrampados respecto al nombre que debe tener este nuevo organismo regional.
De hecho, había consenso en que el nombre debe contener “Estados de América Latina y el Caribe”, pero los desacuerdos estribaban en el primer nombre: unos proponían que fuera “Unión”; otros “Organización” y otros “Confederación”.
Maduro dio por hecho que se llegaría a un consenso sobre el nombre de la “criatura”, pero que ésta no nacería en Cancún, aquí sólo se gestaría. Y consideró que en esta Cumbre “se visualizan pasos positivos en medio de debates y diferencias sobre lo que debe ser un futuro independiente, soberano y respecto a lo que debe ser el nuevo concepto y la nueva identidad latinoamericana y caribeña”.
Sostuvo que “el presidente Hugo Chávez y un conjunto de líderes de América Latina –entre ellos Luiz Inacio Lula Da Silva, de Brasil; Rafael Correa, de Ecuador; y Evo Morales, de Bolivia— venían planteado crear un organismo que integre a los países de la región sin Estados Unidos y Canadá”.
Dijo que ésta era una “aspiración histórica” cuyos orígenes se remontan a las ideas de “nuestro libertador Simón Bolivar” que intentó consolidar como un bloque la independencia del continente ante lo que “visualizó como el naciente y amenazante imperio estadunidense y frente a las potencias europeas, colonialistas de esa época”
“Ahora –dijo—pareciera que han madurado las condiciones para dar este primer paso (crear un organismo regional sin Estados Unidos), pareciera que ya se tiene el camino dilucidado y vamos a la Cumbre de Caracas el próximo año y de aquí a esa Cumbre podremos desplegar un conjunto de mecanismos de consulta, de debates públicos con nuestros pueblos para definir cómo sería la estructuración de esta nueva organización y cuáles serían sus objetivos esenciales”.
Señalo que el gobierno venezolano ya tiene la experiencia de la Alianza Bolivariana de Nuestros Pueblos de América (Alba), por lo que “nosotros sabemos que se pueden lograr grandes avances en la integración y el desarrollo económico (…), pero sobre todo en la independencia y la soberanía política”.
Entusiasmado, remató: este nuevo organismo regional “puede romper definitivamente la subordinación (de América Latina) con el Imperio estadunidense y con todos los viejos Imperios y las viejas pretensiones coloniales, vengan de donde vengan”.
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