México, el lugar más peligroso.....

Reportear con miedo

México es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo en América Latina

leonardo boix

Londres, 2 de marzo (apro).- México es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo en América Latina, y los reporteros, fotógrafos y camarógrafos freelance han quedado en el centro de esta peligrosa espiral de violencia: son víctimas de amenazas, persecuciones y hasta de asesinatos. Esta fue una de las contundentes conclusiones a la que llegó un estudio realizado en México, entre los meses de febrero y septiembre de 2007, por la Fundación Rory Peck, con el apoyo del Open Society Institute de Londres.El informe de 51 páginas, presentado el 28 de febrero en el archivo del periódico The Guardian, en la capital británica, evaluó la precaria situación laboral y profesional de los trabajadores de prensa ante la escalada de violencia que, indicó, no cesa en México. De acuerdo con el documento --el primero de su tipo presentado en el mundo--, los reporteros independientes en México son los más vulnerables ante situaciones de violencia y maltrato, ya que suelen ser víctimas de amenazas, golpes, secuestros, desapariciones y asesinatos.Según el reporte de la Fundación Rory Peck, organización establecida en 1995, y que tiene como objetivo fomentar el bienestar personal y seguridad de periodistas independientes, “la convivencia con la inseguridad es la forma más corriente a la que se enfrentan a diario en distinto puntos del país los trabajadores de prensa freelance”.Señala que este tipo de periodista está sometido a la presión de resolver primero cómo salvaguardar su vida ante el peligro y las amenazas, para luego poder buscar la información y reportar su investigación.La Fundación Rory Peck realizó este informe para, dijo, conocer la vulnerabilidad de los profesionales independientes que “enfrentan las amenazas de grupos ilegales y del crimen organizado, así como precarias condiciones laborales”.Destacó que --aunque es muy activa la presencia del crimen organizado en ataques e intimidaciones a la prensa--, “51% de los freelancers denunció que miembros del gobierno (funcionarios), policías y militares concentran las amenazas a su integridad física”.
Mal pagados y amenazados
También incluyó como parte del documento un sondeo entre estos periodistas que da cuenta del problema en México: 36% confía en dar a conocer a su medio la amenaza o ataque de que son objeto y sólo 11% confía en hacerlo a la justicia. Sin embargo, 34% dijo que prefiere no denunciar la amenaza, algo que la fundación considera “como una muestra de desconfianza en los poderes públicos, lo que a su vez genera impunidad”. Otro dato interesante: 32% de los reporteros trabaja de forma independiente porque es su única opción de trabajo, mientras que 86% trabaja en dos o más medios de comunicación al mismo tiempo para obtener ingresos para cubrir sus necesidades económicas.Según la encuesta, 59% envía sus materiales para periódicos y revistas, mientras que 60% admite que no cuenta con ingresos regulares. Un 71% dijo que sólo escribe o trabaja para uno o varios medios mexicanos, mientras que sólo 6% lo hace para medios extranjeros.Del total de los entrevistados, 34% dijo que aborda sobre todo temas de política, y 18% temas que competen al ámbito social. La investigación dio cuenta que el ingreso promedio de un reportero freelance en México es de entre 300 y 500 dólares mensuales.En ese sentido, 65% dijo que no cuenta con seguros de salud y de vida y que adolece de equipo de trabajo, en tanto que 50% denunció haber recibido algún tipo de amenaza de muerte.En un desglose sobre las amenazas, 33% dijo que las recibió por parte de agentes del gobierno; 29, de policías o militares; otro 29, del narcotráfico, y 11%, de particulares.Un 40% admitió que las amenazas fueron principalmente orales, en tanto que 31% denunció que fueron telefónicas, y 2% sufrió amenazas de secuestro.El 13% identificó como principal necesidad para desarrollar su profesión “la libertad para trabajar”.La Fundación Rory Peck subrayó siete problemas centrales de los periodistas independientes. Destaca el siguiente: la mayoría trabaja con los medios de manera informal, a partir de acuerdos verbales, y no cuenta con prestaciones de las empresas donde publican sus trabajos ni con organizaciones sindicales o gremiales que defiendan sus derechos. También subrayó que muchos de ellos requieren de cursos de entrenamiento y actualización, y denunció que en muchos casos no se respeta el derecho de autor de los fotógrafos.Otro dato del que da cuenta el documento: la opinión pública tiene una “muy baja” percepción de respeto a su trabajo. Durante la presentación del informe en Londres, se llevó a cabo un debate sobre la situación mundial de los periodistas independientes. Lo moderó Peter Barron, editor del programa Newsnight de BBC2. Y en él participaron María Idalia Gómez, periodista freelance, reportera de la Unidad de Respuesta Rápida en México de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), galardonada con el Premio Planeta de Periodismo 2005; Todd Baxter, jefe de fotografía y productor visual para CNN Londres; y Phil Cox, periodista y productor independiente, ganador del premio Sony al Impacto Internacional en los Premios Rory Peck 2004.Pedro Enrique Armendares, director ejecutivo del Centro de Periodistas de Investigación (CPI) y miembro del Comité de Consejo en México del Rory Peck Trust, declaró en el informe que “la frágil democracia mexicana necesita urgentemente un periodismo objetivo y crítico”.“Desafortunadamente este país no ha sido capaz de brindar un entorno en el que los periodistas independientes puedan realizar su trabajo sin temer por su integridad personal o incluso por su vida”, subrayó. La Fundación Rory Peck, que asiste a los familiares de periodistas independientes fallecidos en el cumplimiento de su labor, y que da ayuda económica a los periodistas que trabajan por cuenta propia en el campo noticioso y de actualidad seriamente lesionados, encarcelados, que viven en el exilio o sufren persecución, lanzó el documento en el marco del llamado Programa de Buenas Prácticas en México.Según el organismo independiente, dicho programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los periodistas independientes en México y hacer posible que trabajen en un ambiente de seguridad y libertad, con mejores sistemas de apoyo y respeto a sus derechos. “Descubrimos que una gran cantidad de freelancers no se reconocen a sí mismos como tales o no son conscientes de la importancia del papel que desempeñan en las democracias emergentes, al proporcionar al público en general un punto de vista independiente”, escribe en el informe Nadine Jurrat, subdirectora del organismo.
De mal en peor
Por su parte, Olga Rosario Avendaño, periodista de Oaxaca, explicó que los salarios magros y las restricciones para manejar ciertos temas en periódicos locales, fueron puntos fundamentales por los que varios periodistas del estado de Oaxaca optaron por convertirse en reporteros independientes.“Trabajar de manera independiente tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas está la de tener más libertad para abordar ciertos temas, sobre todo sociales y poder ofrecerlos a medios nacionales e internacionales, porque hay temas que en Oaxaca, al igual que en otros estados de la República Mexicana, están vetados para muchos reporteros locales. Si se trabaja en un medio local, difícilmente se puede cuestionar a las autoridades estatales sobre temas como corrupción o tráfico de influencias”, cuenta la reportera en el informe. En una entrevista con Apro, Darío Fritz, periodista y coordinador del programa, indica que ni el gobierno del presidente Felipe Calderón, ni el de Vicente Fox han respetado “en los hechos” a la prensa.Comenta que los periodistas han señalado que enfrentan principalmente la violencia, tanto de fuentes gubernamentales --funcionarios, policía y militares-- como del narcotráfico. Ello incluye amenazas, ataques, levantotes y hasta asesinatos.Después, señala, los periodistas independientes que trabajan en México señalan problemas de tipo laboral y social, así como aquellos provocados por los bajos salarios, la falta de prestaciones y de equipo.Dice que estos periodistas también enfrentan problemas de acceso a las fuentes porque el trabajo del freelance no se reconoce. Comenta que sin credencial que los acredite como miembros de un medio, es muy difícil que accedan a funcionarios y oficinas gubernamentales. Así mismo, expresa, “está el tema de la corrupción, que genera trabas, ya sea porque no se quiere comprar su trabajo periodístico o porque se quiere comprar la conciencia” de algunos de ellos.
--¿Sufren los freelance más violencia que los periodistas contratados? ¿Existe una diferencia en cuanto a regiones en México?
--La violencia va por igual: sea un trabajador permanente de un medio o sea un freelance. Lo que hay que aclarar es que el concepto de freelance incluye al tradicional, porque le interesa trabajar así para no depender de una oficina, y a aquel que está en las empresas, prácticamente de fijo, pero sin recibir prestaciones. Decir que unos son más afectados que otros por la violencia, es imposible de medirlo. Lo que sí hemos visto es que la violencia pega por todos lados: desde los policías en la calle hasta los militares. Ello les va a afectar directamente, ya sea por amenazas, ataques, levantotes o asesinatos. En cuando a regiones, señala que existe una diferencia. Dice que en estados como Sinaloa, Guerrero, Morelos o Michoacán, los periodistas “se ven afectados por la violencia generada por el narcotráfico y por grupos policiales”. En otros estados, como San Luis Potosí o Querétaro, “la intimidación surge de grupos que tienen que ver con el Estado, que te tratan de censurar y evitar investigaciones periodísticas”. Añade que “donde existen caciquismos políticos, como en el caso de Chiapas, de Guerrero o en el centro del país, desde el Estado se siguen aplicando las viejas prácticas del control sobre la información”.
--¿Por qué cree que existe tanta diferencia entre la situación de los freelancers en países como Gran Bretaña y México?
--Eso tiene que ver con cuestiones económicas y culturales. También un ingeniero va a ganar mucho mejor en Europa que en América Latina. Lo que ocurre en México es que la misma estratificación social que se da en la sociedad, se da en la prensa. Los directivos ganan muy buenos ingresos y no tienen tantos problemas de amenazas, y los periodistas ganan muy mal, son los que hacen el trabajo más duro y los más afectados por las amenazas y ataques. Tiene que ver con la cuestión del desarrollo cultural: la prensa trata de ser maniatada bajo viejos esquemas de organización del poder político. En cuanto a Europa, esas cosas se han superado bastante y hay muchas más libertades y respeto para informar.
--¿Cuál cree que es la relación que tiene el gobierno de Calderón con los periodistas independientes? ¿Cuál cree que debería ser la respuesta del gobierno para los periodistas?
--Tanto el gobierno de Calderón, como antes el de Fox, lanzó un discurso de respeto hacia la prensa. Pero en los hechos, eso no se ve.Explica: “El gobierno otorga la publicidad de manera discrecional, de acuerdo a si se habla bien o mal de él. Por lo demás, en este punto no se ha legislado. Sobre los casos de violencia, existen más de 20 periodistas muertos del 2000 a la fecha, así como varios casos de desaparecidos. El Estado no ha resuelto ninguno de esos casos. Aunque se han abierto algunas causas penales, no se han investigado ni existe ningún detenido y mucho menos un enjuiciado. “Entonces –continúa
-- el Estado está fallando, tanto en otorgar seguridad a la prensa para el libre ejercicio de su labor como para resolver los ataques que hay hacia la prensa, que le compete resolver”.
--¿Por qué cree que México es considerado el peor país en América Latina en cuanto al ejercicio de la profesión de periodista?
--Bueno, eso es una medición que han hecho organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras o la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto tiene que ver más que nada con la indefensión que se ha creado en México para la prensa, a partir del cambio del sistema político, que nace en el 2000. Un gobierno único que se mantuvo por 70 años deja el poder y con el cambio de gobierno del 2000 todo eso se trastoca y hay muchos huecos libres, donde aparece la violencia. En ese lugar, la prensa va de mal en peor, no tanto porque no se dedique a investigar o remover heridas, sino porque hay más información pública de la que había antes y porque hay factores de poder, como pueden ser las mafias del narcotráfico, que han ido creciendo. Y apunta: “El Estado no tiene absoluto control en el país para impedir que éstas se sigan desarrollando como hasta ahora”.

Los gringos detras de todo.....basta!

Protectores del cártel del Golfo

Santiago Vasconcelos. Información inútil

Foto: octavio gómez

Ricardo Ravelo

Aunque las autoridades mexicanas se empeñan en minimizar y aun en negar la existencia de Los Zetas, un informe del FBI pone de relieve la capacidad del grupo armado para corromper autoridades mexicanas de alto nivel, eliminar a los narcotraficantes rivales y, lo más preocupante para Estados Unidos, su facilidad para operar en ambos lados de la frontera.Con un “poder devastador y con una mayor y amenazante presencia en más de 20 estados del país”, el grupo armado Los Zetas no sólo mantiene en jaque al Ejército Mexicano, a las policías federales y estatales del país, sino que ya son vistos como “una amenaza emergente para Estados Unidos” por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).En un informe del que Proceso tiene copia, el FBI refiere que durante el gobierno de Vicente Fox Los Zetas recibieron apoyo oficial, y menciona al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha como un personaje clave que favoreció al grupo armado del cártel del Golfo desde la Procuraduría General de la República (PGR). Estos datos no eran desconocidos por las autoridades mexicanas, dice el informe, y precisa que al menos José Luis Santiago Vasconcelos, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, estaba enterado de las maniobras del general Macedo, quien renunció al cargo envuelto en el escándalo por el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.De acuerdo con el documento del FBI, Macedo de la Concha –quien a mediados de 2005 fue sustituido por Daniel Cabeza de Vaca en la procuraduría– pudo ser destituido por las presiones de Estados Unidos ante la sospecha de que estaba vinculado con el grupo de sicarios.El FBI destaca que la actividad violenta de Los Zetas se incrementó en Tamaulipas con el apoyo de funcionarios de la entidad.Otra circunstancia que les permitió desatar la violencia en ambos lados de la frontera es que buena parte de Los Zetas son residentes en Estados Unidos y disponen de amplias conexiones con bandas bien organizadas en el país vecino.Elaborado en 2005, pero recientemente desclasificado “para uso oficial”, el informe del FBI establece que muchos zetas, como Heriberto Lazcano, El Lazca (exmilitar), Eduardo Costilla, El Coss, así como otro emblemático miembro de ese grupo armado conocido como Gregorio Sauceda, La Caramuela o Goyo, están sembrando el terror en territorios estadunidenses, como en el Valle de Texas, donde tienen familiares.Con el título Una amenaza emergente para Estados Unidos, el informe de 11 cuartillas destaca datos relevantes, entre ellos que el hermano de Goyo, Héctor Sauceda Gamboa, El Karis –quien domina Nuevo Laredo y Reynosa–, también cuenta con amplias redes distribuidoras de drogas en Estados Unidos y, al igual que en México, arregla sus cuentas con ejecuciones, decapitaciones o desapariciones de rivales.Esto último lo llevan a cabo con el sello que les dio fama y los ha convertido en un grupo terrorífico: queman a sus víctimas, para después llevar a cabo una especie de rito que consiste en “fumarse al muerto”, colocando ceniza de la víctima en una pipa y mezclándola con cocaína.En ese momento –y este dato lo confirma la Secretaría de Seguridad Pública federal– el grupo de sicarios le dice al cadáver en voz alta: “Tú sigues aquí, tú no te has ido; ahora formas parte de nosotros y nos vas a cuidar siempre”. De acuerdo con el informe estadunidense y otros datos cotejados en las áreas de inteligencia de México, esto confirma que “Los Zetas pueden estar involucrados en presuntos actos de narcosatanismo”.A decir de la SSP, “ya no forman parte del cerco armado del cártel del Golfo”, como sucedía a finales de los noventa, cuando la organización fue fundada por Arturo Guzmán Decenas, El Z-1, a petición de Osiel Cárdenas. Según la radiografía del FBI, Los Zetas tienen una bien organizada distribución del trabajo y se trata de “una versátil organización criminal”. Además, confirma que no sólo se dedica al narcotráfico, sino que tras la caída de su jefe (Osiel Cárdenas, que ahora enfrenta juicios en Estados Unidos), el “ejército del narco” amplió su abanico de actividades ilícitas.Los Zetas lo mismo trafican con droga que extorsionan, secuestran, asesinan “previo pago del cliente”, cobran derechos de piso y venden protección a empresarios, bares, cantinas, table dance, casas de juego y otros “giros negros”.Para llevar a cabo estas actividades, dice el informe, estos sicarios utilizan armamento de alto poder, como demostró en enero de 2004 su irrupción violenta en el penal de Apatzingán, Michoacán, donde liberaron a 25 prisioneros, entre ellos a varios de sus compañeros. El FBI no duda de que ese ataque “fue ordenado por Osiel Cárdenas”, entonces jefe del cártel del Golfo.
Un “mito” letal
Mientras en México aún existen dudas sobre la existencia de Los Zetas –“son un mito”, dijo Daniel Cabeza de Vaca antes de abandonar la PGR en noviembre de 2006–, el FBI desde 2005 identificó a sus cabecillas y los territorios que dominan en México.Por ejemplo, el informe ubica a Heriberto Lazcano, El Lazca (exmilitar del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), como la cabeza del grupo armado. Por cierto, agrega, la organización ya no cuenta con una mayoría de exmilitares, sino con civiles “igual de peligrosos”, dispuestos a matar y a morir.Según el FBI, El Lazca fue reclutado por Guzmán Decenas (ejecutado a principios del 2000) y bajo su mando el grupo alcanzó un mayor desarrollo y posicionamiento, pues estableció muchos contactos en Texas. Allá sus hombres “pueden trabajar en áreas específicas con un amplio movimiento que interconecta en tres plazas: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas”.De acuerdo con el informe, en Nuevo Laredo operan Omar Larméndez Pitalúa, El Comandante Pita, quien tiene amplios dominios en ambos lados de la frontera, e Iván Velázquez Caballero, El Talibán, que tiene residencia en Estados Unidos.Considerado por la PGR y por la SSP como un elemento “perdido por su adicción a la cocaína”, que incluso pudo ser relevado del cártel del Golfo, Gregorio Sauceda tiene –en la versión del FBI– un poder creciente y es una pieza clave para Los Zetas, junto con Miguel Ángel Treviño, El Muerto.El FBI asienta que Treviño “está involucrado en secuestros individuales… El Muerto también tiene familiares residentes en Dallas, Texas, lo que explicaría su actividad criminal en territorio estadunidense”.El informe da cuenta también de poderosos cabecillas de Los Zetas que ya murieron pero que llegaron a constituir serias amenazas para la seguridad de ambos países. Tal es el caso de Efraín Teodoro Torres, El Z-14, asesinado en marzo de 2007 durante una carrera de caballos en Villarín, Veracruz.La corporación estadunidense identifica como Chispa, Lluvia o Chaparrito a este personaje, cuyo cuerpo fue exhumado del panteón de Poza Rica, Veracruz, por un grupo fuertemente armado. El velador del panteón fue atado de manos y pies, mientras el comando despedazaba la tumba con marros.Teodoro Torres –dice el documento elaborado por el área de inteligencia del FBI– tenía un poder descomunal, comparable al que en la actualidad posee otro cabecilla del grupo: Enrique Rejón Aguilar, conocido como Mamito.El FBI tiene perfectamente identificado el origen de Los Zetas. Según su informe, buena parte de estos sicarios provienen de las filas militares, sobre todo de los grupos de “alta escuela”, es decir, de la élite del Ejército Mexicano. Muchos de estos desertores fueron “enganchados” o se dejaron cooptar por el cártel del Golfo cuando Osiel Cárdenas temía ser asesinado por su socio Salvador Gómez Herrera, El Chava Gómez, a quien le madrugó a finales de los noventa.De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud gestionada a través del IFAI (Proceso 1600), los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública sobre Los Zetas “no existen”, aunque en diversos boletines manejados por esa dependencia se observa que fluye información sobre las actividades de ese grupo armado.La versión oficial de la SSP se contradice con el informe del FBI, que afirma: “La escalada de violencia (en 2007 y parte de 2008) desató una guerra de declaraciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. La intensidad de la violencia provocó que el gobierno estadunidense ordenara el cierre de su consulado en Nuevo Laredo”, cuyos funcionarios e instalaciones se vieron amenazados por el poder de Los Zetas, que amenazaban con un ataque mortal.“La preocupación de seguridad nacional del gobierno estadunidense radica en la facilidad con la que Los Zetas se internan en su territorio”, dice el FBI, y remite a varias investigaciones relacionadas con este riesgo:–Hay indicios de que Los Zetas pueden estar involucrados en actividades delictivas de diversa índole, dados sus diversos contactos con bandas estadunidenses como Los Hermanos Pistoleros Latinos.–Se ha registrado que Los Zetas han intimidado a funcionarios de las agencias de seguridad y de combate al crimen, de origen estadunidense.–Los Zetas son responsables de por lo menos 35 secuestros de ciudadanos de Estados Unidos.

Por definir, el alcance del derecho a la información

Ministros Azuela y Góngora. Decisión

Foto: octavio gómez

Jorge Carrasco Araizaga

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contuvo por el momento la urgencia del nuevo presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, por destruir las boletas de la elección presidencial de 2006.A pesar de las gestiones de Valdés ante la Corte, el pasado miércoles 27 la Segunda Sala de la misma decidió que el pleno de ministros, en sesión abierta, sea el encargado de resolver el amparo interpuesto por Proceso contra la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a darle acceso a la papelería que utilizó para declarar ganador a Felipe Calderón.Aunque la decisión terminó por ser unánime entre los cinco ministros de la sala, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, responsable de elaborar el proyecto de resolución, pretendió que el amparo en revisión fuera sobreseído de una vez en esa instancia, con lo cual el caso se habría cerrado sin que se discutieran sus implicaciones en materia de acceso a la información. Aguirre Anguiano propuso declarar, por “notoria y manifiesta”, la improcedencia del amparo, identificado con el número 1043/2007. Su argumento principal fue que se trata de un asunto meramente electoral y que se le debe aplicar la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo.Según esa disposición, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, como es el IFE.La propuesta de Aguirre sólo tuvo el apoyo de la ministra Margarita Luna Ramos, cuyo hermano Alejandro fue uno de los siete magistrados del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que en septiembre de 2006 validaron el triunfo del candidato del PAN.En la discusión de la Segunda Sala de la SCJN se impuso el criterio del ministro Genaro Góngora Pimentel para que la revisión del amparo se haga en discusión pública del pleno de ministros, y no en sesión cerrada de la sala, debido a las implicaciones que tiene el juicio en el ejercicio del derecho a la información, puesto que la petición de la revista forma parte de su labor periodística.Otra intervención que pesó en la decisión de la Sala fue la del ministro Mariano Azuela Güitrón, al señalar que fue el pleno de la Suprema Corte el que decidió ejercer su facultad de atracción para revisar la negativa del amparo, a solicitud del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.El miércoles 27 la intervención de Azuela en la Segunda Sala causó sorpresa porque, como ministro encargado del proyecto de resolución para responder a la petición del Tribunal Colegiado, propuso en su momento rechazar el caso porque “el asunto no implica establecer un criterio de interés previo y trascendencia”. En la discusión del miércoles en la sala, Azuela dijo que si fue el pleno el que decidió atraer la revisión, éste mismo debe resolver al respecto. El presidente de la Segunda Sala, Fernando Franco González-Salas, quien estuvo ajeno al debate, se sumó a esa posición. Los ministros Aguirre y Luna Ramos terminaron por apoyar la posición mayoritaria para darle unanimidad a la decisión.De nada sirvieron los esfuerzos del consejero presidente del IFE, la misma mañana del miércoles, ante algunos ministros de la Segunda Sala, para que la Corte sobreseyera de una vez el amparo, que está en manos del máximo tribunal desde hace más de un año. El argumento de Valdés Zurita era que la custodia de los paquetes electorales le ha costado millones de pesos al gobierno. En entrevista con este medio en mayo del año pasado, el consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez informó que el costo del cuidado de la papelería electoral era de medio millón de pesos al mes por el pago de los locales donde se resguarda (Proceso 1592).De acuerdo con esa estimación, que excluyen los gastos del Ejército y la Marina por la vigilancia de esos locales en los 300 distritos electorales del país, desde el 5 de septiembre de 2006 –cuando el TEPJF calificó como válida la elección presidencial– se han gastado 9 millones de pesos tan sólo por el pago de dichos espacios.Además, Valdés ha reiterado públicamente su propósito de cerrar en definitiva el capítulo de la elección de Calderón antes de octubre próximo, cuando se inicia el proceso hacia las elecciones intermedias de 2009. Por el momento su deseo quedó frustrado.El amparo llegó a la SCJN el 31 de octubre de 2006, cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa pidió que se hiciera cargo de la revisión del fallo de la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, María Guadalupe Rivera Martínez.La juez rechazó amparar a Proceso contra la decisión del IFE de negarle el acceso a las boletas. Fundamentó su fallo en el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo; el mismo argumento que la semana pasada utilizó Aguirre para intentar sobreseerlo.Aunque la SCJN no decidirá sobre la apertura de los paquetes electorales, pues se limitará a revisar el fallo de la juez Rivera Martínez, en la discusión del pleno se podría determinar qué debe entenderse por materia electoral para efectos de amparo.En el caso del amparo tramitado por el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, lo electoral no tiene que ver con quién debe ocupar el cargo de presidente –lo que ya fue sancionado por el TEPJF– sino con el destino de los documentos de la elección y su uso para fines periodísticos y de investigación académica.El abogado de la revista, Luis Miguel Cano, considera que en el pleno de la Corte los ministros se podrían centrar en establecer si el caso es de exclusiva competencia electoral. Si resuelven que así es, se acabaría el juicio y el IFE podría disponer de las boletas electorales, asegura.Pero si la mayoría de ministros decide que el amparo va más allá del tema electoral, la Corte iría al fondo del amparo y tendría la oportunidad de determinar criterios en relación con las recientes reformas constitucionales en materia electoral y del derecho a la información.Por lo que hace a la reforma electoral aprobada por el Congreso en noviembre pasado, los ministros fijarían lineamientos al Poder Judicial para ser aplicados por el TEPJF, los tribunales electorales estatales e incluso jueces y magistrados ante nuevos amparos contra la legislación electoral. En el ir y venir del amparo entre la Segunda Sala y el pleno de la Suprema Corte, el Congreso aprobó una reforma al artículo Sexto de la Constitución en la que se establecieron las condiciones mínimas para asegurar el derecho a la información pública gubernamental federal, estatal y municipal, incluidos órganos federales como el IFE.Si la Corte decidiera entrar al fondo del amparo podría precisar los alcances de esa modificación constitucional.
Sin precedente
Será la segunda ocasión en que el recurso sea discutido por el pleno de ministros, la máxima instancia jurisdiccional de la Corte. La primera fue el 3 de septiembre pasado, cuando los ocho ministros que ese día integraron el pleno –de un total de 11– resolvieron por unanimidad atraer la revisión del recurso, como se lo había solicitado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.En esa misma sesión quedó claro que la Corte no discutirá la apertura de los paquetes de la elección presidencial, sino analizará si hubo una causa notoria y manifiesta para que la juez Rivera Martínez desechara el amparo (Proceso 1610).Como señalaron algunos ministros cuando decidieron atraer el recurso de revisión, es la primera vez que se hace una petición de información relacionada con las elecciones que no está prevista en la legislación electoral. La omisión se mantiene a pesar de la reforma de noviembre pasado.El propio Arturo Sánchez Gutiérrez, quien como integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del IFE fue uno de los consejeros que votó por negar a este medio el acceso a las boletas, declaró en la mencionada entrevista que la legislación electoral es insuficiente ante este tipo de peticiones.Incluso advirtió que en el caso de las elecciones intermedias del próximo año el problema se podría repetir si alguien solicita las boletas de elección de su diputado. En esa situación el IFE ya no podrá argumentar “lo impráctico” de la petición, como le respondió a este medio para revisar los cerca de 42 millones de boletas de la elección presidencial.Existe “la necesidad de un marco jurídico que fortalezca esta tendencia a la transparencia, y yo ahí voy. No sé si para bien o para mal. Capaz que tanto el IFE como el TEPJF estamos equivocados”. La decisión tomada el miércoles por la Segunda Sala para llevar de nuevo el amparo al pleno ocurrió cuando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se prepara a revisar una impugnación del IFE en contra de la decisión de un juez federal que le ordenó suspender la destrucción de las boletas de la controvertida elección presidencial.En enero pasado, el titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Álvaro Tovilla, admitió una demanda de amparo y le otorgó una suspensión al investigador del Colegio de México Sergio Aguayo en contra de cualquier acto del Instituto Federal Electoral encaminado a la destrucción de esa papelería. En su resolución, dentro del juicio de amparo 1323/2007, el juez estableció que de eliminarse esa documentación “se haría físicamente imposible la restitución del quejoso en el goce de la garantía constitucional que estima violada”, respecto al derecho a la información.Tal y como lo hizo con Proceso, el IFE le negó a Aguayo el acceso a las boletas escudado en el artículo 254 del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que dispone la destrucción de los paquetes una vez calificadas las elecciones.El juez Tovilla ordenó “que las autoridades responsables suspendan cualquier acto tendente a dar cumplimiento a lo previsto por el párrafo 2 del artículo 254” del Cofipe. Con la reforma electoral, ese artículo sólo cambió de número, al 302, en el nuevo Código.El IFE impugnó esta resolución del juez ante el TEPJF y ahora los magistrados electorales tendrán que determinar si la negativa del IFE está fundamentada legalmente, aunque en el caso de la petición de esta revista esa instancia le dio la razón a la autoridad electoral, lo que originó la demanda de amparo que hoy está en manos de la SCJN. l

Los orígenes del encono entre perredistas

San Lázaro, 2006. Fractura

Foto: eduardo miranda

Rosalía Vergara

Aunque los perredistas decidieron dejar sus diferencias en un segundo plano y actuar momentáneamente unidos en defensa del petróleo, en el fondo hay diferencias enconadas entre “radicales” y “conservadores”, en la pugna por la dirigencia nacional. Hay muchos indicios de que aquéllas se originan en lo que realmente ocurrió entre los legisladores del PRD el 1 de diciembre de 2006, cuando sorpresivamente Felipe Calderón pudo tomar posesión de la Presidencia, con cierta tranquilidad. Las descalificaciones, conatos de agresión y enfrentamientos verbales en que se encuentran inmersos los aspirantes a dirigir el PRD tienen su origen en el 1 de diciembre de 2006, sostienen legisladores y militantes de este partido consultados por este semanario.Aquel día, aseguran, ocurrieron cosas extrañas que no han explicado los coordinadores perredistas en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Incluso, dicen que esos “odios” se resienten cada vez más en el proceso interno que culminará el próximo domingo 16.Los diputados Cuauhtémoc Sandoval, Valentina Batres Guadarrama, Fernel Gálvez Rodríguez, Raymundo Cárdenas y Humberto Zazueta, seguidores de Alejandro Encinas, dicen que la crispación dentro del PRD data de 2006, pero se recrudeció cuando comenzó el proceso de renovación de la dirigencia.Sandoval agrega que la contienda interna que vive el PRD “envenenó el ambiente” entre las tribus, al grado de que el partido está en riesgo de “derechizarse” o “felipizarse”.Tanto él como Valentina Batres, Fernel Gálvez y Humberto Zazueta aseguran que los coordinadores parlamentarios son los culpables de la situación crítica por la que atraviesa el PRD, pues nunca informaron “hasta donde íbamos a llegar”.Recuerdan que cuando tomaron la tribuna el 1 de diciembre de 2006, no había definición de la bancada, pues casi todos los 60 legisladores perredistas estaban de acuerdo en evitar la asunción de Calderón. Sin embargo, aseguran que una decisión tomada por los senadores, encabezados por Carlos Navarrete, les creó desconfianza.Según Sandoval, los senadores estaban encargados de cuidar la puerta del recinto de San Lázaro que está “tras banderas”, que fue por donde finalmente entró Calderón, pero la dejaron libre. Ese acto fue “extraño”, dice. E insiste en que los coordinadores parlamentarios perredistas desactivaron la protesta al interior de San Lázaro, puesto que recomendaron a los diputados no protestar porque el país los vería “mal”, exactamente lo contrario que hizo Calderón, quien llamó a sus correligionarios para pedirles que resistieran porque estaban defendiendo a la nación.El diputado Humberto Zazueta, por su parte, relata que en aquel momento, el 1 de diciembre de 2006, estaba convencido de que “no hubo negociación” entre el PRD y otros partidos. Pero hoy en día dice que quién sabe, que no mete las manos por nadie.Y su compañero Raymundo Cárdenas, quien pidió a los coordinadores dejar que Calderón ejerciera el poder ilegítimamente para evitar la violencia, asegura: “No fue un debate público, fue una decisión tomada por Andrés Manuel y por los coordinadores parlamentarios. Ellos decidieron dejar la puerta abierta”.Y menciona la trifulca del pasado 24 de febrero, durante la movilización en defensa del petróleo encabezada por Andrés Manuel López Obrador. E insiste en que se exacerbaron los ánimos de algunos militantes, quienes amedrentaron a los coordinadores parlamentarios Carlos Navarrete y Javier González Garza.La animadversión se agudizó cinco días después, durante un mitin de Alejandro Encinas, cuando algunos perredistas denunciaron que se estaba fomentando “una guerra sucia como la de 2006”.Entrevistados por separado, los coordinadores parlamentarios Navarrete y González Garza aceptan que sus correligionarios están sumidos en una crisis interna por el control del PRD. Y advierten que si la situación se torna agresiva puede poner en riesgo la estabilidad y el futuro del partido.
Falta de estrategia
Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas y simpatizante de Nueva Izquierda, y Javier González Garza, miembro de Movimiento por la Democracia, consideran que la polarización y las descalificaciones se intensificaron por que algunos líderes y militantes de la corriente Izquierda Unida los calificaron de “traidores” al movimiento que encabeza López Obrador y por “pactar con la derecha”.Y admiten que antes de la agresión que sufrieron ese 24 de febrero los legisladores se negaban a aceptar que había pugnas intestinas, pero no se atrevían a decirlo en público como lo hacen ahora. Las diferencias políticas eran consideradas como algo normal dentro de un partido que se considera democrático, arguyen los coordinadores.Pero ahora los militantes de las principales corrientes internas se subieron al ring y acusan a sus contrincantes de “envenenar el ambiente” en el partido, dice Navarrete en entrevista con Proceso –“la última que doy porque ya decidí cerrar el capítulo del 24 de febrero”–, y admite que lo sucedido en la Torre de Pemex “mostró los peligros que se ciernen dentro del proyecto político del PRD”.El líder de los senadores perredistas insiste en que “estos puntos de fricción” responden a que el partido no ha logrado establecer una estrategia conjunta para embonar la lucha social y la labor legislativa. Eso es lo urgente, dice. No actuar en consecuencia “puede traer consecuencias violentas”.No obstante, se muestra autocrítico y acepta que él contribuyó a la crispación cuando calificó a sus agresores de ser miembros de Izquierda Democrática Nacional, “la corriente de René Bejarano”, y gente de Gerardo Fernández Noroña, secretario de Comunicación del PRD.Por eso, dice, “no quiero escalar el conflicto interno. Lo ocurrido nos debe enseñar que estamos en momentos de definiciones; es urgente conciliar una estrategia común, porque cuando los ánimos se desbordan podemos caer en el precipicio”.En el mismo tono, González Garza sostiene que algunos militantes “están envenenando el ambiente” en el PRD. Según él, el domingo 24 llegó caminando a la Torre de Pemex y recibió críticas de “gente enojada” que le cuestionó la aprobación de la Ley Televisa en la pasada legislatura. Incluso le exigieron “correr” a Ruth Zavaleta de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y le preguntaron si también él “traicionará” a López Obrador.En opinión de González Garza, este “odio” fue provocado por quienes intentan controlar al partido. Lo más grave, sin embargo, es que en 18 años el PRD no ha creado un método para dirimir estas diferencias.Y advierte que la confrontación puede desunir a los perredistas en la lucha en defensa del petróleo.
El petróleo
Después del conflicto del 24 de febrero, los perredistas determinaron enarbolar una causa común por encima incluso de la contienda para elegir a su nueva dirigencia: la defensa del petróleo.López Obrador, los coordinadores parlamentarios, los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) y los candidatos a la dirigencia nacional apoyaron el plan de acción y anunciaron su decisión de actuar unidos ante una eventual privatización del sector energético.Carlos Navarrete asegura: “Estamos urgidos de una victoria. Esa puede ser la defensa del petróleo. Si logramos impedir en el corto plazo que se intente la apertura de capital privado a Pemex, será una victoria que nos permitirá serenar el ánimo y plantearnos resolver temas pendientes.“Si no ganamos esta batalla, el PRD, la sociedad y la izquierda mexicana perderán ante los embates de la derecha.”Resaltó también el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, a quien algunos legisladores critican en privado pero defienden en público, con el argumento de que “nadie se quiere pelear con Andrés Manuel”.Así lo dice incluso González Garza: “Si, nadie se quiere pelear con Andrés Manuel. Cualquiera que tenga una opinión distinta a la de Andrés Manuel no es un traidor, hay gente con posiciones diferentes. El problema es cómo se resuelven.”El coordinador de los diputados perredistas se pregunta: “¿Qué pasa cuándo mi partido decide una cosa y Andrés Manuel decide otra? La decisión es del partido, pero ahí están las contradicciones”. Por eso, asegura, el tabasqueño es “el liderazgo más importante del país”.Y también se deslinda, pues como coordinador ha actuado conforme a los estatutos y los acuerdos del Consejo Político o del Comité Ejecutivo Nacional. “No consulto con Andrés Manuel, consulto con el CEN porque esos son mis estatutos”, dice.El 25 de febrero, en la reunión realizada en la oficina de López Obrador, el llamado “presidente legítimo” dijo a los coordinadores parlamentarios que el abucheo y las agresiones del día anterior respondían a que la gente veía su actuación en el Congreso de la Unión y actuaba en consecuencia, según uno de los asistentes.Cuestionado al respecto, Navarrete soltó: “Lo que en privado se discute, en privado se queda”.Y Zazueta lo secundó: “A nadie le sirve descalificar a Andrés Manuel porque es el principal dirigente de la oposición de este país, si Nueva Izquierda no lo asume así, está en un gran error. Más allá del PRD, como oposición”.

Los Mayores VENDEPATRIAS en la historia mexicana...

Entreguismo energético

Los "gatitos" del imperio

Jesusa Cervantes

En una actitud de plena apertura a las inversiones privadas para la exploración y explotación de recursos energéticos, el presidente Felipe Calderón y sus colaboradores cercanos buscan allanar el camino para que se apruebe la reforma en este ramo. Se trata de un proyecto de corte neoliberal concebido desde que el actual mandatario ocupó la Secretaría de Energía durante la administración de Vicente Fox.La estrategia para abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada la impulsó el actual presidente de México. Desde 2003 Felipe Calderón concedió a empresas foráneas, como la española Repsol, el derecho a explorar y perforar yacimientos de gas, y permitió que inversionistas mexicanos y extranjeros generaran energía eléctrica, con lo que violentó disposiciones constitucionales.Como secretario de Energía y junto con uno de sus colaboradores, Juan Camilo Mouriño –hoy secretario de Gobernación–, Calderón se convirtió en el principal promotor para que la iniciativa privada “vendiera energía”, actividad reservada al Estado. Años más tarde abrió paulatinamente la privatización para el mantenimiento de las venas del sector energético: el sistema de ductos.Su complacencia con el sector privado no paró ahí. Ya como presidente de la República autorizó a Pemex para que comprara gas a Repsol por un monto superior a 183 mil millones de pesos. Los datos de esta operación están contenidos en contratos de Pemex Exploración y Producción, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparecen en el sistema Compranet.De 2000 a 2003, en la LVIII legislatura, junto con el también diputado federal Juan Camilo Mouriño, Calderón no hizo nada para impedir la silenciosa entrega del sector a la iniciativa privada. En los registros de la Cámara de Diputados no existe evidencia de que en alguna ocasión el líder de la bancada panista haya levantado su voz para reclamar esta privatización simulada bajo contratos de obra pública.El especialista en materia energética Fluvio Ruiz Alarcón sostiene que ahora, cuando la reforma energética parece no estar muy lejana, las autoridades sólo pretenden “legalizar” los actos que desde el 2 de septiembre de 2003 emprendió Calderón como secretario de Energía.
Contratos a granel
Un día antes de que Felipe Calderón asumiera la titularidad de la Secretaría de Energía (Sener), el presidente de la República, Vicente Fox, dijo que la energética era una de las cuatro reformas estratégicas para que México pudiera avanzar.Cuando tomó posesión como secretario de Energía, Calderón expresó: “El presidente de la República tiene razón… Me propongo cumplir con los propósitos que el Ejecutivo anunciara ayer a la nación: integrar la cadena de valor de la industria energética nacional”.Añadió: “México no debe seguir importando recursos de los que dispone, ni productos refinados para los que tiene ventajas competitivas. Tampoco podemos dejar de invertir en la exploración para revertir tendencias decrecientes de reservas”.Y así lo hizo. Entre sus primeros actos como secretario de Energía –el 16 de octubre de 2003–, autorizó que se adjudicara a Repsol Exploración México, S.A. de C.V., un contrato para que “ejecute obras relacionadas con el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en la Cuenca de Burgos en el bloque Reynosa-Monterrey”. Por este concepto la empresa recibió un pago por más de 26 mil 951 millones de pesos.Siete días después, el 23 de octubre, a Petrobras, de Brasil, y a Teikoku Oil, de Japón, la Sener les otorgó un contrato para explorar durante 15 años el tramo conocido como Cuervito. Para ello, el gobierno federal les pagó 2 mil 611 millones de pesos. Una semana después, el 30 de octubre, la dependencia asignó otro contrato, ahora por 20 años, a la empresa argentina Techint y a la mexicana Industrial Perforadora de Campeche, para que exploren la zona conocida como Misión; el desembolso ascendió a 10 mil 360 millones de pesos.Cuando Calderón llegó a la Sener, el entonces abogado general de Pemex, César Nava, dejó su cargo para ocupar la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa secretaría. Desde esa posición debió haber revisado la legalidad de los contratos referidos, conocidos como Contratos de Servicios Múltiples (CSM).Así, Calderón y Nava avalaron un cuarto contrato a favor de Petrobras y Teikoku Oil para que operaran en la zona conocida como “fronterizo” por un lapso de 15 años. La adjudicación la hizo el secretario el 19 de noviembre de 2003 y representó un pago de 2 mil 650 millones de pesos.Meses antes de abandonar el cargo, el 15 de enero de 2004, el ahora presidente adjudicó un quinto contrato a la empresa Lewis Energy Group, L. P., con un pago de 343 millones 573 mil 500 dólares.Los cinco CSM fueron cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), e impugnados ante un juez civil por legisladores encabezados por el senador Manuel Bartlett. El órgano fiscalizador consideró “poco clara” la legislación al respecto, y recomendó que no licitaran nuevos contratos.
Generación de energía
Con los cambios que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari hizo a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica se empezaron a entregar permisos de generación de energía a la iniciativa privada bajo las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente e importación y exportación.Hasta ahora se han otorgado 240 de esas autorizaciones, pero hubo 35 casos en que la ASF consideró que se había violado la Constitución y la Ley de Energía. Por ello, la entidad fiscalizadora pidió que se anularan esos permisos, los cuales fueron concedidos en 2004, cuando Calderón estaba en la Sener. El funcionario defendió en todo momento los permisos, a pesar de las pruebas que la ASF le entregó para respaldar su demanda de nulidad.“Todos los permisionarios son filiales de empresas extranjeras. Iberdrola (España) y Unión FENOSA (antes francesa hoy española) cuentan con permisos por 2 mil 242 y mil 712 megawatts, respectivamente. Lo anterior significa que el capital español controla 43% de la generación independiente de energía eléctrica en México; firmas canadienses 6%; estadunidenses 19%, y japonesas 12%.”Con todo, Calderón siguió en la defensa de los permisos para producir energía eléctrica. Es más: en los escasos nueve meses que estuvo al frente de la Sener entregó 31 autorizaciones más a empresas extranjeras y mexicanas.Calderón dejó la Sener el 31 de mayo de 2004 para irse en pos de la candidatura presidencial de su partido, el PAN. Sin embargo, dos de sus principales operadores, César Nava y Juan Camilo Mouriño, permanecieron en la dependencia.Seis meses después dejarían el cargo, aunque antes de abandonarlo Mouriño, en su condición de subsecretario de Electricidad, dejó en claro cuál había sido su función en Energía: impulsar la reforma energética a favor del sector privado.“El próximo subsecretario –expuso Mouriño el 26 de septiembre de 2004, un día antes de dejar el cargo– debe seguir insistiendo en la reforma estructural y promover una serie de cambios que no requieren cambios constitucionales, ni pasar por el Congreso. Por ejemplo, que el riesgo de los contratos de suministro de gas natural lo asuma la empresa pública y no el inversionista, lo cual ya se está llevando en los últimos contratos asignados. Eliminar restricciones legales en la regulación que no permiten aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración (en los permisos de energía), y las limitantes para despachar los excedentes y permitir que Luz y Fuerza compre energía a los privados y no a la Comisión Federal de Electricidad.”También adelantó que al llegar a la Presidencia Calderón impondría su proyecto estratégico: “…el de fondo, que es donde se pueda impulsar la apertura de parte del sector (energético), para ser complementado por la iniciativa privada”.Y la estrategia siguió. Sin necesidad de reforma energética Calderón continuó beneficiando a empresas extranjeras; por ejemplo, a menos de un año de estar en el poder comprometió millonarios recursos del país con la que parece ser su compañía predilecta: Repsol.
Los ductos
El 28 de septiembre de 2007, el gobierno de Calderón firmó un contrato por 15 años con Repsol Comercializadora de Gas, S.A., con lo cual comprometió el dinero de la nación para pagarle 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos a fin de que surta de gas a la CFE.El argumento para entregar los millonarios CSM fue que con ello se disminuiría la importación de gasolinas. Sin embargo, el contrato, dado a conocer en Perú y no en México –el 18 de febrero pasado lo reveló Andrés Manuel López Obrador–, muestra todo lo contrario, pues México pagará a Repsol más de 183 mil millones de pesos por concepto de importación de gas.De acuerdo con datos de la CFE, el contrato número 9100005181 se adjudicó de manera directa a Repsol Comercializadora de Gas y tiene vigencia del 28 de septiembre de 2007 al 22 de diciembre de 2022.Otro contrato millonario entregado por Felipe Calderón a la iniciativa privada extranjera es el que se firmó el 30 de noviembre de 2007, sin que tampoco se publicitara en México y que dio a conocer en Estados Unidos el 13 de diciembre la empresa beneficiada.Se trata de un contrato por 10 años para operación y mantenimiento de uno de los cuatro sistemas de ductos que tiene el país y que otorgó de manera directa a la empresa Energy Maintenance Services Group I, con una deuda para el país por 4 mil 268 millones 792 mil 26 pesos.De acuerdo con el análisis que el Centro Nacional de Estudios de Energía, A.C., hizo al contrato, éste viola la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, “debido a que propiciará la intervención de un privado en actividades de operación reservadas de manera exclusiva a Petróleos Exploración y Producción”.El mismo contrato le permite a esta empresa subcontratar a otras para prestar servicios por los que está cobrando. Con ello se viola el artículo 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios que dispone: “corresponde a las dependencia y entidades llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate”.Las obras de mantenimiento del sistema 4 de la red de ductos ubicados en Chiapas, Tabasco y Veracruz iniciaron el pasado 7 de enero.Este sistema transporta el 98% de petróleo crudo que se usa en las seis refinerías del país para producir combustibles, y 56% del gas con el que se elaboran productos petroquímicos y que se usa para la generación de electricidad.“Con esta acción se está cediendo el control de las instalaciones de bombeo, compresión, distribución y ductos, que son las venas y corazón del sistema por el que se lleva la fuente de energía al país. El sistema 4 es la parte más delicada de todo el sistema de transporte nacional”, indica el Comité Nacional de Estudios de Energía.La privatización de los cuatro sistemas de ductos tampoco es nueva. Se planteó el 24 de abril de 2006 por el subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución de Pemex Exploración y Producción, Sergio Guaso, el mismo que tuvo a su cargo la promoción de los CSM, según revela un documento al que este semanario tuvo acceso.En el texto se establece un “plan de negocios para PEP” donde lo importante es “establecer una estrategia comercial enfocada a la satisfacción de los clientes” y se habla de entregar contratos con duración de 4 a 10 años. De acuerdo con dicho documento el plan era iniciar las licitaciones en 2006, pero arrancaron hasta 2007.Pero así como Calderón benefició a empresas extranjeras, también lo hizo con su subalterno y amigo Juan Camilo Mouriño a quien, siendo funcionario le continuó entregando los millonarios contratos para la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar. Así lo reveló la reportera Ana Lilia Pérez el 16 de febrero en la revista Contralínea. De esta manera queda claro que tanto Mouriño como el mismo presidente son responsables del otorgamiento de esos contratos.El planteamiento que próximamente se hará de la reforma energética fue delineado desde Pemex y quedó plasmado en un documento de noviembre de 2006 denominado Situación actual y perspectivas. El texto coincide con lo que Francisco Labastida Ochoa ha expresado ante legisladores de su partido, la iniciativa privada y sus declaraciones públicas.Se trata de perforaciones profundas en aguas transfronterizas, para permitir que empresas extranjeras inviertan en la construcción de nuevas refinerías, así como en ductos, y la autonomía de gestión de Pemex, además de la posibilidad de emitir bonos para colocarlos en bolsa de valores. Las leyes que se proponen cambiar son la reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Ley de Obra Pública y el reglamento de Pemex.De acuerdo con el Comité Nacional de Estudios de Energía, la reforma va encaminada a “solventar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los contratos para el sistema de ductos, de CSM o acuerdos o alianzas con el sector privado”. Es decir, desvirtuar los cuestionamientos en los procesos de licitación en que ha participado Felipe Calderón.

Petroleos ¿Mexicanos?

Pemex. En manos de grandes corporaciones trasnacionales

Foto: fernando gutiérrez juárez

Carlos Acosta Córdova

Más allá del errático y polarizante debate sobre la presunta privatización de Petróleos Mexicanos, y de lo que se anime finalmente el gobierno de Felipe Calderón a presentar como propuesta para sacar del bache a la paraestatal, lo cierto es que sólo en la letra Pemex es “del pueblo” y de “los mexicanos”. En realidad, sus actividades centrales –con ganancias gigantescas– están en manos de grandes corporaciones trasnacionales. Si bien Pemex es propiedad del Estado mexicano, el sector privado nacional y extranjero, lo mismo empresas que personas físicas, prácticamente controlan la industria petrolera nacional: realizan actividades directas en toda la cadena del petróleo, el gas y el resto de hidrocarburos, supuestamente prohibidas por la Constitución, o bien trabajan para la paraestatal por medio del contratismo desmesurado, que ha hecho de la paraestatal el gran negocio de cientos de miles de personas y empresas.Sólo para ilustrar esto último: el catálogo de contratistas y proveedores de uno solo de los cuatro corporativos que conforman la compañía, Pemex Refinación, actualizado al 31 de enero, consta de más de 37 mil nombres de compañías y personas, nacionales y extranjeras. Entre esos nombres destaca por ejemplo el de Juan Bosco Abascal Carranza (proveedor número 1000040812, hermano de Carlos, secretario del Trabajo y de Gobernación en el sexenio pasado), encargado de impartir los cursos de moral a legisladores y gobernantes del Partido Acción Nacional, hasta empresas como Swecomex, de Carlos Slim, constructora de plataformas petroleras, y Union Pacific Railroad, la poderosa ferroviaria estadunidense dedicada sobre todo al transporte de mercancías.No hay eslabón de la cadena petrolera que no esté invadida por particulares. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), cuando Petróleos Mexicanos quedó dividida en cuatro subsidiarias (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), se le ha venido dando la vuelta a la Constitución y a diversas leyes para que, por medio de contratos y permisos, los particulares puedan participar y hacer negocio en actividades antes –y aun ahora, en algunos casos– reservadas a los mexicanos.Si con Salinas la petroquímica legalmente dejó de ser un área estratégica –para que los capitales privados pudieran hacerse cargo de ella– y se inició la apertura de la industria del gas, con Zedillo y Fox se concretaron ambos procesos, con el agravante de que aun extranjeros tendrían facilidades para entrar en las dos áreas, incluso con una participación de control, en particular en el caso del gas.De hecho, en materia de transporte, almacenamiento, distribución y comercio del gas natural, es poca la participación de Pemex. El gas es coto de empresas privadas, sobre todo extranjeras. No se diga la distribución, que es controlada por cinco trasnacionales. La principal de éstas, la española Gas Natural, es la distribuidora de gas número uno en México y tiene presencia en siete de las 14 zonas de distribución en el país, tiene 1 millón 120 mil clientes y una red de más de 15 mil kilómetros: en el Distrito Federal surte gas en 14 de las 16 delegaciones del gobierno capitalino. Las otras cuatro son: las estadunidenses Sempra Energy y KN Energy, con fuerte presencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Sonora; la franco-belga Tractebel-Suez, que controla la distribución de gas en Jalisco, Tamaulipas y Querétaro, y la francesa Gaz de France, con presencia en el norte de Tamaulipas y dominio en el Valle de México.Pero si la distribución y comercialización eran los únicos renglones en los que la ley permitía participar a los empresarios nacionales y extranjeros, por vía de los Contratos de Servicios Múltiples ahora –desde 2003– lo pueden hacer también en el ámbito de la producción y el desarrollo de los campos de gas.Gracias a ese mecanismo, también grandes empresas extranjeras pueden encargarse de todo el ciclo de exploración y producción de gas. Por lo menos en la cuenca de Burgos ya operan la poderosa petrolera española Repsol YPF, que ya tiene una sólida presencia en la parte estadunidense del Golfo de México en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos; la argentina Techint-Tecpetrol; la brasileña Petrobras, en alianza con la japonesa Teikoku Oil, y la estadunidense Lewis Energy.Permisos de almacenamiento con regasificación los han obtenido las trasnacionales estadunidenses Shell, Sempra Energy y Marathon Oil, líderes en productos y servicios y que operan en Tamaulipas y Baja California.
lll
La petroquímica nacional, bajo control de particulares desde hace unos tres lustros, es un desastre. Desde tiempos de Miguel de la Madrid se consideró que la industria no era prioritaria y que muy bien podrían encargarse de ella las empresas privadas. Con ese argumento, en aquel gobierno se hizo una primera reclasificación de los petroquímicos básicos, de 72 a 36; luego Salinas de Gortari los dejó en 20 y, al final de su gobierno, bajo los compromisos del TLCAN, quedaron sólo ocho. Pero ha sido tal el desdén de los particulares que ahora el gobierno de Felipe Calderón pretende reactivar la industria petroquímica nacional para reducir la dependencia del exterior –las importaciones son abrumadoras. Para ello anunció, apenas hace 10 días, un espectacular plan no sólo para la construcción de una gran planta de etileno –a cargo de la iniciativa privada, a un costo de mil 700 millones de dólares– sino de la licitación de contratos de suministro, por 15 años, de etano y gasolinas.La dependencia del exterior en materia de petroquímicos es tal que las importaciones han alcanzado cifras históricas con 12 millones de toneladas anuales, a un costo de 15 mil millones de dólares. En su informe de resultados de 2007, que dio a conocer el miércoles 27 de febrero, Pemex refiere que así como el valor récord de las ventas totales –1 billón 135 mil millones de pesos, 2.9% más que en 2006– se debió a un mayor precio internacional del crudo, las cuantiosas pérdidas netas de la paraestatal –más de 16 mil millones de pesos– fueron producto de una mayor importación de petrolíferos, principalmente de gasolinas. Las compras de éstas pasaron de 204 mil 700 barriles diarios, en 2006, a 307 mil 700 barriles por día, promedio, en 2007, es decir, un volumen superior en 50.3%. El desastre de la petroquímica alcanza al Sistema Nacional de Refinerías. Hace poco, Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo: “No tenemos capacidad de almacenamiento suficiente y el sistema de transporte es costoso e ineficiente”. Es más, agregó, “estuvimos a punto de quedarnos sin gasolina, en la zona metropolitana, en diciembre pasado, porque no tenemos almacenamiento suficiente en el país.”La gravedad del asunto la dan las propias cifras oficiales: la oferta de gasolinas de Pemex sólo cubre el 62% de la demanda nacional. Es decir de cada 10 litros que se consumen en el país, poco más de cuatro se importan, sobre todo de Estados Unidos, pero también de China y la India… y con nuestro propio petróleo. Por ello, la propuesta de Calderón, sin ser explícita, apunta a la creación de refinerías “nacionales” pero de propiedad privada, inclusive extranjera. Los investigadores universitarios Víctor Rodríguez-Padilla y Ramón Pacheco interpretan así, en su ensayo Petróleo, gas natural y Pemex; proceso de privatización y alternativas, que hicieron público el 25 de febrero pasado:“La propuesta de la corriente aperturista es que existan refinerías privadas que maquilen el crudo y entreguen los productos resultantes a Pemex. La Constitución prohíbe este tipo de infraestructura y actividad por parte del sector privado, porque la refinación forma parte tanto de la explotación petrolera como de la industria petrolera, ambas reservadas a la nación”.Algunos aseguran que las “refinerías maquiladoras” cumplirían con la ley porque no habría transferencia de los derechos de propiedad; Pemex sería dueño del crudo y los productos resultantes; el inversionista privado sería dueño de la refinería y obtendría un margen por barril procesado con dos componentes: un cargo fijo para rembolsar las inversiones y un cargo variable dependiendo de la carga procesada; todos los riesgos serían para Pemex y el gobierno federal. Si la propuesta llega a prosperar se crearía una figura equivalente al “productor independiente de productos derivados del petróleo”. Será el “salinazo” de Felipe Calderón.“Más adelante, dependiendo de cómo les fue con la primera parte de la apertura, vendría la libre importación y la liberalización de las actividades comerciales. Las refinerías maquiladoras se transformarían en ‘refinerías de mercado’. Las gasolinerías cambiarían la bandera Pemex por las de Shell, BP (British Petroleum), Chevron, Exxon-Mobil. Durante los últimos 15 años, desde la entrada en vigor del TLCAN, esas compañías han estado adquiriendo gasolinerías a través de prestanombres. Algunos gasolineros han firmado contratos con las trasnacionales para continuar como operadores de las estaciones de servicio cuando se liberalice el mercado.”
lll
El gobierno de Felipe Calderón, aun sin presentar la polémica iniciativa para transformar la industria petrolera nacional, ya ha dado muestras de que está decidido a abrir de par en par las puertas a la iniciativa privada, nacional y extranjera, aun en áreas reservadas. Las cifras son elocuentes: en el gobierno de Ernesto Zedillo las inversiones en el sector energético, financiadas por el sector privado, sumaron poco más de 8 mil millones de dólares; en el gobierno de Fox, los contratos en el sector energético ascendieron a cerca de 30 mil millones de dólares, pero Calderón quiere más: en su primer año de gobierno se firmaron 642 contratos de obra pública con empresas nacionales y extranjeras, con un valor de 9 mil millones de dólares. Y este año va rápido: hasta mediados de febrero iban seis licitaciones públicas, nacionales e internacionales, para la ejecución de obras por un valor de 1 mil 380 millones de dólares.Y para todo: construcción de infraestructura y mantenimientos de campos de gas; plantas de óxido de etileno para complejos petroquímicos; construcción y tendido de oleoductos y gasoductos; perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros y elaboración de registros geofísicos de yacimientos de crudo.Un análisis de la revista El mundo del petróleo, de Ferráez Editores, la empresa que edita la revista Líderes Mexicanos, señala –con base en información del IFAI– que de poco más de 3 mil empresas contratadas por Pemex y la CFE para la construcción de infraestructura energética sólo 27 han sido las más beneficiadas porque concentran obras y proyectos con un valor superior a los 21 mil 641 millones de dólares.Pero resulta que son empresas extranjeras las que se llevan la mayor parte del pastel. Entre ellas: Halliburton, Repsol, Schlumberger, Bergensen Worldwide Limited, Lewis Energy, Baker Hughes, Bosnor, Keppel Offshore and Marine USA y China Petroleum. Son portentos trasnacionales que, en México, están en todo: explotación y producción de gas; perforación de pozos en el mar; provisión de barcos y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo; generación de electricidad, entre otras actividades.Por otra parte, en materia de construcción de plataformas marinas, no es poca la presencia de empresas mexicanas: Swecomex, de Carlos Slim; ICA, de la familia Quintana, entre las más reconocidas, pero también Cigsa, Comintersa, Commsa y Cyemsa. Pero la demanda es más grande que la capacidad de las empresas mexicanas, de tal suerte que el gobierno ha echado mano de las extranjeras Upstream Engineering, Shaw Mexican Holding, Keppel Offshore and Marine, McDermott Internacional y la coreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, entre otras, para la construcción de plataformas. Entre las compañías extranjeras favoritas de los gobiernos panistas destaca Halliburton, que tiene más de cien años de existencia y se especializa en el desarrollo de tecnologías de punta para la construcción de infraestructura civil para operaciones militares; es precursora y líder en servicios de energía. En un tiempo fue dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.En México, Halliburton ha obtenido, desde 2002, 160 contratos de Pemex por 25 mil 800 millones de pesos (2 mil 345 millones de dólares) para trabajos de perforación y mantenimiento de pozos en las principales regiones productoras de crudo del país. El más reciente, anunciado apenas la semana antepasada, fue por 683 millones de dólares (poco más de 7 mil 500 millones de pesos), para trabajos de gestión de proyectos, servicios de perforación y terminación de 58 pozos petroleros en la región sur del país. Pero Pemex también abre sus puertas a empresas presuntamente mexicanas. Le dio un contrato a DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V., creada apenas el 15 de diciembre de 2006 –dos semanas después de la toma de posesión de Felipe Calderón– para ejecutar trabajos de geociencias, perforación, producción e infraestructura y operación de sistemas de producción. El monto del contrato es por 817 millones 122 mil 46 pesos, más 66.8 millones de dólares; su objetivo es la prestación de “Servicios integrales de optimización y desarrollo de campos en el sector Ébano-Pánuco-Cacalilao del Activo Integral Poza Rica-Altamira”, según consta en el contrato de Pemex Exploración y Producción, con número 424107840, del 14 de mayo de 2007.Aunque el titular del contrato es de DS Servicios Petroleros SA de CV, la propuesta fue presentada conjuntamente con D&S Petroleum, SA de CV, filial del grupo compuesto por la mexicana Diavaz, la brasileña Petrobras y la japonesa Teikoku Oil.En suma, la presencia de la iniciativa privada, nacional y extranjera, está en todos los sectores de la industria petrolera nacional. Muchos le llaman “privatización silenciosa”. Habrá que ver qué más quiere el gobierno de Felipe Calderón. (Con información de Rosalía Vergara) l

La trama del atentado frustrado

El bombazo. "Súper lío"

Foto: miguel dimayuga

Raúl Monge

Una semana antes del fallido atentado contra el director sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Julio César Sánchez Amaya, en el que perdió la vida Juan Manuel Meza Campos, El Pipen, los matones contratados por el cártel de Sinaloa originalmente habían planeado ejecutar al funcionario policiaco en las inmediaciones de su casa, ubicada en un conjunto habitacional llamado El Arbolillo, en Chiconautla, Estado de México.Sin embargo, los sicarios desistieron de su idea al percatarse de que cerca del domicilio particular de Sánchez Amaya –con indicativo Pegaso– había unas oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y, por ende, una nutrida presencia de patrullas y policías.Lo anterior consta en las declaraciones ministeriales de Tania Vázquez Muñoz, una vendedora de droga al menudeo en Tepito que resultó herida en el operativo organizado por una docena de delincuentes y narcomenudistas del Distrito Federal y del Edomex para asesinar a Sánchez Amaya. Según Vázquez Muñoz, el jueves 7 de febrero acompañó a Mauro, Gerardo y Érika –actualmente prófugos– a ese lugar donde, de acuerdo con la versión que le dieron sus amigos, el jefe policiaco tiene varios departamentos. En el trayecto, dijo, Mauro y Gerardo comentaron que les habían encargado “matar a un director de la policía”, pero que nunca dijeron quién les había hecho el encargo. Lo único que agregaron fue que “no se trataba de cualquier persona”.Tania declaró que, antes de llegar a la unidad habitacional –de la que no dio mayores detalles, salvo que se encontraba en un pueblito, lejos de la ciudad–, Mauro, Gerardo y Érika le confiaron que no era la primera vez que asesinaban a una persona, que ya anteriormente lo habían hecho.En la tercera de cinco declaraciones ministeriales que ha rendido del sábado 16 de febrero a la fecha, Tania relató que, al llegar a su objetivo, sus acompañantes bajaron del auto –un Golf o Jetta negros– y ella permaneció dentro del vehículo.Pero cuando perdió de vista a sus compañeros se bajó del coche, caminó un poco –“porque se me antojaron unos esquites”–, y alcanzó a ver que en la zona había varios comercios, una pizzería, un puente y un canal.Luego de un rato, Tania regresó al vehículo y, minutos después, llegaron Mauro, Gerardo y Érika, a quienes escuchó decir: “Ya ves, te dije que ahí vive, la chava que iba entrando era su hija”.También señalaron que no iba a ser fácil asesinar al funcionario de la SSPDF porque “siempre traía un chaleco antibalas y siempre andaba con escolta”. Según Tania, sus amigos hicieron igualmente referencia a unas oficinas de la PGJEM y a que había muchas patrullas y policías, por lo que no sería fácil cumplir con el trabajo en ese sitio. “A balazos no lo vamos a poder matar; hay que pensar en otra forma de hacerlo”, dijeron.En el mismo testimonio, la joven, quien antes de dedicarse a la venta de drogas al menudeo compraba y vendía ropa a familiares y conocidos suyos, declaró que, de regreso a su casa, Gerardo y Mauro la invitaron a participar en el crimen. Le plantearon que no tendría que hacer nada, que el “trabajito” lo haría El Pipen. En esa ocasión, también la invitaron a viajar, en compañía de su hijo, a Huatulco.Mauro ya no volvió a tener contacto con Tania hasta el jueves 14, pero sólo por teléfono. Novia de Alberto Lemus Tenorio, El Capri, y amiga de El Pipen, Tania manifestó que el viernes 15 se levantó temprano para dejar a su hijo en la escuela, regresó a su casa y se recostó un rato hasta que la despertó la alerta de su radio Nextel. Se trataba de Mauro, con quien acordó encontrarse en Anillo de Circunvalación, esquina con Ferrocarril Hidalgo. Indicó que llegó al lugar de la cita alrededor de las 12:30 horas y que ya la estaban esperando Mauro y El Pipen, en un auto. De ahí, continuó, se trasladaron al Wings ubicado en avenida Chapultepec, donde comieron algo y ultimaron detalles del atentado. Según la versión de Tania, Mauro le recordó a El Pipen que sólo tendría que “poner una bolsa en una camioneta que tenía muchas antenas”.Mauro ordenó a Tania que ella caminara junto a El Pipen y que, una vez colocada la bolsa, caminara hasta la glorieta de Insurgentes, subiera al Metro y se fuera a su casa, “porque esto se va a poner muy pesado”.De acuerdo con la declaración ministerial de Tania, conforme se acercaba la hora El Pipen empezó a ponerse nervioso, e inclusive hubo un momento en que se paró de la mesa y se retiró para indagar si ya había llegado su víctima.Unos 10 minutos después El Pipen regresó al restaurante y les avisó que la camioneta del jefe policiaco ya estaba en el lugar indicado. Mauro pagó la cuenta y, antes de despedirse de Tania y de El Pipen, les dio la última instrucción: que caminaran y esperaran a que Gerardo y Érika pasaran por ellos. Luego de 10 minutos de espera atrás de la Universidad de las Américas, Gerardo llegó conduciendo un vehículo y Tania y El Pipen subieron. Gerardo se dirigió a la glorieta de Insurgentes. En el trayecto, Érika le entregó una bolsa negra a El Pipen, quien la puso sobre sus pies y revisó el artefacto explosivo sin sacarlo de la bolsa.Gerardo volvió al punto original y, casi a gritos, les pidió a Tania y El Pipen que bajaran rápido del auto. Según Tania, nunca supo lo que El Pipen llevaba en la bolsa. Ambos dieron unos pasos y en eso sonó el celular de Tania, quien declaró que sólo alcanzó a ver que se trataba de un número privado cuando de inmediato sintió un flamazo. “Alcancé a ver a El Pipen con una lámina encima, sentí que todo mi cuerpo empezó a arderme y pedí ayuda…”.
Armas, drogas, autos
La declaración ministerial de Karla María de Monserrat González Gallegos, quien también se encuentra bajo arraigo desde el pasado 25 de febrero, redondea la historia del fallido atentado contra el funcionario de la SSPDF.De 22 años de edad, Karla trabajó como secretaria en el Instituto Politécnico Nacional, y fue ahí donde entabló relación con dos de los implicados en el bombazo del viernes 15 de febrero en avenida Chapultepec: primero con Óscar Santoyo, El Mosco, y, posteriormente, con Daniel Ramírez Ávila, El Nazi. Según la versión que ofreció a la autoridad ministerial, ambos sujetos traficaban con armas y droga, además de dedicarse al robo de autos con violencia.Sostuvo que en noviembre de 2007 se hizo novia de Ramírez Ávila y que así se enteró de que éste le compraba droga a una persona de Sinaloa a quien apodaban El Patrón. Reveló inclusive que el narcotraficante sinaloense estuvo en el Distrito Federal en enero pasado y que en esa ocasión se hospedó en un hotel de la calzada de Tlalpan. Karla declaró que un día antes del fallido atentado contra el director sectorial de la SSPDF se enteró del plan y de que la bomba había sido elaborada en una vieja hacienda ubicada en el centro de Ozumbilla, Estado de México, por el rumbo de Tecamac. En esa casa, dijo, vive Adrián El Gun.El lunes 18 de febrero, El Nazi pasó por Karla a su trabajo y le pidió que lo acompañara a hacer un “tour de trabajo”, venta de droga. En el trayecto, la joven le dijo a su novio que había visto las imágenes del bombazo y que estaban metidos en un “súper lío”.
“Ya ni hables de eso”, replicó El Nazi.
La pareja volvió a encontrarse el martes 19 y el miércoles 20, pero ya no comentó nada de lo sucedido.
Antes de encontrarse el miércoles, Karla le avisó a su novio que había recibido tres llamadas telefónicas advirtiéndole que mantuviera cerrada la boca.De la docena de sujetos implicados en el plan abortado, que según la SSPDF responde a la detención de sicarios del cártel de Sinaloa y al aseguramiento de armas en la Ciudad de México, sólo cinco están arraigados: Tania Vázquez Muñoz, Daniel Ruiz Ávila (El Nazi), Hugo Aldana (El Gordo), José Martín Díaz Ibarra y Karla María de Monserrat González Gallegos. l

La muerte como éxito político

YVKE Mundial :: Artículos

Pascual Serrano

El Gobierno colombiano de Álvaro Uribe ha presentado a la comunidad internacional como un éxito militar y político la muerte, el pasado sábado, de 17 miembros de la guerrilla de las FARC. Ayer, el periódico colombiano El Tiempo, propiedad de la familia del ministro de Defensa, difundía en exclusiva, como trofeo, la foto del cadáver del número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes.

La versión de Uribe fue que las muertes se produjeron en combate y que los guerrilleros huyeron hacia suelo ecuatoriano donde fueron perseguidos y rematados por el Ejército.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ya ha aclarado que, tras el envío de tropas ecuatorianas a la zona, se han encontrado 15 cadáveres, ubicados en un campamento ambulante que no operaba militarmente, sólo se desplazaba. También ha dicho que los guerrilleros se encontraban en paños menores y en pijama, por lo que “fueron masacrados desde el aire mientras dormían, una vez localizados mediante tecnología punta ofrecida por potencias extranjeras”.

Los acontecimientos se desarrollaron dos kilómetros al interior de suelo ecuatoriano, por lo que la soberanía de ese país fue violada deliberadamente, primero por aire para bombardear y posteriormente por tierra para recoger por lo menos dos cadáveres.

A pesar del alto nivel jerárquico de Raúl Reyes, número dos de las FARC, su función era nula en el ámbito militar y su papel ha sido siempre clave como interlocutor de los países amigos en la búsqueda de una solución dialogada al conflicto. Viajó de gira por Europa, reuniéndose con líderes políticos, incluidos los españoles, durante las conversaciones de paz con el presidente colombiano, Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002. Anteriormente, se encontró con representantes estadounidenses en Costa Rica, en 1997.

Junto a Reyes murieron el pasado sábado su esposa Olga Marín y el músico Julián Conrado, quien compuso 15 discos en lo que se denominó “frente cultural” de las FARC, y también participó en las negociaciones de paz. Masacrar a esas personas bombardeándolas mientras dormían es el éxito militar que presenta Uribe.

En la última entrevista que concedió, tres días antes de su muerte, Raúl Reyes había planteado que las FARC “no subestiman la vía electoral mediante una gran coalición” y ofrecía “la superación de la crisis” con un Gobierno que “se comprometa con el canje de prisioneros y las salidas políticas al conflicto interno de los colombianos”.

No eran sólo palabras; tres días antes la guerrilla había liberado sin condiciones a cuatro de sus retenidos. El analista y miembro de la Comisión Asesora de Paz del Parlamento colombiano Carlos Lozano ha recordado que a través de Reyes “se realizaban los contactos de los facilitadores y misiones humanitarias en la búsqueda de salidas políticas al conflicto colombiano”, lo que dificultará a los países amigos o los negociadores internacionales para encontrar una salida política.

A todo ello se añade la preocupación que genera en la región la política colombiana de extender su guerra a los países limítrofes. El sábado bombardeaban e invadían territorio ecuatoriano, y ya en diciembre de 2004 un comando secuestraba en la capital de Venezuela, Caracas, al representante exterior de la guerrilla, Rodrigo Granda.

La masacre del 1 de marzo es lo más alejado a un éxito político y militar. Es un ataque a cualquier vía de solución del conflicto colombiano y un nuevo ejemplo del peligro que supone Álvaro Uribe para la estabilidad de la región, tal y como ya han advertido los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez.

¿Está despertando el México bronco?

Conjeturas
Álvaro Cepeda Neri

La expresión “no despertemos al México bronco”, salvo prueba en contrario, fue acuñada por el ya fallecido Jesús Reyes Heroles (1921-1985). Identificado éste como el ideólogo más progresista del sistema priísta-presidencialista. En alguno de sus discursos debe estar la frase y el contexto político en que la soltó, dado como fue a provocar reflexiones y reacciones en la élite política y con repercusiones en la clase empresarial y adinerada.

No fue gobernador (de su natal Veracruz) ni Presidente de la República, por impedimento constitucional, después de haber tenido los cargos políticos y administrativos federales más importantes. Defendió las características laicas de las instituciones, el liberalismo social y originó la primera reforma electoral democrática moderna.
A casi 13 años de su fallecimiento (13 de la buena o de la mala suerte) “los reaccionarios, que al fin son mexicanos”, diría Juárez, uno de los hombres que más admiró Reyes Heroles (aunque actualmente hay reaccionarios a secas: Mouriño, Calderón y el grupo que encabezan con el PAN de Germán Martínez), han llegado al poder presidencial esos panistas de “nuevo cuño” que se han sacudido a los ultraderechistas, pero que carecen, desde el foxismo, de capacidades políticas y no se diga para la política económica. Eso sí: corregidos y aumentados para la corrupción y cómplices, de Fox a Calderón, para navegar en la impunidad.
Los panistas vinieron anunciando, desde 1939, como combatientes de las conquistas de la Revolución de 1910-1917 e incluso hasta “corregir” lo que les disgusta de la Revolución de Independencia de 1810-1824. Y, además, están empeñados en desaparecer lo que la Nación logró con la Constitución de 1857, la República Restaurada, la Reforma y otros logros del pueblo que siguió a la Generación de los Liberales. Han llegado a los cargos municipales, gubernaturas, diputaciones estatales y federales; senadurías y hasta la Presidencia de la República, mostrando y demostrando que son peores que muchos de quienes han sido la desgracia política del país.
Para estos panistas, que ya rompieron con sus padres fundadores y sus más remotos abuelos, son las palabras de Max Weber: “Ha sido siempre la consecución del poder económico lo que ha hecho surgir, en una clase, la idea de su candidatura a la dirección política. Lo peligroso y a largo plazo inconciliable, con el interés de la nación, es el hecho de que una clase económicamente en decadencia detente el poder político. Pero todavía más peligroso es el hecho de que las clases hacia las cuales se desplaza el poder económico, y con ello la perspectiva del poder político, no estén aún políticamente maduras para la conducción del Estado”. Por todo el país hay síntomas de que está despertando o por despertar “el México bronco”. Y es que los panistas han hecho de la nave estatal un motín y botín a bordo que navega a la deriva.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Dime quién te certifica y te diré quién eres

Julio Pimentel Ramírez

Este, como cada año, el gobierno estadounidense emite el reporte Estrategia de control internacional de narcóticos, en el que califica y certifica el papel jugado por naciones de todo el mundo en el combate al narcotráfico, interviniendo en asuntos soberanos de otros Estados y arrogándose así, el papel de policía internacional y de juez hipócrita que ve la basura en el ojo ajeno e ignora la viga en el propio.

Para Washington, la “certificación” es un proceso de evaluación, un examen detallado que se realiza cada año en febrero, para ver cómo luchan otros países contra las drogas; generalmente, son países en vías de desarrollo que tienen la imperiosa necesidad de recibir apoyo económico de Estados Unidos.

Aquellos que no pasan la prueba, pierden mucho o casi todo; simplemente se convierten en el blanco de toda suerte de sanciones, principalmente económicas, por parte de las autoridades estadounidenses. Los chantajes políticos y los dolorosos ataques verbales tampoco se hacen esperar.

Es claro que la lucha contra este flagelo --según el Reporte Mundial de Drogas 2006, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), 200 millones de personas son consumidores de drogas, de ellos 6.5 millones de estadounidenses consumen cocaína, por mencionar solamente este estupefaciente-- requiere de la cooperación internacional, lo repudiable es su utilización como un instrumento político de carácter geoestratégico del imperio del Norte.

Según el reporte de la ONU, el sistema multilateral de control de drogas hace referencia al 5 % de la población mundial que consume drogas de diferente tipo. De este 5%, la mitad, usa drogas regularmente y el 0.6% presenta problemas de adicción. El total de consumidores de drogas en el mundo se estima en alrededor de 200 millones de personas, entre las cuales la cannabis se clasifica como la droga más consumida, con un estimativo el 162 millones de consumidores en el mundo, seguida por las anfetaminas y estimulantes, con 35 millones de adictos y la cocaína con 13 millones de personas en el mundo.

Para el caso de la cocaína, el informe señala que cerca de 13.4 millones de personas han consumido la droga, lo cual significa un importante descenso con respecto a años anteriores. El área de mayor consumo de esta droga es Estados Unidos, donde se registran 6.5 millones de consumidores.

El círculo económico de estas mercancías ilegales (cocaína, opio, heroína, anfetaminas, etc.): producción, comercialización, consumo y su conversión en dinero incrementado por una alta tasa de ganancia, derivada precisamente de su carácter subterráneo de mercado negro y actividad criminal, es enfrentado por el gobierno estadounidense con una estrategia, impuesta a países como Colombia y México, por poner dos ejemplos cercanos y paradigmáticos, que enfatiza el combate dosificado y selectivo a productores y traficantes, relegando una atención integral que incluya políticas que consideren el consumo de una sociedad degradada por un sistema que pone en el centro el egoísmo y el lucro desmedido.

Estados Unidos, además de aportar el mayor número de consumidores jóvenes y adultos que se embrutecen diariamente, es el país que, en consecuencia, contribuye con el financiamiento básico para este sangriento y próspero negocio. A esto, habría que añadir el hecho de que nunca se sabe de algún capo yanqui preso, ¿o habrá alguna persona ingenua que considere que en la tierra de emprendedores hombres de negocio no existan dichos personajes?

En el reporte 2008 de la Estrategia de control internacional de narcótico, el gobierno estadounidense descalifica a Venezuela y critica a Bolivia, mientras alaba el papel de Colombia y México en el combate al narcotráfico, no sin dejar de señalar el desempeño de los últimos dos gobiernos (en el caso mexicano se refiere al lavado de dinero, al hecho de que nuestro territorio sigue representando la principal ruta de acceso de drogas a su territorio y a que los cárteles mexicanos actúan ya al norte del río Bravo), para rematar subrayando la necesidad de estrechar la cooperación.

Esta cooperación, que en los hechos es subordinación a los designios del imperio, es continuar con el Plan Colombia en el caso del país sudamericano (cabe hacer un paréntesis para comentar que la ayuda militar estadounidense, que incluye adiestramiento, armamento y tecnología de punta es utilizada para combatir no solamente al narcotráfico sino también a la oposición radical, como queda de manifiesto con el asesinato de Raúl Reyes, segundo hombre de la cúpula de las FARC, quien fue localizado en territorio ecuatoriano, a partir de una llamada de su teléfono satelital) e impulsar en tierra azteca el Plan México que, en forma vergonzante –y vergonzosa para los yucatecos-, es camuflajeado con la denominación de Plan Mérida.

¿En cuál México queremos despertar?

Ricardo Andrade Jardí

Y como toda mentira, mientras más se quiere ocultarla, más se devela la verdad.

Y como toda mentira, mientras más se quiere ocultarla, más se devela la verdad. Y detrás de la mentira está casi siempre la bajeza humana, aferrarse al poder sostenido en la mentira, bajeza de quienes pierden las formas de la democracia porque sus acciones prostituyen la vida cotidiana, con esa bajeza humana se imponen normas y preceptos de violencia que alimentan la doble moral del conservadurismo. Pruebas de la nacionalidad no mexicana del secretario de Gobernación del desgobierno espurio, datos y documentos oficiales, que presumen el abuso de poder y el tráfico de influencias, a favor, claro, de las empresas de la propia familia, del también usurpador Juan Camilo Mouriño, ministro de la oligarquía teledictacrática y subsecretario cuando los dichos presumidos.
En fin, nada pasa y el sujeto que violenta la constitución y favorece sus propios intereses seguirá como secretario de Gobernación en su meteórica carrera hacia la Presidencia de la República, en 2012, que ya para entonces lo de república, será solo un recuerdo en el imaginario del nuevo y competitivo estado asociado o protectorado del rey, en que se habrá convertido México.
En el nuevo México, tan democrático, que hasta “el rey” nos dejará elegir a nuestro siempre perdedor, en el simulacro electoral, para imponernos al lacayo (siempre ganador) en turno para justificar el derroche económico que presupone una “democracia” comandada por un “rey” e impuesto monarca, por un dictador. En fin.
Habrá que ir acostumbrándonos a ser el explotado territorio bajo el protectorado (control absoluto) de la monarquía española o del yanqui imperio, son los dos países que se disputan seriamente el protectorado de PEMEX… perdón de México. Aunque España se perfila como la ganadora, cuando menos ya lograron, contra todo pronostico jurídico, nacionalizar al español adiestrado para el caso y colocarlo como el segundo hombre más importante del desgobierno usurpador, aunque, en honor a la verdad, todos sabemos que es el primero y el declarado candidato de la corona para virrey, en el periodo 2012 - 2018, del reconquistado México de la Nueva España.
Ojalá nos equivocáramos, pero la imposición de Mouriño al frente de la secretaría de Gobernación del desgobierno, parecería la confirmación… o la confesión de que nuestros apátridas tecnócratas han renunciado a nuestra joven independencia y han comprometido la soberanía a espaldas nuestras, en beneficio de mezquinos intereses.
Tal vez, ante la realidad concreta que se nos presenta, la pregunta ciudadana que se antoja es: ¿En cuál México quieres despertar: en el reconquistado y controlado “protectorado” disfrazado de democracia, o en el de la refundación republicana, con todos los presagios y todos los amores, que este camino supone?