A unos días de que Felipe Calderón Hinojosa rinda su IV informe de gobierno, se evidencian en su administración subejercicios presupuestales, endeudamientos “absurdos”, manejos “mañosos” de las cuentas financieras, exceso de disponibilidades, recursos ociosos, discrecionalidad en las decisiones de servidores públicos, falta de regulación y supervisión del gasto, fuerte fuga de divisas y tratos impositivos preferenciales para 30 grandes empresas.
Con base en documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informes de Hacienda y reportes del Banco de México emitidos el miércoles 25, se confirmó que diversas empresas, cuyos nombres no fueron revelados, han sacado del país en los primeros seis meses de este año 10 mil millones de dólares que, a un valor promedio de 13 pesos por dólar, equivalen a 130 mil millones de pesos.
Esta cifra es similar a la correspondiente a los impuestos que las 30 empresas más grandes de México deben al erario (130 mil 262 millones de pesos), cuyo pago, en vez de hacerse en un solo ciclo, ha sido diferido a lo largo de varios años en porcentajes que, discrecionalmente, la Secretaría de Hacienda acaba de disminuir, de manera que, por este concepto, en el presente año sólo cubrirán 13 mil millones de pesos.
No solo eso. Las cifras del segundo Informe Trimestral de las Finanzas de 2010, elaborado por Hacienda, establecen que el gobierno de Felipe Calderón ha subejercido 88 mil millones de pesos en diversos programas sociales, de salud y de infraestructura, así como en pensiones.
Y por si fuera poco, aparte de que la deuda del país ha aumentado en 108 mil 146 millones 500 mil pesos, la administración calderonista ha seguido alimentado diversos fideicomisos, fondos o figuras jurídicas análogas que, al 30 de junio de 2010, acumulaban un total de 399 mil 378 millones 400 mil pesos que han estado sin utilizarse. Esto, de acuerdo con los dos informes trimestrales que la Secretaría de Hacienda entregó el día 25 de agosto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Y es que, de acuerdo con el exauditor superior de la Federación Arturo González de Aragón –entrevistado por Proceso el 18 de agosto–, una de las grandes dificultades de la administración panista es que no sabe gastar o canalizar los recursos de los cuales dispone.
Aclaró que al hacer las dos primeras revisiones de las cuentas del gobierno calderonista que le correspondieron, no detectó que “se hubiera robado el dinero”, sino que “su gran problema es de capacidad de gasto, calidad de gasto, calidad de programa y cartera de proyectos suficientes”, pese a que “se vio inundado de dinero”.
Señaló que, pese a no haber confirmado que en la Secretaría de Hacienda se estuvieran haciendo desvíos, sí se percató –y eso dio origen a nuevas observaciones de opacidad y riesgo– de “subejercicios presupuestales, exceso de disponibilidades y discrecionalidad de servidores públicos. Pero también, de la falta de regulación y supervisión, aspectos en los cuales estamos en la calle”.
De la ineficiencia al absurdo
El lunes 23 de agosto, durante la reunión plenaria de los senadores del PRI –previa al inicio de sesiones del Congreso de la Unión que arranca con el IV informe de gobierno de Felipe Calderón–, Francisco Labastida Ochoa advirtió, en nombre de los legisladores, que el país se encuentra ante un “inminente colapso económico”.
Aunque admitió que ha habido “crecimiento económico y generación de empleos en estos meses”, expresó la preocupación de su bancada porque dicho crecimiento proviene “de las exportaciones que se están haciendo a Estados Unidos de bienes manufacturados, no provenientes del esfuerzo que internamente se realice en el país, para crecer con base en nuestras propias fuerzas…”.
Lo que pasa, dijo, es que si la economía estadunidense “baja su nivel de crecimiento”, eso implicaría que también “el crecimiento en México se caiga y el desempleo aumente”.
Reveló además que el gobierno federal ha “subestimado” e inclusive “omitido” tres aspectos dentro de la información que está proporcionando:
En primer lugar, manifestó que el IMSS tiene un déficit de 1 billón 700 mil millones de pesos en sus reservas, y que para el año 2012 su déficit operativo llegará a los 34 mil millones de pesos.
En segundo lugar, continuó, Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene activos por 102 mil millones de dólares y pasivos por 105 mil 500 millones de dólares. “Es decir, Pemex tiene ya capital negativo por 5 mil 500 millones de dólares (…) Hoy decimos que esta empresa va prácticamente a la muerte”.
El tercer problema que advierte el PRI y que el gobierno federal no ha dado a conocer, sostuvo Labastida Ochoa, es que de las utilidades extraordinarias que tuvo el Banco de México por el tipo de cambio peso-dólar, que representaron 140 mil millones de pesos, el gobierno federal “tomó” 90 mil millones para financiar su Presupuesto de Egresos de 2010, es decir, su programa de gasto.
Al respecto, el especialista en gasto y manejo de las finanzas federales Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo, califica de “absurdo” y “mañoso” el manejo que ha estado haciendo el gobierno federal de las cuentas financieras.
En entrevista con esta reportera, pregunta: “¿Cómo te explicas que el gobierno federal reporte en sus informes de finanzas que tiene un monto brutalmente alto de dinero en fideicomisos, con un saldo al 30 de junio de 2010 por un total de 399 mil 378.4 millones de pesos, y aún así le quite al Banco de México 90 mil millones para pagar el gasto operativo?”.
Ese dinero que está en los fideicomisos, explica, es parte de lo que la propia Cámara de Diputados le autorizó al gobierno federal para su gasto en 2010, “pero en lugar de gastarlo para lo que fue mandatado, no lo usó para cubrir el gasto y lo transfirió a diversos fideicomisos. Es dinero que está guardado ocioso. Para cubrir el hueco que dejó ese dinero, tomó los 90 mil millones de pesos de parte de las utilidades que tenía Banxico. Es un completo absurdo y manejo ineficiente del gasto”, enfatiza.
Manejo discrecional
Durante la discusión del paquete económico para 2010, Felipe Calderón Hinojosa propuso que, en este año, las grandes empresas que fueron beneficiadas desde 2004 por el régimen de pago de impuestos diferidos liquidaran 20% de sus adeudos.
De acuerdo con la información que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregó al diputado Di Costanzo, el año pasado 400 “grandes grupos” empresariales (de los cuales no dio nombres) adeudaban al fisco 850 mil millones de pesos.
La propuesta calderonista era que este año liquidaran 20% de su adeudo; sin embargo, el Senado de la República modificó la propuesta y estableció que sólo deberían cubrir 15%.
Pero el pasado 30 de abril, yendo más allá, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, emitió lo que llamó “cuarta resolución miscelánea”, mediante la cual las empresas únicamente quedaron obligadas a cubrir este año 10% de su adeudo.
Ni el SAT ni Hacienda han dado a conocer en cifras el monto del pago ni mucho menos el nombre de las firmas involucradas. Sin embargo, el diputado Di Costanzo, a partir de la información que están obligadas a dar las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), elaboró un documento que da cuenta de lo siguiente:
Según la información de la BMV, solamente las 30 empresas que cotizan allí tienen hasta 2010 un adeudo de impuestos por diferimiento que alcanza la suma de 130 mil 262.5 millones de pesos. Y si tan solo pagaron 10%, gracias a la circular de Hacienda, su desembolso no rebasó los 13 mil 262 millones de pesos.
Esas empresas son: Cemex, América Móvil, Telmex, Grupo México, Kimberly Clark, Femsa, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Posadas, Grupo Maseca, Wal-Mart, Grupo Saba, AHMSA, Grupo Alfa, Grupo Asur, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Peñoles, Autlán, Grupo Bachoco, Grupo Electra, Grupo Inbursa, Comercial Mexicana, Grupo Gigante, Grupo Herdez, Liverpool, Palacio de Hierro, Grupo Televisa, Consorcio Ara, Grupo Sare y Grupo La Moderna.
Dichos consorcios, refiere Di Costanzo, “reportaron un ingreso por 1 billón de pesos. Lo grave del asunto es que durante el primer semestre de 2010 la Secretaría de Hacienda reporta, en su segundo informe trimestral de finanzas, una recaudación por Impuesto Sobre la Renta por todas las personas morales (empresas) que hay en el país, de 125 mil 882 millones de pesos. Es decir, que tan sólo por impuestos diferidos de 30 firmas se debe más al fisco que lo que la autoridad federal recaudó de todas las empresas por otro tipo de impuestos, que es el ISR”.
Al diputado Di Costanzo le parece absurdo que el gobierno maneje así las finanzas, y explica: “Calderón le perdonó a 30 empresas por impuestos diferidos más de 100 mil millones, y si observas la información del Banco de México en el sentido de que ciertas firmas sacaron del país 130 mil millones para invertirlos en otras naciones, entonces lo único que está haciendo el actual gobierno es subvencionar inversiones de mexicanos en el extranjero en lugar de que inviertan aquí y generen más empleos”.
Por otra parte, según los datos de Hacienda, en el primer semestre de 2010 el gobierno aumentó su deuda en 100 mil millones de pesos, por lo que Di Costanzo reflexiona: “Si no hubiera ese trato preferencial a los grandes empresarios del país, permitiéndoles diferir el pago de 130 mil millones de pesos, pues el gobierno no tendría necesidad de endeudarse”.
Comenta que el hecho de que Hacienda saque de las arcas de Banxico 90 mil millones de pesos no se justifica porque el propio gobierno tiene un subejercicio, según sus propios números, de 88 mil millones de pesos. “Dinero –dice– hay; lo que no existe es capacidad para ejercer de manera correcta y eficiente el gasto”.
Justamente sobre este manejo discrecional del dinero “de todos los mexicanos” por parte de las autoridades, el exauditor de la Federación manifestó que pudo verlo en las dos primeras cuentas públicas que revisó del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Por ejemplo, en el documento de la ASF denominado Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, que se elaboró en 2009, puede leerse que el 21 de diciembre de 2007 Hacienda emitió una serie de circulares en donde, de acuerdo con la ASF, “se autorizó la distribución de remanentes presupuestales por 203 mil 659 millones de pesos, de los cuales 102 mil 435 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de Depósitos en Administración a favor de Terceros en la Tesorería de la Federación, que por lo avanzado del año no era posible que se devengaran antes del 31 de diciembre de 2007. Esto evidencia que se autorizó la reasignación de recursos a efecto de no reflejar un mayor subejercicio presupuestal”, concluye la ASF.
El exauditor González de Aragón comentó a Proceso que esas fueron “transferencias indebidas a fideicomisos; dinero que no fue ejercido, pero que ellos (el gobierno) lo dieron por ejercido. ¿Por qué si era tal la cantidad de recursos que tenían en la mano no la ejercieron? Pues creo que la realidad los rebasó. No estaban listos. Había carencia de proyectos”.
Los mismos problemas de subejercicios, creación de fideicomisos y transferencias indebidas fueron detectadas en la cuenta pública de 2008 que el pasado mes de marzo dio a conocer la ASF.
A petición de los actuales legisladores del PRI y PT, la ASF elaboró un “proyecto de dictamen” relativo a dicha cuenta. Proceso dispone ya de una copia de ese documento que en los próximos días será dado a conocer a los diputados para su aprobación.
Allí se establece, entre otras cosas, que tanto el Ejecutivo como Hacienda deben cumplir con las leyes y la normatividad para evitar la constitución de actos jurídicos análogos o de mandato, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; abstenerse de utilizar “acuerdos de ministración” (forma mediante la cual el gobierno federal condiciona la entrega de los recursos a gobiernos estatales); evitar la discrecionalidad; el Ejecutivo federal debe girar instrucciones a las autoridades para que ejerzan el presupuesto aprobado (evitando los subejercicios); abstenerse de constituir fideicomisos, y ordenar a la propia ASF dar seguimiento puntual a todo esto “para que, en su caso, inicie los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades, de todo tipo, que en derecho procedan”.
La semana pasada, el Centro de Estudios de las Finanzas de la Cámara de Diputados elaboró un estudio sobre el manejo del gasto que realiza el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y concluyó, al igual que la ASF, que Hacienda mantiene una política de opacidad y violenta diversas disposiciones para no revelar el manejo de los millonarios recursos que tiene la Federación.
A estos reclamos, como los derivados de la constitución de fideicomisos y subejercicios, o las dispensas de pago de impuestos a grandes empresas, deberá dar respuesta Felipe Calderón en su IV informe de gobierno, concluye el legislador Mario di Costanzo. l
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