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lunes, agosto 23, 2010
Urgen a la ASF a realizar "auditoría excepcional" a Pemex y Mexicana
MÉXICO, D.F., 23 de agosto (apro).- La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Esthela Damián, urgió al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, a realizar “revisiones excepcionales” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a todas las concesiones que ha otorgado el gobierno federal, en especial la de Mexicana de Aviación.
Asimismo, solicitó al auditor denunciar cualquier presión de parte del gobierno federal durante las revisiones de las cuentas públicas.
La petición de la legisladora perredista se originó a raíz de las declaraciones del exauditor Arturo González de Aragón, quien reveló a la revista Proceso (número 1764) las presiones bajo las cuales trabajó durante su gestión (2002-2009) que abarcó cuatro años del sexenio de Vicente Fox y tres de la administración de Felipe Calderón.
Sobre las declaraciones de González de Aragón, Damián confió en que sirvan de experiencia para que el actual auditor, Juan Manuel Portal, comparta con los legisladores cualquier tipo de presiones para que, desde la Cámara de Diputados, se dicten “las medidas pertinentes para que la Auditoría Superior de la Federación siga siendo un órgano autónomo técnico, pero sobre todo para que tenga la libertad y la fuerza para dictar todas las resoluciones desde la auditoria superior”.
Aclaró que la Cámara de Diputados no conoció “oportunamente” las presiones de las que fue objeto el ahora exauditor. “Hubiera sido adecuado y conveniente conocer para tomar medidas desde la Cámara y la Comisión, pero que ahí están los señalamientos”, señaló.
De las acusaciones que hizo González de Aragón sobre la corrupción que corroboró durante los seis años de gobierno de Vicente Fox y los dos primeros de Felipe Calderón, la presidenta de la Comisión de Vigilancia dijo que en el caso de Petróleos Mexicanos aún hay “muchos pendientes” de auditoría: “Pemex es un dolor de cabeza permanente. Nosotros sabemos que tenemos petróleo para 10 años, a lo mucho, en el país, sin embargo, se han utilizado los recursos de la empresa para fines políticos. Y ahí está lo que acaba de denunciar el exauditor de la Federación.”
La legisladora perredista coincidió con la recomendación que hizo el exauditor a través de la revista Proceso en relación a la licitación número 21 del espectro radioeléctrico y que recayó la empresa Televisa, al ínfimo precio de 180 millones de pesos, cuando otras cuatro empresas, en conjunto, por el mismo número de megahertz (30), ofrecían cinco mil millones de pesos.
González de Aragón dijo en la entrevista que la ASF en manos de Juan Manuel Portal debe de auditar todo el proceso licitatorio, desde las bases hasta los reclamos y la entrega de la concesión.
Esthela Damián dijo que se hará una petición al actual auditor para que realice una “auditoria excepcional”.
Además, adelantó que también se hará una petición para que se audite, de nueva cuenta, a la empresa Mexicana de Aviación, incluido el año 2005, fecha en que el gobierno de Vicente Fox determinó entregar la aerolínea al Grupo Posadas, de Gastón Azcarraga, por 165 millones de dólares, menos un descuento oficial de 10 millones de dólares, pues se supuso que la empresa no valía lo que el gobierno había dicho.
Incluso, la legisladora añadió que se hará una revisión de todas las concesiones que se han entregado, pues aceptó, éste ha sido un tema plagado de cuestionamientos.
Recordó que la semana pasada, la comisión propuso tres auditorías, entre ellas, una para todas las concesiones que se han entregado en el país a la iniciativa privada, en especial de Mexicana; así como las licitaciones 20 y 21 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes sobre el espectro radioeléctrico.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia insistió en que es importante saber bajo qué esquema se han estado entregando las concesiones: “Este debería de ser un asunto de suma importancia para el auditor; y yo esperaría mandárselo esta misma semana (las peticiones de auditoria) con la firma de los integrantes de la comisión… Me parece que ése es un asunto muy delicado. Las concesiones nos están dando dolores de cabeza, hoy nos dan uno y mañana nos dan otros tres.”
jpa
Peor que la Ley Televisa...
En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 2012.
Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación) y violando dos resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 Ghz, el gobierno de Felipe Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso (los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de pesos.
El título de concesión establece que Televisa y Nextel pagarán por ese espectro radioeléctrico 28 veces menos que su valor de mercado, según cálculos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). También dejará ocioso un recurso, propiedad de la nación y que no se licitó: el otro bloque de 30 megahertz (Mhz), pues los dos únicos postores que cumplían los requisitos de las bases y de la Comisión Federal de Competencia (Televisa y Nextel) decidieron aliarse en lugar de competir, “con el objeto de bloquear la entrada a otros posibles competidores”, según el especialista Ramiro Tovar Landa.
El fallo de la Cofetel fue calificado de “inconstitucional, ilegal e inmoral” por el diputado panista Javier Corral, quien argumentó que la decisión tomada el lunes 16 “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno”.
Corral anunció que, con otros legisladores e integrantes de la Amedi, pondrá en marcha una estrategia para impugnar la decisión que viola los artículos 28 y 134 constitucionales, ya que la licitación favorece la concentración del espectro en favor de Televisa y la adjudicación “no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
En medio de presiones y cabildeos hacia la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia y entre organismos de telecomunicaciones, como la Canieti y la Canitec, encabezados por los vicepresidentes ejecutivo, Alfonso de Angoitia, y de Finanzas, Salvi Folch Viadero, de Televisa, cuatro de los cinco integrantes de la Cofetel sesionaron, pero sólo dos votaron a favor: el nuevo presidente de la comisión, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez Pous, exresponsable jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De los otros dos comisionados, Rafael del Villar presentó un documento de 170 cuartillas para argumentar que hubo desinformación en el proceso de licitación y que después de tres meses de haberse iniciado el procedimiento, él se dio cuenta de que era necesario cambiar las bases, que favorecieron ampliamente a Televisa y Nextel.
El comisionado Ernesto Gil Elorduy, exsenador del PRI, se abstuvo en la votación pues aseveró que hay medidas cautelares ordenadas por un juez de Guerrero y otro de Tamaulipas contra la licitación. El comisionado José Luis Peralta, el único que no acudió a las sesiones del 13 y del 16 de agosto, recordó en un oficio que, desde diciembre de 2009, recomendó modificar las bases de licitación.
Un pacto Televisa-Calderón
El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth afirma a Proceso que esta licitación es “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa con miras a las elecciones de 2012”.
Héctor Osuna –presidente de la Cofetel removido a finales del pasado junio– “no le garantizaba al gobierno de Calderón el pago del favor frente a Televisa. Mony de Swaan sí representa los designios de Calderón con Televisa”, afirma el especialista, presidente del Grupo Alcance.
Álvarez Hoth subraya que las bases de la licitación número 21, correspondiente a la banda 1.7 gigahertz (Ghz), “fueron mal diseñadas y no fueron modificadas antes de que se iniciara la puja, a pesar de que el numeral 27.10 preveía que los propios comisionados podían modificar las condiciones”.
La solución para evitar la diferencia de casi 5 mil millones de pesos entre lo que va a pagar la sociedad Televisa-Nextel y los otros competidores (Telcel y Telefónica) hubiera sido incorporar una cláusula conocida como dragalon (anglicismo que significa establecer un precio mínimo “de arrastre”).
Este tipo de mecanismos se utilizan para establecer por ejemplo “que quien pagó sin competencia en el bloque de 30 Mhz no puede pagar menos de 80 por ciento de lo que pagaron los otros competidores.
“Las bases de licitación fueron mal diseñadas porque era previsible que no hubiera nuevos entrantes, sino los de siempre. El mayor bloque del espectro, el de 30 Mhz, era claro que sólo podía ser para Televisa o Nextel. Los comisionados pudieron haber declarado desierta la licitación. Esa es una de sus facultades”, reflexiona Álvarez Hoth.
–¿Existe alguna similitud entre esta licitación y la entrega de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al grupo Televisa-Megacable-Telefónica? –se le pregunta.
–En ambos casos Televisa está comprando barato. Lo mismo sucedió en el caso de la fibra óptica.
Por su parte, Ramiro Tovar Landa señala que tras esta licitación “la Cofetel queda destrozada, a pedazos, vulnerada en su autonomía”. Y coincide con Álvarez Hoth: “En los dos procesos de licitación más importantes, el de la fibra óptica y el de la banda 1.7 Mhz, hay un factor común, que es Televisa.
“La actual política de telecomunicaciones del gobierno de Calderón está caracterizada porque el Ejecutivo se dejó capturar por el único agente dominante con una plataforma en medios de comunicación. Ahora Televisa va a tener presencia e infraestructura importantes. Es para fortalecer su posición como agente dominante exclusivo en el mercado del triple play que ahora será cuádruple play”, afirma Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Todo esto empezó con la renuncia de Héctor Osuna y la llegada de Mony de Swaan. Esto no es un ‘accidente’ de la licitación. Esto fue concebido desde el gobierno federal para volver a centralizar las decisiones de la Cofetel y hacerlas depender del presidente”, indica en entrevista telefónica con Proceso.
Tovar Landa fue el primero que advirtió –en un estudio difundido hace dos meses– que Televisa acabaría pagando 180.3 millones de pesos por el mismo espectro por el que los demás pagarían más de mil 93 millones de pesos. Su informe generó una airada reacción de Javier Tejado Dondé, director Jurídico de Televisa, quien negó en un artículo en el periódico Reforma que su empresa fuera beneficiada en la licitación de la banda 1.7 Ghz.
Tovar reitera que tuvo razón desde el principio y tilda de “mentiroso” el comunicado de prensa que emitió la Cofetel el lunes 16 por dos razones: es mentira que se hayan licitado 90 Mhz, ya que quedó desierto un bloque de 30 Mhz; y es incorrecto que haya un incremento de 75% del espectro actualmente disponible (120 Mhz) “con lo cual México se coloca a niveles similares de los países como Canadá, Indonesia o Argentina”, tal como afirmó el penúltimo párrafo del boletín de la Cofetel.
“Sólo se licitaron 60 y no 90 Mhz. Si la aritmética no me falla, 120 más 60 da 180 Mhz. No estamos a nivel de Canadá o Argentina, donde están por arriba de los 200 Mhz. No sé por qué creen los de Cofetel que por repetir las cosas se convertirán en verdad”, sentencia el académico.
El Acuerdo de Convergencia
Simultáneamente al fallo de la Cofetel en la licitación 21, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, afirmó que es necesario cambiar el título de concesión de Telmex para que esa corporación pueda entrar al mercado del triple play, ofreciendo contenidos en televisión restringida.
“Se debe resolver de una vez por todas el problema de la interconexión competitiva (entre las redes de Telmex y los otros operadores), que se defina qué es lo que tiene que cumplir la empresa y que lo haga”, afirmó Pérez Motta en entrevista con El Universal.
Mony de Swaan respondió que el cambio de título de concesión no debe ser exclusivo de Telmex, sino que “se debe hacer una revisión general de las concesiones para eliminar su carácter restrictivo y permitir a los jugadores crecer los servicios de acuerdo con los cambios tecnológicos”.
Voceros de Megacable, de Axtel y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) afirmaron que no es el momento de cambiar el título de concesión de Telmex y que la licitación de la banda 1.7 Ghz no tiene relación con este proceso.
Pese a lo anterior, la oficina de Comunicación Social de Telmex informó a Proceso que no existe ninguna notificación de la Cofetel o de la SCT para garantizar el cambio de título de concesión y poder competir con Televisa en el triple play.
El pasado 21 de julio el director de Telmex, Héctor Slim, afirmó en conferencia telefónica con inversionistas que “el incumplimiento del Acuerdo de Convergencia firmado hace cuatro años con la SCT impide que en el país haya una competencia de servicios convergentes”.
Esto provocó que el segundo trimestre del año los ingresos de Telmex disminuyeran 4.6% respecto del mismo periodo de 2009, según Slim.
Artífice del Acuerdo de Convergencia que ordenaba el cambio de título de concesión de Telmex a condición de cumplir con los acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad, firmado en 2006, Álvarez Hoth advierte que este acuerdo “ya causó estado y hay que cumplirlo. Lo que hay que exigir es cuentas a las actuales autoridades y empresas de por qué no se ha cumplido”.
Para Tovar, en materia de convergencia, el gobierno de Calderón “está otorgando una exclusividad de facto, sin límites, sin caducidad, sin fecha, a favor de Televisa.
“Nos quedamos sin árbitro ante los grandes intereses de Televisa y de Telmex. O por lo menos el árbitro ya decidió que el nuevo eje será Televisa. Es una política industrial activa a favor de Televisa. Se trata de operar lo necesario para entregar un sector de las telecomunicaciones a un jugador privilegiado”, abundó.
–¿Es peor que la Ley Televisa?
–Es peor porque aquí se está dando de facto, sin legislación alguna.
Más alimento para el monstruo
MÉXICO, D.F., 23 de agosto.- De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.
Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.
Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.
Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.
Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.
Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.
Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.
Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.
Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.
Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.
No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.
Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.
Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.
Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.
Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.
Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.
Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa.
Seguridad, la improvisación
MÉXICO, D.F., 20 de agosto (apro).- Los constantes cambios del presidente Felipe Calderón en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) muestran que su “estrategia” contra el narcotráfico no ha sido más que un cúmulo de improvisaciones, en la que la que lo único definido es la utilización de los militares como arietes.
El pasado jueves, Calderón cambió por tercera vez al secretario técnico del CSN, figura encargada de poner en práctica los acuerdos tomados por las dependencias encargadas de la seguridad nacional.
La designación en la secretaría técnica del Consejo recae directamente en el presidente de la República. Como presidente del CSN, el titular del Ejecutivo decide quién será el operador de los acuerdos a los que llegue el órgano encargado de definir las políticas en seguridad nacional.
Al inicio de su mandato, Calderón designó como secretaria técnica del CSN a la hasta entonces académica Sigrit Arzt. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 2009, cuando Calderón la promovió como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
La sustituyó por el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, a quien en realidad ha tenido como asesor desde el inicio de su sexenio.
En octubre de 2008, Calderón lo designó formalmente como asesor de la presidencia, a pesar de que sobre Tello recayó la responsabilidad de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando se fugó del penal de Puente Grande en enero de 2001, a un mes de la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Tello era el encargado de las prisiones federales.
Según informó la presidencia en ese momento, Tello se encargaría de “fortalecer las relaciones entre la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Cisen. Deliberadamente, dejaba fuera de esa coordinación al Ejército y a la Marina, las otras instancias que son centrales en el CSN.
La necesidad de esa coordinación se debía a los desencuentros entre el entonces procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien también tuvo constantes roces con el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.
En ese momento, Tello no sólo ocupó la secretaría técnica del CSN, sino que tuvo el mismo cargo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación, encargada de manejar, entre otras atribuciones, toda la información de seguridad pública en el país.
Luego, en marzo de marzo de 2009, Calderón nombró a Tello como secretario ejecutivo del SNSP y vocero de su gobierno en materia de seguridad. Apenas y duró unos meses en el cargo, pues en diciembre de ese año lo sustituyó por el exprocurador guanajuatense Juan Miguel Alcántara Soria.
El pasado jueves, Calderón hizo un nuevo cambio. Designó al politólogo y exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, como nuevo secretario técnico del CSN y “estratega en comunicación” en asuntos de seguridad.
Central en las decisiones del CSN y del SNSP es la secretaría de Gobernación, donde Calderón ha tenido cuatro titulares: Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilio Mouriño, Fernando Gómez Mont y Francisco Blake Mora, quien por cierto fue señalado por el exjefe militar en Baja California, el general retirado Sergio Aponte Polito, de proteger a la delincuencia en ese estado.
Calderón, además, ha tenido dos procuradores: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez.
Ante tantos cambios, lo único estable es el uso de las fuerzas armadas como punta de lanza en el combate al narcotráfico. Y así será, dijo Calderón el pasado jueves, hasta el último día de su administración.
Navarrete, el servilismo
MÉXICO, DF, 20 de agosto (apro).- Hace un par de semanas se comentaron en este espacio las maniobras realizadas por Carlos Navarrete, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, para evitar la comparecencia de Juan Molinar Horcasitas ante la Comisión Permanente.
Se habló entonces de los cuestionamientos que no sólo al interior del PRD se desataron, sino también del asombro de otra fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la clara intención del perredista por proteger a uno de los secretarios más cuestionados del actual gobierno federal panista.
Ahora, después de lo ocurrido el pasado jueves en el Campo Marte, lugar en que se realizaron los llamados Diálogos por la Seguridad –por cierto un espacio donde quienes acudieron no son los que cuestionan, menos los que se atreven a pensar distinto al gobierno ni los que defienden principios diferentes a los del Ejecutivo federal--, la situación se aclaró un poco más.
Carlos Navarrete, el perredista de la corriente Nueva Izquierda (NI), el político de “la izquierda combativa”, el que es capaz de sostener ante sus adversarios sus diferencias de opinión, ha decidido quitarse esas caretas y militar muy cerca del poder, no de alguien quien lucha por el poder.
La presencia de Navarrete en el Campo Marte fue una muestra del grado de servilismo al que puede llegar un político ambicioso. Y para muestra su propio comunicado de prensa de tres cuartillas, en donde se dio cuenta de sus dichos.
Desde el primer párrafo, uno se pregunta si el boletín es del Partido Acción Nacional (PAN) o de algún funcionario al servicio del gobierno de Felipe Calderón.
Con el cargo por delante, “coordinador de los senadores del PRD”, Carlos Navarrete reiteró su exigencia al gobierno federal para que informe al Congreso de la Unión “si la presencia de las Fuerzas Armadas llegó para quedarse o habrá un plazo para su retiro”.
Quizá el perredista desconoce que la presencia del Ejército en las calles es ilegal, por lo tanto, el representante de otro poder (del que se encarga de hacer las leyes) no debiera preguntar si la presencia del Ejército llegó para quedarse, sino más bien exigir que los militares regresen a sus cuarteles, pues su patrullaje en poco ha reducido los niveles de violencia o la venta de drogas.
Pero el segundo párrafo es aún más vergonzante para quien se asuma como “oposición” al gobierno en turno: “Navarrete pidió al Ejecutivo que en el momento que él considere pueda informar al Congreso si las Fuerzas Armadas continuarán después del último día de noviembre de 2012”.
En primer lugar, de acuerdo a la Carta Magna, el titular del Ejecutivo federal ya no estará en el cargo el primero de diciembre de 2012, sino que habrá otro político en busca de mejorar la situación de los mexicano, a menos ¡claro! que Navarrete sepa algo que el resto de los mexicanos ignora: que la sucesión ya está pactada, que Calderón Hinojosa impondrá a su candidato, el cual le obedecerá en todo o por lo menos ya se habrá comprometido con él a continuar con un gobierno transexenal.
Aunque lo más servil del comunicado de Carlos Navarrete se desprende de la segunda línea, en donde dice “que en el momento en que él considere” informe al Congreso.
¡Ah caray! Ahora resulta que el contrapeso del Ejecutivo, en este caso el Poder Legislativo, no le exige o solicita, sino le comenta: “No se preocupe por nosotros, usted venga aquí cuando quiera a decirnos cómo va a estar todo, ¡para eso es usted el señor Presidente!” Esto es lo que se alcanza a leer entrelíneas, ¡vergonzoso, sin duda!
Y sin importar acuerdos internos de su partido, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo --de la misma corriente que Navarrete, de NI-- decidió no respetar lo acordado e hizo fuerte a Navarrete en el Campo Marte.
El coordinador de los diputados, Alejandro Encinas, decidió no ir y advirtió que la determinación de Naranjo era a “título personal”. Y decidió no ir porque ese había sido el acuerdo de su bancada, pero a Naranjo no le importó y fue al foro convocado por Calderón.
En la última parte de su boletín, Navarrete se dedica a justificar su presencia al lado de Felipe Calderón. Dijo que es tal el problema de la seguridad en el país, que “en esta materia no valen cálculos políticos, no vale cuidar figuras, no vale especular si asistir o no asistir”, por eso es que acordó, “junto con Guadalupe Acosta Naranjo”, acudir a ese espacio.
De nuevo la sorpresa: no se trataba de especular entre acudir o no, era una resolución de la bancada perredista, tomada por la mayoría y no respetada por algunos de sus integrantes.
Si la presencia del PRD modificara la situación de seguridad, si los diálogos fueran realmente eso y no monólogos, si todos los que encabezan el aparato estatal en materia de seguridad, incluyendo al propio Calderón, escucharan, atendieran, podría ser válida la presencia de perredistas, priistas, petistas o quien fuera.
Pero no es así. Calderón lleva casi cuatro años en el poder y nunca ha escuchado las voces sectoriales que han pedido en distintos momentos la modificación de la estrategia contra el narcotráfico, que el Ejército vuelva a sus cuarteles, en resumen, nada de lo que se le ha pedido o sugerido ha sido tomado en cuenta. Peor aún, Calderón ha demostrado a lo largo de estos ya largos meses que a nadie escucha, que a nadie atiende y que seguirá por el mismo camino.
Pero al PRD de Nueva Izquierda parece no importarle eso, sino más bien estar cerca de quien detenta el poder presidencial. Bueno, ya ni el PRI, de quien se dijo desde el primer día de desgobierno de Calderón que tenía un pacto, que se había aliado y que le resolvía todo a cambio de otros favores, se sumó al besamanos que representó el Diálogo por la Seguridad.
Navarrete ya perdió todo, incluida la vergüenza, porque resulta vergonzoso que ante las carencias que hay en el país, el legislador se dedique a colocar espectaculares en los principales puntos de la Ciudad de México para anunciar su informe como “presidente del Senado”.
Para empezar, ese cargo no existe, sí el de presidente de la Mesa Directiva del Senado y, segundo, el dinero para pagar esos espectaculares bien los puede utilizar para su área de gestión, que para eso está como senador, para buscar el beneficio de la gente, no para promover su persona.
Algunos reportes sostienen que en la difusión de su informe gastó aproximadamente 400 mil pesos, y uno se pregunta, ¿a alguien le interesa saber qué fue a hacer a Marruecos o a otro país, como no sea “turismo legislativo”, pues esos viajes nunca han servido para nada?
Navarrete dijo en algún momento que nada tomaba del Senado y que con sus propios recursos, incluido su salario, es que pagaba su informe. Cierto, nadie lo esta acusando de malversar fondos, lo que algunos parecen cuestionarse es dónde está su congruencia como político.
Como si no bastaran todos esos desatinos, Navarrete ahora anuncia que quiere competir por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF). ¿Usted cree que alguien podría votar por él? Sin embargo, a lo mejor y sí habrá quién desee tener a este tipo de político al frente de la gran ciudad de México.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
La poda del presidente
MÉXICO, D.F., 19 de agosto.- Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.
El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.
El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.
Una gran parte de los acuerdos y disposiciones eliminadas datan de hace muchos años, algunos incluso de décadas, y por lo tanto ya no eran aplicados dado que referían a oficinas, cargos, leyes y procesos hoy inexistentes. Además, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son los principales culpables del actual laberinto regulatorio en el interior del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en numerosas ocasiones cómo el número de trámites se ha multiplicado exponencialmente bajo las gestiones de Vicente Fox y Calderón. La presente iniciativa, entonces, llega tarde y después de 10 años de total descuido en la materia.
Esta lógica de “tala regulatoria” también cae en una serie de confusiones y contradicciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, mete en un solo costal las normas internas de la administración pública, los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante el gobierno, y los esfuerzos de regulación estatal de la economía. Todo mundo sabe que estos tres son ámbitos radicalmente distintos. Una cosa es hacer más sencillo que el ciudadano tramite un pasaporte, y otra cosa completamente diferente es eliminar importantes reglas para las compras y adquisiciones gubernamentales o, en su caso, para “flexibilizar” la supervisión del cumplimiento de las empresas con normas ambientales o de salud pública, por ejemplo.
En su discurso, Vega Casillas citó un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el antiguo secretario de Hacienda José Ángel Gurría. De acuerdo con Vega Casillas, este informe señala que México es víctima de una “profunda tradición legalista que subraya la adhesión a las leyes y disposiciones y castiga a las personas que no lo hacen”. La respuesta del gobierno de Calderón es, entonces, la “desregulación” y el achicamiento del Estado en todos los ámbitos. “Estamos, en pocas palabras, construyendo un gobierno más moderno, más ágil, más eficaz... Un gobierno que cueste menos, un gobierno que haga más, un gobierno que con menos reglas tenga mejores resultados”, pronunció Calderón el lunes 9 de agosto.
No es gratuito por ello que la iniciativa privada haya sido la primera en felicitar al presidente. “Es parte de lo que nosotros solicitábamos, que se abrieran las paraestatales, sobre todo Pemex, que está casi 100% cerrada, no sólo a las Pymes, sino a las empresas nacionales”, afirmó Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llama la atención, por ejemplo, que la instancia gubernamental que ha eliminado más normas supuestamente innecesarias sea precisamente Pemex, con una cuarta parte de los trámites eliminados: 2 mil 962 de 12 mil, una cifra dos veces más grande que el segundo lugar, el SAT, y 15 veces mayor que la de los otros organismos gubernamentales.
Sin embrago, tanto el diagnóstico como la medicina están equivocados. De ninguna manera podemos hablar de una “tradición” de “castigar” a las personas que no cumplen con la ley en México. Todo lo contrario. La historia nos habla de una clara impunidad que ha generado ciclos viciosos de corrupción e ilegalidad. En consecuencia, en lugar de “liberarnos” de la “profunda tradición legalista”, habría que fortalecer la regulación y hacerla más eficaz y contundente.
El lunes 9, el mismo Vega Casillas confesó que la existencia de mucha chatarra normativa no es el único problema que aqueja al gobierno: “Gran parte de los casos de corrupción que ha detectado la SFP se originaron por deficiencias normativas, por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, pero sobre todo por la complejidad de la regulación”. Es evidente que reglas más claras y sencillas beneficiarían a todos, pero una simple “tala”, combinada con una “veda”, de ninguna manera resolverá los otros problemas más profundos de “deficiencia normativa” y exceso de “discrecionalidad”. Hace falta, por ejemplo, tomar medidas contundentes para dotar de mayor credibilidad, independencia y fuerza a las instituciones de fiscalización y control en todo el país, así como para facilit0ar la denuncia, tanto ciudadana como interna, entre otras reformas.
Tal y como hemos visto con las recientes acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en la Policía Federal, y en general en las tareas de seguridad pública, el cáncer de la corrupción no se resolverá simplemente con buenos deseos y “limpias” superficiales. La poda de algunas ramas muertas es una acción rescatable, pero no afecta en absoluto la raíz torcida del árbol de la corrupción que cada día rinde más frutos podridos.
Victoria Schussheim, “Excélsior” y el cardenal Rivera
MÉXICO, D.F., 22 de agosto.- Victoria Schussheim escribía en el “nuevo” Excélsior desde hace cinco años, cuando lo adquirió el señor Olegario Vázquez Raña, en una operación que está todavía sub júdice porque los cooperativistas que fueron los dueños han denunciado como fraudulenta esa compraventa. Antropóloga, traductora, editora y chef sobresaliente, Victoria escribía cada semana su columna El hilo negro, aparecida en la sección Comunidad de aquel diario.
El miércoles 11 de agosto su texto fue rechazado. Se refería a la declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera sobre el fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la reforma al Código Civil que definió el matrimonio no ya como la unión de un hombre y una mujer, sino como la de dos personas, lo que abrió la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. “Aberrante”, dijo el arzobispo primado de México de esa sentencia, y sobre esa calificación construyó la autora su argumento contrario a la posición del purpurado.
El motivo para no publicar su columna, es decir para censurarlo, parece benévolo o inocuo. Se le dijo a la escritora que por política de la empresa “no aceptaban que un colaborador criticase a otro”, y que Rivera Carrera escribía habitualmente en la sección editorial, sólo que por ahora estaba en receso, pero “pronto volvería a escribir”.
Un espíritu libertario como el de Victoria Schussheim no toleró la censura y abandonó las páginas del diario que de ese modo le expresó irrespeto a ella y a la libertad de expresión. Como un modo de derrotar esa cerrazón, con autorización de la afectada reproduzco en estas páginas lo que los lectores de Excélsior no pudieron conocer. La columna se titula Yo aberro, tú aberras, y dice así:
«... Pero viera usted qué tal aberra él, el arzobispo primado de México, el del cabello milagrosamente ennegrecido por obra y gracia de L’Oreal, Norberto Rivera. “Aberrar”, que suena feísimo como verbo, sobre todo si uno lo conjuga (cosa que, según la Real Academia, tiene pleno derecho a hacer), quiere decir, simplemente, “Desviarse, extraviarse, apartarse de lo normal o usual”. Y “aberrante”, por lo tanto, no es algo tremendo, terrible, inspirado por el maligno, sino simplemente “diferente”. De modo que Newton, Galileo y Einstein eran “aberrantes”. Y Picasso, El Greco o Goya, por mencionar sólo algunos españolitos, también. Y Jesús... bueno, Jesús ni se diga. Él sí que se desvió de lo que era normal y usual en sus tiempos. Tanto que lo crucificaron.
«Y el que anda crucificando ahora, en nombre de lo que decidió que es “la” moral, y que escasamente, si acaso, tal vez sea “su” moral, es Rivera. Mire algunas de las cosas que dice: “Estas ‘uniones de facto’ o legaloides... son intrínsecamente inmorales. Falsos derechos”, afirma, frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.
«Tengo que repasar la Constitución. ¿No era éste un país laico? ¿Y “laico” no quería decir “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”? ¿Por qué entonces una organización religiosa ataca las decisiones de una de las tres ramas del gobierno? ¿Qué diríamos si el Dalai Lama opinase al respecto? ¿O, sin ir tan lejos, si lo hiciese un rabino mexicano, o hasta un evangelista?
«Y, sobre todo, ¿por qué dice tales sandeces a nombre de la propia institución a la que pertenece? ¿Cómo podemos aceptar que afirme que nuestro máximo tribunal efectúa “un ataque a la familia con ‘intereses oscuros’, que pretenden orillar al país ‘herido por la violencia y la descomposición social, a su ruina’?”.
«¡Mofles! Las bodas gay y las decapitaciones entre narcos al mismo nivel. Cosas veredes, Sancho.
«Y eso no es todo, qué va. Resulta que (como se habla de adopción) se trata de “conceder falsos derechos que, por si fuera poco, afectarán a niños inocentes, a quienes se les negará el derecho de tener un padre y una madre para su adecuado desarrollo moral y psico-afectivo” (el guión por cortesía del purpurado, o a lo mejor del periodista, sepa).
«Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Feamente. Al margen de que yo no soy quién para saber si el adecuado desarrollo moral y etcétera depende de tener un padre y una madre (tampoco creo que sea Rivera quien tenga al respecto la última palabra), resulta que en este bendito país nuestro un porcentaje in-men-so de la población no tiene padre. Casi literalmente. Por lo menos no padre conocido, ni padre que viva en contacto con sus hijos. O porque nunca dio la cara, o porque se largó, o porque tiene otra familia. O, si acaso, porque se fue de ilegal. Resulta entonces que toda esa gente, esos millones y millones de mexicanos, no han tenido el desarrollo moral y psicoafectivo correspondiente.
«Qué notable. ¿Cómo le habrá hecho el propio cardenal para desarrollarse tan bien en ausencia de padre? Porque el suyo, que se llamaba Ramón, se fue a Estados Unidos a trabajar para poder mantener a la familia. O al menos eso dice su ficha de Wikipedia (en inglés). ¿Hablará por la herida? ¿Será él también, pobrecito, alguien “herido por la violencia y la descomposición social”?»
No fue Rivera Carrera el único cardenal que acusó el golpe de la Corte. Lo hizo con más fiereza el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. No contento con descalificar la decisión del tribunal constitucional, se lanzó contra sus autores. Dijo que el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard e ignorados “organismos internacionales” habían “maiceado” a los ministros para que se manifestaran como lo hicieron. El ponente en el procedimiento judicial, Sergio Valls, rechazó con rudeza la insinuación insidiosa del clérigo nacido en Yahualica, y en una suerte de voto de censura sus compañeros hicieron suyo el agravio y el rechazo. Pero no fueron más allá. En cambio, Marcelo Ebrard inició una acción civil contra el lenguaraz cardenal (y contra el vocero de Rivera Carrera, el sacerdote Hugo Valdemar que tuvo la desvergüenza de considerar que la reforma al Código Civil hace más daño a la sociedad que el narcotráfico).
Pero, con toda la gravedad del insulto que Sandoval Íñiguez asestó a los miembros de la Corte y al jefe del Gobierno del DF, afirmaciones del cardenal sobre el sector social directamente beneficiado con la reforma de marras son más dañinas y peligrosas. En tono desdeñoso, de mofa abierta, se refirió a “lesbianas y maricones”, y con criterio aldeano adivinó que los hijos adoptivos de personas pervertidas como son los homosexuales serán inexorablemente pervertidos como sus padres, porque los verán realizar “sus prácticas” y no sabrán a quién llamar mamá y a quién papá.
El torpe criterio así expuesto cae muy claramente en los supuestos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La fracción XXVII de su artículo 9 establece claramente que “incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión” es un acto discriminatorio. Por ello, el órgano encargado de aplicar esa ley, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, inició una investigación a partir de quejas recibidas al respecto.
No irá muy lejos en su indagación, y menos aún en el establecimiento de medidas correctivas, no sólo porque el cardenal es incorregible, sino porque la ley no cuenta con dispositivos para sancionar a los bocones, salvo su exhibición como tales ante la sociedad.
De cualquier modo, por escaso que sea el alcance de la intervención del Conapred, lo que pueda hacer al respecto enseñará a Sandoval Íñiguez que no puede denigrar a persona alguna por su preferencia sexual porque no faltan fanáticos que oyendo las descalificaciones cardenalicias las traduzca en hechos, en agresiones contra sus destinatarios. No se tolere que el arzobispo de Guadalajara predique la homofobia.
Los "maiceados" de Dios
MÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- El término “maicear” comenzó a ser utilizado hace diez años entre los periodistas que cubrían las campañas presidenciales, para denominar el soborno o el “chayo” que recibían por parte de algunos partidos y candidatos para que hablaran bien de ellos.
La idea era dar a los reporteros, como a los pollitos, granos de maíz (dinero) para tenerlos bien alimentados y luego usarlos en el momento adecuado. Desde entonces, la expresión “maicear” se quedó en el vocabulario político, mas no en el eclesiástico, pero el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, decidió utilizarlo en días pasados.
"¿A ustedes les gustaría que los adopte una pareja de maricones o lesbianas?", dijo el prelado, luego de acusar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de "maicear" a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que aprobaran las adopciones entre parejas de un mismo sexo.
Acostumbrado a las acusaciones fáciles y a los escándalos, Sandoval Iñiguez sabía lo que hacía al acusar de corruptos tanto a los ministros como al jefe de Gobierno. Y también sabía cuál sería la reacción al manifestar una conducta intolerante y homofóbica.
"A lo mejor salen otra vez con su batea de babas estos señores (los ministros), y mañana o pasado aprueban la adopción, a lo mejor, no lo dudo. También no dudo que estén muy maiceados, desde luego, por Ebrard, están muy maiceados, y por organismos internacionales", dijo en conferencia en Aguascalientes, el pasado domingo 15.
Lo que resulta inusitado es que diga que tiene pruebas del soborno de Marcelo Ebrard a los ministros, aunque hasta el momento no las ha presentado. Incluso habría que preguntar: si ya desde antes tenía las pruebas, ¿por qué no las dio a conocer antes de que se aprobara en la SCJN la posibilidad de adopción por parte de matrimonios gay? De haberlo hecho, seguramente los ministros hubieran tomado otra decisión.
Ebrard reaccionó pidiendo que el ministro de culto se retractara y dio un plazo perentorio. Cumplido el tiempo, el mandatario capitalino presentó una demanda contra Sandoval Iñiguez y Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, por daño moral y por violar el artículo 130 de la Constitución, que establece la separación Iglesia-Estado.
En la demanda, los abogados del jefe de Gobierno invocan también violaciones al artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil, que hace referencia a la protección y el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el DF.
La reacción de Sandoval Íñiguez fue evasiva. “Lo dicho, dicho”, contestó a los reporteros el cardenal cuando lo cuestionaron en torno de las acusaciones hechas y la demanda interpuesta en su contra. De su lado, el padre Hugo Valdemar acusó a Ebrard de “persecución religiosa” y, paradójicamente, de intolerancia.
Pero el problema mayor por ahora es la desconfianza que en los últimos años ha generado la Iglesia católica con los escándalos de pederastia, homosexualidad, corrupción y falta de solidaridad de su jerarquía con los más pobres.
Así, por ejemplo, el arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera, ha sido denunciado en México y Estados Unidos por proteger a un sacerdote pederasta.
Por su parte, el cardenal de Ecatapec, Onésimo Cepeda, fue denunciado por fraude al simular un préstamo por 130 millones de dólares y quedarse con 42 obras de arte, entre ellas pinturas de Orozco, Clausell, Modigliani y Tamayo. Cuando lo llamaron a declarar, Cepeda mandó un mensaje con sus abogados: “Me la persignan, ya hablé con el presidente de la República”.
Sucesor de Juan Jesús Posadas Ocampo, Sandoval Iñiguez ha sido polémico por su opulencia y sus declaraciones. “Se necesita no tener madre para ser protestante", dijo sobre otras iglesias.
Y más: "Las desviaciones de algunas personas no deben servir para condenarlos, pero tampoco para presumirlas; que las mantengan más bien en secreto", agregó sobre los homosexuales.
"Las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas", señaló algunas vez, y en otra ocasión calificó a los militantes del PRD como “hijos de las tinieblas”.
Pero Sandoval Iñiguez también ha sido señalado por estar inmiscuido en las “narcolimosnas”.
En 2003 se filtró una investigación sobre lavado de dinero que Jorge Carpizo interpuso en contra del cardenal ante la Procuraduría General de la República, en la que se señala que el prelado recibió fuertes sumas de dinero (“narcolimosnas”) de personajes como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, los hermanos Lupercio Serratos, Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera, a partir de 1996.
Desde entonces, el clérigo compró ranchos, granjas y grandes extensiones de tierras para el cultivo de maíz, ubicadas en su mayoría en Nextitlán, Totatiche y Tapalapa, donde los lugareños veían bajar con frecuencia diversas avionetas. Además, recibió considerables donaciones de caballos, cerdos, toros y aves de corral.
Otro caso que dio de qué hablar fue el del obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien en abril de 2007, apoyado en el pasaje bíblico en el que María Magdalena le lava los pies con perfume a Jesucristo, admitió que a la Iglesia católica llegan limosnas del narcotráfico, pero que se purifican al entrar a ella.
"Donde quiera se dan (limosnas del narco), en Aguascalientes y en Tepezalá, pero no nos toca a nosotros investigar el origen del dinero (…) No porque el origen del dinero sea malo hay que quemarlo. Hay que transformarlo, más bien. Todo dinero puede ser transformado, como una persona también que está corrompida se puede transformar", expresó. Luego dijo: "Si una persona se puede transformar, cuanto más lo material".
Y ha sido tan fuerte la sospecha del vínculo de la Iglesia católica mexicana con el narco, que el papa Benedicto XVI expresó su preocupación desde entonces.
Quizá por todos estos antecedentes es que Sandoval Íñiguez ha preferido guardar silencio en torno de ese tema, porque al final de cuentas el escándalo de los ministros “maiceados” es opacado con las “narcolimosnas” que se sospecha recibió de diversos capos.
Los “ni-ni” y los “no-no”
Jóvenes. Exclusión.MÉXICO, D.F., 20 de agosto.- La manera como se ha buscado calificar al grupo de jóvenes en condiciones de exclusión social extrema en el país, los “ni-ni”, porque “ni estudian ni trabajan”, es absolutamente equivocada, pues no permite diferenciar los distintos sectores y la diversidad de grupos sociales que se encuentran en una situación de marginalidad para el ejercicio pleno de sus derechos, pero sobre todo porque no propicia la definición del tipo de políticas públicas que deben orientarse para superar o eliminar esta condición.
Efectivamente, entre el 17 y el 20% de los jóvenes en México (de 15 a 24 años) está fuera de las posibilidades de encontrar empleo o acceso a los estudios de nivel post-secundario. En otros países, las tasas de incorporación a los estudios superiores llegan a alcanzar a más del 80% de ese grupo de edad, y sus posibilidades de empleo son mucho más amplias. En algunas naciones de América Latina las oportunidades de formación para los jóvenes son tres veces mayores que las de aquí.
En todos los casos, la disponibilidad de empleos siempre es superior para los más adultos que para los jóvenes. Entre menos edad se tiene, más se dificulta encontrar un empleo seguro y bien pagado. Como tendencia positiva, a mayor nivel de escolaridad, mejores puestos de trabajo y más altas expectativas de ingresos dignos.
En cambio, la falta de educación y de empleo que padecen los jóvenes mexicanos se traduce en inestabilidad social e incertidumbre legal, así como en ausencia de cobertura en servicios de salud y seguridad social. Esta situación es aún mas grave si dichos jóvenes se encuentran en comunidades indígenas, en colonias periféricas y de hacinamiento urbano, donde debido a la pobreza aumenta la frecuencia de la deserción escolar o desescolarización temprana.
Tres cuartas partes de los jóvenes que viven en comunidades indígenas o rurales tienen que trabajar a edad temprana, y muy pocos pueden acceder a aprendizajes significativos de nivel medio o medio superior, más aún si son mujeres. Lo mismo ocurre ahora con los jóvenes marginados de las grandes o medianas ciudades del país que tienen al alcance alguna escuela más cercana, ya que enfrentan obstáculos inverosímiles para poder continuar con sus estudios, y la sociedad y el sistema educativo no les ofrecen un escenario que los ayude a salir adelante a nivel personal o familiar. Lo que se les enseña es insustancial y obsoleto, y una beca efímera y muchos discursos electorales tampoco les solucionan nada.
Aunque a menudo se les califica de forma degradante (“vagos”, “delincuentes”, “drogadictos”, “buenos para nada”, etcétera), no se trata de una población que no quiera estudiar o trabajar, sino de gente con intereses culturales, educativos, económicos y sociales diferenciados. Ahora se les dice los “ni-ni” porque no tienen acceso al mercado educativo, aunque sea público, ni al trabajo y al consumo.
De los millones de mexicanos que se encuentran en esta condición, cerca de medio millón ya están metidos en algún grupo organizado para ejercer la ilegalidad. A ellos no se les considera “alguien”, y se les ha dicho “no” durante toda su vida: no al acceso a la educación y a la cultura; no a la inclusión en la sociedad por alguna razón de vestimenta, de color, de lengua o de aspecto; no a su realización personal. No a lo que aspiren o quieran ser.
Es decir, los “ni-ni” sólo existen a causa de los “no-no”.
Suman 7 millones los 'ninis' en el país, refuta Narro
El rector de la UNAM respondió así a los titulares de Educación Pública y de Gobernación, quienes aseguraron que la cifra de los jóvenes que no estudian ni trabajan es de 285 mil.
Leer mas AQUI.Terrorismo en la frontera norte
La explosión del coche-bomba en Juárez. MÉXICO, D.F., 20 de agosto.- El terrorismo ha aparecido en México. A partir de la explosión en Ciudad Juárez de un coche bomba accionado desde un teléfono celular, y de las granadas utilizadas por narcotraficantes y provenientes de Centroamérica, se ha tomado conciencia de varios hechos. El primero, que hay asesoría criminal sofisticada que viene del exterior; se ha señalado a Colombia o a países centroamericanos con experiencia en luchas guerrilleras como las fuentes más probables. El segundo, que una vez adquiridos armas y conocimientos para nuevas expresiones de violencia, es altamente probable que vuelvan a ser utilizados; en otras palabras, el salto cualitativo en la violencia augura, también, su permanencia y profundización. El tercero, que cambian los parámetros para la relación con Estados Unidos; de modo que el propósito de establecer una zona fronteriza que fuera ejemplo de los beneficios del intercambio está siendo sustituido por manejar conjuntamente una región en guerra.
Funcionarios tanto de México como de Estados Unidos se apresuraron a negar la pertinencia de referirse a los hechos ocurridos en México como terrorismo. Los ataques en Ciudad Juárez no iban dirigidos de manera indiscriminada a grupos civiles, señaló el embajador de México en Washington; otro tanto expresó el embajador estadunidense en México, para quien los hechos de la frontera son muy inquietantes, pero se debe diferenciar entre lo que es y no es terrorismo. De acuerdo con él, terrorismo se refiere a la acción de grupos cuyo objetivo es obtener el control del gobierno.
Es fácil cuestionar el uso del término. No existen criterios precisos para afirmar que hay un problema de terrorismo porque no hay acuerdo sobre su definición. Los expertos de Naciones Unidas llevan varios años reuniéndose para llegar a una definición universalmente válida sin haberlo logrado. Lo más cercano a un consenso es la definición incorporada en el Informe Un concepto más amplio de la libertad, presentado en 2005 por el entonces secretario general de la ONU: Es “toda acción encaminada a causar la muerte o un grave daño corporal a civiles no combatientes, con el fin de intimidar a la población u obligar a un gobierno u organización a hacer o dejar de hacer alguna actividad”. (Párrafo 91 del Informe.)
Los hechos que han tenido lugar en las ciudades fronterizas del norte del país caen dentro de esa definición. En efecto, han causado la muerte de civiles, han intimidado a la población y han tratado de que el gobierno u organizaciones criminales enemigas hagan o dejen de hacer ciertas actividades. Ante lo grave de la situación, es importante tomar conciencia de los efectos que la nueva violencia fronteriza tiene sobre el futuro de las ciudades donde ocurre y sobre su impacto en la relación con Estados Unidos.
La desconfianza, el escepticismo y el temor son sentimientos generalizados en las ciudades de Torreón, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. Llevará tiempo reponer las inversiones que se han ido, regresar a los profesionistas que están saliendo, reconstruir el tejido social que se ha desbaratado. Esas ciudades fragmentadas, empobrecidas y al amparo de la delincuencia no son la situación más alentadora para llevar adelante las relaciones fronterizas que sería deseable construir con Estados Unidos. Por el contrario, lo que ahora se puede esperar del país vecino es el incremento de presiones para enviar a la Guardia Nacional, levantar más vallas y aumentar la presencia de asesores que analicen, diagnostiquen e implementen acciones para reducir la violencia.
Académicos y diplomáticos se habían empeñado en proponer un futuro mejor para la región fronteriza. Habían insistido en fortalecer la infraestructura, promover mayor coordinación y capacidad de iniciativa a nivel local y aprovechar las ventajas del capital humano existente, así como la sinergia entre grupos empresariales de ambos lados, para lanzar programas de largo plazo en materia de desarrollo económico.
Lo anterior pasa a segundo plano al desatarse la violencia. Desde la muerte de funcionarios adscritos al consulado estadunidense en Ciudad Juarez, las ciudades fronterizas han sido incorporadas a la lista de lugares de alto riesgo para el personal diplomático estadunidense, lo cual significa, entre otras cosas, recibir percepciones salariales adicionales como forma de compensar la inseguridad en que se vive. A nivel mundial, hay una lista de sólo 22 países donde se otorga el “bono por situación de peligro”; de América Latina se encuentran Bolivia, Colombia, Haití y México.
La percepción del peligro y su repercusión en Estados Unidos se advertía ya en el Informe Anual del Departamento de Estado correspondiente al 2009 sobre la Cooperación Internacional en la Lucha Antiterrorista, que señala: “La violencia atribuible al crimen organizado en la frontera norte (de México) continúa afectando las capacidades de las fuerzas policiales, creando vulnerabilidades potenciales que terroristas que buscan acceso a Estados Unidos podrían explotar”.
La semana pasada se efectuaron una serie de Diálogos sobre la Seguridad, entre el presidente Calderón y grupos de académicos y políticos, en los que se abordó la estrategia seguida en el combate al crimen organizado, sus aciertos y desaciertos. Curiosamente, no se tocó el problema de las consecuencias en la relación con Estados Unidos de las acciones de corte terrorista en la frontera. Se mantiene la tendencia a ignorar el hecho que la posibilidad de terrorismo en México da una nueva dimensión a las acciones bilaterales en materia de seguridad. Si la frontera norte es una región en guerra, el entendimiento con Estados Unidos sobre qué hacer al aparecer allí tácticas terroristas es de enorme trascendencia. Estamos obligados a reflexionar y tener información sobre lo que está ocurriendo.
Desgarramiento
MÉXICO, D.F., 19 de agosto (apro).- Si fuera poeta iría de la mano con Fernando Pessoa doliéndome y vomitando en la aterradora vida. Acudiría a refugiarme en diálogo con los ojos de Rosario Castellanos por el mar de inmundicia en que se discrimina a los indios, buscaría incesantemente a una nodriza, como la de ella, para refrescarme.
Pero no soy poeta. Sin embargo estoy aturdida y me duele la piel. Me rebelo contra la humanidad que llevo a cuestas a pesar de todo y como Jaime Sabines siento que el diablo está en mi cabecera y se acomoda por las noches a los pies de mi cama.
Leí y releí azorada. Dice Marta Lamas que el cuerpo no garantiza. Se es en cuerpo de mujer o en cuerpo de hombre, de cierta manera, deshuesando a las personas u ofreciendo ternura.
Así, ellas o ellos transcurren en el laberinto de la nada a la que acudió desesperado Pessoa, en noches larguísimas, como adivinando que sólo nos resta la tristeza y, sin embargo, nos puede salvar y salvarse al mundo con el canto a la vida como nos propone Pablo Neruda.
Cómo se puede ser testigo de la vida cotidiana y entrar en el bosque para conocerlo y hasta entonces escribir sobre el bosque como decía Federico García Lorca. A mi me aturde el bosque, donde entramos todos los oficiantes del periodismo. La realidad es más cruel que el sentimiento de un amante abandonado o la pérdida infinita del ser más querido que se haya tenido en la vida.
No hay nada que apacigüe las tremendas profundidades del pozo de la crueldad, que conocimos durante décadas, como el Holocausto nazi: No hay forma de no sentir que se cae en el precipicio.
Mientras van y vienen las declaraciones, las reuniones de palacio que organiza el señor Felipe Calderón, van y vienen los recuentos de atrocidades como las del fin de semana pasado en Acapulco o Monterrey; van y vienen los nombres de los capos y se hacen llamados que nos mandan a una tapia o que nos limitan, como le pasa a los Amorosos de Sabines: solos, siempre solos, intentando tatuar el humo o el agua para salvar al amor y no se salva.
De ida y vuelta se hacen balances estadísticos de la intemperie en que están la adolescencia y la juventud mexicana; se llevan los restos de los héroes a un museo o se dan golpes de pecho porque la juventud está perdida y las mujeres más, vulgares y efímeras noticias: lo cierto es que sucede en pleno siglo XXI, sucede, sucede la tortura.
Fue la nota principal del domingo en La Jornada. ¿Es posible? me pregunté una y otra vez. Mientras caía ante mis ojos el relato, uno multiplicado a mil voces. María del Socorro Gaspar Rivera, directora del Penal de El Llano en Aguascalientes, se disfraza de noche, con un traje negro de cuero, pasamontañas y tal vez un fuete para recorrer los pasillos del penal, sólo de varones y escoger al azar a un preso, para luego llevárselo, para torturarlo.
Al hombre se le golpea, se le patea, se le coloca una bolsa de plástico en la cabeza para hacer el simulacro de asfixiarlo. Luego viene la amenaza de muerte y seguro gritos secos, se le tira de nuevo a una celda de aislamiento. La acción se repite, dos o tres veces por semana, dice la nota.
Esta mujer, que no sé cuántos años tiene ni como es su rostro ni cuál su hoja curricular. ¿Es una víctima? de la espiral de violencia en que vivimos a diario o es simplemente una mala persona, legitimada en una guerra civil inexplicable, la misma en la que hoy nos quiere involucrar a todos y todas el señor Calderón.
Pensé que estaba en otro planeta. Una mujer, funcionaria, elegida para dirigir una cárcel de alta seguridad efectivamente se trasmuta; pienso en la personificación de Cruela De Vil, el personaje estereotipado de la maldad que me asustó en la infancia, personaje popular contra el que me revelé cuando me hice feminista y me expliqué simplemente: “es el patriarcado el que inventó la maldad en femenino para oprimirnos”.
Pero esta es real, tanto como la denuncia que llegó a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), documentada con la firmada de 59 internos de El Llano, donde se asegura que esa larga y dura noche es cierta, tanto como los fantasmas que atosigaron a nuestros poetas, que puede angustiar nuestra humanidad hasta el tuétano de los huesos. Que hay un personaje que fríamente tortura, veja, desnuda, humilla, ofende, injuria, apalea, magulla, abofetea al escogido, con ese pretexto, fácil, de hacerlo hablar ¿quién vende la droga en el penal?
Pero la pesadilla se encarna. De la misma manera que se tortura a una mujer durante una violación individual o tumultuaria, en un escenario de tortura que se creía de los tiempos de la inquisición o el fascismo. En un terreno oculto como sucede el apresamiento de las mujeres de Guanajuato acusadas de aborto, con otro nombre, de esos engañosos que existen en nuestros códigos penales. Es lo mismo, me estremezco.
Además se informa que en El Llano, desde que María del Socorro Gaspar llegó a la dirección, en marzo pasado, se han disminuido todos esos derechos, esos humanos, elementales, mínimos, a que debe tener acceso el peor de los criminales.
Valientes, Tiberio Bravo, quién recibió puñetazos en las costillas, descargas eléctricas sn sus genitales, que no teme mostrar las cicatrices, y Jhon Mario Villareal Santillana, con la misma historia, ambos colombianos, revelan lo que ahí está pasando.
La denuncia se hizo a la CNDPDH, cuya copia ya estudia la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), ya tiene conocimiento Arturo Chávez Chávez, el Procurador General de la República; el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat y otros funcionarios. Y tienen conocimiento de los hechos desde el 14 de julio, es decir desde hace más de un mes.
La OMTC sabe de ello desde marzo pasado, digo, de los malos tratos, de la tortura, de que se cancelaron las llamadas telefónicas para los presos, de que se limitó la visita familiar, de que se modificaron los horarios de la visita conyugal y se redujo su duración.
Que ahí también se redujo la cantidad y calidad de los alimentos y cómo para hostigar a la poesía y a la vida, de fondo y con tortura, a esta nueva Cruela de Vil se le ocurrió mandar a destruir todas las áreas verdes del penal, con el objeto, dicen quienes denuncian que la idea es que “que se jodan y vean gris”. Es posible que mande techar el penal, para evitar que también se vea el amanecer, la luz, el ocaso y la vida.
¿De qué está hecha la funcionaria que se llama paradójicamente Socorro? ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿De dónde llegó a esa situación? ¿Cómo fue? Es probable que como ya escribí hace días se trate de un daño colateral de la irracionalidad que se desató en Los Pinos; de los pendientes agudos en el Sistema Educativo Nacional; de la pobreza económica y espiritual en la que nos debatimos, de ese tocar fondo en una sociedad desigual, donde el poder se yergue sin freno y ya no tendremos salida. Donde es imposible salvar el amor y la poesía.
Columna Asimetrías. La Iglesia y México
Por Fausto Fernández Ponte
23 agosto 2010
ffponte@gmail.com
ffponte@gmail.com
“Con la Iglesia hemos topado, Sancho”.
Don Quijote.
I
Como es sabido, Marcelo Ebrard Casaubón, el jefe de gobierno del Distrito Federal, entidad en la cual se asienta la capital de un Estado federal laico --los Estados Unidos Mexicanos-- ha demandado por daño moral al cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
Más la demanda, subráyese, es sólo por daño moral a un individuo, no a la instituición, con arreglo a los términos mismos de la demanda misma. El daño al Estado es soslayado, o asi acaso, sólo implícito e inferido, más no explícito.
Es, pues, según sus términos, una demanda personal, aunque la acción causativa –la acusación pública y reiterada del cardenal de que don Marcelo sobornó a la Suprema Corte de Justicia fue dirigida al jefe de gobierno precisamente por su condición como tal.
El señor Ebrard fue acusado por don Juan de “maicear” a los ministros de la Corte –al Poder Judicial, ¡nada menos!-- por su presunta actuación como jefe de gobierno a favor de la hoy ya
institución legal del matrimonio gay y su derecho inherente a adoptar niños.
institución legal del matrimonio gay y su derecho inherente a adoptar niños.
II
La acción judicial es lo menos que el señor Ebrard debe hacer, pues las iglesias cristianas católica, protestante y ortodoxa en México responden a intereses propios de su constitución legal
trasnacional, física y moral; existen con fines de poder político y lucro.
trasnacional, física y moral; existen con fines de poder político y lucro.
Ello conforma realidades factuales, no sólo en el presente sino también, dolorosamente, en el pasado reciente y, sin duda, el pretérito histórico. Ésto último es un lacerante y trágico verismo en la historia de México desde la llegada misma de Hernán Cortés.
La acción judicial emprendida por el señor Ebrard –asunto el cual ha es muy difundido-- ofrece congruencia personal, institucional y política del mandatario defeño. Defiende, en el fondo, a una
institución cara, por esencial, al mexicano, la laicididad orgánica del Estado.
institución cara, por esencial, al mexicano, la laicididad orgánica del Estado.
Empero, la acción judicial de don Marcelo tiene enormes cortedades, pese a su trascendencia, y, obviamente, limitaciones filosóficas y hasta deontológicas y, a no dudarlo, epistemológicas. Empero, no es éste el foro para abordar todas.
III
Pero sí podemos abordarlos como ciudadanos y como explicadores de las causales, manifestaciones y secuelas –hechos y sucedidos, pues— de nuestra realidad y las acciones (o conductas) de los actores mayores, como son los señores Sandoval Íñiguez y Ebrard.
Y, así, en esa vena, la ciudadanía siente que el señor Ebrard, católico declarado –es decir, creyente en dicha iglesia del cristianismo--, debe trascender su catolicidad e ir más allá; de otro
modo su acción no implicará en sentido estricto defensa alguna del Estado laico.
modo su acción no implicará en sentido estricto defensa alguna del Estado laico.
Don Marcelo lamenta como católico el agravio que le ha causado el cardenal y no como personero de un poder político del Estado que es orgánicamente laico. Habla de llevar el asunto al Vaticano,
subordinando así la laicidad del Estado mexicano a uno extranjero.
subordinando así la laicidad del Estado mexicano a uno extranjero.
Allí subyace, precisamente, el quid del contencioso. Un agente (el cardenal) de un Estado extranjero (El Vaticano) en México o un connacional al servicio subrogado de un Estado extranjero sin el permiso del Congreso) viola nuestras leyes. Ese es el hecho trascendente.
Plan B. Hope: la esperanza del norte
Por Lydia Cacho
23 agosto 2010
Llevaba un año viviendo en Cancún cuando el huracán Gilberto azotó las costas de Quintana Roo. Al igual que miles de personas nos quedamos varios días sin servicios. Sin embargo salimos a las calles y muy pronto la ciudad se convirtió en un hormiguero de hombres y mujeres que se ayudaban mutuamente. La Cruz Roja recibía apoyo de todo México, los hoteleros lograron que los recursos del Fonden llegaran y en menos que canta un gallo todo volvió a la normalidad.
Hace unos años Wilma azotó otra vez (yo perdí todos mis muebles y ropa; mi departamento quedó inundado) la ayuda fue más lenta y la recuperación menos efectiva. Muchas personas nos preguntamos cuál era la diferencia, entre antes y ahora, algunos analistas aseguraron que la crisis económica y una cascada de malas noticias debilitan el impulso social para ayudar a quienes han sufrido pérdidas, materiales y humanas. Saturada por las tragedias, la sociedad reacciona más lentamente o incluso elige ignorar los problemas que considera ajenos.
El 12 de junio, Alex, el primer huracán del año entró con gran fuerza en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Por primera vez en la historia de México la tragedia de miles de familias que lo perdieron todo no provocó la reacción esperada. Ni los 28 muertos y 22 desparecidos movilizaron a México como en otras ocasiones. La guerra contra el narco, los militares fungiendo como policías y las batallas electorales ocuparon la atención de la sociedad. Casi al mismo tiempo y por primera vez en años, el presidente Calderón anunció que no había suficientes recursos en el fondo para desastres naturales. Fue entonces que Cynthia García-Galindo, directora del diario El Tiempo de Monclova convocó a la sociedad a través de Twitter, muy pronto se creó un movimiento denominado Coahuila Hope (con el hashtag @CoahuilaHope). Llevaron a cabo un censo y ya se sabe qué necesitan las comunidades. Además de lo mínimo perdido, la meta es reactivar la economía de las zonas de desastre.
La idea de Cynthia se ha convertido en un huracán de esperanza, cientos de artistas, cineastas, escritoras, periodistas se han unido a la subasta de objetos personales que se llevará a cabo en octubre. Algunas empresas también colaboran con donativos, ya no para subsanar la emergencia sino para construir mucho más que un millar de hogares y pequeños negocios arrasados por la fuerza de la naturaleza. En ayudar han descubierto que se reaviva una fuerza que parecía dormida: la solidaridad mexicana. Que más allá de la ineficacia política, de la falta de planeación estratégica de los gobiernos federales y estatales, lo puede todo. En su nombre lleva la lección, la semilla, el recordatorio de que el bienestar de las y los demás sí importa.
Colaborar para reconstruir las casas, los negocios y la economía de las comunidades arrasadas por Alex, nos recuerda nuestra naturaleza solidaria, nos muestra la otra cara de un país adolorido e iracundo, irritado por la violencia y la desconfianza que la guerra ha generado. Nos invitan a co-laborar, es decir a trabajar mano a mano. La puerta está abierta en www.coahuilahope.org en coahuilahope@gmail.com o con Cynthia a los teléfonos 866 634 44 44 y celular 045 866 136 37 36.
Hace unos años Wilma azotó otra vez (yo perdí todos mis muebles y ropa; mi departamento quedó inundado) la ayuda fue más lenta y la recuperación menos efectiva. Muchas personas nos preguntamos cuál era la diferencia, entre antes y ahora, algunos analistas aseguraron que la crisis económica y una cascada de malas noticias debilitan el impulso social para ayudar a quienes han sufrido pérdidas, materiales y humanas. Saturada por las tragedias, la sociedad reacciona más lentamente o incluso elige ignorar los problemas que considera ajenos.
El 12 de junio, Alex, el primer huracán del año entró con gran fuerza en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Por primera vez en la historia de México la tragedia de miles de familias que lo perdieron todo no provocó la reacción esperada. Ni los 28 muertos y 22 desparecidos movilizaron a México como en otras ocasiones. La guerra contra el narco, los militares fungiendo como policías y las batallas electorales ocuparon la atención de la sociedad. Casi al mismo tiempo y por primera vez en años, el presidente Calderón anunció que no había suficientes recursos en el fondo para desastres naturales. Fue entonces que Cynthia García-Galindo, directora del diario El Tiempo de Monclova convocó a la sociedad a través de Twitter, muy pronto se creó un movimiento denominado Coahuila Hope (con el hashtag @CoahuilaHope). Llevaron a cabo un censo y ya se sabe qué necesitan las comunidades. Además de lo mínimo perdido, la meta es reactivar la economía de las zonas de desastre.
La idea de Cynthia se ha convertido en un huracán de esperanza, cientos de artistas, cineastas, escritoras, periodistas se han unido a la subasta de objetos personales que se llevará a cabo en octubre. Algunas empresas también colaboran con donativos, ya no para subsanar la emergencia sino para construir mucho más que un millar de hogares y pequeños negocios arrasados por la fuerza de la naturaleza. En ayudar han descubierto que se reaviva una fuerza que parecía dormida: la solidaridad mexicana. Que más allá de la ineficacia política, de la falta de planeación estratégica de los gobiernos federales y estatales, lo puede todo. En su nombre lleva la lección, la semilla, el recordatorio de que el bienestar de las y los demás sí importa.
Colaborar para reconstruir las casas, los negocios y la economía de las comunidades arrasadas por Alex, nos recuerda nuestra naturaleza solidaria, nos muestra la otra cara de un país adolorido e iracundo, irritado por la violencia y la desconfianza que la guerra ha generado. Nos invitan a co-laborar, es decir a trabajar mano a mano. La puerta está abierta en www.coahuilahope.org en coahuilahope@gmail.com o con Cynthia a los teléfonos 866 634 44 44 y celular 045 866 136 37 36.
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