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martes, noviembre 09, 2010
El “desmantelamiento” del IPN
Considerar “usuarios de servicios educativos” a los alumnos, reconocer los estudios parciales mediante “certificados de competencias técnicas” o “títulos de técnicos superiores” y promover la migración de los estudiantes más talentosos son algunas de las reformas en puerta en el Instituto Politécnico Nacional. “La gran columna vertebral de la modernización del trabajo educativo institucional”, como define Efrén Parada –secretario académico del Instituto– a dicho proyecto, representa para profesores y estudiantes el “desmantelamiento” del proyecto educativo mexicano más importante del siglo XX
Desmantelar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales es el verdadero objetivo del Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE) impulsado, desde mayo pasado, por la actual administración politécnica a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, concluyen profesores y estudiantes de esta institución educativa.
La autoridad politécnica, en voz de Efrén Parada Arias, secretario académico del IPN, no está de acuerdo. Para el funcionario, se trata de “confusiones interesadas” de “algunos grupos”. Asegura, en cambio, que “el Politécnico seguirá siendo una institución revolucionaria –por su origen y por su base filosófica– y que estará dirigida a trabajar, como desde el principio, con los sectores más desprotegidos de la población”.
Parada Arias señala que se trata, simplemente, de modificar los “aspectos operativos” de ingreso, trayectoria, permanencia y egreso de los estudiantes de esta casa de estudios. Las reformas, a decir del doctor en tecnología de alimentos, responderían a necesidades normativas en materia de movilidad, cooperación e internacionalización y a las nuevas exigencias sociales y laborales.
“Mercantilizar” la educación
El proyecto, elaborado por la Secretaría Académica y que actualmente se encuentra en fase de “consulta”, incorpora términos que han generado polémica entre la comunidad politécnica. En el artículo 3 del proyecto se integra el término “servicios educativos”, con lo que transforma a los alumnos en “usuarios de servicios educativos”.
“En nuestro país existe una tendencia general de trastocar el sistema de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, culturales y sociales, entre éstos el de la educación, para suscribirlos como mercancías”, asegura Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien imparte el taller El Derecho a la Educación.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en la última década del siglo pasado, sería el origen de la “mercantilización”, a decir del doctor en educación por la Universidad de Harvard, Hugo Aboites.
“En la legislación mexicana ya se utilizaba la palabra servicio, pero con otro sentido: como servicio a la comunidad o servicio social. Sin embargo, el TLCAN no sólo le quita a la educación el carácter de derecho, sino que la vuelve una mercancía, lo que tiene implicaciones muy fuertes”, agrega el investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.
Reglamentar cobros
Aunque los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional garantizan la gratuidad de la educación, los “donativos” impuestos a los estudiantes son, en realidad, pagos obligatorios. Así, por este concepto ingresan alrededor de 1 mil 700 millones de pesos –el 10 por ciento de su presupuesto total–, asegura Luis Niño de Rivera, profesor con 40 años de antigüedad en el Instituto. La legislación universitaria, expedida por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1981, señala en su artículo quinto: “La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita”.
Sin embargo, inscribirse en un programa académico, aprender un idioma, recibir atención médica, presentar un examen, practicar un deporte, todo implica pagar cuotas obligatorias, documentan alumnos del IPN. Su preocupación es que, de aprobarse el PRGE, estas prácticas se “reglamenten”.
La autoridad politécnica, en voz del secretario académico, niega que el PRGE atente contra la educación pública. Efrén Parada dice que, en el IPN, no existe ninguna asignación de cuotas por contraprestación de servicios, pero reconoce que la Secretaría de Hacienda les exige, al igual que a otras instituciones federales, ciertas “aportaciones”.
“Hay un catálogo de servicios en donde la propia Secretaría establece tarifas. Eso está mucho más allá de lo que quisiéramos hacer en esta materia porque forma parte de la estructura hacendaria.”
¿Usuarios o alumnos?
Efrén Parada señala que alumnos son las personas inscritas en algún programa académico. Y dice que usuarios, de acuerdo con el PRGE, serían quienes “atienden a una oferta específica”, como los servicios educativos complementarios: lenguas extranjeras, cursos, educación continua.
Sin embargo, en la última versión del PRGE se define como “servicios educativos” a todo lo que ofrece el Instituto, incluidos los programas académicos. Es decir, un alumno es también un usuario. Parada confirma lo anterior: “Un servicio educativo puede ser parte de lo que nosotros tenemos en la estructura académica regular; no necesariamente tiene que ser un diseño aparte”.
Las “salidas laterales”
El secretario académico del IPN acepta que el término “salida lateral” –incluido en la primera versión del PRGE– resulta polémico.
Se trata de la propuesta para que el IPN reconozca los estudios parciales de nivel medio superior o superior mediante un “certificado de competencias técnicas y/o laborales o un título de profesional asociado”.
Deterioro del nivel académico
Académicos señalan que la aplicación del Nuevo Modelo Educativo –que ahora con el PRGE se pretende reglamentar– ha deteriorado la calidad de la educación que imparte el Politécnico.
“Si yo comparo el nivel de mis estudiantes que actualmente llegan a posgrado y que son buenos estudiantes –tienen promedio de 8 y están becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología– con los estudiantes que tenía hace 10 años, la diferencia es notable”, confiesa Luis Niño de Ribera, profesor en la maestría de microelectrónica y en el doctorado en comunicación electrónica en la ESIME Culhuacán.
Golpear las matemáticas, “el lenguaje fundamental para poder hablar y entender la ingeniería”, es para el catedrático el motivo principal de que el nivel de los cursos que ahora imparte en el posgrado sea el que impartía en licenciatura.
“Esto no se puede entender más que como un acto deliberado para golpear la formación de los jóvenes en aspectos fundamentales de las matemáticas, para que en México no se desarrolle tecnología y ciencia.”
Movilidad, fuga de cerebros
La movilidad académica que, de acuerdo con el PRGE, consiste en el intercambio de estudiantes entre las unidades académicas del IPN y de éste con otras instituciones –del mismo país o del extranjero– contribuye también al desmantelamiento del IPN, asegura el profesor Víctor Moreno. Se trata, en realidad, de un mecanismo para institucionalizar la fuga de cerebros, pues sólo los estudiantes regulares (los que no adeudan materias) pueden participar en estos intercambios.
Pensar que en el Politécnico se genera todo el conocimiento mundial y, por tanto, cerrarse ante experiencias como ésta “sería fatal para la institución”, asegura Efrén Parada, quien define “movilidad” en términos de mejorar la formación de los estudiantes y la calidad del servicio educativo.
La movilidad significa, en el fondo, reforzar el mercado de estudiantes, asevera Hugo Aboites, estudioso del campo de la educación por más de tres décadas.
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La educación, al borde de la quiebra
Durante la primera semana de noviembre, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Presupuestos sus recomendaciones para equilibrar las distorsionadas partidas orientadas al gasto en el sector educativo para el año 2011.
Como se sabe, para el próximo año el presupuesto educativo programado, así como los correspondientes a la cultura, a la investigación científica y al desarrollo y bienestar de la población, están por debajo de los que se han dedicado al Ejército y a la policía. No hay aumentos considerables para los primeros rubros, aunque sí algunos que de forma diferenciada se han destinado, por ejemplo, a la educación tecnológica y, por supuesto, a sectores que maneja de forma directa el SNTE.
Es una extraña manera de planificar el presupuesto nacional en estos temas tan sensibles y tan importantes. Como muestra, mientras los estudiantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, se organizan para protestar en contra de la acción policiaca y militar, el gobierno federal aumenta las partidas que irán a reforzar la presencia represiva de las corporaciones policiacas y militares, al tiempo que reduce el presupuesto para fomentar la cobertura y la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes de esa entidad y, en general, del país.
Descartada la inflación, el incremento de los recursos para los más sensibles rubros del sector educativo se reduce a cero: para la educación indígena y rural, para el desarrollo educativo de las mujeres, para compensar las desigualdades sociales y territoriales, para la educación de los migrantes y sus hijos, para la investigación científica y para las universidades públicas, salvo ciertas excepciones, como el presupuesto para la UNAM (con un aumento de poco más del 5% respecto del año anterior), y las mejoras que han logrado una que otra universidad pública. Sin embargo, habrá recortes fuertes para instituciones como el IPN, la UAM y la UPN, así como para la gran mayoría de las universidades de los estados, que resentirán problemas muy agudos.
De manera particular, en las universidades de los estados se negocia una reducción de casi 1% de sus presupuestos respecto del año anterior, que afectará sobre todo a sus gastos operativos, concentrados en el pago de salarios y prestaciones, pero también a su capacidad para realizar innovaciones académicas o para ampliar los actuales niveles de ingreso de alumnos. Con los magros recursos que obtendrán durante 2011, las universidades públicas no podrán, entre muchas otras cosas, incrementar el número y la calidad de sus proyectos de investigación.
Asimismo, se está atentando contra la sobrevivencia de muchas universidades que, desde hace años, no han podido resolver el tema de las jubilaciones. Y con los recortes sucesivos que se han vivido durante todo el actual sexenio, lo que es un conflicto en ciernes cobrará enormes dimensiones. En los hechos, unas 10 universidades están al borde de la quiebra financiera, debido a que los déficits acumulados llegan a superar los 700 mil millones de pesos.
Así con todo, la SEP es una de las dependencias del gobierno federal con mayor subejercicio, tan sólo debajo de la Secretaría de Comunicaciones y de la Semarnap, por un monto de mil 440 millones de pesos durante el año en curso. Frente a las necesidades que se tienen, y ante los recortes que vienen, este mal manejo de las finanzas de la SEP resulta ser ineficacia pura, pero también una acción malosa y criminal. l
“Las víctimas somos nosotros”
Las pugnas entre la exprocuradora de Chihuahua Patricia González Rodríguez y el exalcalde juarense José Reyes Ferriz por sus diferencias sobre la efectividad del Operativo Conjunto Chihuahua y la penetración de las bandas del narco en la ciudad fronteriza –ventiladas en las páginas de Proceso– cobraron ya una víctima: Mario González, hermano de la exfuncionaria. Y aun cuando ya hay ocho sicarios detenidos por ese caso, lo único cierto es que todos están implicados.
La aparición del cuerpo de Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora de Justicia de Chihuahua Patricia González Rodríguez, y el arresto de ocho sicarios que presuntamente participaron en su secuestro y ejecución, son facetas de un conflicto que llego a su climax entre el exalcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, y la exfuncionaria.
El viernes 5 por la mañana, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas Rosas, declaró que el miércoles 3 por la noche habían sido capturados en una residencia de la ciudad de Chihuahua ocho presuntos implicados en el homicidio.
El funcionario declaró que uno de ellos, Luis Miguel Ibarra Castellanos, El Cora, confesó que el secuestro fue ordenado por El Buitre, mientras que la ejecución la decidió Adrián Orozco, El M1. El Cora es un policía municipal de Chihuahua que tiene nexos con el cártel de Sinaloa y se comunica con esa organización a través de Noel El Flaco Salgueiro Nevárez, líder de la banda Gente Nueva.
Rosas relató que, junto con El Cora, fueron arrestados Luis Alberto López Rodríguez; Martín Morales Soto, El Viejito; Rubén Eduardo Jacobo Larrea, Pinky; Jesús David Rendón Villela, El Badú; Víctor Hugo Villegas Espino, M2; Alonso Velarde Lizárraga, e Israel Zaragoza Elenes, El Zorrillo.
El funcionario de la PF asegura que la dependencia supo de la presencia de un grupo de personas armadas en un predio ubicado en el fraccionamiento Paseos de Chihuahua. Al desplazarse al lugar, los agentes fueron recibidos a tiros, pero controlaron la situación y aseguraron el inmueble. El Cora fue quien informó que el cadáver de Mario González se encontraba en otro inmueble ubicado en la colonia Granjas del Valle.
Según El Cora, uno de los cinco encapuchados que aparecen en la grabación escoltando a Mario González durante el interrogatorio es él. Aparece de pie al lado derecho del plagiado; otro es Pinky, quien se ubica al lado izquierdo; Alonso está justo atrás; y en medio están El Güerito y Luis.
El Cora también declaró que quien interrogó a Mario es su hermano Eduardo Alexander Ibarra Castellanos. La grabación, dijo, se hizo en la casa de seguridad. Terminada la sesión, las paredes de la habitación se pintaron de azul.
Según él, sus compañeros le ordenaron cavar una fosa en un predio en la periferia de la ciudad de Chihuahua. Al regresar, Mario fue ejecutado con lazo y un pedazo de madera. Le aplicaron un torniquete hasta asfixiarlo. En seguida lo subieron a una Dodge Nitro gris y lo llevaron a la fosa.
El jueves 4 la reportera se comunicó con la exprocuradora y ella envió un documento la madrugada del viernes 5 en el que explica:
“El cuerpo localizado aún no puede identificarse por los medios de prueba ordinarios, ya que fue localizado con el proceso de putrefacción en curso; por lo tanto, su rostro y demás peculiaridades físicas han desaparecido y no puede afirmarse que se trata de mi hermano, porque no existen elementos de prueba que lo corroboren. La familia y tu servidora pediremos la aplicación de la técnica del ADN con el objeto de tener la prueba técnica científica necesaria para conocer sobre la identidad de una persona en avanzado estado de putrefacción.
“Por el momento, sólo se encontró un cadáver (…) Toda esta información está en el ámbito especultativo. Se requiere de la intervención del Laboratorio de Genética Forense, su proceso para establecer la identidad de las personas dura aproximadamente 24 horas.
“Considero que debemos permanecer a la expectativa, hasta en tanto la autoridad competente, en este caso el área de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, que se formó con el sistema penal acusatorio, auxilie en la notificación a la familia sobre el resultado de la técnica de ADN. Aunque algunos en tono burlesco digan que no tiene cabida la prueba técnica científica. En estos casos resulta indispensable y determinante para la identidad de una persona. Mañana proporcionaremos la muestra biológica para que sea cotejada con el perfil genético del cadáver. Sólo resta esperar...”
Los enconos de octubre
El mes pasado, Reyes Ferriz y Patricia González se lanzaron invectivas en las que se acusaban del fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH). En entrevistas por separado recogidas por este semanario (Proceso 1771 y 1774), ambos hablaron incluso de la corrupción que priva en los cuerpos policiacos estatales, municipales y federales y de la protección que los uniformados dan a los cárteles de Juárez y de Sinaloa en territorio juarense.
Los diferendos se activaron el 5 de octubre último. Ese día, a través de su área de prensa, Reyes Ferriz ofreció una entrevista a esta reportera para, dijo, hacer un balance del OCCH y de la recomposición de los cárteles en Juárez. El encuentro se realizó al día siguiente, al término del último informe de gobierno del alcalde juarense.
Durante la plática, Reyes Ferriz soltó: “La guerra emprendida en esta frontera en contra del narcotráfico es un fracaso. El gobernador José Reyes Baeza confundió mi solicitud de cooperación al gobierno federal para combatir al narcotráfico como una estrategia política para llegar a la gubernatura, cuando no lo era. En represalia, nunca apoyó el operativo; por si fuera poco, la procuradora del estado, Patricia González, liberó a más de 9 mil 500 delincuentes de 10 mil que pusimos a disposición. La impunidad lleva al fracaso” (Proceso 1771).
El 15 de octubre, ya publicada la entrevista con Reyes Ferriz, a través de un intermediario, la exprocuradora pidió una oportunidad para dar su propia versión. Incluso viajó a la Ciudad de México y acudió a las oficinas de este semanario para platicar con la reportera. El encuentro se realizó el 18 de octubre. Era lunes.
Tres días después, el 21 de octubre, Mario González fue levantado por un comando. Aún no se conocía la versión de Patricia González, que se publicó el 24 de octubre.
“Fue el gobernador José Reyes Baeza quien solicitó la intervención del gobierno federal en Ciudad Juárez (y no Reyes Ferriz). Además, asegura que el estado aportó 270 millones al OCCH como gasto extraordinario, mientras que el municipio (de Ciudad Juárez) asignó 400 millones de pesos de su gasto operativo normal”, declaró la entrevistada (Proceso 1774).
Luego, tras hacer un diagnóstico de las estructuras delictivas de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, Patricia González comentó que en Chihuahua, las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de sobrevivir el cártel de Juárez, se consolidó en la ciudad fronteriza la organización que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
También afirmó que Reyes Ferriz ni siquiera pudo disminuir la violencia en la ciudad durante su gestión; incluso atribuyó esa situación al “error” de sacar al Ejército de las calles de Juárez y sustituirlo por elementos de la PF.
La reportera le comentó que se le implicaba en el asesinato del reportero Armando Rodríguez, El Choco, del Diario de Juárez, ocurrido el 13 de noviembre de 2008, y que en el municipio de Namiquipa una persona afirmó que ella contrató a policías para realizar ejecuciones y que se le señalaba como protectora del cártel de Juárez. Patricia González rechazó esas versiones.
Dijo que esa organización y la que lidera Vicente Carrillo Fuentes lograron infiltrar a las policías municipales, la estatal y la federal. Y dio nombres y mencionó casos concretos de elementos que apoyan al cártel de Juárez y los pagos que reciben por sus servicios.
El 22 de octubre, el día posterior a la desaparición de su hermano Mario, la exprocuradora presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, la esposa del desaparecido recibió una llamada en la que los presuntos plagiarios le dijeron que debía pagar 500 mil dólares para que su marido recuperara la libertad. El fin de semana siguiente, el silencio.
La madrugada del día 25 aparecieron varias mantas en la ciudad de Chihuahua. La del puente de la vialidad Nogales y calle Alfonso Sosa tenía el siguiente mensaje:
“A las autoridades y público en general, no se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados por los (ilegible) del cártel de Sinaloa…”; la otra, en el puente de Periférico de la Juventud y calle Ignacio Rodríguez, rezaba: “Qué pasó, Noel Salgueiro, para qué secuestraste al Lic. Mario González…”.
De forma casi simultánea, en la página electrónica youtube se difundió un video de 9.56 minutos en el que se observa a cinco encapuchados que custodian al secuestrado mientras es interrogado. Todos visten uniforme tipo militar y portan armas largas. La edición 1774 de Proceso aún no se distribuía en Ciudad Juárez.
Ese mismo 25 de octubre, Patricia González solicitó a la agente del Ministerio Público federal Damaris Baglietto Hernández realizar un análisis criminalístico de los cubículos de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua porque, dijo, el lugar donde fue grabado el video tiene características “peculiares” e “idénticas” al edificio donde se ubican las oficinas del Ministerio Público estatal y la Agencia Estatal de Investigación; también solicitó que peritos en dactiloscopia buscaran huellas de calzado, manchas de sangre, saliva, sudor en estas instalaciones.
Dos días después, personal del MP federal realizó un recorrido por los centros de Cuauhtémoc y Parral. A las 15:30 horas del 27 de octubre en youtube apareció la segunda parte del videointerrogatorio, en el que Mario González enumera varios asesinatos y da los nombres de los presuntos ejecutores. Dijo, por ejemplo, que El JL y otro sicario conocido como El Mónico murieron en dos enfrentamientos. En la primera parte del interrogatorio Mario González había declarado, que El JL no había muerto en un enfrentamiento en Culiacán.
Piezas sueltas
El 28 de octubre, en una segunda entrevista, Patricia González dijo que el día anterior pidió a las autoridades que citaran a comparecer a los titulares de las ocho dependencias que durante dos años y medio participaron en el OCCH.
La exprocuradora mencionó al coordinador del programa, general Felipe de Jesús Espitia; al secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos; a Conrado García y a Eddie Robles, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); al titular de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa (Unito) en Ciudad Juárez, Arnoldo Cristerna; al secretario de Seguridad Pública Municipal, general Julián David Rivera Bretón; al comisario coordinador operativo de la PF, Vidal Díaz Leal Ochoa; el subprocurador de Justicia de la Zona Norte, Alejandro Pariente, así como a Gustavo Zabre y a Javier Torres Cardona (Proceso 1774).
Dijo también que contaba con el apoyo de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), pero lamentó que la Sedena se lo regateé: “El personal de la Unito, ubicada en el interior de la V Guarnición Militar en Ciudad Juárez, sabe perfectamente quién tiene a mi hermano y cómo ubicar al grupo para rescatarlo. “Ellos (el Ejército) detuvieron a personas relacionadas con ésta célula, saben dónde viven y cómo se llaman quienes usan los seudónimos de elquitapuercosenchihuahua y elpumaoriginal”.
Proceso intentó entrevistar al exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, a su sucesor, César Duarte, así como al exalcalde de Ciudad Juárez. No tuvo respuesta en ninguno de los tres casos.
El 29 de octubre, la Agencia Noticiosa del Centro (ANC), con sede en Aguascalientes, informó que Fernando Ornelas, excoordinador operativo del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), fue ejecutado junto con su hermano Calixto. En la segunda parte de su interrogatorio, Mario González señaló que Fernando Ornelas estaba coludido con el cártel de Juárez, al igual que el titular de esa dependencia, Saúl Hernández.
Fernando llegó al Cipol en 2006, invitado por el director del centro, Raúl Grajeda Domínguez; antes había laborado como policía municipal bajó el mando del mismo Grajeda Domínguez.
El jueves 4, medios de comunicación de Ciudad Juárez informaron sobre el enfrentamiento de agentes federales con sicarios en el fraccionamiento Paseos de Chihuahua la noche anterior, que terminó con la detención de ocho sicarios. El Diario de Juárez informó que de manera extraoficial se había mencionado a Jorge Gutiérrez Corral, El Chule, quien fungió como coordinador del Cipol cuando el organismo era dirigido por Grajeda Domínguez. El Chule se dio de baja en 2006.
A principios de año, Grajeda Domínguez publicó el libro Seguridad Pública en México, callejón sin salida, en el que calificó a César Duarte como candidato de “legítimo orgullo”; asimismo, señala que Patricia González y Baeza Terrazas de presuntos nexos con el cártel de Juárez.
El jueves 4, poco antes de que se localizara el cuerpo del secuestrado, la PGR determinó que “por su complejidad” e “impacto social”, atraería el caso de Mario González Rodríguez (AP/PGR/CHIH/CHIH/3093/2010-B). Horas después el rumor sobre la ejecución del hermano de la exprocuradora cobró fuerza.
El viernes 5, en su conferencia mañanera, el comisionado de la PF, Facundo Rosas, no habló sobre la presunta detención del Chule. Proceso buscó de nueva cuenta a la exprocuradora para conocer su opinión. Hasta las 20:30 horas de ese día respondió que aún no tenía ninguna confirmación oficial sobre la muerte de su hermano.
Alrededor de las cinco de la tarde del mismo viernes 5, la reportera se volvió a comunicar con Patricia González. Poco después envió un mensaje escueto: “Las autoridades deben responder. Nosotros somos víctimas…”. l
La “cabañita” presidencial
El presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, no pudieron seguir ocultando más tiempo información relacionada con sus propiedades, concretamente de sus terrenos y casas en la Ciudad de México y en Ayapango, Estado de México. A raíz de una investigación de Proceso sobre los bienes no declarados de la pareja presidencial, el mandatario se sintió obligado a divulgar por internet una parte de los faltantes. Además, un comentario público de Calderón ante empresarios permitió confirmar la existencia de su “cabañita” de Ayapango, como él la llama. El caso es que conforme pasan los años del sexenio sus propiedades y la de su esposa siguen creciendo y creciendo…
AYAPANGO, MÉX.- El pasado 29 de septiembre, en una comida con empresarios, Felipe Calderón admitió que es dueño de una “cabañita”. El mandatario se refirió así a lo que en realidad es un lujoso chalet de 255 metros cuadrados construido en un terreno de poco más de cuatro hectáreas comprado por él y su esposa, Margarita Zavala, en este municipio, ubicado al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
Desde hace aproximadamente 15 años los Zavala Gómez del Campo –suegros de Calderón– echaron raíces en este pueblo, donde han comprado varios predios. Pero pocos de los habitantes de esta comunidad mexiquense saben que, de manera discreta, esa familia y Felipe Calderón han ido aumentando el tamaño de sus parcelas hasta alcanzar una extensión de más de 41 mil metros cuadrados.
Ambas familias compran las tierras a precio de ganga: entre 2.76 y 10.41 pesos el metro cuadrado, pero datos del ayuntamiento de Ayapango indican que los predios rurales se cotizan en 65 pesos por metro cuadrado en promedio.
En cuatro declaraciones patrimoniales –las de 2007, 2008, 2009 y 2010– Calderón no reportó la compra de los terrenos ni la construcción de la “cabañita”; 70% de éstos se hallan a nombre de Margarita, y el resto al de su esposo.
Una casa creciente
El marzo último, Proceso (número 1741) reveló las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Calderón: durante los cuatro años referidos no reportó varios bienes inmuebles adquiridos en la Ciudad de México escriturados a nombre de Margarita Zavala. De esta manera, las inversiones de la pareja crecieron hasta 11 veces respecto a lo que tenía antes de mudarse a Los Pinos.
Vista desde el exterior, la vieja casa familiar del número 8 de Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, es la misma desde que Calderón era precandidato. Pero puertas adentro se revelan nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa –de 234 metros cuadrados– marcada con el número 9 de esa calle.
Pero eso no es todo. La familia tiene otra propiedad, de tres pisos, en el número 227 de la misma privada, con media cancha de baloncesto, una pequeña bodega y estacionamiento para tres o cuatro autos. Todos estos predios están interconectados.
Ante la información publicada por este semanario, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, asumió la responsabilidad de haber eliminado de las declaraciones los bienes a nombre de Margarita Zavala en la Ciudad de México para proteger sus datos personales (Proceso 1753). Poco o nada se sabía entonces de los terrenos en Ayapango.
La revista solicitó entonces la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Pero antes de que esta instancia emitiera una resolución, el pasado 7 de junio Calderón y Zavala se adelantaron a un eventual fallo adverso y autorizaron que la lista completa de sus bienes fuera puesta, por primera vez, en internet.
A partir de ese momento reconocieron que son dueños de las casas y los terrenos comprados en la Ciudad de México, y por otra parte pudieron conocerse algunos datos sobre los predios adquiridos por Zavala en Ayapango.
El formato usado por la SFP para transparentar las declaraciones patrimoniales no permite trazar un mapa de las hectáreas de la familia Calderón Zavala. Los datos inscritos están desarticulados y corresponden al Registro Público de la Propiedad en Chalco, Estado de México.
Hace más de dos semanas Proceso solicitó al ayuntamiento de Ayapango acceso a la licencia de construcción, al permiso para fraccionar parcelas y a la autorización para modificar los límites del predio de Margarita. Las autoridades municipales no respondieron, y por lo tanto violaron el plazo de 15 días hábiles previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México.
Pero fue el propio mandatario quien ofreció las pistas para dar con su casa de descanso. Durante la citada comida con empresarios reveló que en “una cabañita” le había salido “carísimo” instalar celdas solares y aerogeneradores.
En esa ocasión, en el marco del Foro de Eficiencia Energética, el presidente dijo haber sentido en carne propia lo que significó instalar un sistema adecuado para no dañar al medio ambiente. “Tenemos que avanzar en incentivos fiscales. No podemos dejar de reconocer que el costo de la energía renovable, particularmente la individual, es tremendamente alto”, sentenció.
Sin embargo, no reveló cuánto tuvo que desembolsar para equipar su chalet. Proceso solicitó a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia información sobre lo que ya el propio mandatario había adelantado. Pero hasta el cierre de esta edición la responsable del área, Alejandra Sota, no había respondido.
Especialistas de Greenpeace México consultados por el reportero estiman que Calderón pudo haber pagado alrededor 100 mil pesos por un aerogenerador y las celdas solares a fin de suministrar la energía necesaria para 255 metros cuadrados de construcción.
Terreno fragmentado
Los últimos días de agosto de 2007, poco antes de su primer informe de gobierno, Calderón entró en contacto con uno de los arquitectos más prestigiados de México, Lucio Muniain, a quien le encargó el proyecto para construir una cabaña en Ayapango. En su primera declaración patrimonial el mandatario no reportó compras de terrenos en ese municipio.
En diciembre de ese mismo año el presidente rechazó el diseño propuesto; quería algo menos ostentoso, según revela a Proceso el arquitecto Muniain, quien además dice desconocer cuál de sus colegas fue el encargado de construir la casa de descanso de la familia Calderón Zavala, que se ubica a hora y media en automóvil de la Ciudad de México.
El terreno de más de cuatro hectáreas fue comprado en cuatro partes, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Chalco, cabecera distrital a la que pertenece Ayapango. El 16 de agosto de 2007 –cuando el presidente buscaba un arquitecto– Margarita Zavala se presentó en las oficinas de catastro para regularizar sus predios: por primera vez reconocía ante las autoridades ser propietaria de ellos.
De acuerdo con el expediente 8248/166/07 la esposa del presidente Calderón dio de alta en el sistema catastral mexiquense un terreno de 8 mil 631 metros cuadrados llamado Acozac, en el paraje San Miguel.
El contrato de compra-venta –del que Proceso tiene copia– no señala fecha ni otros datos que permitan establecer el día en que se firmó. En la lista patrimonial de Calderón subida a internet se indicó que el predio fue comprado el 23 de febrero de 2007. El vendedor fue Juan Martínez Martínez, un vecino de San Juan Coxtocan, municipio de Tenango del Valle, contiguo a Ayapango, quien recibió 30 mil pesos como pago. Es decir que cada metro cuadrado costó 3.47 pesos.
Actualmente el valor de los predios rurales en este municipio ronda los 65 pesos el metro cuadrado, según datos proporcionados por el ayuntamiento; pero en las cercanías de Acozac no hay autopistas, obras públicas, servicios o proyectos de inversión que justifiquen ese valor.
El mismo 16 de agosto de 2007 Margarita Zavala regularizó otro predio, de 10 mil 843 metros cuadrados, por el que desembolsó 30 mil pesos en efectivo a favor también de Juan Martínez Martínez. En esa segunda operación cada metro cuadrado costó 2.76 pesos, lo que significa una diferencia de 71 centavos entre ambas compras hechas en el mismo lugar, al mismo comprador y al mismo tiempo, según se desprende de los expedientes 295 y 296 del volumen 456 del Registro Público de la Propiedad de Chalco.
El chalet de la familia Calderón Zavala fue construido en alguna parte de estos dos predios, por los que la esposa del presidente pagó 60 mil pesos. En contraste, Felipe Calderón tasó estos terrenos en 1 millón 38 mil 57 pesos, indica la declaración patrimonial, modificada apenas el pasado 7 de junio, luego de la investigación de Proceso.
El chalet se encuentra a cinco minutos en automóvil de la hacienda San Andrés, que ha sido rentada para grabar telenovelas, como Eternamente tuya producida por Televisión Azteca, y que opera como hotel de cinco estrellas.
Uno de los propietarios de ese establecimiento, Vicente Silva Lombardo, vendió a Margarita Zavala 9 mil 805 metros cuadrados por 100 mil pesos, de acuerdo con los datos del expediente 554, volumen 169, libro 1 del Registro Público de la Propiedad de Chalco. Esto significa que cada metro cuadrado le costó 10.19 pesos a Margarita, quien no percibe salario alguno como presidenta nacional del DIF. No obstante en 2009 ganó 486 mil 44 pesos, de acuerdo con la versión más reciente de la declaración patrimonial de Calderón, sin que se den más detalles al respecto.
Los vecinos de este último predio son Mercedes Gómez del Campo y Mónica Zavala Gómez del Campo, madre y hermana, respectivamente, de la esposa del mandatario. Otros de los terrenos colindantes pertenecen al gobierno federal. Las autoridades del ayuntamiento de Ayapango dicen desconocer qué se pretende edificar ahí o qué utilidad se le podría dar en el futuro a esas tierras.
En julio de 2008 un vecino de la popular colonia Moctezuma en la Ciudad de México, Ramón Rodríguez Flores, vendió a Felipe Calderón un predio de 12 mil 477 metros cuadrados en el paraje San Miguel, en Ayapango, por 130 mil pesos.
Esta transacción se registró ante las autoridades municipales un mes después, cuando faltaban pocos días para el segundo informe de gobierno. El precio por metro cuadrado en esta ocasión fue de 10.41 pesos.
En la última modificación de su declaración patrimonial Calderón estimó el valor de estos terrenos –que suman 41 mil 756 metros cuadrados– en 1 millón 268 mil 257 pesos. Esto sin que se cuantifique la inversión hecha en energía limpia o renovable mediante la instalación de celdas solares y aerogeneradores. l
Las mentiras de César Nava
Las maniobras ocultas del aún presidente del PAN, César Nava, lo han colocado en el centro de varios escándalos, bajo sospecha de corrupción y embustes. Su más reciente mentira: asegurar que logró una afiliación de casi 400 mil nuevos miembros a su partido. Quienes desmienten al ambicioso alfil de Felipe Calderón son las cifras de su propio instituto político…
MÉXICO, D.F., 9 de noviembre (Proceso).- Apoyado en miembros de la farándula como la cantante Patylú, que ya es su esposa, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, lanzó hace un año una campaña para afiliar a por lo menos 300 mil nuevos militantes, y dos semanas después, el 6 de diciembre, se ufanó de haber superado “por mucho” esa meta.
“Al cerrar la campaña de afiliación, hoy 6 de diciembre, comparto con ustedes la alegría de anunciar que no solamente hemos cumplido la meta, (sino) la hemos rebasado por mucho y hemos recibido en estos 15 días a 371 mil 377 nuevos militantes de Acción Nacional”, informó, eufórico, a dirigentes y militantes panistas.
Pero las propias cifras oficiales del PAN demuestran que se trata de una mentira: se afiliaron apenas 81 mil ciudadanos, una quinta parte de lo pregonado por Nava.
En efecto, al principio de la campaña nacional de afiliación denominada “Entra en acción”, que inició el 22 de noviembre y concluyó el 6 de diciembre de 2009, el PAN tenía registrados un millón 50 mil militantes adherentes, aseguró el entonces secretario general adjunto y actual secretario general, Alfredo Rivadeneyra.
Según las cifras del Registro Nacional de Miembros (RNM) del PAN, actualizadas hasta el 27 de octubre de este año, sólo están dados de alta como adherentes un millón 131 mil 866 ciudadanos, es decir, apenas 81 mil 866 militantes más de los que había al iniciar la campaña.
De haberse incorporado al padrón del PAN los 371 mil 377 ciudadanos que aseguró Nava, la cifra total ascendería a un millón 421 mil 377 adherentes, denominación que se le da a los militantes recién afiliados o que no se han convertido en activos.
Y si se cotejan las cifras proporcionadas por Rivadeneyra hace un año y las actuales, que se pueden consultar en el padrón del PAN, hay un faltante de casi 300 mil registros o de afiliados presuntamente fraudulentos.
Estas cifras no incluyen a los militantes activos, que en un año observaron una modificación marginal, al pasar de 278 mil al inicio de la campaña –misma cifra desde diciembre de 2008– a 281 mil 222 hasta el pasado jueves 5.
Así, si se hubiesen afiliado al PAN los casi 400 mil nuevos ciudadanos que afirma Nava, los militantes activos y adherentes sumarían un millón 691 mil 377 y no un millón 414 mil 435 que registra actualmente el padrón panista.
Las cifras tampoco cuadran en los estados, donde se instalaron 895 módulos de afiliación, 237 más de los previstos originalmente, en cada uno de los cuales se habrían afiliado en promedio 415 nuevos militantes, 28 en cada uno de los 15 días que duró la campaña.
Por ejemplo, el presidente del PAN en Guanajuato, Fernando Torres Graciano, aseguró al finalizar la campaña que se afiliaron 40 mil nuevos militantes adherentes en el estado, pero la cifra registrada en el RNM, al 15 de octubre, ascendía a 11 mil 683 adherentes, la mitad de los que tenía ese partido en el estado en 2008, según ese mismo padrón.
Otro caso es Veracruz, cuyo comité estatal aseguró haber afiliado a 38 mil nuevos militantes, pero en 2008 contaban con 102 mil 13 adherentes y, al 27 de octubre de 2010, sumaban sólo 110 mil, es decir, existe una diferencia de apenas 8 mil.
Un caso más es Puebla: el PAN informó que en la campaña convocada por Nava afilió a 17 mil 558 ciudadanos, pero en 2008 el padrón de adherentes era de 59 mil 350 y ahora es de 61 mil 252: sólo 2 mil registros más.
En Tabasco ocurrió lo mismo: el PAN estatal aseguró haber afiliado a 4 mil 200 militantes, pero actualmente suma 23 mil 853 adherentes, apenas 3 mil más que los 20 mil 795 que tenía en padrón de 2008.
Eso mismo pasa en cada uno de los estados. Las cifras actualizadas, a un año de la campaña de afiliación lanzada por Nava, no corresponden a lo que oficialmente se informó.
Según el RNM, hasta diciembre de 2008 el total de militantes activos ascendía a 278 mil 109, mientras que los adherentes sumaban un millón 37 mil 73, para un total de un millón 315 mil 182. Ahora, el padrón actualizado hasta octubre suma 281 mil 396 panistas activos y un millón 133 mil 39 adherentes para un total de un millón 414 mil 435.
Así, siempre de acuerdo con las cifras oficiales, la estrategia de Nava fue más un golpe publicitario para sumar al PAN a figuras del espectáculo y del deporte que un mecanismo eficaz para incrementar auténticamente su membresía.
“La casita de Patylú”
Desde que arrancó la campaña nacional de afiliación denominada “Entra en acción”, y hasta que concluyó dos semanas después, Nava se hizo acompañar de personajes del espectáculo y del deporte, como la cantante Mariana Ochoa, quien fue la primera en afiliarse en una fastuosa ceremonia en la sede nacional del PAN.
Luego se incorporaron actores como Jorge Lavat y Alfredo Adame, así como los deportistas Aarón Gordián, Premio Nacional del Deporte, el exfutbolista Germán Tello, el corredor José Luis Barrios y el luchador Atlantis, cuya identidad quedó en secreto.
Un día después del inicio de la campaña, también en la sede nacional del PAN, se afilió la cantante Patricia Sirvent Bartón, conocida en la farándula como Patylú, quien ese mismo día obtuvo el registro SIBP830306MDFRRT00 como adherente, con domicilio en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde vivía con sus padres.
Repentinamente Patylú se convirtió en activista del PAN y como tal ofreció, el domingo 29 de noviembre, un concierto denominado “La casita de Patylú” en el teatro al aire libre Ángela Peralta, ubicado en la colonia Polanco, justamente a unas calles donde, meses después, Nava le compró un departamento cuyo precio en el mercado es de entre 15 y 20 millones de pesos.
Con la revelación de esta compra por la revista de espectáculos Nueva, en septiembre pasado, estalló un escándalo por la súbita bonanza económica de Nava, quien está bajo sospecha de corrupción, debido a que se trata de un inmueble que no pudo haber comprado ni siquiera con todo lo que ha cobrado en el sexenio de Felipe Calderón, mismo que inició con una deuda de 4 millones de pesos.
La nueva propiedad de Nava está ubicada en el piso 13 del edificio de la calle Rubén Darío esquina con Lamartine; cuenta con alberca, sauna, jacuzzis, salón de fiestas, jardín y área para juegos infantiles, y tiene vista privilegiada al bosque y al Castillo de Chapultepec. Está en una de las zonas más caras de la Ciudad de México.
Tal como ocurre con la campaña de afiliación, las cifras de los ingresos para adquirir “la casita de Patylú”, con quien contrajo matrimonio en la emblemática fecha del 2 de octubre, tampoco cuadran, pese a que en un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN aseguró que el lujoso departamento de 335 metros cuadrados le costó sólo 7 millones 250 mil pesos.
No obstante, durante casi dos años como secretario particular de Calderón y un año como diputado federal cobró, sólo en sueldos, poco más de 4 millones 500 mil pesos, aunque al iniciar el sexenio tenía una deuda de 4 millones 100 mil pesos por haber comprado, en agosto de 2006, una casa donde vivía con su anterior familia.
Este escándalo se sumó a otro, en febrero, cuando la renuncia de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación sacó a flote la firma de un convenio con Beatriz Paredes, homóloga priista de Nava, para proscribir una alianza del PAN con la izquierda en las elecciones del Estado de México, en 2011, a cambio de aumentar impuestos como el IVA.
El pacto con Paredes y Enrique Peña Nieto, del que supuestamente Calderón no sabía, exhibió a Nava como un mentiroso, aunque éste lo aprovechó para aliarse con el perredismo en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, cuyos triunfos atenuaron la pérdida de las gubernaturas de Tlaxcala y Aguascalientes, así como una debacle de alcaldes y diputados en Baja California.
El presidente del PAN, quien dejará el cargo el 4 de diciembre, ha estado antes bajo sospecha de corrupción, particularmente en su gestión como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Vicente Fox, tal como lo documenta la Ana Lilia Pérez en el libro Camisas azules, manos negras, que menciona el tráfico de influencias de Juan Camilo Mouriño, elevando a rango de prócer del PAN.
De la inopia al caudal
Tomando como base las cifras de las propias declaraciones patrimoniales que Nava aceptó hacer públicas, particularmente la correspondiente a 2007, y los tabuladores de los cargos que ha ocupado, es posible presumir que la compra del departamento en Polanco perfila un asunto de corrupción.
En sólo cuatro años, Nava pasó de la inopia a la prosperidad, que se inició con la controvertida elección de 2006: en agosto de ese año, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no había dado como ganador a Calderón, Nava obtuvo un crédito hipotecario por 3 millones 100 mil pesos, que sumó a un “préstamo personal” por un millón de pesos para comprar una casa nueva.
Así, comenzó 2007 con una deuda de 4 millones 100 mil pesos, sin contar otros adeudos, como las tarjetas de crédito.
Respecto de sus ingresos, el puesto de secretario particular de Calderón era nivel HC2, equivalente a subsecretario de Estado, por lo que su sueldo bruto ascendía a 203 mil 564 pesos y, ya sin impuestos, a 143 mil 314. Durante todo 2007 percibió en total un millón 719 mil 768 pesos.
Al año siguiente, 2008, Nava sólo cobró un millón 576 mil 454 porque Calderón lo despidió en noviembre de 2008. En todo caso, en los casi dos años que estuvo en el gobierno pudo ahorrar, sin gastar absolutamente nada, un total de 3 millones 296 mil 222 pesos.
Después, durante diez meses, Nava no trabajó en nada y, en teoría, tampoco tuvo ingresos: de noviembre de 2008, cuando dejó la secretaría particular de Calderón, a agosto de 2009, cuando comenzó su gestión como presidente del PAN –en sustitución de Germán Martínez, actual jefe de campaña de Roberto Gil Zuarth, su socio en el despacho de abogados–, sólo hizo campaña como candidato a diputado federal.
Nava sólo cobró un mes de sueldo como presidente del PAN, el de agosto de 2009, porque aseguró que renunciaba a él y su ingreso sólo sería su dieta como diputado federal. Por ese mes cobró, según el tabulador de ese partido, 130 mil 352 pesos con 65 centavos netos.
Como diputado federal, Nava percibe un promedio de 100 mil pesos mensuales, que multiplicados por los 12 meses que lleva como tal, suman un millón 200 mil pesos.
De esta manera, si se suman todos esos ingresos de Nava, de enero de 2007 a septiembre de 2009, el resultado es el siguiente: cuatro millones 626 mil 574 pesos, apenas medio millón de más que el adeudo que tenía cuando comenzó el gobierno de Calderón.
Se trata de una cantidad acumulada sólo en el caso de que Nava no haya gastado absolutamente en nada, ni siquiera en la pensión que, al parecer, destina a los tres hijos que tuvo con María Covadonga Baños Ardavín y que durante 2007 y 2008, según sus declaraciones patrimoniales, ascendían a 400 mil y 500 mil pesos, respectivamente.
Ante los señalamientos de enriquecimiento inexplicable, presuntamente por corrupción, en particular cuando fue director jurídico de Pemex, Nava ha decretado un espeso silencio.
O bien se ha refugiado en la retórica, como la noche del jueves 5, en el homenaje del PAN a Mouriño (a dos años de su muerte en un avionazo no esclarecido plenamente), cuando se comparó con él:
“Atravesó y atravesamos con él los peores vendavales, los ataques más feroces, los arpones más filosos, las puyas más injustas.”
La Reserva Federal de EU: lecciones para México
MEXICO, D.F., 5 de noviembre (apro).- La espectacular medida anunciada el miércoles 3 por la Reserva Federal estadunidense de inyectarle 600 mil millones de dólares a la economía por la vía de comprarle al gobierno bonos del Tesoro con emisión primaria de dinero, estuvo precedida por una declaración no menos sorprendente –e insólita, por lo menos para lo que estamos acostumbrados a ver en México y en muchos países-- del jefe de la Fed.
Tres semanas atrás, Ben Bernanke había dicho que “la tasa de interés al 0% es muy alta dado el estado de la economía”. ¿Cómo es posible que una tasa del 0% pueda ser alta? ¿Qué significa esto? La Fed de Bernanke, la que actúa en este momento se enfrenta a un grave problema: su economía no se recupera con la rapidez que hace falta, lo que tiene varias implicaciones: la primera, es que la cantidad de desempleados no se reduce; segundo, los americanos están perdiendo mercados frente a sus competidores, sobre todo China; tercero, su predominio geopolítico y económico se está reduciendo.
Esto lo dijo el presidente del banco central estadunidense el 15 de octubre en una conferencia, en la que reflexionó sobre la situación actual de la economía estadunidense, en una reunión del Federal Reserve Bank de Boston, para discutir un tema clave para los banqueros centrales: ¿qué hacer con la política monetaria cuando se enfrenta un ambiente de baja inflación, en condiciones en las que hay un crecimiento económico anémico, pese a que el gobierno aplicó 800 mil millones de dólares en estímulos fiscales desde 2009? Esto es importante porque el grupo de personas que dirige la red de bancos que conforman el Sistema de la Reserva Federal discute lo que debe hacerse cuando uno de los principales riesgos de la economía no es la inflación, sino la deflación.
Esta reflexión de Bernanke tiene dos ejes de la mayor importancia y que resultan muy aleccionadores para lo que hace en nuestro país el Banco de México, que comanda Agustín Carstens El primer eje del análisis se ubica en el mandato legal del banco central estadunidense y el segundo establece las perspectivas próximas de la economía. El mandato legal de la Reserva Federal es doble: buscar el máximo nivel de empleo y la estabilidad de precios. No tiene la ingenuidad de pretender que la única tarea de un banco central es reducir la inflación y que, a través de su control, se fomente el crecimiento y la creación de empleos.
La Reserva Federal estadunidense, por lo menos en términos de su obligación legal, no sucumbió a las oleadas del maremoto neoliberal, en las que se impulsó que los bancos centrales se concentraran exclusivamente en combatir la inflación a través de acciones de política monetaria. La política monetaria se lleva a cabo determinando la cantidad de dinero que se emite, definiendo las tasas de interés de referencia y con operaciones de mercado abierto, en las que se venden papeles financieros o se compran; es decir, retirando o inyectando dinero al mercado financiero. La Fed no sólo hace eso. Por mandato legal también se ocupa de supervisar el funcionamiento de las empresas financieras, aunque no necesariamente sea eficiente al hacerlo, como lo muestra la crisis bancaria que hemos vivido desde hace tres años.
Para la Fed, mantener los precios controlados no significa despreocuparse de la evolución de variables básicas en el funcionamiento de una economía que produce bienes y servicios para las personas. El otro propósito de la Fed, establecido en sus documentos legales, es buscar el máximo empleo posible. Máximo empleo y mínima inflación, objetivos que no son contradictorios sino complementarios. Estos objetivos para ese banco central tienen las siguientes metas: alcanzar una tasa de desempleo sostenible en el largo plazo y una tasa de inflación consistente con su mandato legal.
La primera meta alude al logro de una tasa de desempleo que puede mantenerse en el largo plazo, sin generar presiones al alza o a la baja de los precios. Esta meta lo que plantea es que el banco central tiene que proponerse que, a través de sus decisiones sobre la tasa de interés, sea posible estimular la creación de empleo. La Fed no puede olvidar que subir la tasa de interés para detener las expectativas de posibles incrementos futuros de precios, puede detener proyectos de inversión capaces de generar cientos de nuevos puestos de trabajo. La segunda meta remite a la tasa de inflación que promueve los dos objetivos de la Fed.
Bernanke plantea una idea importante: la meta de inflación que se proponen no es que los precios no aumenten; es decir, no es cero, la meta es una inflación compatible con la creación de empleo, con un cierto ritmo de crecimiento económico. Así que la política de la Fed es conseguir una tasa de inflación y una tasa de desempleo que pueden ser mayor que cero.
En nuestro caso, en el salinato el Congreso modificó el mandato legal del Banco de México estableciéndole un objetivo único: la estabilidad de precios, el control de la inflación. Eso implicó que el Banco de México abandonara sus funciones de supervisión bancaria y de ejecutor de las políticas económica diseñadas por los gobiernos para fomentar el crecimiento económico. Así que, con una mayoría conformada por priístas y panistas, en un Congreso dócil, modificaron la Ley del Banco de México, dejándole al cuidado exclusivo de que la inflación se mantuviera bajo control.
Pudiera aceptarse que de algo ha servido que Banxico se haya ocupado de luchar contra la inflación. Sin embargo, en medio de una crisis que no termina, con una recuperación muy modesta que no ha logrado reducir las tasas de desempleo, es obvio que también hay que ocuparse de que no se pierdan más empleos y que haya nuevos puestos de trabajo sin que eso afecte la inflación. Precisamente como lo hace el banco central estadunidense. Así que habría que convencer a diputados y senadores de que deben modificar el mandato del Banco de México.
En el “Informe sobre la inflación” correspondiente al periodo julio-septiembre de 2010, que acaba de hacer público el Banco de México, se dice que, aunque la inflación sigue por arriba de la meta del 3%, presenta una trayectoria descendente. Esto se debe a que: la masa salarial ha registrado variaciones anuales negativas, porque el desempleo, la subocupación y la informalidad siguen elevados, lo que ha moderado las alzas salariales; es decir, que lo que los trabajadores reciben de sueldos y salarios se ha reducido en términos reales; la capacidad instalada en la industria manufacturera no alcanza los niveles de utilización de antes de la crisis; porque el crédito bancario al sector privado sigue bajo. Su conclusión es que por el lado del gasto no hay presiones inflacionarias.
Sin embargo, como la trayectoria de la inflación sigue por arriba de la meta que ellos mismos establecieron, el Banco de México mantiene su objetivo de una tasa de interés interbancaria de 4.5%. La decisión de la Junta de Gobierno de Banxico, a diferencia de lo que está proponiendo en este momento su equivalente estadunidense, es que con los instrumentos a su alcance ellos sólo se interesan en que la inflación se ajuste a la banda de 3% más o menos 1%. No es que no puedan hacer otra cosa; es que deciden privilegiar una. Por eso es fundamental cambiar su propósito único, para que con sus decisiones se ocupen también de la creación de empleos, de la economía informal, de los desempleados.
El otro eje del texto de Bernanke es definir las acciones que debe proponerse el banco central, a partir de previsiones fundamentadas sobre las perspectivas de largo plazo de la economía. Para Estados Unidos, esas previsiones señalan que la recuperación será relativamente lenta y que, en consecuencia, de modo que la tasa de desempleo descenderá muy lentamente. Por lo que respecta a la inflación lo que se estima es un riesgo importante de deflación.
Frente a esto, la Fed ya no tiene margen para actuar reduciendo las tasas de interés; por ello se propone acciones no convencionales. Estas acciones no convencionales acaban de decidirse: la Fed comprará 600 mil millones de dólares en valores de largo plazo de la Tesorería estadunidense, en desembolsos de 75 mil millones mensuales. La Fed inyectará el equivalente al 4.1% de su enorme PIB, adicional a lo que ya ha agregado en los meses recientes. Dinero fresco para fomentar que la recuperación sea más rápida y puedan reducirse también más rápidamente los millones de desempleados. Esto es congruente con su mandato.
La Fed no puede reducir más las tasas, pero cuando las tasas están arriba de ese cero puede hacerse mucho. El Banco de México no piensa así: ha decidido no hacer nada al mantener en 4.5% la tasa, cuando tendría que proponerse medidas para contrarrestar riesgos sobre el crecimiento porque el entorno económico internacional evoluciona desfavorablemente y porque el gasto de los mexicanos en consumo e inversión es muy bajo.
La medida obvia es precisamente reducir esa tasa de referencia. Si Banxico la redujera medio punto, eso se convertiría en un estímulo general, ya que se abarataría uno de los costos que paga toda la economía: el costo del dinero. Pero no, Banxico mantiene su postura y no hay quien pueda impedirlo.
o_selley2001@yahoo.com
Salinas y Negroponte: negociaciones non santas
MÉXICO, D.F., 2 de noviembre (apro).- El pasado martes 26 de octubre, durante su participación en la “cumbre de negocios” organizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en Toluca, el exembajador de Estados Unidos en México, John Dimitri Negroponte, sorprendió a todos con una revelación que pasó desapercibida en los medios televisivos, pero no en algunos medios impresos, como La Jornada.
Negroponte rememoró que durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), fue el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quien ofreció a la contraparte de Estados Unidos abrir el sector energético, especialmente la explotación de hidrocarburos, a la inversión externa.
“Hubo una conversación en San Diego. El presidente Salinas dijo: ‘¿Por qué no incluimos, o permitimos como parte del TLC, inversión extranjera en el sector energético?’”, relató Negroponte, un diplomático con fama de duro, considerado procónsul de Estados Unidos durante la guerra en Centroamérica y hombre clave del gobierno de George W. Bush entre 1989 y 1993.
“Herminio Blanco estaba presente y él se acuerda muy bien de esta historia”, abundó Negroponte durante su estancia en México, según la nota firmada por Roberto González Amador. En esa misma conferencia, el exembajador, perteneciente a la corriente de Henry Kissinger, afirmó que después del ofrecimiento de Salinas, él intervino para explicarle a Bush “las dificultades políticas para cambiar o modificar su política energética”.
Le dije que “incluso hay una festividad que recuerda la expropiación petrolera y que era una cuestión muy seria que se pensara incluir este tema; no había las condiciones políticas necesarias y la producción petrolera de México en ese momento era alta”.
Evidentemente, Negroponte se colocó en el papel de héroe en la historia, pero la revelación constituyó un golpe al corazón y a la imagen de nacionalista y “liberal-social” que el expresidente pretende ahora promover, en contraposición con los “neoliberales”.
Por supuesto, Salinas no podía dejar pasar el golpe. El pasado viernes 29 de octubre, la enigmática “oficina del licenciado Carlos Salinas de Gortari” envió a La Jornada una carta de “aclaración” para negar la revelación de Negroponte. Y para rechazar el dicho del exembajador, el exmandatario ¡se cita a sí mismo!
Es decir, remite a las páginas de su libro México, un paso difícil a la modernidad, el extenso mamotreto donde Salinas se presenta como un héroe de sí mismo.
Lo más divertido de la aclaración de Salinas es que repite el mismo método que utilizó para desacreditar a su antecesor, Miguel de la Madrid, a quien acusó de tener lagunas mentales y demencia senil. Con su peculiar estilo insidioso, “la oficina del licenciado Carlos Salinas” afirma en su carta:
“Cabe destacar que a raíz de este incidente (el secuestro del médico Álvarez Machain, vinculado al caso de Enrique Camarena, exagente asesinado de la DEA), el señor Negroponte, presente en la reunión, se vio imposibilitado de rendir una explicación satisfactoria tanto a su jefe como al gobierno mexicano; se vio también en una situación en la cual no pudo argumentar su posición, dada la energía que el presidente Salinas y su equipo demostró en las negociaciones, por lo cual quizá guardó un resentimiento por 20 años, que lamentablemente ahora está sacando a la luz con una versión distorsionada de la realidad, producto tal vez de su deficiente memoria, de su molestia, o de ambas cosas”.
En otras palabras, Negroponte habla por resentido o por desmemoriado. Y trata de manchar la “enérgica” posición de Salinas y su equipo durante las negociaciones del TLCAN.
El reportero Roberto González Amador aclara en su respuesta que el suceso relatado por Negroponte no fue en 1993, sino durante la reunión que Bush y Salinas sostuvieron en San Diego, en 1990. En esa época, el llamado “espíritu de Houston” predominaba en las relaciones bilaterales. Salinas se sintió arropado por el gobierno republicano y emprendió las negociaciones del TLCAN.
El diferendo entre Negroponte y Salinas no es menor. El único que podría terciar en esta polémica sería Herminio Blanco, negociador del TLCAN, o el propio George W. Bush.
Lo más probable es que, conociendo el método salinista de polemizar, el señor Blanco se “enferme” durante una buena temporada y guarde silencio, ya que difícilmente Bush padre hablará en torno a este sucesos.
Sin embargo, Salinas no se enfrenta a un enemigo menor. Negroponte es un hombre vinculado a los organismos de inteligencia norteamericanos, es un espía experimentado en guardar secretos, papeles, memorándums y otro tipo de juguetitos.
¿Por qué decidió revelar ahora, 20 años después, este episodio?
Quizá porque a través de Negroponte está hablando una comunidad de la inteligencia norteamericana que no quiere ver el retorno de Salinas a la política y a los negocios mexicanos. No en balde, las palabras de Negroponte fueron pronunciadas en Toluca, el territorio del principal precandidato priista a la presidencia y “ahijado” o protegido político de Salinas.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Salinas tendrá que cuidarse más, porque su intento de resurrección popular ya tiene varios tropezones. Primero fue su antecesor y luego Fidel Castro quien, desde Cuba, revivió para recordar que Salinas intentó hacer negocios en la isla caribeña y fue el gestor de los videoescándalos en contra de Andrés Manuel López Obrador, en 2004.
La historia persigue a Salinas. Y ahora se le juntaron dos polos opuestos: Negroponte y Castro. Y ninguno de ellos es como Luis Téllez, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el mismo que tuvo que desdecirse en 2009, cuando se conoció una grabación en la que afirmó que Salinas “se robó la mitad de la partida secreta”.
Pues sí: la fraudulenta Iniciativa México
MÉXICO, D.F., 8 de noviembre (apro).- Quizá sólo quienes se la pasaron pegados a la pantalla de televisión durante tres meses, teleadictos del más reciente talk show filantrópico ideado por Televisa y sus secuaces, podrían concluir sin vacilación que Iniciativa México “nos pertenece a todos” y que tras su conclusión, este domingo 7, la nación es otra. Pero el resto sabemos que, efectivamente, fue un fraude.
Una estafa, una más del entramado de intereses que preside Televisa.
Ni siquiera el aumento a los premios, que en el inicio contemplaba para el primer lugar la ridícula cifra de 2 millones de pesos y un millón para cada uno de los otros cuatro finalistas, pudo darle un significado distinto al de un espectáculo televisivo de impostada caridad.
El objetivo de Televisa, Televisión Azteca y los medios coludidos fue, desde el principio, muy claro: Hacer sentir otra vez de manera abierta su poder y, después de una inversión de 58 millones de pesos –con los que premiaron a 50 participantes--, garantizarse recursos del Estado para hacerse pasar por muy justicieros.
Y lo lograron: El modelito instaurado por Enrique Peña Nieto, quien la semana pasada hizo aprobar al Congreso local la entrega de 73 millones de pesos anuales hasta el 2022 al Teletón –otro invento de Televisa y sus secuaces--, ya fue imitado por Felipe Calderón, quien prometió entregar un peso por cada uno de los entregados por Iniciativa México a los ganadores y, como el gobernador del Estado de México, adelantó que para los concursos siguientes aumentará a dos pesos lo aportado por el gobierno.
Un aspirante presidencial que tampoco desaprovechó la cadena nacional de televisión para quedar bien fue el priista Manlio Fabio Beltrones, y retó a Calderón a financiar 100 proyectos de Iniciativa México con recursos gubernamentales.
Así, el poder mediático podrá disponer de recursos del Estado para su causa filantrópica a que palian lacras sociales, mientras encubre y justifica las políticas que las generan.
No podía ser de otro modo si los promotores de la Iniciativa México son los magnates que se han enriquecido con el despojo del patrimonio nacional, los monopolistas que aplastan cualquier competencia y que aniquilan cualquier intento que ponga en riesgo sus intereses.
Fue de risa ver a Claudio X. González, operador de Carlos Salinas, evaluar los proyectos de los finalistas, junto a empresarios como Armando Paredes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula que violentó la ley electoral en 2006 con toda impunidad.
Y algo al mismo tiempo triste e indignante: El rector José Narro usó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para convalidar la estafa de Iniciativa México, por lo visto con un lucro para sus particularísimas ambiciones.
Por supuesto, no está en entredicho el trabajo social de los cuatro finalistas y seguramente es también inobjetable la mayoría de los 47 mil proyectos inscritos, cuya vigencia no obedece a salir en la tele, sino a un compromiso con la comunidad. A ellos, felicidades.
Ya se oyen los maullidos de los gatos…
Apuntes
Hablando de fraudes, en la edición de Proceso de esta semana, en que celebra el 34 aniversario de su fundación, se acredita cómo César Nava falsificó la mayor parte de supuestos 371 mil nuevos militantes del PAN en la campaña de afiliación que lanzó hace un año. Se afiliaron apenas 81 mil ciudadanos, una quinta parte de lo pregonado por él. En efecto, al inicio de la campaña nacional de afiliación denominada “Entra en acción”, que se inició el 22 de noviembre y concluyó el 6 de diciembre de 2009, el PAN tenía registrados un millón 50 mil adherentes y ahora, según cifras del Registro Nacional de Miembros (RNM), actualizadas al 27 de octubre de este año, sólo están registrados un millón 131 mil 866 adherentes, es decir, apenas 81 mil 866 militantes más de los que había al iniciar la campaña…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Iniciativa México, el partido de las televisoras
MÉXICO, D.F., 9 de noviembre (apro).- El domingo 7 de noviembre se realizó la “gran final” de Iniciativa México con un enorme despliegue mediático que recordó el estilo y la propuesta del Teletón, surgido hace 13 años, como un mecanismo para disfrazar de filantropía lo que en realidad es un ejercicio de exención fiscal para los grandes donantes.
Iniciativa México es algo mucho más ambicioso que el Teletón. No sólo se trató de premiar a los seis finalistas de una lista de poco más de 47 mil inscritos y convocar a la audiencia a que “votara” por las organizaciones a partir de las cápsulas televisivas desplegadas a modo, para que funcionaran como “el espectáculo de los nuevos héroes mexicanos”, según Emilio Azcárraga Jean.
Por lo pronto, Iniciativa México le aportó a las dos televisoras, pero, en especial, a Televisa una red de comunicación y de enlace con casi 50 mil organizaciones no gubernamentales que se pueden convertir también en un potencial político para un escenario electoral que reclame a “ciudadanos independientes” como candidatos o figuras emblemáticas que reciban el apoyo de la pantalla comercial.
Tal como han expresado algunos observadores desde adentro de la propia Iniciativa México, se trata de la gestación de un “partido de las televisoras” o de un neocorporativismo que ya no pasa por las clientelas partidistas y gubernamentales, sino por el palomeo del poder mediático.
Las “buenas iniciativas” impulsadas tuvieron el buen tacto de no afectar ninguno de los intereses del poder mediático. Ninguno de los rubros del concurso se relacionó, por ejemplo, con la iniciativa de crear nuevos medios de comunicación alternos a los ya existentes. Ni radios comunitarias, ni medios cibernéticos, mucho menos productores independientes de contenidos audiovisuales forman parte de los mexicanos que son “agentes del cambio”.
La sospecha de una ambición política más amplia, no evidente, está presente desde que el 7 de junio se realizó un gran despliegue mediático para promover a la Iniciativa México. Con humildad, en un tono característico de un candidato, Azcárraga Jean remató así su discurso durante la presentación de la iniciativa:
“Ojalá, dentro de 100 años, alguien se acuerde un buen día, que en 2010, los mexicanos supimos poner de lado nuestras diferencias para reconocer lo mejor de nosotros mismos y para conseguir la transformación que el país aguarda.”
Por supuesto, los que tienen diferencias con Televisa no entran dentro de ese gran acuerdo. Aquellos medios que no participan en su agenda, pueden ser objeto de ataques inusitados en pantalla, como sucedió entre el 6 y 9 de septiembre en contra del Grupo Reforma, editor de los periódicos Metro y Reforma.
Tampoco se integraron a la campaña teledirigida periódicos como La Jornada, Diario de Yucatán y mucho menos revistas como Proceso que anticipó en su portada de aquella ocasión que Iniciativa México se trataba de darle una nueva careta a la oligarquía encapsulada en torno a las televisoras.
En la final del evento, el lugar protagónico ya no lo ocupó la organización Ashoka, que tendría el “voto de calidad” frente a los intereses mediáticos, ya que cuenta con una amplia experiencia en 70 países promoviendo a los “emprendedores sociales”.
El sitio de aval moral fue para el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien, quizá de manera involuntaria, puso el empeño del buen nombre y de la autonomía de la principal universidad pública del país para avalar esta especie de Big Brother de las organizaciones ciudadanas. Siendo suspicaces, tal vez Iniciativa México sea la plataforma para impulsar a “candidatos ciudadanos” como el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, siempre y cuando garantice la continuidad de los intereses del duopolio televisivo.
Por lo pronto, tras la Iniciativa México ya surgió otra “campaña paraguas” con una mayor carga ideológica: Todo es Mejor en Familia. Según Televisa, se trata de ser “un fuerte promotor de la unión familiar” y dar “consejos prácticas para reforzar valores”.
Todo es Mejor en Familia no promueve la multiplicidad y diversidad de las familias, incluídas aquellas formadas por parejas del mismo sexo; mucho menos aquellas encabezadas por sólo uno de los padres. Se trata de enlazarse con las familias tradicionales (padre, madre, hijos, abuelas, etcétera).
Como en el caso del Teletón, de la Iniciativa México y de otros eventos de “valores”, lo único que brilla por su ausencia es la transparencia en el manejo de los fondos que alientan estas empresas mediáticas.
El poder de los Moreira
En medio de un estruendoso despliegue publicitario y político, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó su V Informe de Gobierno, no en Saltillo, la capital del estado, sede del Poder Legislativo que debe conocer el documento, sino en Torreón, en un local nuevo y enorme, el Coliseo Centenario, digno marco para las pretensiones de Moreira.
Fue su informe postrero, pues pedirá licencia en el próximo enero, a fin de dedicar dos meses a una intensa campaña que lo haga presidente nacional del PRI, si prospera la iniciativa con que busca, y al parecer puede lograr, romper el monopolio de un pequeño grupo que domina el PRI. Cuando hace unas semanas reapareció Emilio Gamboa Patrón para asumir la dirección del sector popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), todo parecía arreglado para que tras un breve lapso en ese cargo fuera elegido sucesor de Beatriz Paredes.
Pero súbitamente apareció Moreira en el escenario. No ha lanzado en vano el desafío al grupo dominante en el PRI. Cuenta con el apoyo de Elba Esther Gordillo, que lo ha amadrinado desde el comienzo de su carrera y luego de un periodo de enfriamiento se dispone a influir de modo determinante para que el ya para entonces exgobernador asuma el liderazgo del partido que la echó en 2006, pero que la busca a menudo para fortalecer sus posibilidades electorales.
Moreira es muy joven; apenas está llegando a los 45 años. Nacido en Saltillo el 28 de julio de 1966, ha hecho una fulgurante carrera política. Maestro normalista, como su familia a la que está humana y políticamente muy apegado, Humberto trabajó en las oficinas centrales de la SEP poco después de haberse graduado. Ahí estaba en el momento del ascenso de Gordillo a la cabeza del SNTE, y desde entonces la carrera del profesor ha seguido un curso cercano al de la maestra. Cuando volvió a Saltillo, en 1994, se desempeñó en cargos educativos federales, y luego fue nombrado secretario de Educación. De allí pasó a la alcaldía de Saltillo. No concluyó su periodo, pues fue postulado candidato a gobernador en 2005. Venció al candidato panista Jorge Zermeño, que había sido presidente municipal de Torreón y ahora es embajador en Madrid, como premio a su desempeño el 1 de diciembre de 2006, cuando pudo lograr, como presidente del Congreso, que Felipe Calderón protestara su cargo.
Moreira es audaz. No conoce rubores ni reparos. Sin pretender lo contrario, se muestra como el verdadero jefe de los legisladores locales y federales. Colocó a su hermano Carlos al frente del sindicato magisterial, y a Rubén lo encamina hacia la gubernatura. Lo hizo presidente del PRI estatal y diputado federal. Y ya en la Cámara, Rubén Moreira ha ganado presencia a fuerza de desplantes. Preside la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, y contó entre los legisladores que escoltaron a Julio César Godoy Toscano en el momento de rendir protesta, con lo cual eludió la acción ministerial que buscaba aprehender a éste antes de que el fuero lo protegiera.
Brilla hasta en el mundo social. Se casó no hace mucho con una colega de Cámara, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, quien con esa decisión depuso sus posibilidades de ser gobernadora en Hidalgo y será primera dama en Coahuila, si prospera el designio del gobernador saliente, su hermano, que con la licencia que obtendrá puede eludir el rubor de entregar el gobierno a otro Moreira.
El actual gobernante se ha distinguido por su animosidad contra el PAN, y especialmente frente a algunos de los personeros locales; de modo particular, el senador Guillermo Anaya, compadre del presidente de la República. Delató el intento de Vicente Fox de orillarlo a presentar cargos falsos contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia. Y a Calderón le ha reprochado ácidamente su estrategia contra el narcotráfico, imputándole que la ordena desde la comodidad de su escritorio.
Tiene razón en parte. Pero esgrime esa imputación como coartada que esconde su propia ineficacia en materia de seguridad. Coahuila no cuenta entre los estados con mayor número de homicidios como resultado de la guerra contra el narco. Pero se caracteriza por el gran número de secuestros y desapariciones, especialmente en la Comarca Lagunera.
Tan intensa es la práctica que priva de la libertad a toda suerte de personas, que se ha constituido una agrupación llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, la cual ha documentado innumerables casos de tal delito sin merecer la atención gubernamental. El organismo se ha erigido, por extensión, en una suerte de observatorio ciudadano que señala puntualmente la ineficacia de la procuración de justicia y de la seguridad pública. Ha denunciado, por ejemplo, la impunidad que rodea a quienes mataron a miembros de la familia Siller Galindo el 24 de octubre:
“Los asesinatos de María Angélica Galindo Sánchez, su hija Karen Alejandra y su hijo Ricardo Siller Galindo a manos de agentes de la Policía Investigadora del estado manifiesta la seria crisis de seguridad que se vive en Coahuila. Asimismo, demuestra la falta de capacidad por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a cargo del licenciado Jesús Torres Charles, para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos.”
A Moreira esa agrupación civil lo señala porque con sus discursos en torno a la muerte de esas tres personas “trata de simular actos de justicia”, y juzga inaceptable que se minimice “esta tragedia al comparar lo que sucede en nuestro estado con índices de violencia en otros lugares del país”.
En enero Moreira se irá del gobierno. Y pondrá al PRI en el incómodo, terrible dilema de optar entre él y Gamboa Patrón. Tan malo el pinto como el colorado. l
La apuesta del PRI
MÉXICO, D.F., 8 de noviembre (Proceso).- Tal como lo ha hecho desde octubre de 2003, el PRI apuesta a que el grupo parlamentario del PAN ceda ante sus presiones y le permita conformar de nueva cuenta un Consejo General del Instituto Federal Electoral a modo.
Los priistas saben que les bastan los votos de los diputados blanquiazules para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes para designar a los tres consejeros electorales, y por ello apuntan sus baterías hacia ese grupo legislativo.
Esa vía les rindió buenos resultados incluso en la pasada legislatura, cuando requerían el apoyo de todos los legisladores ajenos al PAN y al PRD. Parecía una tarea imposible porque entre éstos había 30 legisladores pertenecientes a los grupos parlamentarios de Convergencia y el PT, que integraban un frente con los perredistas; sin embargo, obtuvieron los 134 votos necesarios para frenar la designación de los consejeros electorales.
En octubre de 2003, los tricolores contaban con 201 diputados, 36 menos que ahora, pero junto con los blanquiazules sumaban 349 votos, que superaban los 334 requeridos para integrar las dos terceras partes. Por ello se aliaron con el PAN a fin de repartirse las nueve posiciones que se renovaban en ese momento. La negociación incluyó una promesa, finalmente incumplida, de sacar adelante en el paquete fiscal de ese año la propuesta del gobierno foxista para generalizar la aplicación del IVA.
El resultado de esa negociación fue que el Consejo General finalmente fue integrado con el voto aprobatorio de los diputados del PRI, PAN y PVEM y el rechazo del resto de los legisladores. El nuevo Consejo nunca pudo superar la desconfianza e inconformidad que se produjo desde ese momento, lo cual propició los conflictos poselectorales en las elecciones presidenciales de 2006 y la renovación anticipada de ese Consejo en febrero y agosto de 2008.
En febrero de 2008 el PRI sólo tenía 106 diputados y PAN y PRD reunían 333, por lo que únicamente necesitaban un voto adicional para reunir las dos terceras partes. Aunque el PRI estaba en una posición de extrema debilidad, logró un reparto igualitario de los tres consejeros en cuanto a origen de la propuesta. Asimismo, pudo imponer al consejero con mayor identificación partidista de los tres que se designaron en ese momento, y hacer que el PRD reconociera como propia una propuesta (la de Leonardo Valdés) que no estaba incluida en sus listas.
En junio de 2008, cuando designaron a los consejeros que entrarían en funciones en agosto, el Revolucionario Institucional repitió la dosis, aunque en esa ocasión la propuesta de los perredistas (Alfredo Figueroa) y la de los panistas (Macarita Elizondo) sí eran propias.
El PRI sabe que ahora tiene el control absoluto del proceso, pues junto con la fracción parlamentaria del PVEM cuenta con la mayoría de los votos, lo cual lo coloca incluso en una mejor posición que hace siete años para plantearle nuevamente un quid pro quo a los blanquiazules. Este intercambio puede incluir la negociación del presupuesto del próximo año o alguna otra de las iniciativas que el presidente Calderón considera prioritarias.
Ahora entre los diputados priistas y panistas suman 379 votos más que suficientes para integrar la mayoría requerida para la designación de los consejeros y, a diferencia de lo que sucedió en 2008, nada puede hacerse sin la participación del PRI.
En 2003, los priistas pensaban que al proponer a cinco de los nueve integrantes del Consejo General con derecho a voto aseguraban el control del mismo y así podían tener un órgano a modo para recuperar la Presidencia en 2006. Sin embargo, los conflictos internos y la debacle en las preferencias electorales de su candidato Roberto Madrazo modificaron todo el panorama y la conformación del Consejo favoreció finalmente al PAN, que había propuesto a los otros cuatro consejeros.
En el proceso actual, cada una de las tres principales fuerzas electorales (PRI, PAN y PRD) ha propuesto a dos de los seis integrantes del Consejo ya en funciones que dirigirán al órgano durante el proceso electoral de 2012. Las dos propuestas del PRI fueron las de mayor identificación partidista: Marco Antonio Baños, de todas las confianzas de Felipe Solís y fiel escudero de Manlio Fabio Beltrones, y Francisco Guerrero, quien dejó de asesorar a Emilio Gamboa para ocupar su puesto en el Consejo.
Además, el PRI logró que el PRD reconociera como propuesta propia al actual consejero presidente, aunque el grupo parlamentario hubiera votado unos días antes de dicha designación –el 30 de enero– una lista de ocho propuestas; Valdés no se encontraba entre éstas.
Así describió John M. Ackerman esta maniobra en un artículo publicado en el periódico La Jornada el 11 de febrero último: “En lugar de defender a los candidatos que dieran confianza y certidumbre a su partido y a la ciudadanía, Javier González Garza cedió a las presiones. Prefirió asumir la candidatura de Valdés como si ésta fuera una propuesta del PRD antes que quedar totalmente fuera de la negociación”.
Hoy el PRI pretende colocar a otros dos consejeros y presiona al PAN para lograrlo. Hasta ahora Josefina Vázquez Mota, coordinadora parlamentaria de esta fuerza política y presidenta de la Junta de Coordinación Política, insiste en que se incluya a las tres fuerzas políticas en el proceso de negociación, pero los priistas apuestan a que los panistas finalmente cedan, como lo han hecho siempre, al menos en materia electoral. Si el PRI lo consigue, este sería el último clavo en el ataúd del IFE. l
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