domingo, agosto 03, 2008

Chin!, les arruine el dia.


cosecha de medallas
Monosapiens

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Hacia el 2009, en el trampolín de la impunidad

"Entes AMORALES" rebuznando!


Como secretario de la Función Pública, Germán Martínez dejó ir la oportunidad de investigar los evidentes abusos contra el erario que cometió Vicente Fox, como presidente de la República, en beneficio propio, de su cónyuge y de sus hijos políticos. En la práctica se convirtió en cómplice y gracias a él, entre otros, Fox y su familia permanecen impunes. Ahora se sabe por qué: al hoy dirigente nacional del partido en el poder le asignaron la misión de reivindicar al político guanajuatense para “guanajuatizar” al país, es decir, convertirlo en un feudo del panismo ultraconservador que perdona todos los pecados... siempre que los cometa el grupo panista que va por el 2009 y, por qué no, por el 2012. Aunque hasta en sus propias filas lo cuestionan...

GUANAJUATO, GTO.- Al encabezar en León el Consejo Nacional del PAN el pasado 26 de julio, el presidente de ese partido, Germán Martínez, anunció que pretende guanajuatizar el país en las elecciones intermedias de 2009. Para garantizar esa victoria puso al frente de la planeación estratégica a Vicente Fox, y señaló al gobierno estatal de Juan Manuel Oliva como ejemplo de éxito. Alarmados por lo que consideran un pacto con El Yunque y con el expresidente Fox, panistas como el exsubprocurador Juan Miguel Alcántara advierten que Germán Martínez comete un grave error, pues la mala imagen que dejó el gobierno foxista y las prácticas antidemocráticas de Oliva –como el acarreo y la compra de votos– le restarán apoyo a Acción Nacional.“Formular la expresión de guanajuatizar el país me parece que es un equívoco porque genera interpretaciones dañinas para el partido y para el proyecto que se quiera alcanzar”, advierte en entrevista el también exlegislador nacido en Guanajuato. Agrega que la dirigencia nacional panista sobredimensiona una vez más la fuerza de El Yunque al otorgarle espacios que no le corresponden.Mientras que los dirigentes locales del PRI, Miguel Chico, y del PRD, José Luis Barbosa, señalan que el panismo calderonista está mostrando que se encuentra debilitado y, en su desesperación, se ha rendido a la ultraderecha de El Yunque y a Vicente Fox, en un intento de que se reproduzca en todo el país la hegemonía que el PAN ha logrado en esta entidad desde 1991, cuando Carlos Salinas cedió la gubernatura a Carlos Medina Plascencia.
Fox y El Yunque
Antes de la mencionada sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, a la que asistieron cerca de 20 mil personas llevadas en 600 camiones, Vicente Fox y Marta Sahagún ofrecieron una cena en su rancho San Cristóbal para todos los consejeros nacionales, encabezados por Germán Martínez y Carlos Abascal. Ahí, tequila en mano, el jefe nacional del panismo brindó por Fox y le dio las “gracias por darle a México futuro y democracia”. El expresidente de la República correspondió: “Nos ponemos a la orden de nuestro partido y de su presidente Germán. ¡El 2009 es nuestro!”.En la opinión de los líderes estatales del PRI y del PRD, ese acuerdo es parte de la culminación de un “pacto de impunidad” entre el calderonismo y Fox, pero también una alianza con el ala más conservadora del PAN, en la que ubican a El Yunque, organización en la que trabajaron directamente Carlos Abascal y Manuel Espino.Como ejemplo, recuerdan que cuando se analizaron las cuentas de Fox y el manejo del erario en sus cuatro años como gobernador de Guanajuato, se detectaron irregularidades, pero el Congreso del estado –bajo control del PAN– archivó las investigaciones y les dio carpetazo a finales de 2006.Ya como presidente, Vicente Fox fue objeto de siete demandas ante la PGR. Cinco fueron presentadas por los diputados priistas Carlos Rojas y Raúl Cervantes en agosto de 2007 por irregularidades en obras millonarias –la megabiblioteca José Vasconcelos, la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el programa Enciclomedia, la expropiación de ingenios azucareros y el Seguro Popular–; y dos más, por enriquecimiento inexplicable, las interpuso al siguiente mes el senador perredista Ricardo Monreal.En agosto de 2006, cuando la Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, el entonces diputado federal Germán Martínez se negó a defenderlos a ellos o a Fox. El grupo parlamentario del PAN, dijo, “no defiende ni mete las manos al fuego por los hijos de nadie, ya sean los hijos de la esposa del presidente”.En un artículo publicado en Proceso (edición 1527, de febrero de 2006), Martínez Cázares advirtió que sería una “torpeza” que Fox defendiera a sus “hijos políticos” y que esa “necedad” podría tener consecuencias para Calderón en las urnas.Un año más tarde, ya como secretario de la Función Pública, sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón “no dejaría pasar ni un solo caso de corrupción ni de impunidad del sexenio foxista”. Reiteró: “En mi gestión no habrá escándalos ni impunidad (sino) aplicación estricta de la ley (porque) no tengo ningún compromiso con el pasado y no quiero adquirir compromiso para el futuro”. Pero en los hechos el contralor Germán Martínez dejó cerrados los expedientes de las denuncias contra Vicente Fox y fue enviado por Calderón a dirigir el PAN en diciembre de 2007. Finalmente, acabó agradeciendo a Fox por “darle a México futuro y democracia” en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de León y lo invitó a formar parte del Comité de Planeación Estratégica del PAN rumbo a las elecciones federales de 2009. Fox contestó: “Me siento cobijado”. En ese mismo acto, el dirigente de Acción Nacional anunció que el gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, formaría parte de la Comisión de Estructura. Con ello, dice el dirigente del PRD en el estado, José Luis Barbosa, el PAN reconoce y valida las prácticas antidemocráticas del Ejecutivo estatal: “Si se entiende guanajuatizar por lo que ha hecho el gobernador Juan Manuel Oliva, los mexicanos deberíamos estar preo-cupados porque tenemos muchos problemas en el estado: estamos en el lugar 20 de educación, y entre los primeros 12 estados con mayores índices de inseguridad a pesar de que no se ha querido reconocer que el narco está operando en Guanajuato.“Además en la entidad está muy polarizada la sociedad, y la situación de derechos humanos no es buena. El Instituto Electoral del Estado carece de autonomía porque el gobernador y el PAN deciden quién va a ser consejero, de tal forma que en una contienda electoral el árbitro está inclinado y el consejero presidente del IFE en Guanajuato, el profesor Antonio Manjarrez Valle, es gente de Elba Esther Gordillo.”Barbosa recuerda que en la elección presidencial de 2006 se denunció que el gobierno de Juan Manuel Oliva compró el voto hasta en mil 500 pesos a favor de Felipe Calderón, y que un estudio del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral, a cargo de Hugo Almada, mostró que Guanajuato fue el único estado donde el candidato presidencial panista obtuvo una ventaja de hasta 17 votos sobre su más cercano rival, cuando el promedio nacional fue de sólo un voto de diferencia. “El PAN, como nuevo partido hegemónico en Guanajuato, perfeccionó las prácticas que dominaba el PRI. Con un manejo más sofisticado para no ser descubiertos, (los panistas) aplican los programas sociales, como piso seguro, láminas para techos, caminos y las casas del DIF, con un criterio electoral y de manera muy efectiva. Si eso es guanajuatizar al país, cuidado, porque además es un gobierno autoritario, apoyado por Elías Villegas, jefe nacional de El Yunque, y Gerardo Mosqueda, su segundo.”Mosqueda Martínez es el actual secretario de Gobierno del estado. Ha sido subsecretario en la Secretaría del Trabajo y coordinador del equipo de transición del gobernador Oliva. También dirigió en León la organización “A favor de lo mejor”, creada en 1997 por el multimillonario Lorenzo Servitje, cabeza del grupo Bimbo, promotor de la censura católica en los medios de comunicación y de la guerra sucia contra la izquierda. Elías Villegas, director del Instituto Estatal de Planeación de Desarrollo Local en el gobierno de Guanajuato, es empresario zapatero y dueño de uno de los hoteles más grandes de León. En 1988 ganó una diputación por el PAN y en la campaña de 2000 fue uno de los principales apoyos económicos de la campaña de Fox. Se le considera el principal patrocinador del Yunque.
Desprestigio
Desde que Germán Martínez llegó a la dirigencia a finales de 2007, el PAN ha venido a menos: de las 136 posiciones que se han disputado en las elecciones de Baja California Sur, Quintana Roo e Hidalgo, únicamente ganó 16, según el recuento publicado por el reportero Juan Pablo Proal (Excélsior, 21 de julio).Con este déficit electoral a cuestas y en pugna con el grupo más conservador de Acción Nacional, encabezado por Manuel Espino, Germán Martínez llegó al Consejo Nacional con la propuesta de unir fuerzas y ganar las elecciones de 2009.Sin embargo, El Yunque no garantiza el triunfo. El exsenador Juan Miguel Alcántara Soria, que accedió a hablar de la estrategia electoral de su partido, puntualiza: “Yo soy de Guanajuato y antes de que los miembros del Yunque tomaran la conducción del partido en el estado, el PAN tenía alrededor de 12 mil miembros. Hoy tiene 3 mil. En lugar de haber ganado, perdió las tres cuartas partes de miembros”.Alcántara –exdiputado federal y local, procurador del estado y subprocurador en la PGR cuando el titular era Antonio Lozano Gracia– señala que con el neologismo guanajuatizar Martínez intentó hacer un homenaje al panismo local, que tiene la mayoría en el Congreso local, 36 de 46 presidencias municipales y en 2006 ganó todas las diputaciones federales.Pero el entrevistado reconoce que la expresión puede tener otras interpretaciones, menos afortunadas, como avalar el acarreo. “La presencia de 15 mil personas en León en la reunión del Consejo Nacional, según se publicó en los medios, no obedeció a la capacidad organizacional del partido, sino a un acarreo de ciudadanos. En Irapuato, donde yo vivo, se mandó una circular a los miembros activos obligándolos a llevar a no menos de siete personas que no fueran miembros del partido al evento de León. “Por eso cuando el presidente del partido dice: vamos a guanajuatizar a México para 2009, no podemos aceptarlo si vemos que se está incurriendo en ciertas prácticas que no corresponden a los principios del PAN. Aquí ya no podemos tener una lectura amable de la expresión.”
–¿En Guanajuato El Yunque ha cooptado o copado al PAN?
–Así es, definitivamente. Lo que sabemos de El Yunque es que es un grupo teocrático, no democrático, que dice buscar implementar el reino de Dios, aunque en los hechos pronto se olvidan de él. No es un grupo de vocación democrática, su forma de organización está basada en la obediencia incondicional y el secretismo. El Yunque tiene una disciplina ciega y con eso han tomado las riendas del partido en el estado. Con frecuencia sus éxitos internos para hacerse de candidatos y de los mandos directivos del partido no se corresponden con la calidad democrática. “Por eso mismo, cuando los que somos de Guanajuato escuchamos la expresión de Germán Martínez, pensamos que pudiera estar avalando prácticas antidemocráticas, que pueden ser muy eficientistas desde el punto de vista electoral, pero que desprestigian a la institución, deterioran la vida orgánica del partido y a la larga generan un escep-ticismo dañino respecto a la vocación, a las capacidades democráticas del partido y a sus posibilidades electorales.” Además, agrega, la expresión de guanajuatizar el país tiene otra connotación posible, que es la de buscar el regreso al régimen de partido hegemónico. Pero eso, advierte, no es deseable ni corresponde con la pluralidad de este país. “En cambio, si lo que Germán Martínez quiso decir es: vamos a organizarnos de una manera eficiente para tener una mayoría en ambas cámaras, eso sí me parece un objetivo deseable para cualquier político del mundo. Pero en el contexto mexicano, y más específicamente en el de Guanajuato, la expresión de ‘guanajuatizar el país’ me parece que es un equívoco que generan interpretaciones dañinas para el partido y para el proyecto que se quiera alcanzar.”En cuanto al nuevo miembro del Comité de Planeación Estratégica, comenta: “Para quienes se ilusionaron con la victoria de Vicente Fox, que fueron millones, pues también hay millones de desilusionados. El problema es que ahora la desilusión será para el PAN, no para Vicente Fox”. Para Alcántara Soria, son indiscutibles las habilidades mercadotécnicas y electorales de Fox, pero pesa más su mala actuación como presidente de la República: “Veo como un despropósito involucrar en un papel relevante al expresidente Fox, pues si se hace un juicio sereno sobre su sexenio, me parece que no es satisfactorio para buena parte de la población. Si en un país subsiste la cultura priista en la que se ponía a un expresidente para ser culpado de todos los males, traer ahora a Fox me parece que le puede ser perjudicial y contraproducente al partido.”
–En este marco, ¿cree que ha sido conveniente utilizar a Fox y a Guanajuato como banderas?
–Germán Martínez está buscando unificar a los diferentes grupos al interior del partido, pero no hay que hacerlo de cualquier forma y a cualquier costo. Hay lecturas de rendición frente a El Yunque, que a su vez tiene como figura a Vicente Fox, aunque él no sea de esa organización, pero detrás de él se han cobijado.“Me parece que el pueblo mexicano aún tiene viva la sensación de que se pudo hacer mejor la alternancia en el gobierno de Fox, y traer al presente el protagonismo de Vicente Fox puede irritar a más de uno.”
–¿Qué buscará Germán Martínez con Fox, usarlo de pararrayos o como golpeador en el escenario político?
–Si yo fuera presidente del PAN, a lo que invitaría a Vicente Fox es a diseñar las estrategias mercadotécnicas de la campaña, nada más a eso.
–Conociendo a Fox, es poco probable que se quiera quedar sólo con eso.–Eso sería contraproducente, ya se lo decía. Prácticamente es una muestra de debilidad del Comité Ejecutivo Nacional, que una vez más sobredimensiona la fuerza de El Yunque y le da espacios que no se corresponden con su peso específico en el interior del partido. l
Boletas: Calderón no cede y rebate a la CIDH
EL insulto a la Materia FECAL

En su respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno del presidente Felipe Calderón consideró injustificada la solicitud de que no sean destruidas las boletas de la elección presidencial de 2006 en tanto el organismo de la OEA analiza la demanda de Proceso contra el Estado mexicano por negarle acceso a esos documentos públicos. Para el mandatario, la información en materia electoral debe limitarse porque “su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales”. En la respuesta oficial, el IFE –organismo responsable directo de rechazar la petición de Proceso de tener acceso a las boletas– no tuvo opinión alguna, según su consejero presidente, porque las recomendaciones de la CIDH fueron dirigidas “al Estado mexicano”, no al organismo que encabeza. El gobierno de Felipe Calderón insiste: no hay ninguna justificación para que se abran los paquetes de la elección presidencial de 2006. Con ese argumento, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejar sin efecto la solicitud hecha al Estado mexicano para tomar medidas cautelares a favor de Proceso. Con las medidas precautorias el organismo interamericano pretende evitar que las autoridades mexicanas destruyan la papelería electoral que dio como ganador de los controvertidos comicios del 2 de julio de 2006 a Calderón. Aunque la protección requerida al Estado mexicano sólo aplicaría en tanto la CIDH resuelve si admite la denuncia de la revista respecto de la violación del derecho de acceso a la información, el gobierno de Calderón consideró que la solicitud de la Comisión Interamericana debe ser desechada por imprecisa, desproporcionada, parcial y alejada de los hechos. Pero también, porque no hay precedentes en el Continente Americano de que la Comisión haya hecho una petición de medidas cautelares relacionada con el acceso a las boletas electorales. Aunque no retomó en forma explícita el argumento del IFE de que dar acceso a las boletas afectaría incluso la seguridad nacional, Calderón le advirtió a la CIDH que si se tomaran ese tipo de provisiones las consecuencias serían ahora no sólo para México, sino posteriormente para todo el continente. Sin precisar a qué tipo de intereses aludía, el Ejecutivo mexicano aseguró que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la información en materia electoral debe estar limitada “en función de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales”.
La CIDH, “imprecisa”
El pasado 18 de julio, la misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que depende la CIDH, entregó al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, la respuesta del gobierno de Calderón a la petición de las medidas cautelares. La oficina de México en la OEA indicó que se trata de la “respuesta del gobierno de México”, aunque en el texto entregado a la CIDH se habla en nombre del Estado mexicano. Consultado sobre la probable participación del Instituto Federal Electoral (IFE) en la elaboración de la respuesta, el consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita, señaló que no participó. “Se trata de un procedimiento que involucra a un organismo internacional y al Estado mexicano, por lo que (…) el IFE no tiene, en este momento, una participación directa; es decir, que las recomendaciones de la Comisión no han sido dirigidas al IFE, sino al Estado mexicano”, respondió Valdés cuando fue consultado por el reportero.De acuerdo con la respuesta de Calderón a la CIDH, el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron lo que debían al negar el acceso a las boletas. Explicó que el sistema electoral mexicano no considera este tipo de peticiones de información y sí, en cambio, la destrucción de las boletas para que el proceso electoral termine en definitiva. Más aún, dijo que una petición de ese tipo carece de sentido porque la información “exacta” de las boletas se encuentra en otros documentos de acceso público, como son las actas electorales.El escrito entregado por el gobierno de Calderón en Washington, donde la OEA tiene su sede, consta de 58 puntos en los que después de desestimar tanto los argumentos de Proceso como la actuación de la CIDH, le pide a ésta que “deje sin efecto la solicitud de medidas cautelares” a favor de Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista.Apoyado por el equipo de abogados de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., Rodríguez Castañeda presentó en abril pasado una denuncia de hechos ante la CIDH luego de que la Suprema Corte –en una cerrada votación de seis a cinco– rechazó otorgarle un amparo en contra de la decisión del IFE de negar el acceso a los paquetes de aquella elección.La denuncia de hechos señala que con ese doble rechazo, el del IFE y el del Poder Judicial, el Estado mexicano violó el derecho de acceso a la información de Rodríguez Castañeda, protegido por el artículo Sexto de la Constitución y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo cumplimiento está comprometido el Estado mexicano.La CIDH aceptó estudiar la denuncia, pero mientras se pronuncia respecto de su aceptación, el pasado 2 de julio –justo a los dos años de los comicios presidenciales– acordó solicitarle al Estado mexicano “suspender la destrucción de las boletas”, como una medida para cautelar los derechos reclamados por el director del semanario (Proceso 1653).En la respuesta de Calderón no sólo se reiteran los argumentos del IFE y la Suprema Corte para negar el acceso a las boletas, también se rebaten los argumentos de la CIDH para pedir la medida cautelar.En primer lugar, dice que la solicitud de la CIDH “no es clara ni precisa”. A pesar de que en la denuncia la controversia se centra en las boletas de la elección presidencial, la respuesta dice que la solicitud de la CIDH de “suspender la destrucción de las boletas electorales del 2 de julio de 2006” es una muestra de “la complejidad” de esa elección.Pero por complejidad se refiere sólo a la diversidad de cargos en disputa durante esa jornada electoral y no a la controversia e incertidumbre de dos meses generadas por la falta de resultados firmes. Fue hasta septiembre de 2006 cuando el Tribunal Electoral calificó como legal la elección.Según el gobierno mexicano, la elección fue compleja porque abarcó “un amplio espectro electoral”, que incluyó la elección para presidente de la República, el Congreso de la Unión, gobernadores de tres estados y jefe de Gobierno del Distrito Federal, alcaldías, delegados y diputados locales en nueve estados y la capital del país. Enseguida considera que la CIDH interpretó mal sus propias reglas, pues requirió las medidas cautelares con “información insuficiente”.Su argumento fue que el artículo 25 del reglamento de la CIDH dispone que en caso de gravedad y urgencia, y de acuerdo con la información disponible, la comisión podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. Pero en este caso, asegura, la CIDH sólo tomó en cuenta la información del denunciante.Con la idea de que las medidas sólo deben aplicarse en los casos en que está en peligro la integridad de las personas, sostiene que la información con la que actuó la CIDH “resultó ser insuficiente para determinar si se está en un caso de gravedad y urgencia” y, en consecuencia, si se causaría un daño irreparable a las personas. La gravedad y urgencia de las medidas, insiste, se refiere sólo a “verdaderos ataques a derechos fundamentales como la vida y la integridad personal”, mientras que en el caso de otros derechos –como el de acceso a la información pública– las medidas precautorias deben ser “evaluadas cuidadosamente” tomando en cuenta la información de todas las partes.Retoma, además, un informe de la propia CIDH de 2006 sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, y asegura que la información necesaria para determinar medidas cautelares se limita a amenazas, atentados, hechos de violencia y otro tipo de manifestaciones que, en un contexto específico, pongan en peligro la vida de las personas. En el caso de la revista, añade, “la comisión no estaba en posibilidad de determinar la gravedad y urgencia del caso concreto para dictar la medida cautelar; tampoco tenía elementos objetivos para determinar si existía la necesidad de solicitar la adopción de dichas medidas”.En su denuncia de hechos, Rodríguez Castañeda solicitó la prevención porque la destrucción de las boletas propiciaría “que se cometa un daño irreparable al derecho de acceso a la información” (Proceso 1643). La CIDH accedió y estableció que las medidas debían aplicarse en forma urgente.Pero en su respuesta, el gobierno de Calderón cuestiona también el sentido de urgencia utilizado por la Comisión. Si la revista solicitó las medidas cautelares el 24 de abril y el organismo transmitió esa petición al Estado mexicano en julio, los “criterios de gravedad y urgencia hubieran supuesto ordenar de inmediato tales medidas y no dos meses después”.Por lo demás, dice, las boletas todavía no pueden ser destruidas porque está pendiente de resolución un amparo promovido por el investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo, presidente de la junta directiva de Fundar, que también por esa vía pretende tener acceso a las boletas de la elección presidencial.Mientras resuelve el amparo, precisa la respuesta de Calderón, el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa ordenó que se suspenda la destrucción de las boletas. E incluso, admite, el caso puede llegar a un Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte en caso de que ésta decida ejercer su facultad de atracción.Eso significa que el IFE “no está en posibilidad de ejercer sus facultades en este momento para extraer las boletas electorales del resguardo a que están sujetas con la intención de destruirlas”, sino hasta que el juicio de amparo de Aguayo se resuelva en definitiva. A partir de esa explicación, le reprocha al organismo interamericano haber solicitado las medidas cautelares sin que desde su perspectiva se haya informado cabalmente. “De haber contado con información de todas las partes, la Comisión hubiera podido determinar que el asunto fue tratado a nivel interno”. Para rematar, le dice que su tarea debe limitarse a ser “coadyuvante o complementaria”, sin constituirse en “revisora de los procedimientos agotados internamente”.
Un peligro para América
Otro argumento que esgrime Calderón para que se anule la solicitud de medidas precautorias es que no hay precedentes en el Continente Americano de la defensa del derecho de acceso a la información en materia electoral:“No existe precedente alguno de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya solicitado la implementación de medidas cautelares relativas al acceso a las boletas electorales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco se ha pronunciado sobre esta materia en el ámbito de medidas provisionales o de fallos.”Además, le advirtió sobre las consecuencias que pueden tener en todo el continente medidas como las que solicita: “Parecería adecuado que la Comisión valorara el impacto de la implementación de medidas cautelares de esta naturaleza, solicitadas por los peticionarios (Proceso), no sólo en México, sino en los países de la región”.El gobierno calderonista dedicó gran parte de su escrito a refutar que se haya violado el derecho de acceso a la información de la revista y a justificar la destrucción de las boletas.“Las boletas electorales están sujetas a un estricto control y medidas de seguridad que tienen por objeto tutelar y garantizar la autenticidad del sufragio”, y “deben ser destruidas una vez que concluye” el proceso electoral. Así lo establecía el artículo 254 del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y sigue de la misma manera en el artículo 302 del actual Cofipe, señaló.Pero la respuesta de Calderón dejó de lado que, en la reforma electoral que entró en vigor este año, el Congreso evitó legislar sobre el acceso a la información en materia electoral, como lo hizo ver Rodríguez Castañeda en su denuncia de hechos.A pesar de las dudas generadas por el triunfo de Calderón, su gobierno asegura que “la destrucción de las boletas electorales no tiene el propósito, en México o en ningún país, de ocultar información”.De ninguna forma, añade, “supone violación al derecho a la información, ya que la información pertinente, exactamente con los mismos datos de las boletas, queda contenida en otros documentos de acceso público, como es el caso de las actas electorales”.Las boletas, añade, sólo son un “documento específico”, cuya destrucción está prevista por el Cofipe. En tanto que las actas, donde se vierte el contenido de las boletas, “son los documentos sujetos a la Ley de Transparencia y su Reglamento”. Considera que dar acceso a las boletas electorales equivale a violar el principio constitucional de secreto del voto. Para evitarlo, asegura, “se previó en la ley la inviolabilidad de los paquetes electorales que contienen las boletas para no desvirtuar los resultados electorales ni afectar la decisión ciudadana”.Con ese argumento deduce que “el derecho de acceso a la información se satisface poniendo a disposición del solicitante las actas en las que se asientan las manifestaciones de voluntad del electorado”. Terminante, Calderón le dice a la Comisión: “no es procedente jurídicamente el acceso de los ciudadanos a las boletas electorales”, pues ello significaría que las leyes de orden público estuvieran sujetas a las peticiones de los particulares. Lo que sí procede, insiste, es el acceso a las actas de escrutinio y cómputo de casilla y distrital, una vez concluida la jornada electoral”.Más aún, dice, el Tribunal Electoral resolvió que las boletas sólo contienen información fragmentada, por lo que “su consulta no es la vía para tener acceso a los resultados de una elección”. Con esa resolución del Tribunal Electoral –derivada de un juicio de protección de los derechos político electorales del ciudadano interpuesto por el reportero de Proceso Daniel Lizárraga en otro intento para tener acceso a las boletas– Calderón argumenta que con la consulta pública de las actas se logra “un equilibrio entre el derecho de acceso a la información y el interés público”.En la respuesta, que la CIDH notificó a la revista el pasado 29 de julio, Calderón dice que la petición de este medio se topa con los límites a la información establecidos por el Estado mexicano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.En el caso de México, dice que la Suprema Corte ha establecido que el derecho de acceso a la información tiene límites: el orden público, el interés nacional, el interés social y la protección de los derechos de terceros. Y en el caso de la información electoral, asegura, la Corte ha establecido restricciones “en función de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales”.Esas restricciones, asegura, están en sintonía con los criterios que tienen para las elecciones “todos los países que reconocen la competencia de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana”.En las próximas semanas Proceso responderá a los argumentos de Calderón, y posteriormente la CIDH deberá evaluar si confirma o levanta la petición de medidas precautorias, pero aún quedará pendiente si admite la demanda de Rodríguez Castañeda.
El poder blinda a los Bribiesca...
Manuel Bribiesca


La última comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a la empresa Construcciones Prácticas demandará anular cuatro subastas públicas “ilegales” del IPAB en las que, nuevamente, aparecen involucrados los hermanos Bribiesca Sahagún. Los legisladores establecen que, en esos negocios multimillonarios, fueron violadas las bases de las subastas y hubo información privilegiada, así como falta a los principios de igualdad y oposición. La comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar a la empresa Construcciones Prácticas demandará la anulación de las cuatro subastas públicas del IPAB que la firma “ganó” en 2004, y exigirá al Ejecutivo Federal que “invalide los contratos”. Los argumentos: que “se violentaron las disposiciones legales que rigen las subastas”, y se evidenció la intervención de de los hermanos Bribiesca Sahagún en las operaciones que favorecieron, ilegalmente, a la empresa Construcciones Prácticas.En el informe final que la comisión especial entregará el 13 de agosto a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados –del cual ya tienen copia los 10 integrantes de la comisión– se detallan las irregularidades y las violaciones a los procesos de subasta a favor de Construcciones Prácticas, que constituyen un daño “contra el Estado”. Y aunque en su indagatoria la comisión no aporta los nombres de los funcionarios implicados, considera “procedente ejercer acciones judiciales en contra de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados”. El informe de 117 cuartillas hace un desglose de los escasos documentos que entregó el IPAB, incluye un estudio de una decena de actas notariadas sobre procedimientos de Construcciones Prácticas para regularizar los bienes obtenidos del gobierno, y establece una correlación de actos previos y posteriores a las subastas donde surgieron los nombres de los hermanos Bribiesca.En diversos movimientos mercantiles aparecen reiteradamente: Miguel Khoury Siman, Manuel Bribiesca Sahagún, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, Luis Ángel Alonso Puente, Alberto Dunand Aramburu, Adrián Campuzano y el notario público número 26 de Celaya, Guanajuato, Arturo Nieto Lambarri. A diferencia de las dos anteriores comisiones especiales –que recomendaron al Ejecutivo interponer denuncias ante la PGR contra los hermanos Bribiesca Sahagún, Miguel Khoury Siman y funcionarios de varias dependencias federales, así como una investigación de la Secretaría de la Función Pública contra autoridades del IPAB, de Sociedad Hipotecaria Federal, Fovissste, Infonavit, Pemex y Aduanas–, esta tercera comisión únicamente exploró las operaciones del IPAB y las cuatro subastas que “ganó” Construcciones Prácticas. Al inicio del documento, los legisladores manifiestan que no denunciaron penalmente a los hermanos Bribiesca u otros particulares debido al amparo concedido el 14 de junio de 2007 a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito “contra los actos” de las comisiones anteriores, incluyendo “las investigaciones, las conclusiones que sustentaron y sus efectos y consecuencias”.Como por esta misma circunstancia decidió “no tomar en cuenta” los archivos entregados por sus dos antecesoras, la tercera comisión partió de cero y sólo investigó “la legalidad” de los cuatro contratos que firmó Construcciones Práctica con el IPAB, con el fin de evitar una impugnación de sus resultados en los tribunales. Pero aun cuando nunca investigó directamente a los hermanos Bribiesca, sus nombres surgieron inevitablemente en la indagatoria.
El cuarto de datos
Con base en su ley, el IPAB contrató a Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., para que “colocara” en el mercado, a través de subastas públicas, bienes que eran de Bancrecer y que pertenecían al gobierno. Así, subastó, entre otros, el llamado paquete “C”, el predio Los Pirules, 275 departamentos de Puebla y el paquete “H”, que ganó Construcciones Prácticas, firma que está a nombre de Miguel Khoury Siman y de la cual los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún eran en ese año, 2004, proveedores de tubería de PVC. Además de que tanto Khoury como Manuel Bribiesca habían conformado por esas fechas las empresas Urbanizaciones Inteligentes y Súper Block de Celaya; ambas eran proveedoras de Construcciones Prácticas.Según el informe final de los dipu-tados, en las cuatro subastas que beneficiaron a Construcciones Prácticas se detectaron irregularidades que, al concatenarse unas con otras y ubicarlas en tiempo y espacio, hacen evidente que se favoreció indebidamente a esa empresa, y que tal favoritismo es consecuencia directa e inmediata de las omisiones de Fénix Administradora de Activos y el IPAB.Así, destaca el informe, “los contratos celebrados por Fénix con Construcciones Prácticas son ilegales por tener vicios de origen”, como la“inobservancia de las sanas prácticas que, en cualquier tipo de subasta y licitación en los que se manejen recursos públicos, se deben hacer valer, como lo son: concurrencia, igualdad, publicidad y oposición”.El llamado paquete “C” se subastó el 3 de febrero de 2004. Se trató de 3 mil 660 casas ubicadas en 15 ciudades de 12 estados de la República y de nueve terrenos para edificar otros conjuntos habitacionales. El constructor original era Plaza Industrial. Su propietario, Adrián Campuzano, las empezó a edificar en 1993, para lo cual solicitó a Bancrecer un crédito de 425.4 millones de pesos, poniendo como hipotecas las casas y terrenos.Con la crisis de 1995, Campuzano no pudo liquidar su crédito y Bancrecer se quedó con las propiedades. Más tarde, esa institución bancaria fue absorbida por el gobierno federal, el cual decidió subastar sus bienes a través del IPAB. Este instituto, a su vez, contrató a la firma Fénix para realizar el proceso.Construcciones Prácticas se quedó con las 3 mil 660 casas y con los nueve terrenos por sólo 8 millones 100 mil pesos. Sin embargo, según los documentos del mismo IPAB, todo el paquete “C” tenía un valor en libros de mil 183 millones 5 mil 751 pesos 33 centavos.El informe final indica que “presuntamente el procedimiento de licitación fue legal”, pero previamente a la subasta Fénix facilitó a Construcciones Prácticas, antes que al resto de los concursantes, el conocimiento de toda la información sobre el paquete.“Fénix permitió el ingreso al cuarto de datos a Construcciones Prácticas el día 28 de noviembre de 2003, es decir, un mes y dos días antes de que esa empresa contara con la Carta de Aprobación de Bancrecer, a través del agente colocador, hecho que resulta ilegal”, asientan los legisladores.El “cuarto de datos” consiste en tener acceso a la información de los bienes que se van a subastar, es decir, a datos como el nombre de los acreditados, el valor de los créditos, la naturaleza y la ubicación de las garantías, el tipo de juicio y su etapa procesal. Eso permite al participante en la licitación hacer un estudio financiero que determine el valor de la postura con la cual pujará. Pero al cuarto de datos sólo puede entrar una persona física o moral cuando ha sido aprobada su participación, y en este caso Construcciones Prácticas ingresó antes.El informe de los diputados puntualiza que una vez que es aceptada la participación de los concursantes, éstos firman una carta de confidencialidad y pueden entrar al cuarto de datos. La carta los obliga a no divulgar la información a la que tuvieron acceso y a no establecer ningún tipo de comunicación con los acreditados o con cualquier persona que de manera directa o indirecta tenga interés en las operaciones. Por ejemplo, Miguel Khoury no podía establecer contacto con Adrián Campuzano, el constructor original de las casas y deudor de Bancrecer.“El incumplimiento de esas disposiciones podría poner en ventaja al participante incumplido por sobre aquellos que dieron cumplimiento a los tiempos de acceso al cuarto de datos (…) Fénix debió hacer cumplir estas reglas y no lo hizo. “Tal omisión hace presumir que se puso en ventaja a Construcciones Prácticas por encima del resto de los participantes, contraviniendo el principio de igualdad. Razón por la cual resultó irregular la actuación de Fénix (…) En opinión de esta comisión, resulta irregular y, por lo tanto, ilegal el proceso de enajenación del paquete ‘C’.”
Acuerdos y concertaciones
En este caso del paquete “C”, no sólo se produjo información privilegiada, sino que hubo también una serie de “actos jurídicos que a manera de presunción establecen acuerdos y concertaciones entre Construcciones Prácticas y Grupo Inmobiliario Kilate”, es decir, entre Miguel Khoury Siman y Manuel Bribiesca Sahagún.Para explicar lo anterior, los diputados recuerdan que Construcciones Prácticas pertenece a Miguel Isaac Khoury Siman y Munir Isaac Khoury Jorge, y que Kilate es de Miguel Isaac Khoury Siman y Manuel Bribiesca Sahagún, y en seguida expresan:“El señor Miguel Khoury conocía y tenía negocios con los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún. Debe recordarse que el segundo (Jorge Alberto) sustituyó a Construcciones Prácticas en una obligación que correspondía a esa sociedad, consistente en garantizar la postura mediante la expedición de un cheque en la subasta del predio Los Pirules.”“Aunado a lo anterior”, continúan, Grupo Inmobiliario Kilate fue vendido por Miguel Khoury y Manuel Bribiesca a Alberto Dunand Aramburu y Luis Ángel Alonso Puente. Por cierto que, advierten, el apellido de Alberto Dunand “es idéntico al de Alfredo Dunand, persona que indebidamente sustituyó a Construcciones Prácticas al garantizar su postura en el procedimiento de subasta de 275 departamentos ubicados en Puebla”.Y agregan: “…Es de hacerse notar la identidad de las personas que intervienen en estos actos jurídicos, y el interés justificado que tendrían en el éxito de los negocios que conjunta o separadamente emprendieran sus respectivas empresas”.Más adelante, los legisladores refieren cómo la empresa Kilate le compró el 15 de marzo de 2004 a Plaza Industrial, de Adrián Campuzano, 460 casas que estaban en el paquete “C”, que ya no eran de Campuzano ni del IPAB, sino de Construcciones Prácticas.“Ante los hechos descritos, se presume fundadamente que Construcciones Prácticas concertó o entabló comunicación indebidamente con el señor Adrián Campuzano, quien no obstante conocer que los créditos a cargo de su empresa habían sido transferidos al IPAB, comparece sin recato alguno a formalizar la venta del conjunto habitacional”, enfatiza el informe. La presunción de que se produjo dicha “concertación” brota del hecho de que la parte compradora, Kilate, y sus accionistas originales y posteriores, “tenían conocimiento pleno de la enajenación a favor de Construcciones Prácticas”, abundan los legisladores.Y para reforzar la misma presunción, los integrantes de la comisión recuerdan que los segundos propietarios de Kilate solicitaron un crédito por 54.2 millones de pesos a la entidad gubernamental Sociedad Hipotecaria Federal, “firmando como avales los señores Miguel Khoury Siman, Manuel Bribiesca Sahagún y Luis Ángel Alonso Puente”.
Los depósitos de garantía
La segunda subasta que el IPAB entregó a Construcciones Prácticas se realizó el 1 de abril de 2004. Consistió en un predio rústico denominado Los Pirules y ubicado en Celaya, Guanajuato, donde posteriormente se construyeron dos conjuntos habitacionales. Los diputados reclaman igualmente anular esa operación, ya que en el proceso hubo violación de las bases de la subasta, según las cuales no puede presentar su propuesta de compra ni ser adjudicado un participante que no hizo el depósito de garantía, sino que éste fue pagado por un tercero. Efectivamente, en este caso no fue Construcciones Prácticas la que cubrió el depósito de garantía, sino un tercero que, por añadidura, era el hijo político del entonces presidente Vicente Fox: Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún de Fox.Fue él quien, el 1 de abril de 2004, liquidó al IPAB el depósito de garantía con un cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos 30 centavos.“Este hecho es irregular e ilegal”, se indica en el documento de la comisión especial, pues “Jorge Alberto Bribiesca Sahagún o cualquier otra persona física o moral carece de legitimación para comparecer en un acto cuyas bases imponen derechos y obligaciones únicamente al participante”. Los diputados sentencian que las reglas no dejan lugar a dudas ni a interpretaciones, de modo que si el depósito de garantía fue cubierto “por un tercero” distinto a quien fue aceptado por escrito en ese procedimiento de enajenación, era imperativo que “el agente colocador desechara su propuesta en términos del inciso B de las bases”. Según la comisión, esto puso en ventaja a Construcciones Prácticas sobre los demás concursantes, en “un clima de desi-gualdad y, por lo tanto, de inseguridad jurídica y desventaja al resto de los participantes”.Sumado a lo anterior, agrega el documento, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún estaba “expresamente impedido para participar de manera directa o indirecta (en el proceso) por ser familiar del entonces presidente de la República.“El señor Jorge Alberto Bribiesca, desde el día en que se publicó la convocatoria de subasta, tenía –y tiene hasta el día de hoy– un parentesco por afinidad con el entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quesada, quien en ese momento era parte del sistema financiero del país en virtud de que el presidente es quien designa al secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo representa y funge como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB.”Por esta razón, el agente colocador, Fénix y el IPAB debieron desechar la propuesta de Construcciones Prácticas, ya que al permitir esta irregularidad la subasta fue “ilegal”. Más aún, al no haber aportado el depósito de garantía, Construcciones Prácticas puso en evidencia “que no tenía dinero suficiente para participar (…) obteniendo así una ventaja” sobre el resto de los postores.Esta misma ilegalidad se produjo en la subasta número tres de los 275 departamentos de Puebla, donde quien entregó el depósito al IPAB no fue Construcciones Prácticas, sino Alfredo Dunand, por 4 millones 410 mil pesos.Como las bases de esta tercera subasta especifican que una violación de esta naturaleza impide al concursante intervenir en otra subasta, esto debió bastar para que no compitieran en la número cuatro, que otorgó el paquete “H” a Construcciones Prácticas. Por lo anterior, los diputados demandan la anulación de las cuatro subastas y la realización de una auditoría externa al proceso del IPAB, ya que éste “tenía los medios y las facultades suficientes para requerir información que resultara necesaria para supervisar el correcto desempeño del agente colocador, bajo la premisa de que en esa subasta se habían utilizado recursos públicos”.En consecuencia de “las omisiones adver-tidas en la legalidad del procedimiento –concluye el documento de los legisladores–, se invalidan los contratos, produciendo su nulidad absoluta, la cual puede y debe ser invocada por el propio Ejecutivo”.

“Este señor presidente subió todo”...nos esta matando de hambre!

La farsa y el hambre
"Dejamos de comer carne, aceite, arroz, pan, leche..."
Marcela Turati

Debajo de “la farsa” del congelamiento de precios en algunos productos, los más pobres de México se están volviendo vegetarianos –e inclusive pepenadores– y ya extrañan no sólo “el pollito en retazo”, sino hasta el aceite, cuyo costo se duplicó. En lo que va del gobierno de Felipe Calderón, advierten investigadores consultados por Proceso, esos mexicanos han perdido 45% de su poder de compra. Por lo demás, una parte de los recursos oficiales destinados a paliar el hambre no está llegando a su destino. De diciembre a estas fechas, en la casa de la otomí Lucía Casiano Puertas los 15 integrantes de su familia se volvieron vegetarianos: cero carnes, nada frito y sólo tacos de vegetales. El mismo cambio de dieta viven otras comunidades índigenas en Acahualco, Estado de México, así como otomíes de la periferia de Toluca; nahuas de Malinalco y sus alrededores; purépechas de Paracho, Michoacán; chontales de Centla, Tabasco, agricultores del norte de Veracruz y numerosos campesinos de la defeña colonia Santa Fe, entre otros.
“Dejamos de comer carne, aceite, arroz, pan, leche, porque todo está re caro.
A veces comíamos un pollito en retazo. Ya no, porque está a 22 pesos. Ahora gastamos más y comemos menos. Los precios subieron pero lo que ganamos quedó igual, no alcanza”, explica Lucía –mirada seria, aretes rojos de fantasía, mandil completo como vestido– durante un encuentro de indígenas realizado en la Casa del Agrarista del Distrito Federal. La dieta de Lucía y sus hijos, nueras, yernos y nietos que habitan su domicilio consiste en quelites, huizaches, quentales, cenizos, malvas, sanguinarias, acelgas, espinacas, calabazas, papas y frijoles. Se trata de un vegetarianismo que excluye, desde luego, productos como los hongos –que cuestan 70 pesos el kilo–, y que mantiene a Lucía en un estado de alerta porque los precios cambian de la noche a la mañana.“Cocinamos sin aceite; todas las cosas hervidas… Y como que no se llena uno… Por eso rematamos en las tortillas con sal y, si tenemos, una salsita, pa’l estómago”, dice rodeada de una decena de mujeres que asienten ante sus palabras, sobre todo cuando recuerda que el aceite costaba 12, subió al doble y llegó a valer el triple. Porque, afirma, “este señor presidente subió todo”.Son este tipo de familias las que más preocupan a investigadores, nutriólogos y organizaciones sociales que observan los efectos de la crisis global de los alimentos y las caprichosas alzas de precios que se están produciendo en el país.“El estado de subnutrición es peor que el hambre”, comenta al respecto Felipe Torres Torres, egresado de la UNAM con especialidad en economía de la alimentación, y anticipa conflictos sociales por la carestía que no pueden sortear millones de mexicanos, principalmente en las periferias de las grandes ciudades y en las zonas indígenas rurales, donde se concentra la pobreza extrema. “La gente que ya estaba en estado de subnutrición o riesgo alimentario se mantenía con el consumo mínimo, pero ahora se está quedando sin nada por no poder absorber el costo de la alimentación”, explica el especialista, quien coordinó el libro Seguridad alimentaria: seguridad nacional. Calcula que, con el alza de los precios de los alimentos, el poder adquisitivo de grandes sectores de la población se ha deteriorado en cerca de 80%. El encarecimiento, observa, golpea más a los 22 millones de mexicanos subalimentados o en desnutrición crónica permanente, que llegan a destinar hasta 70% de su gasto en comida y no alcanzaban a nutrirse desde antes de la crisis. Tampoco podrán hacerlo con los 120 pesos de subsidio mensual que el gobierno federal entregará a 5 millones de familias, ni con los 365 pesos que recibirán los hogares más pobres acogidos al nuevo Programa Alimentario para Zonas Marginadas (PAZM). “Los programas asistenciales de tipo coyuntural –continúa– son claramente insuficientes. Una familia, para estar cerca de la canasta básica de consumo, requiere de por lo menos tres salarios mínimos. Eso implica gastar cerca de 4 mil 500 pesos. De modo que los 350 o 120 pesos destinados por los programas calderonistas están muy lejos de abatir el problema alimentario entre las familias más pobres, sobre todo en las zonas donde hay posibilidad de hambruna.”Pese a este panorama, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Héctor Hugo Olivares, dice que no ha recibido el informe del uso que Sedesol dio al presupuesto durante el segundo trimestre del año, mientras que las delegaciones estatales de esta dependencia reconocen que los recursos del PAZM (antes PAAZAP) no han llegado al bolsillo de los pobres porque los gastos ejercidos han sido sólo burocráticos y operativos, aunque el Programa Oportunidades sí está operando.En el análisis denominado El impacto en los hogares del país por el incremento en los precios de los productos alimenticios, diciembre de 2005 a mayo de 2008, elaborado por los Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Dipu-tados, se indica que el alza en los precios de productos básicos en México afecta a 24 millones 257 mil trabajadores, quienes perciben hasta tres salarios mínimos y destinan casi 70% de lo que ganan a la alimentación. El investigador Torres Torres hace cuentas: Para la adquisición de una canasta básica por familia se requieren de cuatro a cinco salarios mínimos, y existen entre 20 y 22 millones de mexicanos que ganan entre cero y dos salarios mínimos. Esto significa que en los hogares de estas personas los niños van a la escuela sin desayunar y no hay condiciones para darles de comer carne o huevo, dice el experto, y ubica varios lugares de riesgo donde podría agravarse la desnutrición crónica: en Guerrero, La Montaña, Tierra Caliente, la costa y la sierra; en Oaxaca, la Sierra Sur; en Chiapas, las Cañadas; el norte de la Península de Yucatán, todo el sur de Veracruz, el Valle del Mezquital Hidalguense, la sierra y las Huastecas desde Hidalgo a San Luis Potosí, la sierra cora-huichol, el norte de Michoacán y la sierra Tarahumara. En suma, advierte, los aumentos de precios impactarán sobre todo a las zonas de pobreza extrema con población indígena mayoritaria, así como a las ciudades perdidas de las 55 zonas metropolitanas que hay en el país, principalmente las del Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Regresión alimentaria
Otra de las medidas con las que el gobierno federal pretende paliar el hambre es el congelamiento de precios de 171 productos, pero según Emilio Romero Polanco, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, eso es una farsa.“Más que medida emergente –comenta– resulta una broma de mal gusto. Esos alimentos que el gobierno congeló no son representativos de la canasta básica de la mayoría de los mexicanos. ¿Qué tienen que ver el chilorio, el mango en almíbar, los jalapeños enlatados, las mermeladas, si dejaron fuera el maíz, el trigo, el frijol, la leche y la carne? Los primeros no tienen ningún impacto positivo; sólo tienen un efecto mediático”, sentencia.
Peor aún, prosigue, “el gobierno congeló los precios cuando éstos ya habían subido”.
Lo cierto es que “habrá una regresión en consumo de alimentos. Millones de familias mexicanas están obligadas a adaptarse al alza de precios, pero los salarios no van al alza, siempre pierden frente a situaciones de inflación. Por eso las familias sustituyen alimentos caros por baratos, proteína animal por proteína vegetal. De manera que regresarán a la dieta raquítica y monótona que no garantiza la salud de quien la tiene: cambiarán la carne y la leche por más frijoles, quelites y tortillas; sólo comerán algunas frutas de estación. En suma, le echarán más agua a los frijoles”. Algunas organizaciones sociales, como Un Kilo de Ayuda –que otorga paquetes alimentarios e imparte clases de nutrición a 40 mil familias–, detectan también el malestar que se experimenta en las zonas más pobres.“Hay estrategias de superviviencia: los pobres empiezan a recolectar alimentos, a cambiar huevos por tortillas o maíz, y a consumir alimentos menos nutritivos pero más económicos, que aplaquen el hambre (…) Las familias más pobres están sufriendo”, subraya el nutriólogo Jesús Flores Sánchez, director del Programa Integral de Nutrición, perteneciente a la organización citada.Advierte que si la situación se prolonga otros seis meses o un año, en las zonas más pobres comenzarán a enfermar y a morir un mayor número de niños, por tener bajas defensas debido a la desnutrición, pues muchas familias están acostumbradas a dar de comer primero a quienes trabajan en el campo, y lo que sobra lo reparten entre los que no producen y sólo consumen, como los niños.
Protestas en puerta
“Yo como mucho más verdura. Es lo que nos llena más, pero extraño el arroz, el frijol, el huevo, la leche… nomás eso; la carne no la extraño, porque no comía tanta carne”, refiere Miguel Ángel Iturbe Reyna, un joven otomí avecindado en Toluca que gana mil 800 pesos a la quincena como vigilante de una fábrica. Con ese sueldo y el salario de obreros que reciben también su papá y un hermano se pueden dar el lujo de comprar una “bolsa de leche” para el más pequeño de la familia, un menor de nueve años que está en primaria.Miguel Ángel, de 22 años, de cabello rebelde y sonrisa chimuela, cuenta que hace unos días su familia juntó salarios y compró carne después de no haberlo hecho durante dos meses. Las mujeres de una familia purépecha, en cambio, señalan que se alimentan de pasta, huevo, queso y charalitos, pero como ya no pueden adquirir el tambo de agua purificada que usaban para beber, ahora colocan recipientes en los techos de las casas para captar agua de lluvia. Ofelia Pahuambá, de 52 años, con 10 hijos, habitante de Quinceo, municipio de Paracho, indica que no está anotada en el Programa Oportunidades ni recibirá los beneficios captados por 5 millones de familias que obtienen subsidios para educación, salud y, desde hace poco, para alimentarse.Envuelta en un rebozo azul con hilos blancos, confiesa: “Nunca me fui a apuntar. Sólo poquitas se apuntaron porque nos llevamos mal con las promotoras. Es mucha política. Ellas son de otro partido, son del PRD y nos discriminan, no quieren a gente del PRI y del PAN”. Como ella, muchas otras personas no están incluidas en los subsidios focalizados.El campesino Santos Martínez, de Tepetzintla, Veracruz, expresa a su vez que, por lo caro de los fertilizantes e insecticidas, gasta menos en alimentos, pues su único seguro es invertir en sus tres hectáreas de naranja y una de maíz.En cambio, Uldárico Sánchez Valencia, campesino chontal de Centla, Tabasco, se queja de que con su sueldo de 35 pesos diarios no completa los mil 200 pesos que reclama su familia para comer. “Con la subida de precios y la contaminación por la inundación, dejamos de comer la mojarra, la carne y todo eso. Ahora debemos comprar frijoles, arroz, que están muy caros, y de vez en cuando sardina, aunque antes le hacíamos el feo. Es para sobrevivir, porque la inundación acabó con todo y el pescado quedó contaminado.” Rodolfo de la Torre, director de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que elabora el Informe Nacional de Desarrollo Humano, considera atinados los programas oficiales en marcha –incluyendo el retiro de aranceles para insumos del campo–, pero admite que dichas medidas son limitadas, de suerte que, si se cumple “el escenario más catastrófico”, se agravaría la situación de cerca de 200 mil familias subalimentadas que viven en zonas aisladas y no tienen ningún subsidio, así como la de casi 2 millones de pobres moderados que empeorarían sus niveles de vida. “Se han tomado dos tipos de medidas que son también limitadas. Se ha dicho que se extiende el programa alimentario para zonas marginadas, pero resulta muy costoso llegar a poblaciones de menos de 500 habitantes dado que no existe infraestructura para proporcionar alimentación ni transferencias en efectivo. Es muy factible que no alcance”, apunta quien fue portavoz del Comité Técnico de Medición de la Pobreza el sexenio pasado.Desde su punto de vista, es necesario reforzar el sistema de abasto rural de tiendas Diconsa para mantener controlados los precios de los alimentos en las zonas más pobres y que el gobierno regule el mercado, en la medida de lo posible, para evitar que se disparen los precios. Carlos Rodríguez, integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral, manifiesta que se viven tiempos similares a los de 1986, cuando se tuvo que instalar la Mesa de Concertación Sindical y se exigía un incremento salarial de emergencia y control de precios.En enero de 2006, precisa, la canasta básica recomendable por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM costaba 80.83 pesos, y con el salario nominal de entonces (48.87 pesos) alcanzaba para adquirir el 60%. El 1 de abril de 2008, la misma canasta cuesta 114 pesos, y el salario es de 52.69, lo que sólo alcanza para comprar 45%. “Sólo en el tiempo que lleva Felipe Calderón se ha registrado una pérdida de 45% del poder de compra, y únicamente en 2008 ese poder de compra ha caído 25%”, puntualiza, y agrega: “Mientras una canasta con 40 productos básicos se incrementó 706% entre 1994 y 2007, el salario mínimo general sólo subió 236%.”Para el investigador Jesús Sánchez Arciniega y sus colegas de la UNAM, la crisis alimentaria debe ser afrontada con una política de Estado de largo plazo que fortalezca al campo y garantice la producción alimentaria.Vaticina: “No tardan en levantarse las organizaciones campesinas y obreras del país. Los precios han subido en promedio entre 30 y 50%, y como no tenemos controles de precios, seguramente veremos más aumentos”.Mientras tanto, los efectos del encarecimiento ya se advierten en todo el país. En el Mercado Vasco de Quiroga, de la colonia popular Santa Fe, en la Ciudad de México, locatarios que venden frutas y verduras comentan que la gente gasta lo mismo, pero se lleva cada vez menos comida.“Antes vendíamos como tres cajas de tomate, ahora nomás una. La gente está adquiriendo la mitad en fruta y verdura”, dice María Rosa García Pérez, quien atiende el local 87. Los comerciantes vecinos se quejan de lo mismo.Afuera, en el área donde se tira la basura, una anciana espera paciente junto a la barda donde los comerciantes dejan sus desperdicios: los pedazos de tortilla que no vendieron, la pulpa de melón que quedó pegada a la cáscara, la carne adherida al hueso, los tomates magullados pero todavía buenos…Es Juana Flores, indígena mexiquense que desde hace 40 años vive en el DF, quien suele recorrer el mercado para hurgar entre los desperdicios. “Todo caro, todo caro; subió bastante. Ni modo que no vaya a comer”, dice para sí ante la mirada inquisitiva de la reportera mientras recoge unas tortillas que sacude y guarda en una bolsa de plástico…
Atolladero científico
Sin vacuna

La XVII Conferencia Internacional sobre el Sida (Aids 2008), que dio comienzo este domingo 3 y concluye el viernes 8 en la Ciudad de México, se enfrenta de nuevo a la “gran decepción” del mundo médico contemporáneo: la inexistencia de una vacuna para este padecimiento, que cada día provoca la muerte de 5 mil 700 personas y que para el año 2015 le habrá costado la vida a 115 millones de seres humanos, según los cálculos internacionales.Ahora que están por cumplirse casi 30 años del brote de la epidemia, que pronto se convirtió en pandemia, el panorama sigue siendo pesimista para más de 60% de los 33 millones de personas infectadas en el mundo, pese a las esperanzas que una década atrás, en 1996, se despertaron con el desarrollo de una nueva generación de medicamentos, los antirretrovirales y sus diferentes combinaciones.Estos fármacos permitieron que el Virus de Inmunodeficiencia Humana-sida se transformara de una enfermedad mortal a un mal crónico, pero sólo 31% de las personas que viven con el VIH tiene acceso a estos medicamentos en el planeta. Y en regiones como el África subsahariana el acceso no llega ni a 15%, al punto de que allí se produjo 76% de las muertes que en 2007 se registraron por sida (2.1 millones).Junto con las dificultades para adquirir las medicinas, los otros grandes retos son la expansión de la enfermedad, la falta de estrategias de prevención y el combate al estigma y la discriminación de las poblaciones más afectadas, especialmente los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), las mujeres y los migrantes. Datos de ONUSIDA revelan la progresión epidémica: 6 mil 800 personas contraen el virus cada día; 40% son jóvenes de 15 a 24 años de edad, y sólo 34% de las mujeres embarazadas que contrajeron el virus han recibido un tratamiento retroviral. En África subsahariana se encuentra 90% de los 2.5 millones de niños que presentan el VIH y de los 11.4 millones de pequeños huérfanos cuyos padres murieron por sida.
Reto farmacológico
“El tema de la vacuna ha sido una de las grandes decepciones para la conferencia”, admite Luis Soto, copresidente de la Sociedad Internacional de Sida (Aids), que organiza y preside la reunión. “El modelo de VIH es algo inaudito dentro de la historia biomédica. El virus se descubre muy rápido, y en ese momento se cree que vamos a hacer muy pronto lo que hicimos con otros modelos virales, como el sarampión o la polio: encontrar una vacuna.“Y ahí viene la primera equivocación. El sida es un modelo de infección total y completamente diferente, punto por punto, a otras epidemias. Tener una vacuna es muy poco viable por las características del virus y de la transmisión”, explica Soto, quien es jefe de la Unidad de Virología Molecular del Instituto Nacional Salvador Zubirán.
–¿Fue una esperanza alimentada falsamente, mientras la epidemia se expandió a un ritmo imparable?
–Hubo gente del mundo médico que realmente esperaba una vacuna, pero también se dieron cuenta de que nos enfrentábamos a una enfermedad mucho más compleja. Es un mal que involucra la sexualidad –el terreno más complejo de la naturaleza humana–, la religión y también la enorme desigualdad entre países ricos y pobres.“En esta conferencia tendremos quizá el último de los reportes de una compañía farmacéutica, Merck, sobre sus intentos para lograr una vacuna. Todos los resultados han sido fatales”, admite Soto.En marzo de 2008, el especialista estadunidense Anthony Fauci advirtió que se requiere lograr un balance entre la investigación científica para el descubrimiento de una vacuna y la investigación preclínica basada en estudios de laboratorio.De acuerdo con la agencia Notiese, Carl Dieffenbach, director de la división VIH-Sida, se quejó porque de los 497 millones de dólares que anualmente se aportaron al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), sólo 47% se utilizó para la investigación de una nueva vacuna.
–Si no existe la expectativa de la vacuna, ¿cuál será la perspectiva para esta conferencia? –se cuestiona a Luis Soto.
–La perspectiva es el tratamiento. Lo importante es transformar al paciente VIH en un enfermo crónico –a semejanza de quien padece diabetes– para que pueda vivir por largo tiempo.“Hoy las expectativas de vida son de 10 a 11 años. Quienes han llevado tratamiento médico con buenos resultados podrán vivir más de 30 años.”Soto informa que existe un “boom maravilloso” de cuatro nuevos medicamentos que serán dados a conocer en la conferencia: el inhibidor CCR5, el inhibidor de proteasa y el inhibidor no nucleósido.Actualmente, en México existen disponibles 31 de los cerca de 40 medicamentos que han sido autorizados para el tratamiento. Uno de los más recientes es el Maraviroc, fabricado por Pfizer, que abre esperanzas para pacientes que han recibido múltiples formas de atención y que mantienen elevados niveles de actividad viral.
Acceso y prevención
–Históricamente, ha sido difícil la relación entre los enfermos organizados y las poderosas empresas farmacéuticas. ¿Se vivirá de nuevo este enfrentamiento en la conferencia de México?
–Sí sigue habiendo un enfrentamiento entre el activismo y las industrias farmacéuticas. Pero no podemos olvidar que se trata de la primera epidemia de enfermos organizados. Difícilmente veremos los enfrentamientos que han ocurrido en otras conferencias, pero lo importante es encontrar algún término medio.
–¿Se discutirán nuevas estrategias de prevención?
–De las 14 plenarias que se registrarán entre el 3 y el 8 de agosto, dos estarán destinadas a la prevención. En una de ellas, el investigador Myron Cohen, de Estados Unidos, hablará de nuevos aspectos biomédicos; por ejemplo, de los microbicidas, de la pastilla preexposición para evitar la infección.“Vamos a hablar de algo controvertidísimo, que es la circuncisión, porque en África se han hecho trabajos de investigación según los cuales esta práctica claramente te protege del VIH, pero hay una gran oposición de las mujeres organizadas, que la consideran una maniobra estigmatizante. Ellas creen que es una maniobra que está protegiendo al hombre, pero no a la mujer. No será una discusión fácil.” l
Guardias de EU, con licencia para matar en México

El Departamento de Estado lanza licitación para renovar sus servicios de vigilancia. El incremento de la protección incluye a zonas habitacionales que tiene en el DF.

México.- La embajada de Estados Unidos en México contratará a más de 250 guardias que tendrán permiso para matar en caso de amenaza extrema.
Con el fin de incrementar sus medidas de seguridad ante la inminente llegada de decenas de asesores al país en las próximas semanas, como parte de la Iniciativa Mérida, Washington ordenó echar a andar medidas encaminadas a incrementar la protección de su embajada, consulados y complejos residenciales donde habitan sus trabajadores.
A éstos se sumarán en los próximos años decenas de asesores de dependencias como los departamentos de Defensa, Justicia y Estado.
Por primera vez desde 2002, y de forma coincidente con la virtual entrada en vigor de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado puso a licitación los servicios de seguridad que emplea en México para la vigilancia de la embajada, los consulados, los centros de atención comercial y las zonas habitacionales que posee en el Distrito Federal.
De acuerdo con el contrato federal estadunidense S-MX530-08-R-0001 —al cual tuvo acceso MILENIO—, la embajada renovará en agosto, dos meses después de la aprobación de la Iniciativa Mérida en el Congreso, todos sus servicios de protección, concesionados desde 2002 a la empresa privada Intercon.
“La embajada de Estados Unidos en México lanza la solicitud para requerir la operación y administración de los servicios de guardias locales para prevenir accesos no autorizados, proteger la vida, mantener el orden, evitar ataques criminales contra empleados, familiares y propiedades y evitar ataques terroristas contra bienes de Estados Unidos”, explica la licitación.
La licitación revela que los guardias podrán hacer uso de “fuerza letal” si las condiciones de riesgo para su personal diplomático lo ameritan, siempre como un último recurso.
Contenidos en su apartado “Instrucciones en la Embajada de Estados Unidos en México: Órdenes Generales y Órdenes de Puesto”, los lineamientos dan cuenta de que el nuevo cuerpo de guardias podrá usar, primero, métodos restrictivos, como tratar de frenar a un atacante mediante un bastón largo.
Si esto no funciona y se pone en riesgo la integridad de un guardia o diplomático, el personal de seguridad quedará autorizado a recurrir a armas de fuego.
El uso de fuerza letal es definido como “el uso de un arma de fuego sobre una persona que intente hacer daño físico o amenace la vida de un guardia u otra persona. El uso de un arma por los guardias locales sirve sólo de forma defensiva”, indica el texto.
El uso de armas quedó definido así: “la fuerza letal sólo será usada después de que todos los esfuerzos no violentos hayan sido agotados para detener un disturbio que amenace la vida en cualquier puesto protegido por los guardias.
“La fuerza letal sólo será utilizada para proteger la vida de un guardia o persona del daño corporal letal por parte de otro individuo o individuos. Una amenaza verbal de daño corporal es insuficiente justificación para el uso de fuerza letal”.
Añade: “el hecho de que cualquier persona intente utilizar fuerza letal sobre un guardia o asalte letalmente a un guardia o a otra persona, o en cualquier forma constituya un riesgo de muerte para otra persona, constituye justificación suficiente para el uso de la fuerza letal”.
Esta licitación no es la única abierta por el gobierno de Estados Unidos para incrementar la protección de su personal en territorio nacional.
Dentro de las medidas emprendidas para aumentar su seguridad ante el reforzamiento de la cooperación antinarcóticos con México, Washington abrió la licitación 08PR-OFC-020 para adquirir un vehículo blindado nivel B4 con acero y kevlar —capaz de resistir ataques con ametralladora—para su embajada.
El vehículo blindado, una camioneta General Motors Yukon, será entregado a la oficina de Control de Bienes Foráneos del Departamento del Tesoro en la embajada, sección encargada de administrar y organizar el decomiso y la enajenación de bienes relacionados con el narcotráfico.
Conocida como OFA por sus siglas en inglés, esta oficina también ordena el congelamiento de cuentas ligadas al narcotráfico y realiza labores de inteligencia para determinar qué negocios sirven de fachada a los cárteles para lavar activos.
Los negocios que son descubiertos por la OFA son posteriormente incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro, lo que hace sus activos financieros y físicos sujetos a expropiación.
En cuanto al nuevo cuerpo de seguridad, la licitación contempla la rotación de todos los guardias apostados en los consulados de Estados Unidos en Guadalajara, Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Juárez, Tijuana, Mérida, Hermosillo, Matamoros y la oficina de la DEA en Mazatlán.
También está contemplado reemplazar a los guardias que protegen la residencia del embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México y media docena de complejos de apartamentos diseminados en algunos barrios de la capital.
Claves
Las vacantes• Washington tiene seis tipos de posiciones previstas: guardia externo, conductor, guardia central, especialista en detección de vigilancia, supervisor de detección de vigilancia y supervisor.
• Los guardias estarán bajo el mando directo del oficial de seguridad regional de la embajada y contarán con el apoyo del equipo de Marines encargados de proteger los distintos complejos diplomáticos de EU en México.
• Extraoficialmente, EU ha reconocido que la seguridad de su embajada en México no es la mejor debido a que fue construida al lado de una calle transitada, lo que le hace vulnerable a coches bomba.

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CHEQUEN COMO LA TELEVISION Y RADIO ENGAÑAN A LA GENTE, YA TODO ESTA PACTADO PARA QUE NOS ROBEN PEMEX

Mi amiga Carmen Minor me reenvia esta informacion que le llego a ella:

Esta información, no es mas que la confirmación de lo que se ha expresado, escrito y dado a conocer por los medios que han sido posible a quienes no tenemos acceso a la TV y Radio para informar a la gente de que esta siendo engañada en forma rutinaria , la derecha tiene un problema muy grave y eso no es mas que asi como lo someten a aceptar todo en forma dogmática, es muy difícil que pueda salir de ese sistema a que es sometido desde sus primeros pasos escolares, esa es la razón por la que tienen choques frontales con quienes tienen tienen mayor capacidad de análisis, de ahi viene su odio a todo aquello que es pensante.Hoy por hay, disfruto mucho las declaraciones del actual Presidente de ese partido dogmático, liderado por gente como el ex-secretario de trabajo en el sexenio pasado , este tipo German Mtz, no rebusna porque los asnos se lo han prohibido, pero que limitado es, de verdad, da pena de la buena y ajena de todo tipo.
Saludos

'Neocons' y petróleo.

Paz Flores 2 Ago. 08 (Publicado en Reforma)

Un "neocon" es un neoconservador de ultraderecha, bélico, depredador, altamente organizado. Pueden dedicarse al negocio de la guerra, al poder, la dominación y tienen proyectos para controlar globalmente como el PNCA (Proyect for New American Century). Son neuróticos de altos vuelos, todo quieren controlar.Calderón le debe a Halliburton, porque le dio dinero para su campaña. Halliburton es un negocio "neocon". Es privado, pero controlado por líderes patriotas del gobierno de Bush. Son las dos cosas: publi-privados, rompen las reglas, ellos hacen las reglas. No son inteligentes, son organizados. Su lema es "No mercy" (sin misericordia) o, como dicen aquí, "quítate que ahí voy".Halliburton ya está en México acaparando todos los contratos de PEMEX desde hace un tiempo ante la mirada ciega de la mayoría. Lo de discutir la reforma energética en el Senado es faramalla. Ya está todo pactado.El coctel de la muerte: petróleo-guerra-invasión. Halliburton es la empresa del negocio de la guerra global.Halliburton administra las guerras preventivas de Estados Unidos contra el eje del mal. El mito del eje del mal surgió del "think-tank" de los "neocons" de Halliburton que se dedican a fabricar mentiras como la que dijo Bush sobre las armas de destrucción masiva que justificaban la invasión de Afganistán e Iraq.Halliburton es imperialista, bélico, de ultraderecha y neoconservador. Administra guerras como la de Iraq. Esta empresa es dirigida por Dick Cheney, Vicepresidente de EU, y Bush está detrás.Halliburton sobrecobró 61 millones de dólares al gobierno estadounidense por los servicios para encontrar armas de destrucción masiva inexistentes en Medio Oriente. Total, ellos también son gobierno. Los Bush, Cheney, Condoleezza vampiresa de las once letras, Rumsfeld y toda la banda.En marzo del 2005, Fox firmó el Tratado de Libre Comercio Plus en el que se comprometen energéticos y la seguridad, y desde entonces se pactó el petróleo.El historial de Halliburton es terrible y PEMEX le dio los contratos más jugosos a esta empresa, más de 160, y el 88 por ciento de todo el equipamiento lo está proveyendo esta empresa.Calderón es el candidato designado por Halliburton para ejecutar la venta formal de PEMEX, "you are the man... my boy".Negroponte, el Jefe de Seguridad estadounidense, sabía que Calderón era estratégico para frenar el movimiento social que venía del sur, por eso decidieron apoyarlo a través de recursos de Halliburton, eso afirma el Dr. Miguel Tinker Salas, del Colegio de Pomona. La participación de Halliburton en la campaña de Calderón fue ilícita, según el TRIFE (Tribunal Federal Electoral)Felipe Calderón tiene comprometido el petróleo. En una ocasión, cuando era candidato, me tocó estar en una conferencia y le hice una pregunta sobre el tema y él guardó silencio solamente.¿Puede ser que las grandes corporaciones globales como Halliburton influyeran en la elección de México? Of course, my darling, incluso es parte de su manual de estrategias. Una vez, en el 2004, Rumsfeld afirmó en un resbalón que las mentiras estratégicas a los medios estaban en su manual de guerra. Lea "Guerras del Futuro" de Alvin Toffler, Editorial Planeta.Intervenir en las elecciones es común, sobre todo después de que la misma Halliburton encontró una de las reservas petroleras más grandes en el Golfo de México.Los hombres de la guerra no tienen escrúpulos. Son expertos en operaciones militares, así hacen política y negocios. Se enriquecieron con la guerra de Iraq, 16 mil millones en contratos sin licitación, ¿para qué?, si ellos son el Gobierno.Hicieron de EU el negocio privado de unos cuantos. Sacrificaron estadounidenses y miles de afganos e iraquíes.Vea la ironía, ellos tienen los contratos más jugosos de PEMEX hoy y, al mismo tiempo, construyeron 22 cárceles en la frontera para migrantes mexicanos que son verdaderos campos de concentración, donde incluso se practica tortura.Calderón, al cederle todo a Halliburton, está incorporando a México a los intereses de defensa de Estados Unidos.El contrato para perforar 58 pozos, dado a conocer a principios de este año, les dejará ganancias por 683 millones de dólares. Ya qué discuten, hace buen rato que el petróleo es de ellos. Son un monstruo, no se puede con eso por vías normales. Abra los ojos y confíe en lo impredecible, todo cae por su propio peso.En el libro "La Agenda Halliburton: la Política del Petróleo y el Dinero", de Dan Briody, mencionan que cerca de cada activo de PEMEX encuentras una instalación de Halliburton y no son recientes. ¿Desde cuándo tienen ya el petróleo sin importar lo que diga la Constitución? Total, es sólo un papel.El esquema de asociación que ellos pretenden es dejar a PEMEX como un "cascarón burocrático" que sólo administre los contratos de explotación de petróleo, con la mínima ganancia, nada más.Pura faramalla. El Banco Mundial es uno de los más interesados en esto.Están desmantelando todas las direcciones técnicas y estratégicas de PEMEX, mientras "la intelectualidá" mexicana sigue discute y discute. "Tú déjalos discutir, a los mexicanos les encanta el rollo, nosotros vamos a actuar".
Renuncia Godoy a la Comisión Nacional de Garantías del PRD

Denuncia la validez de actas apócrifas en los comicios de Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

México, DF. Ernestina Godoy renunció a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque -dijo- las resoluciones que están suscribiendo los comisionados Renato Sales Heredia y Dolores de los Angeles Nazares validan actas apócrifas de casillas que no fueron instaladas en la elección perredista y actas con votaciones atípicas.
En conferencia de prensa Godoy expuso que con ello se contabilizan votos que fueron fabricados ilegalmente, y se premia así el fraude y se instaura la impunidad ante esos hechos vergonzosos.
“Al dar validez a las actas de casillas no instaladas y con votación atípica se convalidan las elecciones de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, contabilizando votos fabricados ilegalmente, propiciando entre la militancia de estos estados un clima de confrontación interminable”, expuso.
Acompañada por proyectistas de esa comisión que mostraron actas de casillas con irregularidades, Godoy consideró una responsabilidad profesional ética y política expresar su desacuerdo con las resoluciones aprobadas por los comisionados.
A su parecer, sus ahora ex compañeros de la comisión convalidan de manera vergonzosa el fraude perpetrado y otorgan impunidad a quienes cometieron las irregularidades durante el proceso interno.
En ese sentido se declaró en pleno ejercicio de su derecho y facultades para iniciar un movimiento por la legalidad, la transparencia y el respeto a la voluntad de la militancia con el objetivo de defender lo que se ha construido durante décadas y que un equipo pretende apropiarse y usufructuar.
"Yo no sé si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desee enlodarse levantándole la mano a Jesús Ortega Martínez. Esperaría de dicho tribunal el rigor propio que le impone su alta investidura y la preparación de sus magistrados", enfatizó.
En la sede nacional del partido del sol azteca refirió que durante la jornada electoral y los días posteriores se cometieron irregularidades graves que afectaron el proceso interno restándole legitimidad ante la militancia y la sociedad.
Especial atención merece el caso de las actas de cómputo de casillas que no fueron instaladas y otras con votación atípica, detalló.
Ese punto no pesó en la elección de dirigente nacional, pues la nulidad se fundamentó principalmente por otras causales, sin embargo consideró que esas actas resultan determinantes para calificar las elecciones en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
Advirtió que si se declaran válidas las actas de las casillas mencionadas se avalará una acción fraudulenta, se consumará la mentira y se dará el triunfo a candidatos que manipularon la papelería electoral para hacer aparecer documentos con datos falsos, al carecer de la verdadera votación de las militancia.
Godoy Ramos describió que en un análisis minucioso efectuado con su equipo de trabajo en las casillas no instaladas y con votación atípica concluyó que lo único procedente era decretar su anulación.
Consideró que en la Comisión de Garantías del PRD existen dos posiciones jurídicas diametralmente opuestas sobre el tratamiento que debe darse a las casillas irregulares, pues Sales Heredia y Dolores de los Angeles Nazares tienden a convalidar la votación consignada en actas apócrifas y la suya que es anularlas.
"No soy una simuladora. En congruencia con lo que creo y he defendido a lo largo de vida en el campo de lucha democrática no puedo ser cómplice por omisión de personas que carecen del mínimo compromiso con los compromisos que defiende el PRD", sentenció.
Exige AMLO a Zapatero deje de meter las narices en México

Es evidente que las autoridades españolas tienen especial interés en el sector energético del país, porque empresas ibéricas dominan 40 por ciento de la industria eléctrica.

La Jornada On Line Publicado: 03/08/2008 17:33

México, DF. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, respeto a los asuntos que sólo competen a los mexicanos y que “deje de estar metiendo las narices en México”.
López Obrador dijo que es evidente que las autoridades de aquella nación europea tienen especial interés en el sector energético del país, porque actualmente empresas españolas dominan 40 por ciento de la industria eléctrica.
Lamentó que el gobierno de España quiera tener injerencia en asuntos que sólo le compete al pueblo de México, como es el caso de la industria petrolera. “Se le olvida” al presidente de España que México es una nación libre y soberana, expresó.
Consideró que las autoridades españolas se exceden en sus comentarios y deberían de ser más respetuosos de las decisiones que “tomemos los mexicanos para evitar que el gobierno usurpador, en complicidad con el PRI y el PAN, entreguen al hidrocarburo a empresas extranjeras”.
Farsa de diez días
Desde el pasado viernes reiniciaron los trabajos de construcción de la irregular gasolinera que construye la familia de Juan Camilo Mouriño, titular de Gobernación del gobierno espurio, a la vera de la carretera Mérida-Progreso
Sólo diez días duró la farsa montada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, pues el pasado viernes se reiniciaron los trabajos en la irregular gasolinera que construye el Grupo Energético del Sureste a la vera de la carretera Mérida-Progreso.Algunos alarifes que laboran allí señalaron que los dueños de la gasolinera resolvieron sus líos con la Comuna y por eso les pidieron que regresaran a la obra.Sin embargo, aunque las cintas de clausura que rodeaban la construcción fueron arrancadas, los sellos de clausura siguen colocados, pero como sucede comúnmente con la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Angélica Herrera Lizcano, ningún inspector o personal de dicha dependencia se hizo presente, por lo que sin más contratiempos los alarifes se dieron manos a la obra.
Vecinos de la colonia manifestaron no estar sorprendidos, pues sabían perfectamente que el Ayuntamiento de Mérida daría de nueva cuenta su brazo a torcer o simplemente daría por terminada su simulación.En un dos por tres, la cuadrilla de albañiles tiró el colado que faltaba en la zona de las bombas.Herrera Lizcano señaló que el GES no contaba con licencia de construcción, pero al parecer en tiempo record les concedió el permiso.Cabe recordar que esta gasolinera es apenas una muestra del tráfico de influencias que desde el Gobierno Federal maneja a su antojo el hoy Secretario de Gobernación espurio, Juan Camilo Mouriño Terrazo.La obra viola varios reglamentos, aunque los promotores de la gasolinera argumentan que éstos se crearon después de que la Dirección de Desarrollo urbano les otorgó el permiso de uso de suelo y el de construcción.Se sabe también que de acuerdo con la reglamentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la gasolinera en cuestión no podrá tener salida a la carretera Mérida-Progreso, pues se trata de una vía federal que se encuentra en una zona de entronque de seguridad, lo que no han tomado en cuenta los constructores ni han hecho valer las autoridades. Esto implica que los vehículos que circulan por la Mérida-Progreso no podrán entrar directamente a la gasolinera desde esta carretera federal, sino que tendrían que hacerlo por la calle lateral, lo que evidentemente le resta viabilidad al proyecto.Empero, sólo cuando se lleve a cabo la municipalización de esa zona, que ya cocina el ayuntamiento de Mérida, los Mouriño “regularizarán” su situación.
■ Venta de plazas en el magisterio
■ Aunque digan lo contrario, seguirá la corrupción
■ Imbatible podredumbre sindical

Pocas personas creen que terminará la venta de plazas en el sector educativo, según anunciaron recientemente la presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo, y la secretaria del ramo, Josefina Vázquez Mota. Los vicios están muy enraizados, es casi imposible acabar con ellos. El 97 por ciento de los encuestados de esta semana contestó afirmativamente a la pregunta: ‘¿continuará la corrupción?’, y sólo 1 por ciento piensa lo contrario.
Metodología
Como cada semana, enviamos 5 mil cuestionarios por mensajería electrónica a igual número de miembros de El Foro México. Hasta ayer en la tarde había contestado 65 por ciento. Este sondeo es uno de los que han tenido mayor porcentaje de participantes. Enseguida reproducimos algunos fragmentos de las opiniones que acompañaron los votos.
Votos razonados
Veamos cuánto dura sin corromperse el nuevo esquema que se propone; calculo que no será más de un año en que “alguien” encuentre la manera de hacer negocio nuevamente.
Carlos Olivares/Distrito Federal
Esto no cambia si no se cambia a la gente que está en el sistema y se implanta en la sociedad la cultura de hacer las cosas correctamente.
Mario Romero Ruiz/Monterrey
Tuve la oportunidad de conocer a la hija de la maistra Gordillo, Mary Cruz Montelongo, cuando era subdelegada en Iztapalapa. Me di cuenta de que la corrupción es cosa de familia. Los favores que hacía a la constructora donde yo trabajaba se los pagaban con joyas de oro a su elección.
Rubén Morales/Distrito Federal
Sólo que sucediera un milagro este país podría cambiar. Desde que era pequeña, y tengo 63 años, el magisterio era una porquería.
María Antonieta Salazar/Oaxaca
En efecto, con este sistema se acabará con la venta de plazas; ahora venderán los exámenes.
Ernesto Martín Luna/Distrito Federal
La maestra sólo busca tender acuerdos y ganar poder político, no le interesa la enseñanza básica. Yo trabajo en educación, nos aumentaron el ISR y ganamos menos que en diciembre pasado. Ahora, eso del concurso para asignación de plazas, que se los crea su abuela; nada más dense una vuelta por la calle de Venezuela y en la sede nacional del sindicato pueden contactar a quienes venden las plazas.
Silvia Velásquez/Distrito Federal
La convocatoria para el examen de selección de docentes en Puebla fue un fraude: se publica el 28 de julio, sin dar suficiente tiempo para cumplir los requisitos; el sitio en Internet nunca abrió la página de registro, por lo que muchos maestros llegaron corriendo a las oficinas. Imagínense los que tuvieron que viajar hasta por cinco horas para que les dijeran que si iban para primaria ni se preocuparan, pues ya no había plazas. A los de prescolar y secundaria les informaron que siguieran intentando por Internet, pero el portal continúa sin funcionar; es más, si uno va a la página de la SEP de Puebla se dará cuenta de que es un mero adorno, muchos de los links no llevan a ningún lado, sólo recargan la página. Entonces, no salgan con que no hay corrupción o que se va a combatir, estamos en una época peor que cuando gobernaba el priísmo.
Raúl Hernández C./Pachuca
Mientras la profesora siga de líder en el SNTE, la corrupción continuará prevaleciendo en esa institución. Como dice el refrán: “Chango(a) viejo(a) no aprende maroma nueva”.
Octavio Ruiz Berlanga/Culiacán
Eso de concursar las plazas es pura faramalla. Si lo sabré yo, que trabajo en el sector público federal y he sido testigo de las falsedades y corruptelas del “servicio profesional de carrera”. Los cursos de capacitación en línea fueron un negocio redondo, ¿para quién creen? Para las empresas españolas. Santillana fue una de las que más acaparó esos cursitos que, dicho sea de paso, no tienen nada que ver con las funciones que tenemos asignadas los trabajadores del sector público mexicano.
María de Jesús Ramírez/Distrito Federal
¿Y las plazas de los aviadores también las van a someter a concurso?
Marco Antonio Villaseñor/Morelia
Trabajé mucho tiempo por Huatusco hasta hace poco; la actual alcaldesa es nada menos y nada más que la hija de Rafael Ochoa, uno de los subalternos de la Gordillo, y casi medio pueblo de ahí está en el magisterio gracias al dizque líder nacional. En serio, fue impresionante el gasto para concentrar a cientos de maestros en este pueblo para promover la candidatura de la hijita. Esa fue una forma de cobrar las plazas que ha dado este individuo. Por otro lado, solamente se están ofertando las plazas no escalafonarias, que, por cierto, son pocas; y las escalafonarias, ¿qué onda?
Mauricio Ortiz León/Veracruz