domingo, julio 24, 2011

La gran deuda de Estados Unidos


Al primer trimestre de este año 2011, la deuda total de nuestros vecinos alcanzó 52.3 trillones de dólares, trillones de ellos que equivalen a billones nuestros. Su producto interno bruto de este mismo periodo fue de 15 trillones, de nuevo trillones de ellos. Podemos concluir, entonces, que deben tres y media veces lo que internamente producen.

Por cierto, se han desendeudado un poco. Pero sólo un poco. En 2009 llegaron a deber casi cuatro veces su producto. ¿Cómo se integra ese enorme volumen de endeudamiento estadunidense? ¿Quién debe qué? ¿Cuál es el sector más endeudado en estos momentos? ¿Lo adivina usted? No…no es el gobierno federal. ¿Quién, entonces? El sector financiero. Es responsable de 27 por ciento de la deuda total. Y las familias tienen un terrible endeudamiento que casi iguala al de bancos, financieras, casas de bolsa, fondos de inversión. ¿Cuánto? El 25 por ciento. Sí, la cuarta parte de la deuda estadunidense la tienen las familias estadunidenses. Y de esa cuarta parte de la deuda vecina, la deuda hipotecaria representa la mayor parte, el 75 por ciento de este total. Por ello, representa el 19 por ciento de la deuda estadunidense. Sí, los hogares vecinos deben 10 trillones de dólares por concepto de sus hipotecas. Su deuda hipotecaria, por cierto, es prácticamente igual a la deuda global del gobierno federal. Así, y de manera sorprendente, las deudas del gobierno federal e hipotecaria de los hogares estadunidenses, son prácticamente del mismo monto. Casi 10 trillones de dólares. Y juntas casi 20.

Y si a este endeudamiento sumamos por una parte la del consumo de los hogares del país vecino –otros 3 trillones de dólares– y, por otra, la de los gobiernos estatales y locales –poco más de 2 trillones de dólares– tendremos poquito menos de la mitad de la deuda total estadunidense. Sí casi el 50 por ciento de lo que se debe en Estados Unidos, lo deben los gobiernos y los hogares. Y como parte de los pagos de gobierno se nutre del impuesto sobre el ingreso de las personas –las que habitan los hogares, según diría Perogrullo–, el peso fundamental de la deuda vecina y, consecuentemente, de su servicio, de su pago, descansa sobre las familias estadunidenses, que nunca como hoy han visto diezmado su ingreso real. Nunca como hoy fue así. Por eso la reacción tan severa –con razón y sin razón– contra Obama, que llegó a la Presidencia en uno de los peores momentos de la historia económica de nuestros vecinos. Bueno, pero siguiendo con lo de la deuda, diremos que el resto, es decir, poco más de la mitad representada por 27 trillones de dólares, la deben cinco entidades o sectores: 1) las empresas financieras (14 trillones que casi corresponden al 27 por ciento que antes mencioné); 2) las corporaciones no financieras (7.3 trillones que equivalen a 14 por ciento del endeudamiento total); 3) las empresas no corporativas industriales, comerciales y de servicios (3.5 trillones con 6.6 por ciento del total); 4) un poquito las empresas agropecuarias, con poco menos de medio punto porcentual del endeudamiento total; 5) finalmente, el resto, es decir, casi más del 4 por ciento restante, corresponde a 2.2 trillones que deben entidades extranjeras.

¿Qué pasaba hace años, por ejemplo, hace 20 años, en 1991, antes del gran boom estadunidense? Lo primero que sorprende es que la estructura, es decir, la participación relativa en el endeudamiento global de cada uno de los sectores es muy similar a la actual. No ha habido muchos cambios. Acaso sólo el sector financiero tenía un poco menos de participación en el endeudamiento, unos siete u ocho puntos porcentuales menos (19 por ciento en lugar de 27 por ciento actual).

También las entidades extranjeras, con un par de puntos porcentuales menos en la estructura del endeudamiento global (2 por ciento en lugar de 4 por ciento actual). Y esta diferencia se cargaba en un mayor endeudamiento de los gobiernos estatal y local. Pero hay que notar algo. Muy importante. La deuda total era equivalente a sólo dos y media veces el producto bruto estadunidense, no a las tres y media veces que hoy representa. Menos todavía si nos vamos 10 años atrás, pues en 1981, el endeudamiento global sólo representaba una y media veces el producto bruto de nuestros vecinos. Este porcentaje fue muy estable. Al menos desde 1949 y hasta 1981. Pero a partir de 1981 empezó a crecer y crecer y crecer. Esto es sorprendente. Que la economía y la sociedad estadunidenses vivieron cada vez más y más endeudadas. Y en eso no hay ciclos, la relación entre el volumen de la deuda total de la economía y la sociedad de Estados Unidos y su producto interno ha sido persistentemente ascendente. Desde 1981 no dejó de crecer, incluso en algunos momentos muy aceleradamente. Y sólo a finales de 2008, ya como expresión de su crisis, empezó a descender un poco. Sólo un poco. Conclusión: no hay en todo el mundo quién deba tanto, ni quién tenga tantas dificultades para pagar, por curioso que parezca. Ya retomaremos estos pronto, muy pronto.

La inmundicia multimediática de los Murdoch y su asociación con los banqueros Rothschild

Bajo la Lupa
Portada ficticia del diario New York Post, ideada y difundida el pasado miércoles por la versión on line de la revista Vanity Fair, ridiculiza al magnate Rupert Murdoch –dueño del Post–, tal como el periódico acostumbra tratar los temas cotidianos: fotomontajes, titulares con juegos de palabras, etcétera.


Ante el hundimiento del Titanic financierista global y la decadencia de Estados Unidos (EU), las elites trasatlánticas se querellan obscenamente, lo cual ha alcanzado hasta la guerra de las divisas entre el dólar y el euro que acabarán ganando el oro y la plata (como hemos expuesto desde 2004).

El británico Jeremy Browne, ministro de Estado y de la Oficina del Commonwealth, admite desoladamente: Navegando en el nuevo orden mundial: Gran Bretaña y los poderes emergentes (léase: el BRIC, aunque despectivamente omite a Rusia, Chatham House, 20/7/11).

Tras la humillante defenestración erótica del mando del FMI de Dominique Strauss-Kahn –presunto instrumento de los banqueros esclavistas Rothschild con George Soros y Jacques Attali, para citar a los de mayor jerarquía–, parece haber sido tocada de muerte una pieza más del macabro grupo: el australiano-estadunidense Rupert Murdoch, de 80 años y controlador del mayor emporio multimediático global (incluido México) con valor de capitalización de mercado de 42 mil millones de dólares que comprende a la tóxica televisora Fox News (la más vista en EU), The Wall Street Journal, el New York Post, el londinense The Times, la editorial HarperCollins y una serie de tabloides y pasquines del desagüe desinformativo que asolaron las intimidades de miles de ciudadanos (de todos los calibres) mediante prácticas gansteriles en colusión con la dirección de Scotland Yard y de dos primeros ministros británicos: el laborista Tony Blair y el conservador David Cameron (de fuertes lazos con Israel).

Las hazañas delictivas del grupo Murdoch apenas se están abriendo en EU, donde se esperan desgarradoras revelaciones. Es difícil creer para una mente cartesiana que una irrupción con fines morbosos hace cinco años por uno de los inmundos tabloides de los Murdoch en el celular de una niña muerta –develado estupendamente por The Guardian y a cuya demoledora golpiza se subió el ex premier Gordon Brown, también espiado en su intimidad familiar– desemboque en el desmantelamiento del mayor emporio multimediático del planeta: News International.

El portal sionista Debka (19/7/11), monumento de la desinformación, conjetura que es la revancha de Obama por la aventura en Libia en la que lo empinó el primer ministro británico David Cameron, estrechamente ligado a los Murdoch (ya no se diga de los Rothschild). Chi lo sá?

Pese al megaescándalo que ha cimbrado a Gran Bretaña, el banquero lord Jacob Rothschild, anterior vicepresidente de la controvertida televisora BSkyB y socio de Rupert Murdoch, confesó ser su admirador debido a su carrera extraordinaria (sic) en los pasados 50 años (Financial Times, 20/7/11).

¿No será más bien que los Rothschild son los controladores de los Murdoch?

Durante 50 años de reinado global, los Murdoch cometieron exageradas y multivariadas fechorías, así como afrentas de lesa majestad.

La causal del inicio del sano desmantelamiento del emporio multimediático de los Murdoch es multifactorial, pero, a mi juicio, destaca su incursión con sus sempiternos socios, los Rothschild (Financial Times dixit), en el supernegocio del petróleo de esquisto bituminoso (shale oil).

Dejaremos a otros los muy atrasados juicios axiológicos para adentrarnos en el poder geopolítico que encubría la dupla Rothschild-Murdoch, como sucedió con la guerra de Irak por el control de los hidrocarburos que encabezó delirantemente Fox News mediante su pléyade de comentaristas tóxicos (la mayoría perteneciente a los neoconservadores straussianos vinculados a Israel).

Marsha B. Cohen fustiga que la prensa israelí oculta las hazañas criminales de Murdoch por ser considerado ferviente partidario de Israel (Veterans Today, 16/7/11). Cohen exhibe que en los pasados dos años Murdoch fue honrado por dos prominentes grupos pro Israel en EU: American Jewish Committee (AJC) que le otorgó el Premio Nacional de Relaciones Humanas (sic), y la Liga de Antidifamación (ADL), cuyo director Abraham Foxman (¿de aquí provendrá Fox News?) confesó que su galardonado se preocupaba profundamente (sic) por la seguridad de Israel.

Desde hace medio año, Virtual Jerusalem (22/11/10) expuso la asociación conjunta en Israel de Rupert Murdoch con lord Jacob Rothschild en la empresa Genie Energy Corporation (GEC) con el fin de explotar el polémico petróleo de esquisto bituminoso.

Nada extrañamente, Dick Cheney, ex vicepresidente de EU y ex director de la petrolera depredadora Halliburton, se encuentra en el consejo de administración de GEC (Seeking Alpha, 18/4/11).

GEC es tanto subsidiaria de IDT Corporation (que revende electricidad y gas natural a los clientes en Nueva York; obviously!) como empresa matricial de Israel Energy Initiatives Ltd (IEI) y American (sic) Shale Oil Corporation.

Debido al probable daño ambiental,los residentes locales se oponen vigorosamente a la inversión conjunta de IEI, cuyo presidente Effie Eitam fue el ministro de Infraestrucura Nacional con el gobierno Sharon.

Jacob Rothschild desechó las protestas de los ambientalistas y alabó en términos ditirámbicos a Rupert Murdoch, cuyos extraordinarios (sic) logros (¡supersic!) hablan por sí solos. Rothschild dijo estar “muy complacido que sea mi socio (…) para transformar los futuros prospectos de Israel, Medio Oriente (sic) y nuestros (sic) aliados en el mundo”.

La idea de incorporar a Murdoch en el negocio del petróleo, dicho por él mismo, era para publicitar en su imperio multimediático global el esfuerzo de GEC para desarrollar el éxito del petróleo de esquisto bituminoso: las noticias que reportaremos en las futuras décadas reflejarán un mundo más próspero, más democrático (sic) y más seguro. ¡Para lo que sirven los medios seudodemocráticos globales: lavar los cerebros de la humanidad desinformada!

La dupla Rothschild-Murdoch, más Dick Cheney, “cree que con la tecnología de fractura del petróleo de esquisto bituminoso puede liberar al mundo de la dependencia del petróleo árabe (sic) y convertir a Israel en un centro de poder energético capaz de producir 300 mil millones (¡extrasic!) de petróleo no convencional a un costo de 40 dólares el barril.

En esta síntesis de Virtual Jerusalem yace toda la filosofía de la obsesión patológica del dominio mundial israelocéntrico, uno de cuyos varios segmentos se ubica en el reinado multimediático global, además del ampliamente conocido control bancario mundial, lo cual exhibe en su conjunto su proclividad a operar con todos los inmundos medios (en el doble sentido) para alcanzar sus fines esclavizantes.

No es gratuito que antes de morir el epistemólogo Karl Popper temía el totalitarismo de los multimedia. George Soros, otro oligopolista multimediático en EU, quien se dice seguidor de Popper, parece no haberlo leído ni entendido.

Por ello la verdadera batalla democrática en cualquier parte del mundo pasa por la pluralidad de los multimedia, sean locales o globales, que permitan a los ciudadanos disponer de un abanico de opciones para sopesar sus decisiones.

El verdadero grado de democracia de un país se mide en su pluralidad multimediática cuando cualquier oligopolio de corte totalitarista, como el de la dupla Rothschild-Murdoch, no sólo opera al contrario de las básicas libertades individuales sino que, peor, oculta agendas de control mundial desde la banca hasta los energéticos.

Todo México es de la DEA

La DEA hace y deshace en México

Los agentes de la DEA operan en México con toda libertad y hasta con el beneplácito y colaboración del gobierno. Como si fueran mexicanos. Espían, detienen sospechosos, manejan a los policías de la PGR y atestiguan cómo aplican torturas; ellos mismos interrogan a los detenidos y se llevan celosamente la información a su búnker de Reforma 265. Los miembros de la agencia antidrogas estadunidense conocen bien las deficiencias y torpezas de los investigadores locales y llenan los vacíos en su provecho. No les preocupa la ley, porque se saben impunes: tienen permiso del presidente Felipe Calderón.

La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) opera en México como si estuviera en su país: participa en detenciones, interroga, interviene comunicaciones, infiltra a sus soplones y, lo más grave, incluso atestigua torturas aplicadas por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

El aumento de la presencia de la DEA en México –autorizado por el gobierno de Felipe Calderón– se ha traducido en la participación de sus agentes en operativos en todo el país, incluido el Distrito Federal, donde han organizado hasta detenciones de presuntos traficantes.

Su gran aliada ha sido la PGR, que integra sus averiguaciones previas con la información que le proporciona la DEA y permite a sus agentes interrogar a los detenidos y llevar la información así obtenida a sus propias bases de datos. Además, gestiona la extradición a Estados Unidos de los investigados por la DEA, aun cuando las incriminaciones se hagan bajo tortura.

La PGR no es la única en facilitar su operación. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le da cobertura operativa al brindarle a sus agentes camionetas con placas de esa dependencia para participar en detenciones. A la colaboración también se ha sumado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos policías adaptan sus informes para avalar las investigaciones de los estadunidenses. Ha tenido apoyo hasta de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, según varios acusados por la agencia.

Uno a la cuenta de la agencia

En el haber de ese organismo en México se cuenta el fallecimiento de al menos un inculpado por sus investigaciones: el mexicano-estadunidense Orlando Mijares Estévez, quien murió el domingo 17 en el Reclusorio Norte, tras tres años encarcelado, por falta de atención médica y a quien nunca se le comprobó el delito de lavado de dinero que le fincó la PGR a partir de las acusaciones de la DEA.

Mijares Estévez, de origen cubano, fue uno de los detenidos por la PGR a finales de 2007 luego de que durante el primer año de gobierno de Calderón la DEA desplegó una intensa actividad en México para desarticular una célula del cártel colombiano del Norte del Valle.

Clave para esa operación fue la infiltración del narcotraficante colombiano Juan Carlos Umbacia, quien tras ser declarado culpable en Estados Unidos de haber conspirado para traficar cocaína entre finales de los ochenta y principios de la década pasada, se convirtió en 2003 en informante de la agencia. En 2005, Umbacia se infiltró en el cártel del Norte del Valle para detectar sus operaciones en Estados Unidos, México y Colombia.

Para operar en México, la DEA se apoyó en Édgar Enrique Bayardo del Villar, entonces jefe de la Tercera Sección, Estado Mayor, de la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal.

Bayardo fue detenido en octubre de 2008 como resultado de la Operación Limpieza. Fue procesado bajo la acusación de trabajar para Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y asesinado en el Distrito Federal en diciembre de 2009 cuando era testigo protegido de la PGR con el nombre clave de Tigre.

Como varios de los infiltrados por Umbacia eran residentes en México, el colombiano también operó en el Distrito Federal hasta que agentes de la DEA, el 30 de noviembre de 2007, participaron en la detención de Joaquín Alejandro Senderos Higuera, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos requiere en extradición como presunto responsable de lavar dinero para el cártel colombiano.

A instancias de la DEA, Senderos está encarcelado en el Reclusorio Norte acusado por la PGR de delincuencia organizada y lavado de dinero. Después de tres años y ocho meses de proceso aún no ha sido sentenciado, pero la PGR tramita desde finales del año pasado su extradición, gestionada por la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora, Marisela Morales Ibáñez, ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF.

Además de Senderos, la funcionaria solicitó la detención con fines de extradición de otras seis personas, todas colombianas, a las que Estados Unidos les finca los cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar cocaína. Los cargos están contenidos en la causa penal 3-10-cr-073-K, abierta en Dallas por la corte federal para el distrito norte de Texas.

La petición de Morales, a la que este semanario tuvo acceso, está elaborada con la información obtenida por el infiltrado de la DEA, aunque la SIEDO asegura que realizaba su propia investigación desde enero de 2007.

Entre los requeridos por Estados Unidos está Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, señalado por la PGR como el principal proveedor de cocaína del cártel del Norte del Valle a la organización de los hermanos Arturo Beltrán Leyva.

Poveda fue detenido en noviembre de 2010, dos años después de que se escapó de un operativo de la Policía Federal en una residencia del Desierto de los Leones. En ese operativo participó Bayardo como inspector de la corporación policial que depende del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

A pesar de que en el expediente de extradición se transcribe parte de las conversaciones del infiltrado de la DEA, la PGR consignó ante el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF la causa penal 22/2008/II, supuestamente elaborada a partir de una “denuncia anónima” contra Senderos y otras seis personas.

Bayardo, a su servicio

El 30 de noviembre de 2007, Joaquín Alejandro Senderos Higuera, administrador de empresas graduado en la Universidad de Stanford y fundador de varias compañias de operaciones internacionales, se había encontrado para comer con dos amigos en el restaurante El Cabrito Asador, en la esquina de Luis Moya y Arcos de Belén, en el centro de la Ciudad de México.

Alrededor de las cuatro y media de la tarde Bayardo entró al restaurante. Mencionó en voz alta el nombre de Joaquín Senderos y pasó por su mesa pero siguió de frente. El requerido también alzó la voz y le dijo: “Por acá, por favor”.

Sin identificarse, Bayardo le soltó: “Soy policía judicial. Necesito que me acompañe para aclarar unas situaciones de su amigo Horley Rengifo”. Senderos accedió porque se trataba de quien le había comprado una franquicia de su empresa de alimentos naturales no perecederos Life & Victory, que operaba bajo el esquema empresarial de multiniveles.

Horley Rengifo Pareja, nacido en 1968 en Neiba Huila, Colombia, y establecido en México, había comprado la franquicia para distribuir los productos en Valle del Cauca desde la ciudad de Cali, “pero sólo nos pagó 15 mil dólares y nos quedó a deber casi 190 mil más”, cuenta Senderos en entrevista.

En cuanto Senderos se identificó, Bayardo le quitó su teléfono celular y su aparato de radiocomunicación. Uno de los amigos de Senderos increpó a Bayardo: “¿Cómo sabemos que es policía y no un secuestrador?”. El policía se alteró: “Cállese y no se meta, si no quiere que también me lo lleve”. Se abrió el saco y le mostró la pistola que llevaba en la cintura.

Cuando salió del restaurante detenido sin ninguna orden judicial, Senderos vio dos camionetas blancas tipo VAN con placas de la SRE. Notó que en ellas viajaban por lo menos 10 estadunidenses. Se encaminaron hacia las instalaciones de la SIEDO, en Reforma 75.

Lo presentaron en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ante el fiscal José Luis Marmolejo, conocido como Licenciado Dolor o Doctor Muerte. Ahí se abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/186/2007.

En la SIEDO los agentes de la DEA interrogaron a Senderos durante casi media hora: “Exactamente en la puerta de mitad madera y mitad vidrio de acceso a la oficina de Marmolejo. Me pidieron mis datos generales, si había estado en Estados Unidos, a qué había ido, en qué lugares había estado, si tenía negocios, si sabía por qué estaba en la SIEDO”.

Tras el interrogatorio “me hicieron tocar el piano” en sus laptops, dice al referirse a la toma de las huellas de los 10 dedos. Recuerda a un agente de la DEA de origen puertorriqueño, “muy alto y moreno”.

Los estadunidenses también interrogaron a Samuel Jiménez Roldán, su chofer, a quien Bayardo y otros dos agentes de la SIEDO habían detenido en las oficinas de Senderos y a quien golpearon hasta que los llevó al restaurante. “Después de hablar conmigo el puertorriqueño se jaló a Samuel. Pero sólo hablaron unos tres minutos. Samuel estaba aterrado”, recuerda.

Esa noche también fueron interrogados en la SIEDO tres colombianos que Bayardo había detenido en una casa de las Lomas: Horley Rengifo Pareja –inquilino de la casa–, Roberto Mario Angulo Isaza, a quien la DEA identifica como El Costeño, y Carlos Ariel Montoya, quien acababa de llegar de Colombia pero que fue liberado poco después.

También estaba Tito Miller Parra Izasa, a quien el mismo Bayardo había detenido una noche antes, el 29 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a volar junto con su esposa a Colombia. Junto con él fue detenido Ricardo Martínez Rodríguez.

Los detenidos declararon actividades económicas en México. Ricardo Martínez se naturalizó mexicano… Está con Senderos en el Reclusorio Norte.

En sus declaraciones ministeriales afirman haber sido torturados por Bayardo y el propio Marmolejo en la SIEDO. Los peritajes médicos realizados dos años después a petición de Senderos para desacreditar las acusaciones en su contra confirmaron que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, todos padecen secuelas de tortura física y psicológica.

Senderos asegura que no todos los agentes de la DEA fueron testigos de la tortura: “Sólo cuatro o cinco, pero entre los principales había dos anglosajones; uno de ellos vestido de traje, que parecía y actuaba como jefe”.

La presencia de la DEA la hizo saber Senderos al contralor del Poder Judicial de la Federación en diciembre de 2010 mediante un escrito en el que relata la forma en que los abogados defensores se coludieron con Bayardo y los agentes del Ministerio Público Federal para inculparlo:

“De casi tres horas que pasé declarando frente a los ministerios públicos y los agentes de la DEA, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas (abogado defensor) no pasó ni 15 minutos en total conmigo, entre sus idas y venidas que ahora comprendo eran para ir con Horley Rengifo Pareja y (el ministerio público) José Luis Martínez Pérez y luego regresar conmigo.”

La presencia de los agentes de la DEA en la PGR también es mencionada por Angélica María Hernández Ramírez, esposa de Tito Miller Parra Izasa. En una declaración jurada en Cali, Colombia, el 10 de julio de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación –equivalente a la PGR– dijo sobre las personas que estuvieron en la SIEDO el 30 de noviembre de 2007:

“Los nombres que recuerdo son José Luis Martínez, Alejandro Zito López, Édgar Ballardo (sic), Conchita, que luego supe que era del Ministerio Público, José Luis Marmolejo, que era el jefe de la unidad de lavado de activos, Aldo Martínez, Iván Reyes, Aarón Arturo Mateos y Giovanny Villagrana. Había gente de la AFI y de la DEA.”

En las actas ministeriales Zito López aparece como agente del Ministerio Público, mientras que Iván Reyes y Giovanny Villagrana como efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependencia de la PGR.

Eduardo Alberto Torres Jaramillo, también colombiano y detenido en el DF el 16 de diciembre de ese año como parte del operativo, declaró al perito médico:

“José Luis Martínez fue el que me tomó la declaración. Era la oficina de Marmolejo, en ese lugar fue donde me torturaron. Llegó una persona que dijo ser licenciado y que se llamaba José Luis Pérez. Yo le pedí que me oyera, le quería explicar mi caso. Me respondió. ‘Ya estás aquí, es mejor que colabores’. Se levantó y se despidió de ellos y me dio la impresión de que eran cuates, como dicen ustedes aquí en México.

“A la segunda mañana en la oficina de Marmolejo me ordenó que me sentara en el sofá. Estaba ahí una persona blanca y alta. Marmolejo me dijo que era de la DEA y ese señor me dijo que tenía que colaborar. En ese momento mandan traer a (Carlos) Thorné (también colombiano acusado de pertenecer al cártel del Norte del Valle), lo cachetean y le dicen que yo (ya) había hablado…”

En sus declaraciones al perito los detenidos coinciden en que fueron torturados en la oficina de Marmolejo. Horley Rengifo dijo que cuando fue detenido en su casa por Bayardo le metieron la cabeza a la taza del baño. Le echaron loción en los ojos y agua mineral en la nariz. También le pidieron 1 millón de dólares. Ya en la oficina de Marmolejo lo volvieron a torturar y lo amenazaron con matar a su esposa y a su hija, que en ese momento estaban retenidas en la SIEDO.

Tito Miller, que al momento de su detención fue golpeado por Bayardo, acusó a Marmolejo de pedirle 1 millón de dólares: de lo contrario iba a torturar a su esposa, que estaba embarazada, “y sacarle el bebé de una patada”. José Luis Martínez le decía: “esté tranquilo, ¿qué no ve que yo voy a ser el padrino de su hija?”.

Tito fue torturado en la SIEDO, dice Ricardo Martínez, quien señala: “Llegó un señor Marmolejo. Me dijo: ‘Vas a tener que firmar esos papeles. Si no los firmas, vamos a estrenar con usted la tortura de los siete nudos… es una cuerda gruesa con siete nudos que vamos apretando uno por uno hasta que te matamos, te echamos en una bolsa y te tiramos en un basurero’. Entonces firmé”.

El búnker de Reforma

La declaración de guerra al narcotráfico de Calderón facilitó la entrada de agentes estadunidenses de la DEA y de otras agencias y, por primera vez, de servicios de inteligencia militar. En total nueve agencias civiles y militares están desde finales del año pasado concentradas en Reforma 265, a unos pasos de la embajada de Estados Unidos en México (Proceso 1776), cerca también de la PGR.

A diferencia de Colombia, donde la estrategia contra el narcotráfico implicó la participación directa de militares estadunidenses en ese territorio, en México ha consistido en un amplio despliegue de efectivos de esas agencias y de cientos de colaboradores mexicanos.

La propia DEA ha admitido que sólo en dos años, entre 2007 y principios de 2009, unos 120 colaboradores o informantes suyos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) han sido asesinados por narcotraficantes, de acuerdo con los cables de WikiLeaks publicados por el diario La Jornada.

El hecho más grave hasta ahora ha sido el asesinato del agente Jaime Zapata, en febrero pasado, en San Luis Potosí. Apenas el pasado 1 de julio, en la ciudad de Chihuahua aparecieron narcopintas contra la DEA: “Pinchis gringos (D.E.A.) mierdas. Ya los tenemos ubicados y sabemos quienes son y donde anden les vamos a mochar la cabeza mierdas”.

La PGR reservó para 12 años el dato sobre el número de agentes de la DEA en el país, pero según funcionarios de la Procuraduría, el gobierno estadunidense ya tiene en México unos 500 efectivos de diversas agencias, según publicó el 18 de abril pasado el periódico Excélsior. Requerida por Proceso, la embajada de Estados Unidos en México señaló el viernes 22 que no puede dar información “que pueda poner en riesgo (la) seguridad” de sus agentes.

En 2005 sólo había 60 de ellos. En el primer año de gobierno de Calderón su número llegó a 227, informó el entonces director de la DEA, Anthony Placido, ante el Congreso estadunidense. Desde entonces no se ha capturado a ningún jefe del narcotráfico en México en la que el organismo estadunidense haya estado ausente.

Washington invade México poco a poco…

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Con el pretexto de intercambiar información de inteligencia con sus contrapartes mexicanas en el contexto de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos incrementará en México el número de militares y agentes de la CIA y la DEA.

“Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 –“Investigaciones y procesos judiciales”– de la Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera Sur, que el martes 19 dio a conocer el gobierno de Barack Obama.

La idea de aumentar la presencia de agentes estadunidenses en territorio mexicano es sólo una propuesta, pero según funcionarios mexicanos y estadunidenses consultados por Proceso, el tema ya se negoció y se amarró con el gobierno de Calderón.

“Si no fuera así, el punto A no se hubiera publicado en la Estrategia”, dice a Proceso un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.

“Al Congreso le tenemos que presentar un documento con propuestas viables a fin de que apruebe el dinero para financiarlo; aumentar la presencia de agentes en México es un aspecto previamente negociado (con las autoridades mexicanas)”, añade el funcionario del gobierno de Obama que habló a condición de mantener el anonimato.

Agrega que después de casi tres años de apoyar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico con la herramienta de la cooperación bilateral que heredó del gobierno de George W. Bush –antes llamada Iniciativa Mérida y ahora, Más allá de Mérida–, Obama quiere sacar ventaja de las necesidades y fracasos del gobierno mexicano imponiendo condiciones.

“Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”, subraya el punto A del capítulo 5 de la Estrategia, que dio a conocer la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca.

El documento subraya que la petición de aumento del número de sus agentes en territorio mexicano obedece al “impacto directo que tienen en Estados Unidos el tráfico de drogas y las actividades criminales relacionadas”.

En su Estrategia Nacional el gobierno de Obama se muestra muy cauto y nunca dice que el pretendido incremento de sus agentes en México es para respaldar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico. Aclara que es para contener los efectos de ésta en Estados Unidos.

El pretexto del 11 de septiembre

En el sexenio de Vicente Fox, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca convenció al gobierno mexicano de que le permitiera aumentar el número de sus agentes en territorio mexicano, supuestamente para impedir que los terroristas ingresaran a Estados Unidos por su frontera sur.

Fox aceptó, pero limitó la presencia de los agentes estadunidenses a los estados de la frontera norte, donde presuntamente sólo se dedicarían a vigilar y contener cualquier intento de ingreso de presuntos terroristas a su país.

No fue sino hasta el final del sexenio anterior cuando el entonces presidente Bush logró dar un primer paso que después se multiplicaría con la llegada de Calderón a Los Pinos: La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmó la carta de aceptación de ocho nuevos agentes de la Administración Antidrogas (DEA) para apoyar la lucha bilateral contra el narcotráfico.

A partir de noviembre de 2006 y hasta la fecha, oficialmente y con el consentimiento de Los Pinos, la DEA tiene en México 54 agentes. Todos están registrados ante la SRE como liaisons (enlaces) de la embajada estadunidense.

La guerra que inició Calderón contra el narcotráfico más que debilitar las estructuras de los cárteles de la droga y pese al respaldo de Estados Unidos con la Iniciativa Mérida, dejó que México aceptara más condiciones impuestas por Washington, como la de contar con un centro de espionaje en la misma capital mexicana (Proceso 1776).

En agosto del año pasado comenzó de manera oficial sus funciones la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en Reforma 265. Desde ahí, en un edificio a 250 metros de la embajada de Estados Unidos, operan con toda libertad decenas de agentes estadunidenses (el número preciso se mantiene como información confidencial y como secreto de seguridad nacional).

Pese a que se supone que la OBI fue creada para respaldar a Calderón en su lucha contra el narcotráfico, este centro se destaca por tener muchos agentes dedicados al espionaje internacional más que a contener o desmantelar el crimen organizado mexicano.

A unos metros del Ángel de la Independencia el centro de espionaje concentra personal del Pentágono asignado a la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

A su vez, el Departamento de Justicia tiene ahí a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la DEA –además de los 54 registrados oficialmente por el gobierno mexicano– y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El Departamento de Seguridad Interior está representado por agentes de Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) y de la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE).

Los efectivos de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI) representan al Departamento del Tesoro.

Sin restricciones

La Estrategia Nacional de la ONDCP –cuya cabeza es Gil Kerlikowske, El Zar Antidrogas de la Casa Blanca– no estipula cuántos agentes más quiere meter Obama a México ni el nombre de las agencias de inteligencia o federales a las que pertenecen. Lo único que informa al respecto es que debe ser personal del “Departamento de Justicia, Seguridad Interior, del Tesoro, Salud y del Pentágono”. Pero efectivos de esas dependencias federales ya están en la OBI.

Fuentes del gobierno mexicano consultadas por Proceso explican que este incremento de agentes federales estadunidenses, aunque “todavía no se acepta de manera oficial en un papel”, es algo que podría consolidarse antes de que acabe el sexenio de Calderón.

“Desde que aumentó la presencia de agentes de Estados Unidos en México y comenzó a funcionar el centro de intercambio de información de inteligencia, subió el número de detenciones de capos del narco. Desde esa perspectiva no veo razón por la cual el presidente Calderón le diga que no al gobierno de Estados Unidos”, admite el funcionario mexicano que pide el anonimato.

De acuerdo con un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Congreso federal de su país (Proceso 1742), durante los primeros 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más agentes y la apertura de otras tres oficinas de la administración antinarcóticos.

Los efectivos estadunidenses que trabajan en México –sobre todo los que se concentran en la OBI– no tienen ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Son los únicos encargados de operar y manejar el equipo especializado con el que se espía y vigila con satélites y otras tecnologías vanguardistas del Pentágono todo lo que ocurre en México y posiblemente más allá de la frontera sur.

Pese a que en la OBI hay personal del gobierno federal mexicano, sus contrapartes estadunidenses no están obligadas a intercambiar con ellos información de inteligencia concerniente a otros rubros. La Estrategia Nacional de la ONDCP establece que Washington quiere más agentes en México para resguardar y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, no para contener el saldo de muerte y desolación que ha dejado la lucha militarizada contra el narcotráfico.

Los intereses de Washington están por encima de los casi 50 mil muertos que ha dejado la narcoviolencia en México en poco más de cuatro años. El ejemplo más claro es el asesinato del agente del ICE Jaime Zapata ocurrido el pasado 15 de febrero en una carretera de San Luis Potosí. Pocos días después de este asesinato, el gobierno de Calderón arrestó a los presuntos autores del crimen, quienes presumiblemente son zetas.

“Cuando mataron a Zapata, de Washington recibimos la orden de entrar a México para encontrar a los responsables”, dice a Proceso un agente de la Oficina del Sheriff de El Paso, Texas, quien coordinó parte del cumplimiento de la orden federal.

“Entraron a México decenas de agentes del ICE, la DEA, el FBI, el Pentágono… de todas las agencias federales y hasta estatales y locales”, anota el policía de El Paso.

El primo incómodo de Suárez Coppel


La Secretaría de la Función Pública investiga un supuesto conflicto de intereses en Petróleos Mexicanos que involucraría a Juan José Suárez Coppel y su primo José Alfredo Coppel Salcido, propietario de Global Drilling Fluids de México. A solicitud del director de la paraestatal, se auditarán cuatro contratos de Pemex Exploración y Producción con esa compañía, por más de 1 mil 350 millones de pesos; además, se revisarán las “gestiones” que Coppel Salcido haría ante esa misma subsidiaria a favor de empresas en quiebra técnica. A Suárez Coppel le preocupa tanto este caso, que ya se reunió con el secretario Vega Casillas para “explicarle” la “legalidad” de las contrataciones.

Nancy Flores

A Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), le preocupa su relación familiar con el propietario de Global Drilling Fluids de México. Tanto, que a inicios de julio de 2011 se reunió con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para explicarle que los contratos que su primo José Alfredo Coppel Salcido ha obtenido en Pemex Exploración y Producción (PEP) son “lícitos, transparentes y apegados a derecho”.

Eso, sin embargo, no es lo mismo que piensan los ejecutivos de algunas trasnacionales y los dueños de compañías mexicanas, inconformes con los procesos de adjudicación que ha ganado la pequeña empresa a lo largo de 2010. El aumento de las quejas y la publicación de notas y columnas periodísticas al respecto han obligado a Suárez Coppel a solicitar una exoneración formal.

De acuerdo con el oficio DG-176/2011 –del que Contralínea posee copia–, el pasado 4 de julio el director de la paraestatal más importante de México solicitó al contralor Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez que revise los actos denunciados. Las investigaciones de la contraloría federal alcanzarán tres contratos y un convenio modificatorio que involucran 1 mil 351 millones 875 mil 932 pesos, firmados entre febrero y noviembre de 2010, consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

“Me refiero a las notas periodísticas publicadas en días pasados, las cuales anexo para pronta referencia, en las que se comenta que la empresa Global Drilling Fluids de México, SA de CV, presuntamente controla las licitaciones de Pemex Exploración y Producción en el Área Marina.

“Por lo anterior, le solicito que el Órgano Interno de Control a su digno cargo investigue, en el ámbito de su competencia, sobre los hechos ahí relatados; en particular, respecto de los procedimientos licitatorios a que hacen referencia dichas notas, para que se proceda, en su caso, conforme a lo que establece el marco legal aplicable”, indica la comunicación del director general de Pemex, girada con copia a Vega Casillas.

Además de las tres licitaciones, sus contratos y el convenio modificatorio, el contralor Ramírez Rodríguez podría auditar las supuestas gestiones que Coppel Salcido realizaría a favor de empresas en quiebra técnica, según denuncian representantes de las trasnacionales inconformes.

Estos trabajos de “gestoría” habrían conseguido que la subsidiaria PEP ya “rescatara” las finanzas de algunas compañías vía asignación de contratos multimillonarios, aseguran a este semanario fuentes de primer nivel del gobierno federal que solicitan el anonimato por no estar autorizadas a informar.

El supuesto conflicto de intereses que involucraría a Suárez Coppel y a Coppel Salcido fue dado a conocer el pasado 24 de marzo por el reportero Alejandro del Río, en el periódico digital Entérate Tabasco. No obstante, fue hasta inicios de julio cuando el director de la paraestatal solicitó abrir una investigación y habló directamente con Vega Casillas sobre este caso.

Consultada al respecto, Pemex informa a Contralínea que la relación de su director Suárez Coppel con el accionista de Global Drilling Fluids “es de un parentesco muy lejano, y entre ellos no existe relación actual”.

Agrega que la empresa que dirige Coppel Salcido ha trabajado para Pemex desde 2003. Destaca que “en los últimos cinco años, Pemex Exploración y Producción ha realizado un promedio de más de 2 mil 500 contratos anuales y Global Drillings Fluids ha recibido, en este lapso, un total de cinco contratos; es decir, uno por año en promedio”.

Contratos cuestionados

Tras la solicitud de Suárez Coppel al contralor en Pemex, la Función Pública inició la investigación de tres contratos y un convenio modificatorio de monto entre Exploración y Producción y Global Drillings Fluids de México, por el posible conflicto de intereses y tráfico de influencias. Se trata de las contrataciones 423020819, 423020808, 423010800 y 423026803.

Esa última fue asignada el 24 de octubre de 2006, pero diversas modificaciones le permitieron mantenerse vigente hasta el año pasado. Este contrato no sólo destaca por las ampliaciones de tiempo, sino también de costo: es el más oneroso que revisará en breve el Órgano Interno de Control, según se desprende del Portal de Obligaciones de Transparencia.

Información de la filial –actualmente dirigida por Carlos Arnoldo Morales Gil– revela que el monto original del contrato, por 164 millones 636 mil 451 pesos, fue modificado en cinco ocasiones hasta alcanzar los 612 millones 491 mil 28 pesos.

El sexto convenio modificatorio de monto se firmó el 28 de febrero de 2010, cuando Suárez Coppel llevaba ya seis meses al frente de la paraestatal petrolera. Y aunque éste ascendió a 160 millones 354 mil 421 pesos, la Secretaría de la Función Pública estará en posibilidades de auditar la historia global de esa contratación; es decir, los más de 600 millones de pesos.

Dicho contrato fue celebrado por la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, tras la realización de una licitación pública internacional, y tuvo como objeto realizar un trabajo integral de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete I. Aunque la fecha de terminación se pactó originalmente para el 21 de octubre de 2008, ésta se amplió hasta 2010.

Por importancia de monto le sigue el contrato 423010800, signado por la misma unidad administrativa y Global Drillings Fluids el 4 de febrero de 2010. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, éste compromete recursos públicos por 294 millones 904 mil 331 pesos.

El objeto es muy similar al contrato anterior: realizar trabajos integrales de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete IV.

Otro contrato que será auditado en los próximos días es el 423020808, para los trabajos integrales de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete V. Firmado el 29 de abril de 2010 y con vigencia al 31 de diciembre de 2012, éste implica 284 millones 720 mil 303 pesos.

El cuarto contrato es el 423020819, para los trabajos integrales de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de la región marina, paquete VII. Firmado el 12 de noviembre de 2010, su monto asciende a 159 millones 760 mil 268 pesos.


Antecedentes empresariales

Ésta no es la primera vez que la contratista Global Drillings Fluids de México es investigada por supuestas irregularidades. De acuerdo con información de Alejandro del Río, publicada el 21 de junio pasado en el diario Tabasco Hoy, en 2005 dicha empresa fue sancionada e inhabilitada por falsear información para ganar un concurso público en la paraestatal, pero un juez le otorgó un amparo y la inhabilitación quedó suspendida.

Esta historia la narra la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006: “En enero de 2005 se presentó una denuncia anónima ante el Órgano Interno de Control por la presunta falsificación de documentación que se integró al contrato adjudicado [500NT10613]”.

La contraloría abrió el expediente CI-S-PEP-001/2005 y resolvió que la denuncia era cierta. El 31 de mayo de 2005, en el Diario oficial de la federación, la Función Pública emitió la circular OIC-PEP-AR-18.575.0024/2005. En ésta, pedía a la Procuraduría General de la República, las entidades de la administración pública y las entidades federativas que “se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresas Global Drilling Fluids de México, SA de CV, y Ambar Mexicana, SA de CV, por un plazo de seis meses”. Ambas compañías, asociadas en el contrato 500NT10613.

Sin embargo, detalla el reporte de la Auditoría Superior, “las empresas presentaron el juicio de amparo 948/2005 en contra de la resolución dictada el 24 de junio de 2005”. Esto motivó que, el 3 de agosto de 2005, la Función Pública emitiera la circular CI-S-PEP-013/2005, para modificar el plazo de la inhabilitación a sólo tres meses.

“El 25 de enero de 2006, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al revisar el amparo RA-23/2006, confirmó la sentencia emitida el 10 de noviembre de 2005 por el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 948/2005”, a favor de Global Drilling Fluids y Ambar Mexicana.

En su nota –incluida en el anexo que envió el actual director de Pemex al contralor Ramírez Rodríguez–, Alejandro del Río destaca que durante la primera etapa de Suárez Coppel, como director de Finanzas de la petrolera estatal, Global Drilling Fluids de México ganó contratos por más de 2 mil 607 millones de pesos.

“En 2003, a meses de su constitución legal, se le asignó el contrato 413053818 por el servicio integral de fluidos de perforación para los pozos a perforar, terminar y reparar de la Región Marina Noreste, contrato firmado el 11 de junio de ese año por 782 millones 668 mil 774 pesos”.

El reporte periodístico agrega que, para 2006, la firma ahora bajo escrutinio volvió a ganar dos contratos que involucraron, en total, 1 mil 209 millones 982 mil 939 pesos.

Dar CLICK en los recuadros para ampliar la imagen:

[TEXTO PARA TWITTER: Conflicto de interés en Pemex: 4 contratos millonarios a primo del directo Suárez Coppel]

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011

Los malos gobiernos de Ebrard y Peña Nieto los descalifican

El “mal gobierno” es antirrepublicano y autocrático, contraparte del “buen gobierno” que se caracteriza por ser republicano y democrático, como puede consultarse en varios ensayos y libros sobre el tema: Philip Pettit: Republicanismo. Varios autores: Nuevas ideas republicanas; y, de Franz Neumann: El Estado democrático y el Estado autoritario, (ambos de Paidós). El mal gobierno no rinde cuentas de los capitales, es ineficaz y desobligado. Los territorios bajo su cuidado están en el total caos o hacen como que hacen, mientras que se dedican a sus intereses, a los negocios, con ricos y empresarios a los que sirven con ciega obediencia.

Como los casos de Peña Nieto y Marcelo Ebrard, quienes andan sueltos en actos electorales anticipados, buscando ser candidatos, no a la Presidencia de la República, sino a la sucesión de Calderón para ser otros incompetentes. No tienen méritos y son malos gobernantes, salidos del priísmo antiguo; pero Ebrard, ahora presume de izquierdista con los Chuchos (Ortega y Zambrano y su basura ideológica, pues les gusta lo podrido de la politiquería).

Cuauhtémoc Cárdenas, que no podía ver ni en pintura a Ebrard, anda de manita sudada con él, avalando las alianzas con el Partido Acción Nacional (partido nacido contra Lázaro Cárdenas), y apoyándolo cuando tiene a la ciudad de México instalada en un desastre social. El jefe de gobierno puso en las zonas de los ricos camiones para recoger la basura con doble compartimiento: para orgánica e inorgánica; mientras que en las zonas de los pobres, dejó los camiones de basura viejos y obsoletos, generando fuentes de contaminación e insalubridad.

Peña Nieto es igual. El territorio mexiquense es un lugar de feminicidios por excelencia, de represiones sangrientas (Atenco), pobreza de 10 millones, favoritismo a empresarios, cobros excesivos de impuestos y alzas de precios a bienes y servicios gubernamentales. Cada año las inundaciones destruyen las pocas pertenencias de los pobres y clases medias, porque Peña, en seis años, no resolvió el problema de los desbordamientos por las lluvias. Pero es un ejemplo de mal gobierno, enriquecimiento de funcionarios y disimulo y protección a los narcotráficantes. De la pandilla de Atlacomulco, Montiel y Peña han acaparado los cargos públicos y son dueños de fortunas mal habidas (que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que controla Calderón directamente, tiene fichados pero en la impunidad).

Malos gobernantes. Nada los respalda en la búsqueda de candidaturas presidenciales. Usan dinero público y tiempo de sus obligaciones para promover sus imágenes, sin dar cuentas de sus gestiones corruptas e ineficaces, ni consulta a sus ciudadanos. Hay destrozos ecológicos (como la Supervía en la ciudad de México), policías que roban a quienes deberían auxiliar, procuradurías ineficientes, un sistema de impartición de justicia corrompido y homicidios de las delincuencias. En suma: Peña y Ebrard han sido malos gobernantes antirrepublicanos y antidemocráticos por sus inclinaciones autoritarias.

*Periodista