Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010, Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte de su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar “criminales” para no convertirlos en héroes.
Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios –aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca
Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista telefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”.
Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación. “Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”.
–¿Ven una posibilidad de censura?
–Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del gobierno.
El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentos en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso.
“Puedo decir con toda responsabilidad, pero sin citar mi fuente, que directores de varios medios me confirmaron que fue de las oficinas corporativas de Televisa de donde los llamaron para invitarlos a sumarse a este documento”, afirma Trejo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Agrega en entrevista con Proceso que para Televisa y TV Azteca el acuerdo es en realidad “un acto de propaganda” y que por eso fue presentado en un “escenario lamentable” y “espectacularizado”: el Museo de Antropología convertido en un set de televisión.
Regulación
Regular la cobertura informativa sobre el narco ha sido un propósito de Calderón desde hace años. En noviembre de 2009 se realizó en Boca del Río, Veracruz, el congreso Ciudadanía y Medios. Acción Conjunta, organizado por el gobierno de la entidad y la Procuraduría General de la República. Participó Margarita Zavala, esposa del presidente. Uno de sus principales resolutivos fue que los medios “no otorgarían espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a sus representantes”.
El 5 de agosto de 2010, en aquella reunión en Los Pinos, Calderón insistió en el tema al pedirle a los dueños de medios que se sumaran al Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado.
La reunión fue privada. Entre los asistentes estaban directivos de Televisa, TV Azteca, Radio Mil, Organización Editorial Mexicana, El Universal, MVS, Radio Fórmula, Grupo ACIR, de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), del Grupo Milenio, Radiorama, Radio Centro y de los periódicos Unomásuno, La Crónica, La Jornada, La Razón y Rumbo de México.
El 9 de noviembre de ese año, al inaugurar la sexagésima sexta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Calderón nuevamente habló del tema. Tras señalar que el crimen organizado se ha convertido en “el mayor riesgo al ejercicio del periodismo y se levanta como la principal fuente de restricción, intimidación y represión a la labor informativa”, pidió la regulación de los contenidos.
“Es necesario informar sin hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a la agenda mediática de las organizaciones criminales; no se trata de ninguna manera de ocultar los problemas, sino de reflejar la realidad y poner en perspectiva los grandes esfuerzos que hacemos para solucionar nuestros problemas; balancear la información, tomar en cuenta, sí, si es indispensable por el hecho mismo, noticioso, la voz intimidatoria de los criminales.”
El jueves 17 de marzo insistió, al borde del chiste: “Si yo no hubiera sido político, a lo mejor me hubiera dedicado al periodismo, que también me gusta; es una profesión que respeto”, afirmó al intervenir en el foro México: Puerta de América organizado por el Grupo BBVA-Bancomer y el diario español El País.
“Hubiera hecho un periódico que se llamara Balance y en la primera plana pondría de un lado todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado todas las más importantes buenas noticias. Y en medio las buenas o malas sin clasificarlas ahí”.
Tras asegurar que las únicas que “asientan hechos totalmente objetivos e inocultables” son las notas deportivas, Calderón afirmó que “se debe equilibrar y poner en perspectiva lo que es México, no ocultar ni ignorar los problemas que hay en el país”.
De acuerdo con el acuerdo
Con la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, Felipe Calderón parece haber logrado uno de sus objetivos: aliarse con un sector de la prensa mexicana en su lucha contra el narcotráfico.
Horas después de la transmisión nacional del acto envió un mensaje desde Apodaca, Nuevo León: “Pienso que este acuerdo es una muestra muy clara de que la responsabilidad, cuando se ejerce plenamente por todos y en particular por los medios de comunicación, permite enfrentar de mejor manera el fenómeno de la violencia delictiva, de la violencia causada por los grupos y las organizaciones criminales que afectan a los mexicanos”.
Calderón necesitaba este acuerdo sobre todo porque encuestas publicadas el mes pasado indicaban que su popularidad ha bajado a 52%, lo que no se veía desde 2008, y se incrementó la percepción ciudadana en cuanto a criminalidad y violencia.
“Calderón ha estado incómodo desde hace años con la cobertura mediática de la violencia”, dice Raúl Trejo. “Cada vez que puede reitera su anhelo para que en México haya medios que vean tanto los asuntos buenos como los malos, pero a veces no hay muchos momentos buenos que cubrir. No sé si él auspició, pero sí aplaudió este acuerdo”, señala.
Medidas huecas
Durante la elaboración del acuerdo hubo miembros de la CIRT que plantearon la necesidad de darles a los reporteros seguros de vida, cursos de capacitación, protocolos de protección y mejores salarios. La mayoría de los que trabajan para los medios que suscribieron el acuerdo carecen de esas prestaciones. Algunos no tienen ni Seguro Social.
Pero las propuestas no prosperaron; se quedaron en el enunciado de “establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo”.
Los anteproyectos del acuerdo, que Proceso pudo consultar, son sustancialmente distintos al documento final.
Por ejemplo, en el segundo punto se proponía rechazar entrevistas “a miembros de las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentencia condenatoria en su contra”. En la versión definitiva sólo se habla de “impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos” y “omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos”.
Los ausentes
Se dijo que el acuerdo estaba firmado por los principales medios de comunicación del país. Pero hubo ausencias. Algunos fueron invitados pero no quisieron participar, como El Diario de Ciudad Juárez, y otros de plano no fueron invitados, como La Jornada, Reforma, Proceso, Multivisión, TV Cable y muchos medios locales.
De hecho aparecen pocos medios de las entidades en las que el crimen organizado es más violento, como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León.
Pedro Torres precisa que aunque el medio en el que trabaja fue invitado se decidió no firmar el acuerdo porque, desde su perspectiva, no se puede normar de manera tan general los criterios editoriales: la realidad de Juárez no es la misma que la de otras ciudades.
“No podemos trabajar en las mismas condiciones que los enviados que tienen más libertad en el manejo de la información que nosotros que permanecemos aquí cuando se publica la nota. Además hay cuestiones de seguridad que tenemos que tener presentes cada vez que se publica algo, y para la gente que escribe a la distancia es muy diferente la situación. Por eso no creemos que sea viable esta generalización de los criterios y de los principios para la cobertura de la violencia.”
En su editorial del viernes 25, el diario La Jornada cuestionó las razones que, dijo, “llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas pero también por las dependencias públicas”.
Además critica que algunas empresas que encabezan el acuerdo, como TV Azteca, hayan pasado por encima de las leyes, como en 2006, cuando “recuperaron” las instalaciones de Canal 40.
El editorial del diario desglosa el decálogo y señala que cae en linchamientos mediáticos, posibilidades de censura, peligro a la independencia editorial y “evoca las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sobre lo que a su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un periódico”.
Y remata: “Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial”.
La periodista Carmen Aristegui, en su columna del viernes 25 en el diario Reforma, asegura que algunos de los firmantes, en sus respectivas colaboraciones, han acusado a los que no suscribieron el acuerdo como “los mezquinos de siempre”.
La conductora del noticiario matutino de MVS señala que es imposible sacudir la sospecha de que la pretensión final de todo esto es, parafraseando al especialista Edgardo Buscaglia, “gerenciar el flujo de la información”. Esto es, uniformar la información, y desde los medios, no desde la realidad, transformar la percepción de lo que está pasando.
“El acuerdo se firma en el momento en el que todos los indicadores apuntan al fracaso de la estrategia gubernamental”, asevera Aristegui
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