El oportunismo del gobierno de Calderón y del PAN es burdo, amoral.

El caso Martí

josé gil olmos

MÉXICO, D.F., 13 de agosto (apro).- Nadie puede estar en contra de que el secuestro y asesinato de Fernando Martí es un hecho execrable, pero el lucro político que Felipe Calderón, su gobierno y su partido han hecho de este caso es, igualmente, condenable.A raíz de que se supo públicamente del secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, el gobierno de Calderón no ha parado en utilizar este lamentable hecho para golpear políticamente a sus opositores y jalar agua para su molino, como lo ha hecho claramente Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación.El lunes pasado, Felipe Calderón llegó al colmo de la manipulación cuando, en un acto público, dijo que él también se sumaba a la condena y a la manifestación que algunas agrupaciones ciudadanas están organizando para protestar y exigir que se detenga la creciente de inseguridad en todo el país.¿Es que acaso Calderón no se dio cuenta que es a él, como máxima autoridad de gobierno, a quien precisamente la marcha se dirige para exigirle que haga bien su trabajo? ¿En qué estaba pensando Calderón al sumarse a esta protesta ciudadana? Tal vez le está pasando lo mismo que a Fox cuando respondió “¿y yo por qué?” cuando se le exigió resolver el conflicto de la toma del canal 40 por parte de TV Azteca.Lo mismo que Mouriño y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, Calderón se equivoca rotundamente al asumir una posición “comprensiva” y dizque crítica a esta situación, pues al hacerlo se niegan como autoridad, ya que los tres están evadiendo una de las principales responsabilidades que tienen como representantes del Estado: proporcionar seguridad.El colmo de esta posición arribista de las autoridades federales y de Marcelo Ebrard es que hasta quieren patrocinar la manifestación ciudadana y, al mismo tiempo, están centrando toda la atención en el caso de Fernando Martí cuando el problema es mayor y muchas familias han sido afectadas sin que sean tomadas en cuenta porque no son conocidas entre los políticos o en la clase empresarial como Alejandro Martí, quien apoyó financieramente las campañas presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón.Lamentablemente sólo hasta que el afectado es alguien con poder, en este caso la familia Martí, las autoridades voltean su atención para ocuparse del crecimiento de este fenómeno delictivo que ha llegado a considerarse como “la industria del secuestro”, en la cual están involucrados los cárteles del narcotráfico. De acuerdo con las cifras extraoficiales, en lo que va de la administración ha habido 6 mil casos de secuestros en el país, muchos de los cuales no son denunciados, principalmente por la desconfianza que generan las autoridades policíacas, porque, como se ha visto, algunos policías también están involucrados en los secuestros.Todos estos casos tendrían que ser también importantes no sólo para las autoridades, sobre todo para el presidente de la República, sino para los medios de comunicación que, en el caso de Fernando Martí, se han volcado de manera desmesurada cayendo en una distinción de clase que igualmente es condenable.El oportunismo del gobierno de Calderón y del PAN es burdo. Germán Martínez, jefe del panismo, de inmediato tomó el micrófono y en una conferencia de prensa se lanzó contra los gobiernos de todos los partidos –incluido el suyo-- para denunciar un subejercicio de los recursos destinados para la seguridad pública. ¿Por qué no lo hizo antes?La utilización del caso de Fernando Martí puede terminar siendo sólo una cortina de humo para evadir lo que hay de fondo, la creciente descomposición de las autoridades policíacas del país y el aumento en la inseguridad. Todo ello como consecuencia de malos gobiernos que no han sabido afrontar las crisis políticas, económicas y sociales que en los últimos años han llevado a mayores índices de pobreza, desempleo, corrupción y delincuencia organizada.Lamentablemente, todo parece encaminarse a que el secuestro y asesinato del joven Martí será utilizado por los partidos y el gobierno de Calderón como un instrumento político, y no como un acicate para aminorar los altos índices delictivos. Y como tal será manipulado en las campañas electorales que se avecinan.

Experiencia Índigo

México secuestrado

En Reporte: México secuestrado, Yo soy otro tú, Limpia en la PGR… y la SSP ¿Cuándo? (Publicidad Tec), La momificación del PAN, El Cajón, La batalla del Atlántico, Oops!... He did it again, El mundo busca respuestas, Rey por un rato, Sin muros: El despertar del dragón, Cazadores del oro, Guantes rosas, Índigobox, In-the-go ....

Para ver REPORTE Índigo AQUI.

EL JÚNIOR SUPLANTADO

A FUEGO LENTO

“Tenemos como todo conglomerado humano, luces y sombras, grandezas y miserias; pero las luces predominan sobre las sombras y las grandezas se imponen a las miserias.”- Don Jesús Reyes Heroles –Entrando en el fatídico tercer acto del asalto neoliberal de los apátridas educados bajo la teoría pragmática de Richard Lansing (que fuera Secretario. de Estado Norteamericano en 1924 y recomendó “preparar ambiciosos jóvenes de México, a la filosofía y vida del sueño americano, para no tener que hacer la guerra y lograr el control de México, con sólo dominar al presidente –espurio o no- en turno), no podía entender como un presunto descendiente del último ideólogo nacionalista post revolucionario; que siempre fue una autoridad y freno de afanes frívolos en el estilo de gobernar, fuera de la realidad histórica y los abismos entre la seudo “Democracia y Justicia Social” con la dramática realidad, advirtiendo con singular verticalidad y convicciones graníticas del tremendo riesgo de despertar al “México Bronco” si se perdía la brújula que imantó la flecha del rumbo para el Sufragio Efectivo no reelección de Madero y la Constitución de 1917 promulgada por Venustiano Carranza, asesinado por defender el petróleo quien junto con los Diputados Constituyentes de la nación en su Artículo 27 protegieron este recurso geoestratégico .Ese Hombre nacido en Tuxpan, Estado de Veracruz, QUE A PESAR DE SU TALENTO Y CAPACIDAD INDISCUTIBLE nunca antepuso sus intereses personales al sueño de ser presidente de México, impedido por el Artículo 82 Constitucional. Don Jesús Reyes Heroles (q.ep.d.) al margen de su estilo sin dobleces y verticalidad que a muchos-en aquellos tiempos- molestó , también fue dentro de su larga trayectoria política y de servicio público, Director General de PEMEX durante la gestión del presidente Gustavo Díaz Ordaz , período en el cual-por cierto- después de los estudios pertinentes y la sugerencia pulcra de Don Jesús Reyes Heroles , GDO ordenó la no renovación o prórroga de los cinco “Contrato Riesgo” que se habían firmado con Compañías Extranjeras. Por la trascendencia que significa el texto de JRH en este documento denominado “México y su Petróleo” trascribo textualmente algunos fragmentos que son demoledores a las tesis actuales que esgrime su Júnior en similar cargo, pero en un gobierno espurio:“El ciudadano presidente de la república acaba de inaugurar simbólicamente obras por 1, 111, 635,000 de pesos. No constituye, empero, en esta ocasión, el monto de lo invertido el principal acto de celebración del Decreto del presidente Cárdenas, de 18 de Marzo 1938: lo fundamental es la rescisión de todos los Contratos Riesgo que se firmaron con compañías extranjeras y que abarcaron una superficie de 3858 kilómetros cuadrados.Entre 1949 y 1961, Petróleos Mexicanos suscribió cinco contratos riesgo con empresas petroleras privadas, que establecían un período para la explotación y perforación de pozos y señalaban como remuneración, por parte de Petróleos Mexicanos, el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con valor del 50% de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados , y una compensación que iba del 15% al 18% del valor de la producción, por un período de veinticinco años. (Cualquier semejanza de nuevos atracos planeados en Reformas de PEMEX de la dupla FECAL& ESGES, es pura casualidad.)“El presidente Díaz Ordaz ordenó la no renovación o prórroga de esos contratos y que se acatara la reforma constitucional que prohíbe su celebración y preceptúa su insubsistencia”. Este interesante documento( el cual ofrezco enviarlo vía correo electrónico a quien así lo solicite ) que debieran conocer nuestros senadores, diputados, gobernadores y hasta los presidentes de municipios petroleros, antes de abrir la boca para declarar sandeces o buscar con sus excreciones verbales más impunidad en los gastos discrecionales y corruptos dispendios de las participaciones por excedentes del petróleo, protección o ser los nuevos beneficiarios del criminal contratismo que lacera a la paraestatal, explica el por qué de esos contratos y la recuperación de 33858 kilómetros cuadrados de territorio nacional “concesionado”. El Informe de JRH también despeja y aclara una serie de hechos posteriores con José López Portillo que inventó en la década de los 80s toda una fábula embustera al descubrimiento ocultado del denominado “Manto Cantarell” y que ahora se promociona en documentales mitómanos de “CLIO”. En la página 8 se lee lo siguiente: “ El contrato de tierra sumergida del 5 de Marzo de 1949,con empresas del grupo CIMA, abarca para la exploración y perforación una zona de 400 kilómetros de largo, por 5 de ancho en el litoral comprendido entre la Barra de Santecomapan, Veracruz y Puerto Real, Isla del Carmen Campeche.”Entonces la historia del descubrimiento en el sexenio de JLP sólo fue un montaje picaresco similar al “Tesorito Escondido en el fondo del Mar” de Calderón y sus patrocinadores que se quieren robar la explotación de Sihil y el Manto Chicxulub en Yucatán, pero sobre todo la súper mentira que los mantos marinos del Golfo de México en aguas de mediana profundidad se están agotando, ,cuando según algunas teorías que se citan en la prestigiada revista “Mundo del Petróleo” en la edición No 18 del 2 de Octubre del 2006 en el artículo “Origen del Petróleo” firmado por Flory Anette Dieck, con bases científicas, por el mismo meteorito que generó el cráter y fin de los dinosaurios, en Arabia Saudita, Vietnam y Rusia se están encontrando nuevas vetas de fantástico potencial ;¿ por ello los golpes bajos a la dignidad de la gobernadora del Mayab no alineada al Tesorito de Madrid y Falso Campechano? .Don Jesús Reyes Heroles informa de todas las obras, retos y éxitos de la paraestatal , en el transporte, avances de investigación, la grandeza de los petroleros mexicanos y sus ingenieros y técnicos siempre a la vanguardia.¡No puede ser que un prestigio intachable, una grandeza de espíritu y un legado de dignidad y vergüenza nacionalista por su genética paterna mexicana, pueda ser abrumadoramente mancillada por el actual comportamiento de quien usufructúa de tal memoria!.Don Jesús se ganó a pulso su lugar de gloria en la historia de México y sus restos mortales descansan merecidamente en La Rotonda de Personajes Ilustres.Nunca habría aceptado al PEMEX de hoy, ni tampoco habría permitido –ni con el privilegio de ser embajador en los EEUU – que por actos de alta traición a la patria que ejecutó Ernesto Zedillo Ponce de León con la extraña desaparición de Isla Bermeja y el archivado accidente del senador del PAN José Ángel Conchello, quien denunció los hechos, sirvieran para otorgarles ventajas a las compañías extranjeras sobre México en su espacio territorial marítimo del Golfo de México sobre el codiciado Hoyo de Dona. Me resulta inconcebible que gracias a las mentiras de encuestas sin soporte, para seguir en la ruta de la infamia del fraude electoral, usara su espejeado nombre para cobrar la factura inescrupulosa con el despacho principal de la Torre de Marina Nacional, sin sentir el mínimo pudor.Quizá no sea realmente un auténtico y legitimo Reyes Heroles y estemos ante un digno Caso de la Vida Real aprovechable en las novelas de TELVENVISA .Se han dado eventos lamentables de equivocaciones en la identificación de recién nacidos o la suplantación de lactantes por enfermeras distraídas –sin querer queriendo-.Me niego aceptar que la gallardía por genética natural de Don Jesús, el de Tuxpan, no se tenga el mínimo respeto o se quiera demostrar que la teoría de Richard Lansing se aplica con perverso éxito.¿No sería válido aprovechar los avances de la ciencia y recurrir a un estudio de ADN para salir de las asfixiantes dudas o los deslindes pertinentes?
Enrique Pastor Cruz Carranza
Correo electrónico: afuegolento2000@yahoo.com.mx

guanajuatizados desdendenantes

Monosapiens

Para ampliar imagen AQUI.

El gobierno de México, omiso ante el caso Ye Gon

Ning Ye. Un caso "frívolo"

Jorge Carrasco Araizaga

En el caso del empresario Zhenli Ye Gon, que se encuentra preso en Estados Unidos bajo la acusación de introducir metanfetaminas a ese país, una serie de dilaciones por parte de las autoridades estadunidenses, así como la pobre cooperación del gobierno de México, mantienen empantanadas las investigaciones y retrasado el juicio contra el chino naturalizado mexicano. Realizado con el apoyo del Programa de Becas para Periodistas de América Latina, emprendido este año por el diario The Washington Post y el Woodrow Wilson International Center, el presente trabajo revela los obstáculos y las contradicciones del caso.

WASHINGTON.- Cumplido un año de la detención de Zhenli Ye Gon, los gobiernos de México y de Estados Unidos no han aportado pruebas fehacientes de que el empresario farmacéutico preso en esta ciudad fuera proveedor del mercado estadunidense de metanfetaminas.Sin embargo, el ciudadano chino naturalizado mexicano tampoco ha desvirtuado una de las principales acusaciones en su contra: que no fueron 205 millones de dólares en efectivo, sino 350 millones los que llegó a poseer en México, Estados Unidos, China y Hong Kong como producto de la venta de efedrina y seudoefedrina a laboratorios clandestinos.El probable consentimiento oficial que Ye Gon tuvo en México en su actividad inicial como importador de toda clase de bienes, y luego como un empresario farmacéutico, se ha convertido en un obstáculo para que fluya la información desde México a Estados Unidos. En varias ocasiones, el Departamento de Justicia, del que depende la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, ha dicho ante la Corte que no ha podido acreditar y precisar todos los cargos contra el empresario de origen chino porque el gobierno de México le envía la información en partes.Es más: el abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza, asegura que la administración de Felipe Calderón le ha escamoteado información al Departamento de Justicia. “La Procuraduría General de la República ha mandado a Washington pruebas diferentes a las que sirvieron para la causa penal que le sigue tanto a él como a su esposa y sus empleados”, asegura el también defensor de éstos.Proceso consiguió tener acceso al expediente del caso (1:07-CR-00181-EGS), el cual se compone de más de mil páginas y se encuentra radicado en la Corte Federal para el Distrito de Columbia.De la revisión de ese documento y de los pormenores del caso puede establecerse que el gobierno estadunidense tiene su propia estrategia: alargar tanto como pueda el período de alegatos antes de que se abra el juicio en contra de Ye Gon, quien se halla confinado en una cárcel de alta seguridad en Washington. El propósito: lograr que alguno de los detenidos en México lo incrimine o que el empresario se convierta en testigo protegido, algo que sus abogados aseguran que no ocurrirá. La amenaza es una sentencia mínima de entre 10 y 30 años de prisión. La máxima puede ser cadena perpetua. Desde su arresto, efectuado en las afueras de la capital estadunidense, el empresario ha intentado que el juez Emmet Sullivan, titular de la Corte Federal para el Distrito de Columbia, deseche la acusación por considerar que los cargos en su contra no tienen sustento.Ye Gon ha hecho esta petición en cuatro ocasiones porque, después de un año de prisión preventiva, el Departamento de Justicia no ha presentado evidencias que demuestren que el empresario surtía al mercado ilegal estadunidense de drogas sintéticas ni que lavaba dinero en Las Vegas. De hecho, de los 126 millones de dólares que Ye Gon asegura haber apostado entre 2004 y 2007 en los casinos de Nevada, 80 están registrados como pérdidas.Involucrada desde 2006 en la investigación de la PGR contra Ye Gon, la DEA alertó a la justicia estadunidense al estimar en 724 millones de dólares los recursos que Ye Gon pudo haber obtenido en el mercado ilegal de metanfetaminas por la venta de 86.885 toneladas de seudoefedrina que según la agencia antidrogas el empresario importó a México en un solo año.La DEA asegura que esa cantidad se integró con 20 y 29.4 toneladas de N-metil-acetilamino importadas el 12 de diciembre de 2005 y el 6 de enero de 2006, respectivamente, y con 37.485 toneladas de hidroxi-benzil-N-methil-acetetamina, importadas del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2006.La DEA le explicó al juez Sullivan que, de acuerdo con sus análisis, la primera sustancia tiene un nombre químico parcial que no está identificada para la producción de analgésicos. Mientras que el segundo nombre, observa, no corresponde a ningún químico conocido; de acuerdo con las investigaciones del Laboratorio Central de la Administración Central de Aduanas de México, se trataba de seudoefedrina.Lo que la agencia antidrogas no le dijo al juez es que esas casi 90 toneladas entraron a México con la autorización de la propia Administración de Aduanas –que depende de la Secretaría de Hacienda–, a pesar de que desde el primer embarque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le advirtió al entonces director de Aduanas, José Guzmán Montalvo, sobre la falsificación de permisos por parte de Unimed, empresa propiedad de Ye Gon. Tampoco reveló que el Laboratorio Central demoró varios meses en informar de sus hallazgos ni que la PGR no hizo nada para detener esas importaciones, que según la DEA tuvieron como destino final el mercado estadunidense en forma de drogas sintéticas. Hasta ahora, sin embargo, el Departamento de Justicia no ha demostrado cómo, cuándo ni quiénes introdujeron las metanfetaminas a Estados Unidos.
Inconsistencias
Ye Gon ya fue indiciado por un gran jurado del Distrito de Columbia, no obstante que los cargos formulados por la DEA han sido vagos e imprecisos. Primero lo acusó de ser proveedor de los laboratorios clandestinos de metanfetaminas destinadas a Estados Unidos, y después de que él mismo era productor del estimulante.Antes de que, en 2005, se estableciera en México la prohibición para importar seudoefedrina, entre 2002 y 2004 Ye Gon importó 81 toneladas de este químico, según constató la Secretaría de la Función Pública en la auditoría 50/07 practicada a la Cofepris. Sin embargo, de acuerdo con la misma auditoría, sólo 34 toneladas fueron registradas por el organismo. Las 47 restantes no se anotaron como importaciones autorizadas y se desconoce cuál fue su destino.La acusación contra Ye Gon en Estados Unidos se apoya en esas 81 toneladas y en el intento de Unimed de introducir a México otras 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina, una sustancia que lo mismo puede convertirse en metanfetaminas que en medicamentos.Para desacreditar la acusación, la defensa de Ye Gon presentó ante la Corte la factura de esas importaciones. Según se lee en el documento, escrito tanto en chino como en inglés, el propio empresario viajó a Mongolia interior, casi en la frontera china con Rusia, para realizar la compra.La operación la hizo el 18 de octubre de 2006. Compró 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina a la empresa Chifeng Arker Pharmaceutical Technology, una subsidiaria de Shangai Industrial United Holdings, compañía que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong. El precio fue de 692 mil 895 dólares. De acuerdo con la factura, la mercancía salió del puerto de Tianjin, y aunque no lo precisa, llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en diciembre de 2006.La defensa de Ye Gon sostiene que esa era la única empresa a la que le compraba ese tipo de sustancias. Establecida desde 1949, en 2000 Chifeng Arker empezó a producir series de seudoefedrina para uso médico. En 2003, la Food and Drug Administration de Estados Unidos hizo una inspección a la compañía. Más aún, cuando en marzo de 2007 se desató el escándalo de los 205 millones de dólares, agentes de la DEA se trasladaron a la compañía. Un año después, el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas contra Unimed por su relación con Chifeng Arker.Un hecho extraño es que, si bien el juicio contra Ye Gon no se ha iniciado en Estados Unidos, el procurador mexicano, Eduardo Medina Mora, ordenó la destrucción de la sustancia. Otro hecho raro es que el gobierno de Calderón repartió entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial los 205 millones de dólares incautados sin que mediara para ello una resolución judicial. La incautación de las casi 20 toneladas de seudoefedrina derivó en el cateo a las propiedades de Ye Gon en México, donde además de esa millonaria cantidad la PGR aseguró 111 mil dólares y documentación de cuentas bancarias en Estados Unidos, China y Hong Kong, así como de transferencias de casas de cambio de México a Estados Unidos y Europa. Todas esas cuentas están congeladas, además de que Estados Unidos le aseguró al empresario un Rolls Royce Phantom 2007.No obstante, la imputación de la DEA es muy vaga. Dice que el acusado, “consciente e intencionalmente… conspiró… con otros coconspiradores conocidos y desconocidos para el gobierno”.El único supuesto cómplice identificado es Michelle Wong, una exempleada del Mirage Hotel Casino en Las Vegas con la que Ye Gon se involucró sentimentalmente y a la que la DEA acusa de lavado de dinero. En una declaración presentada por esta agencia, pero que no está firmada por la testigo, se asegura que Ye Gon le contó que estaba lavando dinero para narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, el abogado de Wong, George Allan Dale, niega que su clienta haya hecho esta imputación a Ye Gon.El fiscal del Departamento de Justicia encargado del caso, Paul Laymon, ha intentado aplazar el comienzo del juicio, pues pretende que Ye Gon se declare culpable o que su esposa u otro de los detenidos en México lo incriminen. Uno de los argumentos que Laymon usa para retrasar el juicio es que el gobierno de China no ha entregado toda la información que se le ha solicitado en virtud de que se encuentra ocupado con motivo de los Juegos Olímpicos.En su empeño por incriminarlo, Laymon se trasladó a México para interrogar a la esposa del acusado y a dos de sus exempleados, lo que constituye una violación al procedimiento penal mexicano. Con la anuencia de la PGR y sin la presencia del abogado De la Garza, Laymon y otros funcionarios del Departamento de Justicia y de la embajada de Estados Unidos en México se trasladaron el 25 de abril de 2007 al penal de Santiaguito, en el Estado de México, para pedir a esas personas su colaboración para incriminar a Ye Gon. Por lo pronto, Laymon logró que el juez Sullivan alargue el período previo al inicio del juicio, pese a que el juzgador encontró “débiles” las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia. El Código Federal estadunidense establece que un detenido debe ser procesado 70 días después de su arresto. El conteo se ha interrumpido debido a una serie de acciones impulsadas por el Departamento de Justicia. De acuerdo con las estimaciones del propio gobierno estadunidense, el plazo para el comienzo del juicio se vencería a fin de año si es que no hay más acciones dilatorias. David Zapp, uno de los abogados de Ye Gon, calcula que podría pasar por lo menos otro año antes del juicio.
Antecedentes
Al empantanamiento de la causa penal contra Ye Gon contribuyó la estrategia inicial de la defensa, que intentó presentar a su cliente como víctima de una persecución política. Tanto en sus respuestas a las imputaciones de la DEA como en su petición de asilo político, Ye Gon involucró a representantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) de haberlo obligado a esconder en su casa los 205 millones de dólares que, afirmó entonces, fueron el sobrante de los recursos utilizados para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón.En particular, señaló a Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo y jefe de la campaña de Calderón, de haberlo amenazado de muerte si no cooperaba. Lozano rechazó la acusación y anunció que demandaría a Ye Gon en Estados Unidos por difamación. En medio del escándalo, Lozano incluso viajó a ese país. Pero en los registros judiciales estadunidenses no aparece ninguna acción legal del funcionario mexicano contra el empresario. El escándalo político no le funcionó a Ye Gon, aunque uno de sus primeros defensores, Martin Mac Mahon, cuyo despacho litiga disputas comerciales internacionales, insiste en relacionar el caso con hechos de corrupción en México. Sin embargo, Mac Mahon dejó de participar en la defensa de Ye Gon a petición de éste.El segundo abogado del empresario, Ning Ye, quien ejerce entre Washington y Nueva York, asegura que se trata de un caso “frívolo” porque “de todos los documentos mostrados por el gobierno, no hay nada que incrimine” a su cliente.El nuevo abogado contratado por Ye Gon es David Zapp, cuyo despacho en Nueva York se especializa en casos de lavado de dinero. Él asegura que lo más difícil para el gobierno estadunidense será probar el vínculo de las importaciones de Unimed con Estados Unidos. Pero advierte que el Departamento de Justicia insistirá para que alguien termine por incriminar a Ye Gon.La detención del empresario puso en evidencia al gobierno de Vicente Fox, que le dio todas las facilidades para operar en México como importador a gran escala de mercancías desde China, en especial de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos, incluida la efedrina y la seudoefedrina, precursores de las metanfetaminas.De acuerdo con los registros de Unimed presentados en la Corte federal del Distrito de Columbia, durante cinco años Ye Gon logró introducir a México por lo menos 8 mil toneladas de sustancias químicas, para revenderlas a distintos laboratorios.A partir de 1997, la Secretaría de Hacienda estuvo al tanto de sus operaciones comerciales, pues fue cuando dio de alta su empresa. A finales de ese año, el Instituto Nacional de Migración le otorgó permiso para que residiera en México como técnico farmacéutico de laboratorios Silanes.Esta última compañía es propiedad de Antonio López de Silanes Pérez, amigo de Vicente Fox desde la universidad y contribuyente de la campaña del guanajuatense por medio de Amigos de Fox. Cinco años después, el entonces presidente le entregó a Ye Gon su carta de naturalización como mexicano.
Todas las facilidades
El empresario oriental operaba en México con autorización de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud. En 2005, el gobierno de Fox decidió controlar la importación de efedrina y seudoefedrina. Antes de ese año, todas las puertas estaban abiertas en México para que estas sustancias se desviaran hacia el mercado ilegal de las metanfetaminas.La febril actividad importadora de Ye Gon durante el gobierno pasado no sólo contó con la autorización de la Cofepris, sino que tuvo permisos de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de la República, que ahora lo acusa.En octubre de 2006 obtuvo dos cartas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que le permitieron importar sulfato de gentamicina, materia prima para la elaboración de antibióticos.La acusación formal contra Ye Gon, mediante una declaración jurada, la hizo Eduardo A. Chávez, agente especial de la DEA destacado en la Ciudad de México.

sondeo
¿Por qué crees que el gobierno de México no coopera en el proceso penal contra Zhenli Ye Gon?

a) Apoyó la campaña presidencial de Felipe Calderón
11.11 % 107 votos
b) Funcionarios del gobierno de Fox están involucrados
14.33 % 138 votos
c) Las dos anteriores
74.56 % 718 votos

Para participar en el sondeo AQUI.

Del gabinetazo al gabinetito

Miguel Ángel Granados Chapa

Con la designación de Gerardo Ruiz Mateos como secretario de Economía se completa la transformación del gabinete personal de Felipe Calderón en el gabinete legal de su presidencia. Esa no es buena noticia para la república, pues, por una parte, las cualidades de quienes integran uno y otros equipos no son necesariamente coincidentes y, por otro lado, esa mutación acentúa la tendencia al gobierno personalísimo que en la medida en que se distancia de la institucionalidad, o la deja en segundo plano, ata el ejercicio de las responsabilidades políticas a las veleidades de la subjetividad.Se comprendía que la llegada a Los Pinos de un partido diferente al que había regido desde allí al país durante más de medio siglo implicaba un severo problema de personal dirigente, un conjunto de funcionarios que fuera capaz de abordar desde la inexperiencia los delicados problemas de la república. La sociedad estaba implícitamente dispuesta a otorgar un amplio término de gracia a los nuevos gobernantes para que se adentraran en un oficio que sólo se aprende ejerciéndolo. Por eso recibió con simpatía el gracejo de Vicente Fox que calificó de gabinetazo a un equipo donde predominaban los novatos. Hasta fue bienvenida esa condición en algunos casos, como el de Gobernación, en que parecía necesario alejarse lo más posible de los estilos de hacer política propios del autoritarismo que habían convertido el de Bucareli en el ministerio del miedo. Fox dijo que él contrató a su personal para que durara seis años a su lado. Pero a la mitad del sexenio se percibió que tal perseverancia era imposible, y entonces comenzaron los reajustes. Cumplieron aquel plazo muy pocos secretarios: Francisco Gil, en Hacienda; Pedro Cerisola en Comunicaciones; Reyes Tamez en Educación, Julio Frenk en Salud, y los secretarios militares (de Defensa y de Marina). En todas las demás secretarías hubo dos, tres y hasta cuatro titulares: Creel y Carlos Abascal en Gobernación; Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbez en la cancillería; el propio Derbez, Fernando Canales y Sergio García de Alba en Economía; Josefina Vázquez Mota y Ana Teresa Aranda en Desarrollo Social; Javier Usabiaga y Francisco Mayorga en Agricultura; Leticia Navarro y Rodolfo Elizondo en Turismo; Carlos Abascal y Francisco Xavier Salazar en Trabajo; Francisco Barrio y Eduardo Romero en la Contraloría; Rafael Macedo de la Concha y Daniel Francisco Cabeza de Vaca en la procuraduría; Alejandro Gertz, Ramón Martín Huerta y Eduardo Medina Mora en seguridad pública; María Teresa Herrera Tello, Florencio Salazar Adame y Abelardo Escobar en la Reforma Agraria; Víctor Lichtinger, Alberto Cárdenas y José Luis Luege en la Semarnat; y Ernesto Martens, Felipe Calderón, Fernando Elizondo y Fernando Canales en Energía.Martín Huerta murió en servicio; otros eligieron su propia carrera y por eso se retiraron del gabinete; en otros casos circunstancias ajenas a su desempeño los afectaron; los más de ellos mostraron incompetencia. Lo cierto es que si alguien creyó que en efecto se trataba de un gabinetazo, tendría que aceptar que el tamaño del equipo se redujo al del sustantivo llano, sin exageraciones. Un gabinete a secas.Con semejante dimensión comenzó el de la segunda presidencia panista. Como en el equipo de Fox, la estrella era el secretario de Hacienda. Gil y Agustín Carstens pertenecieron al sistema priista, sin necesariamente tener credencial partidaria. Pero en ambos casos se hizo valer como principal mérito para su designación la confianza en la estabilidad que ambos eran capaces de inspirar. A diferencia de Creel, que encarnó la promesa de una gobernabilidad democrática (y fallara en el empeño), Francisco Ramírez Acuña llegó precedido de fama de autoritario, pero con experiencia política y en la administración, como gobernador de Jalisco, caso semejante (semejantísimo, por corresponder a la misma oriundez) que el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, que también podía ostentar experiencia federal gracias a su paso por la Semarnat, que no le suscitó aplauso sino lo contrario.Del resto del equipo, sin lumbreras ni estrellas descollantes, se esperaba sólo el cumplimiento módico de responsabilidades fijadas en la ley. Pronto, sin embargo, necesidades personales del presidente Calderón han precipitado ajustes a hora muy temprana de la administración. Antes de cumplir un año en su cargo, Calderón trasladó a Germán Martínez de la Secretaría de la Función Pública a la presidencia del PAN, para recuperarla de manos de los ultraderechistas con los que ahora se han avenido ambos, Calderón y Martínez. El ingrediente de confianza personal que tanto pesa en el ánimo de Calderón no se perdió con el tránsito pues reemplazó a Martínez (amiguísimo del Presidente) Salvador Vega Casillas, un político michoacano de breve y no sobresaliente andadura política, que fue diputado local y federal y sólo por su oriundez (su paisanaje con Calderón) fue nombrado subsecretario de la Función Pública antes de convertirse en titular de la misma, donde continúa las labores del también michoacano a quien reemplazó. Es decir, no hace nada, con lo que se ve que ese es el designio para dicha secretaría.En enero de este año Calderón sustituyó a Ramírez Acuña y a la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Zavala. Ambos habían sido obviamente sus partidarios en la contienda interna por la candidatura presidencial, pero no pertenecían a su círculo de colaboradores-amigos del que sí eran parte sus reemplazantes. Lejos de la perseverante militancia panista y la experiencia gubernativa de Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño tenía el escaso mérito de haberse aproximado a Calderón en la legislatura durante la que éste encabezó (no por el trienio completo) la bancada blanquiazul en San Lázaro. Cuando llegó a la Secretaría de Energía, Calderón se hizo acompañar de Mouriño, aprovechando que como diputado el campechano nacido en Madrid había presidido la Comisión de Energía, a donde no lo llevó un interés o un saber profesional sino el crematistico, pues desde esa posición pudo gestionar negocios de su familia. En la secretaría de donde Fox lo despidió (o lo puso en trance de que se marchara) Calderón hizo a Mouriño jefe de asesores y subsecretario. Ernesto Cordero sustituyó a Beatriz Zavala en la Sedesol. Actuario egresado del ITAM, después de haber servido en posiciones técnicas en la administración federal priista, Calderón lo nombró funcionario de Banobras en el breve paso del ahora presidente por esa institución. Cordero fue allí director de Administración Integral de Riesgos y, supongo que con la sabiduría obtenida en ese cargo ejercido durante pocos meses, fue llevado por su ya amigo a la secretaría de energía donde, también por breve tiempo, se desempeñó como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico. Durante la campaña electoral y en la etapa del relevo, Cordero fue coordinador de Políticas Públicas y, en una suerte de representante personal en la secretaría de Hacienda, fue subsecretario de Egresos durante poco más de trece meses.Cuando Mouriño caminó de Los Pinos a Bucareli, su Oficina de la Presidencia fue remodelada. Una de sus parcelas quedó a cargo de Gerardo Ruiz Mateos, amigo panista de Calderón, quien le creó el cargo de secretario ejecutivo del Comité Nacional que el ahora presidente encabezó de 1996 a 1999. Ruiz Mateos empezó en esa oficina en una tarea subordinada a Mouriño y luego lo reemplazó en parte, para igualársele ahora como miembro del gabinete. Un gabinete que por la inexperiencia de sus titulares más recientes, por su edad y por sus nexos políticos se achica para que no proyecten sombras sobre quien lo encabeza. Lo sirven a él, no a la república. l

El “Quinazo”, una venganza política

Las "pruebas"

Daniel Lizárraga

La organización The National Security Archive consiguió que el gobierno de Estados Unidos desclasificara un informe de 1989 en el cual el entonces líder de la CTM, Fidel Velázquez, admite ante el personal de la embajada en México que las razones del presidente Carlos Salinas para encarcelar a Joaquín Hernández Galicia fueron políticas. Y aunque La Quina era su “amigo”, Velázquez no dudó en denostarlo y apoyar a Sebastián Guzmán Cabrera, el hombre de Salinas, para sucederlo en el cargo.El gobierno de Estados Unidos desclasificó un informe basado en el testimonio directo de Fidel Velázquez, en el cual éste reveló que el encarcelamiento del dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, obedeció a motivos políticos, ya que no guardó lealtad al PRI y desafió al gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo al sucesor, Carlos Salinas de Gortari.El 25 de enero de 1989, cuando La Quina, Salvador Barragán Camacho y alrededor de 20 personas más llevaban dos semanas en prisión, la embajada de Estados Unidos buscó a Fidel Velázquez para elaborar un informe al respecto. Se rumoreaba que habría desabasto de gasolina en el país y los petroleros sindicalizados amenazaban con realizar paros.La entrevista con el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) estuvo clasificada como confidencial durante 18 años. El pasado 3 de enero el gobierno estadunidense liberó 72 archivos –de los cuales 26 aún mantienen reservas– porque The National Security Archive, organismo vinculado a The George Washington University, lo solicitó para documentar aspectos inéditos sobre la actuación pública de Hernández Galicia.El inédito testimonio de Fidel Velázquez fue desclasificado por completo. Una de las máximas del régimen priista fue la siguiente: don Fidel sólo rinde cuentas al presidente. Este apotegma permaneció en boga entre sus herederos aun después de su muerte, en 1997. Ahora se comprueba que no siempre fue así.Tras la aprehensión de La Quina, Velázquez explicó que el régimen no perdería el control del país. El presidente de Estados Unidos era George Bush, padre del actual mandatario. Según este documento de 10 cuartillas, el líder obrero habló por teléfono con el agregado laboral estadunidense, cuyo nombre no se cita. El dirigente de la CTM no habló del arsenal decomisado ni del homicidio de un Ministerio Público Federal que supuestamente cometieron pistoleros de La Quina al ser detenidos. Velázquez refirió que La Quina y sus aliados habían “hecho cosas terribles”, pero su testimonio es sobre todo político:Cuando en años recientes La Quina y sus colegas se volvieron tan arrogantes que atacaron abiertamente al gobierno y a los líderes del PRI, partido al cual pertenecen, haciendo votar a sus diputados sindicales en la Cámara junto con la oposición y en contra de los intereses y las posiciones del PRI, desafiando públicamente la autoridad del partido y mandando su disciplina por la borda, era obvio que el sindicato petrolero había ido demasiado lejos, que las cosas se habían salido de control y que el gobierno se vería obligado a actuar.Casi 20 años después de la aprehensión de Hernández Galicia, puede leerse en el mencionado archivo que Fidel Velázquez intentó cambiar la posición de los petroleros. Continúa el informe:Velázquez dijo que él y el resto de los líderes de la CTM se dieron cuenta de que los líderes del STPRM (Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana) habían sobrepasado los límites de la decencia y habían mostrado una flagrante deslealtad hacia el partido (PRI). Velázquez aseguró que él le había advertido a La Quina y a Barragán que se estaban pasando de la raya y que habían ido demasiado lejos, pero dijo que La Quina y sus colegas se negaron a escucharlo y continuaron con sus ataques frontales contra el gobernador del Estado de México, Mario Ramón Beteta, el gobierno y (más indirectamente) el expresidente Miguel de la Madrid y el nuevo presidente, Salinas.Esta declaración confidencial se contrapone a la versión ofrecida por Carlos Salinas. En su libro México, un paso difícil a la modernidad, publicado en el año 2000, Salinas atribuye el encarcelamiento del líder petroleto al presunto tráfico de armas y al homicidio. Según su versión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había enviado desde el 22 de enero de 1988 –durante el gobierno de Miguel de la Madrid– un oficio a Hernández Galicia para advertirle que sus guardias portaban armas ilegalmente.A la cúpula sindical nunca se le investigó por corrupción. La Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo siempre, en boletines y en la presentación de los detenidos, que los pistoleros de La Quina recibieron a balazos a la policía, por lo que tuvo que intervenir el Ejército.Según esta versión oficial, en la casa del líder había cuatro rifles R-15, tres escopetas calibre .12, un rifle M1, tres metralletas calibre .22, una pistola calibre .45, cinco silenciadores para las metralletas, una pistola 357 Magnum, dos más de calibre .38, otra de 9 milímetros y más de un millar de cartuchos. En el tiroteo murió Antonio Zamora Arrioja, agente del Ministerio Público.Aún en el sexenio de Carlos Salinas, Joaquín Hernández Galicia fue condenado a 35 años de cárcel. En 1995, un tribunal le retiró la condena por acopio de armas. El equipo de abogados defensores probó que las metralletas fueron compradas por el Ejército y que fueron importadas a través de la frontera, por Chihuahua. Para entonces Salinas de Gortari ya no era presidente y vivía en Irlanda.
El operativo
El rostro demacrado de Joaquín Hernández Galicia ocupó la portada de Proceso el 16 de enero de 1989 (edición número 637). En uno de los reportajes, los reporteros Francisco Ortiz Pinchetti y Rodrigo Vera reconstruyeron el asalto de un centenar de militares a la casa-despacho del líder petrolero. Los vecinos aseguraron que los soldados disparaban al aire.Hernández Galicia salió de su habitación en paños menores. Dos soldados lo tomaron de los brazos y lo sacaron del lugar. Sus pantuflas quedaron ahí.Con La Quina a bordo de un vehículo militar, los soldados introdujeron en su casa el arsenal con el que el gobierno federal sustentó el cargo de tráfico de armas. Las únicas fotografías publicadas en los medios corresponden al momento en que la PGR presentó al líder sindical junto a las armas. En esas fotos se ve que otros detenidos miran atónitos las ametralladoras perfectamente ordenadas. Uno de ellos, José Sosa, secretario general del sindicato, no despega la mirada de los rifles a pesar de las decenas de flashes que le estallan en la cara. Las armas brillan de limpias.Sin embargo, los abogados defensores no pudieron convencer a los jueces de que Hernández Galicia era inocente de la muerte del agente del Ministerio Público. Según las pruebas que presentaron, Antonio Zamora murió antes del operativo. No obstante, los litigantes no lograron la liberación completa de su cliente, que no salió de prisión hasta 1998.
El martes 12, el exlíder del STPRM cumplirá 83 años.
Velázquez, su jefe político durante décadas, a quien La Quina alabó y entregó millones de pesos durante el régimen priista, confesó que hubo razones políticas para mantenerlo bajo la sombra.Velázquez aseguró que él y la CTM inicialmente recibieron los arrestos con enojo y protestaron enérgicamente por la detención de La Quina. Dijo que a él y a la CTM les molestó en particular el método utilizado por el gobierno para arrestarlos; es decir, el uso del Ejército, cuando la legislación mexicana prohíbe su intervención para estos asuntos y otorga el poder para arrestar civiles exclusivamente a las autoridades civiles y a la policía.
Pero este enojo le duró poco:
Velázquez también dijo que la CTM abandonó las protestas cuando se percató de que el arresto estuvo justificado y que, en realidad, el gobierno pudo hacerlo sin provocar un intercambio de fuego mucho más sangriento del que en los hechos tuvo lugar.“Unclassified” (desclasificado), puede leerse al iniciar el archivo. Quien revisó el contenido de este archivo y decidió liberarlo por completo fue Oscar J. Olson.No se sabe si Charles J. Pilliod Jr., que fue el embajador estadunidense en México de 1986 a 1989, le informó a Fidel Velázquez que no podía destruir el informe elaborado con base en su testimonio y que tampoco podía garantizarle que se mantendría en secreto. La ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) está vigente desde 1966, y con base en ella el documento fue abierto el pasado 3 de enero. En 1989, la información con el testimonio de Velázquez se envió con carácter “prioritario” desde la embajada en México al Departamento de Estado y al Departamento de Energía, así como a los consulados de Estados Unidos en Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Nuevo Laredo y Tijuana.
Choque de intereses
La corrupción en el sindicato de Pemex no sólo puede verse en las notas de corresponsales como Alan Riding, quien trabajó para The New York Times. Durante sus 32 años de historia, Proceso ha documentado el derroche en Pemex. Pero ni por fuentes extranjeras ni por nacionales, los priistas consideraron castigar al sindicato. Ahora, mediante el testimonio desclasificado de Fidel Velázquez, consta que toleraron la corrupción. Según el archivo desclasificado, el agregado laboral estadunidense en México destacó lo siguiente:Velázquez dijo que La Quina, Salvador Barragán Camacho y otros de los líderes sindicales petroleros pertenecientes a la CTM están acusados legalmente de “cosas terribles”, por las que justamente merecen permanecer encarcelados durante 40 años, si no es que más. Agregó que en años recientes él y la CTM se habían sentido abochornados por el tipo de liderazgo que La Quina y sus colegas estaban ejerciendo sobre el sindicato petrolero; y, en particular, por la extravagante riqueza mal habida que los líderes del STPRM estaban derrochando ostensiblemente, en medio de la relativa pobreza de los trabajadores mexicanos. Añadió que, en meses recientes, la CTM había considerado tomar medidas por ella misma contra La Quina, pero que ahora se veía impedida de hacerlo por las acciones gubernamentales.Pero el funcionario de la embajada estadunidense no estaba convencido del todo, y añadió en su informe:Esta puede ser una conveniente invención de Fidel Velázquez tras los hechos consumados; pero no hay duda de que don Fidel desde hacía tiempo se sentía incomodado por los actos de La Quina, Barragán y sus colegas del sindicato petrolero, que a él personalmente le desagradaban, pero seguía tolerándolos.El rompimiento entre el régimen y el sindicato petrolero se inició el 30 de enero de 1984, cuando el subsecretario de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, Carlos Salinas, emitió un decreto para impedir que millones de dólares llegaran al sindicato cada vez que Pemex firmaba un contrato. Así, se estableció que en las “obras por administración directa” no podrían participar terceros. Anteriormente, los petroleros ganaban 2% sobre cada contrato que firmaba Pemex. Según los cálculos de Alan Riding, entre 1970 y 1981 llegaron a las cuentas bancarias del STPRM 450 millones de dólares por este concepto. De acuerdo con el propio Salinas de Gortari en su libro México, un paso difícil a la modernidad, los dividendos superaban los 2 mil millones de dólares anuales. Pero Salvador Corro y José Reveles, en su investigación La Quina, el lado oscuro del poder, publicado en 1989, concluyeron que no había modo de distinguir entre el dinero de La Quina y el del sindicato.Uno de sus negocios, la renta de buques, desató la ofensiva de los petroleros contra Mario Ramón Beteta, director de Pemex en el sexenio de Miguel de la Madrid. Desde 1977, Hernández Galicia y Salvador Barragán compraron 18 buques-tanque, cinco remolcadores y ocho chalanas que sólo hasta 1985 –cuatro años antes de su detención– les dieron ganancias por 7 mil millones de viejos pesos. El sindicato le rentaba su flota a Pemex para transportar productos y planeaba vendérselos años después. Pero Beteta les dijo que no habría negocio y, en vez de favorecer al sindicato, Pemex firmó el contrato de transportación con la empresa Flota Pesquera Mexicana, propiedad de Isidoro Rodríguez, quien originalmente se dedicaba al autotransporte. La ganancia sería de medio millón de dólares anuales.Corro y Reveles ofrecen un ejemplo del tono con que se enfrentaron Pemex y su sindicato: “Beteta le dijo un día a Barragán Camacho que Pemex no estaba para negocios con gremios corruptos y de intereses personalistas, y el líder de la Sección 34 del sindicato le respondió que no estaban dispuestos a que los manejara un banquero de cuarta categoría”.Hernández Galicia y Barragán Camacho cobraron la factura a Beteta cuando ya era gobernador del Estado de México, en 1986: ordenaron que diputados bajo su control promovieran un juicio político contra el exdirector de Pemex, ya que al entregar el contrato para la transportación de productos a particulares, según ellos, había favorecido ilegalmente a Isidoro Rodríguez. El juicio no prosperó en la Cámara de Diputados, pero despertó a la oposición y alertó a la prensa. Para entonces, Carlos Salinas ya estaba posicionado como aspirante a la Presidencia.
Liderazgo y traición
Cuando llegó al poder, Salinas no gozaba de un ambiente político idóneo tras su controvertido triunfo en las urnas. El día de la votación –el 6 de julio de l988– el sistema de cómputo se vino abajo, lo que alimentó la percepción pública, sobre todo en la izquierda, de que se cometió un fraude para que ganara el candidato priista. Hernández Galicia ayudó poco, casi nada, al candidato de su partido. El periódico El Norte del 6 de julio difundió que el líder petrolero dio instrucciones para que en sus 18 secciones no se votara por el PRI. Proceso, por su parte, documentó el 25 de julio (número 612) que en ocho regiones de arraigo petrolero Cárdenas obtuvo 218 mil votos, contra 216 mil de Salinas, resultado inédito en más de 50 años que llevaba el PRI en el poder. Este año, como parte del paquete de documentos que el gobierno de Estados Unidos abrió para The National Security Archive, desclasificó también un informe –distinto al de Fidel Velázquez– en el que confirma la intervención de Hernández Galicia en favor de Cárdenas. Al ser interrogado por el consejero laboral de la embajada sobre si el encarcelamiento de La Quina afectaría la relación de la poderosa CTM con el PRI y con el nuevo presidente, Fidel Velázquez contestó que no.De manera elaborada, afirmó que su relación con Salinas es hoy más fuerte de lo que jamás había sido en el pasado, y que sinceramente creía que, en lo concerniente al movimiento sindical, el presidente Salinas sería uno de los mejores presidentes de los últimos sexenios.La embajada puso especial atención al énfasis con que Fidel Velázquez rechazó cualquier ruptura. Al líder de la CTM sólo le preocupaba la mala imagen.Velázquez dijo al consejero laboral de la embajada que, lamentablemente, todo ese episodio había tenido un impacto sustancialmente negativo sobre la CTM y el movimiento sindical. Dijo que era particularmente así respecto de la mala imagen del movimiento sindical que el liderazgo del sindicato petrolero, descarriado y sin principios, había sembrado en la opinión pública, a pesar de que la vasta mayoría de los líderes sindicales mexicanos eran personas honestas y respetuosas de la ley, que trabajan duro, sobre todo, en el bienestar de sus agremiados.Hacia el final del documento se observa que uno de los líderes petroleros opositores a La Quina, Sebastián Guzmán Cabrera, era apoyado por el gobierno como nuevo dirigente del sindicato....Una visión que parece ser compartida por Fidel Velázquez. Pese a estas credenciales, empero, de acuerdo con la prensa, en el pasado Guzmán Cabrera también se llevó su tajada del pastel de la corrupción y, en los hechos, era el rico “cacique” del sindicato petrolero en el sur del estado de Veracruz, hasta que empezó a tener choques con La Quina y, éste, finalmente lo removió de su cargo y lo obligó a jubilarse. En consecuencia, Guzmán Cabrera no es un santo; pero lo que parece seguro es que jugará el juego con el PRI, el gobierno y Fidel Velázquez. Será un líder sindical disciplinado, seguirá sus instrucciones y no les causará ningún problema.De hecho, Fidel Velázquez adelantó que Guzmán Cabrera sería el siguiente dirigente petrolero.Guzmán Cabrera acaba de ser reinstalado como trabajador en el área de Minatitlán, Veracruz, y de acuerdo con Velázquez, se encuentra en buena forma para encabezar el sindicato. Don Fidel dijo que Guzmán Cabrera, sin embargo, podría enfrentar tiempos difíciles al dirigir al gremio, ya que como enemigo jurado de La Quina podría encontrar resistencias por parte de numerosos leales a La Quina que aún quedan en el sindicato. No obstante, Velázquez aseguró que él y la CTM darían su apoyo total a Guzmán Cabrera, asumiendo que éste fuera el elegido, o a quienquiera que ganara la elección.Hernández Galicia y Fidel Velázquez fueron amigos durante 30 años. El jueves 12 de enero, el primero invocó esa estrecha relación al rendir su declaración preparatoria: “Le pido a don Fidel Velázquez que no nos deje, porque esta es una acción que quiere acabar con la poca autonomía que existe en los sindicatos”. La ayuda nunca llegó. Para entonces el líder cetemista ya había rendido testimonio ante el gobierno de Estados Unidos y avalado las razones políticas para detenerlo. (Traducción del documento: Lucía Luna)

Cananea: la nueva calamidad

Huelguistas. Incertidumbre

Marcela Turati

Semiparalizada por la huelga que los mineros emprendieron en julio de 2007, Cananea parece un pueblo fantasma. La mayoría de sus habitantes, ligados a la industria minera, no saben qué hacer para paliar la crisis que padecen. En un recorrido por la zona, Proceso observó la forma en que sobreviven los cananenses, algunos de los cuales, desesperados, señalan que el gobierno federal debe intervenir para solucionar el diferendo laboral en esta histórica zona donde en 1906 se prendieron los primeros fuegos de la Revolución.

CANANEA, SON.- Desde hace un año, en este lugar los días hábiles dejaron de distinguirse de los del fin de semana: los comercios lucen vacíos, los taxistas dejaron de circular en busca de clientes… Y los hombres esperan en sus casas o hacen guardia afuera de la mina, paralizada desde el 30 de julio de 2007.La huelga se enquistó en esta ciudad de 30 mil almas y mantiene postrados a la mayoría de los habitantes, que no saben cómo comportarse desde que esa fuente de trabajo cerró sus puertas.Tal es la parálisis que parece un pueblo fantasma del Viejo Oeste. En este escenario, una de las locaciones podría ser la residencia de madera de Mister Greene, el estadunidense que hizo de las minas de cobre un emporio y que impuso comisarios, jueces y funcionarios, y pidió a los rangers de su país que lo defendieran de los revoltosos mexicanos, que en tiempos de Porfirio Díaz le hicieron huelga al grito de “¡Ocho horas, cinco pesos!”.Incluso podrían filmarse algunas escenas en el armatoste de dos pisos, ladrillo rojo y piedra que en aquellos tiempos sirvió de cárcel y ahora es el Museo de la Lucha Obrera. Adentro, un patio asfixiado por cuatro paredes exhibe maniquíes que semejan mineros. En la sala principal de ese inmueble estuvieron presos los instigadores de aquella huelga de 1906 que dio fósforo a la Revolución Mexicana.Las fotos y los planos exhibidos ahí muestran el desarrollo de la mina que contiene los mayores yacimientos de cobre mineral en explotación en el mundo y la ciudad que creció en las inmediaciones.El cronista local Manuel Rodríguez, famoso por su participación en el programa radiofónico Barrio viejo, donde cada domingo rememora pasajes de la localidad, explica que los antiguos propietarios de la mina –la Cananea Consolidated Copper Company y la Anaconda Cooper Company– y luego el gobierno federal siempre dotaron de servicios a la comunidad.Y los adultos cananenses recuerdan: los empresarios mineros pavimentaban calles, prestaban bomberos, introducían el agua potable, formaban brigadas para fumigar la zona, regalaban agua y electricidad, y hasta compartían materiales a los trabajadores para que construyeran sus viviendas.Pero la tradición se rompió durante el sexenio de Carlos Salinas, cuando la mina, con tecnología de punta, recién remodelada y subastada a una cuarta parte de su valor, fue vendida a la familia Larrea, propietaria de Grupo México.Hoy, Mexicana de Cananea tiene una capacidad de producción de 30 millones de toneladas anuales de mineral y posee reservas de cobre, molibdeno, zinc, oro y plata. Germán Larrea, el presidente ejecutivo del Grupo, ingresó este año en la lista de los mil 125 multimillonarios del planeta que publica la revista Forbes. Se encuentra en el lugar 127 con una fortuna de 7.3 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer mexicano más rico, sólo superado por Carlos Slim y Alberto Bailleres.La paradoja: mientras Grupo México acumulaba millones, Cananea, donde 70% de la población trabaja en alguna actividad relacionada con Mexicana de Cananea, se fue en picada.El declive ha sido paulatino. En 1998, la empresa minera dejó de dotar de agua a la población; desde entonces el tandeo del líquido falla todos los días, aunque la mina extrae puntualmente el acuífero del río San Pedro y del nacimiento del río Sonora 800 litros por segundo; es la industria que más agua chupa en todo el estado.La investigadora Edna Villarreal, quien hizo su tesis sobre el uso del agua en Sonora, asegura que la mina extrae 45% de lo que consumen todas las empresas y reduce seis centímetros anuales el agua subterránea.En 1999, industrial minera dejó de subsidiar la clínica que daba servicio a las familias de los trabajadores en el antiguo edificio verde que hoy luce descarapelado. El pasado 10 de mayo, en medio de la huelga actual, el Hospital Ronquillo, que daba servicio a los trabajadores activos y jubilados, dejó de prestar sus servicios.
Agreste panorama
El paisaje de Cananea es afectivo. No en balde el presidente municipal, Luis Carlos Cha, quiere convertirlo en destino turístico, en un esfuerzo desesperado para superar la parálisis económica que envuelve a sus representados.Un tour, por ejemplo, podría mostrar las casas estilo vaquero del barrio Cananea Vieja, con todo y sus cruces de ferrocarril; las arboledas, la vegetación mestiza de desierto y sierra, los nacimientos de los ríos, los museos y la historia.De prosperar ese proyecto, el turista podría también apreciar detalles pintorescos, como las banderas rojinegras en donde se extraía el cobre por el sistema de tajos, los montecillos de costales con arena que dejaron los granaderos, el cerro negro-carbón de puro desperdicio mineral, el domo que alberga polvo tóxico, la chimenea oxidada de la vieja fundidora, las rocas amarillentas color azufre, los playones blancos de cal y la enorme represa de agua ácida con 5 mil 500 metros de circunferencia ubicada a sólo dos kilómetros del nacimiento del río Sonora.“Con tal de adquirir la gallina de los huevos de oro, durante la privatización la empresa se echó el compromiso de surtir agua a la ciudad, pero después se lo quitó de encima”, dice Jesús Verdugo, encargado del Comité de Huelga del sindicato minero, mientras muestra el cuarto de máquinas ubicado junto al nacimiento del río. Cerca del lugar vive una prima suya que tiene un hijo con cáncer.El diputado local Francisco García Gámez recuerda que durante la huelga de 1998 recibió un oficio donde la empresa le notificaba que él tenía la obligación de dotar de agua potable a la comunidad. En aquella época él era el presidente municipal.“Les dije: ‘de acuerdo, es una obligación por ley, pero también es una obligación moral de ustedes otorgar servicio de agua potable’. La mina extrae 2 millones de metros cúbicos de los mantos acuíferos al año, y los convierte en aguas ácidas que no sirven para uso doméstico”, relata a esta reportera en su oficina del Congreso estatal.Desde entonces se desató el caos. El gobierno estatal se hizo cargo del sistema de aguas. Las tuberías tenían más de 70 años de uso. El gasto de operación mensual era de 2 millones de pesos. ¡Imagínese!, dice, el costo de operación era de 2 millones de pesos mensuales y el presupuesto anual del ayuntamiento era de 40 millones.“Las condiciones del trabajador han sido buenas, sus utilidades son buenas (…) El trabajador estaba bien, pero la empresa es muy insensible, fría, sólo le interesa producir cobre y no voltea a los lados. Si apoyara más al pueblo produciría más el trabajador”, dice el legislador, quien en su juventud fue minero.
La huelga se pudre
Como el agua ácida, la huelga de Cananea está estancada desde el 30 de julio del año pasado y se pudre.Este municipio es cuna de las huelgas importantes: en 1906, un paro minero fue el preludio de la Revolución Mexicana; en 1989 la venta de la famosa mina frenó la disolución de los contratos colectivos de trabajo en la era de las privatizaciones. Por eso Grupo México heredó un sindicato activo que sabe movilizarse en todo el país cuando las prestaciones de sus agremiados son amenazadas.La Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), a la que están afiliados los trabajadores en paro, ha podido sostener la huelga gracias a que sus integrantes reciben mil 100 pesos semanales, cortesía de sus compañeros del sindicato nacional, y a los más de 200 mil pesos que recibieron por utilidades.“Con el dinero uno se acompleta, se adapta. Recortamos las idas a Douglas, a Tucson, ahora consumimos lo mexicano”, explica Jorge Luis Morales, uno de los huelguistas, mientras un puñado de sindicalistas de El Mineral hacen guardia en cada puerta de las instalaciones.Para la Sección 65 está en riesgo su sobrevivencia. Si se mira en el espejo de la mina que Grupo México tiene a tres horas de distancia, en Nacozari –donde el año pasado hubo una huelga que concluyó con un hombre muerto, la irrupción policiaca, el despido de los paristas, el desalojo de sus viviendas y la creación de un nuevo sindicato–, el panorama no es halagador.“(En Nacozari) la gente quedó sumamente frágil y señalada para que no les den ningún otro empleo en el pueblo. Muchos tuvieron que migrar”, dice el sacerdote Antonio García Morales, director de Pastoral Social, quien acompañó a los obreros en aquel movimiento.Y un hombre barbado con pinta de misionero asegura que en Cananea “han hecho el intento por acabarlos, pero no han podido ante la unidad del sindicato y su experiencia de lucha. Cananea es un ‘¡basta ya!’, un signo de esperanza de que sí pueden contra los patrones que quieren sindicatos blancos, acabar con el contrato colectivo y acumular capital”.Sergio Tolano, líder de la Sección 65, explica que la huelga se originó porque la empresa violaba ocho puntos del contrato colectivo de trabajo, algunos de los cuales ponían en riesgo la seguridad de los obreros.Dice: “La empresa producía y producía, al tiempo que el equipo se desgastaba paulatinamente. Esta situación comenzó a contaminar las áreas de trabajo por el polvo; la falta de visibilidad incrementó los accidentes y varios compañeros tuvieron comenzaron a tener problemas de salud, por lo que fueron incapacitados; pero la empresa insistía en que siguieran trabajando”.Así mismo, agrega, dejó de ajustar los bonos de productividad, dejó de capacitar a los sindicalizados, se atrasó con las utilidades, abusó del uso de contratistas y no quería fijar horas de comida. Para colmo, desconoció a Napoleón Gómez Urrutia como líder del SNTMMSRM.En la mina de Cananea no se han podido reanudar actividades a pesar de los intentos del Grupo México por romper la huelga. El 11 de enero utilizó a los policías para expulsar a los trabajadores en paro de las instalaciones y ofreció 15 mil pesos a quien regresara a trabajar, así como subsidio a la luz y bonos de gratificación semanales. Sólo aceptaron la oferta 214 trabajadores. Pero el 23 de abril, cuando un juez declaró que la huelga era legal, los sindicalizados volvieron a paralizar la producción.“Hasta la fecha estamos esperando que nos sienten a negociar”, dice Tolano, quien reconoce que ha hablado con el secretario del Trabajo, Javier Lozano; el subsecretario Álvaro Castro, y con el gobernador Eduardo Bours. A todos, asegura, les ha dicho que por estatuto todo arreglo tiene que negociarse directamente con Gómez Urrutia. Y les insiste que si el defenestrado líder minero no puede regresar al país, él no puede ceder.
Las secuelas
Las cicatrices sociales de la huelga se palpan en la colonia minera 1 de Julio.Un colono entrevistado que pidió anonimato asegura que compró una pistola para defenderse. No soporta, dice, que los seguidores de Napoleón le llamen esquirol. Él es uno de los 214 mineros que en enero pasado aceptaron las millonarias liquidaciones ofrecidas por la empresa. Sostiene que no tenía de otra, necesitaba dinero para pagar la colegiatura de sus hijos que estudian fuera de la ciudad.En las inmediaciones de la calle Chetumal, tres casas vecinas ilustran la polarización que se vive en la ciudad por el paro. Sus habitantes llevan varios meses sin dirigirse la palabra.Nostálgico de los tiempos que se vivían cuando la mina era del Estado, José Luis Morales, napista de corazón, señala: “Cuando vino la privatización cortan tiempos extras, reducen prestaciones, bonos de producción, los supervisores radicalizaron su postura y ante cualquier conflicto quieren despedir. Si faltas, te quieren correr”. Su vecino Martín Miranda, quien al principio apoyó la creación del “Sindicato Independiente de Cananea”, fue otro de los que en enero aceptó regresar al trabajo, por lo que fue tachado de esquirol. Dice que cobró 1 millón de pesos de indemnización y piensa abrir un negocio con ese dinero si Grupo México no reabre la mina.“Siempre me opuse a la huelga porque sabía que la razón de fondo era defender a Napito, y yo quería trabajar. Era pura faramalla eso de las medidas de seguridad, porque éstas no son minas subterráneas, son a cielo abierto y no hay gases explosivos; obviamente iba a haber polvo, pero uno mismo se cuida”, asegura.Martín tiene un hijo veinteañero, quien, al igual que él, trabajó en la mina de enero a abril; ahora está desempleado. Piensa emigrar pronto porque no tiene cómo sostener a su familia, dice Martín Miranda.En la casita de la izquierda, el vecino Enrique Castro tuvo que separarse de su familia para trabajar en Zacatecas, donde encontró a 20 excompañeros que, como él, huyeron de la crisis. La semana pasada visitó a su familia y asegura que estará fuera mucho tiempo.A su lado, en el mismo sillón en el que está sentado, se encuentra su hijo de 14 años. El señor Castro está contento porque, afirma, la minería le permitió pagar la casa en la que vive con su familia y le dio facilidades para que su hijo recibiera un tratamiento en el hospital Ronquillo cuando, hace cinco años, le detectaron cáncer. Esa enfermedad la padecen muchos de los cananenses.Un estudio binacional realizado en noviembre de 2007 a petición de la United Steelworkers, organismo afín al sindicato minero, señaló que los trabajadores de Mexicana de Cananea están expuestos a polvos tóxicos y gases ácidos, y que la empresa incumple con 72 medidas de seguridad, lo que representa serios peligros para la salud.
El dilema
En Cananea, según una encuesta telefónica aplicada por Beltrán y Asociados a 900 hogares en vísperas del primer aniversario del paro, 93% de los cananenses quiere que acabe la huelga. La ciudad está casi paralizada: los muebleros están al borde de la quiebra, los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas piden prórrogas para el pago de colegiaturas; sólo algunas tiendas de abarrotes son las beneficiarias, pues los cananenses han dejado de viajar a Tucson, Arizona, a surtir su despensa y ahora compran sus mercancías en la ciudad.Según la Cámara Nacional de Comercio local, en la ciudad se perdieron la mitad de los empleos; las ventas se desplomaron 70%; los negocios se vieron obligados a reducir horas de trabajo o a recortar personal. Ahora, de 11 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social durante 2007, sólo quedan 5 mil.Pese a esta crítica situación, ni el sindicato minero ni el Grupo México ceden. Algunos de los entrevistados, como el presidente municipal de Cananea, Luis Carlos Cha, y el cronista Manuel Rodríguez, claman por la intervención de la Presidencia de la República.Dice Cha: “Solicitamos al presidente de la República que nos eche la mano para darle celeridad a la solución”.Rodríguez se pregunta: “¿Qué el presidente de la República no podrá decirle al sindicato y a la empresa que se encierren y resuelvan el problema? ¿A quién se está protegiendo?“Si le dan en la torre a Cananea, se acabó el sindicalismo nacional; no creo que haya otro contrato colectivo así, el símbolo ha sido Cananea”, enfatiza el presidente municipal.Por su parte, el diputado Francisco García asegura: “Así como van las cosas, ya le están apostando al desgaste de los mineros para que terminen pidiendo su liquidación y se vayan.” l

Historia de los “narcosubmarinos”

El semisumergible incautado en México. Narcotecnología

Édgar Téllez

BOGOTÁ.- El tráfico ilegal de drogas mediante el uso de semisumergibles –o narcosubmarinos, como se les ha comenzado a llamar en México– se convertirá en un “dolor de cabeza” para América Latina, “porque ahora van con coca, pero no tardarán en perfeccionar el método para llevar de regreso armas y dinero en efectivo”. La declaración corresponde al general en retiro y exdirector de la policía de Colombia Luis Enrique Montenegro, quien la externó en enero último durante una reunión que tuvo en privado con mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) mexicana asignados a los estados de Sinaloa y Aguascalientes. En el encuentro, realizado en Culiacán, la capital sinaloense, le preguntaron a Montenegro acerca de los antecedentes y particularidades del tráfico de cocaína en “submarinos”. El exjefe policiaco, quien desempeñó un papel protagónico en las guerras contra los cárteles de la droga de Medellín y Cali en la década anterior, comentó que el primer caso del empleo de una nave como éstas data del 22 de mayo de 1993. Entonces, una patrulla de la Armada Nacional de Colombia decomisó en la Isla de Providencia –al norte del archipiélago de San Andrés, no lejos de las costas de Nicaragua– un artefacto sumergible cuando era remolcado por una pequeña embarcación. Si bien no transportaba droga, el episodio alertó a las autoridades colombianas.Estos aparatos, explicó Montenegro, se convirtieron en una alternativa a las lanchas go fast (de alta velocidad), que “están en desuso porque muchas han caído en manos de las autoridades en altamar. Por esta razón, a comienzos de los noventa los mafiosos inventaron los semisumergibles para transportar grandes cantidades de cocaína de una forma más segura”.El militar asegura que la idea de construir esos artefactos nació en Colombia a mediados de los noventa por iniciativa de un ingeniero ruso amigo del narcotraficante Félix Chitiva, quien trabajó al lado de los principales capos colombianos del narcotráfico, entre ellos Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Luego de una ascendente carrera delincuencial, Chitiva fue detenido y condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos, de los cuales cumplió menos de 10 porque llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales estadunidenses: delatar a sus socios y revelar sus rutas a cambio de la reducción de la pena. El pasado 16 de junio Chitiva fue entrevistado en la W Radio de la cadena Caracol. El narcotraficante declaró a la radioemisora que su amigo ruso concibió el proyecto de construir semisumergibles para el transporte de cocaína. Dijo que la idea le pareció tan buena que presentó a su amigo con los capos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, Los Mellizos, quienes de inmediato adquirieron la tecnología necesaria para fabricar este tipo de naves, las cuales tenían que estar habilitadas para burlar los radares y contar con la mayor autonomía posible para llegar a las costas mexicanas. “Esta gente siempre pensaba en grande –relató Chitiva–, por lo que hizo sumergibles con capacidad para desplazar más de 10 toneladas”.
Proliferación y decomisos
Entre 1993 y 1999 las autoridades colombianas decomisaron varias de estas unidades –casi una por año– en la costa atlántica nacional. En 2000, la policía localizó una bodega ubicada entre los municipios de Facatativa y Madrid, departamento de Cundinamarca, donde estaba siendo fabricado un semisumergible enorme. La tecnología usada era rusa y podía desplazar 200 toneladas de carga. El entonces director de la oficina de la DEA –la agencia antidrogas de Estados Unidos– en Colombia, Leo Arreguín, dijo que en 32 años de carrera nunca había visto algo semejante.Para evitar más confiscaciones, los traficantes trasladaron el uso de esas naves a la costa del Pacífico, sobre todo en las localidades de Buenaventura y Tumaco, dominios de los capos del norte del Valle y, en particular, del poderoso narcotraficante y empresario naviero Jorge Eliécer Asprilla, El Negro, quien fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2000.Mediante labores de inteligencia la Armada colombiana descubrió la estrategia de los narcos y logró decomisar cinco unidades, tres de las cuales estaban en etapa de alistamiento y dos en tránsito, pero sin narcóticos.La guerra contra los semisumergibles se intensificó en 2007, cuando las autoridades colombianas incautaron nueve naves y detuvieron a 25 personas. En total, los aparatos transportaban siete toneladas de cocaína.De acuerdo con reportes de la Armada, en lo que va de 2008 ha interceptado cuatro semisumergibles de gran capacidad. La operación más reciente se efectuó el 16 de junio a 60 millas al norte de Tumaco, cuando oficiales colombianos alertaron al guardacostas estadunidense USS Mcinerney en torno a la presencia de una nave sospechosa, que finalmente fue capturada. En ésta viajaban cuatro tripulantes, quienes al verse copados abrieron las válvulas de la nave –que cargaba nueve toneladas de cocaína– y la hundieron. Las autoridades de Colombia prevén que la creciente intercepción de semisumergibles como éstos no desanimará a los narcotraficantes, que continuarán usándolos.

Semisumergibles,
no “submarinos”

Las personas detenidas durante los operativos de detención han aportado información que le permitió a la Armada elaborar un documento de inteligencia –al que el reportero tuvo acceso– en el que se detallan las características de estos aparatos, a los que se denomina “semisumergibles”.El documento señala que “casi todos estos artefactos semisumergibles tienen una autonomía de 500 a 800 millas náuticas, por lo que deben reaprovisionarse de combustible en varias ocasiones para llegar hasta las costas de México, donde los esperan los enlaces del cártel de Sinaloa. Además, como deben cruzar el Canal de Panamá, se ha detectado que utilizan barcos que a cambio de dinero los remolcan hasta llegar a mar abierto”.“En este tipo de artefactos –explica el documento– se emplea pintura gris o azul oscuro con el fin de mimetizarlos en el mar; ofrecen una mínima sección transversal, lo que impide que sean descubiertos con facilidad por unidades de superficie mediante el empleo de radares. Para un avión de patrullaje marítimo es difícil su localización, ya que no tiene radares con capacidad para ubicar a estas naves”.El informe de la Armada concluye que a estos aparatos de ninguna manera puede llamárseles submarinos. “Los artefactos encontrados no son submarinos (…) son semisumergibles. El submarino es un tipo especial de buque, capaz de navegar bajo el agua y por la superficie gracias a un sistema de flotabilidad variable. El semisumergible es un artefacto que no permite un hundimiento total y se mimetiza por estar a flor de agua; por tal razón no tiene una autonomía como la del submarino. Es construido artesanalmente con fibra de vidrio y su costo oscila entre 1 y 1.5 millones de dólares”. El 15 de julio último, la Armada mexicana capturó uno de estos aparatos, que transportaba seis toneladas de cocaína enviadas desde Colombia. La embarcación, de 10 metros de eslora, fue construida con fibra de vidrio y madera. Además, estaba dotada de un motor diesel de seis cilindros y de un localizador GPS para la navegación. l

Caos y corrupción en el INM

Romero. "Hacemos lo que podemos"

Ricardo Ravelo

Aunque la comisionada del INM, Cecilia Romero, insiste en que los agentes arraigados por el caso de los cubanos indocumentados “son inocentes”, dice a Proceso que hay otros funcionarios migratorios involucrados en las redes de tráfico de personas que esa dependencia denunció y que la PGR debe investigar porque, advierte, ella no es “policía”. Las insuficiencias y lo que Romero misma califica como “caos” operativo del instituto, los atribuye sobre todo a la falta de presupuesto y de personal... El Instituto Nacional de Migración (INM), menoscabado por falta de personal, bajo presupuesto y corrupción de funcionarios, afronta un grave desfase ante el crecimiento del flujo migratorio del país.Su titular, Cecilia Romero Castillo, no niega que el incremento de la dinámica turística y la multiplicación de las terminales aéreas y de los vuelos internacionales que ha habido sean buenos para el país, pero, advierte, no hay aumento de plazas para cubrir todas las áreas por donde ingresan miles de inmigrantes, tanto documentados como ilegales. De manera que, resume en entrevista, ante los fenómenos actuales “hacemos lo que podemos, y hasta lo que no podemos tenemos que hacerlo”.Exdiputada federal y exsenadora de la República, Cecilia Romero no oculta que la corrupción es un severo problema en el INM, y reconoce que existen amplias redes de traficantes de personas –uno de los “negocios más jugosos”– respaldadas por funcionarios y exfuncionarios del organismo que ella encabeza desde noviembre de 2006.E inclusive señala que el instituto presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se documentan delitos que implican a miembros del INM que, de resultar culpables, deberán ser separados de sus funciones y encarcelados.
–¿A partir de qué se decide a presentar una denuncia de hechos a la PGR? ¿Quiere decir que usted encontró un gran desorden en el INM? –se le pregunta.
–Es de reconocerse que se han hecho esfuerzos en el pasado, pero avanzamos sobre una serie de investigaciones a partir de la información que conocimos sobre personas que aseguramos para tratar de identificar las redes de traficantes. Y cuando hablo de redes me refiero a que hay una connivencia entre extranjeros y mexicanos, y que entre los mexicanos no me cabe la menor duda de que existen algunos agentes migratorios y funcionarios del INM relacionados con el tráfico de personas.“Nosotros avanzamos en esa investigación, en torno a la corrupción en el instituto, y el 20 de abril de este año presentamos una denuncia de hechos ante la PGR sobre el tema. Lo curioso es que, mes y medio después, se presentó el evento del 11 de junio”, cuando 33 cubanos ilegales fueron detenidos por la Armada de México en Cancún, Quintana Roo, y posteriormente rescatados por un grupo armado en el trayecto de ese centro turístico a la base migratoria de Tapachula, Chiapas.
–¿Qué lectura tiene para usted el rescate de los cubanos y, sobre todo, la forma en que actuó el comando armado?
–Puso en evidencia lo que nosotros veníamos investigando. Esto está ya en manos de la autoridad correspondiente, y el instituto ha continuado con su papel de coadyuvante en estas investigaciones; hemos aportado cualquier tipo de información que nos ha sido requerida y consideramos que la conclusión a la que se llegue (no sólo en el caso de los cubanos rescatados, sino en la denuncia de hechos) servirá para seguir destapando caños.Sin embargo, el grupo civil Sin Fronteras, en un estudio sobre la situación que atraviesan las 48 estaciones migratorias en el país, llegó a la conclusión de que el INM –que en 2007 tuvo una ampliación presupuestal de 600 millones de pesos al pasar de una base de mil 300 millones en 2007 a poco más de mil 900 millones este año– no tiene capacidad para tratar a los migrantes con necesidades especiales –enfermos o discapacitados– ni para proporcionarles servicios de recreación, especialmente a niños y adolescentes.En otros reportes, Sin Fronteras ha establecido que el alojamiento de indocumentados que deben ser repatriados no ocurre en condiciones dignas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2007 seis recomendaciones contra el INM por esas carencias, que consideró injustificadas.Cuestionada al respecto, la comisionada del INM, Cecilia Romero, se defiende con el argumento de que el flujo migratorio ilegal se ha incrementado porque “tenemos una fuerte precariedad de recursos humanos en el instituto. Hay un rezago impresionante de personal. Nos falta muchísimo para cubrir adecuadamente las estaciones migratorias y los 172 puntos de internación que existen en el territorio nacional.“Atendemos –justifica– todas las entradas y salidas de mexicanos y extranjeros del país, los vuelos internacionales, las repatriaciones en la frontera norte, el proyecto de la frontera sur, las formas migratorias de trabajadores fronterizos, la cuestión de los permisos de toda la red consular del resto del mundo… En verdad, no nos damos abasto...”A eso se debe, continúa, que el flujo migratorio indocumentado vaya en aumento, al punto de que sólo en 2007 fueron repatriados 120 mil indocumentados a sus países de origen, de los cuales 14 mil eran centroamericanos, la mitad de ellos guatemaltecos, aunque al parecer –conforme a ciertos datos de la Patrulla Fronteriza– uno de cada cinco o seis ilegales logra cruzar y quedarse en Estados Unidos.Precisa que el INM sólo cuenta con 4 mil 600 empleados entre agentes migratorios, delegados y funcionarios de medio y alto nivel; una parte del personal es inconstante y, desde hace varios años, la base laboral no ha aumentado.
Desorganización y carencias
Para ilustrar “el caos” que vive el Instituto Nacional de Migración por falta de personal, Cecilia Romero refiere que en Cancún fue construida la Terminal Tres del aeropuerto. En esa nueva estación aeroportuaria, dice, “se colocaron nuevos filtros migratorios y no me dieron más agentes. De manera que, con la nueva obra de Cancún, en la terminal aérea ahora existen 40 filtros y su atención y vigilancia está a cargo de sólo siete agentes de Migración”.El personal de la frontera sur, asegura, se encarga también de otorgar las formas migratorias para trabajadores fronterizos, procurando legalizar la situación y proteger los derechos humanos de los guatemaltecos que llegan a Chiapas.“Los trabajadores de la estación migratoria hacen la conducción de indocumentados, presentan la requisición para la compra de material, checan que la alimentación (para migrantes ilegales) esté bien y atienden, además, el filtro migratorio cuando llegan turistas.”Del mismo modo, prosigue, la construcción de la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México significó un nuevo aprieto para el INM, pero por la misma causa: falta de recursos humanos.En un análisis retrospectivo, Cecilia Romero refiere que, “en el año 2000, por ejemplo, en el país había 23 aeropuertos y ahora hay cerca de 100. Y lo más preo-cupante, puntualiza, es que actualmente el INM tiene menos personal que en el año 2000”.Y por lo que respecta al norte, cita un solo caso. “En el estado de Tamaulipas, que es una entidad muy complicada, hay sólo 240 funcionarios, y ellos no se dan abasto para atender 11 puentes internacionales, cinco aeropuertos, dos terminales portuarias (Tampico y Altamira), más estaciones migratorias y regularización, que representan los mayores problemas humanitarios durante todo el año”.Paralelamente, aumentan los cruceros con turismo internacional que arriban a México, la llegada de hombres de negocios y el ingreso de estudiantes, que no pueden ser atendidos adecuadamente, como ocurre con los mayores flujos de turistas mexicanos que viajan al extranjero y con el paso de 1.8 millones de cruces que se dan en la frontera sur.
–Además de la falta de personal, ¿hay otra razón del desfase? –se le inquiere.
–No, es esa la razón por la cual estamos desfasadísimos. Nos estamos quedando atrás frente al crecimiento de la dinámica migratoria, el incremento de los aeropuertos, el turismo y la repatriación de nuestros paisanos deportados por la Patrulla Fronteriza, a quienes nosotros debemos recibir en las fronteras.“También brindamos atención a nuestros paisanos, dentro del Programa Paisano, que nosotros coordinamos con todas las instituciones que participan, y al programa para niños y adolescentes inmigrantes no acompañados… Es un mundo la migración.”
–Se entiende que en el INM no están cruzados de brazos, pero en este crítico panorama, ¿hacen lo que se puede?
–Se hace lo que se puede y tenemos que hacer hasta lo que no se puede…
“No soy policía”
El 29 de julio último, la titular del INM compareció ante la Comisión Permanente del Senado de la República, adonde fue requerida para explicar el problema de la migración ilegal y, sobre todo, para responder por el rescate de cubanos, el pasado 11 de junio, en el que aparecen implicados nueve funcionarios del INM actualmente arraigados.Ante los legisladores, la comisionada Cecilia Romero reconoció que hay corrupción en el INM y anomalías que han derivado en la renuncia y destitución, tan sólo de 2007 a la fecha, de un total de 196 funcionarios que incurrieron en diversos delitos, desde tráfico de personas y malos tratos hasta abuso de autoridad.Algunos cuestionamientos se centraron en el rescate de los cubanos por un comando armado que derivó en el arraigo de los nueve funcionarios del INM, como Tenorio Villegas y Diteo Domingo Domínguez, delegado y subdelegado del INM en Chetumal, Quintan Roo, respectivamente, quienes están acusados por la PGR de tráfico de personas y de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Proceso 1656).
–De acuerdo con la información que usted tiene, ¿qué pasó con los cubanos que rescató el grupo armado el 11 de junio?
–Tenemos confirmado que todos están en Estados Unidos.
–¿Hubo participación o complicidad de funcionarios del INM?
–Los funcionarios (arraigados) del instituto son inocentes, y puedo pensar que fueron víctimas de lo que sucedió, pero falta que concluyan las investigaciones…Por lo pronto, señala que tomó la decisión de separar de su cargo a Tenorio Villegas, delegado regional del INM en Chetumal, quien dio la orden de trasladar a los cubanos indocumentados de Cancún a Tapachula. “Sea cual sea su situación jurídica, si es consignado o liberado, este funcionario no estará más en el instituto”, sentencia, y deduce que la fuga de los cubanos pudo tratarse de un rescate asistido por algunas de las redes que operan en el país con el respaldo de funcionarios del INM.
–Recientemente usted viajó a Cuba. ¿Cómo impactó el caso de los cubanos rescatados?
–No fue tema de la reunión. Tratamos asuntos migratorios. Era un encuentro agendado que no se había efectuado durante varios años y que se revivió a raíz de que el gobierno mexicano decidió reconstruir los vínculos con Cuba. La reunión que sostuvimos en La Habana fue la segunda de tres rondas que vamos a tener previas a la visita, en septiembre de este año, del canciller cubano Felipe Pérez Roque.
–¿Por qué no se tocó el tema de los cubanos rescatados el 11 de junio?
–Ese caso no fue relevante.
–Usted habla de cambios urgentes que requiere el INM, de modificaciones y de saneamiento interno. ¿Le va a alcanzar el sexenio para resolver todo lo que se propone?
–Yo creo que para tener instituciones perfectas y para combatir la corrupción no alcanza la vida. De eso no me cabe duda, pero creo que en este sexenio podemos avanzar mucho si nos proponemos cumplir los objetivos trazados.
–El hecho de que haya tanto flujo de personal en el INM que entra y sale, ¿acaso no representa un riesgo mayor en el incremento de esas redes delictivas dedicadas al tráfico de personas?
–No creo que tengamos mayor movimiento que otras instituciones. El personal entra a trabajar al instituto y se va porque recibió otra oferta laboral o no le gustó el trabajo. De las investigaciones se encarga la PGR, y por eso ahí están las denuncias. Yo conozco el problema del instituto, pero no soy policía...

Prensa amenazada

Álvaro Delgado

En las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón los ataques a la prensa crearon un clima de riesgo para la actividad informativa. Esta es una de las conclusiones de la misión internacional que en abril pasado se reunió en México y documentó –en un informe que hará público en los próximos días– la forma en que los gobiernos estatales y el federal presionan y atacan a los medios que no se autocensuran. El panorama para ejercer el periodismo en México es grave e inquietante, concluye el diagnóstico obtenido por la misión internacional de 13 organismos no gubernamentales que visitó el país en abril, y cuyo informe sobre la libertad de prensa es categórico desde el título: La sombra de la impunidad y la violencia.Definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países “con el mayor nivel de delincuencia organizada del planeta”, y donde 24 periodistas han sido asesinados, ocho permanecen desaparecidos y decenas han sido agredidos solamente en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón –como se documenta en el informe –, México padece numerosos obstáculos para la actividad informativa:“La misión internacional encontró que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico libre en México son: el crimen organizado, que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra los periodistas y para garantizar su seguridad.”La delegación de organismos que documentaron los ataques contra periodistas y medios de comunicación destaca en su informe –que se hará público en los siguientes días y del que Proceso tiene copia– que “prevalece la estigmatización gubernamental sobre el trabajo de los periodistas” y son “frágiles o inexistentes los mecanismos y manuales de prevención y protección para la seguridad de medios y periodistas”.La delegación en su informe constata –“con mucha preocupación”– que “a pesar de los índices de violencia contra los comunicadores, no existe solidaridad entre los informadores, los medios de comunicación y hacia los familiares de los periodistas asesinados o desaparecidos”. Y califica de “alarmante” el nivel de vulnerabilidad e incertidumbre en que se encuentran las radios comunitarias y sus colaboradores, “que son víctimas de agresiones provenientes, principalmente, de autoridades estatales”.Un fenómeno que la misión internacional puntualiza en el informe es “una creciente autocensura en los medios de comunicación mexicanos, como consecuencia directa de las tácticas de terror que han implementado las mafias y ante la desconfianza que existe sobre el accionar de las autoridades estatales y federales por su falta de respuesta o por su posible vinculación con el crimen organizado”.La misión internacional identifica otros dos fenómenos que alientan la autocensura y limitan la prensa libre y plural: “La manipulación, por parte de los gobiernos estatales y federales, del presupuesto destinado a la publicidad oficial, con los que se pretende orientar la información, así como la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y con sectores con enorme poder político, empresarial y religioso”.En su informe, las 13 organizaciones ubican “uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno mexicano: la impunidad en los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, que representa una de las formas extremas de censura y que se recrudece cuando no existe castigo para los responsables”.Y subraya: “Funcionarios de alto nivel del gobierno federal han declarado que existe voluntad política para resolver los delitos cometidos contra periodistas. Sin embargo, en los hechos se evidencia que han adoptado pocas medidas eficaces para atender la problemática”.El propio informe cita a Daniel Cabeza de Vaca, subsecretario de Gobernación y exprocurador general de la República, quien reconoce la incompetencia oficial: “El Estado no ha sido capaz de impedir la impunidad”.
El gobierno, contra la prensa
En lo que la propia misión califica de “hecho sin precedentes”, 13 organizaciones internacionales se reunieron en México para entrevistarse con propietarios y directivos de medios de comunicación, familiares de periodistas asesinados, amenazados o desaparecidos; con organizaciones nacionales e internacionales, así como autoridades federales y estatales de Oaxaca, Guerrero, Sonora, Michoacán y la Ciudad de México.La misión estuvo integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Fundación para la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19, el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas, International Media Support, Fundación Rory Peck, International News Safety Institute y Open Society Institute.En seis días, la delegación realizó 12 reuniones con autoridades federales y estatales, 13 con grupos de periodistas y siete con directivos y dueños de medios. Recogió testimonios en 26 encuentros con víctimas de ataques a la libertad de expresión, seis de ellas con mujeres y siete con familiares de víctima asesinadas o desaparecidas.El documento de 38 páginas, concluido apenas la semana pasada, examinó todos los aspectos del ejercicio de la libertad de prensa en México, incluidas las condiciones laborales de los profesionales del periodismo, en especial de las mujeres y de los free lance, que padecen la misma condición de riesgo para ejercer su trabajo.El informe inicia de manera contundente: “México es uno de los países más peligrosos para periodistas en las Américas. En los últimos ochos años, por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas han sido amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio. La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentra en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura”.Dividido en tres “ejes de trabajo” –“seguridad y protección”, “autocensura” e “impunidad–, el informe de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación alude a la decisión de Calderón de usar miles de soldados contra el narcotráfico: “La militarización ha provocado un incremento en la violencia. Desde 2007, por lo menos 4 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado han ocurrido en México”.Y al repasar la situación actual en los medios, el informe alude a los “seis años oscuros del periodismo”, como definió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al período de Vicente Fox. “La situación no parece mejorar bajo el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Desde enero de 2007, al menos ocho periodistas y trabajadores de los medios han caído. En el mismo período cuatro informadores han desaparecido, cifra que se suma a los cuatro reporteros de quienes desde el 2000 se desconoce su paradero”.Aunque la misión internacional identifica al crimen organizado como la “amenaza más grave y extendida” para el periodismo, no es el único fenómeno que atenta contra el ejercicio del periodismo, sino “también la impunidad, las agresiones directas por parte de representantes del Estado y la estigmatización que ha comenzado a manifestar el gobierno hacia la prensa, actitud que se acentúa con las radios comunitarias”.En el informe se cita una declaración al respecto de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: “La realidad del país es la realidad de la prensa. Con respecto a la libertad de expresión, no veo una luz al final del túnel”.Si bien en el informe no se alude a las presiones que el gobierno de Calderón aplicó para la salida de Incalcaterra de México, el 23 de mayo, puntualiza que organizaciones no gubernamentales cuestionaron la “poca transparencia” de la remoción.El informe recoge la inquietud de varios periodistas sobre el clima de terror que genera el crimen organizado, y que a menudo amordaza, pero también por las agresiones del Ejército y las policías.“La estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado que desarrolla el gobierno federal arroja ya ataques directos a comunicadores. Agentes de esas instituciones han amenazado, agredido y detenido a periodistas locales injustamente.”Y advierte: “La actuación de las mafias y el método diseñado por las autoridades para enfrentarlas ha puesto en el escenario un nuevo riesgo para el trabajo informativo: la estigmatización oficial a la prensa”.Un ejemplo de este fenómeno, cita el informe, fue la exigencia que Calderón hizo a los medios, el 13 de mayo, de divulgar las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar terror”, pero la estigmatización más grave se dirige contra las radios comunitarias, como el caso de Radio Bemba, de Sonora, sometida a presiones policiacas.“Dicha estigmatización de los medios de comunicación y de las personas que trabajan para fomentar la libertad de expresión tuvo repercusión directa sobre el trabajo de la misión internacional: el 21 de abril de 2008, en la reunión que sostenían con Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, el funcionario calificó de ‘enemiga del Estado’ a Aleida Calleja, periodista mexicana y vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Calleja le había preguntado a Castro sobre el caso de las indígenas triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, periodistas de la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio de Oaxaca, asesinadas el pasado 7 de abril. Momentos antes, Castro había declarado ante la misión que el rol de los periodistas es ‘fundamental en la protección de una democracia’.”Llama la atención que, aun cuando en los anexos se reproduce la carta que las organizaciones enviaron a Calderón para solicitarle una explicación sobre el comportamiento de Castro, el informe no aclara si ésta se produjo ni se informa si se ofreció la disculpa solicitada (Proceso 1647).Las 13 organizaciones que elaboraron el informe identifican la autocensura como medida de autoprotección ante la violencia, pero consideran alarmante que sea el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, el que la considere una “buena estrategia”, como lo declaró el julio del año pasado.El informe subraya: “Resulta alarmante que un funcionario de alto nivel del gobierno promueva una política tan nociva para el ejercicio de la libertad de prensa, como un paliativo contra la ineficacia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos”.Añade: “La autocensura ha sido aceptada por funcionarios del gobierno federal y de los estados como consecuencia de la impunidad con la que se mueven los criminales, por una justicia que no condena y la incapacidad del Estado por dar garantías de seguridad al trabajo informativo. La CNDH sostiene que ‘la impunidad está institucionalizada’ y la autocensura ‘es su consecuencia’”.El informe recoge información de periodistas y directivos de medios sobre los “funcionarios del gobierno federal que hacen sutiles indicaciones” para que no se publique información sobre abusos que cometen militares y policías contra la ciudadanía y los informadores.Pero el informe documenta la forma en que se usa la publicidad gubernamental para lograr la autocensura en los medios, como detalló un periodista no identificado de Sonora, cuyo gobernador, el priista Eduardo Bours, controla la información sobre el narcotráfico en el estado con el presupuesto publicitario: “Estamos en medio de una guerra entre cárteles. Pero el gobernador amenaza con cortar la publicidad si se sigue informando sobre guerra entre cárteles, y los medios dejan de informar sobre inseguridad para no perder la relación comercial.”
La publicidad como mordaza
Y es que el informe se ocupa del manejo faccioso de los presupuestos gubernamentales en materia publicitaria:“En México persiste la vieja práctica del control de la pauta publicitaria por parte de los gobiernos federal y estatales, lo que estimula y genera otra forma de autocensura. La misión internacional entrevistó a directivos de medios, quienes detallaron cómo pierden importantes ingresos las empresas periodísticas cuando las autoridades manipulan los recursos destinados a la publicidad oficial y, de forma arbitraria, retiran sus anuncios si catalogan al medio como crítico a la gestión gubernamental. Ante las dificultades financieras que esto genera a los medios de comunicación, muchos optan por la autocensura sobre los temas que molestan a los funcionarios.”El documento menciona casos concretos de uso faccioso de la publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno: Martín Olguín, editor de El Expreso de Hermosillo, Sonora, relató cómo funcionarios del Congreso del estado condicionaron la entrega de publicidad a cambio de información favorable. “Juan Angulo, director del periódico El Sur, de la ciudad de Acapulco, Guerrero, afirmó que el gobernador del estado (el perredista Zerefino Torreblanca) le retiró la publicidad después de que el diario denunció irregularidades en la asignación de los recursos del gobierno estatal. La impunidad es el sello de los crímenes contra periodistas. Inclusive, la fiscalía especial de la PGR no ha sido eficaz en la investigación: de los 136 casos que ha tenido bajo su jurisdicción desde que se creó, en 2006, sólo tres han sido consignados ante un juez.“La misión internacional corroboró la percepción generalizada entre las víctimas y sus familiares de que sus casos jamás serán resueltos por las autoridades.”En sus observaciones y conclusiones, la misión internacional hace un llamado para adoptar medidas positivas, claras y contundentes para poner alto a las amenazas, hostigamiento, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales, que buscan censurar a quienes ejercen, promueven, y defienden el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.Entre otras muchas recomendaciones, también apura a fortalecer la fiscalía especial sobre agresiones a periodistas y a instrumentar investigaciones ágiles, transparentes y efectivas de los casos de asesinatos y desapariciones, así como las amenazas de muerte de las que son objeto periodistas y sus familiares.La misión internacional da la “bienvenida” a la promesa de Calderón de impulsar una reforma para que los ataques, asesinatos y desapariciones de periodistas sean investigados a nivel federal.Además, exige “detener toda práctica por parte de los gobiernos federal y locales que restrinja las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios”.