Sale en el Universal que el "zar antidrogas" John Walters señaló en entrevista que publicó el diario El Tiempo que las revelaciones sobre supuestos nexos de Chávez con esa guerrilla es algo muy serio y pidió a la región reaccionar ante hechos "inocultables".
Es decir, no se ha percatado que ya es de dominio de la opinión pública que no hay tales nexos y que más bien ya se les descubrió el pastel de que quieren desestabilizar la región como lo muestra su declaración.
"Lo que salió de esos computadores es prueba de algo que debía ser secreto y se reveló. Y es una verguenza para los implicados. Eso es lo que llamamos cogidos con las manos en la masa", señaló Walters, encargado de la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos.
Es decir, el encargado de la lucha contra el narcotráfico no ha leído el reporte de Interpol, ni ha escuchado al Secretario General de la OEA, etc... si lo hubiera hecho no diría semejante barrabasada.
La Policía Internacional (Interpol) certificó el jueves pasado que archivos electrónicos hallados en computadores presuntamente incautados al abatido guerrillero colombiano Raúl Reyes no habían sido alterados.
Lo dicho, no ha leído el reporte, se confió al señor Noble de Interpol que declaró falsedades que no están en el reporte:
El informe emitido el pasado 15 de mayo indica que "la verificación realizada por Interpol de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen." El informe indica que el tratamiento dado a los tres computadores, dos discos duros externos y cuatro memorias USB cumplió todos los parámetros formales una vez que fueron entregados a la policía científica colombiana el 3 de marzo, pero no certifica que realmente hubieran sido obtenidos en un campamento de las Farc-EP en la selva ecuatoriana el 1 de marzo de 2008, como afirma el gobierno de Colombia.
El informe sí afirma, sin embargo, que entre el 1 y el 3 de marzo las fuerzas que custodiaban los equipos informáticos les dieron un tratamiento que "no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley", el cual "puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas" (pagina 31).
Walters dijo que el material hallado en las computadoras que habrían sido encontradas tras el bombardeo al campamento de las FARC en el que murió Reyes, el 1 de marzo pasado, apuntan a que la relación entre Chávez y las FARC era profunda.
Este hombre ya le dio rienda suelta a su fantasía, tendría que tener cuidado con lo que está ingiriendo porque le está provocando alucinaciones.
"Esto es muy serio y requiere algo más que simplemente negarlo", señaló, tras advertir que la preocupación crece por el supuesto apoyo del mandatario venezolano al terrorismo en la región.
Agregó que "ningún país soberano puede defender los esfuerzos subversivos en otra nación. Eso es un respeto básico por la integridad de un vecino. Ahora que se conoce, la región tiene que asimilarlo y reaccionar".
Es decir, ¿quiere que la región aisle a Chávez o le declare la guerra? No se ha percatado de que el que está aislado es Uribe por narco y por asesino y que casi toda Sudamérica está con Venezuela y su líder, anda en la luna.
Los computadores fueron encontrados, según Colombia, luego del bombardeo de ese país a un campamento clandestino de las FARC en Ecuador, el 1 de marzo pasado, en el que fue abatido Reyes.
Walters consideró que Chávez "tiene mucho que explicar", porque es evidente que tenía "contactos fluidos con las FARC", grupo del que dijo, quería derrocar de manera violenta a un gobierno democrático.
Quién sabe que se habrá metido el zar antidrogas John Walters que lo tiene en la luna, mueve a risa y un poco a lástima. Podrán engañar al pobre pueblo estadounidense que lo tienen drogado con tanta mentira de los medios masivos de comunicación pero los pueblos latinoamericanos son mucho más conscientes de las patrañas del imperio para seguir con sus guerras, sus asesinatos, sus torturas y sus genocidios todo por el petróleo y porque sus transnacionales sigan enriqueciéndose a costa del hambre de millones.
domingo, mayo 18, 2008
Hay pruebas de incursión ilegal de Colombia en Venezuela
Hay fotos y material gráfico que demuestran incursión ilegal de 60 soldados colombianos
Los diarios dominicales en Venezuela ignoraron el ingreso de soldados colombianos en Venezuela. Pues ¿qué clase de prensa es ésa que no informa a su población una incursión militar en su territorio?
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Los diarios dominicales en Venezuela ignoraron el ingreso de soldados colombianos en Venezuela. Pues ¿qué clase de prensa es ésa que no informa a su población una incursión militar en su territorio?
Cumbres, foros y movilización social
Por Julio Pimentel Ramírez
En esta semana en México y en nuestro continente se vivieron acontecimientos que muestran la complejidad de la realidad así como la manera que se vinculan, entrelazan y en ocasiones se rechazan acontecimientos de orden institucional con las movilizaciones sociales al margen de las estructuras “oficiales” de poder, que demandan un mundo distinto.
En Perú, tierra originaria de la rica y milenaria cultura inca, en forma paralela se llevaron a cabo la “Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea”, en la que participaron cinco decenas de representantes de gobiernos de ambos continentes, y la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, con la presencia de organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa. Como suele suceder en encuentros de este tipo, la cumbre de Jefes de Estado culminó con la Declaración de Lima, documento en el que se establecen diversos compromisos. Entre ellos el de crear un fondo de alimentos para mitigar el hambre que se incrementa con la desenfrenada alza de combustibles y alimentos. A excepción de la posición cubana, que comparten los gobiernos de Venezuela y Ecuador, principalmente, estuvo ausente la autocrítica y el reconocimiento de que la causa final de los problemas mundiales, incluyendo los ecológicos, se deben a las relaciones capitalistas que en su fase neoliberal concentran la riqueza en unas cuantas manos, excluyen a miles de millones de personas del desarrollo, depredan la naturaleza y acentúan las guerras de conquista.
Conscientes de que para que esta cumbre -con todo y la foto del recuerdo y demás frivolidades de las alturas del poder- dé resultados se requiere de posiciones firmes de los gobiernos con compromisos reales con sus pueblos, pero sobre todo de la organización y movilización sociales independientes y con un programa alternativo claro para avanzar hacia la solución de los problemas que agobian a la humanidad y tienen a la naturaleza al borde del colapso.
La Cumbre de los Pueblos expresa que “la cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de la mayoría sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales.
Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que sólo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos”.
Estos escenarios, el institucional y el alternativo, que se conjugan, entrelazan y con mucha frecuencia se rechazan, están ahí objetivamente y en ambos se expresan las contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales de un mundo que para sobrevivir requiere de soluciones profundas que pongan límites y finalmente reviertan la miseria, el hambre, la pobreza, la inequidad, la drogadicción y las guerras.
En tanto en México dieron inicio los foros de debate sobre la reforma energética, debates en los que más allá de participaciones más o menos brillantes, dependiendo de la calidad de los ponentes, en el fondo se confrontan dos proyectos de nación: uno que pretende continuar y profundizar el modelo neoliberal culminando la privatización de las riquezas de la nación y otro que se opone a ello y que, si bien aún no está claramente delineado, ofrece la perspectiva de un México con soberanía, justicia social auténtica, equidad y democracia.
Claudia Sheinbaum presentó la propuesta alterna del Gobierno Legítimo, la cual parte de cinco ejes fundamentales: reagrupar Pemex en una sola entidad; canalizar a la empresa los recursos obtenidos por excedentes petroleros, unos 150 mil millones de pesos sólo este año; que el Estado absorba la deuda de la empresa (los anticonstitucionales y “privatizadores” Pidiregas, que ascienden a la estratosférica cifra de 50 mil millones de dólares); fomentar la investigación y el desarrollo tecnológicos, y crear un comité anticorrupción, con la finalidad de que no se repitan los Pemexgate o los casos Mouriño y Bribiesca.
En tanto hay que destacar que Andrés Manuel López Obrador continúa su incansable recorrido por toda la república organizando las brigadas en defensa del petróleo, consciente de que la movilización social, al lado del debate de las ideas en los foros institucionales, es un ingrediente indispensable para impedir la privatización petrolera.
En esta semana en México y en nuestro continente se vivieron acontecimientos que muestran la complejidad de la realidad así como la manera que se vinculan, entrelazan y en ocasiones se rechazan acontecimientos de orden institucional con las movilizaciones sociales al margen de las estructuras “oficiales” de poder, que demandan un mundo distinto.
En Perú, tierra originaria de la rica y milenaria cultura inca, en forma paralela se llevaron a cabo la “Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea”, en la que participaron cinco decenas de representantes de gobiernos de ambos continentes, y la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, con la presencia de organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa. Como suele suceder en encuentros de este tipo, la cumbre de Jefes de Estado culminó con la Declaración de Lima, documento en el que se establecen diversos compromisos. Entre ellos el de crear un fondo de alimentos para mitigar el hambre que se incrementa con la desenfrenada alza de combustibles y alimentos. A excepción de la posición cubana, que comparten los gobiernos de Venezuela y Ecuador, principalmente, estuvo ausente la autocrítica y el reconocimiento de que la causa final de los problemas mundiales, incluyendo los ecológicos, se deben a las relaciones capitalistas que en su fase neoliberal concentran la riqueza en unas cuantas manos, excluyen a miles de millones de personas del desarrollo, depredan la naturaleza y acentúan las guerras de conquista.
Conscientes de que para que esta cumbre -con todo y la foto del recuerdo y demás frivolidades de las alturas del poder- dé resultados se requiere de posiciones firmes de los gobiernos con compromisos reales con sus pueblos, pero sobre todo de la organización y movilización sociales independientes y con un programa alternativo claro para avanzar hacia la solución de los problemas que agobian a la humanidad y tienen a la naturaleza al borde del colapso.
La Cumbre de los Pueblos expresa que “la cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de la mayoría sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales.
Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que sólo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos”.
Estos escenarios, el institucional y el alternativo, que se conjugan, entrelazan y con mucha frecuencia se rechazan, están ahí objetivamente y en ambos se expresan las contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales de un mundo que para sobrevivir requiere de soluciones profundas que pongan límites y finalmente reviertan la miseria, el hambre, la pobreza, la inequidad, la drogadicción y las guerras.
En tanto en México dieron inicio los foros de debate sobre la reforma energética, debates en los que más allá de participaciones más o menos brillantes, dependiendo de la calidad de los ponentes, en el fondo se confrontan dos proyectos de nación: uno que pretende continuar y profundizar el modelo neoliberal culminando la privatización de las riquezas de la nación y otro que se opone a ello y que, si bien aún no está claramente delineado, ofrece la perspectiva de un México con soberanía, justicia social auténtica, equidad y democracia.
Claudia Sheinbaum presentó la propuesta alterna del Gobierno Legítimo, la cual parte de cinco ejes fundamentales: reagrupar Pemex en una sola entidad; canalizar a la empresa los recursos obtenidos por excedentes petroleros, unos 150 mil millones de pesos sólo este año; que el Estado absorba la deuda de la empresa (los anticonstitucionales y “privatizadores” Pidiregas, que ascienden a la estratosférica cifra de 50 mil millones de dólares); fomentar la investigación y el desarrollo tecnológicos, y crear un comité anticorrupción, con la finalidad de que no se repitan los Pemexgate o los casos Mouriño y Bribiesca.
En tanto hay que destacar que Andrés Manuel López Obrador continúa su incansable recorrido por toda la república organizando las brigadas en defensa del petróleo, consciente de que la movilización social, al lado del debate de las ideas en los foros institucionales, es un ingrediente indispensable para impedir la privatización petrolera.
¿Qué futuro?
Por Ricardo Andrade Jardí
Mientras “el combate” contra “el crimen organizado” sigue cobrando sus cuotas, pues en realidad no se combate a las organizaciones criminales, que se establecen desde el interior mismo de las “instituciones democráticas” (terminar con la guerra perdida contra el narcotráfico tiene una única salida: la legalización), sino que se hacen demostraciones armamentistas que buscan más presumir que hacer, el deterioro social y la inseguridad pública se acentúan frente al desgobierno usurpador que sólo destaca por el tamaño mayúsculo de sus incapacidades, sumadas a sus mediocridades e hipocresías conservadoras y trasnochadas.
Asociado a lo peor de la dinosaurio y corruptísima clase política el usurpador presume de “revoluciones educativas”, mientras el sindicato magisterial de “la maestra”, recibe los favores económicos a las costillas del trabajo honesto de cientos de ciudadanos, siempre privados de los privilegios que otros les arrebatan a nombre de las causas más “justas”. La criminalización de la protesta toma forma desde los micrófonos nauseabundos de la telecracia y los monopólicos concesionarios cobran también, como “la maestra”, el costo de sus favores, para secuestrar la opinión pública de una sociedad mayoritariamente cooptada por los dichos vociferados por los comentaristas a modo, convertidos en jueces y verdugos de toda forma de disidencia u oposición contra lo establecido, por más inmoral e ilegal que sea: “la regla es la regla”, vomitan los Alatorre y los Doriga cada noche para que nadie olvide que la impunidad y la corrupción son la única regla que debemos respetar para que nadie (de las oligarquías) se altere. “Han secuestrado el Congreso”, afirman sin empacho las imágenes de la caja idiota, mientras se olvidan del deber moral y ético que deberían tener los legisladores para defender y hacer valer la Constitución, aunque la acción amerite tomar las tribunas PUBLICAS, que no privadas, cuando las oligarquías afilan sus garras comerciales para despojar al pueblo de los recursos PUBLICOS.
Los jóvenes al Norte del país evitan el fracaso de la pobreza y aspirando al sentido de éxito del imaginario colectivo rápidamente abandonan estudios y vocaciones para ingresar a las filas del “crimen organizado” que si bien no les garantiza un promedio de vida amplio, les promete la “admiración” y el bienestar económico (ofertado por la publicidad comercial y electoral) que la realidad social y la demagogia partidista no pueden cumplirles.
La impunidad como regla de un sistema político que persigue como criminales peligrosos a estudiantes universitarios o campesinos en defensa de sus tierras, mientras solapa la desfachatez pederasta de los “góber preciosos”, de los extranjeros que usurpan puestos de seguridad nacional para enriquecer los intereses colonialistas de sus empresas familiares, o protege asesinos gobernantes a cambio de los votos legislativos que avalen las reformas anticonstitucionales con las que se pretende pagar el favor trasnacional de la imposición con la que se ha usurpado no sólo la silla presidencial, sino a la nación entera.
El debate nacional también debe abrir la discusión sobre las formas de la democracia que tendríamos que empezar a construir, pues la importada idea de la democracia representativa, en América Latina, no es más que el instrumento para otorgarle fuero a una pandilla de delincuentes que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pueblos y sí mucho con los intereses de las oligarquías dominantes.
¿Podemos sentirnos representados por diputados plurinominales (que no fueron votados por nadie) acusados de mantener nexos con las redes empresariales de la pornografía y el abuso sexual infantil? ¿Estamos dispuestos a ser representados por senadores presuntamente ligados al narcotráfico, cada día más institucionalizado? Eso por no hablar de las y los legisladores que rayan en los límites de la estupidez y la mediocridad, que lo mismo modifican y proponen leyes, sin siquiera entender lo que leen. ¿Por qué tanto miedo a la idea de participación ciudadana en lugar de la de representatividad? ¿Será que si las decisiones las tomamos nosotros nos ira peor que ahora? O ¿Será que los privilegiados de siempre no quieren que los dejemos sin el estupendo negocio de vivir a nuestras costillas, mientras se llenan la boca de una fingida e inexistente democracia?
¿Acaso seguir por el camino de representatividad puede ofrecernos un futuro distinto al presente que tenemos? La respuesta está en el aire… pero probablemente la participación ciudadana sí.
Mientras “el combate” contra “el crimen organizado” sigue cobrando sus cuotas, pues en realidad no se combate a las organizaciones criminales, que se establecen desde el interior mismo de las “instituciones democráticas” (terminar con la guerra perdida contra el narcotráfico tiene una única salida: la legalización), sino que se hacen demostraciones armamentistas que buscan más presumir que hacer, el deterioro social y la inseguridad pública se acentúan frente al desgobierno usurpador que sólo destaca por el tamaño mayúsculo de sus incapacidades, sumadas a sus mediocridades e hipocresías conservadoras y trasnochadas.
Asociado a lo peor de la dinosaurio y corruptísima clase política el usurpador presume de “revoluciones educativas”, mientras el sindicato magisterial de “la maestra”, recibe los favores económicos a las costillas del trabajo honesto de cientos de ciudadanos, siempre privados de los privilegios que otros les arrebatan a nombre de las causas más “justas”. La criminalización de la protesta toma forma desde los micrófonos nauseabundos de la telecracia y los monopólicos concesionarios cobran también, como “la maestra”, el costo de sus favores, para secuestrar la opinión pública de una sociedad mayoritariamente cooptada por los dichos vociferados por los comentaristas a modo, convertidos en jueces y verdugos de toda forma de disidencia u oposición contra lo establecido, por más inmoral e ilegal que sea: “la regla es la regla”, vomitan los Alatorre y los Doriga cada noche para que nadie olvide que la impunidad y la corrupción son la única regla que debemos respetar para que nadie (de las oligarquías) se altere. “Han secuestrado el Congreso”, afirman sin empacho las imágenes de la caja idiota, mientras se olvidan del deber moral y ético que deberían tener los legisladores para defender y hacer valer la Constitución, aunque la acción amerite tomar las tribunas PUBLICAS, que no privadas, cuando las oligarquías afilan sus garras comerciales para despojar al pueblo de los recursos PUBLICOS.
Los jóvenes al Norte del país evitan el fracaso de la pobreza y aspirando al sentido de éxito del imaginario colectivo rápidamente abandonan estudios y vocaciones para ingresar a las filas del “crimen organizado” que si bien no les garantiza un promedio de vida amplio, les promete la “admiración” y el bienestar económico (ofertado por la publicidad comercial y electoral) que la realidad social y la demagogia partidista no pueden cumplirles.
La impunidad como regla de un sistema político que persigue como criminales peligrosos a estudiantes universitarios o campesinos en defensa de sus tierras, mientras solapa la desfachatez pederasta de los “góber preciosos”, de los extranjeros que usurpan puestos de seguridad nacional para enriquecer los intereses colonialistas de sus empresas familiares, o protege asesinos gobernantes a cambio de los votos legislativos que avalen las reformas anticonstitucionales con las que se pretende pagar el favor trasnacional de la imposición con la que se ha usurpado no sólo la silla presidencial, sino a la nación entera.
El debate nacional también debe abrir la discusión sobre las formas de la democracia que tendríamos que empezar a construir, pues la importada idea de la democracia representativa, en América Latina, no es más que el instrumento para otorgarle fuero a una pandilla de delincuentes que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pueblos y sí mucho con los intereses de las oligarquías dominantes.
¿Podemos sentirnos representados por diputados plurinominales (que no fueron votados por nadie) acusados de mantener nexos con las redes empresariales de la pornografía y el abuso sexual infantil? ¿Estamos dispuestos a ser representados por senadores presuntamente ligados al narcotráfico, cada día más institucionalizado? Eso por no hablar de las y los legisladores que rayan en los límites de la estupidez y la mediocridad, que lo mismo modifican y proponen leyes, sin siquiera entender lo que leen. ¿Por qué tanto miedo a la idea de participación ciudadana en lugar de la de representatividad? ¿Será que si las decisiones las tomamos nosotros nos ira peor que ahora? O ¿Será que los privilegiados de siempre no quieren que los dejemos sin el estupendo negocio de vivir a nuestras costillas, mientras se llenan la boca de una fingida e inexistente democracia?
¿Acaso seguir por el camino de representatividad puede ofrecernos un futuro distinto al presente que tenemos? La respuesta está en el aire… pero probablemente la participación ciudadana sí.
Los patos le tiran a las escopetas o el cinismo como regla
Por María Teresa Jardí
Como antaño sucedía con los caricaturistas con relación a Vicente Fox debido a las chorradas cotidianas del expresidente que tanto les facilitaba su tarea porque ya sabían que les brindaría el tema del día, cada día. Y, tan sana que aseguran que es la risa para el corazón, hasta agradecidos podríamos estarle a Elba Ester Gordillo por sus declaraciones de estos últimos días. Claro, si no fuera tan dañino para México el inconcebible poder otorgado por el usurpador a esa corrupta mujer.
No me dirán ustedes que no es hilarante que el ejemplo viviente de “los privilegios burocráticos y las corruptelas sindicales” se lance contra los corruptos fenómenos que son el pilar que la mantienen a ella como dueña del sindicato de maestros, de la Secretaría de Educación Pública, del ISSTTE y de la Lotería. El cinismo como regla, los patos tirándole a las escopetas, indignante burla contra los maestros y tomadura de pelo para el pueblo mexicano y en particular para los ciudadanos que no elegimos mayoritariamente al usurpador para desgobernar el país, acompañado y avalado por grotescos seres de la baja calidad moral de la “maestra”, que es una vergüenza para los maestros y maestras incluso porque desprestigia la noble vocación de enseñar. La corrupción, está visto, es asesina de neuronas. La corrupción convertida en México en la reina de la derecha fascista que lleva hoy a la cabeza al fecalismo usurpador y prianista/chuchista, entreguista y represor.
La risa se congela a pesar de tantas y tan “graciosas” declaraciones que todos los días les recetan a los que siguen encendiendo el aparato productor de la enajenante y deseducativa telebasura, y que conocemos los que nos enteramos leyéndolas en los diarios.
Qué tal las de los elegidos por el propio responsable como los miembros de las comisiones a modo creadas para exonerar a Mouriño. Una chulada o grosería, más bien, elijan ustedes.
Al igual que las de los “sapientes” comunicadores y “analistas”, a modo del sistema, incluso las de los que conservan algo de su inteligencia no asesinada todavía. Escuchaba en un programa de radio a uno decir: “que bueno, que sí, que la maestra es la expresión más acabada de la corrupción, pero… que ni modo, que qué podría hacer ‘el presidente’ para controlar al sindicato de maestros”.
Qué profundo desprecio a los maestros. Y peor aún, qué ceguera voluntaria el ignorar que los maestros están tan hartos que empezaron en Yucatán y siguieron a lo largo y ancho del país, el 1 de mayo, a exigir a gritos que se les deje de tratar como esclavos.
A los corruptos líderes sindicales se les investiga, se les consigna y se les condena. Pero, claro, los usurpadores y los a modo que todo usurpador necesita, son pasto de la misma historia que los corruptísimos líderes que los apoyan. Los usurpadores son nada sin sujetos impresentables como Elba Ester Gordillo. Como nada son la Telebasura y los medios a modo si el pueblo no la enciende y si la sociedad no los escucha ni los lee.
Los mismos a modo del sistema que ignoran a los muchos millones que formamos parte del movimiento ciudadano que ya quisiera como apoyo el usurpador haber tenido aunque fuera un solo domingo de su vida. Felipe Calderón saldrá rico, riquísimo, pero cada mañana cuando se mire al espejo se sabrá odiado por el pueblo que desgobernó como el usurpador que eligió ser, pudiendo haber elegido ser un presidente legítimo. Lo mismo que le pasa a Fox, a Salinas y a Zedillo, que se saben despreciados y ridiculizados aunque viajen, aunque vivan en el extranjero y aunque escriban libros.
Como antaño sucedía con los caricaturistas con relación a Vicente Fox debido a las chorradas cotidianas del expresidente que tanto les facilitaba su tarea porque ya sabían que les brindaría el tema del día, cada día. Y, tan sana que aseguran que es la risa para el corazón, hasta agradecidos podríamos estarle a Elba Ester Gordillo por sus declaraciones de estos últimos días. Claro, si no fuera tan dañino para México el inconcebible poder otorgado por el usurpador a esa corrupta mujer.
No me dirán ustedes que no es hilarante que el ejemplo viviente de “los privilegios burocráticos y las corruptelas sindicales” se lance contra los corruptos fenómenos que son el pilar que la mantienen a ella como dueña del sindicato de maestros, de la Secretaría de Educación Pública, del ISSTTE y de la Lotería. El cinismo como regla, los patos tirándole a las escopetas, indignante burla contra los maestros y tomadura de pelo para el pueblo mexicano y en particular para los ciudadanos que no elegimos mayoritariamente al usurpador para desgobernar el país, acompañado y avalado por grotescos seres de la baja calidad moral de la “maestra”, que es una vergüenza para los maestros y maestras incluso porque desprestigia la noble vocación de enseñar. La corrupción, está visto, es asesina de neuronas. La corrupción convertida en México en la reina de la derecha fascista que lleva hoy a la cabeza al fecalismo usurpador y prianista/chuchista, entreguista y represor.
La risa se congela a pesar de tantas y tan “graciosas” declaraciones que todos los días les recetan a los que siguen encendiendo el aparato productor de la enajenante y deseducativa telebasura, y que conocemos los que nos enteramos leyéndolas en los diarios.
Qué tal las de los elegidos por el propio responsable como los miembros de las comisiones a modo creadas para exonerar a Mouriño. Una chulada o grosería, más bien, elijan ustedes.
Al igual que las de los “sapientes” comunicadores y “analistas”, a modo del sistema, incluso las de los que conservan algo de su inteligencia no asesinada todavía. Escuchaba en un programa de radio a uno decir: “que bueno, que sí, que la maestra es la expresión más acabada de la corrupción, pero… que ni modo, que qué podría hacer ‘el presidente’ para controlar al sindicato de maestros”.
Qué profundo desprecio a los maestros. Y peor aún, qué ceguera voluntaria el ignorar que los maestros están tan hartos que empezaron en Yucatán y siguieron a lo largo y ancho del país, el 1 de mayo, a exigir a gritos que se les deje de tratar como esclavos.
A los corruptos líderes sindicales se les investiga, se les consigna y se les condena. Pero, claro, los usurpadores y los a modo que todo usurpador necesita, son pasto de la misma historia que los corruptísimos líderes que los apoyan. Los usurpadores son nada sin sujetos impresentables como Elba Ester Gordillo. Como nada son la Telebasura y los medios a modo si el pueblo no la enciende y si la sociedad no los escucha ni los lee.
Los mismos a modo del sistema que ignoran a los muchos millones que formamos parte del movimiento ciudadano que ya quisiera como apoyo el usurpador haber tenido aunque fuera un solo domingo de su vida. Felipe Calderón saldrá rico, riquísimo, pero cada mañana cuando se mire al espejo se sabrá odiado por el pueblo que desgobernó como el usurpador que eligió ser, pudiendo haber elegido ser un presidente legítimo. Lo mismo que le pasa a Fox, a Salinas y a Zedillo, que se saben despreciados y ridiculizados aunque viajen, aunque vivan en el extranjero y aunque escriban libros.
Venezuela denuncia incursión de tropas colombianas en su territorio
Por: Venezolana de Televisión
A través de una nota de protesta, la Cancillería venezolana eleva su voz ante la irrupción de una Comisión de 60 hombres del Ejército colombiano en territorio nacional, al tiempo que exige al Gobierno colombiano que vele por el cese inmediato de estas violaciones del Derecho Internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela, y aplique las sanciones correspondientes a los responsables de las mismas.
Caracas, 17 de mayo de 2008/ El gobierno venezolano ve con preocupación que este acto se produzca en momentos en que ha denunciado la política belicista del Gobierno colombiano que busca deliberadamente la desestabilización de la Región. A continuación trascribimos el texto íntegro de la declaración oficial:
Nota de Protesta
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela saluda al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en ocasión de formular su más enérgica protesta por la incursión ilegal de tropas del Ejército colombiano en territorio venezolano, ocurrida el día 16 de mayo en el sector Los Bancos del Municipio Páez del Estado Apure.
La Comisión de 60 hombres del Ejército colombiano, al mando de quien se identificó como el Subteniente del Ejército Colombiano, Jhonny Ocampo Jurado adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No 1 Gral. Juan José Negro Velasco, con sede en la Base Militar Cubará, departamento de Arauca, Colombia, fue interceptada en las coordenadas N – 07o 02'' 12,5' – W – 072o 02'' 6,4' a 800 (ochocientos) metros de la línea fronteriza en territorio venezolano y fue obligada a abandonarlo inmediatamente.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre del Gobierno venezolano, hace propicia la ocasión para exigir al Gobierno colombiano que vele por el cese inmediato de estas violaciones del Derecho Internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela, y aplique las sanciones correspondientes a los responsables de las mismas.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela ve con preocupación que este acto de provocación se produzca en momentos en que nuestro Gobierno ha denunciado la política belicista del Gobierno colombiano que busca deliberadamente la desestabilización de la Región.
Caracas, 17 de mayo de 2008
A través de una nota de protesta, la Cancillería venezolana eleva su voz ante la irrupción de una Comisión de 60 hombres del Ejército colombiano en territorio nacional, al tiempo que exige al Gobierno colombiano que vele por el cese inmediato de estas violaciones del Derecho Internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela, y aplique las sanciones correspondientes a los responsables de las mismas.
Caracas, 17 de mayo de 2008/ El gobierno venezolano ve con preocupación que este acto se produzca en momentos en que ha denunciado la política belicista del Gobierno colombiano que busca deliberadamente la desestabilización de la Región. A continuación trascribimos el texto íntegro de la declaración oficial:
Nota de Protesta
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela saluda al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en ocasión de formular su más enérgica protesta por la incursión ilegal de tropas del Ejército colombiano en territorio venezolano, ocurrida el día 16 de mayo en el sector Los Bancos del Municipio Páez del Estado Apure.
La Comisión de 60 hombres del Ejército colombiano, al mando de quien se identificó como el Subteniente del Ejército Colombiano, Jhonny Ocampo Jurado adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No 1 Gral. Juan José Negro Velasco, con sede en la Base Militar Cubará, departamento de Arauca, Colombia, fue interceptada en las coordenadas N – 07o 02'' 12,5' – W – 072o 02'' 6,4' a 800 (ochocientos) metros de la línea fronteriza en territorio venezolano y fue obligada a abandonarlo inmediatamente.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre del Gobierno venezolano, hace propicia la ocasión para exigir al Gobierno colombiano que vele por el cese inmediato de estas violaciones del Derecho Internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela, y aplique las sanciones correspondientes a los responsables de las mismas.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela ve con preocupación que este acto de provocación se produzca en momentos en que nuestro Gobierno ha denunciado la política belicista del Gobierno colombiano que busca deliberadamente la desestabilización de la Región.
Caracas, 17 de mayo de 2008
En la defensa del petróleo ahora más que nunca se requiere de estar unidos: AMLO
“Hemos ganado dos debates; queda claro que nuestros adversarios no tienen argumentos”
Reconoce el apoyo “significativo y trascendente” de Cuauhtémoc Cárdenas al movimiento
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador recibió gran apoyo durante su recorrido por dos entidades
Foto: La Jornada
Morelia, Mich., 17 de mayo. En la lucha por la defensa del petróleo todos debemos estar unificados, unidos; no olvidemos que la patria es primero. Ahora se necesita de la unidad de todos, porque está en juego el destino de nuestro país, advirtió Andrés Manuel López Obrador, luego de hacer un amplio reconocimiento del “apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas en el movimiento para la defensa del petróleo”.
Este apoyo, agregó, ha sido significativo y trascendente en la lucha por la defensa de este bien nacional.
“No podemos permitir la privatización del petróleo, porque eso significaría dejar sin futuro a la mayoría de los mexicanos, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuiestros hijos. Así es de grave este asunto”; por eso, insistió, “las diferencias las tenemos que hacer a un lado y tenemos que estar todos juntos”, subrayó el tabasqueño enmedio de los aplausos y los gritos de “¡unidad, unidad, unidad!”, que se prolongaron por varios segundos.
En la tierra del general Lázaro Cárdenas, López Obrador recordó la gesta por la nacionalización del petróleo, que enfrentó dos proyectos distintos de nación: el de la derecha más reaccionaria, que pugnaba por mantener el privilegio de unos pocos, y la visión nacionalista y popular en defensa de la nación.
Ahora, continuó, vuelve a presentarse este mismo dilema “y nos toca a nosotros evitar que, como entonces, se impongan los intereses privatizadores del grupo en el poder, enfermo de ambición”.
Nuevamente, hizo un reconocimiento a senadores y diputados del Frente Amplio Progresista que evitaron que se perpetrara otro asalto al país a través del “albazo legislativo” para que el PRI y el PAN aprobaran la iniciativa de reforma a Pemex del “gobierno espurio”.
Destacó que gracias a esa acción no sólo se detuvo esa maniobra, sino que se consiguió un debate nacional en el que hasta el momento ha quedado claro “que nuestros adversarios no tienen argumentos; hemos ganado los dos primeros debates. Vamos dos a cero”.
Aquí, en Michoacán, agradeció el “apoyo moral” del gobernador Leonel Godoy, con quien se reunió en privado por 15 minutos, y más tarde, en Toluca, en un encuentro con los brigadistas del valle de México, resaltó el apoyo de presidentes municipales, legisladores locales, diputados federales y senadores.
“Sí entendemos, ¿verdad?, que vamos a estar juntos en la lucha por la defensa del petróleo. ¿Saben que le daría mucho gusto a la derecha que nos dividiéramos para poder hacer de las suyas?”, reiteró López Obrador enmedio de nuevos vítores, aplausos y gritos de “¡no! ¡no! ¡no!”
Pero no van a lograr ese propósito, dijo el tabasqueño, y los convocó a seguir adelante.
En ambas entidades, López Obrador recordó que al ganarse el tiempo para el debate no puede haber un dictamen para reformar leyes que tengan que ver con el tema energético, y será hasta finales de julio, cuando concluyan los debates, que el tema volverá al Congreso.
Mientras tanto, añadió, “debemos informar más a nuestro pueblo, que la gente tenga más elementos, que haya más información, porque ellos (el gobierno) querían cometer este atraco en sigilo, de puntitas, sin que nadie lo supiera, a espaldas del pueblo. Y ahora nosotros tenemos que informarle a la gente de lo grave que sería que se entregara el petróleo a extranjeros”.
Y como ha hecho en las dos pasadas semanas, enfatizó que la propuesta de reforma del “espurio Calderón” no tiene nada que ver con abrir el sector energético a la iniciativa privada nacional, “ni siquiera eso, no van a resultar beneficiados los comerciantes ni los empresarios de México. Esta privatización es para beneficio de los grandes tiburones de los negocios del mundo del petróleo; son las grandes empresas petroleras internacionales las que están presionando y quieren quedarse con la riqueza que pertenece a nuestro pueblo”, apuntó.
Reconoce el apoyo “significativo y trascendente” de Cuauhtémoc Cárdenas al movimiento
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador recibió gran apoyo durante su recorrido por dos entidadesFoto: La Jornada
Morelia, Mich., 17 de mayo. En la lucha por la defensa del petróleo todos debemos estar unificados, unidos; no olvidemos que la patria es primero. Ahora se necesita de la unidad de todos, porque está en juego el destino de nuestro país, advirtió Andrés Manuel López Obrador, luego de hacer un amplio reconocimiento del “apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas en el movimiento para la defensa del petróleo”.
Este apoyo, agregó, ha sido significativo y trascendente en la lucha por la defensa de este bien nacional.
“No podemos permitir la privatización del petróleo, porque eso significaría dejar sin futuro a la mayoría de los mexicanos, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuiestros hijos. Así es de grave este asunto”; por eso, insistió, “las diferencias las tenemos que hacer a un lado y tenemos que estar todos juntos”, subrayó el tabasqueño enmedio de los aplausos y los gritos de “¡unidad, unidad, unidad!”, que se prolongaron por varios segundos.
En la tierra del general Lázaro Cárdenas, López Obrador recordó la gesta por la nacionalización del petróleo, que enfrentó dos proyectos distintos de nación: el de la derecha más reaccionaria, que pugnaba por mantener el privilegio de unos pocos, y la visión nacionalista y popular en defensa de la nación.
Ahora, continuó, vuelve a presentarse este mismo dilema “y nos toca a nosotros evitar que, como entonces, se impongan los intereses privatizadores del grupo en el poder, enfermo de ambición”.
Nuevamente, hizo un reconocimiento a senadores y diputados del Frente Amplio Progresista que evitaron que se perpetrara otro asalto al país a través del “albazo legislativo” para que el PRI y el PAN aprobaran la iniciativa de reforma a Pemex del “gobierno espurio”.
Destacó que gracias a esa acción no sólo se detuvo esa maniobra, sino que se consiguió un debate nacional en el que hasta el momento ha quedado claro “que nuestros adversarios no tienen argumentos; hemos ganado los dos primeros debates. Vamos dos a cero”.
Aquí, en Michoacán, agradeció el “apoyo moral” del gobernador Leonel Godoy, con quien se reunió en privado por 15 minutos, y más tarde, en Toluca, en un encuentro con los brigadistas del valle de México, resaltó el apoyo de presidentes municipales, legisladores locales, diputados federales y senadores.
“Sí entendemos, ¿verdad?, que vamos a estar juntos en la lucha por la defensa del petróleo. ¿Saben que le daría mucho gusto a la derecha que nos dividiéramos para poder hacer de las suyas?”, reiteró López Obrador enmedio de nuevos vítores, aplausos y gritos de “¡no! ¡no! ¡no!”
Pero no van a lograr ese propósito, dijo el tabasqueño, y los convocó a seguir adelante.
En ambas entidades, López Obrador recordó que al ganarse el tiempo para el debate no puede haber un dictamen para reformar leyes que tengan que ver con el tema energético, y será hasta finales de julio, cuando concluyan los debates, que el tema volverá al Congreso.
Mientras tanto, añadió, “debemos informar más a nuestro pueblo, que la gente tenga más elementos, que haya más información, porque ellos (el gobierno) querían cometer este atraco en sigilo, de puntitas, sin que nadie lo supiera, a espaldas del pueblo. Y ahora nosotros tenemos que informarle a la gente de lo grave que sería que se entregara el petróleo a extranjeros”.
Y como ha hecho en las dos pasadas semanas, enfatizó que la propuesta de reforma del “espurio Calderón” no tiene nada que ver con abrir el sector energético a la iniciativa privada nacional, “ni siquiera eso, no van a resultar beneficiados los comerciantes ni los empresarios de México. Esta privatización es para beneficio de los grandes tiburones de los negocios del mundo del petróleo; son las grandes empresas petroleras internacionales las que están presionando y quieren quedarse con la riqueza que pertenece a nuestro pueblo”, apuntó.
Para entregar Pemex, Calderón emplea argumentos de Salinas
Pretende un esquema como el aplicado al sector eléctrico, que sólo benefició a trasnacionales
Ponentes del pasado debate señalan que la iniciativa impediría usar de manera integral al sector energético como palanca de desarrollo; Pemex sería “simple administradora de contratos”
Andrea Becerril
Durante la primera semana del debate nacional en torno a la reforma de Felipe Calderón para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, buena parte de los ponentes advirtieron que se pretende instrumentar un esquema similar al aplicado a partir de 1992 en la industria eléctrica, por el que 30 por ciento de electricidad la generan empresas trasnacionales, que se llevan grandes ganancias sin riesgo alguno y sin que se hubiera modificado la Constitución.
Javier Jiménez Espriú, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros, coincidieron en que los argumentos empleados en 1992 por Carlos Salinas de Gortari para justificar la apertura del mercado eléctrico y los esgrimidos en la actualidad por Calderón en torno al petróleo, son los mismos.
Como ahora, se habló entonces de “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); se argumentó que no se privatizaba, que no se vendería un solo tornillo, luego de amenazarnos, igual que hoy con el petróleo, que en pocos años nos faltaría energía eléctrica”, comentó Jiménez Espriú.
El ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo notar que la realidad es que la tercera parte de la generación total de electricidad para el servicio público la llevan a cabo empresas extranjeras, que han hecho “un negocio redondo” que “les ha dejado pingües ganancias”, sin que se haya reflejado en ningún beneficio para los ciudadanos.
Cargan con todo
Jiménez Espriú aclaró que ese 30 por ciento de la energía eléctrica en el país la generan productores independientes, en su gran mayoría empresas extranjeras, que le venden a la CFE la totalidad de su producción y trajeron todo de sus respectivos países para construir las plantas: “ingeniería, piezas, fierros, tablas, gente y hasta el agua que se tomaban”.
Durante el debate del jueves pasado, la secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo”, Claudia Sheinbaum, por su parte señaló que las trasnacionales traen sus equipos técnicos, sus propios trabajadores, y se llevan la riqueza fuera del país.
Las trasnacionales que operan en el sector eléctrico “hicieron la ingeniería, se vendieron sus propias plantas y utilizan el gas, porque es la forma más cómoda de producir, aunque creándonos un conflicto absolutamente enorme, porque México debe importar grandes cantidades de gas”.
Sheinbaum, en ese sentido, hizo notar que México eroga más de 20 mil millones de dólares anuales por la importación de gasolina y gas, y la decisión de seguir usando este último, en lugar de otras fuentes de energía, como las renovables, “es absolutamente irracional”.
En gran medida obedece, sostuvo, “a negocios de los más altos funcionarios públicos, que se evidencian en los contratos de compra de gas a Perú y Nigeria, de bajo costo, pero vendido a la CFE a precios mucho más altos”.
Jiménez Espriú resaltó que las trasnacionales “se vinieron con un contrato verdaderamente fantástico, en el que venden toda la energía que producen”, y no debe olvidarse que la electricidad es un bien que se tiene que consumir en el momento de la producción. No la podemos guardar. Se va por las redes, conforme la jala la gente que lo usa”.
Explicó que existe en toda la red de CFE algo que se llama el despacho económico de carga, donde, en función de la demanda, “empiezan a jalar de las diferentes plantas, las más económicas”, la corriente eléctrica para satisfacer las necesidades.
Pero en el compromiso que el gobierno mexicano adquirió con esas compañías extranjeras, “si les jalamos de sus plantas o no, de todas maneras la CFE les paga. Es, pues, un negocio redondo, se llevan una utilidad fantástica sin ningún riesgo. Y eso es lo que yo me temo que sucedería con la refinerías mexicanas”.
Jiménez Espriú reveló también que las cifras y las tendencias de crecimiento de la demanda que se presentaron para justificar la participación de los productores independientes de energía “estaban alteradas” y eran “exageradas”.
Nunca hubo falta de abasto, pero se amenazó con que habría apagones en los próximos años y no era cierto. “Hoy tenemos un exceso de reserva y estamos pagando, usemos o no la energía que producen las plantas independientes, porque se hizo el planteamiento indebido, porque se propuso una tendencia de crecimiento que estaba más allá de la realidad”.
Además, debido a que usan como combustible el gas, provocaron un problema, ya que se cuadruplicó el precio de éste en el mercado mexicano y se llevó a la quiebra a una gran cantidad de empresas nacionales de construcción industrial. “Prácticamente se acabó con la ingeniería mexicana”, y en caso de que se privaticen las refinerías y se entreguen los ductos y la exploración y explotación de petróleo a empresas extranjeras, sería el “golpe letal”.
En los dos primeros foros del debate sobre las iniciativas de Calderón, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que permitir que se viole la Constitución, como se hizo en el caso de las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se pretende ahora con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, es aún más grave que reformar la propia Carta Magna.
A su vez, José Agustín Ortiz Pinchetti expresó que las iniciativas de Calderón cancelan la posibilidad de usar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional, ya que “al otorgar permisos a los extranjeros y privatizar la exploración, perforación, refinación, la petroquímica, el transporte y los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo”.
Consideró “lamentable, por inmoral, la actitud que han asumido los defensores de esas reformas, al sostener de modo cínico que estas modificaciones no pretenden violar la Constitución ni implican privatizar la industria petrolera”.
Ponentes del pasado debate señalan que la iniciativa impediría usar de manera integral al sector energético como palanca de desarrollo; Pemex sería “simple administradora de contratos”
Andrea Becerril
Durante la primera semana del debate nacional en torno a la reforma de Felipe Calderón para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, buena parte de los ponentes advirtieron que se pretende instrumentar un esquema similar al aplicado a partir de 1992 en la industria eléctrica, por el que 30 por ciento de electricidad la generan empresas trasnacionales, que se llevan grandes ganancias sin riesgo alguno y sin que se hubiera modificado la Constitución.
Javier Jiménez Espriú, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros, coincidieron en que los argumentos empleados en 1992 por Carlos Salinas de Gortari para justificar la apertura del mercado eléctrico y los esgrimidos en la actualidad por Calderón en torno al petróleo, son los mismos.
Como ahora, se habló entonces de “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); se argumentó que no se privatizaba, que no se vendería un solo tornillo, luego de amenazarnos, igual que hoy con el petróleo, que en pocos años nos faltaría energía eléctrica”, comentó Jiménez Espriú.
El ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo notar que la realidad es que la tercera parte de la generación total de electricidad para el servicio público la llevan a cabo empresas extranjeras, que han hecho “un negocio redondo” que “les ha dejado pingües ganancias”, sin que se haya reflejado en ningún beneficio para los ciudadanos.
Cargan con todo
Jiménez Espriú aclaró que ese 30 por ciento de la energía eléctrica en el país la generan productores independientes, en su gran mayoría empresas extranjeras, que le venden a la CFE la totalidad de su producción y trajeron todo de sus respectivos países para construir las plantas: “ingeniería, piezas, fierros, tablas, gente y hasta el agua que se tomaban”.
Durante el debate del jueves pasado, la secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo”, Claudia Sheinbaum, por su parte señaló que las trasnacionales traen sus equipos técnicos, sus propios trabajadores, y se llevan la riqueza fuera del país.
Las trasnacionales que operan en el sector eléctrico “hicieron la ingeniería, se vendieron sus propias plantas y utilizan el gas, porque es la forma más cómoda de producir, aunque creándonos un conflicto absolutamente enorme, porque México debe importar grandes cantidades de gas”.
Sheinbaum, en ese sentido, hizo notar que México eroga más de 20 mil millones de dólares anuales por la importación de gasolina y gas, y la decisión de seguir usando este último, en lugar de otras fuentes de energía, como las renovables, “es absolutamente irracional”.
En gran medida obedece, sostuvo, “a negocios de los más altos funcionarios públicos, que se evidencian en los contratos de compra de gas a Perú y Nigeria, de bajo costo, pero vendido a la CFE a precios mucho más altos”.
Jiménez Espriú resaltó que las trasnacionales “se vinieron con un contrato verdaderamente fantástico, en el que venden toda la energía que producen”, y no debe olvidarse que la electricidad es un bien que se tiene que consumir en el momento de la producción. No la podemos guardar. Se va por las redes, conforme la jala la gente que lo usa”.
Explicó que existe en toda la red de CFE algo que se llama el despacho económico de carga, donde, en función de la demanda, “empiezan a jalar de las diferentes plantas, las más económicas”, la corriente eléctrica para satisfacer las necesidades.
Pero en el compromiso que el gobierno mexicano adquirió con esas compañías extranjeras, “si les jalamos de sus plantas o no, de todas maneras la CFE les paga. Es, pues, un negocio redondo, se llevan una utilidad fantástica sin ningún riesgo. Y eso es lo que yo me temo que sucedería con la refinerías mexicanas”.
Jiménez Espriú reveló también que las cifras y las tendencias de crecimiento de la demanda que se presentaron para justificar la participación de los productores independientes de energía “estaban alteradas” y eran “exageradas”.
Nunca hubo falta de abasto, pero se amenazó con que habría apagones en los próximos años y no era cierto. “Hoy tenemos un exceso de reserva y estamos pagando, usemos o no la energía que producen las plantas independientes, porque se hizo el planteamiento indebido, porque se propuso una tendencia de crecimiento que estaba más allá de la realidad”.
Además, debido a que usan como combustible el gas, provocaron un problema, ya que se cuadruplicó el precio de éste en el mercado mexicano y se llevó a la quiebra a una gran cantidad de empresas nacionales de construcción industrial. “Prácticamente se acabó con la ingeniería mexicana”, y en caso de que se privaticen las refinerías y se entreguen los ductos y la exploración y explotación de petróleo a empresas extranjeras, sería el “golpe letal”.
En los dos primeros foros del debate sobre las iniciativas de Calderón, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que permitir que se viole la Constitución, como se hizo en el caso de las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se pretende ahora con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, es aún más grave que reformar la propia Carta Magna.
A su vez, José Agustín Ortiz Pinchetti expresó que las iniciativas de Calderón cancelan la posibilidad de usar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional, ya que “al otorgar permisos a los extranjeros y privatizar la exploración, perforación, refinación, la petroquímica, el transporte y los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo”.
Consideró “lamentable, por inmoral, la actitud que han asumido los defensores de esas reformas, al sostener de modo cínico que estas modificaciones no pretenden violar la Constitución ni implican privatizar la industria petrolera”.
La década perdida: ¿y tu sexenio, apá?
Mario Di Costanzo Armenta
Debo confesar que tuve que meditar mucho sobre el tema al que dedicaría el artículo de hoy, pues a pesar de que reconozco que el asunto petrolero es y debe ser la prioridad en estos momentos para todos nosotros, no pude evitar escandalizarme ante las omisiones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su libro titulado La década perdida, sobre todo en lo que se refiere al episodio conocido como el rescate bancario o el Fobaproa-Ipab.
Señalo lo anterior porque, a pesar de que en el texto de Carlos Salinas abundan las referencias al libro titulado “El saqueo a los mexicanos: entender el rescate bancario para impedir otro Fobaproa” cuyos autores somos tanto un servidor como mi entrañable amigo Jorge Francisco Moncada, el señor Salinas omitió referir un capítulo que lo ubica como el gran responsable de este “saqueo a los mexicanos”.
Por ello, al final, lo importante no es que coincida con la conclusión de lo que fue el Fobaproa-IPAB, sino que se niegue a aceptar su grave responsabilidad en este saqueo, que por cierto fue resultado de una privatización.
De esta manera, el “texto demoledor” al que Salinas alude tantas veces en referencia a nuestra investigación sobre el rescate bancario, en su capítulo titulado “La reprivatización según Sa(n)linas” establece, entre otras cosas, lo siguiente:
En 1988 el gobierno salinista inició un proceso denominado reforma financiera, para implantar las bases de la liberalización y la modernización del sistema. Para ello, se apoyó en un gabinete económico que integraron los llamados “hijos pródigos del neoliberalismo”: funcionarios como Pedro Aspe, Guillermo Ortiz Martínez, José Ángel Gurría o Ernesto Zedillo.
Así, en 1990 modificó los artículos 28 y 123 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad del Estado en la prestación del servicio de banca y crédito. En 1992 y 1993 reformó diversos ordenamientos legales que regulaban al sector.
Y el 5 de septiembre de 1990 se publicó el acuerdo presidencial que estableció los principios básicos del proceso para la desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, así como sus objetivos prioritarios.
De esta manera, en 1991 se inició la reprivatización formal del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta.
Las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor y en las bases de desincorporación se establecieron medidas para evitar la concentración en pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos.
Además, expresamente se ordenó que “el Consejo de Administración de las instituciones (desincorporadas) debía estar integrado por personas de reconocida honorabilidad, que contaran con amplio conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”.
La reprivatización se concretó en un lapso de 13 meses y según Salinas el gobierno federal recibió por ella “39 mil 711 millones de pesos (y) como en el resto de las privatizaciones, los recursos obtenidos también se destinaron íntegramente al fondo para el pago de la deuda interna”.
Pero lejos de garantizar que los bancos quedaran en manos de quienes conocían a fondo el negocio bancario, el acuerdo del 5 de septiembre de 1990 sirvió más bien para la reafirmación de que las reglas son para romperse: empresarios, dueños de casas de bolsa e inversionistas inexpertos en el sector terminaron controlando la banca reprivatizada.
Se licitaron 18 bancos, cuyos precios alcanzaron hasta 5.3 veces más que su valor en libros y representaron utilidades para el gobierno por casi 12 mil 500 millones de pesos.
Pero resultó evidente la falta de apego a las condiciones que impuso el mismo gobierno para garantizar un proceso adecuado, puesto que desde que se anunció la reprivatización de los bancos, destacaron entre los interesados grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y siete agrupaciones particulares: los compradores estaban principalmente relacionados con sectores empresariales e industriales a los que las casas de bolsa sirvieron como intermediarias para comprar los bancos.
Por eso en la mayoría de los casos los compradores carecían de experiencia financiera o crediticia y de conocimiento técnico suficiente para realizar sanas prácticas bancarias, lo cual provocó a su vez que resultaran incapaces de contratar equipos de administración eficientes.
Así, prácticamente de la nada, saltaron de lleno al negocio neobanqueros como José Madariaga Lomelí, Julio César Villarreal, Jorge Lankenau Rocha, Hugo Villa Manzo, Carlos Cabal Peniche o Isidoro Rodríguez Sáez, entre otros.
Lo peor, sin embargo, trascendió con el paso del tiempo ya que luego se supo que en muchos casos gran parte de la compra de bancos se financió con recursos que prestaron otros bancos ya privatizados, como sucedió en lo relativo a Inverlat, Banco Unión o Banco Internacional.
Por lo que ahora se sabe que desde un principio las instituciones desincorporadas no tuvieron una sólida capitalización: fueron negocios que se echaron a andar con capital de papel (dinero prestado) y de saliva (mediante acuerdos verbales).
Esto originó que a la postre, la crisis bancaria fuese más grave y profunda de lo que hubiese sido si en la reprivatización de la misma no hubiera existido corrupción, tráfico de influencias y favoritismos.
Al final, lo más preocupante es que quien sentó las bases para generar una década perdida sea ahora quien elogia a Felipe Calderón y a su reforma energética.
Debo confesar que tuve que meditar mucho sobre el tema al que dedicaría el artículo de hoy, pues a pesar de que reconozco que el asunto petrolero es y debe ser la prioridad en estos momentos para todos nosotros, no pude evitar escandalizarme ante las omisiones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su libro titulado La década perdida, sobre todo en lo que se refiere al episodio conocido como el rescate bancario o el Fobaproa-Ipab.
Señalo lo anterior porque, a pesar de que en el texto de Carlos Salinas abundan las referencias al libro titulado “El saqueo a los mexicanos: entender el rescate bancario para impedir otro Fobaproa” cuyos autores somos tanto un servidor como mi entrañable amigo Jorge Francisco Moncada, el señor Salinas omitió referir un capítulo que lo ubica como el gran responsable de este “saqueo a los mexicanos”.
Por ello, al final, lo importante no es que coincida con la conclusión de lo que fue el Fobaproa-IPAB, sino que se niegue a aceptar su grave responsabilidad en este saqueo, que por cierto fue resultado de una privatización.
De esta manera, el “texto demoledor” al que Salinas alude tantas veces en referencia a nuestra investigación sobre el rescate bancario, en su capítulo titulado “La reprivatización según Sa(n)linas” establece, entre otras cosas, lo siguiente:
En 1988 el gobierno salinista inició un proceso denominado reforma financiera, para implantar las bases de la liberalización y la modernización del sistema. Para ello, se apoyó en un gabinete económico que integraron los llamados “hijos pródigos del neoliberalismo”: funcionarios como Pedro Aspe, Guillermo Ortiz Martínez, José Ángel Gurría o Ernesto Zedillo.
Así, en 1990 modificó los artículos 28 y 123 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad del Estado en la prestación del servicio de banca y crédito. En 1992 y 1993 reformó diversos ordenamientos legales que regulaban al sector.
Y el 5 de septiembre de 1990 se publicó el acuerdo presidencial que estableció los principios básicos del proceso para la desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, así como sus objetivos prioritarios.
De esta manera, en 1991 se inició la reprivatización formal del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta.
Las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor y en las bases de desincorporación se establecieron medidas para evitar la concentración en pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos.
Además, expresamente se ordenó que “el Consejo de Administración de las instituciones (desincorporadas) debía estar integrado por personas de reconocida honorabilidad, que contaran con amplio conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”.
La reprivatización se concretó en un lapso de 13 meses y según Salinas el gobierno federal recibió por ella “39 mil 711 millones de pesos (y) como en el resto de las privatizaciones, los recursos obtenidos también se destinaron íntegramente al fondo para el pago de la deuda interna”.
Pero lejos de garantizar que los bancos quedaran en manos de quienes conocían a fondo el negocio bancario, el acuerdo del 5 de septiembre de 1990 sirvió más bien para la reafirmación de que las reglas son para romperse: empresarios, dueños de casas de bolsa e inversionistas inexpertos en el sector terminaron controlando la banca reprivatizada.
Se licitaron 18 bancos, cuyos precios alcanzaron hasta 5.3 veces más que su valor en libros y representaron utilidades para el gobierno por casi 12 mil 500 millones de pesos.
Pero resultó evidente la falta de apego a las condiciones que impuso el mismo gobierno para garantizar un proceso adecuado, puesto que desde que se anunció la reprivatización de los bancos, destacaron entre los interesados grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y siete agrupaciones particulares: los compradores estaban principalmente relacionados con sectores empresariales e industriales a los que las casas de bolsa sirvieron como intermediarias para comprar los bancos.
Por eso en la mayoría de los casos los compradores carecían de experiencia financiera o crediticia y de conocimiento técnico suficiente para realizar sanas prácticas bancarias, lo cual provocó a su vez que resultaran incapaces de contratar equipos de administración eficientes.
Así, prácticamente de la nada, saltaron de lleno al negocio neobanqueros como José Madariaga Lomelí, Julio César Villarreal, Jorge Lankenau Rocha, Hugo Villa Manzo, Carlos Cabal Peniche o Isidoro Rodríguez Sáez, entre otros.
Lo peor, sin embargo, trascendió con el paso del tiempo ya que luego se supo que en muchos casos gran parte de la compra de bancos se financió con recursos que prestaron otros bancos ya privatizados, como sucedió en lo relativo a Inverlat, Banco Unión o Banco Internacional.
Por lo que ahora se sabe que desde un principio las instituciones desincorporadas no tuvieron una sólida capitalización: fueron negocios que se echaron a andar con capital de papel (dinero prestado) y de saliva (mediante acuerdos verbales).
Esto originó que a la postre, la crisis bancaria fuese más grave y profunda de lo que hubiese sido si en la reprivatización de la misma no hubiera existido corrupción, tráfico de influencias y favoritismos.
Al final, lo más preocupante es que quien sentó las bases para generar una década perdida sea ahora quien elogia a Felipe Calderón y a su reforma energética.
¿Una reforma no pensada como ley?
Arnaldo Córdova
La liviandad y el aplomo con los que los defensores de la reforma energética de Calderón argumentan sus apoyos a dicha reforma son de verdad pasmosos. Creo que el doctor Elizondo Mayer-Serra, del CIDE, invitado de lujo de los panistas al foro del Senado sobre la materia en su primera sesión, no se dio cuenta de que lo habían invitado para que diera sus opiniones sobre una reforma legal que dará lugar a cinco nuevas leyes reformadas, en caso de ser aprobadas. Entre otras ocurrencias, dijo dos que son de antología: una, la constitucionalidad de la reforma es inútil; dos, seguir alegando sobre la privatización de Pemex es absolutamente irrelevante.
José Agustín Ortiz Pinchetti le recordó que la Constitución es el pacto fundador de nuestra sociedad política y a ella hay que atenernos no a imitaciones extralógicas de otras realidades ajenas a nosotros. A su llamado a estudiar y a imitar las experiencias de Corea, Brasil y Noruega, David Ibarra le hizo notar lo elemental: nosotros no somos coreanos ni brasileños ni noruegos (Brasil con 36 por ciento de su PIB como ingreso fiscal, Noruega con casi 50 por ciento y México sólo con 11 por ciento) y tenemos nuestra propia problemática, antecedida de una historia tormentosa y debemos resolver nuestros problemas a nuestro modo. Ambos le hicieron notar que vivimos en un Estado de derecho y el respeto a nuestra Constitución es esencial.
Elizondo llegó a la conclusión de que el problema de Pemex no es constitucional y ni siquiera jurídico; la Constitución se ha cambiado 473 veces, dijo, y en cualquier momento se puede cambiar como se nos dé la gana. Y una ley, ¿qué cuesta hacer la ley que queramos? El problema es organizacional y operativo. Partió de la premisa de que de eso no sabemos nada y debemos ver lo que otros están haciendo para hacer lo mismo, imitándolos en todo lo que no sepamos resolver.
La derecha intelectual tiene un bonito modo de enfrentar el problema: hacer a menos de la Constitución y del derecho. Que lo digan nuestros doctorcitos titulados en Oxford y Harvard es comprensible. Que lo digan, además, sus juristas, es incomprensible. El sábado 10 de mayo, la profesora del CIDE, Ana Laura Magaloni, publicó en Reforma un artículo que es también de antología. Simplificando el pensamiento de uno de los más connotados jueces federales de Estados Unidos, el justice Oliver Wendell Holmes, afirma que éste dijo que la ley nunca es clara ni incontrovertible. Tengo en particular estima a los grandes juristas estadunidenses, en especial a los jueces y, entre ellos, el legendario John Marshall, Benjamin Cardozo y el propio Holmes.
Ellos, en realidad, nunca dudaron de la ley. La ley, decía Holmes, es un principio; la cosa a juzgar está allá afuera, en la calle, en la ciudad, en el mercado, en todo el país, y es ella la que nos impone las mayores dificultades. La ley dice lo que dice y hay que interpretarla, porque lo difícil de entender no es la ley, sino la realidad a la que está dirigida. De él son estas palabras: “Vemos… [la ley] cotidianamente… como actores en un drama del que ella es la providencia y la postestad reinante” (The mind and faith of justice Holmes, The Modern Library, 1943, p. 30). La profesora Magaloni, en cambio, nos dice que “las normas son mucho más porosas de lo que quisiéramos y…, por tanto, no hay verdades jurídicas inmanentes”.
Para decirlo sencillamente, inmanente es lo que permanece en algo, lo que no trasciende; lo trascendente es lo que sale, lo que trasciende. Las “verdades inmanentes” (que no existen) deberían ser, entonces, trascendentes, y cabría preguntar qué es lo que trascienden, aparte, desde luego, de explicar qué serían “verdades inmanentes”. Es difícil saber qué significa para ella cuando nos dice que la Constitución y sus leyes son ordenamientos que nunca nos dicen nada claro y cierto. Aun aceptándolo, sin conceder, no se le puede ocultar que, en última instancia, para interpretar el derecho están los jueces y, para interpretar la Constitución, está nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte. Un ejemplo de “porosidad” lo da la doctora del CIDE hablando de la Constitución, en cuyo texto acusa “indeterminación”, otro concepto que no sé qué quiera decir.
Afirma que no sabe qué significan los conceptos “explotación”, “uso” y “aprovechamiento”, cuando el 27 dispone que éstos no corresponden a los privados. Del “uso”, ella se pregunta: “… si un particular usa petróleo para operar una máquina, ¿quiere decir que viola la Constitución?” A la doctora Magaloni debieron haberle enseñado en la escuela que “uso”, un derecho real, es utilizar una cosa que pertenece a otro; “aprovechamiento”, en la Constitución, un buen juez federal se lo diría, quiere decir usufructo (en el derecho común es el fruto de multas, exacciones por incumplimiento, derechos y cosas así) y “explotación” quiere decir el proceso productivo petrolero que culmina en un producto (que puede ser petróleo crudo, gasolina y otros). ¿En dónde ve la dificultad? La confusión, ciertamente, no está en la Constitución.
Ella, por lo demás, parece referirse a concesiones sobre recursos naturales, en general, pero sucede que en materia de hidrocarburos no las hay. Si se tratara de una mina, se podría hablar de “uso” por un particular, pero más apropiadamente de “usufructo”, todo lo cual no viene al caso.
Concluye su sesudo artículo recordando de nuevo a Holmes: en la interpretación de toda ley caben sólo dos opciones: una a favor y otra en contra. Eso es el descubrimiento del agua tibia y sólo quiere decir que no hay que confiarnos de la ley y menos de la Constitución porque nunca dicen lo que nosotros creemos que dicen. Si un juez razonara de esa manera acabaría en el manicomio. Yo, por lo demás, no me atrevería a decir, como lo dijo Elizondo en su presentación ante los senadores, que la Constitución es un “texto sagrado”. Es sólo un pacto político que nos permite convivir en un Estado de derecho. Tampoco diría que las leyes no pueden contener errores.
Según la derecha intelectual, a fin de cuentas, el problema de Pemex no es hacer una leyecita que ni siquiera puede decir lo que queremos. La conclusión no podía ser más peregrina: el Estado, su Constitución y sus leyes valen un comino. Este país es una empresa y hay que resolver sus problemas como tal. Amén.
La liviandad y el aplomo con los que los defensores de la reforma energética de Calderón argumentan sus apoyos a dicha reforma son de verdad pasmosos. Creo que el doctor Elizondo Mayer-Serra, del CIDE, invitado de lujo de los panistas al foro del Senado sobre la materia en su primera sesión, no se dio cuenta de que lo habían invitado para que diera sus opiniones sobre una reforma legal que dará lugar a cinco nuevas leyes reformadas, en caso de ser aprobadas. Entre otras ocurrencias, dijo dos que son de antología: una, la constitucionalidad de la reforma es inútil; dos, seguir alegando sobre la privatización de Pemex es absolutamente irrelevante.
José Agustín Ortiz Pinchetti le recordó que la Constitución es el pacto fundador de nuestra sociedad política y a ella hay que atenernos no a imitaciones extralógicas de otras realidades ajenas a nosotros. A su llamado a estudiar y a imitar las experiencias de Corea, Brasil y Noruega, David Ibarra le hizo notar lo elemental: nosotros no somos coreanos ni brasileños ni noruegos (Brasil con 36 por ciento de su PIB como ingreso fiscal, Noruega con casi 50 por ciento y México sólo con 11 por ciento) y tenemos nuestra propia problemática, antecedida de una historia tormentosa y debemos resolver nuestros problemas a nuestro modo. Ambos le hicieron notar que vivimos en un Estado de derecho y el respeto a nuestra Constitución es esencial.
Elizondo llegó a la conclusión de que el problema de Pemex no es constitucional y ni siquiera jurídico; la Constitución se ha cambiado 473 veces, dijo, y en cualquier momento se puede cambiar como se nos dé la gana. Y una ley, ¿qué cuesta hacer la ley que queramos? El problema es organizacional y operativo. Partió de la premisa de que de eso no sabemos nada y debemos ver lo que otros están haciendo para hacer lo mismo, imitándolos en todo lo que no sepamos resolver.
La derecha intelectual tiene un bonito modo de enfrentar el problema: hacer a menos de la Constitución y del derecho. Que lo digan nuestros doctorcitos titulados en Oxford y Harvard es comprensible. Que lo digan, además, sus juristas, es incomprensible. El sábado 10 de mayo, la profesora del CIDE, Ana Laura Magaloni, publicó en Reforma un artículo que es también de antología. Simplificando el pensamiento de uno de los más connotados jueces federales de Estados Unidos, el justice Oliver Wendell Holmes, afirma que éste dijo que la ley nunca es clara ni incontrovertible. Tengo en particular estima a los grandes juristas estadunidenses, en especial a los jueces y, entre ellos, el legendario John Marshall, Benjamin Cardozo y el propio Holmes.
Ellos, en realidad, nunca dudaron de la ley. La ley, decía Holmes, es un principio; la cosa a juzgar está allá afuera, en la calle, en la ciudad, en el mercado, en todo el país, y es ella la que nos impone las mayores dificultades. La ley dice lo que dice y hay que interpretarla, porque lo difícil de entender no es la ley, sino la realidad a la que está dirigida. De él son estas palabras: “Vemos… [la ley] cotidianamente… como actores en un drama del que ella es la providencia y la postestad reinante” (The mind and faith of justice Holmes, The Modern Library, 1943, p. 30). La profesora Magaloni, en cambio, nos dice que “las normas son mucho más porosas de lo que quisiéramos y…, por tanto, no hay verdades jurídicas inmanentes”.
Para decirlo sencillamente, inmanente es lo que permanece en algo, lo que no trasciende; lo trascendente es lo que sale, lo que trasciende. Las “verdades inmanentes” (que no existen) deberían ser, entonces, trascendentes, y cabría preguntar qué es lo que trascienden, aparte, desde luego, de explicar qué serían “verdades inmanentes”. Es difícil saber qué significa para ella cuando nos dice que la Constitución y sus leyes son ordenamientos que nunca nos dicen nada claro y cierto. Aun aceptándolo, sin conceder, no se le puede ocultar que, en última instancia, para interpretar el derecho están los jueces y, para interpretar la Constitución, está nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte. Un ejemplo de “porosidad” lo da la doctora del CIDE hablando de la Constitución, en cuyo texto acusa “indeterminación”, otro concepto que no sé qué quiera decir.
Afirma que no sabe qué significan los conceptos “explotación”, “uso” y “aprovechamiento”, cuando el 27 dispone que éstos no corresponden a los privados. Del “uso”, ella se pregunta: “… si un particular usa petróleo para operar una máquina, ¿quiere decir que viola la Constitución?” A la doctora Magaloni debieron haberle enseñado en la escuela que “uso”, un derecho real, es utilizar una cosa que pertenece a otro; “aprovechamiento”, en la Constitución, un buen juez federal se lo diría, quiere decir usufructo (en el derecho común es el fruto de multas, exacciones por incumplimiento, derechos y cosas así) y “explotación” quiere decir el proceso productivo petrolero que culmina en un producto (que puede ser petróleo crudo, gasolina y otros). ¿En dónde ve la dificultad? La confusión, ciertamente, no está en la Constitución.
Ella, por lo demás, parece referirse a concesiones sobre recursos naturales, en general, pero sucede que en materia de hidrocarburos no las hay. Si se tratara de una mina, se podría hablar de “uso” por un particular, pero más apropiadamente de “usufructo”, todo lo cual no viene al caso.
Concluye su sesudo artículo recordando de nuevo a Holmes: en la interpretación de toda ley caben sólo dos opciones: una a favor y otra en contra. Eso es el descubrimiento del agua tibia y sólo quiere decir que no hay que confiarnos de la ley y menos de la Constitución porque nunca dicen lo que nosotros creemos que dicen. Si un juez razonara de esa manera acabaría en el manicomio. Yo, por lo demás, no me atrevería a decir, como lo dijo Elizondo en su presentación ante los senadores, que la Constitución es un “texto sagrado”. Es sólo un pacto político que nos permite convivir en un Estado de derecho. Tampoco diría que las leyes no pueden contener errores.
Según la derecha intelectual, a fin de cuentas, el problema de Pemex no es hacer una leyecita que ni siquiera puede decir lo que queremos. La conclusión no podía ser más peregrina: el Estado, su Constitución y sus leyes valen un comino. Este país es una empresa y hay que resolver sus problemas como tal. Amén.
La propuesta de cambios petroleros
Antonio Gershenson
Un aspecto importante de los cambios que ha propuesto el gobierno federal a la legislación relacionada con Pemex es su impacto sobre el empleo. Podemos ver ya algunas expresiones de este impacto. Los principales cambios propuestos que inciden en el empleo son:
Se amplía el alcance de las obras y servicios por contrato y se dan facilidades de adjudicar los contratos sin concurso. Se da una tendencia a que aumente la participación de las empresas contratistas en la industria petrolera, especialmente en exploración y producción, rama que actualmente recibe más de 80 por ciento del presupuesto total de Pemex.
Se permite a empresas privadas –que en este caso serían trasnacionales– construir y operar refinerías, ductos y almacenes, vendiendo los productos refinados a Pemex Refinación. Tomando en cuenta que las gasolineras ya son privadas, una trasnacional puede operar la industria desde la boca del pozo petrolero hasta la boca del tanque de gasolina.
Algunos de los efectos de estos cambios, en caso de que se aprueben las medidas legislativas, son:
Una sustitución masiva de mano de obra de planta por trabajadores contratados por empresas privadas, en casos importantes trasnacionales, de manera más irregular, como contratos por obra determinada, trabajo eventual y otros. En accidentes ocurridos se ha visto la vulnerabilidad de los trabajadores de empresas contratistas.
La compra de materiales en el extranjero, sustituyendo materiales nacionales, reduciendo el empleo en la planta productiva nacional que hubiera podido vender esos materiales o productos.
El uso de personal calificado extranjero, desalojando a ingenieros y otros profesionistas nacionales. Cuando se contrata a profesionales nacionales, generalmente es por obra determinada y otras formas de trabajo no permanente.
Vamos a referirnos a un caso que ya ocurrió, tomando en cuenta que cada caso puede ser diferente. Se trata de la llamada reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Luego se repitió con similitudes una operación del mismo tipo en la refinería de Ciudad Madero.
Estas operaciones llamadas reconfiguraciones consisten en hacer cambios complejos y costosos en una refinería existente, con el objetivo principal de que por cada barril de petróleo se produzca más gasolina, aunque también hay otros cambios. El costo de estas obras realizadas en las refinerías mencionadas fue el doble de lo establecido en el contrato de obra, casi 2 mil millones de dólares cada una. El volumen de gasolina adicional producida no es muy notorio para el país. Si con los mismos recursos de las dos reconfiguraciones se hubiera construido una nueva refinería, no estaríamos importando cantidades tan enormes de gasolina, más de 40 por ciento del consumo total.
En vez de hacerlo como en refinerías anteriores, en que Pemex manejaba el conjunto y contrataba operaciones o plantas específicas, Hacienda decidió que se hiciera con financiamiento global por el ganador del concurso. Era un paquete gigantesco. Pese a que el entonces director de Pemex, Adrián Lajous, había ofrecido públicamente a los dueños de las grandes empresas de Monterrey que habría trabajo para ellos, no fue así. Con un paquete de ese tamaño, sólo llegaron dos grupos de empresas al concurso: por un lado, la coreana Sunkyong, cabeza del consorcio, aliada con la Siemens, y por otro las cinco mayores empresas japonesas. Ganó Sunkyong con una oferta muy baja, que nunca tuvo intención de respetar, como lo muestra el dato ya mencionado: el monto real cobrado fue el doble del ofertado y firmado en el contrato.
La empresa coreana trajo de su país más de lo que se hubiera imaginado: desde estructuras prefabricadas hasta obreros coreanos. El grupo de Monterrey no recibió nada, y a partir de esa fecha el PAN empezó a ganar las elecciones allá. Esto afecta a industrias nacionales como la de la construcción, la metalurgia y las electromecánicas, así como proveedores de bienes usados en la obra y prestadores de servicios.
Si esto sucede con una reconfiguración de instalaciones de Pemex y cuando las nuevas instalaciones son de Pemex, ¿qué podemos esperar de refinerías privadas? En este caso, la trasnacional tiene en sus manos las decisiones desde la selección del terreno. Lo de Cadereyta se puede quedar corto frente a las refinerías privadas.
Pongamos como contraejemplo otra obra y otros criterios: la construcción de los segundos pisos del Periférico. También se usaron estructuras prefabricadas; pero el concreto y la varilla fueron fabricados en México, las estructuras mismas también, el personal era mexicano y los bienes adquiridos para la obra fueron, en general, mexicanos. La administración estuvo a cargo de un organismo del Gobierno del Distrito Federal. Las empresas participantes fueron mexicanas.
Claro, para que este contraejemplo sea posible en el petróleo, no sólo se deben rechazar las propuestas federales, sino que Pemex debe ser fortalecido con otros cambios. Estos cambios deben incluir la integración de Pemex en una sola empresa, el cese del saqueo fiscal de Pemex y la construcción, por ese mismo organismo, de nuevas refinerías y otras instalaciones necesarias.
Un aspecto importante de los cambios que ha propuesto el gobierno federal a la legislación relacionada con Pemex es su impacto sobre el empleo. Podemos ver ya algunas expresiones de este impacto. Los principales cambios propuestos que inciden en el empleo son:
Se amplía el alcance de las obras y servicios por contrato y se dan facilidades de adjudicar los contratos sin concurso. Se da una tendencia a que aumente la participación de las empresas contratistas en la industria petrolera, especialmente en exploración y producción, rama que actualmente recibe más de 80 por ciento del presupuesto total de Pemex.
Se permite a empresas privadas –que en este caso serían trasnacionales– construir y operar refinerías, ductos y almacenes, vendiendo los productos refinados a Pemex Refinación. Tomando en cuenta que las gasolineras ya son privadas, una trasnacional puede operar la industria desde la boca del pozo petrolero hasta la boca del tanque de gasolina.
Algunos de los efectos de estos cambios, en caso de que se aprueben las medidas legislativas, son:
Una sustitución masiva de mano de obra de planta por trabajadores contratados por empresas privadas, en casos importantes trasnacionales, de manera más irregular, como contratos por obra determinada, trabajo eventual y otros. En accidentes ocurridos se ha visto la vulnerabilidad de los trabajadores de empresas contratistas.
La compra de materiales en el extranjero, sustituyendo materiales nacionales, reduciendo el empleo en la planta productiva nacional que hubiera podido vender esos materiales o productos.
El uso de personal calificado extranjero, desalojando a ingenieros y otros profesionistas nacionales. Cuando se contrata a profesionales nacionales, generalmente es por obra determinada y otras formas de trabajo no permanente.
Vamos a referirnos a un caso que ya ocurrió, tomando en cuenta que cada caso puede ser diferente. Se trata de la llamada reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Luego se repitió con similitudes una operación del mismo tipo en la refinería de Ciudad Madero.
Estas operaciones llamadas reconfiguraciones consisten en hacer cambios complejos y costosos en una refinería existente, con el objetivo principal de que por cada barril de petróleo se produzca más gasolina, aunque también hay otros cambios. El costo de estas obras realizadas en las refinerías mencionadas fue el doble de lo establecido en el contrato de obra, casi 2 mil millones de dólares cada una. El volumen de gasolina adicional producida no es muy notorio para el país. Si con los mismos recursos de las dos reconfiguraciones se hubiera construido una nueva refinería, no estaríamos importando cantidades tan enormes de gasolina, más de 40 por ciento del consumo total.
En vez de hacerlo como en refinerías anteriores, en que Pemex manejaba el conjunto y contrataba operaciones o plantas específicas, Hacienda decidió que se hiciera con financiamiento global por el ganador del concurso. Era un paquete gigantesco. Pese a que el entonces director de Pemex, Adrián Lajous, había ofrecido públicamente a los dueños de las grandes empresas de Monterrey que habría trabajo para ellos, no fue así. Con un paquete de ese tamaño, sólo llegaron dos grupos de empresas al concurso: por un lado, la coreana Sunkyong, cabeza del consorcio, aliada con la Siemens, y por otro las cinco mayores empresas japonesas. Ganó Sunkyong con una oferta muy baja, que nunca tuvo intención de respetar, como lo muestra el dato ya mencionado: el monto real cobrado fue el doble del ofertado y firmado en el contrato.
La empresa coreana trajo de su país más de lo que se hubiera imaginado: desde estructuras prefabricadas hasta obreros coreanos. El grupo de Monterrey no recibió nada, y a partir de esa fecha el PAN empezó a ganar las elecciones allá. Esto afecta a industrias nacionales como la de la construcción, la metalurgia y las electromecánicas, así como proveedores de bienes usados en la obra y prestadores de servicios.
Si esto sucede con una reconfiguración de instalaciones de Pemex y cuando las nuevas instalaciones son de Pemex, ¿qué podemos esperar de refinerías privadas? En este caso, la trasnacional tiene en sus manos las decisiones desde la selección del terreno. Lo de Cadereyta se puede quedar corto frente a las refinerías privadas.
Pongamos como contraejemplo otra obra y otros criterios: la construcción de los segundos pisos del Periférico. También se usaron estructuras prefabricadas; pero el concreto y la varilla fueron fabricados en México, las estructuras mismas también, el personal era mexicano y los bienes adquiridos para la obra fueron, en general, mexicanos. La administración estuvo a cargo de un organismo del Gobierno del Distrito Federal. Las empresas participantes fueron mexicanas.
Claro, para que este contraejemplo sea posible en el petróleo, no sólo se deben rechazar las propuestas federales, sino que Pemex debe ser fortalecido con otros cambios. Estos cambios deben incluir la integración de Pemex en una sola empresa, el cese del saqueo fiscal de Pemex y la construcción, por ese mismo organismo, de nuevas refinerías y otras instalaciones necesarias.
Bolivia: la ley y la fuerza
Guillermo Almeyra
El texto de la ley es una cosa, otra es la fuerza que la impone y la hace real. Por eso, es absurdo caer en el fetichismo del texto legal escrito, olvidando la relación de fuerzas que le da vigencia y que permite aplicarlo. Porque, si ésta no es favorable, el texto constitucional o legal es simplemente un pedazo de papel mojado.
Evo Morales proclamó un referéndum revocatorio de los mandatos del presidente y del vicepresidente y de los prefectos (gobernadores) de los departamentos bolivianos. Como dicho referéndum pasó en el Senado gracias a los celos de Tuto Quiroga, jefe del partido derechista Podemos, ante el creciente liderazgo en la derecha de la oligarquía de Santa Cruz, y puesto que el resultado previsible del mismo amenaza a varios prefectos, dividió al frente derechista, y seguramente serán confirmados en sus puestos Evo Morales y Alvaro García Lineras. Hay quien cree que la medida es una maniobra hábil, pero la realidad es diferente.
En primer lugar, de aquí a agosto puede pasar mucho agua bajo los puentes, y la derecha presentará muchos hechos consumados; mientras el gobierno se aferra al texto de la Constitución (que la derecha repudia y cuya modificación exige), y también trata de conseguir la mayor cantidad de votos posibles para el futuro referéndum, la derecha en cambio toma medidas económicas, políticas, jurídicas, sociales y militares construyendo su poder ilegal.
Para colmo, si en el referéndum ganase nuevamente Evo Morales (como seguramente lo hará), y fuese también confirmado en Santa Cruz el puñado de oligárquicos racistas que está construyendo un Estado paralelo, el empate catastrófico continuaría, pero a un nivel superior, aún más grave, ya que no habrían opciones pacíficas para resolverlo. Mientras el gobierno pelea su batalla de papel, Santa Cruz organiza sus paramilitares, crea su equipo de recolección de impuestos y de chantajes a las grandes trasnacionales –así como su sistema jurídico antinacional–, organiza el comercio exterior de la región por la vía de facto, trata de incorporar a su legislatura ilegítima representantes de las etnias indígenas locales (que tienen viejos agravios por cobrar al poder de La Paz), concede servicios sociales para todos y un salario mínimo que duplica el vigente en el resto del territorio nacional, para ver si compra a algunos despistados.
Además, Quiroga cedió en la idea del referéndum revocatorio, pero lo hizo para que el gobierno no llevase a cabo el referéndum sobre el tamaño máximo de las propiedades rurales, que habría dado un golpe duro a la oligarquía de la Media Luna y habría sido un importante instrumento para la movilización y organización campesina para imponer un masivo reparto de tierra agrícola. Aunque ponga en discusión su mandato, Evo Morales aparece discutiendo el poder en La Paz y de La Paz (todos, en efecto, saben que no será revocado), mientras sus enemigos construyen un Estado camba (blancos burgueses) frente al Estado colla (indígenas) y construyen rápidamente un núcleo de poder (que sin duda será apoyado por las trasnacionales y todas las fuerzas reaccionarias, además de Estados Unidos). Mientras Evo Morales organiza una elección, la derecha en cambio organiza su derrocamiento ilegal y violento, y desconocerá los resultados del referéndum si así le conviniera, del mismo modo que ha desconocido la Constitución.
La propuesta de Antonio Peredo de enjuiciar a los dirigentes cruceños por sedición tiene por el contrario una firme base legal y permitiría, si la justicia los condenase, dejar en claro que no se está discutiendo la autonomía ni se está ante una mera disputa por la interpretación de la Carta Magna y de las leyes, sino frente a un intento de golpe de Estado y de usurpación del poder legal y frente al secesionismo promovido por motivos racistas y de clase por delincuentes que están fuera de la ley. Pero eso significaría que el gobierno debería utilizar la fuerza para hacer aplicar el fallo judicial. O sea, que debería recurrir no sólo a la parte de la policía y de las fuerzas armadas que no quiere la división del país, sino sobre todo a la fuerza organizada de los campesinos, cruceños y de todo el país, y de las organizaciones sociales, que el gobierno sólo estaría dispuesto a movilizar in extremis, cuando esté por perderlo todo. Ahora bien, lo tímido e inadecuado de sus reacciones comunica vacilación, confusión y desánimo a los millones de trabajadores y pobres que lo apoyan, mientras en el campo opuesto, la arrogancia y las iniciativas de los racistas cruceños dan confianza a las derechas nacionales e internacionales. ¿Nadie leyó en La Paz la historia de la Revolución española, que perdió, entre otras cosas, porque no liberó las colonias, quitándole así los moros a Franco, ni hizo una reforma agraria (dejándole los campesinos gallegos y navarros), y porque frenó la revolución “para salvar la República”, perdiendo así a ambas? ¿Nadie recuerda a Danton, que decía que en una revolución se necesita audacia, audacia y siempre audacia?
Lo cierto es que si Evo Morales no adapta de inmediato medidas agrarias urgentes y no se dedica urgentemente a movilizar sus bases de apoyo, encarando una situación que es de emergencia nacional, no es seguro que pueda arrastrar fuera de la influencia de la derecha a vastos sectores de las clases medias urbanas, que se mueven sobre todo por motivaciones nacionales (estatización petrolera, destrucción del poder de la tradicional rosca oligárquica, mejoras sociales en todos los terrenos claves).
El texto de la ley es una cosa, otra es la fuerza que la impone y la hace real. Por eso, es absurdo caer en el fetichismo del texto legal escrito, olvidando la relación de fuerzas que le da vigencia y que permite aplicarlo. Porque, si ésta no es favorable, el texto constitucional o legal es simplemente un pedazo de papel mojado.
Evo Morales proclamó un referéndum revocatorio de los mandatos del presidente y del vicepresidente y de los prefectos (gobernadores) de los departamentos bolivianos. Como dicho referéndum pasó en el Senado gracias a los celos de Tuto Quiroga, jefe del partido derechista Podemos, ante el creciente liderazgo en la derecha de la oligarquía de Santa Cruz, y puesto que el resultado previsible del mismo amenaza a varios prefectos, dividió al frente derechista, y seguramente serán confirmados en sus puestos Evo Morales y Alvaro García Lineras. Hay quien cree que la medida es una maniobra hábil, pero la realidad es diferente.
En primer lugar, de aquí a agosto puede pasar mucho agua bajo los puentes, y la derecha presentará muchos hechos consumados; mientras el gobierno se aferra al texto de la Constitución (que la derecha repudia y cuya modificación exige), y también trata de conseguir la mayor cantidad de votos posibles para el futuro referéndum, la derecha en cambio toma medidas económicas, políticas, jurídicas, sociales y militares construyendo su poder ilegal.
Para colmo, si en el referéndum ganase nuevamente Evo Morales (como seguramente lo hará), y fuese también confirmado en Santa Cruz el puñado de oligárquicos racistas que está construyendo un Estado paralelo, el empate catastrófico continuaría, pero a un nivel superior, aún más grave, ya que no habrían opciones pacíficas para resolverlo. Mientras el gobierno pelea su batalla de papel, Santa Cruz organiza sus paramilitares, crea su equipo de recolección de impuestos y de chantajes a las grandes trasnacionales –así como su sistema jurídico antinacional–, organiza el comercio exterior de la región por la vía de facto, trata de incorporar a su legislatura ilegítima representantes de las etnias indígenas locales (que tienen viejos agravios por cobrar al poder de La Paz), concede servicios sociales para todos y un salario mínimo que duplica el vigente en el resto del territorio nacional, para ver si compra a algunos despistados.
Además, Quiroga cedió en la idea del referéndum revocatorio, pero lo hizo para que el gobierno no llevase a cabo el referéndum sobre el tamaño máximo de las propiedades rurales, que habría dado un golpe duro a la oligarquía de la Media Luna y habría sido un importante instrumento para la movilización y organización campesina para imponer un masivo reparto de tierra agrícola. Aunque ponga en discusión su mandato, Evo Morales aparece discutiendo el poder en La Paz y de La Paz (todos, en efecto, saben que no será revocado), mientras sus enemigos construyen un Estado camba (blancos burgueses) frente al Estado colla (indígenas) y construyen rápidamente un núcleo de poder (que sin duda será apoyado por las trasnacionales y todas las fuerzas reaccionarias, además de Estados Unidos). Mientras Evo Morales organiza una elección, la derecha en cambio organiza su derrocamiento ilegal y violento, y desconocerá los resultados del referéndum si así le conviniera, del mismo modo que ha desconocido la Constitución.
La propuesta de Antonio Peredo de enjuiciar a los dirigentes cruceños por sedición tiene por el contrario una firme base legal y permitiría, si la justicia los condenase, dejar en claro que no se está discutiendo la autonomía ni se está ante una mera disputa por la interpretación de la Carta Magna y de las leyes, sino frente a un intento de golpe de Estado y de usurpación del poder legal y frente al secesionismo promovido por motivos racistas y de clase por delincuentes que están fuera de la ley. Pero eso significaría que el gobierno debería utilizar la fuerza para hacer aplicar el fallo judicial. O sea, que debería recurrir no sólo a la parte de la policía y de las fuerzas armadas que no quiere la división del país, sino sobre todo a la fuerza organizada de los campesinos, cruceños y de todo el país, y de las organizaciones sociales, que el gobierno sólo estaría dispuesto a movilizar in extremis, cuando esté por perderlo todo. Ahora bien, lo tímido e inadecuado de sus reacciones comunica vacilación, confusión y desánimo a los millones de trabajadores y pobres que lo apoyan, mientras en el campo opuesto, la arrogancia y las iniciativas de los racistas cruceños dan confianza a las derechas nacionales e internacionales. ¿Nadie leyó en La Paz la historia de la Revolución española, que perdió, entre otras cosas, porque no liberó las colonias, quitándole así los moros a Franco, ni hizo una reforma agraria (dejándole los campesinos gallegos y navarros), y porque frenó la revolución “para salvar la República”, perdiendo así a ambas? ¿Nadie recuerda a Danton, que decía que en una revolución se necesita audacia, audacia y siempre audacia?
Lo cierto es que si Evo Morales no adapta de inmediato medidas agrarias urgentes y no se dedica urgentemente a movilizar sus bases de apoyo, encarando una situación que es de emergencia nacional, no es seguro que pueda arrastrar fuera de la influencia de la derecha a vastos sectores de las clases medias urbanas, que se mueven sobre todo por motivaciones nacionales (estatización petrolera, destrucción del poder de la tradicional rosca oligárquica, mejoras sociales en todos los terrenos claves).
Debate: basado en claro
José Agustín Ortiz Pinchetti
Hasta hoy el debate sobre la contrarreforma petrolera ha significado:
1. Privatización: va imponiéndose la verdad. El proyecto significa: “volver privado lo que es público o transferir al sector particular la gestión administrativa o el dominio de bienes activos, empresas o negocios pertenecientes al área estatal de la economía”. En el diccionario, aquí y en China, lo que propone Calderón es privatizar.
2. Inconstitucionalidad: el texto y el espíritu de la Constitución no dejan lugar a dudas. La reforma que promovió el general Cárdenas en 1938, la de López Mateos en 1960, la de 1983 que modificó los artículos 25 y 26 de la Constitución y que definió como estratégica y exclusiva del Estado a la industria petrolera, son inequívocas. No hay necesidad de un ejercicio lingüístico. El petróleo y su explotación en toda la cadena son de la nación. Privatizar cualquiera de estas actividades es inconstitucional.
3. El gran tema es la corrupción y la opacidad en las operaciones en Pemex. Tenemos que afrontar esto antes de pensar qué hacer con la paraestatal. Claudia Sheinbaum destacó este tema en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y “propuso un comité anticorrupción”. El mismo día se supo que se había desarticulado una red de funcionarios y proveedores de Pemex-Petroquímica que hizo fraudes a partir de 2006. Aguilar Camín, Porfirio Muñoz Ledo y muchos analistas serios coinciden en este punto. Este es el punto más fuerte que nuestra causa ha logrado hasta ahora.
4. Muerte súbita. La posición del PRI no coincide con la contrarreforma. El discurso de su presidenta, Beatriz Paredes, no deja duda de que ellos van por otro camino. Lo que es coincidente con la declaración de principios, el programa de acción, la tradición y el orgullo del viejo gran partido. Si esto se confirma, la contrarreforma de Calderón está muerta.
5. Utilidad del debate. Mientras se mantenga en el recinto parlamentario, el ejercicio será un interesante precedente, pero no tendrá efectos sobre la población. Debería transmitirse una síntesis de las propuestas en los medios electrónicos y en el mejor horario posible. Mientras no suceda, sólo los familiares, amigos, colaboradores y admiradores de los ponentes se enterarán de lo que se está discutiendo.
Hasta hoy el debate sobre la contrarreforma petrolera ha significado:
1. Privatización: va imponiéndose la verdad. El proyecto significa: “volver privado lo que es público o transferir al sector particular la gestión administrativa o el dominio de bienes activos, empresas o negocios pertenecientes al área estatal de la economía”. En el diccionario, aquí y en China, lo que propone Calderón es privatizar.
2. Inconstitucionalidad: el texto y el espíritu de la Constitución no dejan lugar a dudas. La reforma que promovió el general Cárdenas en 1938, la de López Mateos en 1960, la de 1983 que modificó los artículos 25 y 26 de la Constitución y que definió como estratégica y exclusiva del Estado a la industria petrolera, son inequívocas. No hay necesidad de un ejercicio lingüístico. El petróleo y su explotación en toda la cadena son de la nación. Privatizar cualquiera de estas actividades es inconstitucional.
3. El gran tema es la corrupción y la opacidad en las operaciones en Pemex. Tenemos que afrontar esto antes de pensar qué hacer con la paraestatal. Claudia Sheinbaum destacó este tema en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y “propuso un comité anticorrupción”. El mismo día se supo que se había desarticulado una red de funcionarios y proveedores de Pemex-Petroquímica que hizo fraudes a partir de 2006. Aguilar Camín, Porfirio Muñoz Ledo y muchos analistas serios coinciden en este punto. Este es el punto más fuerte que nuestra causa ha logrado hasta ahora.
4. Muerte súbita. La posición del PRI no coincide con la contrarreforma. El discurso de su presidenta, Beatriz Paredes, no deja duda de que ellos van por otro camino. Lo que es coincidente con la declaración de principios, el programa de acción, la tradición y el orgullo del viejo gran partido. Si esto se confirma, la contrarreforma de Calderón está muerta.
5. Utilidad del debate. Mientras se mantenga en el recinto parlamentario, el ejercicio será un interesante precedente, pero no tendrá efectos sobre la población. Debería transmitirse una síntesis de las propuestas en los medios electrónicos y en el mejor horario posible. Mientras no suceda, sólo los familiares, amigos, colaboradores y admiradores de los ponentes se enterarán de lo que se está discutiendo.
Conflicto andino: lastres para la solución
Editorial
A más de dos meses de haberse detonado la llamada crisis andina, originada por el ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, no parece haber expectativas de solución para el conflicto que actualmente enfrenta a los gobiernos de Bogotá, Quito y Caracas y, por el contrario, todo parece indicar que la situación se acerca a un periodo de recrudecimiento. Ayer, el gobierno que encabeza Hugo Chávez denunció, vía un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, una incursión ilegal de las milicias colombianas, ocurrida el pasado viernes en territorio venezolano. En el documento se califica el hecho como “un acto de provocación” y se demanda “el cese inmediato de estas violaciones del derecho internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela”. En respuesta, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, expresó su disposición a investigar los hechos y a “ofrecer excusas” en caso de que sus indagaciones arrojen que en efecto sus soldados violaron los límites con la nación vecina. Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que Colombia no ha sido ni será nunca un “país belicista”, pero que, en la circunstancia actual y dado el conflicto interno que ahí se vive desde hace más de cuatro décadas, “nos rebelamos contra el terrorismo y vamos a derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”.
El solo antecedente del ataque del ejército de Colombia en territorio de Ecuador, violación flagrante a la soberanía de este último país y a las consideraciones humanitarias más elementales, dada la forma en que las víctimas fueron ultimadas, dota de verosimilitud las acusaciones del gobierno venezolano y demanda un pronto esclarecimiento de los hechos. De confirmarse los señalamientos de Caracas, el gobierno uribista quedaría a ojos de la opinión pública internacional como un transgresor sistemático de la legalidad internacional y de la integridad territorial de otras naciones.
Ante tal panorama, las eventuales excusas ofrecidas por la Casa de Nariño serían, por decir lo menos, una respuesta insatisfactoria, que no garantizarían en forma alguna que no se repitiera el hecho, y que antes bien pudieran constituir una fachada del gobierno colombiano para encubrir nuevas agresiones en contra del venezolano: debe recordarse que, como lo ha señalado el presidente Correa, al mismo tiempo que el propio Uribe ofrecía disculpas a Ecuador por el bombardeo lanzado sobre su territorio, emprendía una ofensiva mediática orientada a vincular políticamente, y con base en información por demás cuestionable y en acusaciones inconsistentes, a las FARC con los gobiernos de Quito y Caracas. Por tanto, la confirmación de estos hechos tendría que ir acompañada de una condena ejemplar de la comunidad internacional, una sanción ejemplar para los responsables de la transgresión y una demanda enérgica de que Bogotá se desista de llevar a cabo este tipo de acciones en lo sucesivo.
Por lo demás, acaso lo más preocupante del discurso uribista es que, al afirmar que las acciones de su gobierno obedecen a sus afanes por “derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”, el gobernante parece asegurar que es válido que la ilegalidad sea combatida con más ilegalidad, y que en el contexto de ese combate no importan los atropellos cometidos por su gobierno dentro y fuera de Colombia.
El estado actual del conflicto andino requiere por parte del gobierno colombiano algo más que las “excusas” prometidas por su titular: exige una disposición real para esclarecer cabal y satisfactoriamente los sucesos del pasado primero de marzo y para dialogar, en lugar de atacar, a los gobiernos de las naciones vecinas. Por su parte, sería pertinente que la sociedad colombiana reconociera que la política militarista seguida por su gobierno ha arrojado más daño que expectativas reales de solución al añejo conflicto que esa nación enfrenta, comprender que además constituye un factor de riesgo para la estabilidad regional, y demandar, en consecuencia, un viraje en los términos en que se desenvuelven sus autoridades.
A más de dos meses de haberse detonado la llamada crisis andina, originada por el ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, no parece haber expectativas de solución para el conflicto que actualmente enfrenta a los gobiernos de Bogotá, Quito y Caracas y, por el contrario, todo parece indicar que la situación se acerca a un periodo de recrudecimiento. Ayer, el gobierno que encabeza Hugo Chávez denunció, vía un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, una incursión ilegal de las milicias colombianas, ocurrida el pasado viernes en territorio venezolano. En el documento se califica el hecho como “un acto de provocación” y se demanda “el cese inmediato de estas violaciones del derecho internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela”. En respuesta, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, expresó su disposición a investigar los hechos y a “ofrecer excusas” en caso de que sus indagaciones arrojen que en efecto sus soldados violaron los límites con la nación vecina. Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que Colombia no ha sido ni será nunca un “país belicista”, pero que, en la circunstancia actual y dado el conflicto interno que ahí se vive desde hace más de cuatro décadas, “nos rebelamos contra el terrorismo y vamos a derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”.
El solo antecedente del ataque del ejército de Colombia en territorio de Ecuador, violación flagrante a la soberanía de este último país y a las consideraciones humanitarias más elementales, dada la forma en que las víctimas fueron ultimadas, dota de verosimilitud las acusaciones del gobierno venezolano y demanda un pronto esclarecimiento de los hechos. De confirmarse los señalamientos de Caracas, el gobierno uribista quedaría a ojos de la opinión pública internacional como un transgresor sistemático de la legalidad internacional y de la integridad territorial de otras naciones.
Ante tal panorama, las eventuales excusas ofrecidas por la Casa de Nariño serían, por decir lo menos, una respuesta insatisfactoria, que no garantizarían en forma alguna que no se repitiera el hecho, y que antes bien pudieran constituir una fachada del gobierno colombiano para encubrir nuevas agresiones en contra del venezolano: debe recordarse que, como lo ha señalado el presidente Correa, al mismo tiempo que el propio Uribe ofrecía disculpas a Ecuador por el bombardeo lanzado sobre su territorio, emprendía una ofensiva mediática orientada a vincular políticamente, y con base en información por demás cuestionable y en acusaciones inconsistentes, a las FARC con los gobiernos de Quito y Caracas. Por tanto, la confirmación de estos hechos tendría que ir acompañada de una condena ejemplar de la comunidad internacional, una sanción ejemplar para los responsables de la transgresión y una demanda enérgica de que Bogotá se desista de llevar a cabo este tipo de acciones en lo sucesivo.
Por lo demás, acaso lo más preocupante del discurso uribista es que, al afirmar que las acciones de su gobierno obedecen a sus afanes por “derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”, el gobernante parece asegurar que es válido que la ilegalidad sea combatida con más ilegalidad, y que en el contexto de ese combate no importan los atropellos cometidos por su gobierno dentro y fuera de Colombia.
El estado actual del conflicto andino requiere por parte del gobierno colombiano algo más que las “excusas” prometidas por su titular: exige una disposición real para esclarecer cabal y satisfactoriamente los sucesos del pasado primero de marzo y para dialogar, en lugar de atacar, a los gobiernos de las naciones vecinas. Por su parte, sería pertinente que la sociedad colombiana reconociera que la política militarista seguida por su gobierno ha arrojado más daño que expectativas reales de solución al añejo conflicto que esa nación enfrenta, comprender que además constituye un factor de riesgo para la estabilidad regional, y demandar, en consecuencia, un viraje en los términos en que se desenvuelven sus autoridades.
La super computadora de Raul Reyes: En contexto
Un grupo de 12 estadounidenses dieron una semana antes reporte contrario a la Interpol. ¿A quien creerle?
False Flags Operation: Ocurre cuando elemento de un gobierno pretende una operacion secreta en la que fuerzan gubernamentales simula ser fuerzas enemigas, que ataca al mismo pueblo o a las mismas fuerzas gubernamentales, y el ataque se atribuye al enemigo para justificar una guerra contra dicho enemigo: Ruben Luengas "En contexto".
False Flags Operation: Ocurre cuando elemento de un gobierno pretende una operacion secreta en la que fuerzan gubernamentales simula ser fuerzas enemigas, que ataca al mismo pueblo o a las mismas fuerzas gubernamentales, y el ataque se atribuye al enemigo para justificar una guerra contra dicho enemigo: Ruben Luengas "En contexto".
Principios que deben regir la Reforma Energética 1
Audios del 1er.día del Debate Nacional sobre la Reforma Energética con el tema "Los Principios que deben regir la Reforma Energética 1" en donde participaron los siguientes ponentes:
Lic. Germán Martínez Cázares
Lic. Beatriz Paredes Rangel
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Dip. Jorge Emilio González Martínez
Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti
Dr. Lorenzo Meyer
Lic. David Ibarra Muñoz
Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra
Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera:
1. Exposición
2. Intervención
3. Réplica
4. Preguntas de los legisladores a los ponentes
5. Respuestas de los ponentes a las preguntas de los legisladores
El material del Debate Nacional es propiedad pública y se publica con el fin de analizarlo, discutirlo y distribuirlo entre todos los mexicanos que apoyan el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
Se hace el agradecimiento a la participación de los compañeros Clara, Billas, CulturaExplosiva, Ara, Kike y Ubuntu por su invaluable colaboración para que RadioAMLO este presente en el Debate Nacional sobre la Reforma Energética en la Cámara de Senadores.
Lic. Germán Martínez Cázares
Lic. Beatriz Paredes Rangel
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Dip. Jorge Emilio González Martínez
Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti
Dr. Lorenzo Meyer
Lic. David Ibarra Muñoz
Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra
Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera:
1. Exposición
2. Intervención
3. Réplica
4. Preguntas de los legisladores a los ponentes
5. Respuestas de los ponentes a las preguntas de los legisladores
El material del Debate Nacional es propiedad pública y se publica con el fin de analizarlo, discutirlo y distribuirlo entre todos los mexicanos que apoyan el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
Se hace el agradecimiento a la participación de los compañeros Clara, Billas, CulturaExplosiva, Ara, Kike y Ubuntu por su invaluable colaboración para que RadioAMLO este presente en el Debate Nacional sobre la Reforma Energética en la Cámara de Senadores.
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