Carta abierta visita Calderón a Canadá 2010
jueves, mayo 27, 2010
Mensaje AMLO 24 de mayo de 2010
Gil Diaz como Srio de Hacienda autorizó 30mmp para la fibra óptica. Ahora como Dir de Telefonica se le concesiona.
http://www.youtube.com/watch?v=gqMQfXDYcn0
http://www.youtube.com/watch?v=gqMQfXDYcn0
Con Calderón aumentan 1000% las quejas contra el Ejército: Amnistía Internacional
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (apro).- El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) capítulo México, Alberto Herrera, calificó de deficiente el sistema de justicia que impera en el país al punto de señalar que ese tema es de “máxima preocupación” para el organismo.
Al presentar el Informe Mundial Anual 2010, Herrera recriminó de nueva cuenta que los elementos de las fuerzas armadas que cometen abusos sean juzgados por tribunales militares, sobre todo en un contexto en el que han aumentado este tipo de vejaciones, y acusó a las procuradurías estatales de procesar de manera injusta a las personas más vulnerables.
Sobre ese punto, Herrera se refirió al caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes fueron acusadas injustificadamente de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro.
Y aunque celebró la liberación de las tres mujeres, advirtió que hay otros cuatro presos encarcelados por situaciones similares, luego de lo cual añadió: “No queremos ver más Jacintas, Teresas y Albertas en prisión, queremos ver libres, de manera inmediata y sin condiciones, a los presos de conciencia Raúl Hernández, Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, porque su detención es también una distorsión del sistema de justicia”.
El defensor indígena de derechos humanos, Raúl Hernández, está encarcelado en Guerrero, acusado falsamente de asesinato, en tanto que Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas permanecen en prisión en Campeche por protestar contra las altas tarifas a la energía eléctrica.
De acuerdo con AI, durante este año documentó un incremento “sustantivo y preocupante” de informes sobre abusos cometidos por militares, algunos de los cuales representan las violaciones más graves reconocidas por el marco internacional de derecho, consistentes en actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Muestra clara de ello, dijo, son las 30 recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional y el incremento de cerca de 1000% en las quejas recibidas por este órgano protector de los derechos humanos en contra del Ejército mexicano entre el año 2006 y el año 2009.
Según Herrera, resulta especialmente preocupante la práctica sistemática de investigar y juzgar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el sistema de justicia militar que incumple con estándares internacionales de derechos humanos y del debido proceso, y que ha demostrado ser un espacio de impunidad.
Por otro lado, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México significó una preocupación especial para Amnistía Internacional durante el año 2009.
Aun con medidas provisionales y casos abiertos bajo discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de hostigamiento en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá no cesaron, precisó.
Decenas de casos, sumados a la reciente emboscada que sufrió la caravana que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, agregó, son sólo una muestra de la incapacidad que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar protección y seguridad a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Sobre el tema migratorio, resaltó que la falta de consistencia de los esfuerzos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades federales ha sido evidente en lo relativo a ese punto.
Herrera añadió que mientras distintas autoridades han reprobado adecuadamente la llamada “Ley Arizona”, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pocos pronunciamientos se han escuchado con la misma contundencia, reconociendo la existencia de abusos graves y generalizados contra migrantes centroamericanos en México.
Y remató: “La justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra los migrantes irregulares en nuestro país, a quienes hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos, a quienes en ocasiones agreden hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados de la República”.
Informe de Amnistía Internacional, 2010
Al presentar el Informe Mundial Anual 2010, Herrera recriminó de nueva cuenta que los elementos de las fuerzas armadas que cometen abusos sean juzgados por tribunales militares, sobre todo en un contexto en el que han aumentado este tipo de vejaciones, y acusó a las procuradurías estatales de procesar de manera injusta a las personas más vulnerables.
Sobre ese punto, Herrera se refirió al caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes fueron acusadas injustificadamente de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro.
Y aunque celebró la liberación de las tres mujeres, advirtió que hay otros cuatro presos encarcelados por situaciones similares, luego de lo cual añadió: “No queremos ver más Jacintas, Teresas y Albertas en prisión, queremos ver libres, de manera inmediata y sin condiciones, a los presos de conciencia Raúl Hernández, Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, porque su detención es también una distorsión del sistema de justicia”.
El defensor indígena de derechos humanos, Raúl Hernández, está encarcelado en Guerrero, acusado falsamente de asesinato, en tanto que Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas permanecen en prisión en Campeche por protestar contra las altas tarifas a la energía eléctrica.
De acuerdo con AI, durante este año documentó un incremento “sustantivo y preocupante” de informes sobre abusos cometidos por militares, algunos de los cuales representan las violaciones más graves reconocidas por el marco internacional de derecho, consistentes en actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Muestra clara de ello, dijo, son las 30 recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional y el incremento de cerca de 1000% en las quejas recibidas por este órgano protector de los derechos humanos en contra del Ejército mexicano entre el año 2006 y el año 2009.
Según Herrera, resulta especialmente preocupante la práctica sistemática de investigar y juzgar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el sistema de justicia militar que incumple con estándares internacionales de derechos humanos y del debido proceso, y que ha demostrado ser un espacio de impunidad.
Por otro lado, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México significó una preocupación especial para Amnistía Internacional durante el año 2009.
Aun con medidas provisionales y casos abiertos bajo discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de hostigamiento en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá no cesaron, precisó.
Decenas de casos, sumados a la reciente emboscada que sufrió la caravana que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, agregó, son sólo una muestra de la incapacidad que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar protección y seguridad a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Sobre el tema migratorio, resaltó que la falta de consistencia de los esfuerzos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades federales ha sido evidente en lo relativo a ese punto.
Herrera añadió que mientras distintas autoridades han reprobado adecuadamente la llamada “Ley Arizona”, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pocos pronunciamientos se han escuchado con la misma contundencia, reconociendo la existencia de abusos graves y generalizados contra migrantes centroamericanos en México.
Y remató: “La justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra los migrantes irregulares en nuestro país, a quienes hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos, a quienes en ocasiones agreden hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados de la República”.
Informe de Amnistía Internacional, 2010
Informe 2010
p1000410.Esp (AIR10 Fact and Figures V2 21May2010 ESP)
Porque le tiene tanto miedo Calderón a la transparencia?
Gobierno federal deja sin poder al IFAI; comisionados anuncian amparo
Se recrudece acoso gubernamental contra el IFAI
México, D.F a 26 de mayo (apro).- Al final de la sesión pública de hoy miércoles, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), encabezados por su presienta, Jacqueline Peschard, emitirán un pronunciamiento en contra del gobierno de Felipe Calderón por las recientes maniobras legales que frenan la apertura de archivos oficiales, la transparencia en el uso del erario y la rendición de cuentas sobre decisiones trascendentes para el país.
Ayer martes, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) obtuvo una suspensión provisional contra una resolución del IFAI otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que, por lo pronto, detendrá el fallo de los comisionados, que ordenaba revelar los nombres de más de 559 mil personas y empresas favorecidas con la cancelación de créditos fiscales.
La Tercera Sala Regional Metropolitana admitió a trámite un juicio de nulidad promovido por el SAT y le concedió la suspensión. Esto significa en términos prácticos que la resolución del IFAI sobre este controvertido tema fue enviada a la congeladora, según se desprende de información publicada por el diario Reforma en su edición impresa.
Desde hace tres semanas, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero –uno de los amigos más cercanos Felipe Calderón- buscó opciones para no cumplir con la resolución del IFAI en el sentido de abrir los archivos con los nombres de las personas a quienes se les cancelaron créditos fiscales por 73 millones 900 mil pesos.
Cordero hizo consultas con los abogados de Hacienda. La primera intención fue seguir con un amparo ante los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Pero ante la posibilidad de perder por este camino –como ha sucedido con otras instancias de Gobierno-, se estudiaron otras alternativas hasta que, finalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) les mostró la llave para cerrar la puerta.
El pasado fin de semana, la PGR consiguió una suspensión provisional por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no entregar una investigación ya concluida contra la exjefa de Gobierno, Rosario Robles, en la que decidieron no ejercitar acción penal.
Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), una instancia dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emitieron una sentencia inédita, mediante la cual se erigieron como la última instancia para decidir la apertura o cierre de archivos oficiales y transparentar la información del erario, colocándose a sí mismos por encima del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
En respuesta, los comisionados del IFAI anunciaron que impugnarán la decisión del TFJFA mediante un amparo que podría terminar en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante siete años, los comisionados del IFAI han tenido la última palabra en materia de transparencia. El hecho de que las resoluciones de los comisionados tuvieran por ley la categoría de “inapelables e inacatables”, obligaba a los funcionarios a rendir cuentas sobre su trabajo y el uso del erario sin poder apelar a los tribunales.
Oficinas del IFAI en Coyoacán.MÉXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), una instancia dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emitieron una sentencia inédita, mediante la cual se erigieron como la última instancia para decidir la apertura o cierre de archivos oficiales y transparentar la información del erario, colocándose a sí mismos por encima del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
En respuesta, los comisionados del IFAI anunciaron que impugnarán la decisión del TFJFA mediante un amparo que podría terminar en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante siete años, los comisionados del IFAI han tenido la última palabra en materia de transparencia. El hecho de que las resoluciones de los comisionados tuvieran por ley la categoría de “inapelables e inacatables”, obligaba a los funcionarios a rendir cuentas sobre su trabajo y el uso del erario sin poder apelar a los tribunales.
A lo largo de ese tiempo, los funcionarios y algunas instancias de gobierno –primero durante el sexenio de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón-- probaron suerte tramitando amparos para no entregar los documentos requeridos por ciudadanos y periodistas. No obstante, siempre perdieron ante los juzgados federales.
Ante esta muralla imposible de superar en las instancias del Poder Judicial Federal, el gobierno cambió su estrategia para presentar sus inconformidades –llamados juicios de nulidad-- ante el TFJFA.
La diferencia entre ambos es que mientras el segundo pertenece por completo al gobierno el primero goza de autonomía respecto del mandatario en turno.
Durante el pasado fin de semana, el TFJFA --cuyos magistrados los nombra directamente el presidente-- admitieron una demanda tramitada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el IFAI por obligarlos a entregar fotocopias de una averiguación previa ya concluida sobre investigaciones contra la exjefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.
Durante tres años, el gobierno de Calderón y, específicamente, la PGR, presentó 15 juicios de nulidad contra resoluciones del IFAI, sin éxito alguno. Pero su suerte cambió el pasado fin de semana cuando el TFJFA se declaró competente para revisar y, en su caso, revocar las decisiones de los comisionados.
Los comisionados encabezados por su presidenta, Jacqueline Peschard Mariscal manifestaron su “enérgico rechazo” a la decisión ilegal del TFJFA.
Mediante un comunicado, las comisionadas Peschard, y María Marván calificaron de “ilegal” la actuación del TFJFA, y advirtieron que “constituye una clara amenaza al derecho de acceso a la información”.
Con la resolución del TFJFA, “queda muerto” el derecho de acceso a la información para la persona que hizo una solicitud a la PGR, aseguró, por su parte, la comisionada Marván.
De manera particular, las comisionadas manifestaron su extrañeza por la decisión del TFJFA de admitir y resolver este caso, aun cuando el mismo Tribunal había desechado previamente otros 30 casos, por considerar que no era competente para conocerlos.
Además, las comisionadas recordaron que existe la palabra empeñada del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien aseguró que el gobierno federal no busca establecer una instancia revisora de las resoluciones del IFAI.
En respuesta, los comisionados del IFAI anunciaron que impugnarán la decisión del TFJFA mediante un amparo que podría terminar en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante siete años, los comisionados del IFAI han tenido la última palabra en materia de transparencia. El hecho de que las resoluciones de los comisionados tuvieran por ley la categoría de “inapelables e inacatables”, obligaba a los funcionarios a rendir cuentas sobre su trabajo y el uso del erario sin poder apelar a los tribunales.
A lo largo de ese tiempo, los funcionarios y algunas instancias de gobierno –primero durante el sexenio de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón-- probaron suerte tramitando amparos para no entregar los documentos requeridos por ciudadanos y periodistas. No obstante, siempre perdieron ante los juzgados federales.
Ante esta muralla imposible de superar en las instancias del Poder Judicial Federal, el gobierno cambió su estrategia para presentar sus inconformidades –llamados juicios de nulidad-- ante el TFJFA.
La diferencia entre ambos es que mientras el segundo pertenece por completo al gobierno el primero goza de autonomía respecto del mandatario en turno.
Durante el pasado fin de semana, el TFJFA --cuyos magistrados los nombra directamente el presidente-- admitieron una demanda tramitada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el IFAI por obligarlos a entregar fotocopias de una averiguación previa ya concluida sobre investigaciones contra la exjefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.
Durante tres años, el gobierno de Calderón y, específicamente, la PGR, presentó 15 juicios de nulidad contra resoluciones del IFAI, sin éxito alguno. Pero su suerte cambió el pasado fin de semana cuando el TFJFA se declaró competente para revisar y, en su caso, revocar las decisiones de los comisionados.
Los comisionados encabezados por su presidenta, Jacqueline Peschard Mariscal manifestaron su “enérgico rechazo” a la decisión ilegal del TFJFA.
Mediante un comunicado, las comisionadas Peschard, y María Marván calificaron de “ilegal” la actuación del TFJFA, y advirtieron que “constituye una clara amenaza al derecho de acceso a la información”.
Con la resolución del TFJFA, “queda muerto” el derecho de acceso a la información para la persona que hizo una solicitud a la PGR, aseguró, por su parte, la comisionada Marván.
De manera particular, las comisionadas manifestaron su extrañeza por la decisión del TFJFA de admitir y resolver este caso, aun cuando el mismo Tribunal había desechado previamente otros 30 casos, por considerar que no era competente para conocerlos.
Además, las comisionadas recordaron que existe la palabra empeñada del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien aseguró que el gobierno federal no busca establecer una instancia revisora de las resoluciones del IFAI.
Una ausencia irreparable
Alberto Velásquez trabajaba para decir lo que otros callaban. Con una bala a la altura del corazón, terminaron con el fundador del diario Expresiones de Tulum, quien dedicó su vida a buscar la verdad. Su asesinato, el único a un informador en Quintana Roo, sigue impune. No hay culpables, ni siquiera indicios de encontrarlos. Los días de su muerte se siguen contando en la casa donde está ausente y en el periódico, que exije justicia.
Paulina Monroy / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Tulum, Quintana Roo. Las oficinas del diario Expresiones de Tulum están instaladas en una casa de piso de cemento. No tiene las paredes pintadas ni nada que identifique que ahí se crea un periódico. La rotativa de medio uso está en el patio, es una máquina que parece sacada de una tienda de antigüedades. En el pequeño librero se guardan biblias y biografías. La habitación de las niñas está convertida en la redacción. Todavía hay estampas en las paredes. En par están las sillas de plástico, las mesas y las computadoras. Aquí es donde los vecinos vienen a denunciar lo que les parece injusto o inapropiado. Los reporteros les sirven de oídos y voz.
Para relevar las placas se improvisó un aparato con focos y madera. Podría decirse que el diario Expresiones de Tulum se creaba de manera casi artesanal. Después del atentado, el equipo ve necesario mudarse. Ha pasado tiempo desde que dos bombas molotov explotaron en la puerta. Han pasado cuatro meses desde que, a menos de 300 metros, Alberto Velásquez, fundador del periódico, fue asesinado.
Aquel 22 de diciembre, el reportero fue el último en llegar a la posada celebrada en las instalaciones del diario. Le prometió a su esposa María Dolores que no tardaría. Ella decidió no acompañarlo porque todavía había ropa que empacar. Por la noche se irían a Tabasco, donde ella daría a luz a su hijo más pequeño. Alberto nunca la había hecho esperar. Esa tarde sería la excepción.
Dicen que lo vieron vacilar en salir o no, cuando una mujer lo buscó en la puerta. Sus colegas se preguntan por los hubiera: de haberse quedado; de haber advertido algo; de haber preferido viajar a Tabasco. Lo cierto es que cuando giró en una calle en reparación, un motociclista se acercó para meter la pistola por la ventana abierta del Corsa rojo y dispararle casi a la altura del corazón.
Herido, Alberto los siguió por la avenida Kulkukán. Siguiendo el camino llegó a la casa de la exesposa del presidente municipal Marciano Dzul. Con la intención de señalar al culpable, según lo aseguran sus compañeros, chocó contra un vehículo estacionado. La exesposa del regidor salió a su auxilio y platicó con el reportero. La Cruz Roja lo trasladó al Centro de Salud de Tulum, donde se negaron a socorrerlo pues sus heridas requerían atención de otro nivel.
Los medios de comunicación ya seguían el rastro de Velásquez. Expresiones de Tulum fue el último en ser informado. Cuando el director y el reportero Luis Gamboa llegaron al lugar del atentado, su compañero ya había sido llevado a Playa del Carmen. Ahí lo estabilizaron y otra vez fue trasladado. En el trayecto a Cancún, perdió la vida.
Sus últimas palabras fueron grabadas por una reportera del periódico Quequi: que al agresor lo conocen como el Biónico, que era gente del alcalde Marciano Dzul. Hasta hoy, la grabación está pérdida. Nadie quería hablar con María Dolores por sus casi nueve meses de embarazo. Esperándolo, los hijos de Alberto se quedaron dormidos. Le dijeron a su mamá que, cuando llegara, le diera un beso por ellos.
En el tabloide Expresiones de Tulum la cuenta no es regresiva. No se esperan cuántos días faltan para… sino los días que siguen corriendo sin que el caso sea esclarecido. En el cintillo de la edición del 27 de abril se lee el reclamo: “Ya van 127 días del impune asesinato de Alberto Velásquez”. Quizás la cuenta siga creciendo.
La manta frente al Palacio Municipal demandó una respuesta: “¿Cuándo van a encontrar a los responsables?” Mientras que en la voz de María Dolores se oye la resignación. ¿De qué vale que capturen o no al asesino cuando le han arrebatado a su marido? La hija mayor tiene una pregunta que no le contestan: “¿Cómo murió mi papá?” En cambio, hay alegría en los más pequeñitos porque juegan despreocupados con las burbujas de jabón. El bebé, que nació 14 días después del asesinato, alza los brazos para tocarlas. Todavía no sabe que tiene la mirada del padre que no conoció.
No parecen importantes los reclamos de justicia ni el silencio de la viuda. Si pasa un día más o hasta un año, no hay ninguna diferencia. El asesinato contra el fundador del diario Expresiones de Tulum sigue impune. No hay detenidos ni siquiera sospechosos en una investigación que, según la Procuraduría de Justicia del estado de Quintana Roo, estaba a nada de resolverse.
Para leer articulo completo AQUI.
Caso Cevallos: manipulación mediática
Desde el pasado 15 de mayo, el posible secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos ha ocupado los titulares de los medios oficialistas.
El hecho viene a sumarse a otros con los que en los últimos dos años la derecha en el poder, presentándose como víctima, y consciente de que su gobierno no tiene legitimidad, ha tratado de ganarse el apoyo de la sociedad usando estrategias de manipulación mediática.
Cabe recordar, por ejemplo, los bombazos contra el pueblo de Morelia el 15 de septiembre de 2008; la sospechosa muerte de Mouriño, en un supuesto accidente aéreo; la de Carlos Abascal, esta última por enfermedad; la pretendida epidemia de influenza, que le sirvió a Calderón para presentarse como “salvador”, no sólo del país, sino del mundo entero; la farsa de la “renuncia” de Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación, hace unos meses, y este último episodio, de la repentina desaparición de Cevallos, quien fuera en 1995 candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN).
Se trata de hechos de diferente origen –algunos naturales, otros fabricados o exagerados; unos transparentes, otros misteriosos–, pero que la propaganda oficialista ha usado para sus propios fines: idealizar a los derechistas y respaldar las políticas de Calderón, como es la militarización que con el pretexto de la “lucha contra el narco” ha implantando el gobierno federal.
En todos esos casos, los sectores afines al gobierno panista, como la jerarquía católica, grupos empresariales y, ante todo, el coro mediático que apoya al gobierno espurio, hacen visible su apoyo al panismo en el poder.
Al cierre de esta edición, se seguía ignorando el paradero del panista, sobre el cual se manejaban versiones contradictorias, pero lo que sí se puede constatar, independientemente del desenlace que pueda tener, es la manipulación mediática que ha motivado.
Salinista y reaccionario
Así, muchos medios han aprovechado la coyuntura para hacer apología de Cevallos, refiriéndose a él como el jefe Diego (¿jefe de quiénes?), y presentándolo como un gran héroe, como si hubiera hecho cosas muy buenas para el pueblo de México.
La verdad es otra
Proveniente de una acaudalada familia de panistas queretanos, Cevallos es uno de los personajes más identificados con las raíces conservadoras del PAN y con los grandes intereses económicos.
Hizo su carrera política en el sexenio de Salinas de Gortari, cuando fue –junto con Luis H Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Francisco Barrio y Carlos Medina Plascencia– uno de los panistas que le ayudaron a legitimar su gobierno luego del fraude electoral de 1988.
Aunque en esa época los panistas salinistas comenzaron a llamar a Cevallos el jefe Diego, éste se ganó también el mote de la Ardilla por el mucho tiempo que pasaba en Los Pinos intrigando con Salinas, que era su verdadero jefe.
Acerca de Salinas, Cevallos decía que “ha recogido muchas demandas de la sociedad y muchos reclamos concretos del PAN”, y que “acabó con una legislación de guerra contra la Iglesia Católica” (Proceso 885, 18 de octubre de 1993).
A su vez, en su libro México. Un paso difícil hacia la modernidad, que Salinas de Gortari publicó en 2000 (Plaza y Janés, Barcelona, página 435), calificaba a Diego como uno de los miembros “más destacados y combativos” del PAN y como “uno de los dirigentes panistas más lúcidos y de convicciones más firmes”.
Con el aval de Salinas, el PAN comenzó la labor de destrucción del Estado laico, en la que sobresalieron en esa época personajes como Cevallos, quien gustaba de ir a los recintos oficiales ostentando en la frente la ceniza que le habían impuesto en el templo, y hacía gala de su desprecio hacia las leyes de Reforma, al estar casado sólo por lo religioso.
Hoy sabemos que, como suele suceder, esas actitudes eran hipócritas y nacían de una doble moral, pues hace unos años a Cevallos le dio por buscarse una novia en Arandas, Jalisco, muchísimo más joven que él, en detrimento de su compañera de toda la vida. Ésa es la religiosidad de los panistas, a quienes tanto bendice el clero.
Como fruto del tórrido romance, el panista aportó 32 de los 334 millones de pesos que costó la llamada “carretera del amor” que llega a la población de Arandas (www.cnnexpansion.com/…/quien-es-diego-fernandez-de-cevallos, 15 de mayo de 2010), que va hacia la población de su amada.
Entre los hechos más conocidos de Cevallos se cuentan: su apoyo a la llamada “Ley Televisa”, que benefició al duopolio televisivo; sus litigios para defender a grandes empresas como Jugos de Valle, a la que consiguió devoluciones de impuestos por 1 mil 800 millones de pesos, al igual que el regalo que recibió en 1993 de manos del entonces gobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Massieu (cuñado de Carlos Salinas de Gortari), y que comprendía terrenos en Punta Diamante en Acapulco, que sumaban 60 mil metros cuadrados (www.cnnexpansion.com).
El pueblo de México no le debe nada a Fernández de Cevallos, quien por el contrario, ha sido defensor de los más ricos y del clero.
No es bueno alegrarse de los problemas ajenos, incluyendo los que pudiera tener Cevallos (si su “secuestro” es real y no un mero montaje mediático), pero la solidaridad popular no debe estar con los enemigos del pueblo, sino con quienes están sufriendo las persecuciones del régimen: desde los electricistas y otros trabajadores, hasta las mujeres que en muchas entidades son encarceladas por abortar, o los periodistas de medios críticos que son perseguidos por el gobierno.
Obviedad
Las estrategias mediáticas del calderonismo suelen ser bastante obvias y están dirigidas al terreno fértil de un público embrutecido por la costumbre de pasar muchas horas frente a la televisión o por escuchar demasiada propaganda oficialista en los programas de radio.
En este caso, del supuesto secuestro de Cevallos, llama la atención que el asunto surja apenas a unos días de que la derecha pudo constatar la reacción popular, incluso internacional, de solidaridad motivada por el ataque contra activistas y contra periodistas de la revista Contralínea en Oaxaca.
La derecha quiere fabricarle a Cevallos el papel de héroe, creando consternación por su desaparición, como si él se identificara con el pueblo o como si tuviera alguna autoridad moral y no formara parte, por el contrario, del poder que ha estado expoliando y masacrando a la población.
Es de notarse, también, que las tácticas sanguinarias de gobernar mediante el miedo y el engaño colectivo, tratando de atemorizar a la población mediante asesinatos, secuestros y bombazos, son precisamente las que ejerció en su sexenio Salinas, y que desembocaron en el asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu. Al parecer, los panistas están siguiendo los pasos de su maestro, sobre todo ahora que se aproximan las elecciones de 2012.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
Cabe recordar, por ejemplo, los bombazos contra el pueblo de Morelia el 15 de septiembre de 2008; la sospechosa muerte de Mouriño, en un supuesto accidente aéreo; la de Carlos Abascal, esta última por enfermedad; la pretendida epidemia de influenza, que le sirvió a Calderón para presentarse como “salvador”, no sólo del país, sino del mundo entero; la farsa de la “renuncia” de Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación, hace unos meses, y este último episodio, de la repentina desaparición de Cevallos, quien fuera en 1995 candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN).
Se trata de hechos de diferente origen –algunos naturales, otros fabricados o exagerados; unos transparentes, otros misteriosos–, pero que la propaganda oficialista ha usado para sus propios fines: idealizar a los derechistas y respaldar las políticas de Calderón, como es la militarización que con el pretexto de la “lucha contra el narco” ha implantando el gobierno federal.
En todos esos casos, los sectores afines al gobierno panista, como la jerarquía católica, grupos empresariales y, ante todo, el coro mediático que apoya al gobierno espurio, hacen visible su apoyo al panismo en el poder.
Al cierre de esta edición, se seguía ignorando el paradero del panista, sobre el cual se manejaban versiones contradictorias, pero lo que sí se puede constatar, independientemente del desenlace que pueda tener, es la manipulación mediática que ha motivado.
Salinista y reaccionario
Así, muchos medios han aprovechado la coyuntura para hacer apología de Cevallos, refiriéndose a él como el jefe Diego (¿jefe de quiénes?), y presentándolo como un gran héroe, como si hubiera hecho cosas muy buenas para el pueblo de México.
La verdad es otra
Proveniente de una acaudalada familia de panistas queretanos, Cevallos es uno de los personajes más identificados con las raíces conservadoras del PAN y con los grandes intereses económicos.
Hizo su carrera política en el sexenio de Salinas de Gortari, cuando fue –junto con Luis H Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Francisco Barrio y Carlos Medina Plascencia– uno de los panistas que le ayudaron a legitimar su gobierno luego del fraude electoral de 1988.
Aunque en esa época los panistas salinistas comenzaron a llamar a Cevallos el jefe Diego, éste se ganó también el mote de la Ardilla por el mucho tiempo que pasaba en Los Pinos intrigando con Salinas, que era su verdadero jefe.
Acerca de Salinas, Cevallos decía que “ha recogido muchas demandas de la sociedad y muchos reclamos concretos del PAN”, y que “acabó con una legislación de guerra contra la Iglesia Católica” (Proceso 885, 18 de octubre de 1993).
A su vez, en su libro México. Un paso difícil hacia la modernidad, que Salinas de Gortari publicó en 2000 (Plaza y Janés, Barcelona, página 435), calificaba a Diego como uno de los miembros “más destacados y combativos” del PAN y como “uno de los dirigentes panistas más lúcidos y de convicciones más firmes”.
Con el aval de Salinas, el PAN comenzó la labor de destrucción del Estado laico, en la que sobresalieron en esa época personajes como Cevallos, quien gustaba de ir a los recintos oficiales ostentando en la frente la ceniza que le habían impuesto en el templo, y hacía gala de su desprecio hacia las leyes de Reforma, al estar casado sólo por lo religioso.
Hoy sabemos que, como suele suceder, esas actitudes eran hipócritas y nacían de una doble moral, pues hace unos años a Cevallos le dio por buscarse una novia en Arandas, Jalisco, muchísimo más joven que él, en detrimento de su compañera de toda la vida. Ésa es la religiosidad de los panistas, a quienes tanto bendice el clero.
Como fruto del tórrido romance, el panista aportó 32 de los 334 millones de pesos que costó la llamada “carretera del amor” que llega a la población de Arandas (www.cnnexpansion.com/…/quien-es-diego-fernandez-de-cevallos, 15 de mayo de 2010), que va hacia la población de su amada.
Entre los hechos más conocidos de Cevallos se cuentan: su apoyo a la llamada “Ley Televisa”, que benefició al duopolio televisivo; sus litigios para defender a grandes empresas como Jugos de Valle, a la que consiguió devoluciones de impuestos por 1 mil 800 millones de pesos, al igual que el regalo que recibió en 1993 de manos del entonces gobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Massieu (cuñado de Carlos Salinas de Gortari), y que comprendía terrenos en Punta Diamante en Acapulco, que sumaban 60 mil metros cuadrados (www.cnnexpansion.com).
El pueblo de México no le debe nada a Fernández de Cevallos, quien por el contrario, ha sido defensor de los más ricos y del clero.
No es bueno alegrarse de los problemas ajenos, incluyendo los que pudiera tener Cevallos (si su “secuestro” es real y no un mero montaje mediático), pero la solidaridad popular no debe estar con los enemigos del pueblo, sino con quienes están sufriendo las persecuciones del régimen: desde los electricistas y otros trabajadores, hasta las mujeres que en muchas entidades son encarceladas por abortar, o los periodistas de medios críticos que son perseguidos por el gobierno.
Obviedad
Las estrategias mediáticas del calderonismo suelen ser bastante obvias y están dirigidas al terreno fértil de un público embrutecido por la costumbre de pasar muchas horas frente a la televisión o por escuchar demasiada propaganda oficialista en los programas de radio.
En este caso, del supuesto secuestro de Cevallos, llama la atención que el asunto surja apenas a unos días de que la derecha pudo constatar la reacción popular, incluso internacional, de solidaridad motivada por el ataque contra activistas y contra periodistas de la revista Contralínea en Oaxaca.
La derecha quiere fabricarle a Cevallos el papel de héroe, creando consternación por su desaparición, como si él se identificara con el pueblo o como si tuviera alguna autoridad moral y no formara parte, por el contrario, del poder que ha estado expoliando y masacrando a la población.
Es de notarse, también, que las tácticas sanguinarias de gobernar mediante el miedo y el engaño colectivo, tratando de atemorizar a la población mediante asesinatos, secuestros y bombazos, son precisamente las que ejerció en su sexenio Salinas, y que desembocaron en el asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu. Al parecer, los panistas están siguiendo los pasos de su maestro, sobre todo ahora que se aproximan las elecciones de 2012.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
En México, los narcos "mantienen relaciones estables con el sector oficial": The New Yorker
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (apro).- El cártel de La Familia Michoacana vino a llenar el vacío creado en México por la desconfianza pública hacia la policía y los tribunales, señala un texto de la revista estadunidense The New Yorker, que aparecerá publicado en su edición del próximo lunes 31.
Escrito por William Finnegan, el reportaje titulado “Silver or lead” (Plata o plomo) apunta que en la última década el tráfico de drogas floreció en México y que “sus practicantes (los narcos) mantienen relaciones estables con el sector oficial”.
Según Finnegan, la elección de Vicente Fox en el 2000, “cambió el status quo entre narcotraficantes y el gobierno”.
El autor del texto estuvo dos meses en la zona de influencia de La Familia Michoacana, donde pudo constatar el poder “omnipresente” que tiene ese grupo criminal en todo el país.
En su visita a Zitácuaro, por ejemplo, lo primero que encontró al llegar a esa localidad fue el cuerpo desmembrado de un hombre joven que quedó en medio de la intersección principal. “Fue un ejemplo de lo que llaman cadáver de mensajería”, añade.
Y menciona que al lado de los cuerpos mutilados generalmente aparecen “mensajes de terror” escritos a mano “suficientemente claros”, como uno que decía: "Usted consigue lo que usted se merece".
La Familia Michoacana, agrega, es un grupo del crimen organizado “cuyas depredaciones impregnan la vida de la región”, luego de que el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra a los traficantes de drogas en el país cuando asumió el cargo, en diciembre de 2006.
De acuerdo con The New Yorker, más de 23 mil personas han muerto desde la declaración de guerra de Calderón. La inseguridad, apunta, se ha vuelto envolvente, y la población mexicana debe cuidarse cada vez más del secuestro, la extorsión, la tortura, el desempleo…
Y, mientras, anota, las grandes organizaciones del crimen organizado, que “se han diversificado de manera rentable”, siguen ganando miles de millones de dólares. En Michoacán, agrega, una estimación reciente encontró que entre 5 y 8% de los negocios legítimos participan de alguna manera con La Familia.
Entre las organizaciones criminales de México, precisa, La Familia ha ganado un lugar preponderante, y recuerda que ganó la atención nacional en septiembre de 2006, cuando cinco cabezas rodaron sobre la pista de baile en un club nocturno de Uruapan, Michoacán.
El periodista de la prestigiada revista señala que entrevistó a un alto funcionario estadunidense en la ciudad de México, quien le dijo que "La Familia se parece cada vez más a una insurgencia y menos a un cártel."
Además, ofrece un resumen sobre otros cárteles mexicanos de la droga, incluido el de Sinaloa y Los Zetas, organización esta última, dice, que antes había ocupado Michoacán.
Escrito por William Finnegan, el reportaje titulado “Silver or lead” (Plata o plomo) apunta que en la última década el tráfico de drogas floreció en México y que “sus practicantes (los narcos) mantienen relaciones estables con el sector oficial”.
Según Finnegan, la elección de Vicente Fox en el 2000, “cambió el status quo entre narcotraficantes y el gobierno”.
El autor del texto estuvo dos meses en la zona de influencia de La Familia Michoacana, donde pudo constatar el poder “omnipresente” que tiene ese grupo criminal en todo el país.
En su visita a Zitácuaro, por ejemplo, lo primero que encontró al llegar a esa localidad fue el cuerpo desmembrado de un hombre joven que quedó en medio de la intersección principal. “Fue un ejemplo de lo que llaman cadáver de mensajería”, añade.
Y menciona que al lado de los cuerpos mutilados generalmente aparecen “mensajes de terror” escritos a mano “suficientemente claros”, como uno que decía: "Usted consigue lo que usted se merece".
La Familia Michoacana, agrega, es un grupo del crimen organizado “cuyas depredaciones impregnan la vida de la región”, luego de que el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra a los traficantes de drogas en el país cuando asumió el cargo, en diciembre de 2006.
De acuerdo con The New Yorker, más de 23 mil personas han muerto desde la declaración de guerra de Calderón. La inseguridad, apunta, se ha vuelto envolvente, y la población mexicana debe cuidarse cada vez más del secuestro, la extorsión, la tortura, el desempleo…
Y, mientras, anota, las grandes organizaciones del crimen organizado, que “se han diversificado de manera rentable”, siguen ganando miles de millones de dólares. En Michoacán, agrega, una estimación reciente encontró que entre 5 y 8% de los negocios legítimos participan de alguna manera con La Familia.
Entre las organizaciones criminales de México, precisa, La Familia ha ganado un lugar preponderante, y recuerda que ganó la atención nacional en septiembre de 2006, cuando cinco cabezas rodaron sobre la pista de baile en un club nocturno de Uruapan, Michoacán.
El periodista de la prestigiada revista señala que entrevistó a un alto funcionario estadunidense en la ciudad de México, quien le dijo que "La Familia se parece cada vez más a una insurgencia y menos a un cártel."
Además, ofrece un resumen sobre otros cárteles mexicanos de la droga, incluido el de Sinaloa y Los Zetas, organización esta última, dice, que antes había ocupado Michoacán.
Buenas formas, poca sustancia
MÉXICO, D.F., 26 de mayo.- La cena de Estado ofrecida a Felipe Calderón fue espléndida. Más de 300 invitados, traje de gala, menú con toques mexicanos; no faltaron los detalles significativos, entre ellos los adornos de mariposas monarca, símbolo de Michoacán, tierra del agasajado. La señal fue inconfundible: El presidente Obama quería mostrar su afecto por México, reiterar que apoya a sus vecinos, que aprecia las formas que son parte de la buena vecindad.
Más allá de las formas, la sustancia fue poca. Las circunstancias no son propicias para construir, verdaderamente, una nueva etapa en la difícil relación entre México y Estados Unidos. Quizá hubiese sido posible tomar una ruta hacia la “relación especial” en sentido amplio hace poco más de un año, cuando Obama tenía todavía la gran popularidad con que llegó al poder y Felipe Calderón no atravesaba la mala racha en que se encuentra ahora.
Los motivos para que la visita fuera tardía provienen, principalmente, de la apretada agenda de Obama y del hecho, ineludible, de que México no se encuentra en su agenda de prioridades, aunque sí en la de problemas que no se pueden descuidar y de alianzas simbólicas que se deben reafirmar. Esto último es aún más urgente en la medida en que la situación de seguridad en el país vecino es incierta y el perímetro de seguridad de Estados Unidos se extiende al territorio mexicano y más allá.
La visita de Estado de Felipe Calderón a Washington llegó en momentos difíciles. Como señaló acertadamente en uno de sus artículos el New York Times (18/05), si se le veía preocupado, había razones para ello. Calderón llegó a Estados Unidos en momentos en que la violencia en México ha tocado el corazón mismo de su partido, cuando se ha iniciado la anunciada derrota en las elecciones para autoridades locales, preludio, opinan analistas y encuestas, de la derrota del PAN en la presidencial del 2012.
También llegó el presidente a Washington en momentos en que la imagen de su gobierno proyecta problemas de credibilidad. Para empezar, hay dudas respecto a lo acertado de la estrategia seguida en el combate al crimen organizado, tema en que el gobierno calderonista ha colocado todas sus apuestas.
Las dudas respecto al camino seguido se han generalizado al interior de México y en Estados Unidos. En aquel país acaba de diseñarse una estrategia que no coincide con los enfoques de México, sobre todo a nivel estatal, donde algunas entidades, como California, avanzan hacia la legalización de la mariguana.
A las dudas sobre estrategias se unen dos preocupaciones que se expresan frecuentemente en medios de comunicación, análisis de expertos y comunicados de ONG: las muy serias deficiencias del sistema de administración de justicia en México y las violaciones recientes a los derechos humanos por parte del Ejército. Un botón de muestra de tales cuestionamientos fue el desplegado de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), publicado en el Washington Post (19/05).
Para hacer más difícil el ambiente, poco antes de la visita se aprobó la ley SB 1070, que ha levantado reacciones airadas por su contenido racista, que polariza e inquieta profundamente por los efectos adversos sobre los derechos humanos de los trabajadores mexicanos en Arizona. Esta ley permea el ambiente de la relación México-Estados Unidos en su conjunto; como era de esperarse, hizo que el tema migratorio fuera el punto de discusión obligado durante la visita de Calderón, el que dominó los titulares y las entrevistas de televisión y el que llevó a subrayar los reclamos, cuando se anhelaba un buen ánimo para la construcción de puentes para el diálogo y la cooperación.
Con tales antecedentes, la tarea de Calderón era, por una parte, evitar que la compleja relación con Estados Unidos, cuya intensidad no tiene paralelo con cualquier otra existente entre dos países (el número de cruces fronterizos por día entre México y Estados Unidos es el más alto del mundo), se viera reducida a los reclamos por la ley de Arizona o a los temas de seguridad fronteriza; por otra parte, mostrar una talla de estadista que permitiera infundir confianza en la conducción de un país que está en la mira por problemas de seguridad, de deficiencias en sus instituciones, de debilitamiento del partido en el poder.
El momento clave para esto último fue el discurso en el Congreso, ante los responsables de decidir sobre los temas centrales para México, como son, entre otros: la entrada de los transportistas mexicanos, a la que tienen derecho de acuerdo con el TLCAN; los fondos de la Iniciativa Mérida, las disposiciones de una reforma migratoria, los fondos para la construcción de una “frontera inteligente”, las medidas para la venta de armas, etcétera.
Tal discurso no fue una pieza oratoria convincente, entre otras cosas porque, fiel al estilo calderonista, se insistió en presentar como éxitos situaciones que no lo son. Es difícil creer que a través de tal discurso se logró convencer de que la estrategia en materia de crimen organizado es la correcta, de que las reformas estructurales necesarias en México se han realizado, de que el Programa Oportunidades está sacando a los mexicanos de la pobreza, de que la recuperación económica está asegurada y permitirá ofrecer empleo a los migrantes, y de que estamos a la cabeza de la lucha por el cambio climático.
Mejor estructurado, buen ejemplo de un discurso útil para fijar derroteros hacia una mejor relación con Estados Unidos, fue el de llegada, aunque según informan el traductor se encargó de que no se entendiera en inglés.
En resumen, una visita que no es el punto de transición requerido para encauzar por caminos más promisorios el problema más urgente de las relaciones exteriores de México: el entendimiento con Estados Unidos.
Más allá de las formas, la sustancia fue poca. Las circunstancias no son propicias para construir, verdaderamente, una nueva etapa en la difícil relación entre México y Estados Unidos. Quizá hubiese sido posible tomar una ruta hacia la “relación especial” en sentido amplio hace poco más de un año, cuando Obama tenía todavía la gran popularidad con que llegó al poder y Felipe Calderón no atravesaba la mala racha en que se encuentra ahora.
Los motivos para que la visita fuera tardía provienen, principalmente, de la apretada agenda de Obama y del hecho, ineludible, de que México no se encuentra en su agenda de prioridades, aunque sí en la de problemas que no se pueden descuidar y de alianzas simbólicas que se deben reafirmar. Esto último es aún más urgente en la medida en que la situación de seguridad en el país vecino es incierta y el perímetro de seguridad de Estados Unidos se extiende al territorio mexicano y más allá.
La visita de Estado de Felipe Calderón a Washington llegó en momentos difíciles. Como señaló acertadamente en uno de sus artículos el New York Times (18/05), si se le veía preocupado, había razones para ello. Calderón llegó a Estados Unidos en momentos en que la violencia en México ha tocado el corazón mismo de su partido, cuando se ha iniciado la anunciada derrota en las elecciones para autoridades locales, preludio, opinan analistas y encuestas, de la derrota del PAN en la presidencial del 2012.
También llegó el presidente a Washington en momentos en que la imagen de su gobierno proyecta problemas de credibilidad. Para empezar, hay dudas respecto a lo acertado de la estrategia seguida en el combate al crimen organizado, tema en que el gobierno calderonista ha colocado todas sus apuestas.
Las dudas respecto al camino seguido se han generalizado al interior de México y en Estados Unidos. En aquel país acaba de diseñarse una estrategia que no coincide con los enfoques de México, sobre todo a nivel estatal, donde algunas entidades, como California, avanzan hacia la legalización de la mariguana.
A las dudas sobre estrategias se unen dos preocupaciones que se expresan frecuentemente en medios de comunicación, análisis de expertos y comunicados de ONG: las muy serias deficiencias del sistema de administración de justicia en México y las violaciones recientes a los derechos humanos por parte del Ejército. Un botón de muestra de tales cuestionamientos fue el desplegado de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), publicado en el Washington Post (19/05).
Para hacer más difícil el ambiente, poco antes de la visita se aprobó la ley SB 1070, que ha levantado reacciones airadas por su contenido racista, que polariza e inquieta profundamente por los efectos adversos sobre los derechos humanos de los trabajadores mexicanos en Arizona. Esta ley permea el ambiente de la relación México-Estados Unidos en su conjunto; como era de esperarse, hizo que el tema migratorio fuera el punto de discusión obligado durante la visita de Calderón, el que dominó los titulares y las entrevistas de televisión y el que llevó a subrayar los reclamos, cuando se anhelaba un buen ánimo para la construcción de puentes para el diálogo y la cooperación.
Con tales antecedentes, la tarea de Calderón era, por una parte, evitar que la compleja relación con Estados Unidos, cuya intensidad no tiene paralelo con cualquier otra existente entre dos países (el número de cruces fronterizos por día entre México y Estados Unidos es el más alto del mundo), se viera reducida a los reclamos por la ley de Arizona o a los temas de seguridad fronteriza; por otra parte, mostrar una talla de estadista que permitiera infundir confianza en la conducción de un país que está en la mira por problemas de seguridad, de deficiencias en sus instituciones, de debilitamiento del partido en el poder.
El momento clave para esto último fue el discurso en el Congreso, ante los responsables de decidir sobre los temas centrales para México, como son, entre otros: la entrada de los transportistas mexicanos, a la que tienen derecho de acuerdo con el TLCAN; los fondos de la Iniciativa Mérida, las disposiciones de una reforma migratoria, los fondos para la construcción de una “frontera inteligente”, las medidas para la venta de armas, etcétera.
Tal discurso no fue una pieza oratoria convincente, entre otras cosas porque, fiel al estilo calderonista, se insistió en presentar como éxitos situaciones que no lo son. Es difícil creer que a través de tal discurso se logró convencer de que la estrategia en materia de crimen organizado es la correcta, de que las reformas estructurales necesarias en México se han realizado, de que el Programa Oportunidades está sacando a los mexicanos de la pobreza, de que la recuperación económica está asegurada y permitirá ofrecer empleo a los migrantes, y de que estamos a la cabeza de la lucha por el cambio climático.
Mejor estructurado, buen ejemplo de un discurso útil para fijar derroteros hacia una mejor relación con Estados Unidos, fue el de llegada, aunque según informan el traductor se encargó de que no se entendiera en inglés.
En resumen, una visita que no es el punto de transición requerido para encauzar por caminos más promisorios el problema más urgente de las relaciones exteriores de México: el entendimiento con Estados Unidos.
Israel ofreció vender armas nucleares a Sudáfrica durante el apartheid
Bajo la lupa
El presidente de Israel, Shimon Peres, quien según documentos desclasificados, en 1975 –cuando era ministro de defensa– firmó un acuerdo militar con el régimen del apartheid de Sudáfrica para venderle armas nucleares. La imagen, durante una ceremonia realizada ayer en Jerusalén en memoria de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, en el 65 aniversario de la victoria de los aliados en EuropaFoto Ap.
Antecedentes: hace un cuarto de siglo, uno de los seres más humanitarios del mundo, Mordechai Vanunu –anterior técnico nuclear israelí y admirable pacifista–, reveló al Sunday Times (5/10/86) la construcción de bombas nucleares por Israel en la planta de Dimona. Atrapado por el espionaje israelí del Mossad y luego encarcelado en forma inmisericorde, el samaritano Vanunu es tratado como “palestino” por las autoridades israelíes.
Dieter Gerhardt, anterior comandante naval de Sudáfrica, encarcelado en 1983 por espionaje en favor de la URSS, al salir liberado en 1992, al colapso del régimen apartheid (la discriminación de la minoría blanca contra la mayoría negra), exhumó la existencia de un acuerdo (bajo el código Chalet) en el que Israel se disponía a vender a Sudáfrica ocho misiles Jericó dotados de armas nucleares. Gerhardt develó al Johannesburg City Press (20/2/94) la “misteriosa” prueba nuclear conjunta de Israel y el régimen del apartheid el 22/9/79 (confirmado por The National Security Archive: diciembre 79 y 25/8/08).
Según la televisora CBS, en 1990 Israel y Sudáfrica (todavía bajo el régimen del Apartheid) realizaron una prueba nuclear conjunta en el océano Índico. El célebre investigador israelí-estadunidense Seymour Hersh reveló en su clásico libro La opción Sansón la forma en que Shimon Peres, belicoso padre de la bomba atómica israelí –por cierto, Premio Nobel de la Paz–, adquirió en forma clandestina los materiales de Francia para iniciar la construcción de centenas de artefactos atómicos.
La Federación de Científicos Estadunidenses (FAS, por sus siglas en inglés) –cuyos científicos provienen del Proyecto Manhattan, que construyó la bomba atómica de Estados Unidos y cuyas tareas son avaladas por 84 “Premios Nobel” en química, economía, medicina y física– calcula un máximo de 400 bombas nucleares clandestinas en manos de Israel, que rehúsa firmar el Tratado de No Proliferación (TNP), y no es vigilado por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) sobre las encubiertas actividades militares en el reactor Dimona.
El necrófilo canciller israelí Avigdor Lieberman, segundo de a bordo del gabinete Netanyahu, en el paroxismo del infanticidio de palestinos en Gaza, abogó lanzar bombas nucleares como “solución final”, al estilo de EU en Hiroshima y Nagasaki (Bruce Katz; Atlantic Free Press; 21/5/09). ¿Cómo se pueden lanzar bombas nucleares que supuestamente no se poseen?
Hechos: el periódico británico The Guardian (Chris McGreal, 23/5/10) publicó en exclusiva los documentos desclasificados que exhiben la incontrovertible primera evidencia “oficial” (sic) de la posesión israelí de armas nucleares. La histórica revelación va acompañada de una serie de anexos demoledores: “los memorandos y las minutas que confirman el almacenamiento y la capacidad nuclear israelíes y la política de ambigüedad estratégica”, etcétera.
El acuerdo militar secreto fue firmado en 1975 por los ministros de defensa respectivos de Sudáfrica e Israel: P.W. Botha y Shimon Peres (hoy controvertido presidente de Israel).
Que hace 35 años Israel haya ofrecido vender armas nucleares a Sudáfrica en la etapa aciaga del apartheid descubre un proyecto clandestino nuclear iniciado mucho tiempo atrás, quizá alrededor de los 70, que ha contado con el encubrimiento de EU y los aliados europeos del “Estado hebreo”, a quien desde 1948 le festejan todas sus felonías regionales, en detrimento de la legalidad internacional.
El belicoso octagenario Shimon Peres –insistimos, Premio Nobel de la Paz (¡para lo que sirven!)– ofreció dotar al régimen del Apartheid de arsenales de “tres tamaños”: convencionales, químicos y nucleares. La estrecha colaboración incluyó el suministro de “uranio amarillo” en bruto del gobierno sudafricano para la construcción de armas nucleares de Israel. Los documentos secretos fueron desclasificados por Sasha Polakow-Suransky, académico de EU –por cierto, editor principal de la influyente revista Foreign Affairs, y quien obtuvo un doctorado en historia moderna, por la Universidad de Oxford.
Polakow-Suransky solicitó al presente gobierno de Sudáfrica (Congreso Nacional Africano), liberado del yugo del Apartheid, la desclasificación de documentos oficiales que sirvieron de base para su libro La alianza impronunciable: la secreta alianza de Israel con el apartheid de Sudáfrica (ed. Pantheon, 2010), de reciente aparición.
Mediante su notable excavación arqueológica, Polakow-Suransky tritura toda la hipocresía de los gobiernos israelíes sobre la posesión de armas atómicas cuando exigen desvergonzadamente el desmantelamiento ajeno (v.gr. el programa nuclear todavía civil de Irán, firmante del TNP y motivo de incómodas inspecciones de la AIEA).
En Israel intentan diluir su flagrante hipocresía con el eufemismo oficial de “ambigüedad”: es decir, ni niegan ni confirman la posesión de entre 200 y 600 bombas atómicas, como si la materia nuclear, el punto más sensible de la actividad humana, fuera un asunto privado de alucinantes canonjías paleobíblicas.
Según Chris McGreal, el gobierno israelí intentó impedir la desclasificación de los comprometedores documentos secretos, cuyas “revelaciones serán embarazosas”, particularmente cuando la revisión quinquenal del TNP en Nueva York aborde la “zona libre de armas nucleares en Medio Oriente”, propuesta por Egipto y los países árabes.
A juicio de McGreal, las revelaciones “socavan los intentos de Israel de sugerir que, en caso de poseer bombas nucleares, es en su calidad de potencia responsable, que no usará indebidamente, mientras países como Irán no pueden ser confiables”. Sin todavía arrojar sus armas atómicas sobre las poblaciones de la región, con su simple fuerza convencional de enorme letalidad, Israel ha ejercido en los pasados 62 años las mayores devastaciones bélicas que haya conocido Medio Oriente en toda su historia.
Algo habrá pasado en el trayecto –Polakow-Suransky da a entender que por motivos de “costos”– para que, en lugar de vender las armas nucleares a Sudáfrica, Israel haya colaborado en la construcción de las seis bombas atómicas del régimen del Apartheid, que luego el gobierno de mayoría negra eliminó voluntariamente, sin que nadie se los agradezca en el mundo. Éste constituye un clásico ejemplo cuando cierto tipo de negros se comporta mejor que cierto estereotipo de blancos.
Conclusión: Simon Tisdall plantea en The Guardian las consecuencias: “Ahora el velo roto ha sido puesto de lado. La prueba de que Israel es un Estado nuclear, sin ninguna duda, significa el fin a los asentimientos, guiños y ojos ciegos. Confirma que Israel es la primera potencia armada del Medio Oriente y desafía a todos (sic) los países de la región, incluyendo a Irán, a enfrentar en forma separada o conjunta la amenaza que deriva en el hoy innegable desequilibrio militar”.
¿Ahora quién, que no sea un hipócrita global, se atreve a pedir cuentas a Irán, quien aún no posee bombas nucleares?
¿Cómo enfrentar la amenaza clandestina de las armas nucleares de Israel?
Los desaparecidos no célebres
Las familias de quienes han desaparecido en Coahuila a manos del narco o de los militares no pueden darse el lujo de callar. A falta de simpatías en las televisoras y sin parientes senadores, con pancartas y a gritos denuncian esos delitos, así como la negligencia de las autoridades estatales y federales. Incluso se manifestaron frente al Palacio Nacional, pero en la cartografía panista éste queda muy lejos de Los Pinos.
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.
El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.
“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.
Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.
En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.
“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.
“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.
En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.
En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.
“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.
Responsabilidad del Estado
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.
Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.
“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.
Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).
“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.
Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.
Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.
Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.
El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.
El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.
El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.
El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.
De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.
La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.
“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.
La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.
“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.
En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.
El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.
“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.
Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.
En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.
“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.
“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.
En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.
En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.
“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.
Responsabilidad del Estado
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.
Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.
“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.
Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).
“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.
Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.
Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.
Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.
El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.
El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.
El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.
El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.
De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.
La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.
“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.
La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.
“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.
En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.
Narco, política y elecciones
MÉXICO, D.F., 26 de mayo (apro).- No se olvida aún que hace un año el gobierno federal detuvo a 30 servidores públicos de Michoacán, incluidos 10 alcaldes, principalmente del PRD, a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) acusó de estar vinculados con el narcotráfico. Esa acción, que meses después resultó ser un fiasco, pues 18 de ellos fueron excarcelados por falta de pruebas inculpatorias, demostró que el gobierno de Felipe Calderón estaba dispuesto a manejar los expedientes judiciales con una intención política electoral.
Hoy un nuevo caso parece reafirmar esta estrategia gubernamental con el candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, acusado de estar relacionado con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, a quienes, supuestamente, brindaba protección como alcalde de Cancún.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, desde el mes de enero ya se sabía de la presunta relación del perredista con el narcotráfico, gracias a una denuncia anónima y a reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que detectó diferencias entre los ingresos declarados y los percibidos por Sánchez Martínez.
Durante meses, la PGR no actuó en contra del alcalde perredista, sino hasta ahora que empezaron las campañas en Quintana Roo.
El principal cuestionamiento que se le hace a la PGR es por los delitos que le imputa al perredista, basados en declaraciones de testigos protegidos, así como en una denuncia por un presunto fraude por dos millones de dólares, promovida por el empresario Steve Santander Reyes ante la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, sino por el momento en que decidió detenerlo y enviarlo al penal de alta seguridad de Nayarit. Es decir, cuando apenas se había registrado como candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia.
La sospecha del uso político electoral del expediente del perredista por parte del gobierno federal surge por la forma en que operó en Michoacán, pues en vísperas de las elecciones locales en ese estado, fueron detenidos diez presidentes municipales en medio de un enorme escándalo mediático.
Tras el escándalo que desató la detención y encarcelamiento de 30 autoridades michoacanas, incluidos los 10 alcaldes, bajo un aparatoso operativo policíaco militar, las acusaciones resultaron ser falsas y los detenidos tuvieron que ser puestos en libertad sin mediar una explicación. Lo peor del caso es que el PAN en Michoacán fue derrotado y de nada sirvió el operativo.
Curiosamente, hay otro caso que llama la atención. Se trata del proceso que hay contra el panista Martín Orozco, candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes, quien cuando fungía como alcalde de la capital --2005 a 2007-- adquirió unos terrenos que eran propiedad del Ayuntamiento y mediante una triangulación con particulares apareció a nombre del exedil, en octubre de 2007, tras lo cual fue denunciado en noviembre de 2009 por dos regidores priistas.
El 22 de febrero se dictó el auto de formal prisión contra el exalcalde de Aguascalientes y de inmediato fue amparado por el PAN y el gobierno federal. Presentó un amparo para proteger sus derechos políticos y no ser detenido, mientras que su partido promovió una queja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) le repusiera su registro, el cual había denegado bajo el argumento de que había perdido sus derechos políticos con el auto de formal prisión que se le dictó.
A pesar de estar indiciado por el posible fraude millonario, el panista Martín Orozco fue registrado como candidato a gobernador el pasado 16 de mayo. Los priistas de la entidad, como el diputado David Hernández, acusaron que la dirigencia nacional del PAN presionó a los magistrados del tribunal electoral para que resolvieran a favor de exalcalde de Aguascalientes.
La ausencia de autoridades fuertes y efectivas provoca un vacío que es llenado por otros grupos de poder, como es el narcotráfico, que de manera clara están incidiendo en las elecciones.
Las actuaciones erráticas de las autoridades sólo están complicando los procesos electorales que, de por sí, ya tienen visos de violencia.
Los casos de Quintana Roo y Aguascalientes, más las acciones violentas que se han visto contra personajes políticos de Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Guerrero, nos dan la idea de que se perfilan unas elecciones violentas y complicadas para el 4 de julio próximo.
Ojalá no sea así, porque ya está demostrado que el gobierno de Felipe Calderón está rebasado por la crisis que hay en el país y la posibilidad de un conflicto social nacional no se descarta
Aristegui - La Detencion De Gregorio ("Greg") Sanchez
http://www.youtube.com/watch?v=g0efuv-Oay0
http://www.youtube.com/watch?v=THTvV7CsQfo
Las lecciones de Mérida
MÉXICO, D.F., 27 de mayo.- En la primera elección del año se cumplieron los pronósticos: El PRI recuperó la alcaldía de Mérida que durante 19 años estuvo en poder del PAN; ganó 13 de las 15 diputaciones locales de mayoría relativa, y recobró otros tres o cuatro municipios más. Sin embargo, su fuerza no fue tan arrasadora como pronosticaban las encuestas de preferencia electoral.
Francisco Abundis, director de Parametría –una de las principales encuestadoras políticas del país–, señalaba en un artículo publicado el martes 18 en El Universal: “Si lo que pasó este domingo en Yucatán pasara en las 14 restantes elecciones locales, en lo que se refiere a diferenciar entre las mediciones preelectorales y los resultados finales, significa que estamos sobreestimando al PRI. Si esto fuera así, la supuesta ventaja que lleva este instituto político en la mayor parte de las 12 elecciones de gobernador estaría cuestionada. Por ello el escenario para el próximo 4 de julio podría ser mixto o no de dominancia priista, como se venía perfilando”.
Esto es precisamente lo que hoy está en juego: El PRI recuperó el principal bastión panista en el sureste, pero, de acuerdo con dicho encuestador, mientras históricamente las diferencias entre el primero y el segundo lugares (PAN y PRI, en todos los casos) eran en general de un dígito, y los encuestadores pronosticaban ahora diferencias de dos dígitos, el resultado final fue de menos de tres puntos porcentuales. Así, hay que reconocer el avance tricolor, que se mantiene constante, aunque no es tan arrasador como se esperaba.
La primera conclusión sobre la elección de Yucatán, y particularmente de Mérida, es que el PAN perdió porque no logró superar las fracturas que se generaron a raíz de la imposición de su candidato a la gubernatura en el 2007, Xavier Abreu. Y esto lo afirman claramente dos exalcaldes y contendientes en dicha lucha interna: Luis Correa Mena y Ana Rosa Payán.
Esa es una constante que afecta a todos los partidos políticos por igual: cuando no logran resolver sus conflictos internos, éstos inevitablemente les cobran la factura en las elecciones constitucionales. Fue el caso del PRI en los comicios presidenciales del 2000 y, particularmente, en los del 2006; pero también ha sido el caso del PAN en casi todos los celebrados durante este sexenio; en tanto que el PRD ha enfrentado dicha situación en varias contiendas locales, particularmente en el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero y, en la actualidad, todo hace suponer que tropezará con la misma piedra en Zacatecas.
Otra conclusión es que, de mantenerse las diferencias entre las encuestas de preferencia electoral previas y los resultados oficiales, en las 12 elecciones de gobernador que habrá el superdomingo 4 de julio el tricolor podría perder algunas, entre las que destacan Oaxaca y Sinaloa, lo que cambiaría totalmente el panorama para la elección presidencial de 2012, especialmente por el impacto que tales resultados podrían tener en los comicios del próximo año en el Estado de México.
En el caso de Oaxaca, una encuesta publicada por el diario Reforma el jueves 20 muestra que Gabino Cué, candidato de la alianza opositora PAN-PRD-PT-Convergencia, tiene 36% de las preferencias electorales, contra 35% del candidato de la alianza PRI-PVEM, Eviel Pérez, lo cual los ubica en un virtual empate técnico. Mientras tanto, en Sinaloa, conforme a una encuesta de Consulta Mitofsky, del 10 de abril, la diferencia entre el candidato del PRI-PVEM-Panal, Jesús Vizcarra, y el del PAN-PRD-PT-Convergencia, Mario López Valdez, es de escasos cuatro puntos porcentuales, a favor del primero.
En las dos entidades, las fracturas se dieron en el PRI, ya que los gobernadores lograron definir a los candidatos tricolores pero provocaron un gran descontento en quienes se quedaron fuera de la contienda. De hecho, el candidato opositor en Sinaloa es precisamente producto de una ruptura dentro del hasta hoy partido dominante en dicha entidad. En Oaxaca, la fractura se había dado varios años antes, y el mismo Cué había logrado una copiosa votación hace seis años. Sin embargo, hoy parece que allí se recrudecieron los conflictos.
Si Yucatán y, particularmente Mérida, es un anticipo de lo que serán las elecciones locales este año, todo indica que habrá comicios muy reñidos, que se definirán por diferencias mínimas, y que los partidos pagarán los costos de las imposiciones. De modo que este último factor y las encuestas de preferencia electoral permiten vaticinar que el PRI recuperará Aguascalientes y Zacatecas –precisamente por los conflictos que generaron los actuales gobernantes en la selección de los candidatos de sus respectivos partidos–, aunque está en riesgo de perder al menos Oaxaca y Sinaloa.
Una conclusión adicional sería que las coaliciones amplias sí pueden dar buenos dividendos cuando se conjugan algunos factores, entre los que destacan la postulación de un buen candidato y la unidad en las fuerzas coaligadas. Y hasta donde han difundido los medios de comunicación, el PAN y el PRD ya empezaron a platicar sobre una posible coalición para las elecciones por la gubernatura del Estado de México, esa que el actual gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, pretendía evitar con el acuerdo donde el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, firmó como testigo.
Las cifras de la primera elección del año permiten vislumbrar que el PRI, y particularmente Enrique Peña Nieto, todavía enfrentarán muchos obstáculos en su camino rumbo a los comicios presidenciales de 2012. Y el resultado es más incierto de lo que las encuestas de preferencia electoral y los discursos tricolores parecen vaticinar.
Francisco Abundis, director de Parametría –una de las principales encuestadoras políticas del país–, señalaba en un artículo publicado el martes 18 en El Universal: “Si lo que pasó este domingo en Yucatán pasara en las 14 restantes elecciones locales, en lo que se refiere a diferenciar entre las mediciones preelectorales y los resultados finales, significa que estamos sobreestimando al PRI. Si esto fuera así, la supuesta ventaja que lleva este instituto político en la mayor parte de las 12 elecciones de gobernador estaría cuestionada. Por ello el escenario para el próximo 4 de julio podría ser mixto o no de dominancia priista, como se venía perfilando”.
Esto es precisamente lo que hoy está en juego: El PRI recuperó el principal bastión panista en el sureste, pero, de acuerdo con dicho encuestador, mientras históricamente las diferencias entre el primero y el segundo lugares (PAN y PRI, en todos los casos) eran en general de un dígito, y los encuestadores pronosticaban ahora diferencias de dos dígitos, el resultado final fue de menos de tres puntos porcentuales. Así, hay que reconocer el avance tricolor, que se mantiene constante, aunque no es tan arrasador como se esperaba.
La primera conclusión sobre la elección de Yucatán, y particularmente de Mérida, es que el PAN perdió porque no logró superar las fracturas que se generaron a raíz de la imposición de su candidato a la gubernatura en el 2007, Xavier Abreu. Y esto lo afirman claramente dos exalcaldes y contendientes en dicha lucha interna: Luis Correa Mena y Ana Rosa Payán.
Esa es una constante que afecta a todos los partidos políticos por igual: cuando no logran resolver sus conflictos internos, éstos inevitablemente les cobran la factura en las elecciones constitucionales. Fue el caso del PRI en los comicios presidenciales del 2000 y, particularmente, en los del 2006; pero también ha sido el caso del PAN en casi todos los celebrados durante este sexenio; en tanto que el PRD ha enfrentado dicha situación en varias contiendas locales, particularmente en el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero y, en la actualidad, todo hace suponer que tropezará con la misma piedra en Zacatecas.
Otra conclusión es que, de mantenerse las diferencias entre las encuestas de preferencia electoral previas y los resultados oficiales, en las 12 elecciones de gobernador que habrá el superdomingo 4 de julio el tricolor podría perder algunas, entre las que destacan Oaxaca y Sinaloa, lo que cambiaría totalmente el panorama para la elección presidencial de 2012, especialmente por el impacto que tales resultados podrían tener en los comicios del próximo año en el Estado de México.
En el caso de Oaxaca, una encuesta publicada por el diario Reforma el jueves 20 muestra que Gabino Cué, candidato de la alianza opositora PAN-PRD-PT-Convergencia, tiene 36% de las preferencias electorales, contra 35% del candidato de la alianza PRI-PVEM, Eviel Pérez, lo cual los ubica en un virtual empate técnico. Mientras tanto, en Sinaloa, conforme a una encuesta de Consulta Mitofsky, del 10 de abril, la diferencia entre el candidato del PRI-PVEM-Panal, Jesús Vizcarra, y el del PAN-PRD-PT-Convergencia, Mario López Valdez, es de escasos cuatro puntos porcentuales, a favor del primero.
En las dos entidades, las fracturas se dieron en el PRI, ya que los gobernadores lograron definir a los candidatos tricolores pero provocaron un gran descontento en quienes se quedaron fuera de la contienda. De hecho, el candidato opositor en Sinaloa es precisamente producto de una ruptura dentro del hasta hoy partido dominante en dicha entidad. En Oaxaca, la fractura se había dado varios años antes, y el mismo Cué había logrado una copiosa votación hace seis años. Sin embargo, hoy parece que allí se recrudecieron los conflictos.
Si Yucatán y, particularmente Mérida, es un anticipo de lo que serán las elecciones locales este año, todo indica que habrá comicios muy reñidos, que se definirán por diferencias mínimas, y que los partidos pagarán los costos de las imposiciones. De modo que este último factor y las encuestas de preferencia electoral permiten vaticinar que el PRI recuperará Aguascalientes y Zacatecas –precisamente por los conflictos que generaron los actuales gobernantes en la selección de los candidatos de sus respectivos partidos–, aunque está en riesgo de perder al menos Oaxaca y Sinaloa.
Una conclusión adicional sería que las coaliciones amplias sí pueden dar buenos dividendos cuando se conjugan algunos factores, entre los que destacan la postulación de un buen candidato y la unidad en las fuerzas coaligadas. Y hasta donde han difundido los medios de comunicación, el PAN y el PRD ya empezaron a platicar sobre una posible coalición para las elecciones por la gubernatura del Estado de México, esa que el actual gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, pretendía evitar con el acuerdo donde el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, firmó como testigo.
Las cifras de la primera elección del año permiten vislumbrar que el PRI, y particularmente Enrique Peña Nieto, todavía enfrentarán muchos obstáculos en su camino rumbo a los comicios presidenciales de 2012. Y el resultado es más incierto de lo que las encuestas de preferencia electoral y los discursos tricolores parecen vaticinar.
Aguayo Ecos Yucatecos 26 Mayo 2010
Mexicana: ¿quieres que te lo cuente otra vez?
México SA
Bancomext, “rescatista” descapitalizado
Mexicana: ¿quieres que te lo cuente otra vez?
Aerolíneas: cuento de hadas kafkianas
Bancomext, “rescatista” descapitalizado
Mexicana: ¿quieres que te lo cuente otra vez?
Aerolíneas: cuento de hadas kafkianas
Aeronaves de Mexicana y Aeroméxico en el aeropuerto de la ciudad de MéxcoFoto Francisco Olvera.
El Bancomext (un banco del Estado cuyo objeto, por ley, es financiar el comercio exterior del país y participar en la promoción de dicha actividad”) ha sido vilmente utilizado por el gobierno federal (de Miguel de la Madrid a la fecha) como el gran “rescatador” de empresas privadas que nada tienen que ver con dicho sector (por ejemplo, constructoras, tiendas de autoservicio, telefónicas y líneas aéreas, entre tantas otras), y artificialmente ha sido relegado de su función original por medio de inventos como Proméxico, convertido éste en un verdadero elefante improductivo.
A pesar de que desde tiempos de Fox esta institución fundamental para el desarrollo del país está en la mira para su exterminio, hasta ahora los genios de la tecnocracia no han podido acabar con ella; la han descuartizado, descapitalizado (en lo financiero y en lo laboral) y minimizado, pero mientras terminan con ella le encontraron un uso totalmente apartado de su objeto legal: préstamos a granel y “rescates” a discreción para los amigos de Los Pinos, y en este contexto embona a la perfección Gastón Azcárraga Andrade y socios que lo acompañan en el Nuevo Grupo Aeronáutico SA de CV, como ahora se conoce a la empresa propietaria de Mexicana de Aviación y otras menudencias.
Así, de nueva cuenta el gobierno federal gustosamente apoya a esta aerolínea (“rescatada” hasta el exceso a lo largo de los años y los sexenios) en su nueva aventura financiera, a costillas del erario. Avalará (bonita palabra que encubre el fin real, que no es otro que volverle a sacar las castañas del fuego) el bono que por 250 millones de dólares emitirá el citado consorcio, y para ello otra vez utilizará los recursos del Bancomext, institución que nada tiene que ver en el entuerto, pero que por “instrucciones de arriba” lo hará, como en su momento lo hizo al asumir los pasivos de una telefónica avecindada en Monterrey, una carretera concesionada a Tribasa, los juegos especulativos de una cadena de autoservicio o los excesos de una cementera.
Bancomext es de las pocas instituciones públicas que han quedado fuera del presupuesto federal, toda vez que la instrucción de los dos últimos accidentes políticos instalados en Los Pinos ha sido “que se rasque como pueda, si puede”. Y para ese par el problema es que sí ha podido, aunque no precisamente por la dedicación del par de joyas del sector empresarial que impusieron en la dirección de dicho banco (Mario Laborín y Héctor Rangel Domene, ambos ex funcionarios de Bancomer), sino por la capacidad y entrega del personal que todavía no logran echar a la calle.
En 2008 y 2009, por instrucciones de Los Pinos y del doctor “catarrito”, las famélicas arcas del Banco Nacional de Comercio Exterior se abrieron para atender las urgencias financieras de las grandes empresas nacionales (Vitro, Cemex, Comercial Mexicana y varias más, con sus “hombres de negocios” al frente), y para justificar tal acción el gobierno federal disfrazó la cortesía de programa de “apoyo” a pequeñas y medianas empresas. Y en plena kermés, Mexicana de Aviación, con Gastón Azcárraga a la cabeza, también se atavió de pymes para que Bancomext le soltara alrededor de mil millones de pesos. Ahora, en 2010 éste tendrá que apoquinar 250 millones de dólares para que el susodicho “bono” tenga final feliz, y si no es así asumir el pasivo, pues es aval de la operación.
Es el juego de nunca acabar, y no hay presupuesto que alcance. A capa y espada los tecnócratas neoliberales defienden el libre mercado, y si en el intento alguien revienta, pues será su problema, porque así lo marcan las reglas del juego. Pero como diría Orwell, “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros” (Rebelión en la granja). Las pymes caen como moscas, y nadie les echa un lazo, a pesar de ser las grandes generadoras de empleo en el país, pero a los grandes empresarios amigos de Los Pinos les sale una roncha y, por instrucciones del inquilino en turno, el erario se vuelca en su “rescate”, sin garantía alguna de retorno y sin importar si habrá resultados.
Lo anterior viene a colación porque un año antes de que el gobierno zedillista “rescatara” a las líneas aéreas nacionales (Mexicana de Aviación y Aeroméxico), y junto a ellas a los bancos y banqueros involucrados, los hermanos Gastón, Enrique y Pablo Azcárraga Andrade no sólo participaban en el Grupo Posadas, como hacen ahora, sino que formaban parte del consejo de administración de ambas aerolíneas; de hecho, Enrique presidía el de Mexicana de Aviación (reprivatizada al cierre del sexenio de Miguel de la Madrid) y Gastón el de Aeroméxico (en aquel entonces conocida como Aerovías de México, y reprivatizada en el salinato). Casi tres lustros atrás esta honorable familia empresarial reventó el citado par de aerolíneas, sólo para que el gobierno de Zedillo las volviera a “rescatar” en 1995, vía Fobaproa.
Pues bien, en 2005 (Mexicana de Aviación) y 2007 (Aeroméxico) el atinado gobierno panista (Fox-Calderón) las volvió a reprivatizar, y Mexicana de Aviación terminó en las mismas manos de quienes la reventaron en 1994. Cuando el de las ideas cortas y la lengua larga se las “regresó” a los Azcárraga Andrade, con Gastón a la cabeza, la calificadora Fitch Ratings advirtió que dichos empresarios esperaban pagar los 165.5 millones de dólares (el precio de ganga, perdón de venta) con una mezcla de capital propio y nueva deuda, lo que “pudiera potencialmente afectar el riesgo de negocios dependiendo del resultado final de la estructura organizacional y financiera, la cual deberá ser definida”. Es decir, en el mejor de los casos, adquirieron la otrora paraestatal con dinero sólo suficiente para el “enganche”, y ya con el negocio en el bolsillo recurrieron, recurren, al crédito y al apoyo de los amigos de Los Pinos para “terminar de pagar”, y si no tienen con qué, pues allí están Bancomext y el erario. Total, en este inacabado cuento de hadas kafkianas (como el de las carreteras concesionadas, los bancos, los ingenios azucareros, y tantos otros) siempre pagan los mexicanos.
Las rebanadas del pastel
Estaba el inquilino de Los Pinos en su fiesta partidaria, cuando a la multitud amenazó: “demostremos lo que somos y lo que queremos”. De inmediato, la mexicanada se retorció y le dijo: “párale, ya chole, que lo has demostrado hasta el exceso”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Columna Asimetrías. Diego: el Otro Móvil
27 mayo 2010
“Creo que el señor Presidente ha cometido el más grave de los pecados y ese es el de la soberbia; se ha olvidado de todo lo que hicimos por él, legal e ilegalmente, para sentarlo en esa silla presidencial”.
Diego el jefe, personaje ficticio de un cuento de Miguel Treviño Rábago.
I
Hace días se abordó sesgadamente aquí la posibilidad de que el móvil de la desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos podría haber sido una venganza política devenida de pujas sordas de poder en el panismo por la sucesión presidencial.
El tema es recurrente, traído a colación con frecuencia en los cenáculos del poder político y económico de México y en los entornos sociables --en peñas de amigos y/o familiares— y, ya, en la literatura, como lo muestra el relato del señor Treviño Rábago.
El caro leyente puede acceder al texto completo de dicho relato e incluso reproducirlo libremente mediante impresión y electrónicamente si lo solicita al autor, en trabago49@hotmail.com y/o elobservadorpolitico@hotmail.com..
Por supuesto, en la literatura –como en todo arte— se imita la vida, concepto cuyo atributo mayor es, precisamente, el de ser axiomático. El arte, pues, no es ajeno a la vida, sino una expresión civilizatoria de ésta y, ergo, cultural.
En la literatura, las licencias no sólo son necesarias, sino indispensables, por intrínsecas y a la vez consustanciales. Los relatos –cuento, novela, epigramas, décimas, cantares, corridos, etc.— se alimentan de varias alfaguaras al parecer inagotables.
Esas alfaguaras son las de las vivencias personales y sociales, la perspicacia y la imaginación y lo que algunos identifican como una variante del pensamiento estratégico que encuerpa lo inimaginable y desafía, igual, la fuerza de gravedad de la lógica.
II
Cabe la disquisición siguiente: en literatura, sospechado y, luego, identificado subjetiva y/u objetivamente el móvil con arreglo a cierta dialéctica y concatenaciones, un escritor habilidoso conjuga verbos en ablativo absoluto.
Así, las conjugaciones modernas de los verbos de la castellanidad milenaria en antepospretérito (o potencial compuesto) permiten licencias que impulsan a la imaginación en escenarios prospectivos posibles.
Más ese es el ropaje que viste la esencia. Y., en el caso, la esencia se representa en la suspicacia y, de allí, en la sospecha general y, luego, directa, específica. Ësto nos lleva de sopetón a la ya no tan misteriosa desaparición del controvertido Jefe Diego.
Adviértasele al leyente que la gama de móviles de la desaparición del señor Fernández de Cevallos es amplísima dado que éste personaje no era –no es, pensamos— un dechado de generosidad solidaria y sí un notorio alevoso.
Éste personaje malquisto por muchos tenía en su haber un cúmulo grueso de enemistades que superaba a su padrón personal de amigos reales, ya que había despojado a muchos, destruido a otros tantos y afectado la existencia de terceros.
Era, por añadidura, prepotente, el mismo defecto del cual, en el relato del señor Treviño, critica oblicuamente (como Diego el jefe) a Felipe Calderón, a quien se le describe sometido a los aparentes y dudosos encantos de la dipsomanía, de cruda laya
III
Don Diego era imbatible, inalcanzable por los rencores de los damnificados de sus quehaceres ventajosos e impermeable a las venganzas, las revanchas y las represalias de aquellos a quienes ha afectado. Don Diego era el emblema vivo de la impunidad.
Y epítome también del cinismo que deviene de ésta… hasta que se topó con alguien con mayor poder que él y quien, según el magín del señor Treviño, es un personaje ingrato y desleal instalado en un no identificado “Palacio de la Republica”
Él relato abre compuertas. Don Felipe se ha distanciado de Vicente Fox, su verdadero progenitor político, y de quienes, como El Jefe Diego, ven en la soberbia calderonista motivo poderoso para un complot y arrebatarle el control del PAN.
En el relato queda implícito que el ocupante de la mansión republicana en la umbría pineda de Chapultepec favorece a un opositor tricolor –el odiado priísmo--, Enrique Peña Nieto, como su sucesor, ya que el blanquiazul ni siquiera caballada tiene.
Ello acentúa la ausencia de un personaje en éste relato de don Miguel: Carlos Salinas, de quien diríase a extramuros de la trama del relato que es el verdadero hombre fuerte de México. Como cierto Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo.
El ausente –otros, como Andrés Manuel López Obrador, le llaman El Innombrable—antójase el personaje central de la trama: alentó el golpe de Estado foxista de 2006, usó a don Diego y patrocina a don Enrique. ¡Ah!, también patrocinó a don Felipe.
ffponte@gmail.com
Diego el jefe, personaje ficticio de un cuento de Miguel Treviño Rábago.
I
Hace días se abordó sesgadamente aquí la posibilidad de que el móvil de la desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos podría haber sido una venganza política devenida de pujas sordas de poder en el panismo por la sucesión presidencial.
El tema es recurrente, traído a colación con frecuencia en los cenáculos del poder político y económico de México y en los entornos sociables --en peñas de amigos y/o familiares— y, ya, en la literatura, como lo muestra el relato del señor Treviño Rábago.
El caro leyente puede acceder al texto completo de dicho relato e incluso reproducirlo libremente mediante impresión y electrónicamente si lo solicita al autor, en trabago49@hotmail.com y/o elobservadorpolitico@hotmail.com..
Por supuesto, en la literatura –como en todo arte— se imita la vida, concepto cuyo atributo mayor es, precisamente, el de ser axiomático. El arte, pues, no es ajeno a la vida, sino una expresión civilizatoria de ésta y, ergo, cultural.
En la literatura, las licencias no sólo son necesarias, sino indispensables, por intrínsecas y a la vez consustanciales. Los relatos –cuento, novela, epigramas, décimas, cantares, corridos, etc.— se alimentan de varias alfaguaras al parecer inagotables.
Esas alfaguaras son las de las vivencias personales y sociales, la perspicacia y la imaginación y lo que algunos identifican como una variante del pensamiento estratégico que encuerpa lo inimaginable y desafía, igual, la fuerza de gravedad de la lógica.
II
Cabe la disquisición siguiente: en literatura, sospechado y, luego, identificado subjetiva y/u objetivamente el móvil con arreglo a cierta dialéctica y concatenaciones, un escritor habilidoso conjuga verbos en ablativo absoluto.
Así, las conjugaciones modernas de los verbos de la castellanidad milenaria en antepospretérito (o potencial compuesto) permiten licencias que impulsan a la imaginación en escenarios prospectivos posibles.
Más ese es el ropaje que viste la esencia. Y., en el caso, la esencia se representa en la suspicacia y, de allí, en la sospecha general y, luego, directa, específica. Ësto nos lleva de sopetón a la ya no tan misteriosa desaparición del controvertido Jefe Diego.
Adviértasele al leyente que la gama de móviles de la desaparición del señor Fernández de Cevallos es amplísima dado que éste personaje no era –no es, pensamos— un dechado de generosidad solidaria y sí un notorio alevoso.
Éste personaje malquisto por muchos tenía en su haber un cúmulo grueso de enemistades que superaba a su padrón personal de amigos reales, ya que había despojado a muchos, destruido a otros tantos y afectado la existencia de terceros.
Era, por añadidura, prepotente, el mismo defecto del cual, en el relato del señor Treviño, critica oblicuamente (como Diego el jefe) a Felipe Calderón, a quien se le describe sometido a los aparentes y dudosos encantos de la dipsomanía, de cruda laya
III
Don Diego era imbatible, inalcanzable por los rencores de los damnificados de sus quehaceres ventajosos e impermeable a las venganzas, las revanchas y las represalias de aquellos a quienes ha afectado. Don Diego era el emblema vivo de la impunidad.
Y epítome también del cinismo que deviene de ésta… hasta que se topó con alguien con mayor poder que él y quien, según el magín del señor Treviño, es un personaje ingrato y desleal instalado en un no identificado “Palacio de la Republica”
Él relato abre compuertas. Don Felipe se ha distanciado de Vicente Fox, su verdadero progenitor político, y de quienes, como El Jefe Diego, ven en la soberbia calderonista motivo poderoso para un complot y arrebatarle el control del PAN.
En el relato queda implícito que el ocupante de la mansión republicana en la umbría pineda de Chapultepec favorece a un opositor tricolor –el odiado priísmo--, Enrique Peña Nieto, como su sucesor, ya que el blanquiazul ni siquiera caballada tiene.
Ello acentúa la ausencia de un personaje en éste relato de don Miguel: Carlos Salinas, de quien diríase a extramuros de la trama del relato que es el verdadero hombre fuerte de México. Como cierto Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo.
El ausente –otros, como Andrés Manuel López Obrador, le llaman El Innombrable—antójase el personaje central de la trama: alentó el golpe de Estado foxista de 2006, usó a don Diego y patrocina a don Enrique. ¡Ah!, también patrocinó a don Felipe.
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