Financia Procampo políticos y hasta familiares de narcos
El auge del narcotráfico mexicano resulta, naturalmente, de un incremento constante de la demanda estadunidense de drogas ilegales, y de la conversión de nuestro país en mercado creciente de esos estupefacientes al mismo tiempo que conservaba su condición de ruta desde los proveedores hacia el consumo. Pero otros factores han ayudado a la prosperidad de ese segmento principal de la delincuencia organizada. Uno, principalísimo, es el conjunto de vicios que afectan a los gobiernos locales y al federal, que favorecen la ilegalidad en general y la que se refiere a los mercaderes de narcóticos en particular. La ineptitud, la abulia, el temor y sobre todo la corrupción son deficiencias, lacras de los gobernantes que benefician a los delincuentes pues conducen a la impunidad, es decir a la falta de castigo, que es a su vez el mejor caldo de cultivo para la delincuencia.Se desmentirá la afirmación anterior sobre la impunidad alegando la persecución a las bandas dedicadas al tráfico de drogas, las aprehensiones de altos jefes (en el pasado priista) y de multitud de mandos medios en los años de Fox y Calderón (en que ningún pez gordo ha sido atrapado y, al contrario, se produjo la libertad de Joaquín Guzmán Loera, uno de los de mayor dimensión, tan vasta que figura en el elenco de los multimillonarios del mundo según Forbes), y la disminución de la violencia en algunas ciudades.Pero no suele reconocerse que buena parte de las aprehensiones no concluyen en sentencias condenatorias, por lo que la cifra de detenidos es, además de falsa, demagógica, propia sólo para la propaganda. Una vez capturados los presuntos delincuentes, pueden quedar libres durante la averiguación previa, al cabo del proceso de primera instancia, o en la apelación, o en las fases del juicio de amparo correspondiente. Y aun queda la posibilidad de marcharse de las prisiones, para lo cual no se requiere ser El Chapo, sino uno de los 50 reclusos que se fueron del penal zacatecano de Cieneguillas u otros que escaparon de cárceles porosas como la de Apatzingán. En último término, son muchos los detenidos y pocos los castigados. Y por ello, y por su propia organización, configurada para resistir avatares de diversa suerte, el narcotráfico prospera y, en una espiral perversa, mientras más crece más crece.Cuenta además con otras ayudas, insignificantes si se quiere comparadas con los volúmenes de dinero que maneja, y con sus pingües ganancias, pero que ofrecen una idea de cómo su auge está vinculado a sus relaciones con diversos niveles y campos del gobierno, y a la aceptación social que con su riqueza malhabida logran en los medios donde se establecen e instalan a sus familias. Un ejemplo de ese género de ayudas laterales, que además de dejar algún dinerito otorgan prestigio social (hasta que alguna espantosa tragedia causa lo contrario), es la guardería de afortunado nombre, El Niño Feliz, SC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a María Teresa Zambada Niebla, como parte de una sociedad civil en que también participan Rosa María Zazueta Zambada, Maité Díaz Zambada y José Ernesto de los mismos apellidos. El establecimiento existe desde 2001, pero su contrato vigente (hasta el último día de este año) data de comienzos de 2007, por lo que está firmado por Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS.El 17 de mayo de ese año la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense dio a conocer un documento titulado Red financiera de Ismael Zambada García. Ese papel oficial del gobierno de Estados Unidos contiene las denominaciones de seis negocios y los nombres de 12 personas encargadas de lavar el dinero que El Mayo Zambada –pues de él se trata– gana como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes, muy buscado en México y en Estados Unidos, sólo que allá se averigua el modo en que hace entrar sus ganancias en el circuito legal del dinero y no se intenta atraparlo en enfrentamientos armados. En la lista del Departamento del Tesoro figuran la guardería y su directora, María Teresa, hija de El Mayo. Se halla también el nombre de Carmen Amalia Araujo Laveaga, que aparece como representante legal de la guardería en el contrato con el IMSS, donde pacta un pago de mil 500 pesos al mes por cada uno de los 209 niños que alberga.Las omisas autoridades mexicanas que recibieron esa información de sus iguales del otro lado no hicieron el menor caso de su contenido. No han intervenido ninguno de los negocios enumerados en el documento estadunidense. Eso se comprobó hace unas semanas, cuando se dio a conocer la lista de guarderías subrogadas y sus responsables. El Niño Feliz sigue operando. En dos años ninguna policía, ningún funcionario de Hacienda verificó lo dicho por el Departamento del Tesoro y, en consecuencia, no se tomaron medidas para cegar esa fuente de lavado de dinero (que además deja alguna pequeña utilidad).Más gruesos son los ingresos de los narcotraficantes y sus familiares que cobran el monto de jugosos subsidios en el Programa de Apoyos Directos al Campo, ideado por Carlos Salinas en 1994 y más conocido como Procampo. Entre el 27 y el 30 de julio, El Universal dedicó su espacio principal en la primera plana a dar cuenta de una vasta investigación realizada por Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado, con base en estudios realizados por Mauricio Merino (exconsejero electoral ahora miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica), el organismo civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, y entrevistas a la diputada Nora Ruvalcaba, al propio Merino y a otros conocedores del tema. Resulta de esas indagaciones, independientemente de si el Procampo cumplió sus propósitos, los explícitos y los tácitos, cómo ha servido para entregar dinero público a políticos y narcotraficantes. Las investigaciones ofrecen abundante material para la reflexión (y la indignación), pero ahora nos detenemos sólo en las dádivas a las familias de tratantes de drogas, tan abundantes que ameritan llamar Pronarco a por lo menos un segmento de ese programa.A partir del descubrimiento de que un invernadero propiedad de narcotraficantes en Aguascalientes estaba en la lista de propiedades agrícolas subsidiadas por Procampo, la diputada Ruvalcaba estudió el padrón respectivo y halló entre los beneficiarios del dinero público a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de El Chapo, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al más reciente de sus suegros, Inés Coronel Barreras. Se encuentran también en ese caso miembros de las familias Beltrán Leyva, Valencia Valencia, Palma, Quintero Páez, así como Margarita Cázares Salazar y Jesús Raúl Beltrán Ugarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.La indagación de los reporteros Hernández y Alvarado, a su vez, precisó que la familia Carrillo Fuentes (la del cártel de Juárez) recibió diversos apoyos, hasta sumar 2 millones 450 mil pesos. La parentela de El Mayo Zambada obtuvo entre 1998 y 2003 casi un millón de pesos: 998 mil 267. De esa cantidad uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, recibió más de la mitad: 555 mil 290 pesos. A su hermana la dueña de la guardería se le entregó apoyo para la siembra de 80 hectáreas. Más modestos, los Guzmán Loera cobraron 376 mil 198 pesos. La diputada Ruvalcaba y los reporteros de El Universal cumplieron una tarea que han omitido las autoridades, porque no se interesan en investigar los bienes de los narcotraficantes y en decomisarlos, uno de los pocos remedios eficaces contra su actividad. Esperemos que ahora que otros hicieron esa labor, la unidad de lavado de dinero de Hacienda, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y la Coordinación de Inteligencia de la Secretaría de Salud (que tanto se ufana de su modernidad) ataquen ese flanco del narcotráfico.Claro que eso es suponer que por lo menos leen los periódicos.
Distrito Federal— Procampo, el programa que México diseñó hace 15 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá, otorgó recursos a narcotraficantes y a sus familiares durante años y hasta el último dato disponible de 2008, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa.
Entre los beneficiarios hay individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, con los que el Estado mantiene una guerra armada: el de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.
También subsidia a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón hay gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos forman parte del 1% del padrón de privilegiados que reciben la mayoría de los recursos. Procampo fue creado para apoyar a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ese 1% de privilegiados ha recibido 38 mil 558 millones de pesos. Tan solo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Zambada es también socia de la estancia infantil 1127 “Niño Feliz” subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; recibió 555 mil 220 pesos.
Los hermanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.
Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de los Arellano Félix (Amado y Vicente), figuran 44 veces en el padrón. Recibieron del Gobierno Federal apoyo por diversos montos que van desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.
Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perene en cuatro hectáreas.
Humberto García ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) hasta que fue deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros familiares también aparecen en la lista de beneficiarios.
Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo están en la lista. Es el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal. El beneficio se les empezó a entregar a partir del año 2000, fecha en que inició la administración del ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Derás, es parte del padrón y de 2000 a 2008 ha cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos el segundo.
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