análisis y propuestas
lunes, junio 23, 2008
Las víctimas sindicalistas CADEREYTA DE JIMÉNEZ, NL.- Desde mayo de 2007 se encuentran desaparecidos 38 trabajadores de la Refinería Héctor Lara Sosa, afiliados a la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).Según Josué Hilario Vega Estrada, hijo de Hilario Vega Zamarripa –secretario general de dicha sección y uno de los desaparecidos–, todo comenzó cuando el 16 de mayo del año pasado los integrantes de la sección se reunieron, por la tarde, en las instalaciones del sindicato. El propósito: discutir sobre la constitución de un comité de huelga. Cuenta Josué que luego de tratar el caso durante largo rato sin agotar el tema, decidieron continuar las deliberaciones en otro sitio, y refiere que aún no oscurecía cuando los sindicalistas se distribuyeron en cinco vehículos para abandonar el lugar.
Sólo pudieron salir del estacionamiento tres unidades.
Las otras dos fueron interceptadas por un comando armado que secuestró a David Fernando Vega Zamarripa –hermano del dirigente petrolero y tío de Josué–, a los hermanos Félix y David Sánchez Torres y a Jorge Alejandro Suárez Faz. Además, en su huida los agresores embistieron el vehículo del trabajador Víctor Manuel Mendoza Román.Alarmados, los familiares de David Fernando Vega Zamarripa y otros miembros del comité se reunieron de inmediato en casa del líder Hilario Vega Zamarripa, en la colonia Framboyanes. Ahí permanecieron hasta el día siguiente, el 17 de mayo. Alrededor de las 6:15 horas, Hilario recibió una llamada del teléfono de su hermano David a través de su Nextel.Una voz desconocida le dijo a Hilario que tenía a siete de los desaparecidos, los cuales serían decapitados para arrojar sus cabezas frente a la casa del dirigente petrolero. Hilario manifestó a su interlocutor que él se entregaría para que liberaran a los demás.
Así, prosigue Josué, se inició la negociación.
Hilario les manifestó que iría solo y desarmado al sitio que le indicaran más tarde los secuestradores para liberar a sus compañeros. En seguida manifestó a los reunidos, así como a su esposa y a sus hijos, que debían abandonar la casa de Framboyanes e irse a un sitio seguro.“Entonces se fue. Pidió que no lo siguiera nadie. Dijo que no iba a permitir que se llevaran a más (compañeros). Insistió en que platicaría con ellos (los secuestradores)… que si querían su cabeza, él se iba a entregar con tal de que soltaran a los detenidos”, relata Josué.
Minutos después, Hilario llamó a sus parientes:
“Hagan lo que les digan estas personas –instruyó telefónicamente a Josué–. Estoy bien, ya me llevan en una camioneta. No vayan a hacer nada, hagan lo que les digan. Ya me van a quitar los teléfonos. Te encargo a la familia.”A la semana siguiente continuaron los secuestros de sindicalistas que, para Josué, son claras “desapariciones políticas”.Después de transcurridos 13 meses sin que ninguno de los secuestrados reaparezca, Josué se siente desalentado por la falta de respuesta de las autoridades.Hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el gobierno estatal han atendido las denuncias, e inclusive las autoridades comentan que este caso puede estar relacionado con el narcomenudeo de la región. También han guardado silencio los dirigentes nacionales del sindicato petrolero, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desechó la denuncia de los familiares de los desaparecidos debido a que no presentaron pruebas de que sus parientes se hallaban en manos de alguna autoridad.
“Yo creo que fueron militares”
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha seguido este asunto a petición de los familiares de los desaparecidos, señala que al decir que se iba a “entregar para que liberaran a los demás”, Hilario Vega Zamarripa dejó en claro que estaba hablando con autoridades y no con delincuentes.E insiste: “Es posible que Vega Zamarripa esté detenido por alguna autoridad”.El 4 de junio de 2007, pocos días después de la desaparición del dirigente petrolero, los diarios locales informaron que Hilario Vega Zamarrita y los demás trabajadores habían sido capturados por elementos del Ejército y entregados a la PGR para que esta dependencia los investigara por presuntos vínculos con el narcotráfico.A partir de ese día, la versión de que los sindicalistas operaban el narcomenudeo en Cadereyta cobró fuerza. Dos semanas después, el 20 de junio, la familia Vega Estrada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal con sede en Cadereyta para acallar esas versiones por considerarlas infundios, en tanto que Josué y Salomón Vega solicitaban una audiencia con el procurador estatal, Luis Carlos Treviño Berchelman.Refiere Josué: “Una persona que dijo ser agente del Ministerio Público fue muy déspota. En presencia de varios testigos, me dijo que no tenían nada que hablar conmigo, que me retirara porque mi papá se encontraba en la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), y que mejor me cuidara porque tenían informes de que yo me desempeñaba mal”.Pese a ello, la averiguación previa 480/2007-5, integrada por un agente del Ministerio Público Federal, continúa su curso, aseguran los interesados, ya que hasta ahora no se les ha notificado nada en contrario. Los familiares de los hermanos Vega Zamarripa se quejan también de que han sido integradas diferentes actas circunstanciadas para desprestigiar a los petroleros, e inclusive señalan el hecho de que, en el mismo sentido, una nota del periódico El Mañana, de Reynosa, publicó que elementos del Ejército “reventaron” dos casas de seguridad en las que presuntamente estaban los miembros del sindicato, quienes, de acuerdo con esa información, fueron enviados a la Ciudad de México.Ante esa publicación, los familiares del dirigente petrolero recorrieran sin éxito varios cuarteles militares y, al respecto, comenta Josué: “Yo creo que (los secuestradores) fueron militares, porque en los lugares donde he preguntado saben todo: el nombre de mi tío, el nombre de mi papá y detalles de la desaparición”.
Enojos y amagos panistas
Además, en las últimas semanas, prosigue Josué, las cosas se han agravado: El pasado 9 de abril, un juez federal dictó orden de aprehensión contra el sustituto de su padre, el secretario general interino de la Sección 49 del STPRM, José Izaguirre; del secretario de Vigilancia, Juan Fraga Godínez, y del vocal Marco Antonio Barrón. A los tres se les acusa de venta de plazas laborales, según la causa penal 35/2008-III.Para los sindicalistas, este tipo de imputaciones no son nuevas, y los familiares de Hilario recuerdan que a éste lo acusaron de lo mismo en 2003. A mediados de su administración, el presidente Vicente Fox visitó Cadereyta días después de que se realizó una marcha silenciosa donde participaron unos 3 mil sindicalistas de la Sección 49 del STPRM, quienes no aceptaban la propuesta de revisión de su contrato colectivo de trabajo.La víspera, recuerdan Josué y los integrantes del comité seccional, Hilario fue llamado al Palacio de Gobierno. Ahí lo recibió un general que lo amagó con “sacar un expediente” si sus representados seguían presionando. Y para rematar, afirman, al día siguiente, en la Refinería Héctor Lara Sosa, Fox regañó en público a Hilario Vega Zamarripa.No es todo. Mientras petroleros del grupo de Carlos Romero Deschamps han difundido rumores de que la desaparición de los sindicalistas de Cadereyta puede estar vinculada con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero emitió un comunicado donde menciona varios casos de violación de derechos humanos e incluye el nombre de los hermanos Vega Zamarripa. Esto, porque la Secretaría de Gobernación también los mencionó en su boletín número 331-07/12/2007, donde dicha dependencia acusa a los eperristas de realizar “una campaña de hostigamiento contra el pueblo de México”.En su comunicado del 15 de enero, los eperristas aclararon que sus acciones contra las autoridades federales se deben a la desaparición de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza con que se conduce el gobierno de Felipe Calderón.“Si FCH es presidente de la República haiga sido como haiga sido, le falta tomar realmente decisiones a favor del pueblo; debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, haiga sido como haiga sido (su desaparición).” l
Peticiones para hacer avanzar la mediación
La Comisión Mediadora, solicitada por el Ejército Popular Revolucionario y aceptada por el gobierno federal, en pos de un diálogo que tenga por único y exclusivo punto la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros de esa organización armada, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, entiende que parte de su cometido consiste en acopiar información sobre ese hecho y sus secuelas. Por ello preparó tres documentos que entregó al grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación con el que se ha reunido ya en tres ocasiones. En el primero se enlistan los pasos de los familiares de los desaparecidos, en el segundo se examinan las características del delito de desaparición forzada, y en el tercero se solicitan algunas “precisiones necesarias”.En el primer documento se establece que el 13 de junio del año pasado Nadin Reyes Maldonado acudió en queja por la desaparición de su padre Edmundo Reyes Amaya. Es la primera constancia formal de esa desaparición y hasta la fecha la CNDH no ha emitido ninguna recomendación al respecto. El 27 de junio siguiente, la señora Eulalia Amaya Pérez solicitó amparo a favor de su hijo Edmundo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura y malos tratos). El juzgado segundo de distrito con sede en Oaxaca mantiene suspendido este juicio después de que las autoridades responsables negaron el acto reclamado.Nadin Reyes Maldonado denunció la desaparición forzada de su padre en la delegación de la Procuraduría General de la República en Oaxaca, donde el Ministerio Público se negó a recibir la denuncia. Ella, por lo tanto, la presentó de nuevo por escrito en la oficialía de partes de la sede central de la PGR en la Ciudad de México el 17 de julio de 2007. La procuraduría inició la averiguación no por desaparición forzada sino por secuestro. Hasta la fecha la denunciante no ha recibido información alguna sobre ese procedimiento.Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, solicitó amparo por violaciones al artículo 22 ante el juzgado primero de distrito en Oaxaca. Tal como lo hizo el juez segundo, el primero dejó suspendido el juicio al recibir los informes de las autoridades tenidas como responsables en que negaron el acto reclamado.A principios de julio de 2007, Nadin Reyes Maldonado escribió al Presidente de la República denunciando la desaparición de su padre. El 27 de agosto se acusó recibo de su carta, misma que se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. No se ha notificado a la denunciante la secuela de tal remisión. Si bien la Secretaría de Gobernación, a la que la Presidencia turnó también la carta, informó de la apertura de un expediente en la Dirección de Derechos Humanos, hasta el día de hoy no se conoce el resultado de su actividad.En agosto de 2007, ante informes de la posible presencia de los desaparecidos en el Campo Militar Número Uno, el juez sexto de distrito en materia de amparo en la Ciudad de México ordenó, a pedido de los familiares, una inspección ocular que resultó negativa.El 20 de septiembre pasado, ampliada la demanda de amparo ante el juez segundo de distrito en Oaxaca a favor de Edmundo Reyes Amaya, por desaparición forzada, el juzgador concedió la suspensión del acto reclamado, para que “cese de inmediato” la desaparición “y las autoridades lo hagan aparecer, en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino. A su vez, el juez cuarto de distrito en Oaxaca decretó el tres de octubre un auto de suspensión en términos idénticos a favor de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esas decisiones judiciales, sin embargo, no generaron efecto práctico alguno.El 26 de abril de 2008 fue detenido en Oaxaca Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial de esa entidad por su presunta participación en la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Actualmente se encuentra bajo arraigo, a partir de una averiguación previa por terrorismo y tráfico de armas.El 28 de abril, la PGR solicitó a los familiares de los desaparecidos muestras biológicas (ADN) para “descartar la posibilidad” de que correspondan a ellos unos cadáveres que no han sido identificados ni reclamados.La escueta enumeración de esos hechos y su resultado muestra la futilidad de esos esfuerzos, consideró la Comisión que, sin embargo, concede gran valor a “las resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas, víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada”.Precisamente a la condición jurídica de ese delito se refiere el segundo documento de la Comisión, que parte del texto de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas para aplicarlo al caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Para efectos de esa convención, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001, desaparición forzada es “la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.La Comisión mediadora acota que “ese delito es considerado de extrema gravedad por el grado de crueldad que implica y por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede”.Finalmente, en su tercer documento, titulado “Precisiones necesarias”, la Comisión refiere que en octubre pasado se presentó ante los familiares de Reyes Amaya “una persona que dijo llamarse Alejandro Punaro y representar al Presidente de la República. Conminó a la señora Eulalia Amaya Pérez… a que demandara al Ejército Popular Revolucionario ‘por difamar a su hijo’”. Esa misma persona se había presentado ante diversas organizaciones “como representante del Ejército Mexicano o del Cisen. Con ese carácter ejerció presiones y detenciones arbitrarias que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR”.La Comisión considera “indispensable que se aclare la identidad y la responsabilidad institucional de esta persona”, así como “que se establezcan con precisión las informaciones que el Ejército Mexicano pueda aportar a la solución de este caso, habida cuenta que la Policía Militar fue la corporación que intervino” en la detención del director policiaco Pedro Hernández Hernández. Y teniendo también en cuenta que el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles, “realizó entrevistas con personas y organismos de la sociedad civil a fin de encontrar canales de comunicación directa con cuadros del EPR”.Como se sabe, integran la Comisión Mediadora doña Rosario Ibarra, el obispo emérito don Samuel Ruiz, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y el autor de estas líneas. l
Los González Parás: mentiras y ecocidio
Natividad González Parás
Aunque el ayuntamiento de Santa Catarina intenta impedir la construcción del desarrollo inmobiliario Valle de Reyes en pleno Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ha enfrentado las presiones del gobierno de Natividad González Parás. El mandatario niega su intervención, pero premió con un cargo a la presidenta municipal que inició la maniobra en 2006, y un hermano suyo –miembro del influyente bufete de Los Divinos– asesora legalmente a uno de los empresarios.
MONTERREY, NL.- Los gobiernos federal y estatal ya intervienen en la pugna entre un poderoso grupo de desarrolladores inmobiliarios y el municipio de Santa Catarina por un millonario proyecto habitacional, sólo que en distintos bandos.La federación apoya abiertamente al ayuntamiento en su decisión de preservar un área natural protegida, pero funcionarios municipales acusan al gobierno estatal de actuar en favor de los empresarios, puesto que el hermano del gobernador, Natividad González Parás, es asesor legal de uno de ellos.Desde 1996, año en que Banorte, Maple Urbanizadora e Inmobiliaria Dos Carlos constituyeron el fideicomiso para comenzar el desarrollo inmobiliario de Valle de Reyes, se inició un pleito jurídico porque el predio en que pretenden construir se encuentra dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM).El parque, ubicado en la Sierra Madre Oriental, fue creado el 4 de octubre de 1939 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, y el 17 de noviembre de 2002 el presidente Ernesto Zedillo lo declaró área natural protegida.Sus 177 mil hectáreas abarcan partes de los municipios de García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Allende, Montemorelos, Santiago y Rayones. El proyecto Valle de Reyes o Valle Sur se encuentra totalmente en territorio de Santa Catarina y ocupa una porción de la zona protegida.En aquel 1996 Maple Urbanizadora intentó iniciar la construcción, pero el entonces gobernador, Benjamín Clariond Reyes, le negó el permiso. Desde entonces los desarrolladores se han enfrentado en los tribunales a sucesivos gobiernos estatales y autoridades federales, sin conseguir su propósito.Sin embargo, cuando faltaban cinco días para que concluyera la pasada administración municipal de Santa Catarina, la alcaldesa priista Irma Adriana Garza solicitó licencia y en su lugar fue nombrado, con carácter interino, el regidor Ramiro Ayala, también del PRI.El último día de su interinato –el 28 de octubre de 2006–, Ayala acordó, en una ya célebre sesión de 12 minutos, aprobar el Plan de Desarrollo Sustentable de La Huasteca 2006-2030, que abría las puertas para construir Valle de Reyes. Irma Adriana Garza fue premiada por Natividad González Parás con una subsecretaría de Educación estatal. En noviembre de ese año tomó posesión como alcalde el panista Dionisio Herrera. El nuevo cabildo decidió revocar el permiso otorgado por su antecesor mediante un resquicio legal: el Plan de Desarrollo Sustentable no fue publicado en el Periódico Oficial y, por lo tanto, no podía hacerse ley.Comenzó entonces el pleito de Banorte, como fiduciaria del proyecto Valle de Reyes, para validar el Plan 2006-2030 que el nuevo cabildo de Santa Catarina había rechazado. Incluso el banco ganó el amparo 371/07 por el que se determina que el predio no forma parte del PNCM y, por lo tanto, no está en un área natural protegida. Isaac Mejía Cedillo, director jurídico de Santa Catarina, dice en entrevista que el gobierno le “torció el brazo” al ayuntamiento para que le diera a Banorte la aprobación para convalidar el acuerdo de cabildo de la pasada administración. Pero recalca que institucionalmente el municipio no está de acuerdo con la construcción de Valle de Reyes.Mejía señala que la estrategia del municipio se basa en que al no existir jurídicamente el plan, puesto que no fue publicado, Banorte no tiene base para quejarse. En primera instancia la queja del banco fue sobreseída a favor del ayuntamiento. Lo que existe, actualmente, es un Plan 2000-2020 que no incluye lineamientos para construir en el área mencionada. Sin embargo, la fiduciaria recurrió a un juicio contencioso administrativo –llevado por el magistrado presidente de la segunda sala, licenciado José Alfonso Solís Navarro– para que se permitiera edificar el proyecto.“Este procedimiento contencioso administrativo confirmó en segunda instancia que resolviéramos y diéramos una respuesta afirmativa. Hubo presión, vimos un exceso del tribunal al considerar puntos que no eran materia de la litis en el procedimiento, como era la aplicación del Plan 2006-2030.“Si el plan no tenía existencia jurídica, no debía de ser considerado dentro del procedimiento. Sin embargo, el tribunal se extralimita y, luego de muchas presiones, tenemos que resolver a favor de la inmobiliaria. (…) Al final hacen valer los argumentos de la contraparte únicamente y no consideran los nuestros”, señala Mejía Cedillo.Agrega que incluso el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Antonio Meraz Sauceda, actualmente es procesado por desacato y que por eso cumple sus funciones bajo amparo.Ante las arbitrariedades de las que fue objeto, el ayuntamiento ni siquiera pudo actuar con la ley en la mano: “En este procedimiento, ya enmarañado, hubo varias acciones del Tribunal de lo Contencioso. Le habíamos dados dos negativas y las dos nos las echaba para atrás. No queríamos arriesgar una tercera que revirtieran en contra de nuestro secretario, en orden de aprehensión por desacato”.Mejía señala que el gobierno estatal opera para beneficiar a los desarrolladores: “Es cuanto más sabido de la opinión pública que hay ciertos intereses que están ahí entrometidos, no me gustaría a mí ahondar en ello, ya se ha comentado en diferentes foros. No me consta, pero sí puedo deducir, de las acciones que toman las autoridades. El sentir de la gente es que todo esto viene de más arriba”.
Asunto de familia
El 3 de noviembre de 2006 se le preguntó al gobernador, Natividad González Parás, si su hermano Luis Francisco estaba inmiscuido en el proyecto Valle de Reyes, que consiste en urbanizar 2 mil 400 hectáreas y construir 5 mil viviendas.“Hasta donde sé, no tengo los datos precisos, en primer lugar, esa propiedad se adquirió antes de que yo fuera gobernador, con otro grupo de empresarios. Hasta donde sé, no está ubicada en el Valle de Reyes”, respondió el mandatario (Proceso 1568).Omitió, sin embargo, que su hermano Luis Francisco es secretario del consejo de administración de Metrofinanciera, firma de la que es vicepresidente Ramiro Guzmán Barbosa, en representación de Marfil Constructora, S.A. de C.V., que a su vez pertenece a Maple Urbanizadora. Ambos aparecen en un prospecto de colocación de certificados bursátiles de la empresa Metrofinanciera por un monto de 5 mil millones de pesos, fechado el 16 de diciembre de 2004. Como garante figura la Sociedad Hipotecaria Federal y como fiduciario emisor el banco Invex.Ante los señalamientos de la implicación de su hermano en el desarrollo, el pasado 19 de mayo el gobernador volvió a responder a los reporteros: “En ningún momento nosotros hemos sido impulsores, ni lo vamos a ser, del proyecto de Valle de Reyes. Eso estará en manos de la autoridad federal, de la autoridad municipal o de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.”Una semana después, Luis Francisco González Parás tuvo que dar su propia versión. Mediante desplegados en los periódicos del estado, el 25 de mayo reconoció que trabaja con Ramiro Guzmán, propietario de Maple y Marfil, integrante de Metrofinanciera y presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi). Pero alega que trabajan juntos desde hace años.Y agrega: “Cualquier decisión sobre la factibilidad del proyecto Valle de Reyes le corresponde al gobierno federal, al municipio de Santa Catarina y a las autoridades jurisdiccionales competentes, pero no al gobierno del estado”.También Marfil Constructora dio a conocer lo que llamó “La verdad sobre Valle de Reyes” en un desplegado publicado el 10 de junio y firmado por José Rocha:“El predio no forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey; Marfil cuenta con el permiso de factibilidad otorgado por Santa Catarina para urbanizar ahí; esta determinación la saben las autoridades de Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), que firmaron que Valle de Reyes no es ANP, que sí hay asentamientos en La Huasteca que deben ordenarse y que Valle Sur beneficiará a Nuevo León.”El conflicto ha llegado a tal punto que los desarrolladores inmobiliarios decidieron cambiar el nombre de Valle de Reyes, ya quemado, por el de Valle Sur.En entrevista vía telefónica, el jueves 12 Luis Francisco González subraya que la cercanía con su hermano, el gobernador de Nuevo León, no ha influido en su trayectoria profesional.E insiste: “Yo no he sido contratado por el señor Ramiro Guzmán. Como abogado constituí la empresa y me nombraron secretario desde hace más de 11 años; esa es mi única relación en Metrofinanciera. Pero no tiene qué ver con Valle de Reyes, porque no la estoy representando jurídicamente ni tengo interés personal ni profesional ni nos han pasado este asunto para que lo maneje como abogado. “Básicamente es una autoridad municipal la que da la resolución en ese tema, y si es un tema de carácter federal, que no sé si en este caso lo haya o no, pues no es el Ejecutivo del estado.“Políticamente, usted sabe, utilizan a la familia para estar golpeando al gobernador, pero no tengo relación con ese tema, ni profesional ni personal ni ningún interés. Esa es la verdad y usted lo puede ver en el tema de quién representa a él (Ramiro Guzmán), nunca lo hemos representado en ese tema. La única vinculación que hay es en Metrofinanciera porque él es dueño de esa empresa, como de otras”, dice.Afirma que no hay documentos que lo liguen con el tema directamente, pero “suponiendo, sin conceder, que lo hubiéramos tomado, no tiene nada de malo que lo estemos representando en los tribunales, que es lo que yo hago toda la vida, pero no nos han pedido que lo hagamos en ese tema. Soy secretario del consejo de Metrofinanciera, que son varios accionistas. Pero no en Valle de Reyes, que él (Ramiro Guzmán) eligió otros abogados para que le manejen el tema”.Luis Francisco González forma parte del despacho Santos-Elizondo, conocido como Los Divinos por su poder e influencia en los tribunales. Otros socios de ese bufete son: el diputado federal del PRI Juan Francisco Rivera Bedoya y su hijo Jorge Enrique Rivera Lozano; Luis Alonso Mendoza Garza –hermano de Jorge Mendoza, senador por Nuevo León–; el exprocurador estatal Napoleón Cantú; el exsenador Luis Santos de la Garza y Fernando Elizondo Ortiz, hijo del senador panista nuevoleonés Fernando Elizondo Barragán.
Intervención federal
Luis David Ortiz Salinas, presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León y cuñado del senador Fernando Elizondo, desestima la influencia que podría ejercer Luis Francisco González en el proyecto Valle de Reyes: “No creo que tenga ascendencia sobre las autoridades federales o municipales”.Así mismo, señala que el estado está fuera del litigio entre el municipio, la federación y particulares, ya que si bien el gobierno estatal tiene que elaborar con el federal un plan de manejo del PNCM, el segundo debió formalizar esta normatividad dentro de los 12 meses posteriores al decreto que creó el área natural protegida en 2000. “Se debe de proteger el parque si se puede –comenta Ortiz Salinas–, y esa área, aunque la perdió la autoridad federal en un litigo, si se determina que es indispensable para el sostenimiento del parque, que se busque su compra o expropiación de parte de las autoridades federales.”De este recurso echó mano precisamente el ayuntamiento de Santa Catarina. Víctor Pérez Díaz, regidor segundo, exhibe un oficio dirigido al presidente Felipe Calderón, fechado el 14 de febrero pasado y que lleva las firmas del alcalde, los dos síndicos y los 13 regidores. Ahí solicitan que la federación “expropie y anexe al Parque Nacional Cumbres de Monterrey” los predios del Cañón de Ballesteros, en donde se pretende construir Valle de Reyes o Valle Sur.“La mayor extensión territorial de nuestro municipio está en el Parque Cumbres, lo urbanizado es lo menos. Y con todo y eso no podemos opinar”, se queja el regidor. Mientras el estado y la federación no se pongan de acuerdo en un plan de manejo del PNCM, el ayuntamiento no puede elaborar la reglamentación en la parte que está en Santa Catarina.Y a su vez, los desarrolladores deben tramitar ante el municipio autorizaciones de factibilidad y lineamientos, entre otros permisos, pero eso no puede hacerse mientras no haya plan de manejo.Por su parte Fernando Seriñá Garza, director del PNCM explica que si se construyen residencias la reserva sufrirá un daño ecológico irreparable, además de que se afectarán los mantos freáticos que surten de agua a la zona conurbada de Monterrey.Por ese motivo, ya consiguió que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) fuera incluida como tercero perjudicado en el juicio contencioso por Valle de Reyes, con lo que el gobierno federal podrá intervenir directamente en el litigio.Seriñá critica la anuencia que dio el ayuntamiento de Santa Catarina para la urbanización de Valle de Reyes. Dice que el gobierno federal apoyó a los abogados del municipio con asesores para darles armas jurídicas, pero que al final cedieron a la presión del magistrado de lo Contencioso. “Ahora este señor (Dioniso Herrera), después de meter la pata dando un sí cuando debió decir que no, quiere salir bien jurídicamente”.Lourdes Bello, abogada de Conanp, coincide en ese aspecto: “Ya no es por capricho o por defensa ecologista, hay un marco jurídico de la Constitución mexicana que impide desarrollar. Desde ahí la factibilidad que se dio, en los términos que haya sido, es contraria a derecho y violatoria de artículos constitucionales”.Es irrelevante si el predio está dentro del PNCM, dice, puesto que toda la materia jurídica relacionada con Áreas Naturales Protegidas aplica en este caso, independientemente del decreto de Zedillo, puesto que el polígono de Valle de Reyes es un enclave en el parque, como una isla rodeada de zona protegida.Por lo tanto, añade, “si alguien quiere urbanizar esa zona, forzosamente tiene que meter ductos e infraestructura para agua, luz, drenaje, y eso tiene que pasar por territorio al que le aplica el decreto”.De modo que “la Conanp tiene facultades para seguir defendiendo legalmente esa zona, y esa facultad ya nos la reconoció una autoridad federal ante la que acudimos como terceros perjudicados”.En su visita a Monterrey el 22 de mayo, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, aseguró que no negociará con particulares para que se urbanice en el Cañón de Ballesteros: “Hoy por hoy no hay permisos, no hay cambios de uso de suelo, no se puede construir. (…) Nos enfrentamos a intereses muy fuertes, gente con muchos recursos, pero nuestra obligación es defender el medio ambiente, la ley, y no podemos tener pretextos”. l
Prestanombres de FOX para adueñarse de la bahía El Tamarindillo
Cosme Mares, bajo el paraguas de la PGR
Cosme Mares, presta nombres de la materia FECAL FOX.COAHUAYANA, MICH.- A través de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, el gobierno de Felipe Calderón está protegiendo al supuesto prestanombres del expresidente Vicente Fox, el empresario Cosme Mares Hernández, quien fue demandado penalmente en dos ocasiones por usar documentación falsa en sus intentos de adueñarse de la bahía El Tamarindillo. En la primera denuncia se acusa al empresario guanajuatense de falsificar documentos de asamblea de los ejidatarios de El Ticuiz, ejido al que pertenece la bahía y localizado en este municipio. En la segunda, se le acusa de falsificar documentos del propio ayuntamiento con el fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le otorgue la concesión para explotar la zona federal ganada al mar, en la misma bahía.Sin embargo, ambas denuncias están siendo bloqueadas por las mismas agencias del Ministerio Público en que fueron interpuestas, lo cual –aseguran los demandantes– demuestra la impunidad de que sigue gozando el paisano y amigo de Vicente Fox. Ana Lilia Guillén, diputada federal del PRD en la pasada legislatura, y quien encabezó entonces la comisión que investigó al empresario, interpuso la primera demanda el 31 de agosto de 2006 ante Iván Joel del Valle Fabián, titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público Federal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este recurso dio pie al inicio de la averiguación previa 299/2006, que avanza con lentitud: 19 meses después, Guillén ni siquiera ha sido citada a declarar y, de manera extraña, los responsables de esa agencia del Ministerio Público han sido cambiados en varias ocasiones.Después de Del Valle Fabián, la Procuraduría General de la República (PGR) designó a tres nuevos titulares de esa agencia: Ramiro Ramírez Carrillo, Juvenal Godínez Osorio y Marisela Godoy Toscano. Esta última, actualmente en funciones, es media hermana del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. “Con esos cambios de agentes me queda muy claro que el gobierno federal está protegiendo a Cosme Mares, y por consiguiente a su amigo Vicente Fox, uno de los más grandes truhanes que ha tenido México”, comenta al respecto Ana Lilia Guillén.Cuenta la exdiputada que, al ratificar su denuncia, entregó al Ministerio Público cajas repletas de documentos que comprueban las irregularidades con que Cosme Mares intentó adueñarse de la bahía: actas de asambleas ejidales falsificadas, firmas apócrifas, sellos falsos, “asistencia” a las asambleas de personas ya fallecidas y otros trucos.“Pese a todas estas pruebas –agrega–, las autoridades judiciales no quieren entrarle al toro. En la protección y el apapacho a Cosme Mares no sólo está metida la PGR, sino también otras dependencias federales, como la Semarnat y las secretarías de la Reforma Agraria y de la Función Pública.”Guillén asegura que toda esta protección proviene de Los Pinos: “El presidente Felipe Calderón es quien tiene, en este momento, la obligación de darle curso a la averiguación en contra del presunto prestanombres de su antecesor en Los Pinos. Sin embargo, Calderón es el gran cómplice del bloqueo que nos están haciendo las autoridades judiciales.“El hecho de que ya no sea diputada no me impide estar enterada de cómo se está manejando el proceso contra Cosme Mares. Personas allegadas al caso me han informado que la averiguación previa será archivada, ahora que está como agente del Ministerio Público la media hermana del gobernador Leonel Godoy, lo cual confirma la marrullería de las instancias de gobierno que están inmersas en la corrupción y la impunidad.”
–¿En esta complicidad también está implicado el gobierno perredista de Michoacán?
–Si el actual gobernador, Leonel Godoy, se queda con los brazos cruzados, también va a tener su parte de culpa. La omisión y el silencio pueden ser actos de complicidad, pues no se interviene para evitar un despojo, una arbitrariedad como la que aquí se está cometiendo contra muchos ejidatarios. Ojalá y el gobierno estatal intervenga, no tanto para hacer justicia, sino por lo menos para evitar una injusticia.
Falsificación
La segunda denuncia penal contra Cosme Mares la acaba de presentar el exalcalde de Coahuayana, Elías López Mendoza, quien asegura que durante su administración (de 2002 a 2004) el empresario falsificó documentos del ayuntamiento:“Cosme Mares no entiende. Está obsesionado en apoderarse de El Tamarindillo. Ahora intenta una nueva treta; falsificó firmas y sellos de la presidencia municipal con el fin de que la Semarnat le otorgue una concesión de la parte de la bahía que es zona federal, que son más de 31 mil metros cuadrados ganados al mar. Por ello interpuse la denuncia penal.”López Mendoza presentó su denuncia el pasado 19 de marzo, ante el agente del Ministerio Público del fuero común de Coahuayana, José Alberto Plancarte Figueroa.“Jamás le otorgué a Cosme Mares un documento para que acudiera a la Semarnat –afirma–; ni siquiera él me lo solicitó. Hizo una burda falsificación de mi firma y de las firmas de otros funcionarios. Ni siquiera los sellos y el formato del papel oficial son iguales.“El empresario quiere justificar el despojo a los ejidatarios con documentos falsos, quiere darles valor legal, como si fueran reales. Incluso esos documentos los enviamos a un perito de Colima, para que realice una prueba pericial en grafoscopia y así determine que no son nuestras firmas.”El exalcalde señala que dos afectados –Antonio Lua y José Valencia– le informaron sobre el documento apócrifo de Cosme Mares. La denuncia dice textualmente:Tuvimos conocimiento del documento por medio de Antonio Lua Ruiz y José Valencia, quienes nos reclamaron por qué habíamos firmado constancia para uso de suelo y compatibilidad de actividades a favor de Cosme Mares, por lo que les manifestamos que no le habíamos otorgado dicha constancia, y que cuando fungimos como funcionarios municipales en ningún momento el empresario nos la solicitó; en ese momento nos extendieron una copia fotostática de la constancia, con fecha del 4 de noviembre de 2004…Dicha constancia ni la firmamos ni la sellamos, por lo que estos hechos afectan a los intereses de la sociedad de nuestro municipio; es el motivo por el que presentamos esta denuncia, solicitando se abra la averiguación correspondiente y en su oportunidad se integre y turne al juez correspondiente para que se dicte orden de aprehensión en contra de Cosme Mares y los que resulten.El exalcalde se dice dispuesto a someterse a cualquier investigación, y añade: “Cosme Mares y sus socios andan desesperados, pues tenemos entendido que ya le han invertido alrededor de 30 millones de pesos a la compraventa de El Tamarindillo. ¿Cuánto cree usted que intenten obtener de ganancias, ya que pretenden realizar un desarrollo turístico privado para pura gente de dinero?”.Sin embargo, para sorpresa del exalcalde, el Ministerio Público rechazó su denuncia con el argumento de que necesitaba el documento “original” y no copia de la solicitud apócrifa de Cosme Mares.Dice el exalcalde: “Estoy muy molesto porque las autoridades judiciales no están respetando la ley. ¿Cómo quiere el agente del Ministerio Público, el señor Plancarte Figueroa, que le dé el original, si éste lo debe tener Cosme Mares o la Semarnat?El documento apócrifo presentado por Cosme Mares, en el que el exalcalde supuestamente le da su aval al empresario, dice textualmente: “Este H. Ayuntamiento otorga constancia para uso de suelo y compatibilidad de actividades a favor de Mares Hernández J. Cosme”.El documento tiene el membrete y el sello de la alcaldía, y al final, la firma de Elías López Mendoza. Este es un requisito que establece el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, que en su artículo 29 pide que se cumplan con todas las “disposiciones legales” a nivel “municipal”.Son zona federal los terrenos ganados al mar y que Cosme Mares quiere hacer suyos. En 1984 fueron divididos por el ejido en 150 lotes, que se repartieron entre ejidatarios y posesionarios, ambos en el régimen de concesión.Es un área de playa distinta a la zona propiamente ejidal. Este último terreno, de 265 hectáreas, es el que Cosme Mares intentó adquirir previamente mediante la falsificación de documentos ejidales (Proceso 1470), lo que motivó la primera denuncia penal que interpuso Ana Lilia Guillén.Por lo pronto, la Semarnat ya le notificó a una concesionaria de esos lotes federales, María Guadalupe Bravo Valdovinos, que iniciará el “procedimiento” para “declarar la nulidad” de su concesión, puesto que –le advierte– ya hay “dos solicitudes de concesión presentadas por J. Cosme Mares Hernández, respecto de sendas superficies de 12,363.65 m2 y 18,694.00 m2 de zona federal marítimo terrestre respectivamente”.Es decir, Cosme Mares quiere apropiarse de más de 31 mil metros cuadrados de zona federal.
La Semarnat le dice a la señora Bravo Valdovinos que los trámites del amigo de Fox están en el expediente número 53/45037.
La notificación está fechada el 30 de octubre de 2007, ya en pleno gobierno calderonista, con el número de oficio SGPA-DGZFMTAC-4106/07 y la envía la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, de esa dependencia.
Para Ana Lilia Guillén no hay duda:
“La Semarnat quiere quitarle a la gente común y corriente las concesiones de esa zona federal para dárselas a Cosme Mares, quien sigue siendo un personaje muy poderoso gracias a la protección que le brinda el actual gobierno.” l
Autocaridad impune
Sahagún. AparienciasVamos México: la caridad empezó en casa
Marta Sahagún......la pobre materia FECAL venida a masCuando se analizan las cuentas de la fundación Vamos México, con la que Marta Sahagún se posicionó en los medios informativos durante el sexenio de su esposo Vicente Fox, saltan a la vista graves incongruencias. Un vistazo a esos reportes revela una organización ineficiente y sospechosa en el manejo de los cuantiosos donativos que recibió, ya que sumas millonarias se consumieron como “gastos de administración” y operación, dejando sólo las migajas para las causas sociales que supuestamente eran su razón de ser.Documentos en poder de la Cámara de Diputados demuestran que Marta Sahagún cometió irregularidades fiscales en el manejo de los recursos de Vamos México, A.C.; además, los reportes ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y los informes públicos de la exprimera dama confirman la opacidad en la que mantuvo a su fundación a lo largo del sexenio pasado.Las principales irregularidades se refieren al destino final de donativos en efectivo y en especie que recibió Sahagún; al turbio manejo del dinero obtenido en 12 sorteos, violaciones al reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la triangulación de 10 millones de dólares que la fundación Coca-Cola de Atlanta le donó para apoyar albergues indígenas en el país y que terminaron en las arcas de una organización “espejo” creada por ella en Estados Unidos.Marta Sahagún de Fox creó su fundación en septiembre de 2001, y desde esa fecha ha recurrido a una doble contabilidad que hace poco claras sus cuentas. Por ejemplo: de acuerdo con los reportes públicos de la fundación entre 2001 y 2006, ella recibió donativos por 4 mil 680 millones 384 mil 243 pesos, pero sólo existe prueba documental sobre el destino de 330 millones de pesos (en números redondos). Del resto, únicamente ella sabe quién o quiénes fueron los destinatarios finales.A Sahagún no le cuadran los números que dio a conocer luego de que el 31 de enero de 2004 Sara Silver publicara en el diario británico Financial Times algunas muestras de la opacidad en el manejo de su fundación ni las cifras en los informes que por ley está obligada a reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).En sus reportes no oficiales, la esposa de Vicente Fox habla de donativos por casi 4 mil 500 millones de pesos. Pero las cuentas que el despacho KPMG, Cárdenas Dosal, S.C. le certificó y entregó al SAT –las cuales tienen montos mucho menores a los que ella reporta en su página electrónica– tampoco coinciden con la información que este organismo de la SHCP entregó a la Cámara de Diputados a solicitud de la llamada Comisión Fox como parte de la investigación sobre la pareja expresidencial.Las cifras de KPMG muestran que Vamos México recibió 583.5 millones de pesos por donativos, pero el SAT, en una nota informativa que envió a los legisladores de la comisión especial, afirmó que Vamos México obtuvo 504.4 millones de pesos por este concepto. Una diferencia de 79.1 millones de pesos que Marta Sahagún no tendrá que justificar ante el fisco.Las discrepancias entre lo que la exprimera dama dijo públicamente que recaudó, lo que reportó KPMG y lo que informó el SAT a los diputados indican que existe una doble contabilidad, agravada por diversas inconsistencias.Vamos México está registrada ante la SHCP como una asociación civil que no sólo recibe donaciones, sino que también puede otorgarlas, por eso tiene el privilegio de gozar de exenciones fiscales, lo que en términos llanos es una autorización para no pagar impuestos.
Alianzas fantasma
En julio de 2002, el entonces diputado federal del PRI Jorge Chávez Presa denunció que Marta Sahagún, a través de Vamos México, estaba utilizando la infraestructura gubernamental para hacer obra social. En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una revisión “especial” y concluyó, en marzo de 2004, que no se desviaron recursos públicos a la fundación.En esas fechas, en sus reportes públicos, la señora Sahagún hizo alarde de los programas sociales del gobierno federal en los que colaboró su fundación: “Arranque parejo en la vida” y “Adicciones”, de la Secretaría de Salud, así como “Tecnología educativa” y “Equipamiento de escuela (redondeo)”, de la Secretaría de Educación Pública. Paralelamente, y con el apoyo del gobierno federal, Vamos México se montó en otros programas creados por agrupaciones privadas, como “Ayúdame a llegar” (de Movimiento Azteca y Telmex), “Autobuses aula” ( de Estrella Blanca), “Tecnología educativa” y “Guía de padres” (con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).El reclamo de Chávez Presa y de su partido fue que Marta Sahagún suplantó el trabajo social de las dependencias federales y utilizó el respaldo del gobierno y su infraestructura para presionar a empresarios a fin de obtener apoyo económico o en especie. Uno de esos casos fue el donativo que el multimillonario estadunidense Bill Gates le entregó a través de su fundación: 30 millones de dólares, de los cuales no existe registro en los informes financieros de KPMG sobre Vamos México.En cuanto a las alianzas comerciales con empresas u otras fundaciones, éstas no reportan participación alguna de Vamos México. Es decir, se trató de alianzas en el papel, lo que no impidió que Sahagún se hiciera publicidad y pregonara el trabajo realizado como suyo. Entre los años 2003 y 2007, la fundación Wal-Mart de México, A.C., llevó a cabo un programa de recaudación y entrega de computadoras a escuelas. Como resultado, esta asociación civil reportó que obtuvo 341 millones 381 mil 738 pesos para instalar computadoras en 2 mil 28 aulas, con lo que benefició a poco más de 1 millón de estudiantes. En su reporte público de 2003, Marta Sahagún afirma que mediante la alianza comercial con Wal-Mart y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), Vamos México recaudó 45 millones 900 mil pesos, de los cuales supuestamente destinó 7 millones de pesos para dotar a escuelas de computadoras con la fundación Wal- Mart, y el resto fue para lo mismo pero con la ANTAD. Sin embargo, ni la fundación Wal-Mart de México, A.C., ni la ANTAD mencionan en sus registros esa alianza con Vamos México. En otro caso de “alianzas fantasma”, los estados financieros de KPMG de 2002 a 2005 reportan que Marta Sahagún entregó 54 millones 225 mil 770 pesos a la Unión Nacional de Empresarios de Tecnología Educativa (UNETE) para el programa “Tecnología educativa”. Sin embargo, en la página electrónica de UNETE no se encuentra referencia alguna a la participación de Vamos México.Lo mismo ocurre en el caso de la supuesta participación de Vamos México en el programa “Arranque parejo en la vida”, de la Secretaría de Salud, mediante el cual se atiende a menores de dos años y a mujeres durante el embarazo, parto y posparto, con el fin de abatir los índices de mortalidad en ese período. Según el reporte de Sahagún, su asociación civil donó 103 mil 545 pesos para la capacitación de parteras y 18 mil 156 maletines médicos. Pero en el informe 2000-2006 de la Secretaría de Salud, no se consigna apoyo alguno de Vamos México; en cambio, se registra una aportación de la fundación Telmex para equipo hospitalario.La única alianza comercial de Vamos México que sí dejó rastro es la que estableció con Movimiento Azteca, fundación de TV Azteca, que le entregó a la asociación de Sahagún 64 millones 803 mil pesos en 2004 y 2005.
Violación de la Ley del ISR
Durante el sexenio pasado, Vamos México sólo tuvo ingresos por donativos y sorteos.
De 2002 a 2006, los principales premios de tales sorteos fueron autos Ford, motocicletas Harley Davidson, dinero en efectivo, electrodomésticos, artículos deportivos y plumas Mont Blanc; sin embargo, la fundación mantuvo hermetismo sobre los costos de sus sorteos, quiénes fueron los ganadores y de dónde obtuvo los premios, aunque se supone que éstos provienen de donativos, ya que en sus informes financieros no hay registro de que los haya comprado.Ante la falta de información, se solicitó mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que la Secretaría de Gobernación diera a conocer los premios, sus costos y las organizaciones que los realizaron junto con Vamos México de 2001 a 2005. Sin embargo, en el oficio DICOPUU/211/1370/05, fechado el 3 de junio de 2005, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la dependencia únicamente proporcionó información de 2002 a 2004.En un análisis comparativo de los informes de 2002 a 2004 que Marta Sahagún le rindió a Hacienda mediante el despacho auditor KMPG, se comprobó que, de nuevo, las cifras no coinciden, lo que hace suponer que ella proporcionó información falsa o no utilizó los recursos competentemente, pese a que dichos sorteos fueron organizados junto con exitosas empresas: nueve con la empresa transportista Estrella Blanca y tres con el banco Banorte.De acuerdo con Gobernación, en los 12 sorteos que realizó la fundación en el período que abarcan sus datos, el valor de los premios fue de 84 millones 329 mil 133 pesos. Además, el informe de KPMG dice que en los rubros de gastos por sorteo e impuestos por sorteo la fundación erogó 19 millones 759 mil 597 pesos. Es decir, a Vamos México esos 12 sorteos le costaron 104 millones 88 mil 830 pesos.Sin embargo, al revisar los informes de Sahagún a través del mencionado despacho, se encuentra que los 12 sorteos sólo generaron ingresos por 25 millones 566 mil 533 pesos, es decir, logró recuperar apenas la cuarta parte de lo que invirtió, y el resto –78 millones 522 mil 297 pesos– puede considerarse como pérdida.Existe la posibilidad de que no se tratara esa cifra como pérdida porque los premios sorteados –con valor de poco más de 84 millones de pesos– no le costaron nada a la fundación. Pero aun así, si a los más de 25 millones que reportó como ingreso de Vamos México por los 12 sorteos se le restan los costos por impuestos y gastos de organización –en el supuesto de que ese dinero sí los pagó la fundación–, entonces Sahagún consiguió generar nada más una ganancia de 5 millones 806 mil 936 pesos durante tres años.En cambio, Marta Sahagún sí logró obtener sumas millonarias con sólo administrar su fundación.El artículo 110 del Reglamento de Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que “Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social de las donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias destinar más de 5% de los donativos y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración”. Aunque Vamos México tiene que regirse por esta ley, entre 2001 y 2006 destinó entre 26 y 70% de sus ingresos a sus gastos, a juzgar por sus propios informes al SAT a través de KPMG.Sahagún violó ese reglamento desde el primer año de Vamos México. En 2001 utilizó 26.60% de sus ingresos para gastos. Entonces sus informes no eran públicos.El porcentaje fue en aumento. En 2002 tomó 37.90% de su presupuesto para gastos; en 2003, 33.90%, y en 2004 –cuando arreciaron en los medios las versiones sobre su pretensión de ser candidata presidencial– utilizó para el mismo rubro más de 57.10% de lo recaudado. En 2005 redujo un poco el porcentaje de sus gastos, con 46.60%, pero en 2006, el último del sexenio presidencial de su esposo Vicente Fox, sobrepasó con creces la violación del reglamento de la Ley del ISR, pues aplicó 71.30% de los ingresos de Vamos México en gastos. Es cierto que en 2006 la asociación civil de Sahagún recaudó mucho menos de los 85 millones que consiguió de los empresarios en 2002: apenas 33 millones. Lo relevante es que de esta suma, 23.5 millones se canalizaron al rubro de gastos.El objetivo del artículo 110 de ese reglamento es que se utilice casi todo lo recaudado al objeto para el que se creó la asociación civil, el apoyo social, pero ése no fue el comportamiento de Vamos México; sin embargo, no se tiene registro de que estas violaciones le hayan acarreado sanción alguna.
La triangulación
Durante el sexenio pasado, Marta Sahagún no sólo creó Vamos México, sino también formó, en Estados Unidos, la organización espejo Visión México, que le sirvió para triangular 100 millones de pesos que “pidió” a la fundación Coca-Cola de Atlanta presuntamente para apoyar el programa gubernamental “Albergues escolares indígenas” en México.Los registros financieros de ambas organizaciones ponen en evidencia la maniobra. En los informes de Vamos México en KPMG, de 2003 a 2006, se reporta que recibió de Visión México los 100 millones distribuidos en cuatro años, y supuestamente ésta lo depositó en el fideicomiso Banamex “1455-8, Albergues Escolares Indígenas”. Sin embargo, en una revisión de los informes y programas de trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se hace mención a esos recursos y mucho menos se registra una donación de Vamos México.Donde sí aparecen los 100 millones, aportados en cuatro ministraciones, es en los informes que Visión México entregó al gobierno de Estados Unidos. La que otorga el dinero a Visión México es justamente Vamos México... Dinero que la fundación Coca-Cola “donó a petición expresa de la señora Sahagún… en cuatro ministraciones de 25 millones de pesos cada una”, como declaró a Sara Silver la oficina de representación de Coca-Cola en 2005. lSara Murúa: investigadora y autora de los libros Asistencia privada: ¿caridad o derecho? y Mejores prácticas legislativas en materia social.
Alianzas fantasma
En julio de 2002, el entonces diputado federal del PRI Jorge Chávez Presa denunció que Marta Sahagún, a través de Vamos México, estaba utilizando la infraestructura gubernamental para hacer obra social. En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una revisión “especial” y concluyó, en marzo de 2004, que no se desviaron recursos públicos a la fundación.En esas fechas, en sus reportes públicos, la señora Sahagún hizo alarde de los programas sociales del gobierno federal en los que colaboró su fundación: “Arranque parejo en la vida” y “Adicciones”, de la Secretaría de Salud, así como “Tecnología educativa” y “Equipamiento de escuela (redondeo)”, de la Secretaría de Educación Pública. Paralelamente, y con el apoyo del gobierno federal, Vamos México se montó en otros programas creados por agrupaciones privadas, como “Ayúdame a llegar” (de Movimiento Azteca y Telmex), “Autobuses aula” ( de Estrella Blanca), “Tecnología educativa” y “Guía de padres” (con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).El reclamo de Chávez Presa y de su partido fue que Marta Sahagún suplantó el trabajo social de las dependencias federales y utilizó el respaldo del gobierno y su infraestructura para presionar a empresarios a fin de obtener apoyo económico o en especie. Uno de esos casos fue el donativo que el multimillonario estadunidense Bill Gates le entregó a través de su fundación: 30 millones de dólares, de los cuales no existe registro en los informes financieros de KPMG sobre Vamos México.En cuanto a las alianzas comerciales con empresas u otras fundaciones, éstas no reportan participación alguna de Vamos México. Es decir, se trató de alianzas en el papel, lo que no impidió que Sahagún se hiciera publicidad y pregonara el trabajo realizado como suyo. Entre los años 2003 y 2007, la fundación Wal-Mart de México, A.C., llevó a cabo un programa de recaudación y entrega de computadoras a escuelas. Como resultado, esta asociación civil reportó que obtuvo 341 millones 381 mil 738 pesos para instalar computadoras en 2 mil 28 aulas, con lo que benefició a poco más de 1 millón de estudiantes. En su reporte público de 2003, Marta Sahagún afirma que mediante la alianza comercial con Wal-Mart y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), Vamos México recaudó 45 millones 900 mil pesos, de los cuales supuestamente destinó 7 millones de pesos para dotar a escuelas de computadoras con la fundación Wal- Mart, y el resto fue para lo mismo pero con la ANTAD. Sin embargo, ni la fundación Wal-Mart de México, A.C., ni la ANTAD mencionan en sus registros esa alianza con Vamos México. En otro caso de “alianzas fantasma”, los estados financieros de KPMG de 2002 a 2005 reportan que Marta Sahagún entregó 54 millones 225 mil 770 pesos a la Unión Nacional de Empresarios de Tecnología Educativa (UNETE) para el programa “Tecnología educativa”. Sin embargo, en la página electrónica de UNETE no se encuentra referencia alguna a la participación de Vamos México.Lo mismo ocurre en el caso de la supuesta participación de Vamos México en el programa “Arranque parejo en la vida”, de la Secretaría de Salud, mediante el cual se atiende a menores de dos años y a mujeres durante el embarazo, parto y posparto, con el fin de abatir los índices de mortalidad en ese período. Según el reporte de Sahagún, su asociación civil donó 103 mil 545 pesos para la capacitación de parteras y 18 mil 156 maletines médicos. Pero en el informe 2000-2006 de la Secretaría de Salud, no se consigna apoyo alguno de Vamos México; en cambio, se registra una aportación de la fundación Telmex para equipo hospitalario.La única alianza comercial de Vamos México que sí dejó rastro es la que estableció con Movimiento Azteca, fundación de TV Azteca, que le entregó a la asociación de Sahagún 64 millones 803 mil pesos en 2004 y 2005.
Violación de la Ley del ISR
Durante el sexenio pasado, Vamos México sólo tuvo ingresos por donativos y sorteos.
De 2002 a 2006, los principales premios de tales sorteos fueron autos Ford, motocicletas Harley Davidson, dinero en efectivo, electrodomésticos, artículos deportivos y plumas Mont Blanc; sin embargo, la fundación mantuvo hermetismo sobre los costos de sus sorteos, quiénes fueron los ganadores y de dónde obtuvo los premios, aunque se supone que éstos provienen de donativos, ya que en sus informes financieros no hay registro de que los haya comprado.Ante la falta de información, se solicitó mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que la Secretaría de Gobernación diera a conocer los premios, sus costos y las organizaciones que los realizaron junto con Vamos México de 2001 a 2005. Sin embargo, en el oficio DICOPUU/211/1370/05, fechado el 3 de junio de 2005, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la dependencia únicamente proporcionó información de 2002 a 2004.En un análisis comparativo de los informes de 2002 a 2004 que Marta Sahagún le rindió a Hacienda mediante el despacho auditor KMPG, se comprobó que, de nuevo, las cifras no coinciden, lo que hace suponer que ella proporcionó información falsa o no utilizó los recursos competentemente, pese a que dichos sorteos fueron organizados junto con exitosas empresas: nueve con la empresa transportista Estrella Blanca y tres con el banco Banorte.De acuerdo con Gobernación, en los 12 sorteos que realizó la fundación en el período que abarcan sus datos, el valor de los premios fue de 84 millones 329 mil 133 pesos. Además, el informe de KPMG dice que en los rubros de gastos por sorteo e impuestos por sorteo la fundación erogó 19 millones 759 mil 597 pesos. Es decir, a Vamos México esos 12 sorteos le costaron 104 millones 88 mil 830 pesos.Sin embargo, al revisar los informes de Sahagún a través del mencionado despacho, se encuentra que los 12 sorteos sólo generaron ingresos por 25 millones 566 mil 533 pesos, es decir, logró recuperar apenas la cuarta parte de lo que invirtió, y el resto –78 millones 522 mil 297 pesos– puede considerarse como pérdida.Existe la posibilidad de que no se tratara esa cifra como pérdida porque los premios sorteados –con valor de poco más de 84 millones de pesos– no le costaron nada a la fundación. Pero aun así, si a los más de 25 millones que reportó como ingreso de Vamos México por los 12 sorteos se le restan los costos por impuestos y gastos de organización –en el supuesto de que ese dinero sí los pagó la fundación–, entonces Sahagún consiguió generar nada más una ganancia de 5 millones 806 mil 936 pesos durante tres años.En cambio, Marta Sahagún sí logró obtener sumas millonarias con sólo administrar su fundación.El artículo 110 del Reglamento de Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que “Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social de las donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias destinar más de 5% de los donativos y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración”. Aunque Vamos México tiene que regirse por esta ley, entre 2001 y 2006 destinó entre 26 y 70% de sus ingresos a sus gastos, a juzgar por sus propios informes al SAT a través de KPMG.Sahagún violó ese reglamento desde el primer año de Vamos México. En 2001 utilizó 26.60% de sus ingresos para gastos. Entonces sus informes no eran públicos.El porcentaje fue en aumento. En 2002 tomó 37.90% de su presupuesto para gastos; en 2003, 33.90%, y en 2004 –cuando arreciaron en los medios las versiones sobre su pretensión de ser candidata presidencial– utilizó para el mismo rubro más de 57.10% de lo recaudado. En 2005 redujo un poco el porcentaje de sus gastos, con 46.60%, pero en 2006, el último del sexenio presidencial de su esposo Vicente Fox, sobrepasó con creces la violación del reglamento de la Ley del ISR, pues aplicó 71.30% de los ingresos de Vamos México en gastos. Es cierto que en 2006 la asociación civil de Sahagún recaudó mucho menos de los 85 millones que consiguió de los empresarios en 2002: apenas 33 millones. Lo relevante es que de esta suma, 23.5 millones se canalizaron al rubro de gastos.El objetivo del artículo 110 de ese reglamento es que se utilice casi todo lo recaudado al objeto para el que se creó la asociación civil, el apoyo social, pero ése no fue el comportamiento de Vamos México; sin embargo, no se tiene registro de que estas violaciones le hayan acarreado sanción alguna.
La triangulación
Durante el sexenio pasado, Marta Sahagún no sólo creó Vamos México, sino también formó, en Estados Unidos, la organización espejo Visión México, que le sirvió para triangular 100 millones de pesos que “pidió” a la fundación Coca-Cola de Atlanta presuntamente para apoyar el programa gubernamental “Albergues escolares indígenas” en México.Los registros financieros de ambas organizaciones ponen en evidencia la maniobra. En los informes de Vamos México en KPMG, de 2003 a 2006, se reporta que recibió de Visión México los 100 millones distribuidos en cuatro años, y supuestamente ésta lo depositó en el fideicomiso Banamex “1455-8, Albergues Escolares Indígenas”. Sin embargo, en una revisión de los informes y programas de trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se hace mención a esos recursos y mucho menos se registra una donación de Vamos México.Donde sí aparecen los 100 millones, aportados en cuatro ministraciones, es en los informes que Visión México entregó al gobierno de Estados Unidos. La que otorga el dinero a Visión México es justamente Vamos México... Dinero que la fundación Coca-Cola “donó a petición expresa de la señora Sahagún… en cuatro ministraciones de 25 millones de pesos cada una”, como declaró a Sara Silver la oficina de representación de Coca-Cola en 2005. lSara Murúa: investigadora y autora de los libros Asistencia privada: ¿caridad o derecho? y Mejores prácticas legislativas en materia social.
Aduladores yunquistas
Lucía Morett (izq) con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. AsiloCualquier motivo es bueno para el oportunismo de la ultraderecha mexicana. Fue el caso del besamanos en que Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez convirtieron un acto al que asistió, en Bogotá, el presidente Álvaro Uribe, a quien tupieron de elogios. Las adulaciones al mandatario forman parte del empecinado plan de ambos mexicanos para perseguir a otros mexicanos que, según ellos, apoyan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
BOGOTÁ.- En el remate de un discurso de más de una hora, durante la que impartió lecciones para ejercer con firmeza el gobierno e hizo apología de su lucha contra el “terrorismo” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente Álvaro Uribe Vélez se permitió ofrecer el uso de la palabra a su cautivado auditorio.Desde hacía un buen rato, los mexicanos Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez habían abandonado sus asientos y, con lentitud, se fueron aproximando al presídium, de manera que cuando Uribe formuló la invitación, aparentemente espontánea, uno de ellos literalmente brincó para apoderarse del micrófono.“En nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, organizaciones de la sociedad civil de México, representativas de diversos sectores y regiones, manifestamos nuestro reconocimiento público al presidente de Colombia, excelentísimo doctor Álvaro Uribe Vélez”, proclamó Ortega Sánchez en torno al único político del hemisferio con más de 80% de popularidad y quien se perfila ya para un tercer período presidencial.Y, extasiado, dijo por qué: “Por el firme y perseverante combate al narcotráfico, al secuestro y al terrorismo, lo cual ha contribuido cada vez más a la confianza, la libertad, los derechos humanos y la paz en Colombia, que es ya el nuevo paradigma para armonizar democracia y seguridad pública en América Latina. ¡Felicidades, señor presidente!”.No fue ésta una incursión improvisada: Ortega Sánchez y Velasco Arzac son, en México, el brazo operativo del gobierno de Colombia para perseguir a quienes ellos suponen integran las FARC y a quienes los apoyan, como la senadora Rosario Ibarra de Piedra, a quien tildan de “cómplice del terrorismo”.Y ambos, que ya habían comparecido ante Uribe en su visita a Cancún –junto con el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez–, el 15 de abril, integraron el amplio elenco de mexicanos que asistieron al seminario Inseguridad, Dolor Evitable, el viernes 13, auspiciado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y la Internacional Demócrata de Centro (IDC), que presiden, respectivamente, Manuel Espino y Vicente Fox.De hecho, Ortega Sánchez prolongó su estancia en Bogotá, hasta el jueves 19, para obtener del gobierno de Uribe la información que, por la vía diplomática, se le hizo llegar a las autoridades de México para robustecer las investigaciones sobre los mexicanos presuntamente vinculados a las FARC.Se trata de 47 “evidencias” contra Lucía Morett Álvarez, quien obtuvo asilo en Nicaragua, y su hermana Sonia, quien –asegura– se refugia en Venezuela junto con otros dos implicados: Mario Dagoberto Díaz Orgaz y Gabriela Mejía Leyva.
Según Ortega, las evidencias encontradas en la ya mítica computadora del jefe guerrillero Raúl Reyes acreditan la operación de dos células secretas en México: La “Ricardo Flores Magón”, encabezada por Juan González del Castillo, cuyo seudónimo era Fermín, y la “Lucio Cabañas”, encabezada por Mariana López de Vega, alias Aleyda.Ortega está feliz porque el gobierno de Uribe le ha dado todas las facilidades para robustecer la denuncia que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra sus compatriotas. “Hay una gran apertura. Ellos quieren evitar que el pueblo mexicano padezca y sufra la violencia que sufrieron ellos”.
–¿Por eso dijo que Uribe es el nuevo paradigma?
–Así es. El pueblo colombiano, con su líder Álvaro Uribe, es el nuevo paradigma para América Latina de lucha contra el secuestro, el terrorismo, el narco y las ejecuciones.
Como Velasco y Ortega, prominentes miembros de la ultraderechista Organización Nacional de El Yunque –los mismos que, en abril, difundieron la campaña televisiva para comparar a Andrés Manuel López Obrador con dictadores como Adolfo Hitler y Augusto Pinochet–, Espino y Fox se le entregaron a Uribe, el único presidente de derecha en el Cono Sur y quien mantiene también, pese a diferencias de matiz, estrecha relación con Felipe Calderón. “Usted es, sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir y un referente inequívoco de estadista que respeta y hace valer el estado de derecho y la libertad”, le dijo Espino a Uribe, de quien ignoró los escándalos por su vinculación con narcotraficantes y bandas paramilitares responsables de matanzas.
Y añadió: “En su lucha a favor de la seguridad democrática, considérenos sus amigos y sus aliados”.Fox fue, como pocas veces, muy claro: Elogió a Uribe por la invasión del Ejército de Colombia a Ecuador, el 1 de marzo, cuyas tropas asesinaron a cuatro mexicanos e hirieron a Lucía Morett Álvarez, otra compatriota, a quienes identificó como parte de la “guerrilla terrorista violenta” de las FARC:“Yo no tengo ninguna duda en mi apoyo incondicional al presidente Uribe en este terreno y, a la vez, no tengo ninguna duda de que esos mexicanos y mexicanas que estaban en ese campamento estaban para un propósito absolutamente cierto de preparación en la materia.”
Nada es fortuito
El respaldo de Fox a Uribe y su acusación de “terroristas” a los cuatro mexicanos asesinados por tropas de Colombia que invadieron Ecuador se produjo después de que, junto con Espino, almorzaron en privado, un ágape al que no fue convocado el embajador de México en Bogotá, Florencio Salazar Adame. De por sí Salazar llegó tarde a la inau-guración formal del seminario, justo cuando Fox terminaba de emitir un desabrido discurso, y se sentó junto a Marta Sahagún, que lo trató con una frialdad que contrastó con la que le dispensó a Velasco Arzac, cuyo hijo, Guillermo Velasco Barrera, fue su asesor en materia de relaciones públicas. Salazar, quien negó haber sido degradado por Calderón al pasar de subsecretario de Gobernación a embajador, fue ignorado por Uribe hasta cuando agradeció a Fox haber incorporado a Colombia al Plan Puebla-Panamá, precisamente cuando el expriista –cuyo origen detesta– era el responsable de la iniciativa.De hecho, salvo por aisladas menciones y la presencia de Salazar, el gobierno de México encabezado por Calderón fue en general ignorado en el seminario, a pesar de que enfrenta una inseguridad fuera de control. El único ponente mexicano fue Arturo Chávez Chávez, subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal.Pretendiendo ser diplomático, y sólo para dejar constancia, Espino dijo a periodistas, al final del seminario: “En este evento pretendemos hacer un pronunciamiento de apoyo a quienes, desde la jefatura de Estado que encabezan, han emprendido una lucha frontal contra el crimen organizado, como es el caso del presidente Álvaro Uribe, en Colombia, y del presidente de México, Felipe Calderón. A ambos les hemos expresado de diversas maneras y de forma personal el apoyo”.En realidad, el seminario celebrado el viernes 13 en esta capital en el Metropolitan Club, fortificado por policías y militares debido a que en la víspera se produjeron tres detonaciones atribuidas a la guerrilla –y cuyo título alude al “dolor evitable” de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN–, pudo haberse celebrado en México, pero el gobierno de Calderón no quiso por las diferencias que mantiene con Espino.“Yo mismo le he ofrecido todo el apoyo de la ODCA, toda la coordinación con su equipo: he buscado a la canciller (Patricia Espinosa), he buscado al secretario de Gobernación (Juan Camilo Mouriño). No lo he logrado”, lamentó Espino, en charla con el reportero, casi al final del seminario que a él le pareció un éxito. Decidido a dar la batalla a los gobiernos “populistas” de América Latina, Espino no tiene tampoco duda de la colusión con las FARC de los cuatro mexicanos asesinados por tropas de Colombia en Ecuador. “Los cuatro estaban vinculados, no hay duda”.En esto es coincidente con Velasco Arzac y Ortega Sánchez, de quienes trata de poner distancia. “Ellos se autoinvitaron y pagaron su viaje”.
–¿No son invitados de la ODCA?
–No, no son invitados. Pero les abrimos un espacio.
–¿Parece un “eje del mal”?
–No, pinto mi raya.
Pero aquí no hay casualidades: El encuentro, celebrado en esta capital, es una muestra de cómo se articula la derecha continental y mundial, cuyos organismos que aglutinan los partidos de esta tendencia están presididos por dos mexicanos patrocinados, a su vez, por José María Aznar, exjefe del gobierno español.
De hecho, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside Aznar –quien envió un videomensaje para elogiar a Uribe–, financió el seminario, conjuntamente con la fundación Konrad Adenauer, de la democracia cristiana alemana, y el Partido Conservador de Colombia, que congregó un vasto universo de derechistas de América Latina y el Caribe.
Nuevo paradigma
Las encuestas que registran la popularidad de Uribe hacen levantar las cejas a los mexicanos: El presidente de Colombia supera los 80 puntos de respaldo popular, a pesar de los continuos escándalos por el involucramiento de familiares, colaboradores y aliados políticos con bandas paramilitares implicadas en matanzas, así como con el narcotráfico.Como alcalde de Medellín, en 1982, Uribe inauguró viviendas financiadas por Pablo Escobar Gaviria, jefe de uno de los principales cárteles de Colombia, a quien le facilitó el tráfico de droga cuando fue director de Aeronáutica Civil. Inclusive, en 2004, la revista Newsweek dio a conocer un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos que ubicaba a Uribe en el lugar 82 de una lista de los 104 personajes vinculados con el negocio de la cocaína en Colombia. Según el documento, el hoy mandatario trabajaba para el cártel de Medellín y era amigo de Pablo Escobar.La derecha mexicana no escatima elogios a Uribe por su bandera de gobierno, la “seguridad democrática”, que congregó aquí a personajes cercanos a Espino, como Rubén Mendoza Ayala, el frustrado candidato a gobernador del Estado de México, cuya marginación del PAN lo hizo reactivar el Frente Cívico de Tlalnepantla, y Ana Rosa Payán, la política yucateca que renunció a ese partido después de haber padecido un fraude interno. Parte del elenco espinista lo integraron los diputados federales Gerardo Aranda Orozco, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y hermano de Ana Teresa, subsecretaria de Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Sandoval, dirigente obrero. Llamó la atención la presencia del empresario Luis Carlos Urzúa por lo ostentoso de sus joyas y sus guardaespaldas. Amigo de Espino, fue candidato priista a diputado federal en las elecciones del año 2000 y ahora pagó los boletos de avión de Fox y Marta Sahagún, según ella misma lo confesó en una plática de grupo.Precisamente uno de los personajes más cercanos a Uribe, señalado de haber encubierto a los paramilitares, es el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, exfiscal general, quien ahora es, junto con Ortega Sánchez y Velasco Arzac, el responsable de acreditar los nexos de mexicanos con las FARC.“Parte de mi presencia aquí en Colombia es poder validar las evidencias y los elementos materiales probatorios que se tienen ya bajo la cadena de custodia y la verificación que hizo Interpol para la investigación que se adelanta ya sobre los muchachos mexicanos que estaban en el lugar de los hechos el 1 de marzo de 2008.”
–¿Hay muchas evidencias?
–Se trata de situaciones que corresponden a investigaciones y, desde luego, debemos respetar la reserva del sumario y, por lo tanto, se entrega a las autoridades mediante una carta rogativa y por el procedimiento normal de colaboración entre los dos países.Ortega Sánchez se resiste a una entrevista sobre El Yunque –“si vamos a hablar de grupos secretos, hablemos de los narcos”–, pero accede a hablar de lo que ha sido su empeño en los más recientes meses: Los presuntos nexos de las FARC con mexicanos.Dice que, una vez que concluya la investigación de la PGR, con pruebas aportadas por Colombia y por él mismo, deberá procederse a la captura de mexicanos, como Lucía Morett. “Si a Medina Mora no le tiemblan las piernas, como le tiembla en todo, yo creo que sí”.
–Pero no es una decisión de Medina Mora, es de Calderón.
–Es una decisión de Calderón, aunque debería ser de Medina Mora, porque se supone que hay autonomía, no dependencia del Ejecutivo; por lo menos eso es lo que estamos peleando. Ortega Sánchez ampliará la denuncia que presentó ante la PGR y le pedirá que, por conducto diplomático, se interrogue en Venezuela a Sonia Morett, hermana de Lucía, a Díaz Orgaz y a Mejía Leyva, cuya vinculación con las FARC, asegura, está acreditada en las 43 evidencias que Colombia hizo llegar al gobierno de México. l
Cúpula de mafiosos sin rumboSSP: Publicidad engañosa
Genuina Materia FECALPreocupado por el despliegue de publicidad oficial sobre supuestos logros en el combate a la delincuencia organizada, el excoordinador de Seguridad Regional de la PFP, Javier Herrera Valles, se aseguró de que el presidente Calderón conociera la verdadera situación de la Secretaría de Seguridad Pública: en una nueva carta expone las mortales consecuencias que tiene el manejo caprichoso de los mandos y el encubrimiento de fallas en los programas tecnológicos por parte del titular de la dependencia, Genaro García Luna.El presidente Felipe Calderón y su Gabinete de Seguridad celebran reiteradamente que, según ellos, le van ganando la guerra al crimen organizado, pero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sigue hundida en el desorden: improvisación, corrupción administrativa, fallas técnicas, programas incumplidos y proyectos “maquillados”, entre otros vicios. Parte de este caos que priva en la SSP se desprende de la segunda carta que envió Javier Herrera Valles, comisario y excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), al presidente Felipe Calderón, en la que denuncia la corrupción y lo que él llama “las mentiras del titular de la SSP, Genaro García Luna”.Herrera envió la primera carta a Calderón en febrero pasado (Proceso 1637), y al igual que ahora le anexó documentos oficiales que demuestran sus señalamientos. Asegura que esta misiva, de ocho cuartillas a renglón seguido y con fecha del 7 de mayo, fue recibida en la Presidencia el 22 del mismo mes, antes de que los tentáculos de García Luna la confiscaran.En ella el denunciante describe cómo García Luna utiliza a la SSP como empresa particular, pues sacrifica al personal capacitado para dar cabida a “amigos, familiares y recomendados, quienes ostentan altos puestos y grados jerárquicos”.En cuanto a las fallas de las operaciones contra el crimen, Herrera Valles dice en entrevista con Proceso que García Luna presume de contar con tecnología de punta, sistemas satelitales y archivos digitalizados con registros criminales de todo el país, pero eso no es cierto, dice, pues al ponerlos en uso muestran fallas recurrentes, ya que las bases terrestres que realizan los operativos no tienen acceso a esos datos, lo que a menudo deriva en falta de comunicación, descoordinación y constantes matanzas de policías.
Falsa seguridad
Herrera Valles ha sufrido represalias por sus denuncias, y responsabiliza de ello a García Luna.
“Desde febrero de este año –afirma– me suspendieron el sueldo y la SSP me notificó que daban por concluido mi cargo” de coordinador de Seguridad Regional. Un mes después, el 18 de marzo, de los 536 integrantes de la última generación de policías egresados, le comunicaron “únicamente al mayor de mis hijos” la conclusión del período de prácticas de su servicio en el aeropuerto de Monterrey. Actualmente está concentrado y sin tener comisión en la Dirección General de Puertos y Fronteras, en tanto que el hermano del Herrera Valles, José Ángel Herrera, “fue relevado como encargado de la subsede de Izúcar de Matamoros”.
Según Herrera Valles, estas presiones y “el seguimiento personal que traigo” los ha ordenado García Luna.
–¿Usted cree que el presidente está siendo engañado o que todo es parte de un juego de intereses en el que sólo los hombres del poder saben a qué juegan en el combate al narcotráfico?
–Yo creo que lo están engañando. Genaro García Luna habla de nuevos proyectos, de tecnologías de punta, cuando nada de eso está funcionando; continúa con sus campañas mediáticas, adjudicándose como propios logros de otras instituciones. Todo esto parece un circo, y duele decirlo, pero hay que reconocer que la lucha contra el crimen es pura improvisación.El lunes 16, el presidente Felipe Calderón acudió a Iztapalapa, donde fueron inauguradas las fastuosas instalaciones del llamado Centro de Mando de la Policía Federal, cuya capacidad permitirá, dijo García Luna, “un rápido despliegue de efectivos hacia el oriente del Distrito Federal y estados vecinos”.Las instalaciones son ocupadas por más de mil 200 elementos, muchos de ellos de reciente ingreso a la policía. Cuentan con patios, cocinas, dormitorios y parque vehi-cular nuevo.Ramón Eduardo Pequeño García, coordinador de Seguridad Regional de la SSP, dijo que el propósito de esta corporación es que a finales de 2009 tenga la capacidad para movilizar a los agentes necesarios hacia cualquier parte del país.Pero otra es la realidad del Centro de Mando, según dice Herrera Valles: “Hasta poco antes de su inauguración no tenía agua: se suministraba con pipas; tampoco había luz, el fluido eléctrico era alimentado por plantas rentadas; peor aún, el sistema GPS, también llamado Conducción Operativa en Tiempo Real, no funciona, pues de las 4 mil patrullas de que se dispone, menos de 100 tienen instalado este programa y sufre fallas con frecuencia.
–¿Entonces no hay posibilidades de comunicación en tiempo real para coordinarse en los operativos y hacer frente a la delincuencia? –se le pregunta al comisario.
–No. Esta es una de las grandes mentiras de García Luna, pues durante las pruebas que se llevaron a cabo el sistema mostró fallas, ya no digamos para comunicarse de un estado a otro, sino desde el propio Centro de Mando no podía lograrse la comunicación a la zona de Izcalli, por ejemplo.De acuerdo con Herrera Valles, en el Centro de Mando no hay nada nuevo, pues el proyecto “es un refrito” de la Plataforma México –el sistema informático y de registros criminales más ambicioso en materia de seguridad pública– anunciado por García Luna en febrero de 2007, cuando ofreció la construcción de 500 estaciones de policía iguales a la de Iztapalapa.Durante la inauguración de las instalaciones de Iztapalapa, García Luna ya no habló de 500 estaciones, sino de 40 por año en las principales ciudades y en las entidades con mayores índices delictivos. De acuerdo con Herrera, muchas de esas nuevas instalaciones que se anuncian son las mismas que ocupa la Policía Federal de Caminos, que seguramente serán remodeladas.Según la información oficial sobre el llamado Centro de Mando, éste se conectará con la Plataforma México, que en teoría nutre de información y antecedentes sobre la criminalidad del país a las unidades desplegadas en todo el territorio nacional.Sin embargo, de acuerdo con la información que ofrece Herrera Valles y con otros datos corroborados por Proceso dentro de la SSP y entre mandos policiacos, los archivos de información criminal están incompletos debido a que no todos los gobernadores del país han cumplido con la entrega de la información que se les pidió desde febrero de 2007, cuando se dio a conocer el proyecto.A un año y medio de distancia, tampoco se ha logrado la interconexión con las principales dependencias, y menos todavía con las entidades federativas, lo que limita hasta ahora que las fuerzas terrestres acudan a las regiones más violentas del país reforzadas con datos y antecedentes de los grupos criminales a los que se van a enfrentar. Pese a estas fallas, García Luna da como un hecho que la Plataforma México se conectará con la base de datos de la Interpol para que policías mexicanos puedan consultar información criminal de 186 países.Y es que, con base en su experiencia –estuvo al frente de los operativos de Michoacán, Guerrero y la ciudad de Tijuana, entre otros–, Herrera Valles dice que la PFP no cuenta con un mapa delictivo para conocer qué grupos de narcotraficantes operan en cada zona del país.
Recientemente presentaron el Sistema Único Criminal para la consulta de datos sobre personas, vehículos y armamento. Al respecto dice Herrera: “Supe que había una clave para acceder a esos datos, pero me enteré de que las 34 comandancias de Región no tienen la clave para bajar los datos que necesitan, y menos las 143 comisarías”.Sin la cobertura nacional mediante el sistema GPS ni el refuerzo de las bases de datos sobre la movilización de la delincuencia, la lucha contra el narcotráfico no puede ser eficaz y, de acuerdo con Herrera Valles, a eso se debe que las bases terrestres estén siendo masacradas por los criminales, ya que los policías no disponen de información “ni para salir corriendo” en caso de emergencia.Esto se evidenció el 27 de mayo pasado, cuando siete agentes federales –Alejandro Avilés Vargas, Fabián Rosales Guzmán, Eleuterio Vela Salomón, Javier Cruz Eleuterio, César Antonio Alonso Cardona, Rogelio Felipe Izalde y Roberto Ventura Ramírez– fueron asesinados con granadas y otras armas de alto poder en Culiacán, presuntamente por un comando relacionado con el cártel de Sinaloa.Así mismo, presuntos narcotraficantes atacaron un convoy de policías federales en Navojoa, Sonora, el pasado 16 de junio, donde murieron Omar Lendón Espinoza, suboficial de la PFP, y el inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes José Cruz Flores Gaytán.A esas mismas fallas de inteligencia y de coordinación atribuye Herrera los daños por la acción perpetrada la madrugada del jueves 19 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, que presuntos exmilitares atacaron con granadas de fragmentación.
Ventajas a la delincuencia
En su carta, Herrera Valles afirma que si bien García Luna dice públicamente que la selección del personal de la SSP es rigurosa, en la práctica se fomenta la improvisación y con ello se le da ventajas al crimen organizado, pues se incorporan funcionarios que reprobaron los exámenes de confianza o bien se pasa por alto ese requisito legal.Destaca el caso de Humberto Martínez González, exjefe de García Luna en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien tiene 67 años y rebasa la edad máxima para el ingreso.La vejez de su amigo y su deterioro físico no impidieron que García Luna lo metiera en la SSP. El 2 de octubre de 2007, “sin presentar los estrictos exámenes de Control de Confianza” –dice la carta–, lo nombró director general de Apoyo Técnico; le otorgó la plaza PF003, el grado de comisario general y un sueldo de 190 mil pesos mensuales.Según los datos que ofrece Herrera Valles, el presidente Calderón también ha solapado el nepotismo de García Luna: Esperanza García Luna, hermana de Genaro, es la directora general de Delitos Cibernéticos de la PFP y devenga el mismo salario que Martínez González, sin tener carrera policial.A la ausencia de un hilo conductor de la política contra el narcotráfico se suma la falta de preparación del personal de la SSP, lo que es grave en los mandos que están al frente de las operaciones contra la delincuencia organizada.Es ilustrativo el caso de Benito Roa Lara, excolaborador de García Luna en la Agencia Federal de Investigación: ingresó a la SSP con el grado de inspector general y director general de Secuestros “sin los estudios correspondientes”, como la enseñanza media superior, y sin haber presentado los exámenes de control de confianza, ambos requisitos indispensables para trabajar en la Policía Federal Preventiva.Tras descubrirse que el funcionario no contaba con estudios de preparatoria, el 1 de febrero de 2007 el propio Roa Lara le dirigió una carta a Ardelio Vargas Fosado, entonces presidente de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial de la PFP, en la que acepta no tener estudios de preparatoria:“Por lo que (…) me comprometo voluntariamente, con fundamento en el artícu-lo 55, párrafo segundo, del reglamento de la Policía Federal Preventiva, a presentar en un término no mayor de tres años a partir de la fecha de mi ingreso condicionado a la Policía (…) la documentación oficial en original que acredite fehacientemente la conclusión de por lo menos mis estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente.”Lo extraño es que, para acreditar sus estudios, el habilidoso funcionario entregó a la SSP una constancia otorgada por el Instituto Tecnológico del Valle de México. El documento lo firma Johana Becerril Rocha, directora de la escuela, y está fechado el 16 de enero de 2007, es decir, antes de que Roa Lara se comprometiera con Vargas Fosado a entregar, en un plazo de tres años, su certificado de estudios.No es todo: de acuerdo con la carta, Heady Yesel Cruz y José Becerril Ramírez ingresaron a la institución hace más de un año, sin presentar los exámenes de control de confianza. Aun así –expone Herrera–, “les pretenden regularizar su permanencia en la PFP”. Según el oficio SEIP/PFP/CRS/DGAEA/2398/07, fechado el 7 de febrero de 2008, ambos funcionarios “rebasan la edad máxima requerida para los grados de escala básica”.Herrera Valles expone en su carta: “El 25 de junio de 2007, el ingeniero García Luna, en conferencia de prensa y (en) el boletín 212, informa (sobre) el relevo de 284 mandos superiores de la AFI y de la PFP en cumplimiento (de) las instrucciones presidenciales, en el sentido de aplicar estrictos controles de confianza a la Policía Federal, con especial énfasis a la ética, la disciplina y la calidad, para garantizar su honestidad, transparencia y eficacia…“Como le informé en mi carta anterior, el ingeniero García Luna le mintió, ya que a 12 mandos superiores de la AFI no los concentró en un esquema integral de formación, ni utilizó la seriedad en los estrictos exámenes de control de confianza, ya que ingresó a la PFP a esos 12 elementos, de los cuales siete no aprobaron los exámenes citados y todos ellos ostentan el grado de comisarios.”Otros casos que menciona Herrera en su carta son los de Nahum García (amigo de García Luna) y otras siete personas que ingresaron a la SSP sin aprobar los exámenes de confianza y mediante un acuerdo del Comité de Reclutamiento.Para acelerar esos trámites, García Luna dispone de los servicios de Osvaldo Luna Valderrábano, jefe del Estado Mayor de la PFP, quien agiliza “el ingreso del personal que no aprobó los exámenes de control de confianza”.En la carta, Herrera añade que a los titulares de las 143 comisarías de Sector, que deben tener el cargo de director de área, y a los de 32 comisarías de Aeropuerto, cuyos responsables deben ser subdirectores, “actualmente no se les ha regularizado el sueldo correspondiente”.De acuerdo con el análisis de Herrera Valles, todos estos desajustes e ingresos por recomendación o “amiguismo” provocan “desequilibrio en la estructura de la Coordinación de Seguridad Regional, en términos de peso funcional, responsabilidades asignadas, cadena de mandos y tramos de control, lo que da lugar a que integrantes de la Policía Federal Preventiva con probada experiencia y capacidad, con años de antigüedad en la institución, les concluyan el cargo sin justificación” o los presionen “para obligarlos a renunciar a sus cargos”.
Falsa seguridad
Herrera Valles ha sufrido represalias por sus denuncias, y responsabiliza de ello a García Luna.
“Desde febrero de este año –afirma– me suspendieron el sueldo y la SSP me notificó que daban por concluido mi cargo” de coordinador de Seguridad Regional. Un mes después, el 18 de marzo, de los 536 integrantes de la última generación de policías egresados, le comunicaron “únicamente al mayor de mis hijos” la conclusión del período de prácticas de su servicio en el aeropuerto de Monterrey. Actualmente está concentrado y sin tener comisión en la Dirección General de Puertos y Fronteras, en tanto que el hermano del Herrera Valles, José Ángel Herrera, “fue relevado como encargado de la subsede de Izúcar de Matamoros”.
Según Herrera Valles, estas presiones y “el seguimiento personal que traigo” los ha ordenado García Luna.
–¿Usted cree que el presidente está siendo engañado o que todo es parte de un juego de intereses en el que sólo los hombres del poder saben a qué juegan en el combate al narcotráfico?
–Yo creo que lo están engañando. Genaro García Luna habla de nuevos proyectos, de tecnologías de punta, cuando nada de eso está funcionando; continúa con sus campañas mediáticas, adjudicándose como propios logros de otras instituciones. Todo esto parece un circo, y duele decirlo, pero hay que reconocer que la lucha contra el crimen es pura improvisación.El lunes 16, el presidente Felipe Calderón acudió a Iztapalapa, donde fueron inauguradas las fastuosas instalaciones del llamado Centro de Mando de la Policía Federal, cuya capacidad permitirá, dijo García Luna, “un rápido despliegue de efectivos hacia el oriente del Distrito Federal y estados vecinos”.Las instalaciones son ocupadas por más de mil 200 elementos, muchos de ellos de reciente ingreso a la policía. Cuentan con patios, cocinas, dormitorios y parque vehi-cular nuevo.Ramón Eduardo Pequeño García, coordinador de Seguridad Regional de la SSP, dijo que el propósito de esta corporación es que a finales de 2009 tenga la capacidad para movilizar a los agentes necesarios hacia cualquier parte del país.Pero otra es la realidad del Centro de Mando, según dice Herrera Valles: “Hasta poco antes de su inauguración no tenía agua: se suministraba con pipas; tampoco había luz, el fluido eléctrico era alimentado por plantas rentadas; peor aún, el sistema GPS, también llamado Conducción Operativa en Tiempo Real, no funciona, pues de las 4 mil patrullas de que se dispone, menos de 100 tienen instalado este programa y sufre fallas con frecuencia.
–¿Entonces no hay posibilidades de comunicación en tiempo real para coordinarse en los operativos y hacer frente a la delincuencia? –se le pregunta al comisario.
–No. Esta es una de las grandes mentiras de García Luna, pues durante las pruebas que se llevaron a cabo el sistema mostró fallas, ya no digamos para comunicarse de un estado a otro, sino desde el propio Centro de Mando no podía lograrse la comunicación a la zona de Izcalli, por ejemplo.De acuerdo con Herrera Valles, en el Centro de Mando no hay nada nuevo, pues el proyecto “es un refrito” de la Plataforma México –el sistema informático y de registros criminales más ambicioso en materia de seguridad pública– anunciado por García Luna en febrero de 2007, cuando ofreció la construcción de 500 estaciones de policía iguales a la de Iztapalapa.Durante la inauguración de las instalaciones de Iztapalapa, García Luna ya no habló de 500 estaciones, sino de 40 por año en las principales ciudades y en las entidades con mayores índices delictivos. De acuerdo con Herrera, muchas de esas nuevas instalaciones que se anuncian son las mismas que ocupa la Policía Federal de Caminos, que seguramente serán remodeladas.Según la información oficial sobre el llamado Centro de Mando, éste se conectará con la Plataforma México, que en teoría nutre de información y antecedentes sobre la criminalidad del país a las unidades desplegadas en todo el territorio nacional.Sin embargo, de acuerdo con la información que ofrece Herrera Valles y con otros datos corroborados por Proceso dentro de la SSP y entre mandos policiacos, los archivos de información criminal están incompletos debido a que no todos los gobernadores del país han cumplido con la entrega de la información que se les pidió desde febrero de 2007, cuando se dio a conocer el proyecto.A un año y medio de distancia, tampoco se ha logrado la interconexión con las principales dependencias, y menos todavía con las entidades federativas, lo que limita hasta ahora que las fuerzas terrestres acudan a las regiones más violentas del país reforzadas con datos y antecedentes de los grupos criminales a los que se van a enfrentar. Pese a estas fallas, García Luna da como un hecho que la Plataforma México se conectará con la base de datos de la Interpol para que policías mexicanos puedan consultar información criminal de 186 países.Y es que, con base en su experiencia –estuvo al frente de los operativos de Michoacán, Guerrero y la ciudad de Tijuana, entre otros–, Herrera Valles dice que la PFP no cuenta con un mapa delictivo para conocer qué grupos de narcotraficantes operan en cada zona del país.
Recientemente presentaron el Sistema Único Criminal para la consulta de datos sobre personas, vehículos y armamento. Al respecto dice Herrera: “Supe que había una clave para acceder a esos datos, pero me enteré de que las 34 comandancias de Región no tienen la clave para bajar los datos que necesitan, y menos las 143 comisarías”.Sin la cobertura nacional mediante el sistema GPS ni el refuerzo de las bases de datos sobre la movilización de la delincuencia, la lucha contra el narcotráfico no puede ser eficaz y, de acuerdo con Herrera Valles, a eso se debe que las bases terrestres estén siendo masacradas por los criminales, ya que los policías no disponen de información “ni para salir corriendo” en caso de emergencia.Esto se evidenció el 27 de mayo pasado, cuando siete agentes federales –Alejandro Avilés Vargas, Fabián Rosales Guzmán, Eleuterio Vela Salomón, Javier Cruz Eleuterio, César Antonio Alonso Cardona, Rogelio Felipe Izalde y Roberto Ventura Ramírez– fueron asesinados con granadas y otras armas de alto poder en Culiacán, presuntamente por un comando relacionado con el cártel de Sinaloa.Así mismo, presuntos narcotraficantes atacaron un convoy de policías federales en Navojoa, Sonora, el pasado 16 de junio, donde murieron Omar Lendón Espinoza, suboficial de la PFP, y el inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes José Cruz Flores Gaytán.A esas mismas fallas de inteligencia y de coordinación atribuye Herrera los daños por la acción perpetrada la madrugada del jueves 19 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, que presuntos exmilitares atacaron con granadas de fragmentación.
Ventajas a la delincuencia
En su carta, Herrera Valles afirma que si bien García Luna dice públicamente que la selección del personal de la SSP es rigurosa, en la práctica se fomenta la improvisación y con ello se le da ventajas al crimen organizado, pues se incorporan funcionarios que reprobaron los exámenes de confianza o bien se pasa por alto ese requisito legal.Destaca el caso de Humberto Martínez González, exjefe de García Luna en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien tiene 67 años y rebasa la edad máxima para el ingreso.La vejez de su amigo y su deterioro físico no impidieron que García Luna lo metiera en la SSP. El 2 de octubre de 2007, “sin presentar los estrictos exámenes de Control de Confianza” –dice la carta–, lo nombró director general de Apoyo Técnico; le otorgó la plaza PF003, el grado de comisario general y un sueldo de 190 mil pesos mensuales.Según los datos que ofrece Herrera Valles, el presidente Calderón también ha solapado el nepotismo de García Luna: Esperanza García Luna, hermana de Genaro, es la directora general de Delitos Cibernéticos de la PFP y devenga el mismo salario que Martínez González, sin tener carrera policial.A la ausencia de un hilo conductor de la política contra el narcotráfico se suma la falta de preparación del personal de la SSP, lo que es grave en los mandos que están al frente de las operaciones contra la delincuencia organizada.Es ilustrativo el caso de Benito Roa Lara, excolaborador de García Luna en la Agencia Federal de Investigación: ingresó a la SSP con el grado de inspector general y director general de Secuestros “sin los estudios correspondientes”, como la enseñanza media superior, y sin haber presentado los exámenes de control de confianza, ambos requisitos indispensables para trabajar en la Policía Federal Preventiva.Tras descubrirse que el funcionario no contaba con estudios de preparatoria, el 1 de febrero de 2007 el propio Roa Lara le dirigió una carta a Ardelio Vargas Fosado, entonces presidente de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial de la PFP, en la que acepta no tener estudios de preparatoria:“Por lo que (…) me comprometo voluntariamente, con fundamento en el artícu-lo 55, párrafo segundo, del reglamento de la Policía Federal Preventiva, a presentar en un término no mayor de tres años a partir de la fecha de mi ingreso condicionado a la Policía (…) la documentación oficial en original que acredite fehacientemente la conclusión de por lo menos mis estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente.”Lo extraño es que, para acreditar sus estudios, el habilidoso funcionario entregó a la SSP una constancia otorgada por el Instituto Tecnológico del Valle de México. El documento lo firma Johana Becerril Rocha, directora de la escuela, y está fechado el 16 de enero de 2007, es decir, antes de que Roa Lara se comprometiera con Vargas Fosado a entregar, en un plazo de tres años, su certificado de estudios.No es todo: de acuerdo con la carta, Heady Yesel Cruz y José Becerril Ramírez ingresaron a la institución hace más de un año, sin presentar los exámenes de control de confianza. Aun así –expone Herrera–, “les pretenden regularizar su permanencia en la PFP”. Según el oficio SEIP/PFP/CRS/DGAEA/2398/07, fechado el 7 de febrero de 2008, ambos funcionarios “rebasan la edad máxima requerida para los grados de escala básica”.Herrera Valles expone en su carta: “El 25 de junio de 2007, el ingeniero García Luna, en conferencia de prensa y (en) el boletín 212, informa (sobre) el relevo de 284 mandos superiores de la AFI y de la PFP en cumplimiento (de) las instrucciones presidenciales, en el sentido de aplicar estrictos controles de confianza a la Policía Federal, con especial énfasis a la ética, la disciplina y la calidad, para garantizar su honestidad, transparencia y eficacia…“Como le informé en mi carta anterior, el ingeniero García Luna le mintió, ya que a 12 mandos superiores de la AFI no los concentró en un esquema integral de formación, ni utilizó la seriedad en los estrictos exámenes de control de confianza, ya que ingresó a la PFP a esos 12 elementos, de los cuales siete no aprobaron los exámenes citados y todos ellos ostentan el grado de comisarios.”Otros casos que menciona Herrera en su carta son los de Nahum García (amigo de García Luna) y otras siete personas que ingresaron a la SSP sin aprobar los exámenes de confianza y mediante un acuerdo del Comité de Reclutamiento.Para acelerar esos trámites, García Luna dispone de los servicios de Osvaldo Luna Valderrábano, jefe del Estado Mayor de la PFP, quien agiliza “el ingreso del personal que no aprobó los exámenes de control de confianza”.En la carta, Herrera añade que a los titulares de las 143 comisarías de Sector, que deben tener el cargo de director de área, y a los de 32 comisarías de Aeropuerto, cuyos responsables deben ser subdirectores, “actualmente no se les ha regularizado el sueldo correspondiente”.De acuerdo con el análisis de Herrera Valles, todos estos desajustes e ingresos por recomendación o “amiguismo” provocan “desequilibrio en la estructura de la Coordinación de Seguridad Regional, en términos de peso funcional, responsabilidades asignadas, cadena de mandos y tramos de control, lo que da lugar a que integrantes de la Policía Federal Preventiva con probada experiencia y capacidad, con años de antigüedad en la institución, les concluyan el cargo sin justificación” o los presionen “para obligarlos a renunciar a sus cargos”.
Crímenes de Estado. Clamor
Gloria Leticia Díaz
A pesar de que poca, muy poca gente se atreve a denunciarlos, durante el gobierno de Felipe Calderón se han cometido más de 600 desapariciones, entre “levantones” anónimos y desapariciones forzadas cometidas por el Estado. De acuerdo con una investigación realizada por Proceso, la cifra real es incalculable porque, en medio de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, las familias de presuntos delincuentes y de activistas políticos y sociales tienen miedo de denunciar la desaparición de sus parientes –secuestrados muchas veces por policías o militares– debido a que las autoridades las relacionan con el narco…A las más de 4 mil ejecuciones ocurridas durante la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, se suman por lo menos 600 “levantones” y desapariciones forzadas que, en numerosos casos, han sido cometidos por fuerzas policiacas y militares de la presente administración. Aunque las cifras oficiales al respecto son menores, la reportera obtuvo ese número aproximado recabando información de instituciones públicas, de medios de comunicación y de agrupaciones de derechos humanos, las cuales explican las diferencias estadísticas por el hecho de que, en el presente gobierno, son pocas las familias que superan el miedo y denuncian formalmente las desapariciones forzadas de sus parientes. A pesar de que, en 2007, el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Predes) de la CNDH dio cuenta de 43 desapariciones –23 verificadas en el presente sexenio–, y no obstante que Amnistía Internacional (AI) emitió un informe acerca de este fenómeno en México, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró el 27 de mayo pasado que el actual gobierno “no tiene ni presos políticos ni desaparecidos”. Consultada al respecto, la senadora Rosario Ibarra manifiesta: “¿Quién le puede creer a Mouriño cuando dice que en México no hay desaparecidos? Claro que ahora les llaman ‘levantones’, vocablo terrible que inventaron para asociarlo a otros dos fenómenos, ‘delincuencia organizada’ y ‘narcotráfico’, lo cual es una maña calculada del gobierno ilegítimo de Calderón para quitarse de problemas”.En entrevista, la senadora perredista comenta que, a diferencia de las más de 500 desapariciones ocurridas durante la guerra sucia, “cuando estábamos seguros de que los que se llevaron a nuestros seres queridos eran la Dirección Federal de Seguridad, la policía de Arturo Durazo en el Distrito Federal y el Ejército, ahora no se sabe quiénes son los responsables. Eso llena de miedo a los familiares de las víctimas y por eso no denuncian”.Rosario Ibarra es integrante de la comisión mediadora para la localización de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos el año pasado, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, casos en los que se ha documentado la intervención policiaca. También es presidenta del Comité Eureka y representa, además, a los familiares de 38 trabajadores petroleros desaparecidos este año en Cadereyta, Nuevo León.Así mismo, la legisladora ha recibido información en el sentido de que en Oaxaca ha habido otras 32 desapariciones forzadas y tres más en Michoacán durante el presente gobierno, en tanto que el EPR, en un comunicado del pasado 11 de junio, denunció 75 desapariciones forzadas, incluidas las de sus dos compañeros.Por su parte, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam) y su filial mexicana, Afadem, reportaron que hasta el 11 de junio se habían producido 78 desapariciones forzadas. Dos días después de esa fecha, según el secretario técnico de Afadem, Julio Mata Montiel, hubo un nuevo caso en Puebla. Luego de confirmarse que al menos una veintena de desapariciones forzadas del calderonismo están relacionadas con el activismo político o social de sus víctimas, Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), señala que en muchas ocasiones los desaparecidos nada tienen que ver con esas prácticas ni con actividades delictivas. “En todas las guerras –dice–, quien paga una buena parte de los costos de las mismas es la población civil. Muy probablemente una buena parte de esta gente ejecutada y desaparecida estará implicada, pero otra parte de ella nada tenía que ver en el problema. Esas personas se convierten en mera estadística… más los ejecutados que los desaparecidos… porque de éstos poco se sabe.” En entrevista con Proceso, Cortez aclara que, a pesar de haber recibido información de agrupaciones agremiadas sobre la proliferación de las desapariciones forzadas de personas en México, no hay una cifra exacta “por el miedo de la gente a denunciar”.Al temor, continúa, se suma la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades, muchas de ellas “infiltradas por la delincuencia”. Tanto las ejecuciones como las desapariciones “no se investigan de manera automática. Se dice que una desaparición es un ajuste entre bandas o parte de la guerra entre los grupos de narcotráfico, como si eso fuera una justificación para no investigar. Hay enormes omisiones en términos de la procuración de justicia, es decir, de la investigación de los delitos para juzgarlos y castigarlos…”
Acciones policiacas y militares
En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhch), que ha recabado 64 quejas contra miembros del Ejército Mexicano en lo que va de este año, documentó la desaparición forzada –atribuida a militares el 31 de mayo pasado– de Fabián Cruz Torres. De 40 años, Cruz Torres fue detenido junto con otras nueve personas por un grupo de soldados que los llevaron a las instalaciones de la V Zona Militar, donde fueron torturados en el llamado Campo “C” mientras eran interrogados sobre los distribuidores de mariguana de su colonia.
Así lo denuncia en Ciudad Juárez Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de atención a víctimas de la Cedhch, y agrega:
De los 10 detenidos, ocho fueron liberados, y uno ellos, Ricardo Pérez, fue consignado cuatro días después acusado de portar un arma calibre .22. Pero de Fabián Cruz Torres, enfermo de esquizofrenia, hasta la fecha no se sabe nada. “En la PGR nos dicen que nunca llegó, y el área de Derechos Humanos del Ejército asegura que no lo tienen –indica De la Rosa–. Sin embargo, contamos con información fidedigna de que su nombre aparece en la bitácora de la enfermería de la V Zona Militar, donde fue atendido por un médico de grado mayor. “Hemos de tener unas 50 quejas específicas, con unos 100 afectados, de personas denunciando a militares que los retienen, los torturan e interrogan por seis o 10 días y luego los sueltan, pero el de Fabián es el caso más grave”, apunta. En Ciudad Juárez se han registrado, sólo de enero a abril de este año, 33 levantones de personas. De ellas, 26 permanecen desaparecidas. El resto aparecieron ejecutadas, de acuerdo con la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac).A su vez, la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad ha asumido el seguimiento de 24 desapariciones forzadas ocurridas en Baja California de 2006 a la fecha.Alma Díaz, coordinadora de la agrupación, explica que “cuando se trata de ajustes de cuentas, los levantados aparecen días después muertos, pero cuando los autores de detenciones son autoridades, o al menos eso parecen, nunca se vuelve a saber de las víctimas”.El pasado 12 marzo, Alma Díaz entregó a la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala, de gira por Mexicali, una carta –Proceso tiene copia– donde la Asociación Esperanza apela a “su corazón de madre, hermana e hija de familia” para que las autoridades judiciales trabajen en sus casos.A la misiva le adjuntaron una relación de 44 víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Baja California durante los gobiernos federales panistas, 24 de ellas en la administración de Felipe Calderón, de las cuales se encarga esa agrupación civil. “Con Vicente Fox –observa Alma Díaz– nos avisaban que habían recibido la información, pero con éste (Calderón) ni siquiera eso”.Lamenta la conducta de la CNDH ante el fenómeno: “En 2000, logramos que viniera a Mexicali el encargado del Programa de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano; se llevó toda la información de los asuntos que teníamos hasta ese momento, y no volvió ni emitió ninguna recomendación. Eso sí, nos pidió que lo lleváramos a San Diego a comprar perfumes”.Mientras tanto, en Sinaloa, las desapariciones forzadas atribuidas a cuerpos policiacos han sido registradas por el Frente Cívico Sinaloense (FCS) y por el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Óscar Loza Ochoa, ahora regidor en Culiacán.Mercedes Murillo, del FCS, lleva el caso de Vicente Raúl Ontiveros Avendaño, quien fue detenido la madrugada del 4 de junio en su casa de la colonia Nuevo Bachigualato.“La información que nos han proporcionado los familiares es que el 4 de junio en la madrugada llegaron cinco camionetas de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los agentes, todos, iban cubiertos del rostro y se metieron de manera por demás violenta a la casa del señor Ontiveros.“Supuestamente buscaban drogas, porque según ellos recibieron una llamada anónima; además de detenerlo, los agentes se llevaron tres televisores, dos DVD, una laptop, un lote de joyas, celulares y una camioneta. Ésta ya apareció, pero no el señor Ontiveros. Los familiares tomaron los números de dos patrullas en las que iban los agentes: 12419 y 12347.”Para la defensora de derechos humanos, “lo peor del caso es que a nosotros, por representar a las víctimas, se nos acusa de estar del lado de los narcotraficantes. Nos encontramos en estado de indefensión, pero no podemos callarnos”.Óscar Loza destaca que “hay un temor generalizado de la población a denunciar, porque en este ambiente de militarización la gente teme ser víctima de represalias. Además, cuando las autoridades califican a los desaparecidos como posibles delincuentes, la gente entra en un estado de incertidumbre”.En su edición número 1639, este semanario dio cuenta del seguimiento que Loza Ochoa daba a los casos de José Luis Ramírez y de Jesús Armando Sarabia, desaparecidos el 22 de enero y el 10 de marzo, respectivamente. Ahora sigue también los de Luis Ernesto Reyes Durán y Pablo Gerardo Nájera Urías, desaparecidos el 9 de marzo y el 2 de abril, en ese orden. En todos ellos, expresa, hay indicios de la participación de cuerpos policiacos.Pablo Gerardo es hermano de Omar Nájera Urias, presentado el 31 de abril con otros 12 individuos como presuntos sicarios por el entonces comisionado de la PFP, Édgar Millán, posteriormente asesinado.“Cuando la mamá se enteró, fue a verme y me dijo que ya no iba a seguir buscando a Pablo Gerardo, que le daba mucha vergüenza por su otro hijo. Yo la reanimé y le dije que no era un asunto de vergüenza, que afortunadamente su hijo Omar fue presentado y tenía el derecho de ser juzgado, pero que si su hijo Pablo había cometido algún delito, las autoridades tenían la obligación de presentarlo y juzgarlo, y que su desaparición seguía siendo un delito”, cuenta Loza Ochoa.
Negligencia criminal
En Guerrero, otra entidad severamente golpeada por la “guerra” contra el narcotráfico, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados reporta 138 “levantados”, 18 secuestrados y 504 asesinados de diciembre de 2006 a mayo de este año.Javier Monroy, coordinador de dicho comité, que da seguimiento a 10 desapariciones forzadas y a dos asesinatos, denuncia que las autoridades “insisten en vincular estos asuntos a la delincuencia organizada, sin ningún sustento, sólo por evadir su responsabilidad. Y todo ello sigue alimentando las sospechas de que algo saben y lo esconden, lo que implica impunidad y posiblemente complicidad”.Según cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) y la organización de Monroy, durante el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca ha habido 28 desapariciones forzadas, 18 de ellas ocurridas en los primeros 11 meses de 2007, es decir, durante el primer año de gobierno de Calderón (Proceso 1626).En Tamaulipas se han reportado por lo menos 130 personas desaparecidas en lo que va del sexenio, la mayoría en hechos relacionados con el crimen organizado. la directora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos de Reynosa (Cefprodhac), Rebeca Rodríguez, puntualiza que “de cada 10 desapariciones que se registran en la frontera, si acaso una es denunciada actualmente”.El Cefprodhac documentó un caso en el que intervinieron agentes federales que, al realizar una redada contra taxistas, se llevaron hasta a los pasajeros. Los condujeron “a veredas donde los desnudaron y los sometieron a interrogatorios sobre quién y dónde se vendía droga”.Por este asunto, continúa, hay tres personas que siguen desaparecidas, pero ninguna de ellas ni sus familias han presentado una denuncia formal. Es más, añade, los agentes del Ministerio Público se niegan a integrar averiguaciones por estos casos, y cuando lo hacen, no hay investigaciones.En 2007, el Cefprodhac contabilizó 81 personas desaparecidas hasta noviembre de ese año, de las cuales 31 no han reaparecido, mientras que en lo que va de 2008 se han producido 17 desapariciones. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Ministerial del Estado (PME), se han recibido 90 denuncias por desaparición forzada –sin incluir el municipio de Reynosa– y las víctimas no han sido localizadas.En Nuevo León y Coahuila el miedo de la población a denunciar las desapariciones forzadas se ha traducido en que no haya registros oficiales de las mismas. Pero, en Nuevo León, los medios locales han informado de 88 “levantones” en 2007 y de 36 en lo que va de 2008, así como de tres secuestros, en tanto que en Coahuila cifras extraoficiales hablan de 50 “levantones” al mes, pero sin denuncias formales.Algo similar sucede en Michoacán, donde la delegación de la Procuraduría General de la República tiene 20 expedientes de desapariciones forzadas en lo que va del sexenio. Entre éstas se encuentran: la del exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) Francisco Paredes Ruiz, ocurrida el 26 de septiembre de 2007; la de los periodistas Mauricio Estrada Zamora, de La Opinión de Michoacán, y la de Axel Christian López Cruz, desaparecidos el 14 de febrero y 20 de julio, respectivamente. Así mismo, las de Jesús Bustamante y Eduardo García, policías ministeriales de Guanajuato, que desparecieron el 25 de marzo pasado entre los límites de La Piedad, Michoacán, y Santa Ana Pucuato, Guanajuato.En el estado panista de Guanajuato, la delegación de la PGR tiene un registro de 43 personas desaparecidas originarias de esa entidad, casos de los cuales 12 han sido denunciados de 2006 a la fecha, mientras que en Tabasco la violencia ha cobrado 30 ejecuciones, unos 60 “levantones” y secuestros y cinco desapariciones forzadas.Entre las desapariciones sobresale la del reportero del diario Tabasco Hoy Rodolfo Rincón, especializado en temas de narcotráfico, en enero de 2007. En esta misma entidad, el sacerdote jesuita Jesús Maldonado, director del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), refiere que, en medio de la guerra contra el narcotráfico, muchas agrupaciones de derechos humanos deciden no ocuparse de las desapariciones forzadas.Édgar Cortez, de la Red de Organismos Civiles, reflexiona: “No tenemos una respuesta de cómo entrarle a esta situación de alto riesgo. Es ingresar a un terreno desconocido. Frente a las autoridades puede haber una serie de mecanismos de contención y de control, pero en el tema del narcotráfico es meterte con un actor totalmente irracional e inesperado.“Por el momento, lo que ubicamos es que la justicia se vuelve imposible; la negligencia para investigar estos casos es sistemática; las procuradurías no hacen mayor esfuerzo al respecto, generando un miedo social que dificulta la lucha contra la delincuencia.”
(Con información de Gabriela Hernández, Arturo Rodríguez, Francisco Castellanos, Verónica Espinoza y Armando Guzmán.)
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