Por Alvaro Cepeda Neri
IPAB, IFAI, PGR y los Bribiesca
Los hijastros de Fox e hijos de Mart(h)a, más que Bribiesca indudablemente bribones, para no decirles más feo, llevan la delantera hacia la total impunidad. Era explicable que la Comisión Legislativa, que investigó a esos hermanitos que abusaron de la protección presidencial, por haberlo hecho durante los últimos tres años del sexenio foxista, haya encontrado toda clase de obstáculos en dependencias como la Función Pública, la PGR, el Instituto Federal para la Información (IFAI) y el IPAB (descendiente del FOBAPROA). Obviamente los funcionarios foxistas optaron por acatar las órdenes de Los Pinos, para por ningún motivo proporcionar ni siquiera respuesta a las peticiones de los diputados federales, sobre lo que sabían y tenían documentación comprometedora.
Pero han pasado casi 15 meses del relevo en el Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es Felipe Calderón y la nueva Comisión que investiga a Fox con relación a los Bribiesca (incluso a la mamá de éstos) ha vuelto a encontrar toda clase e impedimentos para continuar su tarea. De nueva cuenta la PGR, el IPAB y el IFAI, por supuesto acatando “órdenes superiores”, se resisten a entregar la información que tienen sobre denuncias y documentos con relación a la presunta (¿presunta?) fortuna, obtenida por la corrupción, de los Bribiesca y que involucra a Fox y a Mart(h)a, en lo que fue una red donde la única manera de empezar es a través del ex presidente conservador.
El IFAI considera “reservada” o “inexistente” la información de los foxistas; y se niega a proporcionarla, a pesar de que los representantes de la Nación tienen la facultad para que ponga a su disposición todo lo que tiene. Lo mismo pasa con el IPAB, donde su directora, escudándose asimismo en las “reservas”, se niega a entregar la documentación sobre operaciones financieras de los Bribiesca (Jorge y Alberto), de la señora Sahagún y del propio Fox. Y las denuncias que recibió la PGR, con sus respectivas investigaciones, están guardadas en cajas fuertes cuya combinación está en Los Pinos.
No hay más camino que los diputados federales procedan a deslindarles responsabilidades (por vías del juicio político y penal) a los funcionarios del IPAB, IFAI y la PGR y obligarlos a proporcionar la información que se les exige. Ha llegado el momento de pedir oficialmente la información y de que no vuelvan a pasar tres años más, sin que haya resultados. El calderonismo no está dispuesto a cumplir con su obligación, al impedir que la PGR atienda a los legisladores. Y las instituciones autónomas, de Información Pública y Bancaria, se han encaprichado en tampoco acatar las peticiones oficiales. Se trata de complicidades para encubrir la corrupción del sexenio panista. Y no hay más que empezar por fincarle responsabilidades a los funcionarios de la PGR, el IPAB y el IFAI o de lo contrario es un cuento de nunca acabar y los foxistas, los Bribiesca y los Sahagún ganarán impunidad.
cepedaneri@prodigy.net.mx
jueves, marzo 13, 2008
Hace un año…
Por María Teresa Jardí
El 13 de marzo de 2007 cuarenta y ocho jóvenes fueron brutalmente detenidos en la Plaza Grande de Mérida; participaban algunos, que no todos de los que ese día fueron convertidos en presos políticos, en una de las manifestaciones que se daban contra la presencia del asesino Bush en Yucatán, por esas fechas, y a las que asistían familias enteras compuestas por personas que nunca antes habían asistido a una marcha, porque la indignación generada por la toma del sitio por los marines gringos hizo participar a gente que de suyo prefiere mantenerse como ajena a la política. Hace un año que se definió el terrible destino que recién está empezando para los mexicanos.
En la reunión en la finca de Hernández, previo asesinato de los perros y los gatos de la localidad, tres mafiosos: Bush, Roberto Hernández y el usurpador, en presencia de un retrasado mental, Patricio Patrón Laviada, que desgobernaba Yucatán por aquel entonces, junto con sus hermanos, igual de mafiosos que los anteriores, se gestó, entre otras cosas, la LEY GESTAPO. Se acordaron ahí los pormenores del Plan México, que ya nos coloca al lado de Colombia como el otro narcoestado de América Latina, al lado del otro pueblo hermano más agredido por un narco, usurpador, que no gobierno, en nuestro caso.
Un incidente cualquiera, provocado por quienes no fueron detenidos, esbirros del sistema a todas luces o, al menos, utilizados por él, fue el pretexto para la brutal represión que además serviría para cancelar la protesta universitaria en contra del aumento del precio del boleto del transporte público.
Fueron procesados penalmente 23 de los 48 jóvenes. Tres, a pesar del tiempo transcurrido y de las evidencias de la siniestra represión, siguen sujetos a proceso. Y el resto ha sido exonerado sin merecer siquiera un: “usted disculpe”.
Pero… la agresión a nuestra patria e incluso al Ejército Nacional marginado por el ejército yanqui que, por asalto, tomó las calles de Mérida, desarmando a la policía, que luego reprimió a los jóvenes, olvidando que ellos eran parte de la misma represión colonialista por parte de un gobierno extranjero con el aval de un gobierno corrupto encabezado por el panista Patricio Patrón Laviada de tan triste memoria que, aunque Guzmán Alcocer alias “El Teclas” esté libre y aunque Patrón sea funcionario del usurpador mexicano, Yucatán ya ha alcanzado el vergonzoso “honor” de tener garantizado un lugar preferente en la prensa nacional en los siguientes ominosos términos:
“Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la Procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández…” (La Jornada. Astillero de Julio Hernández López, 11/ 03/ 2008). Una chulada, pues.
Hace un año de la brutal represión y los policías municipales, estatales y federales, que en ella participaron siguen gozando de impunidad absoluta al igual que los ministerios públicos, el entonces procurador estatal, el secretario general de gobierno, los jueces y magistrados, que con la complicidad de la Codhey intervinieron, como nos recuerdan en El Rebelde antes de invitarnos al Acto político-musical, que hoy jueves se realizará en la Plaza Grande de Mérida a las 5.30 p.m.
Acto que tiene por objeto que nadie olvide que: “la protesta es un derecho, la represión un delito”. Y que para la represión no puede haber: “Ni perdón ni olvido”.
El 13 de marzo de 2007 cuarenta y ocho jóvenes fueron brutalmente detenidos en la Plaza Grande de Mérida; participaban algunos, que no todos de los que ese día fueron convertidos en presos políticos, en una de las manifestaciones que se daban contra la presencia del asesino Bush en Yucatán, por esas fechas, y a las que asistían familias enteras compuestas por personas que nunca antes habían asistido a una marcha, porque la indignación generada por la toma del sitio por los marines gringos hizo participar a gente que de suyo prefiere mantenerse como ajena a la política. Hace un año que se definió el terrible destino que recién está empezando para los mexicanos.
En la reunión en la finca de Hernández, previo asesinato de los perros y los gatos de la localidad, tres mafiosos: Bush, Roberto Hernández y el usurpador, en presencia de un retrasado mental, Patricio Patrón Laviada, que desgobernaba Yucatán por aquel entonces, junto con sus hermanos, igual de mafiosos que los anteriores, se gestó, entre otras cosas, la LEY GESTAPO. Se acordaron ahí los pormenores del Plan México, que ya nos coloca al lado de Colombia como el otro narcoestado de América Latina, al lado del otro pueblo hermano más agredido por un narco, usurpador, que no gobierno, en nuestro caso.
Un incidente cualquiera, provocado por quienes no fueron detenidos, esbirros del sistema a todas luces o, al menos, utilizados por él, fue el pretexto para la brutal represión que además serviría para cancelar la protesta universitaria en contra del aumento del precio del boleto del transporte público.
Fueron procesados penalmente 23 de los 48 jóvenes. Tres, a pesar del tiempo transcurrido y de las evidencias de la siniestra represión, siguen sujetos a proceso. Y el resto ha sido exonerado sin merecer siquiera un: “usted disculpe”.
Pero… la agresión a nuestra patria e incluso al Ejército Nacional marginado por el ejército yanqui que, por asalto, tomó las calles de Mérida, desarmando a la policía, que luego reprimió a los jóvenes, olvidando que ellos eran parte de la misma represión colonialista por parte de un gobierno extranjero con el aval de un gobierno corrupto encabezado por el panista Patricio Patrón Laviada de tan triste memoria que, aunque Guzmán Alcocer alias “El Teclas” esté libre y aunque Patrón sea funcionario del usurpador mexicano, Yucatán ya ha alcanzado el vergonzoso “honor” de tener garantizado un lugar preferente en la prensa nacional en los siguientes ominosos términos:
“Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la Procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández…” (La Jornada. Astillero de Julio Hernández López, 11/ 03/ 2008). Una chulada, pues.
Hace un año de la brutal represión y los policías municipales, estatales y federales, que en ella participaron siguen gozando de impunidad absoluta al igual que los ministerios públicos, el entonces procurador estatal, el secretario general de gobierno, los jueces y magistrados, que con la complicidad de la Codhey intervinieron, como nos recuerdan en El Rebelde antes de invitarnos al Acto político-musical, que hoy jueves se realizará en la Plaza Grande de Mérida a las 5.30 p.m.
Acto que tiene por objeto que nadie olvide que: “la protesta es un derecho, la represión un delito”. Y que para la represión no puede haber: “Ni perdón ni olvido”.
Tan lejos de la realidad
Por Ricardo Andrade Jardí
A pesar del “Entorno de polaridad” hay un gobierno fuerte (…) “Se logró construir un consenso político básico a pesar de las dificultades”, dijo Fecal, según lo que se le atribuía en un encabezado de la versión electrónica del periódico La Jornada, de la Ciudad de México del martes 11 de marzo…
A pesar del “entorno de ilegitimidad e ilegalidad”, le faltó, decir. A pesar del “entorno de odio y miedo” impuesto en su campaña electoral, misma que presuntamente fue financiada por la panza del FOBAPROA y de su empresarial clase que ha hecho de nuestro país un paraíso fiscal cobijado por la corrupción y la impunidad.
Ahí está el extranjero Mouriño, quien usurpa el cargo de secretario de Gobernación del desgobierno usurpador, haciendo de la “muestra y entrega” a la PGR (de su desgobierno) y al Legislativo (que lo defiende), las supuestas pruebas en su defensa contra todas las transas que afloran de su paso por nuestro país y en beneficio de su familia, también, como él, española.
Pruebas que por alguna oscura razón no hace públicas para que todo el país pueda cotejarlas y no tardaremos en ver a los “intelectuales” orgánicos defender el hecho de que las presuntas pruebas no se presenten de manera pública y con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a cotejarlas, consultarlas, estudiarlas y proceder en conciencia.
Quien oculta la verdad a la opinión pública es generalmente por el hecho de lo que debe Y, en el caso de Mouriño, nos debe todo, pues el sujeto en una democracia o incluso en una monarquía “parlamentaria” no habría tenido el ascenso meteórico ni como político (bastante mediocre, por cierto) ni como empresario (criminalmente ambicioso).
No, cuando menos, a costillas del pueblo español, como lo a hecho a costillas del pueblo de México.
Tan lejos de la realidad, vive el usurpador, que en cada acto “público” tiene que entrar por la puerta de atrás y rodeado de un aparato militar que sólo es superado por el de Bush en sus visitas a Medio Oriente; tan lejos de la realidad se vive tras los amurallados muros de Los Pinos que el hombrecito, usurpador, ni siquiera es capaz de comprender y menos aún de entender, más allá de lo que la telecracia diga, que más de la mitad de los mexicanos lo sabemos usurpador e ilegitimo, que no hay uno sólo de sus mediadores en cualquier conflicto social que no sea desconocido por las partes en conflicto…
“Hay un gobierno fuerte”, afirma el usurpador amigo de las moscas, cuando lo que hay es un estado militarizado, en un país de millones de carenciados en pobreza extrema, donde las cifras de ejecutados, de enfrenamientos, de secuestrados, de asesinados, supera, por semanas, las cifras violentas de países como Irak invadidos y en guerra.
En fin, nada como vivir en la Fecalandia de la impunidad corrupta, promovida por la telecracia para no enterarse de nada…
Y mientras tanto, en el México de verdad, los tiempos por llegar se anuncia difíciles… Pero la dignidad rebelde seguirá incansable hasta lograr un México donde los niños nazcan para ser felices, como lo buscó, en otros tiempos, la vieja izquierda preocupada por su compromiso social y no, como la de ahora perredista, de su compromiso institelecrático…
A pesar del “Entorno de polaridad” hay un gobierno fuerte (…) “Se logró construir un consenso político básico a pesar de las dificultades”, dijo Fecal, según lo que se le atribuía en un encabezado de la versión electrónica del periódico La Jornada, de la Ciudad de México del martes 11 de marzo…
A pesar del “entorno de ilegitimidad e ilegalidad”, le faltó, decir. A pesar del “entorno de odio y miedo” impuesto en su campaña electoral, misma que presuntamente fue financiada por la panza del FOBAPROA y de su empresarial clase que ha hecho de nuestro país un paraíso fiscal cobijado por la corrupción y la impunidad.
Ahí está el extranjero Mouriño, quien usurpa el cargo de secretario de Gobernación del desgobierno usurpador, haciendo de la “muestra y entrega” a la PGR (de su desgobierno) y al Legislativo (que lo defiende), las supuestas pruebas en su defensa contra todas las transas que afloran de su paso por nuestro país y en beneficio de su familia, también, como él, española.
Pruebas que por alguna oscura razón no hace públicas para que todo el país pueda cotejarlas y no tardaremos en ver a los “intelectuales” orgánicos defender el hecho de que las presuntas pruebas no se presenten de manera pública y con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a cotejarlas, consultarlas, estudiarlas y proceder en conciencia.
Quien oculta la verdad a la opinión pública es generalmente por el hecho de lo que debe Y, en el caso de Mouriño, nos debe todo, pues el sujeto en una democracia o incluso en una monarquía “parlamentaria” no habría tenido el ascenso meteórico ni como político (bastante mediocre, por cierto) ni como empresario (criminalmente ambicioso).
No, cuando menos, a costillas del pueblo español, como lo a hecho a costillas del pueblo de México.
Tan lejos de la realidad, vive el usurpador, que en cada acto “público” tiene que entrar por la puerta de atrás y rodeado de un aparato militar que sólo es superado por el de Bush en sus visitas a Medio Oriente; tan lejos de la realidad se vive tras los amurallados muros de Los Pinos que el hombrecito, usurpador, ni siquiera es capaz de comprender y menos aún de entender, más allá de lo que la telecracia diga, que más de la mitad de los mexicanos lo sabemos usurpador e ilegitimo, que no hay uno sólo de sus mediadores en cualquier conflicto social que no sea desconocido por las partes en conflicto…
“Hay un gobierno fuerte”, afirma el usurpador amigo de las moscas, cuando lo que hay es un estado militarizado, en un país de millones de carenciados en pobreza extrema, donde las cifras de ejecutados, de enfrenamientos, de secuestrados, de asesinados, supera, por semanas, las cifras violentas de países como Irak invadidos y en guerra.
En fin, nada como vivir en la Fecalandia de la impunidad corrupta, promovida por la telecracia para no enterarse de nada…
Y mientras tanto, en el México de verdad, los tiempos por llegar se anuncia difíciles… Pero la dignidad rebelde seguirá incansable hasta lograr un México donde los niños nazcan para ser felices, como lo buscó, en otros tiempos, la vieja izquierda preocupada por su compromiso social y no, como la de ahora perredista, de su compromiso institelecrático…
México, Colombia y la UNAM
Por Ricardo Monreal Avila
Aturdido y amorcillado por la crisis del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, el gobierno federal ha abandonado a su suerte a los mexicanos que ingresaron a Ecuador y resultaron heridos o fueron muertos durante la incursión del ejército colombiano a un campamento de las FARC.
El ausentismo diplomático de la cancillería está afectando no únicamente a los familiares de los estudiantes mexicanos que se encuentran en Ecuador, que se quejan de desatenciones por parte de la embajada mexicana; está afectando también el prestigio de la UNAM, reconocida no solamente como la máxima casa de estudios en México, sino como una de las mejores universidades de América Latina.
Un grupo de por lo menos diez mexicanos ingresaron a Ecuador días antes de la incursión militar colombiana. Su estatus migratorio fue claro: estudiantes e investigadores que realizan un estudio sobre el último de los movimientos guerrilleros en activo en América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es decir, informaron oficialmente del objetivo de su vista y de su intención de establecer contacto con el grupo guerrillero.
Quien conozca las ciencias sociales sabe de una técnica de investigación que se denomina “observación participante”. Consiste en que el investigador realiza su estudio de manera directa, con fuentes primarias, en el “lugar de campo”, es decir, en el lugar de los hechos. Se trata de recabar información de primera mano, con los actores directos de los acontecimientos, a fin de complementarla con otras fuentes secundarias, como la investigación documental, histórica o referencial.
La profesión que recurre cotidianamente a esta técnica de investigación es el periodismo. Los corresponsales de guerra, por ejemplo, entrevistan a uno y otro bando. Y tienen inmunidad profesional. Nadie en sus cinco sentidos, por ejemplo, podría acusar a la famosa entrevistadora Oriana Fallaci de ser terrorista de la OLP por haber entrevistado al extinto Yasser Arafat en varias ocasiones. O a los periodistas norteamericanos que han logrado contactar a Osama Bin Laden de ser miembros de la red terrorista Al Qaeda. Y así podríamos repetir el ejemplo en otros innumerables casos.
El gobierno colombiano, al enterarse que entre los afectados por su incursión militar en territorio ecuatoriano había un grupo aún no determinado de mexicanos, justificó la masacre: eran simpatizantes de las FARC que estaban recibiendo adiestramiento guerrillero. Más aún, acusó a la UNAM de ser base y punto de reclutamiento en México de la guerrilla colombiana.
El gobierno del señor Felipe Calderón parece haber comprado esta versión. En lugar de enviar una nota de protesta diplomática por el asesinato de estos connacionales, está guardando un silencio diplomático cómplice. Lo más que ha hecho es pedir, de manera tibia y burocrática, una explicación de los hechos a Ecuador y a Colombia.
Suponiendo, sin conceder, que los estudiantes e investigadores universitarios fueran lo que dice el gobierno de Colombia que son, aspirantes o reclutas de las FARC, eso no le da en ningún momento autoridad o permiso para masacrar a ciudadanos de otras naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas normales, que es el caso de las relaciones entre México y Colombia.
Hasta que se demuestre lo contrario, el grupo de connacionales mexicanos son lo que establecen sus documentos diplomáticos oficiales: civiles universitarios, no guerrilleros ni narcoterroristas. Este debe ser el punto de partida del gobierno mexicano.
Es una verdad jurídica y diplomática, avalada por la OEA, que el ejército colombiano violó de manera flagrante el territorio de ecuador en esta incursión militar. Es una violación artera del derecho internacional. Sin embargo, el hecho de que una parte de los asesinados sean civiles indefensos, eleva la gravedad de este acontecimiento. En el caso concreto de los universitarios muertos, Colombia habría violado convenciones, tratados y disposiciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos y civiles, donde los afectados son ciudadanos miembros del Estado Mexicano.
Es tan grave lo acontecido en la selva de Ecuador que la incursión colombiana se podría tipificar como un delito de lessa humanidad, ya que el ataque tuvo el objetivo de exterminar a un grupo guerrillero, enemigo del Estado colombiano al cual las FARC le declararon la guerra hace años, pero donde hubo víctimas civiles –no paramilitares-, de ciudadanía no colombiana, y en territorio extranacional.
Si los universitarios mexicanos estaban recibiendo adiestramiento guerrillero es una imputación que deben probar los gobiernos de Colombia y Ecuador. Hasta ahora no lo han hecho. Mientras no se pruebe esto, el hecho diplomático duro es que un grupo de ciudadanos universitarios mexicanos fue arteramente asesinado en la selva ecuatoriana por tropas colombianas al ser confundidos con guerrilleros de las FARC. Lo otro es especulación.
Si el actual gobierno tiene algo de dignidad nacional y valor diplomático, debe condenar enérgicamente este asesinato masivo de ciudadanos mexicanos y protestar diplomáticamente hasta obtener una respuesta resarcitoria y satisfactoria por el agravio cometido. De otra forma, estaría convalidando el agravio diplomático y militar en contra de México.
Quisiera imaginarme si en 1994, en Chiapas, en los enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el EZLN, hubiesen muertos ciudadano europeos o de otros países, cuál hubiera sido la reacción de sus gobiernos.
Por ello, el gobierno mexicano, antes de tratar de mediar en el conflicto, debe condenar enérgicamente esta acción militar de Colombia y exigir una investigación imparcial de los hechos a la OEA.
¿Universitarios o reclutas guerrilleros? ¿Estudiantes o narcoterroristas? Esto es lo que debe dilucidar precisamente esa investigación imparcial por parte de la OEA y las organizaciones civiles de derechos humanos. Mientras tanto el gobierno mexicano no debe hacerse bolas ni titubear: los mexicanos heridos y muertos durante esa incursión son lo que dicen sus papeles oficiales que son. Es decir, estudiantes e investigadores realizando un trabajo universitario. Es decir, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Cómo nos gustaría a muchos mexicanos que, así como el gobierno del señor Calderón defiende a capa y espada al ciudadano de origen español naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, ahora en aprietos, estuviera dando la cara por la UNAM y por los mexicanos agraviados en Ecuador.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Aturdido y amorcillado por la crisis del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, el gobierno federal ha abandonado a su suerte a los mexicanos que ingresaron a Ecuador y resultaron heridos o fueron muertos durante la incursión del ejército colombiano a un campamento de las FARC.
El ausentismo diplomático de la cancillería está afectando no únicamente a los familiares de los estudiantes mexicanos que se encuentran en Ecuador, que se quejan de desatenciones por parte de la embajada mexicana; está afectando también el prestigio de la UNAM, reconocida no solamente como la máxima casa de estudios en México, sino como una de las mejores universidades de América Latina.
Un grupo de por lo menos diez mexicanos ingresaron a Ecuador días antes de la incursión militar colombiana. Su estatus migratorio fue claro: estudiantes e investigadores que realizan un estudio sobre el último de los movimientos guerrilleros en activo en América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es decir, informaron oficialmente del objetivo de su vista y de su intención de establecer contacto con el grupo guerrillero.
Quien conozca las ciencias sociales sabe de una técnica de investigación que se denomina “observación participante”. Consiste en que el investigador realiza su estudio de manera directa, con fuentes primarias, en el “lugar de campo”, es decir, en el lugar de los hechos. Se trata de recabar información de primera mano, con los actores directos de los acontecimientos, a fin de complementarla con otras fuentes secundarias, como la investigación documental, histórica o referencial.
La profesión que recurre cotidianamente a esta técnica de investigación es el periodismo. Los corresponsales de guerra, por ejemplo, entrevistan a uno y otro bando. Y tienen inmunidad profesional. Nadie en sus cinco sentidos, por ejemplo, podría acusar a la famosa entrevistadora Oriana Fallaci de ser terrorista de la OLP por haber entrevistado al extinto Yasser Arafat en varias ocasiones. O a los periodistas norteamericanos que han logrado contactar a Osama Bin Laden de ser miembros de la red terrorista Al Qaeda. Y así podríamos repetir el ejemplo en otros innumerables casos.
El gobierno colombiano, al enterarse que entre los afectados por su incursión militar en territorio ecuatoriano había un grupo aún no determinado de mexicanos, justificó la masacre: eran simpatizantes de las FARC que estaban recibiendo adiestramiento guerrillero. Más aún, acusó a la UNAM de ser base y punto de reclutamiento en México de la guerrilla colombiana.
El gobierno del señor Felipe Calderón parece haber comprado esta versión. En lugar de enviar una nota de protesta diplomática por el asesinato de estos connacionales, está guardando un silencio diplomático cómplice. Lo más que ha hecho es pedir, de manera tibia y burocrática, una explicación de los hechos a Ecuador y a Colombia.
Suponiendo, sin conceder, que los estudiantes e investigadores universitarios fueran lo que dice el gobierno de Colombia que son, aspirantes o reclutas de las FARC, eso no le da en ningún momento autoridad o permiso para masacrar a ciudadanos de otras naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas normales, que es el caso de las relaciones entre México y Colombia.
Hasta que se demuestre lo contrario, el grupo de connacionales mexicanos son lo que establecen sus documentos diplomáticos oficiales: civiles universitarios, no guerrilleros ni narcoterroristas. Este debe ser el punto de partida del gobierno mexicano.
Es una verdad jurídica y diplomática, avalada por la OEA, que el ejército colombiano violó de manera flagrante el territorio de ecuador en esta incursión militar. Es una violación artera del derecho internacional. Sin embargo, el hecho de que una parte de los asesinados sean civiles indefensos, eleva la gravedad de este acontecimiento. En el caso concreto de los universitarios muertos, Colombia habría violado convenciones, tratados y disposiciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos y civiles, donde los afectados son ciudadanos miembros del Estado Mexicano.
Es tan grave lo acontecido en la selva de Ecuador que la incursión colombiana se podría tipificar como un delito de lessa humanidad, ya que el ataque tuvo el objetivo de exterminar a un grupo guerrillero, enemigo del Estado colombiano al cual las FARC le declararon la guerra hace años, pero donde hubo víctimas civiles –no paramilitares-, de ciudadanía no colombiana, y en territorio extranacional.
Si los universitarios mexicanos estaban recibiendo adiestramiento guerrillero es una imputación que deben probar los gobiernos de Colombia y Ecuador. Hasta ahora no lo han hecho. Mientras no se pruebe esto, el hecho diplomático duro es que un grupo de ciudadanos universitarios mexicanos fue arteramente asesinado en la selva ecuatoriana por tropas colombianas al ser confundidos con guerrilleros de las FARC. Lo otro es especulación.
Si el actual gobierno tiene algo de dignidad nacional y valor diplomático, debe condenar enérgicamente este asesinato masivo de ciudadanos mexicanos y protestar diplomáticamente hasta obtener una respuesta resarcitoria y satisfactoria por el agravio cometido. De otra forma, estaría convalidando el agravio diplomático y militar en contra de México.
Quisiera imaginarme si en 1994, en Chiapas, en los enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el EZLN, hubiesen muertos ciudadano europeos o de otros países, cuál hubiera sido la reacción de sus gobiernos.
Por ello, el gobierno mexicano, antes de tratar de mediar en el conflicto, debe condenar enérgicamente esta acción militar de Colombia y exigir una investigación imparcial de los hechos a la OEA.
¿Universitarios o reclutas guerrilleros? ¿Estudiantes o narcoterroristas? Esto es lo que debe dilucidar precisamente esa investigación imparcial por parte de la OEA y las organizaciones civiles de derechos humanos. Mientras tanto el gobierno mexicano no debe hacerse bolas ni titubear: los mexicanos heridos y muertos durante esa incursión son lo que dicen sus papeles oficiales que son. Es decir, estudiantes e investigadores realizando un trabajo universitario. Es decir, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Cómo nos gustaría a muchos mexicanos que, así como el gobierno del señor Calderón defiende a capa y espada al ciudadano de origen español naturalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, ahora en aprietos, estuviera dando la cara por la UNAM y por los mexicanos agraviados en Ecuador.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Despilfarrador
A puro ratero puso el pelele en su gabinete
Diputados federales presentan denuncias para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular de Conaculta, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales
Tres horas de acusaciones
MEXICO, D.F., 12 de marzo (LA JORNADA/NTX/UNIVERSAL).- En medio de críticas a su gestión por parte de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), pero arropado por miembros de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Sergio Vela, sostuvo una reunión de más de tres horas con integrantes de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados en la cual defendió la transparencia y legalidad de su trabajo al frente de esa instancia.
Diputados federales presentaron hoy denuncias ante órganos internos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular del segundo organismo, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales.
Durante una larga comparecencia de más de tres horas, del funcionario ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el legislador Alfonso Súarez del Real, dio a conocer que los grupos parlamentarios del PRD y del PRI presentaron las denuncias con el fin de aclarar los gastos realizados.
Los legisladores reprocharon al funcionario, entre otros aspectos, las contradicciones e inexactitudes que presentan los diversos informes relativos al presupuesto ejercido por el CNCA en 2007, así como la “distancia” que durante todo el año pasado mantuvo con ese órgano legislativo.
A 15 meses del inicio de la administración de Vela, “el público ha presenciado la muerte del promotor cultural a manos del poder burocrático al que no pudo, o no quiso, hacer frente para convencer, promover y posicionar a la cultura entre las prioridades nacionales”, argumentó el perredista Alfonso Suárez del Real.
También se le pidieron explicaciones acerca de los polémicos temas que han sido ventilados en la prensa las últimas semanas: sus viajes al extranjero, el financiamiento de las pasadas fiestas patrias, los sobregiros en el gasto corriente, los focos rojos detectados, la renuncia de sus colaboradores.
En todo momento asesorado por sus secretarios técnicos Alvaro Hegewisch y Octavio Salazar, así como por Juan Antonio Dorantes, director de asuntos jurídicos, el titular del CNCA respondió de manera pormenorizada todos los cuestionamientos.
Presentó sus cifras en torno al dinero que maneja el CNCA: en 2007 el organismo tuvo un presupuesto de 2 mil 488.5 millones de pesos, de los que se ejercieron 2 mil 433.6, es decir, el 98 por ciento. Vela explicó que no se ejercieron los 3 mil 36.5 millones que inicialmente se asignaron al consejo porque hubo ajustes en todas las dependencias federales para apoyar al gobierno luego de las catástrofes naturales ocurridas en Tabasco y Chiapas. Reconoció que hubo “problemas de comunicación” institucional y se comprometió al restablecimiento completo de la interlocución tanto con la cámara de diputados, como con la comunidad artística.
En cuanto a los resultados de sus viajes al extranjero dijo que se ha conseguido que México sea invitado de honor en los carnavales de Valparaíso, Chile; que en 2009 el país tenga “una presencia especial” en Japón con un programa de exposiciones y artes escénicas, así como ser el invitado de honor tanto en el Salón del Libro en París, Francia como en el Kennedy Center y en el Festival del Centro de Folklore Smithsonian de Washington; también que el Museo Británico de Londres exponga la muestra Moctezuma y que venga el Ballet Real Británico.
No obstante, el diputado Suárez del Real le informó a Vela que presentó un par de denuncias ante los órganos de control del CNCA y del ISSSTE para que lleve a cabo una investigación en torno a los gastos de viajes que realizó el funcionario.
Al cuestionar la opacidad de su trabajo al frente del CNCA y pedirle que explicara cuál será su gran proyecto en este sexenio, Vela se refirió al turismo cultural como el bastión principal del Plan Nacional de Cultura 2007-2012, sobre el cual volvió a ofrecer los detalles, sin mayores cambios, que ya había dado a conocer en diciembre.
El funcionario se comprometió a entregar en dos semanas un reporte puntual “de lo planteado y de lo ya ejecutado” del presupuesto del consejo, el cual reiteró, no se utiliza de manera discrecional en la institución a su cargo.
No se permitió a los medios de comunicación estar presentes en el salón donde se realizó la comparecencia de Vela, como había ocurrido en otras ocasiones.
La prensa tuvo que presenciar la reunión por circuito cerrado en dos televisiones instaladas en el salón contiguo. Fuentes de la cámara de diputados afirmaron que este fue uno de los requisitos que el CNCA planteó para llevar a cabo el encuentro.
Así, entre severos cuestionamientos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y la falta de críticas de los de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional par la Cultura y las Artes (Conaculta), Sergio Vela Martínez, compareció este miércoles ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
El funcionario se limitó a presentar un balance de su primer año de gestión y a responder uno a uno los recientes señalamientos que ha recibido por parte de los medios de comunicación.
Subejercicio en el presupuesto del 2007, poca claridad de resultados en sus viajes al extranjero, la inmovilidad del Consejo y la falta comunicación con creadores y con el propio Legislativo, fueron puntos cuestionados por la mayoría de los diputados.
Incluso, el diputado perredista José Alfonso Suárez del Real le sugirió que renunciara.
La diputada priísta Beatriz Pagés Llergo, quien fue una de las más críticas, dijo que Conaculta le falta mexicanidad: “No significa que tengamos que encerrarnos y no mirar lo que ocurre en materia cultural internacional, sino estos viajes que se hagan fuera, tengan un impacto directo para beneficio de la cultura nacional”.
Suárez del Real le informó que diputados del su grupo parlamentario presentaron una denuncia ante los órganos internos de Control del Conaculta y el ISSSTE para que se inicie una investigación sobre los gastos de sus viajes como presidente del Consejo, los cuales calificó como “V.I.P. y huésped distinguido de los sitios más exclusivos de las ciudad que ha visitado”.
Diputados federales presentan denuncias para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular de Conaculta, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales
Tres horas de acusaciones
MEXICO, D.F., 12 de marzo (LA JORNADA/NTX/UNIVERSAL).- En medio de críticas a su gestión por parte de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), pero arropado por miembros de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Sergio Vela, sostuvo una reunión de más de tres horas con integrantes de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados en la cual defendió la transparencia y legalidad de su trabajo al frente de esa instancia.
Diputados federales presentaron hoy denuncias ante órganos internos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para que se investiguen los excesivos gastos que Sergio Vela, titular del segundo organismo, realizó durante el 2007 en sus viajes nacionales e internacionales.
Durante una larga comparecencia de más de tres horas, del funcionario ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el legislador Alfonso Súarez del Real, dio a conocer que los grupos parlamentarios del PRD y del PRI presentaron las denuncias con el fin de aclarar los gastos realizados.
Los legisladores reprocharon al funcionario, entre otros aspectos, las contradicciones e inexactitudes que presentan los diversos informes relativos al presupuesto ejercido por el CNCA en 2007, así como la “distancia” que durante todo el año pasado mantuvo con ese órgano legislativo.
A 15 meses del inicio de la administración de Vela, “el público ha presenciado la muerte del promotor cultural a manos del poder burocrático al que no pudo, o no quiso, hacer frente para convencer, promover y posicionar a la cultura entre las prioridades nacionales”, argumentó el perredista Alfonso Suárez del Real.
También se le pidieron explicaciones acerca de los polémicos temas que han sido ventilados en la prensa las últimas semanas: sus viajes al extranjero, el financiamiento de las pasadas fiestas patrias, los sobregiros en el gasto corriente, los focos rojos detectados, la renuncia de sus colaboradores.
En todo momento asesorado por sus secretarios técnicos Alvaro Hegewisch y Octavio Salazar, así como por Juan Antonio Dorantes, director de asuntos jurídicos, el titular del CNCA respondió de manera pormenorizada todos los cuestionamientos.
Presentó sus cifras en torno al dinero que maneja el CNCA: en 2007 el organismo tuvo un presupuesto de 2 mil 488.5 millones de pesos, de los que se ejercieron 2 mil 433.6, es decir, el 98 por ciento. Vela explicó que no se ejercieron los 3 mil 36.5 millones que inicialmente se asignaron al consejo porque hubo ajustes en todas las dependencias federales para apoyar al gobierno luego de las catástrofes naturales ocurridas en Tabasco y Chiapas. Reconoció que hubo “problemas de comunicación” institucional y se comprometió al restablecimiento completo de la interlocución tanto con la cámara de diputados, como con la comunidad artística.
En cuanto a los resultados de sus viajes al extranjero dijo que se ha conseguido que México sea invitado de honor en los carnavales de Valparaíso, Chile; que en 2009 el país tenga “una presencia especial” en Japón con un programa de exposiciones y artes escénicas, así como ser el invitado de honor tanto en el Salón del Libro en París, Francia como en el Kennedy Center y en el Festival del Centro de Folklore Smithsonian de Washington; también que el Museo Británico de Londres exponga la muestra Moctezuma y que venga el Ballet Real Británico.
No obstante, el diputado Suárez del Real le informó a Vela que presentó un par de denuncias ante los órganos de control del CNCA y del ISSSTE para que lleve a cabo una investigación en torno a los gastos de viajes que realizó el funcionario.
Al cuestionar la opacidad de su trabajo al frente del CNCA y pedirle que explicara cuál será su gran proyecto en este sexenio, Vela se refirió al turismo cultural como el bastión principal del Plan Nacional de Cultura 2007-2012, sobre el cual volvió a ofrecer los detalles, sin mayores cambios, que ya había dado a conocer en diciembre.
El funcionario se comprometió a entregar en dos semanas un reporte puntual “de lo planteado y de lo ya ejecutado” del presupuesto del consejo, el cual reiteró, no se utiliza de manera discrecional en la institución a su cargo.
No se permitió a los medios de comunicación estar presentes en el salón donde se realizó la comparecencia de Vela, como había ocurrido en otras ocasiones.
La prensa tuvo que presenciar la reunión por circuito cerrado en dos televisiones instaladas en el salón contiguo. Fuentes de la cámara de diputados afirmaron que este fue uno de los requisitos que el CNCA planteó para llevar a cabo el encuentro.
Así, entre severos cuestionamientos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y la falta de críticas de los de Acción Nacional (PAN), el presidente del Consejo Nacional par la Cultura y las Artes (Conaculta), Sergio Vela Martínez, compareció este miércoles ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
El funcionario se limitó a presentar un balance de su primer año de gestión y a responder uno a uno los recientes señalamientos que ha recibido por parte de los medios de comunicación.
Subejercicio en el presupuesto del 2007, poca claridad de resultados en sus viajes al extranjero, la inmovilidad del Consejo y la falta comunicación con creadores y con el propio Legislativo, fueron puntos cuestionados por la mayoría de los diputados.
Incluso, el diputado perredista José Alfonso Suárez del Real le sugirió que renunciara.
La diputada priísta Beatriz Pagés Llergo, quien fue una de las más críticas, dijo que Conaculta le falta mexicanidad: “No significa que tengamos que encerrarnos y no mirar lo que ocurre en materia cultural internacional, sino estos viajes que se hagan fuera, tengan un impacto directo para beneficio de la cultura nacional”.
Suárez del Real le informó que diputados del su grupo parlamentario presentaron una denuncia ante los órganos internos de Control del Conaculta y el ISSSTE para que se inicie una investigación sobre los gastos de sus viajes como presidente del Consejo, los cuales calificó como “V.I.P. y huésped distinguido de los sitios más exclusivos de las ciudad que ha visitado”.
El primer narco-Estado del mundo
Escrutinio
Juan José Morales
Estados Unidos y los países europeos presentan el problema del narcotráfico como si unos malévolos colombianos, mexicanos, turcos o panameños se dedicaran a envenenar a gente honrada y pacífica ofreciéndole cocaína y otras drogas. La realidad, sin embargo, no es tan simple. En gran medida, el contrabando de estupefacientes obedece a la demanda de las naciones ricas. Muestra de ello es el caso de Guinea-Bissau, una antigua colonia portuguesa del Africa occidental catalogada por la ONU como el quinto país más pobre del mundo. Este pequeño país de millón y medio de habitantes ha sido materialmente tomado por los narcotraficantes, que lo usan como escala entre Sudamérica y Europa, y han corrompido totalmente sus estructuras sociales, políticas y económicas.
Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Criminalidad, comenta al respecto que, después de que durante siglos Europa devastó el continente africano con el tráfico de esclavos, ahora ha comenzado a arruinarlo con el tráfico de drogas.
Lo que ocurre es que en vez de seguir las tradicionales y muy vigiladas rutas a través de México y el Caribe, los narcos usan ahora la vía trasatlántica. Los aviones cargados de narcóticos parten de Colombia, hacen una breve escala para reabastecerse en Brasil y cruzan el Atlántico hasta Guinea-Bissau, donde aterrizan en aeródromos clandestinos o caminos rurales. En el caso de las embarcaciones, la navegación es nocturna. El día lo pasan detenidas, al pairo y cubiertas con lonas azul-verdoso para no ser vistas desde el aire. En cinco o seis días llegan a Africa y entregan su carga en sitios sin vigilancia o con la complicidad de autoridades locales corruptas, para luego reenviarla a Europa.
Hasta hace unos años, la cocaína era prácticamente desconocida en Guinea-Bissau. Incluso, según relata un reportaje del semanario británico The Observer, cuando unos campesinos encontraron un cargamento que había recalado en la costa, no supieron qué era aquel polvo blanco y lo usaron como abono —que resultó mortal— para sus cultivos.
Hoy, prosigue el reportaje, Guinea-Bissau está lleno de narcos sudamericanos que se mueven abierta y ostentosamente en lujosos vehículos blindados, poseen elegantes residencias, almacenes y tiendas, beben whisky importado y derrochan dinero a manos llenas.
Se estima que diariamente pasa por esa nación una tonelada de cocaína, y el valor anual de la “mercancía” vendida al menudeo supera con creces a su producto interno bruto. Y lo peor del caso es que Guinea-Bissau no sólo se convirtió en vía de tránsito de cocaína sino que el número de adictos entre sus habitantes está aumentando vertiginosamente.
Ante la gravedad de la situación, el comisionado de la ONU elaboró hace dos años un plan para mejorar el ejército y la policía, combatir la corrupción, elevar las miserables condiciones de vida de la gente, abrir fuentes de empleo y reforzar la vigilancia marítima y aérea. Ponerlo en práctica hubiera costado varios cientos de millones de dólares, pero ningún gobierno europeo quiso contribuir y fue necesario elaborar un nuevo plan, mucho más modesto, que costaría sólo 19 millones. Tampoco se consiguieron. Hubo que conformarse con la tercera parte: 6.5 millones. Fue todo lo que aceptaron dar las naciones ricas, las grandes consumidoras de drogas.
Hoy, Guinea-Bissau, antigua cantera de esclavos y colonia portuguesa, tiene la triste distinción de haberse convertido en el primer narco-Estado del mundo.
Comentarios:
kixpachoch@yahoo.com.mx
Juan José Morales
Estados Unidos y los países europeos presentan el problema del narcotráfico como si unos malévolos colombianos, mexicanos, turcos o panameños se dedicaran a envenenar a gente honrada y pacífica ofreciéndole cocaína y otras drogas. La realidad, sin embargo, no es tan simple. En gran medida, el contrabando de estupefacientes obedece a la demanda de las naciones ricas. Muestra de ello es el caso de Guinea-Bissau, una antigua colonia portuguesa del Africa occidental catalogada por la ONU como el quinto país más pobre del mundo. Este pequeño país de millón y medio de habitantes ha sido materialmente tomado por los narcotraficantes, que lo usan como escala entre Sudamérica y Europa, y han corrompido totalmente sus estructuras sociales, políticas y económicas.
Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Criminalidad, comenta al respecto que, después de que durante siglos Europa devastó el continente africano con el tráfico de esclavos, ahora ha comenzado a arruinarlo con el tráfico de drogas.
Lo que ocurre es que en vez de seguir las tradicionales y muy vigiladas rutas a través de México y el Caribe, los narcos usan ahora la vía trasatlántica. Los aviones cargados de narcóticos parten de Colombia, hacen una breve escala para reabastecerse en Brasil y cruzan el Atlántico hasta Guinea-Bissau, donde aterrizan en aeródromos clandestinos o caminos rurales. En el caso de las embarcaciones, la navegación es nocturna. El día lo pasan detenidas, al pairo y cubiertas con lonas azul-verdoso para no ser vistas desde el aire. En cinco o seis días llegan a Africa y entregan su carga en sitios sin vigilancia o con la complicidad de autoridades locales corruptas, para luego reenviarla a Europa.
Hasta hace unos años, la cocaína era prácticamente desconocida en Guinea-Bissau. Incluso, según relata un reportaje del semanario británico The Observer, cuando unos campesinos encontraron un cargamento que había recalado en la costa, no supieron qué era aquel polvo blanco y lo usaron como abono —que resultó mortal— para sus cultivos.
Hoy, prosigue el reportaje, Guinea-Bissau está lleno de narcos sudamericanos que se mueven abierta y ostentosamente en lujosos vehículos blindados, poseen elegantes residencias, almacenes y tiendas, beben whisky importado y derrochan dinero a manos llenas.
Se estima que diariamente pasa por esa nación una tonelada de cocaína, y el valor anual de la “mercancía” vendida al menudeo supera con creces a su producto interno bruto. Y lo peor del caso es que Guinea-Bissau no sólo se convirtió en vía de tránsito de cocaína sino que el número de adictos entre sus habitantes está aumentando vertiginosamente.
Ante la gravedad de la situación, el comisionado de la ONU elaboró hace dos años un plan para mejorar el ejército y la policía, combatir la corrupción, elevar las miserables condiciones de vida de la gente, abrir fuentes de empleo y reforzar la vigilancia marítima y aérea. Ponerlo en práctica hubiera costado varios cientos de millones de dólares, pero ningún gobierno europeo quiso contribuir y fue necesario elaborar un nuevo plan, mucho más modesto, que costaría sólo 19 millones. Tampoco se consiguieron. Hubo que conformarse con la tercera parte: 6.5 millones. Fue todo lo que aceptaron dar las naciones ricas, las grandes consumidoras de drogas.
Hoy, Guinea-Bissau, antigua cantera de esclavos y colonia portuguesa, tiene la triste distinción de haberse convertido en el primer narco-Estado del mundo.
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Sí paga PEMEX
Televisa, como siempre, apendejando y traicionando a los mexicanos en complicidad con la oligarquía de la que forma parte. ¡Un peligro para México!
* Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, afirma que Petróleos Mexicanos sí paga para que en telenovelas y programas de TV se hable de la “necesidad de inversión privada para explotar los pozos petroleros en aguas profundas del Golfo de México” / “Pregúntale a los actores”, afirma / Lo reconoce la paraestatal / Dice que gastará más de 109 millones de pesos para el mensaje privatizador
MIAMI, Florida, EE.UU., 12 de marzo (UNIVERSAL).- Emilio Azcárraga Jean, presidente de consejo de Grupo Televisa, afirmó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) paga una pauta publicitaria para que se haga mención, en algunas de las novelas que producen, de que necesita inversión privada para explotar los pozos petroleros en aguas profundas del Golfo de México.
“Pregúntale a los actores”, declaró luego de cuestionarle porqué en capítulos recientes en las telenovelas producidas y transmitidas por la firma algunos de los actores tienen líneas donde los diálogos refieren la necesidad de permitir en PEMEX la inversión privada.
Son pautas publicitarias o es la postura de la empresa como hacemos de lo que quieras, como Doritos, por ejemplo... Es pauta publicitaria y no es nada nuevo y que sólo se le permita a PEMEX. Desde hace ya tiempo la empresa comercializa espacios publicitarios en las tramas de sus novelas. Un caso reportado en noviembre del 2006 fue el de Consorcio ARA, quien informó haber pagado 80 millones de pesos para que en una novela se hiciera mención de su marca.
Azcárraga declinó dar más detalles de esta operación con la paraestatal y pidió que se preguntara a los ejecutivos de PEMEX sobre el monto que pagan. El ejecutivo, entrevistado en el marco del Foro de Filantropía que organizó la revista Poder en esta ciudad, agregó que no acostumbran opinar de sectores donde no tienen intereses de algún tipo.
“Nosotros jamás fijaremos posición de ese tipo de cosas, porque ni siquiera estamos en el negocio y no es nuestra labor fijar una posición”, abundó.
Mientras, Petróleos Mexicanos (PEMEX) gastará alrededor de 60% de su presupuesto contemplado para este año, que asciende a 218 millones de pesos, para impulsar el tema de la necesidad de explorar y explotar yacimientos petroleros en aguas profundas del Golfo de México.
Hoy, Emilio Azcárraga Jean, presidente de consejo de Grupo Televisa, afirmó que la paraestatal paga una pauta publicitaria para que e haga mención sobre el tema petrolero en aguas profundas, en programas que produce la televisora.
“Son sólo pautas publicitarias como hacemos de lo que quieras, como Doritos, por ejemplo. Es pauta publicitaria y no es nada nuevo y que sólo se le permita a PEMEX”, aseguró entrevistado en el marco del Foro de Filantropía que organizó la revista Poder en Miami, Florida.
En las últimas semanas, en programas como Vecinos, del Grupo Televisa, que se transmite los fines de semana, los personajes principales sostuvieron un diálogo donde se explica la necesidad de que México explore aguas profundas del Golfo de México para extraer petróleo, en el diálogo se utiliza información que PEMEX difundió en un spot publicitario recientemente.
También, Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, hizo varios comentarios sobre el tema petrolero dentro del programa, haciendo mención a la necesidad de ir por el tesoro que tienen los mexicanos en aguas profundas del Golfo de México.
Por su parte, PEMEX reconoció que esta pagando las pautas publicitarias y no sólo en Televisa, sino también en TV Azteca para que se haga mención, en algunos programas, de la necesidad de salir a explorar y explotar yacimientos en aguas profundas.
Fuentes de la dependencia aseguraron que la empresa dispone de un presupuesto de 218 millones de pesos (más IVA) para publicitar en medios la operación y resultados de la industria petrolera a lo largo de todo el año.
“La mayor parte de estos recursos serán para financiar esta campaña, dada la importancia que tiene para el país y los mexicanos obtener petróleo y gas a grandes profundidades en el Golfo de México”, explicaron.
Agregaron que en el 2006 PEMEX tuvo un presupuesto de 223.1 millones de pesos para publicidad, en el 2007 fue por 208 millones de pesos y para este año subió a 218 millones, de los cuales entre 25% y 30% se destinarán a la campaña por los 70 años de la empresa y entre 5% y 10% a otros programas publicitarios menores, siendo el resto (cerca de 60% el tema de la campaña en aguas profundas).
* Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, afirma que Petróleos Mexicanos sí paga para que en telenovelas y programas de TV se hable de la “necesidad de inversión privada para explotar los pozos petroleros en aguas profundas del Golfo de México” / “Pregúntale a los actores”, afirma / Lo reconoce la paraestatal / Dice que gastará más de 109 millones de pesos para el mensaje privatizador
MIAMI, Florida, EE.UU., 12 de marzo (UNIVERSAL).- Emilio Azcárraga Jean, presidente de consejo de Grupo Televisa, afirmó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) paga una pauta publicitaria para que se haga mención, en algunas de las novelas que producen, de que necesita inversión privada para explotar los pozos petroleros en aguas profundas del Golfo de México.
“Pregúntale a los actores”, declaró luego de cuestionarle porqué en capítulos recientes en las telenovelas producidas y transmitidas por la firma algunos de los actores tienen líneas donde los diálogos refieren la necesidad de permitir en PEMEX la inversión privada.
Son pautas publicitarias o es la postura de la empresa como hacemos de lo que quieras, como Doritos, por ejemplo... Es pauta publicitaria y no es nada nuevo y que sólo se le permita a PEMEX. Desde hace ya tiempo la empresa comercializa espacios publicitarios en las tramas de sus novelas. Un caso reportado en noviembre del 2006 fue el de Consorcio ARA, quien informó haber pagado 80 millones de pesos para que en una novela se hiciera mención de su marca.
Azcárraga declinó dar más detalles de esta operación con la paraestatal y pidió que se preguntara a los ejecutivos de PEMEX sobre el monto que pagan. El ejecutivo, entrevistado en el marco del Foro de Filantropía que organizó la revista Poder en esta ciudad, agregó que no acostumbran opinar de sectores donde no tienen intereses de algún tipo.
“Nosotros jamás fijaremos posición de ese tipo de cosas, porque ni siquiera estamos en el negocio y no es nuestra labor fijar una posición”, abundó.
Mientras, Petróleos Mexicanos (PEMEX) gastará alrededor de 60% de su presupuesto contemplado para este año, que asciende a 218 millones de pesos, para impulsar el tema de la necesidad de explorar y explotar yacimientos petroleros en aguas profundas del Golfo de México.
Hoy, Emilio Azcárraga Jean, presidente de consejo de Grupo Televisa, afirmó que la paraestatal paga una pauta publicitaria para que e haga mención sobre el tema petrolero en aguas profundas, en programas que produce la televisora.
“Son sólo pautas publicitarias como hacemos de lo que quieras, como Doritos, por ejemplo. Es pauta publicitaria y no es nada nuevo y que sólo se le permita a PEMEX”, aseguró entrevistado en el marco del Foro de Filantropía que organizó la revista Poder en Miami, Florida.
En las últimas semanas, en programas como Vecinos, del Grupo Televisa, que se transmite los fines de semana, los personajes principales sostuvieron un diálogo donde se explica la necesidad de que México explore aguas profundas del Golfo de México para extraer petróleo, en el diálogo se utiliza información que PEMEX difundió en un spot publicitario recientemente.
También, Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, hizo varios comentarios sobre el tema petrolero dentro del programa, haciendo mención a la necesidad de ir por el tesoro que tienen los mexicanos en aguas profundas del Golfo de México.
Por su parte, PEMEX reconoció que esta pagando las pautas publicitarias y no sólo en Televisa, sino también en TV Azteca para que se haga mención, en algunos programas, de la necesidad de salir a explorar y explotar yacimientos en aguas profundas.
Fuentes de la dependencia aseguraron que la empresa dispone de un presupuesto de 218 millones de pesos (más IVA) para publicitar en medios la operación y resultados de la industria petrolera a lo largo de todo el año.
“La mayor parte de estos recursos serán para financiar esta campaña, dada la importancia que tiene para el país y los mexicanos obtener petróleo y gas a grandes profundidades en el Golfo de México”, explicaron.
Agregaron que en el 2006 PEMEX tuvo un presupuesto de 223.1 millones de pesos para publicidad, en el 2007 fue por 208 millones de pesos y para este año subió a 218 millones, de los cuales entre 25% y 30% se destinarán a la campaña por los 70 años de la empresa y entre 5% y 10% a otros programas publicitarios menores, siendo el resto (cerca de 60% el tema de la campaña en aguas profundas).
Los Pinos, cueva de Alí Babá
Ausencia total del Estado de Derecho
Calderón y PGR protegen a Mouriño
Globalización y el petróleo mexicano
Por Lilia Arellano
Felipe Calderón arropó a su destrozado delfín. En la residencia oficial de Los Pinos, como si de otra gran celebración se tratara, reunió a comer a siete de los ocho gobernadores del PAN y al dirigente nacional de ese instituto político, Germán Martínez, y les ordenó cerrar filas con el funcionario gallego, acusado y sentenciado por la opinión pública.
Al carecer de argumentos en la defensa del titular de la Secretaría de Gobernación, el líder panista dijo que los ataques a Mouriño son sólo “actos de campaña”; y los mandatarios de Jalisco, Emilio González Márquez, y de Morelos, Marco Antonio Adame, afirmaron que no van a permitir una “acción efectista” o “golpista”.
Mientras tanto, desde Washington, D.C., el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aun antes de iniciar las averiguaciones correspondientes del “Caso Mouriño”, descartó de entrada algún delito.
Obligado por los cuestionamientos de los reporteros, prometió “investigar con acuciosidad” los 7 contratos firmados por el español avecindado en Campeche con Petróleos Mexicanos entre 2000 y 2004, pero evitó calcular el tiempo que pudiera durar la indagación. También la Cámara Nacional del Transporte (CANACAR), que mucho sabe del tráfico de influencias en que incurrió Moruriño, dio la cara por el funcionario al señalar que “existe una manejo transparente en los contratos que manejan las 145 empresas transportistas que trabajan con PEMEX refinación.
Por su parte y aunque usted no lo crea, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, aseveró que independientemente del resultado jurídico que arroje la investigación de la Procuraduría General de la República, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debe renunciar a su cargo, mientras que Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara baja, solicitó el arraigo del gerente de Transportación Terrestre de PEMEX-Refinación, Oswaldo Machado Martínez, antes de que “lo desparezcan o huya del país”, ya ve usted lo propensos que son a los accidentes estos funcionarios de tercero y cuarto nivel cuando estalla un escándalo de estas dimensiones.
Sin embargo, la red de protección a “Juanca” se extendió hasta el Congreso de la Unión, tejida por los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI, ante la ostensible división que prevalece en el PRD.
En el Palacio de San Lázaro, la conformación de la Comisión Especial que investigará los contratos de PEMEX y de la CFE con la empresa Ivancar se volvió a posponer. El cónclave de los coordinadores parlamentarios no se llevó a cabo este miércoles porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Héctor Larios, no los convocó y será hasta este jueves cuando supuestamente habrán de reunirse para abordar el tema de la citada comisión.
Emilio Gamboa, coordinador de los legisladores priístas, culpó a la falta de quórum y el enfrentamiento entre perredistas del retraso de la reunión de la Junta de Coordinación.
Solamente en un país de fantasía como el nuestro pueden darse semejantes muestras de impunidad, cinismo y corrupción.
Reversa a la nacionalización
Pretextando falta de recursos para invertir en nuevos yacimientos ahora en aguas profundas, en las que se dice hay reservas que casi pueden resarcir las consumidas en los últimos 30 años, la gestión calderonista trabaja en una reforma energética que permita la participación de la iniciativa privada en PEMEX, a pesar de que el mapa mundial del petróleo revela que la participación mayoritaria del Estado responde a una decisión estratégica de los países para preservar sus intereses nacionales y no una acción populista.
Todas las naciones dueñas de sus hidrocarburos han tenido éxito económico gracias a disponer de los millonarios ingresos del petróleo, excepto al parecer México que ahora pretende echar reversa e involucrar a la iniciativa privada nacional e internacional para salir del bache en el que han hundido a la industria nacional a través de PEMEX sus directores, líderes sindicales y los distintos jefes del ejecutivo.
Cuando Lázaro Cárdenas expropió la industria del petróleo en México en 1938, la decisión fue sin duda osada, ya que en el mundo de entonces, eran empresas privadas las que se encargaban de la explotación del petróleo (en particular el líder en esa materia los Estados Unidos); todo indica que la visión del general era la de quitar a las transnacionales una fuente rica de recursos para que los beneficiarios de éstos fueran los mexicanos y no la elite, dueña del dinero.
La visión del presidente Cárdenas tuvo tales alcances que a la postre, los grandes productores que habían nacido al amparo de las transnacionales, decidieron también recuperar sus recursos nacionalizando la explotación del petróleo en manos de los mismos que controlaban el petróleo en el país.
Arabia Saudita, que concentra el 22.1 por ciento de las reservas y el 13.1 por ciento de la producción, nacionaliza en 1972 a través de un proceso gradual que culminó en 1988 con la creación de la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco); Kuwait posee reservas de petróleo estimadas en 99 mil millones de barriles, el 8.3 por ciento de las reservas mundiales.
Ocupa la cuarta posición en el ranking detrás de Arabia Saudita, Irán e Irak. La producción local de petróleo, gas y productos refinados comprende cerca del 50 por ciento del Producto Interno Bruto y más de un 90 por ciento de las exportaciones del país.
La industria del petróleo es controlada por el Estado a través de la empresa Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
En Irán en 1951 el primer ministro Mosaddegh, un militante nacionalista, estatiza la industria petrolera y crea la Compañía Nacional Iraní del Petróleo (NIOC).
En la actualidad el Estado controla todos los eslabones de la cadena productiva, limitando las inversiones extranjeras a un 25 por ciento y con la obligación de hacerlas entrando en sociedad con un iraní; Nigeria es el principal productor africano y el undécimo en el ámbito mundial con el 3.2 por ciento, más del 90 por ciento de los ingresos por exportaciones que genera el país provienen del crudo.
Los yacimientos son explotados por las principales compañías transnacionales como Shell, Mobil, Chevron y Elf, pero todas operan en sociedad con la estatal Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), que posee entre el 50 y el 80 por ciento de las acciones; Libia es la séptima reserva de crudo del mundo.
La Compañía de Petróleo Nacional (NOC) controla más del 65 por ciento de la producción. La participación de las empresas extranjeras sólo es posible asociándose con la firma estatal en uniones transitorias de empresas que se reparten la producción; y Venezuela en la actualidad concentra el 6.5 por ciento de las reservas mundiales de petróleo (quinta posición detrás de los principales productores árabes).
Situaciones similares se repiten en otros países con niveles de producción significativos como China y Emiratos Arabes.
En este contexto, la nacionalizaciones recientes se justifican como en el caso de Bolivia, que el Presidente Evo Morales, soportando los embates de las transnacionales, logró que el beneficio del gas boliviano, los disfruten los bolivianos.
Beneficios del oro negro
Los jeques, representantes de los países árabes dueños de las grandes reservas de petróleo del mundo, hacen dondequiera que van alarde de su riqueza que la multiplican invirtiendo en todo tipo de negocios, son el vivo ejemplo de lo que les ha dejado el control del petróleo de su país, tal vez en detrimento del grueso de la población de sus países de origen; aunque, conviene destacar que no todos son como ellos, tal es el caso de Noruega, país que aprovecha la riqueza generada por el petróleo y ha creado un fondo para reinvertir los beneficios derivados del petróleo del Mar del Norte, bajo el tenor de beneficiar a los noruegos.
El propósito del fondo dicen, es que en lugar de distribuir ahora la riqueza, queremos guardar algo para el futuro para que los noruegos puedan disfrutar de una anualidad cuando el petróleo se agote.
En el tiempo se ha visto cómo las riquezas que genera el petróleo para quienes han sabido explotarlo, hacen presencia en ramo como el turismo, el comercio, en las finanzas de los gobiernos, entre otros; como está de moda la creación de fondos, pues una de las características es que una parte importante de los Fondos Soberanos son propiedad de gobiernos que tienen como base de su riqueza al petróleo, Noruega tiene 308 mil millones de dólares en su Fondo de Pensiones Gubernamental.
Dos Fondos de Kuwait alcanzan 213 mil millones de dólares; Rusia (que por cierto recientemente superó a Arabia Saudita como principal productor del mundo de petróleo, tras haber recuperado a la principal empresa petrolera Gazprom), 122 mil millones y China con 66 mil millones de dólares.
Otros grandes fondos son Qatar, Argelia, Brunei, Venezuela, Canadá e Irán.
Atascados en la corrupción
Y México, pionero en la estatización del petróleo, atascado en la corrupción, incompetencia, incapacidad en los últimos 20 años. La aportación más importante de PEMEX al desarrollo nacional ha consistido en entregar sus ingresos a las arcas públicas.
Esta función no sólo ha restringido su potencial como empresa, sino que lo ha perjudicado, dejándola en una situación de grave deterioro.
Operando bajo criterios de maximización de la renta petrolera en el corto plazo, el PEMEX actual prácticamente ha dejado de ejercer la función de ser un promotor o detonador del desarrollo nacional como lo ha sido en la mayoría de los países petroleros.
Es necesario tener presente que México, por el volumen desde los primeros hallazgos de hidrocarburos, siempre figuró en el concierto internacional por sus reservas.
El General Lázaro Cárdenas del Río cuando decide expropiar la industria de los hidrocarburos en manos de empresas extranjeras, tenía claro que gracias al potencial de las reservas que conocían las transnacionales podía hacer frente a los compromisos y la deuda contraída producto de la expropiación.
Ahora, después de 70 años, aunque México sigue figurando en el concierto internacional, lo hace en franca decadencia: según el ranking internacional, después de haber figurado entre el tercero y cuarto lugar, ahora con suerte está entre los lugares doce o trece, y sigue cayendo.
Como empresa, PEMEX calificaba en el 5º lugar sólo detrás de Rusia, Arabia Saudita, Irán y Exxon Mobil. Para este año de 2008, se sitúa entre el octavo y el noveno.
Saqueo a PEMEX
Después de despiadado saqueo, el inventario de recursos en hidrocarburos en México, las reservas probadas, ascienden a 15 mil 514 millones de barriles de petróleo crudo.
Con una desventaja con la que ha cargado de origen, contar con crudos muy pesados lo que obliga que se venda siempre como la mezcla mexicana, esto es, los barriles deben incluir entreverados los tres tipos que produce el país; Maya, Tolteca e Itsmo.
Los millones de barriles que se exportan se han obtenido de una docena de pozos en tierra y en aguas menudas, la mayoría de éstos prácticamente se ha secado, debido a la explotación desmedida, por lo que el peso en los últimos 15 años ha recaído en Cantarell, considerado como uno de los yacimientos más grande del mundo.
Cantarell, la joya de la corona, con el peso de la carga de cubrir las cuotas de exportación y de consumo interno, está como es natural en franca decadencia.
De una reserva probada aproximada de 35 mil millones de barriles en los años 80, para el año 2000 las reservas compuestas alcanzaban 26.9 miles de millones de barriles, ahora apenas alcanza poco más de 15 mil millones de barriles, lo que según los estudios al respecto suponen que en 9 años se agotarán a menos que otros yacimientos se sumen a esta reserva.
En el 2006 Cantarell produjo un millón 788 mil barriles diarios, esto es 11.9% menos que en 2005. El desarrollo de nuevos campos, como Ku Maloob Zaap, en apariencia contribuye a enfrentar su declinación, sin embargo, hay que tomarlo con reserva debido a que la calidad del crudo de ese campo es muy pesado (más que los que se tienen en producción) y no tiene la misma aceptación que la mezcla tradicional.
Descomunal endeudamiento
Debido a que los recursos provenientes de la explotación del petróleo tienen otro destino diferente al necesario para mantener sana a la paraestatal, se ha echado mano a diferentes mecanismos para paliar los problemas que han traído como acompañamiento vicios por demás costosos para PEMEX.
Tal es el caso de las tristemente célebres PIDIREGAS que por un lado han mantenido los niveles de producción pero con ésta un descomunal endeudamiento. Así entre 2005 y 2006 la deuda consolidada de PEMEX se incrementó en nueve mil 800 millones de pesos de 559 a 569 mil millones. De este total, casi 92% corresponde al endeudamiento PIDIREGAS. Con el cierre de cuentas a 2007 la cifra ha alcanzado niveles insospechados.
Como sino fuera suficiente el endeudamiento, donde los PIDIREGAS son sólo un ejemplo, los pasivos laborales aumentaron en 64 mil 500 millones de pesos para alcanzar un total de 454 mil millones de pesos. El resultado conjunto es que PEMEX continuó como la empresa petrolera con más pasivos en el mundo.
Parece mentira que la historia no les diga nada a quienes ahora controlan los hidrocarburos en México.
Un número considerable de los países exitosos explotadores de petróleo, comenzaron como México la industria del petróleo con empresas privadas y ahora son estatales.
Más del 80% de la producción mundial de petróleo la producen empresas estatales, las que por cierto, a su manera, le han sacado provecho a los recursos derivados de la industria.
Y en México quieren poner nuevamente la riqueza petrolera a la completa disposición de las trasnacionales extranjeras, en detrimento no sólo del Estado y el gobierno mexicano, sino de toda su población.
De los pasillos
La ex esposa de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, Maude Versini, pasea tranquila y feliz por los parques franceses en compañía de los vástagos del mexiquense y luce esplendorosa una barriga que muestra sus casi 7 meses de embarazo.
Este hijo (a) por supuesto que no es de quien causara uno de los más grande escándalos de corrupción que se ha dado entre los gobernadores priístas.
Al lado de la Versini, según publica conocida revista dedicada a los asuntos del corazón y de la moda, es el mismo desaliñado y barbudo sujeto con el que se le vio cenando en los más caros restaurantes del París.
Si de algo puede estar cierto “arturito el millonario” es de que nadie sabe para quien roba ya que la Vercini, en el divorcio, logró arrebatarle una buena suma además de que goza de una multimillonaria pensión que le permite darse el lujo hasta de pagar acompañante.
( lilia_arellano@yahoo.com)
Calderón y PGR protegen a Mouriño
Globalización y el petróleo mexicano
Por Lilia Arellano
Felipe Calderón arropó a su destrozado delfín. En la residencia oficial de Los Pinos, como si de otra gran celebración se tratara, reunió a comer a siete de los ocho gobernadores del PAN y al dirigente nacional de ese instituto político, Germán Martínez, y les ordenó cerrar filas con el funcionario gallego, acusado y sentenciado por la opinión pública.
Al carecer de argumentos en la defensa del titular de la Secretaría de Gobernación, el líder panista dijo que los ataques a Mouriño son sólo “actos de campaña”; y los mandatarios de Jalisco, Emilio González Márquez, y de Morelos, Marco Antonio Adame, afirmaron que no van a permitir una “acción efectista” o “golpista”.
Mientras tanto, desde Washington, D.C., el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aun antes de iniciar las averiguaciones correspondientes del “Caso Mouriño”, descartó de entrada algún delito.
Obligado por los cuestionamientos de los reporteros, prometió “investigar con acuciosidad” los 7 contratos firmados por el español avecindado en Campeche con Petróleos Mexicanos entre 2000 y 2004, pero evitó calcular el tiempo que pudiera durar la indagación. También la Cámara Nacional del Transporte (CANACAR), que mucho sabe del tráfico de influencias en que incurrió Moruriño, dio la cara por el funcionario al señalar que “existe una manejo transparente en los contratos que manejan las 145 empresas transportistas que trabajan con PEMEX refinación.
Por su parte y aunque usted no lo crea, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, aseveró que independientemente del resultado jurídico que arroje la investigación de la Procuraduría General de la República, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debe renunciar a su cargo, mientras que Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara baja, solicitó el arraigo del gerente de Transportación Terrestre de PEMEX-Refinación, Oswaldo Machado Martínez, antes de que “lo desparezcan o huya del país”, ya ve usted lo propensos que son a los accidentes estos funcionarios de tercero y cuarto nivel cuando estalla un escándalo de estas dimensiones.
Sin embargo, la red de protección a “Juanca” se extendió hasta el Congreso de la Unión, tejida por los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI, ante la ostensible división que prevalece en el PRD.
En el Palacio de San Lázaro, la conformación de la Comisión Especial que investigará los contratos de PEMEX y de la CFE con la empresa Ivancar se volvió a posponer. El cónclave de los coordinadores parlamentarios no se llevó a cabo este miércoles porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Héctor Larios, no los convocó y será hasta este jueves cuando supuestamente habrán de reunirse para abordar el tema de la citada comisión.
Emilio Gamboa, coordinador de los legisladores priístas, culpó a la falta de quórum y el enfrentamiento entre perredistas del retraso de la reunión de la Junta de Coordinación.
Solamente en un país de fantasía como el nuestro pueden darse semejantes muestras de impunidad, cinismo y corrupción.
Reversa a la nacionalización
Pretextando falta de recursos para invertir en nuevos yacimientos ahora en aguas profundas, en las que se dice hay reservas que casi pueden resarcir las consumidas en los últimos 30 años, la gestión calderonista trabaja en una reforma energética que permita la participación de la iniciativa privada en PEMEX, a pesar de que el mapa mundial del petróleo revela que la participación mayoritaria del Estado responde a una decisión estratégica de los países para preservar sus intereses nacionales y no una acción populista.
Todas las naciones dueñas de sus hidrocarburos han tenido éxito económico gracias a disponer de los millonarios ingresos del petróleo, excepto al parecer México que ahora pretende echar reversa e involucrar a la iniciativa privada nacional e internacional para salir del bache en el que han hundido a la industria nacional a través de PEMEX sus directores, líderes sindicales y los distintos jefes del ejecutivo.
Cuando Lázaro Cárdenas expropió la industria del petróleo en México en 1938, la decisión fue sin duda osada, ya que en el mundo de entonces, eran empresas privadas las que se encargaban de la explotación del petróleo (en particular el líder en esa materia los Estados Unidos); todo indica que la visión del general era la de quitar a las transnacionales una fuente rica de recursos para que los beneficiarios de éstos fueran los mexicanos y no la elite, dueña del dinero.
La visión del presidente Cárdenas tuvo tales alcances que a la postre, los grandes productores que habían nacido al amparo de las transnacionales, decidieron también recuperar sus recursos nacionalizando la explotación del petróleo en manos de los mismos que controlaban el petróleo en el país.
Arabia Saudita, que concentra el 22.1 por ciento de las reservas y el 13.1 por ciento de la producción, nacionaliza en 1972 a través de un proceso gradual que culminó en 1988 con la creación de la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco); Kuwait posee reservas de petróleo estimadas en 99 mil millones de barriles, el 8.3 por ciento de las reservas mundiales.
Ocupa la cuarta posición en el ranking detrás de Arabia Saudita, Irán e Irak. La producción local de petróleo, gas y productos refinados comprende cerca del 50 por ciento del Producto Interno Bruto y más de un 90 por ciento de las exportaciones del país.
La industria del petróleo es controlada por el Estado a través de la empresa Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
En Irán en 1951 el primer ministro Mosaddegh, un militante nacionalista, estatiza la industria petrolera y crea la Compañía Nacional Iraní del Petróleo (NIOC).
En la actualidad el Estado controla todos los eslabones de la cadena productiva, limitando las inversiones extranjeras a un 25 por ciento y con la obligación de hacerlas entrando en sociedad con un iraní; Nigeria es el principal productor africano y el undécimo en el ámbito mundial con el 3.2 por ciento, más del 90 por ciento de los ingresos por exportaciones que genera el país provienen del crudo.
Los yacimientos son explotados por las principales compañías transnacionales como Shell, Mobil, Chevron y Elf, pero todas operan en sociedad con la estatal Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), que posee entre el 50 y el 80 por ciento de las acciones; Libia es la séptima reserva de crudo del mundo.
La Compañía de Petróleo Nacional (NOC) controla más del 65 por ciento de la producción. La participación de las empresas extranjeras sólo es posible asociándose con la firma estatal en uniones transitorias de empresas que se reparten la producción; y Venezuela en la actualidad concentra el 6.5 por ciento de las reservas mundiales de petróleo (quinta posición detrás de los principales productores árabes).
Situaciones similares se repiten en otros países con niveles de producción significativos como China y Emiratos Arabes.
En este contexto, la nacionalizaciones recientes se justifican como en el caso de Bolivia, que el Presidente Evo Morales, soportando los embates de las transnacionales, logró que el beneficio del gas boliviano, los disfruten los bolivianos.
Beneficios del oro negro
Los jeques, representantes de los países árabes dueños de las grandes reservas de petróleo del mundo, hacen dondequiera que van alarde de su riqueza que la multiplican invirtiendo en todo tipo de negocios, son el vivo ejemplo de lo que les ha dejado el control del petróleo de su país, tal vez en detrimento del grueso de la población de sus países de origen; aunque, conviene destacar que no todos son como ellos, tal es el caso de Noruega, país que aprovecha la riqueza generada por el petróleo y ha creado un fondo para reinvertir los beneficios derivados del petróleo del Mar del Norte, bajo el tenor de beneficiar a los noruegos.
El propósito del fondo dicen, es que en lugar de distribuir ahora la riqueza, queremos guardar algo para el futuro para que los noruegos puedan disfrutar de una anualidad cuando el petróleo se agote.
En el tiempo se ha visto cómo las riquezas que genera el petróleo para quienes han sabido explotarlo, hacen presencia en ramo como el turismo, el comercio, en las finanzas de los gobiernos, entre otros; como está de moda la creación de fondos, pues una de las características es que una parte importante de los Fondos Soberanos son propiedad de gobiernos que tienen como base de su riqueza al petróleo, Noruega tiene 308 mil millones de dólares en su Fondo de Pensiones Gubernamental.
Dos Fondos de Kuwait alcanzan 213 mil millones de dólares; Rusia (que por cierto recientemente superó a Arabia Saudita como principal productor del mundo de petróleo, tras haber recuperado a la principal empresa petrolera Gazprom), 122 mil millones y China con 66 mil millones de dólares.
Otros grandes fondos son Qatar, Argelia, Brunei, Venezuela, Canadá e Irán.
Atascados en la corrupción
Y México, pionero en la estatización del petróleo, atascado en la corrupción, incompetencia, incapacidad en los últimos 20 años. La aportación más importante de PEMEX al desarrollo nacional ha consistido en entregar sus ingresos a las arcas públicas.
Esta función no sólo ha restringido su potencial como empresa, sino que lo ha perjudicado, dejándola en una situación de grave deterioro.
Operando bajo criterios de maximización de la renta petrolera en el corto plazo, el PEMEX actual prácticamente ha dejado de ejercer la función de ser un promotor o detonador del desarrollo nacional como lo ha sido en la mayoría de los países petroleros.
Es necesario tener presente que México, por el volumen desde los primeros hallazgos de hidrocarburos, siempre figuró en el concierto internacional por sus reservas.
El General Lázaro Cárdenas del Río cuando decide expropiar la industria de los hidrocarburos en manos de empresas extranjeras, tenía claro que gracias al potencial de las reservas que conocían las transnacionales podía hacer frente a los compromisos y la deuda contraída producto de la expropiación.
Ahora, después de 70 años, aunque México sigue figurando en el concierto internacional, lo hace en franca decadencia: según el ranking internacional, después de haber figurado entre el tercero y cuarto lugar, ahora con suerte está entre los lugares doce o trece, y sigue cayendo.
Como empresa, PEMEX calificaba en el 5º lugar sólo detrás de Rusia, Arabia Saudita, Irán y Exxon Mobil. Para este año de 2008, se sitúa entre el octavo y el noveno.
Saqueo a PEMEX
Después de despiadado saqueo, el inventario de recursos en hidrocarburos en México, las reservas probadas, ascienden a 15 mil 514 millones de barriles de petróleo crudo.
Con una desventaja con la que ha cargado de origen, contar con crudos muy pesados lo que obliga que se venda siempre como la mezcla mexicana, esto es, los barriles deben incluir entreverados los tres tipos que produce el país; Maya, Tolteca e Itsmo.
Los millones de barriles que se exportan se han obtenido de una docena de pozos en tierra y en aguas menudas, la mayoría de éstos prácticamente se ha secado, debido a la explotación desmedida, por lo que el peso en los últimos 15 años ha recaído en Cantarell, considerado como uno de los yacimientos más grande del mundo.
Cantarell, la joya de la corona, con el peso de la carga de cubrir las cuotas de exportación y de consumo interno, está como es natural en franca decadencia.
De una reserva probada aproximada de 35 mil millones de barriles en los años 80, para el año 2000 las reservas compuestas alcanzaban 26.9 miles de millones de barriles, ahora apenas alcanza poco más de 15 mil millones de barriles, lo que según los estudios al respecto suponen que en 9 años se agotarán a menos que otros yacimientos se sumen a esta reserva.
En el 2006 Cantarell produjo un millón 788 mil barriles diarios, esto es 11.9% menos que en 2005. El desarrollo de nuevos campos, como Ku Maloob Zaap, en apariencia contribuye a enfrentar su declinación, sin embargo, hay que tomarlo con reserva debido a que la calidad del crudo de ese campo es muy pesado (más que los que se tienen en producción) y no tiene la misma aceptación que la mezcla tradicional.
Descomunal endeudamiento
Debido a que los recursos provenientes de la explotación del petróleo tienen otro destino diferente al necesario para mantener sana a la paraestatal, se ha echado mano a diferentes mecanismos para paliar los problemas que han traído como acompañamiento vicios por demás costosos para PEMEX.
Tal es el caso de las tristemente célebres PIDIREGAS que por un lado han mantenido los niveles de producción pero con ésta un descomunal endeudamiento. Así entre 2005 y 2006 la deuda consolidada de PEMEX se incrementó en nueve mil 800 millones de pesos de 559 a 569 mil millones. De este total, casi 92% corresponde al endeudamiento PIDIREGAS. Con el cierre de cuentas a 2007 la cifra ha alcanzado niveles insospechados.
Como sino fuera suficiente el endeudamiento, donde los PIDIREGAS son sólo un ejemplo, los pasivos laborales aumentaron en 64 mil 500 millones de pesos para alcanzar un total de 454 mil millones de pesos. El resultado conjunto es que PEMEX continuó como la empresa petrolera con más pasivos en el mundo.
Parece mentira que la historia no les diga nada a quienes ahora controlan los hidrocarburos en México.
Un número considerable de los países exitosos explotadores de petróleo, comenzaron como México la industria del petróleo con empresas privadas y ahora son estatales.
Más del 80% de la producción mundial de petróleo la producen empresas estatales, las que por cierto, a su manera, le han sacado provecho a los recursos derivados de la industria.
Y en México quieren poner nuevamente la riqueza petrolera a la completa disposición de las trasnacionales extranjeras, en detrimento no sólo del Estado y el gobierno mexicano, sino de toda su población.
De los pasillos
La ex esposa de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, Maude Versini, pasea tranquila y feliz por los parques franceses en compañía de los vástagos del mexiquense y luce esplendorosa una barriga que muestra sus casi 7 meses de embarazo.
Este hijo (a) por supuesto que no es de quien causara uno de los más grande escándalos de corrupción que se ha dado entre los gobernadores priístas.
Al lado de la Versini, según publica conocida revista dedicada a los asuntos del corazón y de la moda, es el mismo desaliñado y barbudo sujeto con el que se le vio cenando en los más caros restaurantes del París.
Si de algo puede estar cierto “arturito el millonario” es de que nadie sabe para quien roba ya que la Vercini, en el divorcio, logró arrebatarle una buena suma además de que goza de una multimillonaria pensión que le permite darse el lujo hasta de pagar acompañante.
( lilia_arellano@yahoo.com)
En la cárcel
* Legalmente, ahí debe estar Juan Camilo Mouriño, titular ilegítimo de la Secretaría de Gobernación, advierte el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza
Por ética, al menos, debería renunciar
* Reitera que todo el grupo de amigos cercanos a Felipe Calderón, con los que juegan fútbol en Los Pinos, son una red de mafiosos y delictivos que deberían estar en prisión
MEXICO, D.F., 12 de marzo (UNIVERSAL).- El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, aseguró que por ética, Juan Camilo Mouriño debía estar fuera de la Secretaría de Gobernación, pero que legalmente debería “estar en la cárcel”.
El perredista confirmó que ya tiene en sus manos el expediente que le envió Mouriño como parte de su apertura a que lo investiguen y se resuelva si fueron legales o no los contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (PEMEX), a favor de la empresa familiar Ivancar S.A. de C.V.
Sin embargo, González Garza dijo que la documentación enviada no es suficiente, y mucho menos demuestra que es la totalidad de contratos.
“Yo le pedí (a Juan Camilo Mouriño) que nos dijera cuántas gasolineras tenía su familia antes de ser diputado local y cuántas tiene ahora. Esto va a ser un problema porque nos vamos a mantener así, por eso digo que en términos morales y éticos claro que tendría que estar fuera, sin ninguna duda, pero en términos legales tiene que estar en la cárcel”, reiteró.
En pasados días, el líder del PRD en San Lázaro denunció que el grupo de amigos cercanos a Felipe Calderón, con los que juegan fútbol en Los Pinos, son una red de mafiosos y delictivos.
Y ante ello, Larios le respondió que se cuidarán puesto que ese equipo de fútbol les meterá una “goliza”, y este miércoles González Garza le respondió que se irán a penales, pero “de máxima seguridad”, en los que debe estar Mouriño. “Todos esos señores tienen que estar ahí”, señaló.
Por ética, al menos, debería renunciar
* Reitera que todo el grupo de amigos cercanos a Felipe Calderón, con los que juegan fútbol en Los Pinos, son una red de mafiosos y delictivos que deberían estar en prisión
MEXICO, D.F., 12 de marzo (UNIVERSAL).- El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, aseguró que por ética, Juan Camilo Mouriño debía estar fuera de la Secretaría de Gobernación, pero que legalmente debería “estar en la cárcel”.
El perredista confirmó que ya tiene en sus manos el expediente que le envió Mouriño como parte de su apertura a que lo investiguen y se resuelva si fueron legales o no los contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (PEMEX), a favor de la empresa familiar Ivancar S.A. de C.V.
Sin embargo, González Garza dijo que la documentación enviada no es suficiente, y mucho menos demuestra que es la totalidad de contratos.
“Yo le pedí (a Juan Camilo Mouriño) que nos dijera cuántas gasolineras tenía su familia antes de ser diputado local y cuántas tiene ahora. Esto va a ser un problema porque nos vamos a mantener así, por eso digo que en términos morales y éticos claro que tendría que estar fuera, sin ninguna duda, pero en términos legales tiene que estar en la cárcel”, reiteró.
En pasados días, el líder del PRD en San Lázaro denunció que el grupo de amigos cercanos a Felipe Calderón, con los que juegan fútbol en Los Pinos, son una red de mafiosos y delictivos.
Y ante ello, Larios le respondió que se cuidarán puesto que ese equipo de fútbol les meterá una “goliza”, y este miércoles González Garza le respondió que se irán a penales, pero “de máxima seguridad”, en los que debe estar Mouriño. “Todos esos señores tienen que estar ahí”, señaló.
Ni la ley frena a la oligarquía (Bolivia)
econoticiasbolivia
Ni las leyes del Parlamento ni las disposiciones de la Corte Electoral paralizan el levantamiento dirigido por los 100 clanes más poderosos de Bolivia
Un nuevo intento legal, ahora desde Poder Electoral, para frenar el proceso separatista que impulsa la rancia oligarquía boliviana en el oriente y los valles del país quedó al borde del fracaso este lunes, tras que los prefectos opositores (gobernadores) y las fuerzas que los sustentan decidieran continuar con los preparativos para tratar de legitimar, mediante el voto popular, el poder que ejercen en casi la mitad de Bolivia en abierta confrontación con el gobierno indígena y campesino de Evo Morales.
La noche del viernes, el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, emitió dos resoluciones, congelando sin fecha los referéndums nacionales y departamentales fijados inicialmente para el 4 de mayo, y con los que el gobierno de Morales y los prefectos opositores intentaban en lo formal medir fuerzas y apoyo popular, legalizando sin embargo en los hechos el poder dual que existe en Bolivia, con Evo gobernando en el altiplano y la oligarquía ejerciendo pleno poder en los llanos y valles.
En términos legales, las resoluciones de la CNE, controlada por el oficialismo, dejan sin efecto tanto el referéndum nacional, aprobado por el Congreso y convocado por Morales para dirimir la extensión del latifundio y lograr la aprobación de su proyecto de Constitución Política elaborado en la Asamblea Constituyente- como los referéndums autonómicos impulsados por las prefecturas de Santa Cruz, Beni y Pando y a las que se pretendían sumar Chuquisaca y Cochabamba.
En el fondo, la intencionalidad de estas resoluciones, que se sustentan en criterios jurídicos y operativos, es tratar de frenar los referéndums autonomistas y lograr lo que no pudo el Congreso Nacional, que había declarado estas consultas regionales al margen de la ley. A fines de febrero, el gobierno de Morales había promulgado las leyes del Congreso para obligar a la oligarquía separatista a concertar en busca de un gran acuerdo nacional.
“Es técnicamente imposible lleva adelante las consultas cuando faltan sólo 60 días”, dijo Exeni al explicar que “la decisión de la CNE debe servir para reencauzar el diálogo político en el Congreso Nacional preservando la institucionalidad, la democracia y sobre todo la unidad del país”.
Rebelión oligárquica
Esta decisión legal, sin embargo, fue rechazada de plano por las organizaciones cívicas, empresariales y políticas que apoyan a los prefectos opositores y se expresaron a través de los voceros de las Cortes Departamentales Electorales, que están bajo el control de los partidarios de la autonomía separatista. Todos ellos desconocen abiertamente las decisiones del Congreso y las de la CNE y están apelando al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia jurídica del país pero que está acéfala y sin vigencia real por la renuncia de casi todos sus miembros.
Así, las cortes departamentales electorales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija anunciaron que desacatarán las resoluciones de la Corte Nacional, mientras que los dirigentes cívicos y políticos opositores pidieron la renuncia del presidente del máximo ente electoral, José Luis Exeni, a quien acusan de estar estrechamente vinculado al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
En lo concreto, las resoluciones de la Corte dirigida por Exeni apuntan al mismo objetivo que las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno nacional para quitar toda base legal a los referéndums autonómicos. Los prefectos opositores ya habían anunciado que no acatarían la ley promulgada por el Congreso e incluso, el propio Senado de la República, bajo el dominio de los partidos de derecha, convocaron a la población a desacatar dicha ley.
Incertidumbre
Frente a ello, el presidente de la CNE advirtió que no reconocería los resultados de los referéndums regionales. 'Esos procesos, si no se encausan en la legalidad, claramente les digo que no tendrán el aval de la Corte Electoral, por lo tanto sus resultados no tendrán legalidad, legitimidad, ni reconocimiento'.
Pese a ello, los representantes de las Cortes adelantaron que no obedecerán la disposición porque no fue consensuada y porque la CNE no tiene competencia para suspender los referendos por las autonomías departamentales.
José Ayala, vocal de la Corte cruceña, dijo que “el proceso electoral en Santa Cruz va a seguir porque la CNE no puede obligar a que desconozcamos resoluciones prefecturales. No está en nuestra competencia suspender una convocatoria que tiene presunción de legalidad y constitucionalidad”. La consulta está convocada para el 4 de mayo.
Nuevas exigencias
El prefecto cruceño, Rubén Costas, también rechazó la determinación de la Corte Nacional y declaró que sólo obedecerá lo que disponga el Tribunal Constitucional. “El único que puede declarar nula esta posición sería el Tribunal Constitucional, todos saben que una Corte Nacional está para llevar adelante los procesos electorales y de ninguna manera puede ser juez o atribuirse cosas que no le competen”.
Los cívicos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones que junto con Chuquisaca forman la “media luna ampliada”, solicitaron también la renuncia de Exeni, pues consideran que carece de la imparcialidad necesaria para dirigir el ente electoral.
En el mismo tono, el expresidente y jefe de la ultraderechista Podemos, Jorge Quiroga, pidió la renuncia del presidente de la CNE, debido a que, según él, responde a los intereses del MAS. En cambio, el alcalde de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, apoyó la decisión del representante del máximo organismo electoral de aprobar unas resoluciones para postergar el desarrollo de los referendos en el país.
¿Callejón sin salida?
Por ahora, parece quedar claro que la rebelión impulsada por 100 clanes familiares, que controlan la tierra, las finanzas, el comercio y la prensa en los valles y llanuras del oriente, norte y sur del país, no está pudiendo ser detenida por las vías legales y jurídicas, lo que deja muy mal parado al gobierno de Morales, que sigue apostando al diálogo y la concertación.
Los sectores sociales que respaldan al gobierno, en cambio, abogan por ir a la confrontación electoral, como vía para zanjar la disputa de poder que se da en el país.
Mucho más radicales, los sindicatos y organizaciones que han comenzado a recuperar la independencia de clase frente al gobierno de indígenas y campesinos, reclaman por una lucha frontal contra la oligarquía.
“Corresponde a los proletarios y el pueblo en general hacer frente a estos desafíos, el de aniquilar el modelo neoliberal imperante. Es tarea fundamental anular el sistema capitalista decadente explotador y de unificar a todos los pobres del país para aplastar de una vez por todas a estas logias”, señala un pronunciamiento de la combativa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
Ni las leyes del Parlamento ni las disposiciones de la Corte Electoral paralizan el levantamiento dirigido por los 100 clanes más poderosos de Bolivia
Un nuevo intento legal, ahora desde Poder Electoral, para frenar el proceso separatista que impulsa la rancia oligarquía boliviana en el oriente y los valles del país quedó al borde del fracaso este lunes, tras que los prefectos opositores (gobernadores) y las fuerzas que los sustentan decidieran continuar con los preparativos para tratar de legitimar, mediante el voto popular, el poder que ejercen en casi la mitad de Bolivia en abierta confrontación con el gobierno indígena y campesino de Evo Morales.
La noche del viernes, el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, emitió dos resoluciones, congelando sin fecha los referéndums nacionales y departamentales fijados inicialmente para el 4 de mayo, y con los que el gobierno de Morales y los prefectos opositores intentaban en lo formal medir fuerzas y apoyo popular, legalizando sin embargo en los hechos el poder dual que existe en Bolivia, con Evo gobernando en el altiplano y la oligarquía ejerciendo pleno poder en los llanos y valles.
En términos legales, las resoluciones de la CNE, controlada por el oficialismo, dejan sin efecto tanto el referéndum nacional, aprobado por el Congreso y convocado por Morales para dirimir la extensión del latifundio y lograr la aprobación de su proyecto de Constitución Política elaborado en la Asamblea Constituyente- como los referéndums autonómicos impulsados por las prefecturas de Santa Cruz, Beni y Pando y a las que se pretendían sumar Chuquisaca y Cochabamba.
En el fondo, la intencionalidad de estas resoluciones, que se sustentan en criterios jurídicos y operativos, es tratar de frenar los referéndums autonomistas y lograr lo que no pudo el Congreso Nacional, que había declarado estas consultas regionales al margen de la ley. A fines de febrero, el gobierno de Morales había promulgado las leyes del Congreso para obligar a la oligarquía separatista a concertar en busca de un gran acuerdo nacional.
“Es técnicamente imposible lleva adelante las consultas cuando faltan sólo 60 días”, dijo Exeni al explicar que “la decisión de la CNE debe servir para reencauzar el diálogo político en el Congreso Nacional preservando la institucionalidad, la democracia y sobre todo la unidad del país”.
Rebelión oligárquica
Esta decisión legal, sin embargo, fue rechazada de plano por las organizaciones cívicas, empresariales y políticas que apoyan a los prefectos opositores y se expresaron a través de los voceros de las Cortes Departamentales Electorales, que están bajo el control de los partidarios de la autonomía separatista. Todos ellos desconocen abiertamente las decisiones del Congreso y las de la CNE y están apelando al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia jurídica del país pero que está acéfala y sin vigencia real por la renuncia de casi todos sus miembros.
Así, las cortes departamentales electorales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija anunciaron que desacatarán las resoluciones de la Corte Nacional, mientras que los dirigentes cívicos y políticos opositores pidieron la renuncia del presidente del máximo ente electoral, José Luis Exeni, a quien acusan de estar estrechamente vinculado al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
En lo concreto, las resoluciones de la Corte dirigida por Exeni apuntan al mismo objetivo que las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno nacional para quitar toda base legal a los referéndums autonómicos. Los prefectos opositores ya habían anunciado que no acatarían la ley promulgada por el Congreso e incluso, el propio Senado de la República, bajo el dominio de los partidos de derecha, convocaron a la población a desacatar dicha ley.
Incertidumbre
Frente a ello, el presidente de la CNE advirtió que no reconocería los resultados de los referéndums regionales. 'Esos procesos, si no se encausan en la legalidad, claramente les digo que no tendrán el aval de la Corte Electoral, por lo tanto sus resultados no tendrán legalidad, legitimidad, ni reconocimiento'.
Pese a ello, los representantes de las Cortes adelantaron que no obedecerán la disposición porque no fue consensuada y porque la CNE no tiene competencia para suspender los referendos por las autonomías departamentales.
José Ayala, vocal de la Corte cruceña, dijo que “el proceso electoral en Santa Cruz va a seguir porque la CNE no puede obligar a que desconozcamos resoluciones prefecturales. No está en nuestra competencia suspender una convocatoria que tiene presunción de legalidad y constitucionalidad”. La consulta está convocada para el 4 de mayo.
Nuevas exigencias
El prefecto cruceño, Rubén Costas, también rechazó la determinación de la Corte Nacional y declaró que sólo obedecerá lo que disponga el Tribunal Constitucional. “El único que puede declarar nula esta posición sería el Tribunal Constitucional, todos saben que una Corte Nacional está para llevar adelante los procesos electorales y de ninguna manera puede ser juez o atribuirse cosas que no le competen”.
Los cívicos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones que junto con Chuquisaca forman la “media luna ampliada”, solicitaron también la renuncia de Exeni, pues consideran que carece de la imparcialidad necesaria para dirigir el ente electoral.
En el mismo tono, el expresidente y jefe de la ultraderechista Podemos, Jorge Quiroga, pidió la renuncia del presidente de la CNE, debido a que, según él, responde a los intereses del MAS. En cambio, el alcalde de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, apoyó la decisión del representante del máximo organismo electoral de aprobar unas resoluciones para postergar el desarrollo de los referendos en el país.
¿Callejón sin salida?
Por ahora, parece quedar claro que la rebelión impulsada por 100 clanes familiares, que controlan la tierra, las finanzas, el comercio y la prensa en los valles y llanuras del oriente, norte y sur del país, no está pudiendo ser detenida por las vías legales y jurídicas, lo que deja muy mal parado al gobierno de Morales, que sigue apostando al diálogo y la concertación.
Los sectores sociales que respaldan al gobierno, en cambio, abogan por ir a la confrontación electoral, como vía para zanjar la disputa de poder que se da en el país.
Mucho más radicales, los sindicatos y organizaciones que han comenzado a recuperar la independencia de clase frente al gobierno de indígenas y campesinos, reclaman por una lucha frontal contra la oligarquía.
“Corresponde a los proletarios y el pueblo en general hacer frente a estos desafíos, el de aniquilar el modelo neoliberal imperante. Es tarea fundamental anular el sistema capitalista decadente explotador y de unificar a todos los pobres del país para aplastar de una vez por todas a estas logias”, señala un pronunciamiento de la combativa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
¿Cómo reconocer un gobierno de izquierda?
Carlos Imaz Gispert
Sin lugar a dudas que existen varios elementos a considerar en la respuesta, por ejemplo: sus posiciones políticas, sus mecanismos de decisión o su respeto a los derechos civiles y políticos, pero, en este caso, me atendré a las políticas públicas que el gobierno desarrolla para mejorar las condiciones materiales de vida promoviendo la equidad social.
Un gobierno de derecha hablará de “igualdad sólo ante la ley” y reivindicará las “leyes del mercado” como “mecanismo rector de la vida social”. En los hechos, la ley del más fuerte y despiadado. Para ellos, el mecanismo fundamental para distribuir la riqueza es el del “mercado salarial”. Por cierto que el salario mínimo en México, de 1982 a 2008, cayó 75 por ciento en términos reales.
Por el contrario, promover la equidad social significa no sólo reconocer la desigualdad social promovida por dichas “leyes del mercado”, sino asumir que el “trato de iguales” a los desiguales sólo profundiza la desigualdad y desde ese reconocimiento desarrollar acciones y políticas públicas que tiendan a disminuir las abismales diferencias. En esta lógica, un gobierno de izquierda sería aquel que defiende, crea y materializa derechos sociales. Entendidos estos, en nuestra acotada referencia, como el acceso a recursos o servicios públicos que ofrece, o puede ofrecer, el propio gobierno y que signifiquen la creación de condiciones más equitativas de vida para la población.
Ahora bien, para que estas políticas públicas no sean una dádiva que reclama un intercambio (clientelismo y corporativismo), a las que por lo tanto les conviene mantener la condición de desigualdad, éstas deben, en su universalidad, garantizar su acceso sin condición alguna. Aunque los universos puedan ser acotados por su pertenencia a una población específica, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, para que sea un derecho social, el acceso tendrá que garantizarse a todos los que cumplan dicha condición.
De políticas públicas recientes, que sí generan condiciones de equidad, podemos señalar algunos ejemplos significativos en la ciudad de México: incrementos salariales superiores a la inflación para sus trabajadores; pensión alimenticia, transporte público, atención médica y medicinas gratuitas para los adultos mayores; becas escolares para madres solteras y sus hijos; becas para discapacitados; libros de texto, útiles y uniformes escolares para todos los estudiantes de educación básica pública; transporte escolar gratuito para actividades académicas o de recreación; centros públicos de cómputo e Internet; acceso gratuito a una creciente oferta cultural; becas para estudiantes de bachillerato, seguro de desempleo, etcétera.
A cada una de ellas la derecha se ha opuesto argumentando que son medidas populistas que “distorsionan el mercado” y, aunque no sustancian el calificativo, han dejado en claro su oposición a cualquier acción concreta que posibilite, al menos, el ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución (incluido el salario remunerador), y por supuesto se horrorizan ante la posibilidad de construir nuevos derechos sociales. Por el contrario, hacer realidad y ampliar los derechos sociales es el deber ser de un gobierno de izquierda.
Sin lugar a dudas que existen varios elementos a considerar en la respuesta, por ejemplo: sus posiciones políticas, sus mecanismos de decisión o su respeto a los derechos civiles y políticos, pero, en este caso, me atendré a las políticas públicas que el gobierno desarrolla para mejorar las condiciones materiales de vida promoviendo la equidad social.
Un gobierno de derecha hablará de “igualdad sólo ante la ley” y reivindicará las “leyes del mercado” como “mecanismo rector de la vida social”. En los hechos, la ley del más fuerte y despiadado. Para ellos, el mecanismo fundamental para distribuir la riqueza es el del “mercado salarial”. Por cierto que el salario mínimo en México, de 1982 a 2008, cayó 75 por ciento en términos reales.
Por el contrario, promover la equidad social significa no sólo reconocer la desigualdad social promovida por dichas “leyes del mercado”, sino asumir que el “trato de iguales” a los desiguales sólo profundiza la desigualdad y desde ese reconocimiento desarrollar acciones y políticas públicas que tiendan a disminuir las abismales diferencias. En esta lógica, un gobierno de izquierda sería aquel que defiende, crea y materializa derechos sociales. Entendidos estos, en nuestra acotada referencia, como el acceso a recursos o servicios públicos que ofrece, o puede ofrecer, el propio gobierno y que signifiquen la creación de condiciones más equitativas de vida para la población.
Ahora bien, para que estas políticas públicas no sean una dádiva que reclama un intercambio (clientelismo y corporativismo), a las que por lo tanto les conviene mantener la condición de desigualdad, éstas deben, en su universalidad, garantizar su acceso sin condición alguna. Aunque los universos puedan ser acotados por su pertenencia a una población específica, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, para que sea un derecho social, el acceso tendrá que garantizarse a todos los que cumplan dicha condición.
De políticas públicas recientes, que sí generan condiciones de equidad, podemos señalar algunos ejemplos significativos en la ciudad de México: incrementos salariales superiores a la inflación para sus trabajadores; pensión alimenticia, transporte público, atención médica y medicinas gratuitas para los adultos mayores; becas escolares para madres solteras y sus hijos; becas para discapacitados; libros de texto, útiles y uniformes escolares para todos los estudiantes de educación básica pública; transporte escolar gratuito para actividades académicas o de recreación; centros públicos de cómputo e Internet; acceso gratuito a una creciente oferta cultural; becas para estudiantes de bachillerato, seguro de desempleo, etcétera.
A cada una de ellas la derecha se ha opuesto argumentando que son medidas populistas que “distorsionan el mercado” y, aunque no sustancian el calificativo, han dejado en claro su oposición a cualquier acción concreta que posibilite, al menos, el ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución (incluido el salario remunerador), y por supuesto se horrorizan ante la posibilidad de construir nuevos derechos sociales. Por el contrario, hacer realidad y ampliar los derechos sociales es el deber ser de un gobierno de izquierda.
¿Por qué seguir siendo socialista?
Marcelo Colussi
Desde una posición triunfalista, casi con desdén, el discurso de la derecha puede mirar socarronamente a la izquierda mostrando su "fracaso" en el siglo XX. Por cierto que hoy, luego de lo sucedido en las recientes décadas, elementos no le faltan para hacer el señalamiento. Los primeros experimentos de socialismos reales del pasado siglo no terminaron muy bien, y después de la caída del muro de Berlín y todo el campo soviético, más los elementos de restauración capitalista en China, el discurso hegemónico de la derecha se siente imbatible. Aunque la historia, por cierto, no ha terminado.
Como dijo el brasileño Frei Betto: "El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana".
Ahora bien: ser socialista, seguir abrazando el ideario socialista, seguir esperanzado en un mundo con mayores cuotas de justicia, no es una cuestión de pura fe, de creencia dogmática, ciega, irreflexiva. A una religión se la puede seguir por una pura cuestión de convicción, exclusivamente pasional, ilógica si se quiere. Más allá del análisis, incluso, se puede seguir una creencia dejándose arrastrar por la corriente. Pero seguir firme en el ideal socialista es otra cosa. Por cierto, mucho más que dejarse llevar por la corriente, ser socialista sigue siendo una decisión sopesada, una decisión en la que hasta nos puede ir la vida incluso, pero que se alimenta de un profundo principismo, de una ética firme. Optar por el socialismo es seguir teniendo sensibilidad social, preocupación y respeto por la dignidad humana. Es seguir creyendo firmemente en la justicia, en que lo más importante para un ser humano es otro ser humano.
Seguir optando por el socialismo no es hacer una apología del amor al prójimo. La experiencia milenaria de la vida y las modernas ciencias sociales nos enseñan que el amor incondicional, el amor por el amor mismo no existe (los dioses omnipotentes podrán amar en forma absoluta. Los humanos de a pie, más modestamente, amamos en forma parcial, fragmentaria, con cuentagotas). Pero sí existe el respeto –y hay que forjar una cultura que se base en él; eso es el socialismo en definitiva–. Aunque no amemos incondicionalmente al otro (¿podríamos amar de verdad a todo el mundo?, ¿no tiene algo de mesiánico eso?), podemos y debemos respetarlo. Y la injusticia, en cualquiera de sus formas (explotación económica, subordinación de género, discriminación étnica) es una forma de irrespeto.
La otra opción que tenemos frente al socialismo, el capitalismo, la sociedad asentada en la explotación de una clase social por otra, ya hemos visto hacia dónde puede llevarnos: sólo hacia un holocausto como especie. El afán de poderío, la búsqueda interminable por la supremacía –cosas que pudiéramos estar tentados de tomar como naturales, como factor espontáneo de nuestra humana condición, pero que finalmente se descubren como construcciones culturales, históricas– no pueden ser el norte de la vida. Si lo son, ello depende de una historia que no nos da otra salida, que nos lleva a valorar un teléfono celular o una botella de whisky por sobre otro ser humano. Y ahí radica justamente el trabajo revolucionario, el ser socialista: se trata de cambiar ese mundo, esa historia, esa conciencia. Si se quiere: de ir contra esa corriente.
El capitalismo, la sociedad basada sólo en el lucro personal, olvida el respeto. Si el motor último de la vida es "la ganancia", amén de ser una vida muy pobre en términos de valores humanos, como construcción social eso es una bomba de tiempo. En nombre de su búsqueda se puede sacrificar la naturaleza completa (la actual catástrofe medioambiental), se generan contradicciones tan profundas que ya no tienen marcha atrás y se vuelven luego inmanejables (sectores sociales "respetables" que viven defendiéndose de los "excluidos" que reclaman su lugar en el mundo, Norte rico "invadido" por pobres que escapan del Sur excluido), todo lo cual genera una bomba de tiempo que por algún lado estalla. O, peor aún, en nombre de defender las ganancias obtenidas, se producen guerras tan mortíferas que ponen en riesgo la habitabilidad misma del planeta. De liberarse toda la energía nuclear contenida en las armas atómicas de que dispone la humanidad hoy día, se produciría una explosión tan monumental cuya onda expansiva llegaría a la órbita de Plutón… Pero ello no impide que cada siete segundos muera de hambre una persona en el mundo, siendo el hambre –¡el hambre y no la guerra!– la principal causa de muerte de nuestra especie. ¿Triste? ¿Indigno? ¿Tremendamente pobre? Eso y no otra cosa es el capitalismo.
La derecha podrá mostrar –con razón en muchos casos– que los experimentos socialistas tuvieron innumerables errores: verticalismo, abuso de poder, falta de libertades públicas, nepotismo, ineficiencia, burocratismo, culto a la personalidad de los líderes y una interminable lista de lacras y mezquindades vergonzantes. También la izquierda lo dice en una visión autocrítica de esas experiencias. Ahora bien: de la derecha ya nada se puede esperar, sino más de lo mismo: explotación, saqueo, injusticia, consumismo voraz…. Y el abuso de poder no es un invento del socialismo. Por tanto, el único camino que brinda aún esperanzas sigue siendo el socialismo. Con sus errores, defectos y mezquindades. Pero con esperanza al final del camino.
Las sociedades basadas en la explotación de clase no ofrecen salidas y son, inexorablemente, una afrenta a la equidad entre humanos. Con un horizonte socialista, sabiendo de los errores que cometemos y sabiendo que hay que enfrentarlos, queda al menos la esperanza respecto a que se busca la justicia, que vamos más allá de pobreza de la "salvación" personal. La vida es demasiado indigna si se mide por la cantidad de dinero que tenemos depositada en la cuenta bancaria, por el automóvil que usamos o por la ropa que llevamos. Pues como dijo el poeta canario Víctor Ramírez, "aunque no haya motivos para la esperanza, siempre tendremos razones para la dignidad".
Y el socialismo es dignidad.
Desde una posición triunfalista, casi con desdén, el discurso de la derecha puede mirar socarronamente a la izquierda mostrando su "fracaso" en el siglo XX. Por cierto que hoy, luego de lo sucedido en las recientes décadas, elementos no le faltan para hacer el señalamiento. Los primeros experimentos de socialismos reales del pasado siglo no terminaron muy bien, y después de la caída del muro de Berlín y todo el campo soviético, más los elementos de restauración capitalista en China, el discurso hegemónico de la derecha se siente imbatible. Aunque la historia, por cierto, no ha terminado.
Como dijo el brasileño Frei Betto: "El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana".
Ahora bien: ser socialista, seguir abrazando el ideario socialista, seguir esperanzado en un mundo con mayores cuotas de justicia, no es una cuestión de pura fe, de creencia dogmática, ciega, irreflexiva. A una religión se la puede seguir por una pura cuestión de convicción, exclusivamente pasional, ilógica si se quiere. Más allá del análisis, incluso, se puede seguir una creencia dejándose arrastrar por la corriente. Pero seguir firme en el ideal socialista es otra cosa. Por cierto, mucho más que dejarse llevar por la corriente, ser socialista sigue siendo una decisión sopesada, una decisión en la que hasta nos puede ir la vida incluso, pero que se alimenta de un profundo principismo, de una ética firme. Optar por el socialismo es seguir teniendo sensibilidad social, preocupación y respeto por la dignidad humana. Es seguir creyendo firmemente en la justicia, en que lo más importante para un ser humano es otro ser humano.
Seguir optando por el socialismo no es hacer una apología del amor al prójimo. La experiencia milenaria de la vida y las modernas ciencias sociales nos enseñan que el amor incondicional, el amor por el amor mismo no existe (los dioses omnipotentes podrán amar en forma absoluta. Los humanos de a pie, más modestamente, amamos en forma parcial, fragmentaria, con cuentagotas). Pero sí existe el respeto –y hay que forjar una cultura que se base en él; eso es el socialismo en definitiva–. Aunque no amemos incondicionalmente al otro (¿podríamos amar de verdad a todo el mundo?, ¿no tiene algo de mesiánico eso?), podemos y debemos respetarlo. Y la injusticia, en cualquiera de sus formas (explotación económica, subordinación de género, discriminación étnica) es una forma de irrespeto.
La otra opción que tenemos frente al socialismo, el capitalismo, la sociedad asentada en la explotación de una clase social por otra, ya hemos visto hacia dónde puede llevarnos: sólo hacia un holocausto como especie. El afán de poderío, la búsqueda interminable por la supremacía –cosas que pudiéramos estar tentados de tomar como naturales, como factor espontáneo de nuestra humana condición, pero que finalmente se descubren como construcciones culturales, históricas– no pueden ser el norte de la vida. Si lo son, ello depende de una historia que no nos da otra salida, que nos lleva a valorar un teléfono celular o una botella de whisky por sobre otro ser humano. Y ahí radica justamente el trabajo revolucionario, el ser socialista: se trata de cambiar ese mundo, esa historia, esa conciencia. Si se quiere: de ir contra esa corriente.
El capitalismo, la sociedad basada sólo en el lucro personal, olvida el respeto. Si el motor último de la vida es "la ganancia", amén de ser una vida muy pobre en términos de valores humanos, como construcción social eso es una bomba de tiempo. En nombre de su búsqueda se puede sacrificar la naturaleza completa (la actual catástrofe medioambiental), se generan contradicciones tan profundas que ya no tienen marcha atrás y se vuelven luego inmanejables (sectores sociales "respetables" que viven defendiéndose de los "excluidos" que reclaman su lugar en el mundo, Norte rico "invadido" por pobres que escapan del Sur excluido), todo lo cual genera una bomba de tiempo que por algún lado estalla. O, peor aún, en nombre de defender las ganancias obtenidas, se producen guerras tan mortíferas que ponen en riesgo la habitabilidad misma del planeta. De liberarse toda la energía nuclear contenida en las armas atómicas de que dispone la humanidad hoy día, se produciría una explosión tan monumental cuya onda expansiva llegaría a la órbita de Plutón… Pero ello no impide que cada siete segundos muera de hambre una persona en el mundo, siendo el hambre –¡el hambre y no la guerra!– la principal causa de muerte de nuestra especie. ¿Triste? ¿Indigno? ¿Tremendamente pobre? Eso y no otra cosa es el capitalismo.
La derecha podrá mostrar –con razón en muchos casos– que los experimentos socialistas tuvieron innumerables errores: verticalismo, abuso de poder, falta de libertades públicas, nepotismo, ineficiencia, burocratismo, culto a la personalidad de los líderes y una interminable lista de lacras y mezquindades vergonzantes. También la izquierda lo dice en una visión autocrítica de esas experiencias. Ahora bien: de la derecha ya nada se puede esperar, sino más de lo mismo: explotación, saqueo, injusticia, consumismo voraz…. Y el abuso de poder no es un invento del socialismo. Por tanto, el único camino que brinda aún esperanzas sigue siendo el socialismo. Con sus errores, defectos y mezquindades. Pero con esperanza al final del camino.
Las sociedades basadas en la explotación de clase no ofrecen salidas y son, inexorablemente, una afrenta a la equidad entre humanos. Con un horizonte socialista, sabiendo de los errores que cometemos y sabiendo que hay que enfrentarlos, queda al menos la esperanza respecto a que se busca la justicia, que vamos más allá de pobreza de la "salvación" personal. La vida es demasiado indigna si se mide por la cantidad de dinero que tenemos depositada en la cuenta bancaria, por el automóvil que usamos o por la ropa que llevamos. Pues como dijo el poeta canario Víctor Ramírez, "aunque no haya motivos para la esperanza, siempre tendremos razones para la dignidad".
Y el socialismo es dignidad.
Sólo en marzo Pemex ganará 4 mil 556 mdd
Juan Antonio Zúñiga
Especialistas del grupo Banamex-Citigroup aumentaron en 10 dólares el precio estimado de exportación del petróleo mexicano durante este año para sus cálculos, el cual pasó de 62 a 72 dólares por barril en promedio diario en sus nuevas predicciones.
En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) estima que el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de crudo se ubique en 88.44 dólares por barril durante marzo, superior en 75.2 por ciento al observado en el mismo mes de 2007, y 10.1 por ciento mayor al de febrero de 2008.
Según el reporte semanal sobre la evolución del mercado petrolero, elaborado por la Secretaría de Hacienda, ayer el precio de 91.51 dólares por barril de crudo exportado fue mayor al reportado al cierre de 2007, y alcanza una cotización promedio de 81.33 dólares por barril en el transcurso de 2008, un precio 66 por ciento superior al de 49 dólares por barril con el que se elaboraron las políticas de ingresos y gastos del sector público para este año.
La más rentable
A la cotización estimada por Pemex y con una plataforma de exportación de un millón 807 mil barriles diarios en promedio, como calcula la empresa, los ingresos por venta externa de crudo ascenderían a una marca histórica de 4 mil 556 millones de dólares sólo en marzo, a los que habría que descontar los pagos por importaciones, sobre todo de gasolinas. Pero aun así Pemex se consolida como la empresa más rentable de México, y una de las mayores generadoras de flujo de efectivo en el mundo.
Los analistas de Banamex-Citigroup estimaron en 3 mil 450 millones de dólares los ingresos adicionales que Pemex tendría este año a 72 dólares por barril, una vez descontados los pagos por importaciones de petrolíferos.
“El estrecho balance oferta-demanda, inventarios disminuidos, fenómenos coyunturales que amenazan con reducciones en el suministro y la actividad de los fondos de cobertura presionan los precios a niveles no vistos en el pasado”, exponen.
Especialistas del grupo Banamex-Citigroup aumentaron en 10 dólares el precio estimado de exportación del petróleo mexicano durante este año para sus cálculos, el cual pasó de 62 a 72 dólares por barril en promedio diario en sus nuevas predicciones.
En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) estima que el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de crudo se ubique en 88.44 dólares por barril durante marzo, superior en 75.2 por ciento al observado en el mismo mes de 2007, y 10.1 por ciento mayor al de febrero de 2008.
Según el reporte semanal sobre la evolución del mercado petrolero, elaborado por la Secretaría de Hacienda, ayer el precio de 91.51 dólares por barril de crudo exportado fue mayor al reportado al cierre de 2007, y alcanza una cotización promedio de 81.33 dólares por barril en el transcurso de 2008, un precio 66 por ciento superior al de 49 dólares por barril con el que se elaboraron las políticas de ingresos y gastos del sector público para este año.
La más rentable
A la cotización estimada por Pemex y con una plataforma de exportación de un millón 807 mil barriles diarios en promedio, como calcula la empresa, los ingresos por venta externa de crudo ascenderían a una marca histórica de 4 mil 556 millones de dólares sólo en marzo, a los que habría que descontar los pagos por importaciones, sobre todo de gasolinas. Pero aun así Pemex se consolida como la empresa más rentable de México, y una de las mayores generadoras de flujo de efectivo en el mundo.
Los analistas de Banamex-Citigroup estimaron en 3 mil 450 millones de dólares los ingresos adicionales que Pemex tendría este año a 72 dólares por barril, una vez descontados los pagos por importaciones de petrolíferos.
“El estrecho balance oferta-demanda, inventarios disminuidos, fenómenos coyunturales que amenazan con reducciones en el suministro y la actividad de los fondos de cobertura presionan los precios a niveles no vistos en el pasado”, exponen.
El Sendero del Peje al servicio de la comunidad informa
VA EN SERIO
Claudia Sheinbaum: En defensa del petróleo
En el momento, que se presente la iniciativa en la cámara de diputados y en la cámara de senadores, en ese momento. EL DISTRITO FEDERAL HACE UN CERCO CIUDADANO A ESTAS CÁMARAS y dentro los diputados estarán haciendo una huelga legislativa, lo cual no significa que se van a ir a sus casas, sino lo que significa es que van a TOMAR LOS CONGRESOS, porque tenemos que evitar que se apruebe la reforma, no es de que ya se aprobó y ahora vamos a manifestarnos en contra como desafortunadamente nos ocurrió con la ley del ISSTTE.
Estas son las palabras de la Secretaria del Patrimonio Nacional del Gobierno Legítimo de México. en el cine Villa Olimpica, ayer miércoles 12 de Marzo.Si con eso no retiran la propuesta nos vamos a ir a tomar carreteras, y si no retiran la propuesta nos vamos al PARO NACIONAL.
Con el Petróleo no señores, porque con el petróleo se están metiendo con el futuro de nuestros hijos, con el futuro de nuestra patria.
Voz de la resistencia Civil Pacifica
miércoles, marzo 12, 2008
Jornada Informativa en defensa de PEMEX
El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, nos ha pedido que apoyemos la causa en defensa del Petróleo, volanteando estos siete días por toda la ciudad, para invitar a la concentración el próximo martes 18 de marzo a las 4 pm. en el Zócalo.
El día de hoy (miércoles 12 marzo) partieron diversas brigadas desde la carpa del zócalo, como parte de la "Jornada de información en defensa de PEMEX", así mismo pedimos a las diferentes brigadas de la ciudad que quieran participar en esta jornada, pasen por sus volantes los próximos días a la carpa del zócalo y los ciudadanos libres que no pertenezcan a ninguna brigada conformen la suya o se unan a las ya existentes.
También es importante comunicar a la población de todo el País, por todos los medios posibles.
¡70 años de la expropiación! ¡El petróleo es nuestro!
¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
Por favor envíen el aviso a todos los que puedan.
Un saludo de Jesusa Rodríguez
Encarcelados por defender sus tierras, inician huelga de hambre en Chiapas
Hermann Bellinghausen
Llevan 20 meses en la cárcel de Playas de Catazajá, Chiapas. Son 12, contando una mujer presa en San Cristóbal de Las Casas. Unos se reivindican zapatistas, otros del Partido de la Revolución Democrática. Todos tzeltales. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y los paramilitares armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en Busiljá (Ocosingo) les están arrebatando sus tierras. Ellos lo llaman su “sufrimiento agrario”, y se declararon en huelga de hambre.
Los problemas empezaron el 13 de junio de 1997, cuando un grupo de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la región Justicia y simpatizantes fueron desalojados por los priístas, quienes asesinaron a dos niños e hirieron a dos pro zapatistas. Fidelino Sánchez López, de 12 años, fue secuestrado en la comunidad Bautista, y liberado por su propio padre, “arriesgando sus vidas”. Rogelio Sánchez Gutiérrez, de 13 años, fue trasladado por las autoridades a Tuxtla Gutiérrez.
Al niño Simón Sánchez López le dispararon en la cabeza. “La gente de Busiljá no lo sepultó, se quedó en la calle y fue comido por perros y zopilotes”. El menor Elisardo Sánchez Gutiérrez falleció cuando entraron en la comunidad efectivos del Ejército federal “para que los priístas nos quitaran nuestras tierras”, dicen. Dos zapatistas fueron encarcelados y luego liberados.
El mismo día 13 el grupo paramilitar del ejido Busiljá secuestró a Susana Sánchez y a su hijo de dos meses; fueron amarrados en el campo deportivo en pleno sol durante tres días sin comida ni agua. Mientras Susana estaba secuestrada, su padre, Esteban Sánchez López, fue conducido al campo de futbol “para darle muerte”. Lo amarraron con un lazo del cuello. “Afortunadamente la portería se rompió”. Luego, los condujeron a la cárcel distrital de Ocosingo. Ellos son simpatizantes del EZLN.
Quince familias fueron expulsadas el 7 de julio. “Los gobernadores Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén nunca nos brindaron apoyo, como indígenas desplazados de nuestra comunidad por no participar en el desalojo de Nicolás Sánchez Gómez, quien murió el 13 de mayo de 1998 en la comunidad, pues “quedó secuestrado” por los priístas Tomás López Sánchez y Benjamín Gómez Sánchez.
Ocho años después volvieron a Busiljá. El 22 de febrero de 2006, la gente de Benjamín Gutiérrez capturó en su casa a Pablo Gutiérrez Hernández. “Lo llevaron a la casa ejidal, en presencia de Pedro Chulín Jiménez, quien ordenó a su gente de Opddic que si no decía ‘dónde está el campamento de los zapatistas’ lo iban a quemar vivo con gasolina, con toda su familia. Luego decidieron secuestrarlo, subiéndolo en una camioneta propiedad de Calixto Gómez Sánchez. Eran 14 personas. Todo el día lo tuvieron en el crucero La Herradura. Mientras tanto, los priístas empezaron a discutir fuertemente entre ellos. De repente, Alonzo López Pérez disparó a Ermelino Gómez Sánchez, y Manuel Moreno Guzmán disparó a Pablo”. Ambos fueron abandonados en el monte.
Sus familias encontraron muerto al primero; herido y sin conocimiento a Pablo. Le tomó ocho meses recuperarse en San Cristóbal. “Cuando se sentía un poco mejor decidió visitar a su mamá en Busiljá, y allí, sin ninguna orden de aprehensión, lo arrojaron a la camioneta de los judiciales, golpeándose con un trozo de madera. Lo golpearon sin compasión por la herida de bala que tiene en la cabeza. Tanto el Ministerio Público como el subprocurador Walter Culebro tenían información sobre los hechos; aún así lo consignaron rápido, y fue enviado al Cereso 17, en Catazajá”.
Allí sigue, sin atención médica. Su estado de salud es grave, porque la bala sigue en el cráneo. En julio de 2006 fueron detenidos y torturados los demás indígenas ahora en huelga de hambre. Los acusan de secuestro y extorsión, “los delitos están fabricados por priístas encabezados por el ex diputado Chulín Jiménez”.
Piden al gobierno de Juan Sabines que los escuche. “Nuestra lucha es con todo lo que da nuestro corazón. Si hemos de morir, no será por asesinos, extorsionadores o secuestradores sino por la mala impartición de justicia”.
Llevan 20 meses en la cárcel de Playas de Catazajá, Chiapas. Son 12, contando una mujer presa en San Cristóbal de Las Casas. Unos se reivindican zapatistas, otros del Partido de la Revolución Democrática. Todos tzeltales. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y los paramilitares armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en Busiljá (Ocosingo) les están arrebatando sus tierras. Ellos lo llaman su “sufrimiento agrario”, y se declararon en huelga de hambre.
Los problemas empezaron el 13 de junio de 1997, cuando un grupo de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la región Justicia y simpatizantes fueron desalojados por los priístas, quienes asesinaron a dos niños e hirieron a dos pro zapatistas. Fidelino Sánchez López, de 12 años, fue secuestrado en la comunidad Bautista, y liberado por su propio padre, “arriesgando sus vidas”. Rogelio Sánchez Gutiérrez, de 13 años, fue trasladado por las autoridades a Tuxtla Gutiérrez.
Al niño Simón Sánchez López le dispararon en la cabeza. “La gente de Busiljá no lo sepultó, se quedó en la calle y fue comido por perros y zopilotes”. El menor Elisardo Sánchez Gutiérrez falleció cuando entraron en la comunidad efectivos del Ejército federal “para que los priístas nos quitaran nuestras tierras”, dicen. Dos zapatistas fueron encarcelados y luego liberados.
El mismo día 13 el grupo paramilitar del ejido Busiljá secuestró a Susana Sánchez y a su hijo de dos meses; fueron amarrados en el campo deportivo en pleno sol durante tres días sin comida ni agua. Mientras Susana estaba secuestrada, su padre, Esteban Sánchez López, fue conducido al campo de futbol “para darle muerte”. Lo amarraron con un lazo del cuello. “Afortunadamente la portería se rompió”. Luego, los condujeron a la cárcel distrital de Ocosingo. Ellos son simpatizantes del EZLN.
Quince familias fueron expulsadas el 7 de julio. “Los gobernadores Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén nunca nos brindaron apoyo, como indígenas desplazados de nuestra comunidad por no participar en el desalojo de Nicolás Sánchez Gómez, quien murió el 13 de mayo de 1998 en la comunidad, pues “quedó secuestrado” por los priístas Tomás López Sánchez y Benjamín Gómez Sánchez.
Ocho años después volvieron a Busiljá. El 22 de febrero de 2006, la gente de Benjamín Gutiérrez capturó en su casa a Pablo Gutiérrez Hernández. “Lo llevaron a la casa ejidal, en presencia de Pedro Chulín Jiménez, quien ordenó a su gente de Opddic que si no decía ‘dónde está el campamento de los zapatistas’ lo iban a quemar vivo con gasolina, con toda su familia. Luego decidieron secuestrarlo, subiéndolo en una camioneta propiedad de Calixto Gómez Sánchez. Eran 14 personas. Todo el día lo tuvieron en el crucero La Herradura. Mientras tanto, los priístas empezaron a discutir fuertemente entre ellos. De repente, Alonzo López Pérez disparó a Ermelino Gómez Sánchez, y Manuel Moreno Guzmán disparó a Pablo”. Ambos fueron abandonados en el monte.
Sus familias encontraron muerto al primero; herido y sin conocimiento a Pablo. Le tomó ocho meses recuperarse en San Cristóbal. “Cuando se sentía un poco mejor decidió visitar a su mamá en Busiljá, y allí, sin ninguna orden de aprehensión, lo arrojaron a la camioneta de los judiciales, golpeándose con un trozo de madera. Lo golpearon sin compasión por la herida de bala que tiene en la cabeza. Tanto el Ministerio Público como el subprocurador Walter Culebro tenían información sobre los hechos; aún así lo consignaron rápido, y fue enviado al Cereso 17, en Catazajá”.
Allí sigue, sin atención médica. Su estado de salud es grave, porque la bala sigue en el cráneo. En julio de 2006 fueron detenidos y torturados los demás indígenas ahora en huelga de hambre. Los acusan de secuestro y extorsión, “los delitos están fabricados por priístas encabezados por el ex diputado Chulín Jiménez”.
Piden al gobierno de Juan Sabines que los escuche. “Nuestra lucha es con todo lo que da nuestro corazón. Si hemos de morir, no será por asesinos, extorsionadores o secuestradores sino por la mala impartición de justicia”.
Desacatan radio y tv mandato para iniciar la difusión de espots políticos
No sólo no hay libertad de expresión sino que violan la ley, con tal de silenciar a la oposición.
Televisa, Televisión Azteca y Grupo Imagen incumplen disposición de la ley electoral
Los concesionarios tienen obligación de transmitir los mensajes, señala el PRD en el IFE
Alonso Urrutia
En desacato de las disposiciones de la legislación electoral, Televisa, Televisa Radio, Televisión Azteca y Grupo Imagen –el Canal 28 y las radiodifusoras de esa empresa– se negaron a transmitir los promocionales de 20 segundos de los partidos políticos, ordenamiento que los concesionarios están obligados a cumplir.
En el primer día que el Instituto Federal Electoral (IFE) marcó para iniciar la difusión de los promocionales, Tv Azteca incluso se negó a recibir los materiales partidistas, según oficios colocados por el instituto en estrados del área jurídica.
La actitud de las televisoras ante la primera acción concreta de la reforma electoral fue denunciada en la sesión del Consejo General del IFE por el representante del PRD, Rafael Hernández. Recordó que los concesionarios tienen obligaciones legales para transmitir, en los tiempos oficiales, los mensajes de los partidos políticos.
Solicitó que el instituto utilice las medidas de apremio que tiene para hacer cumplir a los concesionarios sus obligaciones en esta materia, según los ordenamientos constitucionales y legales vigentes.
Su intervención fue secundada por el representante de Alternativa, Luciano Pascoe, quien si bien precisó que a nadie debería echarse a la “hoguera”, habría que dar todo el respaldo al Comité de Radio y Televisión del IFE para hacer cumplir la ley.
En contraste, cuando ya se había presentado la denuncia, el consejero presidente, Leonardo Valdés, agradeció una y otra vez “personal e institucionalmente a los concesionarios de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión” por “su empeño en acompañar a esta autoridad electoral para llegar a buen término en este inicio de la transmisión de los mensajes de los partidos”.
Marco Antonio Gómez Alcántar, consejero y presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE –instancia en la cual se aprobó la pauta de los mensajes en los horarios de mayor audiencia–, dijo que en las estaciones radiodifusoras se había llegado al cumplimiento de 90 por ciento de los compromisos, sin mencionar que Televisa Radio no transmitió ningún promocional.
En cuanto a las televisoras, Gómez Alcántar explicó que se haría un informe posterior, toda vez que –argumentó en la sesión del Consejo General– la mayoría de las transmisiones estaban programadas a partir de la tarde (la sesión comenzó a las 18 horas).
La semana pasada, con la oposición del PAN, el Comité de Radio y Televisión aprobó el acuerdo mediante el cual se materializaban las disposiciones del Cofipe, según las cuales los partidos tienen derecho, como parte de las prerrogativas, a promocionales de 20 segundos, los cuales comenzarían a difundirse este miércoles.
Desde el lunes, Tv Azteca y la Televisora del Valle de México –Canal 40– se negaron a recibir los materiales que le llevaron funcionarios de la junta distrital 14, en cuya circunscripción se encuentra el domicilio de la televisora, según consta en oficios hechos públicos por el IFE.
Las otras televisoras recibieron los pautados de los anuncios –con los horarios de cada partido– y los materiales a transmitir. Sin embargo, hasta el momento de la denuncia presentada por el PRD ninguna televisora había difundido los promocionales.
El artículo 354 de la legislación electoral fija las sanciones a que se hacen acreedores los concesionarios de radio y televisión que incurran en el anterior supuesto, que van desde la amonestación pública a multas de cien mil días de salarios mínimos para televisoras y 50 mil días de salarios mínimos para radio, montos que se duplicarán en caso de reincidencia.
Televisa, Televisión Azteca y Grupo Imagen incumplen disposición de la ley electoral
Los concesionarios tienen obligación de transmitir los mensajes, señala el PRD en el IFE
Alonso Urrutia
En desacato de las disposiciones de la legislación electoral, Televisa, Televisa Radio, Televisión Azteca y Grupo Imagen –el Canal 28 y las radiodifusoras de esa empresa– se negaron a transmitir los promocionales de 20 segundos de los partidos políticos, ordenamiento que los concesionarios están obligados a cumplir.
En el primer día que el Instituto Federal Electoral (IFE) marcó para iniciar la difusión de los promocionales, Tv Azteca incluso se negó a recibir los materiales partidistas, según oficios colocados por el instituto en estrados del área jurídica.
La actitud de las televisoras ante la primera acción concreta de la reforma electoral fue denunciada en la sesión del Consejo General del IFE por el representante del PRD, Rafael Hernández. Recordó que los concesionarios tienen obligaciones legales para transmitir, en los tiempos oficiales, los mensajes de los partidos políticos.
Solicitó que el instituto utilice las medidas de apremio que tiene para hacer cumplir a los concesionarios sus obligaciones en esta materia, según los ordenamientos constitucionales y legales vigentes.
Su intervención fue secundada por el representante de Alternativa, Luciano Pascoe, quien si bien precisó que a nadie debería echarse a la “hoguera”, habría que dar todo el respaldo al Comité de Radio y Televisión del IFE para hacer cumplir la ley.
En contraste, cuando ya se había presentado la denuncia, el consejero presidente, Leonardo Valdés, agradeció una y otra vez “personal e institucionalmente a los concesionarios de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión” por “su empeño en acompañar a esta autoridad electoral para llegar a buen término en este inicio de la transmisión de los mensajes de los partidos”.
Marco Antonio Gómez Alcántar, consejero y presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE –instancia en la cual se aprobó la pauta de los mensajes en los horarios de mayor audiencia–, dijo que en las estaciones radiodifusoras se había llegado al cumplimiento de 90 por ciento de los compromisos, sin mencionar que Televisa Radio no transmitió ningún promocional.
En cuanto a las televisoras, Gómez Alcántar explicó que se haría un informe posterior, toda vez que –argumentó en la sesión del Consejo General– la mayoría de las transmisiones estaban programadas a partir de la tarde (la sesión comenzó a las 18 horas).
La semana pasada, con la oposición del PAN, el Comité de Radio y Televisión aprobó el acuerdo mediante el cual se materializaban las disposiciones del Cofipe, según las cuales los partidos tienen derecho, como parte de las prerrogativas, a promocionales de 20 segundos, los cuales comenzarían a difundirse este miércoles.
Desde el lunes, Tv Azteca y la Televisora del Valle de México –Canal 40– se negaron a recibir los materiales que le llevaron funcionarios de la junta distrital 14, en cuya circunscripción se encuentra el domicilio de la televisora, según consta en oficios hechos públicos por el IFE.
Las otras televisoras recibieron los pautados de los anuncios –con los horarios de cada partido– y los materiales a transmitir. Sin embargo, hasta el momento de la denuncia presentada por el PRD ninguna televisora había difundido los promocionales.
El artículo 354 de la legislación electoral fija las sanciones a que se hacen acreedores los concesionarios de radio y televisión que incurran en el anterior supuesto, que van desde la amonestación pública a multas de cien mil días de salarios mínimos para televisoras y 50 mil días de salarios mínimos para radio, montos que se duplicarán en caso de reincidencia.
Protestan contra Colombia
Georgina Saldierna
Organizaciones defensoras de derechos humanos de México y Ecuador criticaron ayer al gobierno calderonista por no haber brindado apoyo consular a Lucía Morett Álvarez, quien resultó herida en un ataque de militares colombianos contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en Ecuador.
Los reclamos de esas agrupaciones se dieron a conocer durante un mitin que realizaron decenas de jóvenes frente a la embajada de Colombia. Ahí reprobaron el bombardeo y exigieron que cese la criminalización de los connacionales que perdieron la vida en esa acción.
Resaltó la presencia en el mitin de María Álvarez Moctezuma, tía de Lucía Morett, quien dijo que las heridas que sufrió su sobrina le pueden causar daños irreversibles y resaltó que no es guerrillera ni forma parte de algún grupo que con fundamentos o sin ellos luche contra cualquier institución establecida.
Lucía, subrayó, es “estudiante, investigadora y una chica muy valiosa. Pedimos para ella el reconocimiento como víctima de esta situación”, demandó.
Durante la manifestación efectuada en la avenida Paseo de la Reforma, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, criticó a la cancillería mexicana porque no ha condenado el ataque de las tropas colombianas y la muerte de los connacionales, ni ha brindado el apoyo consular necesario y adecuado.
Consideró que el gobierno mexicano demuestra negligencia y complicidad al actuar de esa manera, y recordó que el embajador de México en Ecuador visitó a Lucia seis días después de su llegada al Hospital Militar sólo para saber qué hacía en Ecuador.
En tanto, la embajada de México en Ecuador informó que los familiares de Fernando Franco Delgado identificaron plenamente los restos del estudiante y pidieron la expedición del acta de defunción, para su repatriación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos de México y Ecuador criticaron ayer al gobierno calderonista por no haber brindado apoyo consular a Lucía Morett Álvarez, quien resultó herida en un ataque de militares colombianos contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en Ecuador.
Los reclamos de esas agrupaciones se dieron a conocer durante un mitin que realizaron decenas de jóvenes frente a la embajada de Colombia. Ahí reprobaron el bombardeo y exigieron que cese la criminalización de los connacionales que perdieron la vida en esa acción.
Resaltó la presencia en el mitin de María Álvarez Moctezuma, tía de Lucía Morett, quien dijo que las heridas que sufrió su sobrina le pueden causar daños irreversibles y resaltó que no es guerrillera ni forma parte de algún grupo que con fundamentos o sin ellos luche contra cualquier institución establecida.
Lucía, subrayó, es “estudiante, investigadora y una chica muy valiosa. Pedimos para ella el reconocimiento como víctima de esta situación”, demandó.
Durante la manifestación efectuada en la avenida Paseo de la Reforma, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, criticó a la cancillería mexicana porque no ha condenado el ataque de las tropas colombianas y la muerte de los connacionales, ni ha brindado el apoyo consular necesario y adecuado.
Consideró que el gobierno mexicano demuestra negligencia y complicidad al actuar de esa manera, y recordó que el embajador de México en Ecuador visitó a Lucia seis días después de su llegada al Hospital Militar sólo para saber qué hacía en Ecuador.
En tanto, la embajada de México en Ecuador informó que los familiares de Fernando Franco Delgado identificaron plenamente los restos del estudiante y pidieron la expedición del acta de defunción, para su repatriación.
Lucharemos hasta que se reconozca el genocidio, afirma Jorge Luis Morett
El gobierno mexicano ha guardado silencio cómplice sobre el ataque en Ecuador
Blanche Petrich
Lucía Morett Álvarez, única mexicana sobreviviente del bombardeo colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Ecuador, no pudo llamar a su casa hasta el 2 de marzo, cuando ya estaba internada en el nosocomio militar de Quito. Contestó María Jesús, Chuy, su madre. “Ma’ –le dijo–, no te asustes, pero tuve un pequeño accidente aquí en Ecuador. Estoy en el hospital.”
Ahora, cuando están juntas y platican, se acuerdan de la anécdota y ríen hasta que Lucía pide tregua, porque la risa le provoca dolor en sus lesiones. Pero Chuy y Jorge Morett, que conversa en entrevista telefónica con La Jornada desde esa ciudad, tuvieron la fortuna de que su hija sobreviviera.
Los padres de Juan, Verónica Natalia, Fernando y Soren no tuvieron la misma fortuna. Sus hijos murieron. Los progenitores de los tres primeros ya están en Quito y han podido confirmar, con las autoridades de la morgue municipal, la identidad de los chicos. Al padre de Soren Ulises, estudiante politécnico, aún lo esperan.
“Ya nos vimos todos, nos abrazamos y hemos llorado juntos. Ellos encontraron los cuerpos de sus hijos en condiciones tremendas. ¿Te imaginas que un papá tenga que identificar a un hijo por una mano o un pie?”, cuenta Morett, antropólogo, como su esposa, y maestro de sociología rural en la Universidad Autónoma Chapingo.
Formarán una asociación de padres de la masacre
Hermanados por la tragedia, los mexicanos han empezado a platicar una idea: “Queremos formar una asociación de padres de la masacre de Lago Agrio. No sé cómo la vamos a llamar. Queremos formalizar el grupo cuando estemos todos”.
Morett se duele de la conducta de las autoridades de su país: “El gobierno mexicano ha guardado silencio y este silencio puede ser cómplice. Nuestros hijos, y lo digo así porque ya siento a todos como míos, eran mexicanos desarmados, civiles que fueron masacrados mientras dormían. Y el gobierno responde con que esperará las investigaciones para ver qué es lo que estaban haciendo ahí. No es así”.
Opina que, “conforme al derecho internacional, México tendría que irse a una condena a fondo contra Colombia y contra quien apoyó a ese país en el ataque. Y esto implica contradicciones para el gobierno actual”.
Se queja, de manera específica, de la insensibilidad con la que se condujo el embajador José Ignacio Piña, director del área de América Latina de la cancillería, enviado para atender en Quito el caso de los mexicanos caídos en el ataque aéreo colombiano. “Llegó al hospital con el embajador Héctor Romero. Por primera vez, ante ellos, nuestra hija pudo hacer un relato detallado del horror que sufrió. En una secuencia muy fuerte, muy emotiva, relató que llegó a contar 12 bombas.
“Yo la escuchaba conmocionado. Imagínate, como padre, escuchar eso. Lo más terrible para ella fue la vejación sexual que sufrió al tiempo que le daban los primeros auxilios, los comentarios humillantes y obscenos de los militares colombianos frente a una mujer herida. Eso me parece una agravante imperdonable.
“Luego Lucía destacó la amabilidad del trato de los ecuatorianos y el contraste con la frialdad del cónsul mexicano que la había estado visitando, por minutos, en el hospital. Y les reclamó a los señores embajadores. Creo que no les gustó, porque Piña se retiró sin siquiera despedirse de ella.”
Además de atravesar “los días más angustiosos de nuestras vidas” por la tragedia, las familias de las víctimas “hemos tenido que soportar los señalamientos de algunos medios de prensa, sobre todo mexicanos, que toman como información veraz, sin análisis alguno, supuestas fichas de órganos de inteligencia que consideran a los muchachos caídos subversivos, guerrilleros y poco menos que narcotraficantes”.
Jorge Morett estalla: “¡Es un asco! Además, como Lucía es la única que vivió del grupo, la tildan de ser la dirigente, la coordinadora, la que lleva la mayor carga de culpa. O como dijo aquí, ofensivamente, un periódico, ‘la mera mera guerrillera’. No se puede calificar a los chavos así”.
Por el contrario, insiste, estos chicos eran “inconformes, cada uno tenía sus causas, sus luchas. Son de la gente más valiosa del país. Jóvenes con inquietudes sociales, con responsabilidad ante el país y su gente. Si nuestros hijos tuvieron tantas inquietudes, si querían cambiar tantas cosas injustas, nosotros, ahora, no los podemos defraudar. Y así pasesn muchos años para que logremos la justicia por nuestros hijos, no vamos a cejar. Como hicieron los chilenos, que esperaron tanto tiempo para que se reconociera el genocidio. Vamos a luchar contra esta violencia atroz”.
En la medida en que habla, Morett se emociona: “Yo y Chuy somos los únicos del grupo que tenemos la suerte de contar con nuestra hija, de poderle darle todos los días su masaje en la cama del hospital”.
Analiza que, a sus 26 años, Lucía lleva hoy una carga tremenda por haber sido la única sobreviviente. “Su mamá y yo nos damos cuenta cómo bulle su cabeza de ideas. Queremos dejar que fluyan sus pensamientos, que hable lo que quiera, que nos vaya contando cómo fue, qué es lo que siente”.
Su preocupación inmediata son las dos colombianas, Doris Bohórquez y Marta Pérez, que también sobrevivieron y son compañeras de cuarto de su hija en el hospital. “Las hemos adoptado. Ahora llevamos manzanas para las tres, champú y chunches para el pelo para las tres. Ellas, si no fuera por las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas, estarían en una gran soledad.”
Blanche Petrich
Lucía Morett Álvarez, única mexicana sobreviviente del bombardeo colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Ecuador, no pudo llamar a su casa hasta el 2 de marzo, cuando ya estaba internada en el nosocomio militar de Quito. Contestó María Jesús, Chuy, su madre. “Ma’ –le dijo–, no te asustes, pero tuve un pequeño accidente aquí en Ecuador. Estoy en el hospital.”
Ahora, cuando están juntas y platican, se acuerdan de la anécdota y ríen hasta que Lucía pide tregua, porque la risa le provoca dolor en sus lesiones. Pero Chuy y Jorge Morett, que conversa en entrevista telefónica con La Jornada desde esa ciudad, tuvieron la fortuna de que su hija sobreviviera.
Los padres de Juan, Verónica Natalia, Fernando y Soren no tuvieron la misma fortuna. Sus hijos murieron. Los progenitores de los tres primeros ya están en Quito y han podido confirmar, con las autoridades de la morgue municipal, la identidad de los chicos. Al padre de Soren Ulises, estudiante politécnico, aún lo esperan.
“Ya nos vimos todos, nos abrazamos y hemos llorado juntos. Ellos encontraron los cuerpos de sus hijos en condiciones tremendas. ¿Te imaginas que un papá tenga que identificar a un hijo por una mano o un pie?”, cuenta Morett, antropólogo, como su esposa, y maestro de sociología rural en la Universidad Autónoma Chapingo.
Formarán una asociación de padres de la masacre
Hermanados por la tragedia, los mexicanos han empezado a platicar una idea: “Queremos formar una asociación de padres de la masacre de Lago Agrio. No sé cómo la vamos a llamar. Queremos formalizar el grupo cuando estemos todos”.
Morett se duele de la conducta de las autoridades de su país: “El gobierno mexicano ha guardado silencio y este silencio puede ser cómplice. Nuestros hijos, y lo digo así porque ya siento a todos como míos, eran mexicanos desarmados, civiles que fueron masacrados mientras dormían. Y el gobierno responde con que esperará las investigaciones para ver qué es lo que estaban haciendo ahí. No es así”.
Opina que, “conforme al derecho internacional, México tendría que irse a una condena a fondo contra Colombia y contra quien apoyó a ese país en el ataque. Y esto implica contradicciones para el gobierno actual”.
Se queja, de manera específica, de la insensibilidad con la que se condujo el embajador José Ignacio Piña, director del área de América Latina de la cancillería, enviado para atender en Quito el caso de los mexicanos caídos en el ataque aéreo colombiano. “Llegó al hospital con el embajador Héctor Romero. Por primera vez, ante ellos, nuestra hija pudo hacer un relato detallado del horror que sufrió. En una secuencia muy fuerte, muy emotiva, relató que llegó a contar 12 bombas.
“Yo la escuchaba conmocionado. Imagínate, como padre, escuchar eso. Lo más terrible para ella fue la vejación sexual que sufrió al tiempo que le daban los primeros auxilios, los comentarios humillantes y obscenos de los militares colombianos frente a una mujer herida. Eso me parece una agravante imperdonable.
“Luego Lucía destacó la amabilidad del trato de los ecuatorianos y el contraste con la frialdad del cónsul mexicano que la había estado visitando, por minutos, en el hospital. Y les reclamó a los señores embajadores. Creo que no les gustó, porque Piña se retiró sin siquiera despedirse de ella.”
Además de atravesar “los días más angustiosos de nuestras vidas” por la tragedia, las familias de las víctimas “hemos tenido que soportar los señalamientos de algunos medios de prensa, sobre todo mexicanos, que toman como información veraz, sin análisis alguno, supuestas fichas de órganos de inteligencia que consideran a los muchachos caídos subversivos, guerrilleros y poco menos que narcotraficantes”.
Jorge Morett estalla: “¡Es un asco! Además, como Lucía es la única que vivió del grupo, la tildan de ser la dirigente, la coordinadora, la que lleva la mayor carga de culpa. O como dijo aquí, ofensivamente, un periódico, ‘la mera mera guerrillera’. No se puede calificar a los chavos así”.
Por el contrario, insiste, estos chicos eran “inconformes, cada uno tenía sus causas, sus luchas. Son de la gente más valiosa del país. Jóvenes con inquietudes sociales, con responsabilidad ante el país y su gente. Si nuestros hijos tuvieron tantas inquietudes, si querían cambiar tantas cosas injustas, nosotros, ahora, no los podemos defraudar. Y así pasesn muchos años para que logremos la justicia por nuestros hijos, no vamos a cejar. Como hicieron los chilenos, que esperaron tanto tiempo para que se reconociera el genocidio. Vamos a luchar contra esta violencia atroz”.
En la medida en que habla, Morett se emociona: “Yo y Chuy somos los únicos del grupo que tenemos la suerte de contar con nuestra hija, de poderle darle todos los días su masaje en la cama del hospital”.
Analiza que, a sus 26 años, Lucía lleva hoy una carga tremenda por haber sido la única sobreviviente. “Su mamá y yo nos damos cuenta cómo bulle su cabeza de ideas. Queremos dejar que fluyan sus pensamientos, que hable lo que quiera, que nos vaya contando cómo fue, qué es lo que siente”.
Su preocupación inmediata son las dos colombianas, Doris Bohórquez y Marta Pérez, que también sobrevivieron y son compañeras de cuarto de su hija en el hospital. “Las hemos adoptado. Ahora llevamos manzanas para las tres, champú y chunches para el pelo para las tres. Ellas, si no fuera por las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas, estarían en una gran soledad.”
Desde 2006, Mouriño se ha negado a que se hagan públicos sus bienes
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
A partir del año 2006, el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ha negado a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y lo mismo ocurre con Karim Elías Bobadilla, uno de los personajes cercanos al funcionario, quien ocupa un puesto clave en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los datos están incluidos en el expediente que sobre el caso Mouriño presentó un día antes en la Junta de Coordinación Política del Senado el perredista Carlos Navarrete, y que hoy será discutido en ese órgano de gobierno de Xicoténcatl.
Al respecto, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, dijo que le sorprende que las declaraciones patrimoniales de Mouriño y otros funcionarios, que son documentos de carácter confidencial, “circulen de esa manera”, lo que se parece mucho “al fuego amigo”.
A su vez, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, rechazó esa hipótesis y sostuvo que más bien se trata de “fuego adversario”, ya que proviene de Andrés Manuel López Obrador y “de una contienda interna que se da en un partido”.
Sin embargo, el senador perredista Ricardo Monreal insistió en que los documentos han llegado a López Obrador por conducto de funcionarios de Pemex y otras dependencias, que fueron despedidos “cuando Calderón se apoderó de la Presidencia”.
Agregó: “Hay profesionistas capaces, honrados, que no están de acuerdo en la rapiña de Mouriño y su grupo”.
En el expediente que Navarrete entregó un día antes a los coordinadores de todas las fuerzas políticas en el Senado, se resalta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuenta con siete declaraciones patrimoniales de Mouriño.
En las cuatro primeras, que van del 5 de diciembre de 2003 al 4 de noviembre de 2005, el ahora secretario de Gobernación declaró contar con dos casas, una con valor de 484 mil pesos, y la otra de 2 millones 570 mil. Asimismo, dos automóviles: un BMW, de 655 mil pesos, y una camioneta Gran Cherokee, de 230 mil, además de bienes muebles por un millón de pesos e inversiones por 698 mil.
A partir de 2006, como beneficiario del fideicomiso para apoyar el cambio de administración federal, y como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Mouriño Terrazo no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
Igualmente, Elías Bobadilla, uno de los funcionarios cercanos al titular de Gobernación que ocupa un puesto estratégico como titular del órgano interno de control de Pemex Exploración y Explotación –tiene a su cargo la investigación de licitaciones y adjudicaciones de contratos– no aceptó hacer públicas sus declaraciones patrimoniales en 2007.
Beltrones dijo que están dispuestos a que hoy los senadores del PRI que son abogados se reúnan con los del PRD y del Frente Amplio, para analizar los documentos sobre el caso Mouriño.
El priísta rechazó integrar una comisión investigadora en el Senado, pero no descarta que se conforme “un grupo de trabajo que analice los documentos, vea su consistencia y la posibilidad de establecerles destino”.
Sin embargo, aclaró, ello sería hasta después de Semana Santa.
A partir del año 2006, el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ha negado a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y lo mismo ocurre con Karim Elías Bobadilla, uno de los personajes cercanos al funcionario, quien ocupa un puesto clave en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los datos están incluidos en el expediente que sobre el caso Mouriño presentó un día antes en la Junta de Coordinación Política del Senado el perredista Carlos Navarrete, y que hoy será discutido en ese órgano de gobierno de Xicoténcatl.
Al respecto, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, dijo que le sorprende que las declaraciones patrimoniales de Mouriño y otros funcionarios, que son documentos de carácter confidencial, “circulen de esa manera”, lo que se parece mucho “al fuego amigo”.
A su vez, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, rechazó esa hipótesis y sostuvo que más bien se trata de “fuego adversario”, ya que proviene de Andrés Manuel López Obrador y “de una contienda interna que se da en un partido”.
Sin embargo, el senador perredista Ricardo Monreal insistió en que los documentos han llegado a López Obrador por conducto de funcionarios de Pemex y otras dependencias, que fueron despedidos “cuando Calderón se apoderó de la Presidencia”.
Agregó: “Hay profesionistas capaces, honrados, que no están de acuerdo en la rapiña de Mouriño y su grupo”.
En el expediente que Navarrete entregó un día antes a los coordinadores de todas las fuerzas políticas en el Senado, se resalta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuenta con siete declaraciones patrimoniales de Mouriño.
En las cuatro primeras, que van del 5 de diciembre de 2003 al 4 de noviembre de 2005, el ahora secretario de Gobernación declaró contar con dos casas, una con valor de 484 mil pesos, y la otra de 2 millones 570 mil. Asimismo, dos automóviles: un BMW, de 655 mil pesos, y una camioneta Gran Cherokee, de 230 mil, además de bienes muebles por un millón de pesos e inversiones por 698 mil.
A partir de 2006, como beneficiario del fideicomiso para apoyar el cambio de administración federal, y como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Mouriño Terrazo no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
Igualmente, Elías Bobadilla, uno de los funcionarios cercanos al titular de Gobernación que ocupa un puesto estratégico como titular del órgano interno de control de Pemex Exploración y Explotación –tiene a su cargo la investigación de licitaciones y adjudicaciones de contratos– no aceptó hacer públicas sus declaraciones patrimoniales en 2007.
Beltrones dijo que están dispuestos a que hoy los senadores del PRI que son abogados se reúnan con los del PRD y del Frente Amplio, para analizar los documentos sobre el caso Mouriño.
El priísta rechazó integrar una comisión investigadora en el Senado, pero no descarta que se conforme “un grupo de trabajo que analice los documentos, vea su consistencia y la posibilidad de establecerles destino”.
Sin embargo, aclaró, ello sería hasta después de Semana Santa.
Atoran AN y PRI crear la comisión Mouriño; pugna perredista, pretexto
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Nuevamente, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados retrasaron la integración de una comisión especial que investigue los contratos del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, con Pemex Refinación, y utilizaron como pretexto las diferencias internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su proceso interno, que se reflejaron en un agrio intercambio verbal entre Ruth Zavaleta y Valentina Batres, quien en tribuna reprochó lo que llamó proclividad panista de la presidenta de la mesa directiva.
Además de la pugna por el objeto, duración y alcances de la comisión, este miércoles se agregó la disputa sobre qué grupo parlamentario la presidiría. Mientras Acción Nacional propuso a Obdulio Ávila, hombre del círculo del presidente Felipe Calderón, el tricolor puso en la mesa el nombre del guanajuatense Carlos Chaurand, en tanto que el PRD sugirió que esa instancia esté a cargo de Antonio Ortega Martínez, quien se perfila como el más viable candidato.
Ayer, panistas y priístas aprovecharon que la fracción perredista dirimió en el pleno sus diferencias por la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, para alegar que no había condiciones para discutir la conformación del grupo de trabajo que investigará los contratos que Mouriño firmó como representante legal de Transportes Especializados Ivancar.
Los legisladores de ambos grupos parlamentarios abandonaron el salón de sesiones, y el coordinador blanquiazul, Héctor Larios Córdova, utilizó la coyuntura para no convocar a la Junta de Coordinación Política, donde se abordaría nuevamente el Ivangate –como lo ha definido el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia–, y anunciar que será hasta este jueves cuando se reanuden las negociaciones.
“La junta fue citada y no tuvo la asistencia de los coordinadores por los problemas en el pleno”, dijo Larios. En el mismo tenor, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, dijo que si bien no basta con que Mouriño diga que no incurrió en tráfico de influencias, porque esto lo debe determinar la comisión, “con lo que ocurrió creo que se va a retrasar”.
Ambos se referían al intercambio entre Valentina Batres y Zavaleta, a quien sus compañeras de bancada le reprocharon su silencio ante los gritos soeces de los panistas, el martes pasado, contra la diputada Layda Sansores Sanromán.
En tribuna, y mientras continuaba la discusión de los artículos reservados de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Batres pidió a la presidenta de la mesa directiva manifestarse en contra “de las expresiones vulgares de que fue víctima nuestra compañera Sansores. Podemos tener diferencias políticas, pero usted –volteó a verla– se ha manifestado puntualmente en contra de lo que ha llamado ‘misoginia’. Y me parece que usted se exprese solidariamente en contra de esos agravios”.
En el mismo sentido se refirieron, desde su curul, las perredistas Susana Monreal Ávila y Mónica Fernández Balboa, quien además punzó en el hecho de que si bien la mesa directiva llamó a los legisladores a “hacer a un lado las expresiones y actitudes ofensivas y discriminatorias”, Zavaleta no se comprometió a condenar el hecho y exigir una disculpa pública del PAN para Layda Sansores.
También desde su curul, la panista María del Pilar Ortega justificó los gritos de “¡tubo, tubo!” y “¡bubis piratas, bubis piratas!” de sus compañeros, al argüir que “hubo falta de respeto por la mayoría de los integrantes de esta Cámara”.
Incómoda por los reproches, y antes de que Batres continuara su argumentación en contra del dictamen de la ley a discusión, Ruth Zavaleta se vio obligada a exhortar “a todos”, y no a los panistas que encabezaron la agresión, “para que se respete a la compañera Layda Sansores en las expresiones que ella quiera hacer. Denuesto (sic) cualquier actitud misógina y no estoy de acuerdo en que suceda”.
Cuando Zavaleta quiso abundar en la discusión y dar la palabra a panistas y priístas, Valentina Batres le recordó que no podía interrumpirla.
–Le recuerdo –exclamó Zavaleta– que el artículo 105 del reglamento me faculta y la llamo al orden.
–Estoy en el uso de la palabra (diputada) Ruth Zavaleta.
–¡Sujétese al tema que estamos discutiendo! –se descompuso la presidenta.
–Le pido que respete mi derecho de expresión y yo sabré cómo uso esta tribuna –replicó Batres.
En ese momento, Larios y Gamboa ordenaron a sus bancadas retirarse del salón, al considerar que Zavaleta fue “insultada” y ello les permitió zafarse, una vez más, de aprobar la comisión que investigará a Mouriño.
Además, en sólo 24 horas, Zavaleta modificó radicalmente su discurso a causa del regaño que su corriente, Nueva Izquierda, le aplicó, porque su actitud pro panista ha afectado –le dijeron– la candidatura de Jesús Ortega a presidir el partido del sol azteca. Para sorpresa de la mayoría de diputados y periodistas, la perredista exigió la renuncia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
La escasa pericia para sobrellevar las sesiones ordinarias en San Lázaro, su inexplicable complacencia con las bancadas de PAN y PRI, el asumirse como el centro de los “ataques políticos” de su propio partido y la indignación que provocó su pasividad frente a los denuestos panistas contra las diputadas Layda Sansores y Valentina Batres, dio origen ayer a que la fracción perredista constituyera una comisión para unificar el criterio en torno al delicado tema de la privatización de Petróleos Mexicanos, resolutivo que estará obligada a asumir.
Al concluir la sesión, y tras un debate entre legisladores perredistas, cuyo tema se centró en la descomposición que ha propiciado Zavaleta, el grupo de trabajo quedó conformado por Alejandro Sánchez Camacho, Octavio Martínez, Javier González Garza y Humberto Zazueta.
Nuevamente, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados retrasaron la integración de una comisión especial que investigue los contratos del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, con Pemex Refinación, y utilizaron como pretexto las diferencias internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su proceso interno, que se reflejaron en un agrio intercambio verbal entre Ruth Zavaleta y Valentina Batres, quien en tribuna reprochó lo que llamó proclividad panista de la presidenta de la mesa directiva.
Además de la pugna por el objeto, duración y alcances de la comisión, este miércoles se agregó la disputa sobre qué grupo parlamentario la presidiría. Mientras Acción Nacional propuso a Obdulio Ávila, hombre del círculo del presidente Felipe Calderón, el tricolor puso en la mesa el nombre del guanajuatense Carlos Chaurand, en tanto que el PRD sugirió que esa instancia esté a cargo de Antonio Ortega Martínez, quien se perfila como el más viable candidato.
Ayer, panistas y priístas aprovecharon que la fracción perredista dirimió en el pleno sus diferencias por la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, para alegar que no había condiciones para discutir la conformación del grupo de trabajo que investigará los contratos que Mouriño firmó como representante legal de Transportes Especializados Ivancar.
Los legisladores de ambos grupos parlamentarios abandonaron el salón de sesiones, y el coordinador blanquiazul, Héctor Larios Córdova, utilizó la coyuntura para no convocar a la Junta de Coordinación Política, donde se abordaría nuevamente el Ivangate –como lo ha definido el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia–, y anunciar que será hasta este jueves cuando se reanuden las negociaciones.
“La junta fue citada y no tuvo la asistencia de los coordinadores por los problemas en el pleno”, dijo Larios. En el mismo tenor, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, dijo que si bien no basta con que Mouriño diga que no incurrió en tráfico de influencias, porque esto lo debe determinar la comisión, “con lo que ocurrió creo que se va a retrasar”.
Ambos se referían al intercambio entre Valentina Batres y Zavaleta, a quien sus compañeras de bancada le reprocharon su silencio ante los gritos soeces de los panistas, el martes pasado, contra la diputada Layda Sansores Sanromán.
En tribuna, y mientras continuaba la discusión de los artículos reservados de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Batres pidió a la presidenta de la mesa directiva manifestarse en contra “de las expresiones vulgares de que fue víctima nuestra compañera Sansores. Podemos tener diferencias políticas, pero usted –volteó a verla– se ha manifestado puntualmente en contra de lo que ha llamado ‘misoginia’. Y me parece que usted se exprese solidariamente en contra de esos agravios”.
En el mismo sentido se refirieron, desde su curul, las perredistas Susana Monreal Ávila y Mónica Fernández Balboa, quien además punzó en el hecho de que si bien la mesa directiva llamó a los legisladores a “hacer a un lado las expresiones y actitudes ofensivas y discriminatorias”, Zavaleta no se comprometió a condenar el hecho y exigir una disculpa pública del PAN para Layda Sansores.
También desde su curul, la panista María del Pilar Ortega justificó los gritos de “¡tubo, tubo!” y “¡bubis piratas, bubis piratas!” de sus compañeros, al argüir que “hubo falta de respeto por la mayoría de los integrantes de esta Cámara”.
Incómoda por los reproches, y antes de que Batres continuara su argumentación en contra del dictamen de la ley a discusión, Ruth Zavaleta se vio obligada a exhortar “a todos”, y no a los panistas que encabezaron la agresión, “para que se respete a la compañera Layda Sansores en las expresiones que ella quiera hacer. Denuesto (sic) cualquier actitud misógina y no estoy de acuerdo en que suceda”.
Cuando Zavaleta quiso abundar en la discusión y dar la palabra a panistas y priístas, Valentina Batres le recordó que no podía interrumpirla.
–Le recuerdo –exclamó Zavaleta– que el artículo 105 del reglamento me faculta y la llamo al orden.
–Estoy en el uso de la palabra (diputada) Ruth Zavaleta.
–¡Sujétese al tema que estamos discutiendo! –se descompuso la presidenta.
–Le pido que respete mi derecho de expresión y yo sabré cómo uso esta tribuna –replicó Batres.
En ese momento, Larios y Gamboa ordenaron a sus bancadas retirarse del salón, al considerar que Zavaleta fue “insultada” y ello les permitió zafarse, una vez más, de aprobar la comisión que investigará a Mouriño.
Además, en sólo 24 horas, Zavaleta modificó radicalmente su discurso a causa del regaño que su corriente, Nueva Izquierda, le aplicó, porque su actitud pro panista ha afectado –le dijeron– la candidatura de Jesús Ortega a presidir el partido del sol azteca. Para sorpresa de la mayoría de diputados y periodistas, la perredista exigió la renuncia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
La escasa pericia para sobrellevar las sesiones ordinarias en San Lázaro, su inexplicable complacencia con las bancadas de PAN y PRI, el asumirse como el centro de los “ataques políticos” de su propio partido y la indignación que provocó su pasividad frente a los denuestos panistas contra las diputadas Layda Sansores y Valentina Batres, dio origen ayer a que la fracción perredista constituyera una comisión para unificar el criterio en torno al delicado tema de la privatización de Petróleos Mexicanos, resolutivo que estará obligada a asumir.
Al concluir la sesión, y tras un debate entre legisladores perredistas, cuyo tema se centró en la descomposición que ha propiciado Zavaleta, el grupo de trabajo quedó conformado por Alejandro Sánchez Camacho, Octavio Martínez, Javier González Garza y Humberto Zazueta.
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