MEMORIA DEL SAQUEO EN ARGENTINA (PRIMERA PARTE)
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MEMORIA DEL SAQUEO EN ARGENTINA (SEGUNDA PARTE)
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POR ESO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO INSISTE EN NO PERMITIR LA PRIVATIZACIÓN, POR ESO TENEMOS QUE FORMAR PARTE DEL GOBIERNO LEGÍTIMO PARA DETENERLOS, POR ESO ES TAN IMPORTANTE QUE DIFUNDAS ESTA INFORMACIÓN TENAZ Y CONSTANTEMENTE A LA GENTE QUE NO TIENE ACCESO A ESTOS MATERIALES.
jueves, mayo 10, 2007
Conjeturas
Alvaro Cepeda Neri
I.- En el cacicazgo de los (des)gobernadores en los 31 Estados de nuestro todavía incipiente federalismo, los jueces del fuero común o sea de los funcionarios que integran, en cada uno de ellos, el Poder Judicial, en lugar de ser servidores públicos que para interpretar y ejecutar las leyes deberían normar su criterio conforme a las disposiciones apuntaladas democrática ya republicanamente, se someten a lo que les ordena el gobernador en turno.
II.- El derrumbamiento del sistema presidencial priísta, con motivo de la alternancia en la Presidencia de la República, aflojó el tradicional centralismo político y los gobiernos federales panistas no le han encontrado la cuadratura al círculo del antiguo control, por lo cual los gobernadores están imponiendo sus férreos caciquismos y ellos son la última palabra.
III.- De tal manera los gobernadores son los nuevos virreyes, que reúnen en sus manos los tres poderes, ya sea sobornando a los diputados de todos los partidos, presionando a los jueces (a los que amenazan con ser despedidos) y, como tienen el mando directo de las policías y del ministerio público, entonces tienen un poder absoluto. Y coludidos con el poder económico de los empresarios, presionan a los medios de comunicación, para que éstos solamente publiquen lo que es de su agrado.
IV.- Además y para rematar, en las pasadas elecciones federales esos caciques estatales ayudaron al PAN para que Calderón pudiera, contra viento y marea, ganarle al PRD con López Obrador, por la pírrica diferencia de 300 mil votos que, de todas maneras deslegitimaron al panista sobre todo con la negativa de que a toro pasado podamos los ciudadanos tener acceso a los paquetes electorales que el IFE, el TRIFE y la Corte, para beneplácito de Los Pinos, habrán en breve de incinerar, para que no quede huella de la sospecha de que haya habido un fraude electoral.
V.- En el Estado de México, entre los reinados autoritarios de Arturo Montiel, el corruptísimo (des)gobernador a quien le han perdonado su saqueo, y el actual Peña Nieto (éste sobrino de Montiel), se han generado varias crisis políticas, porque gran parte del pueblo se ha inconformado por el despotismo con el que es "gobernado". Manifestaciones también a caballo entre el foxismo y el calderonismo quienes se han sumado a ese autoritarismo.
VI.- Precisamente en Atenco, uno de los 121 municipios, es donde los mexiquenses han estado más activos defendiendo sus derechos y exigiendo más republicanismo-democrático para resolver sus problemas sociales, recibiendo a cambio respuestas represoras, a sangre y fuego, de sus (des)gobernadores. Hace poco más de un año tuvo lugar un levantamiento en esa comunidad, cuando brutalmente la policía arremetió contra sus pobladores y éstos respondieron, a la violencia gubernamental, defendiéndose y más los reprimieron.
VII.- Y hubo homicidios y encarcelados. A los primeros sus familiares los llevaron a sus tumbas. A los segundos les imputaron todos los delitos contemplados en el código penal mexiquense, con la orden al juez para que los juzgara con todo el rigor, interpretando las sanciones al máximo. Y así a los tres dirigentes de las protestas les impusieron, a cada uno 67 años y seis meses. No les decretaron la pena de muerte, porque está derogada.
VIII.- Otros más están en capilla. Se trata de atizar la crisis política. Está claro que los atenquenses se habrán de movilizar, aparte de que sus abogados interpondrán amparos hasta agotar los demás recursos, pero, por lo pronto, esos mexicanos que defendieron sus derechos contra los excesos del abuso del poder, han sido encarcelados de por vida y solamente saldrán con los pies por delante rumbo al panteón o el incinerador.
IX.- El juez los sentenció a más de 67 años, mientras que el Procurador, que depende directamente del (des)gobernador Peña Nieto, insiste en pedir la revisión, ya que pide para cada dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra... ¡120 años de prisión! Estamos frente a un hecho del abuso del poder y la complicidad entre dos poderes: el Judicial y el Ejecutivo, para ejecutar una venganza.
X.- Se llama Abel Villicaña el Procurador del Estado de México, cuando mejor debió llamarse Caín. La sanción quiere ser, al estilo de los trogloditas, una "lección", cuando solamente está avivando la inconformidad social y que en cualquier momento volverá a estallar con más furia contra el (des)gobernador Peña Nieto quien, como está claro, no tiene límite en ejercer autoritariamente el poder, precisamente cuando los gobernadores hacen y deshacen a su capricho sobre la vida y los bienes de quienes tienen la desgracia de sobrevivir en esas entidades.
I.- En el cacicazgo de los (des)gobernadores en los 31 Estados de nuestro todavía incipiente federalismo, los jueces del fuero común o sea de los funcionarios que integran, en cada uno de ellos, el Poder Judicial, en lugar de ser servidores públicos que para interpretar y ejecutar las leyes deberían normar su criterio conforme a las disposiciones apuntaladas democrática ya republicanamente, se someten a lo que les ordena el gobernador en turno.
II.- El derrumbamiento del sistema presidencial priísta, con motivo de la alternancia en la Presidencia de la República, aflojó el tradicional centralismo político y los gobiernos federales panistas no le han encontrado la cuadratura al círculo del antiguo control, por lo cual los gobernadores están imponiendo sus férreos caciquismos y ellos son la última palabra.
III.- De tal manera los gobernadores son los nuevos virreyes, que reúnen en sus manos los tres poderes, ya sea sobornando a los diputados de todos los partidos, presionando a los jueces (a los que amenazan con ser despedidos) y, como tienen el mando directo de las policías y del ministerio público, entonces tienen un poder absoluto. Y coludidos con el poder económico de los empresarios, presionan a los medios de comunicación, para que éstos solamente publiquen lo que es de su agrado.
IV.- Además y para rematar, en las pasadas elecciones federales esos caciques estatales ayudaron al PAN para que Calderón pudiera, contra viento y marea, ganarle al PRD con López Obrador, por la pírrica diferencia de 300 mil votos que, de todas maneras deslegitimaron al panista sobre todo con la negativa de que a toro pasado podamos los ciudadanos tener acceso a los paquetes electorales que el IFE, el TRIFE y la Corte, para beneplácito de Los Pinos, habrán en breve de incinerar, para que no quede huella de la sospecha de que haya habido un fraude electoral.
V.- En el Estado de México, entre los reinados autoritarios de Arturo Montiel, el corruptísimo (des)gobernador a quien le han perdonado su saqueo, y el actual Peña Nieto (éste sobrino de Montiel), se han generado varias crisis políticas, porque gran parte del pueblo se ha inconformado por el despotismo con el que es "gobernado". Manifestaciones también a caballo entre el foxismo y el calderonismo quienes se han sumado a ese autoritarismo.
VI.- Precisamente en Atenco, uno de los 121 municipios, es donde los mexiquenses han estado más activos defendiendo sus derechos y exigiendo más republicanismo-democrático para resolver sus problemas sociales, recibiendo a cambio respuestas represoras, a sangre y fuego, de sus (des)gobernadores. Hace poco más de un año tuvo lugar un levantamiento en esa comunidad, cuando brutalmente la policía arremetió contra sus pobladores y éstos respondieron, a la violencia gubernamental, defendiéndose y más los reprimieron.
VII.- Y hubo homicidios y encarcelados. A los primeros sus familiares los llevaron a sus tumbas. A los segundos les imputaron todos los delitos contemplados en el código penal mexiquense, con la orden al juez para que los juzgara con todo el rigor, interpretando las sanciones al máximo. Y así a los tres dirigentes de las protestas les impusieron, a cada uno 67 años y seis meses. No les decretaron la pena de muerte, porque está derogada.
VIII.- Otros más están en capilla. Se trata de atizar la crisis política. Está claro que los atenquenses se habrán de movilizar, aparte de que sus abogados interpondrán amparos hasta agotar los demás recursos, pero, por lo pronto, esos mexicanos que defendieron sus derechos contra los excesos del abuso del poder, han sido encarcelados de por vida y solamente saldrán con los pies por delante rumbo al panteón o el incinerador.
IX.- El juez los sentenció a más de 67 años, mientras que el Procurador, que depende directamente del (des)gobernador Peña Nieto, insiste en pedir la revisión, ya que pide para cada dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra... ¡120 años de prisión! Estamos frente a un hecho del abuso del poder y la complicidad entre dos poderes: el Judicial y el Ejecutivo, para ejecutar una venganza.
X.- Se llama Abel Villicaña el Procurador del Estado de México, cuando mejor debió llamarse Caín. La sanción quiere ser, al estilo de los trogloditas, una "lección", cuando solamente está avivando la inconformidad social y que en cualquier momento volverá a estallar con más furia contra el (des)gobernador Peña Nieto quien, como está claro, no tiene límite en ejercer autoritariamente el poder, precisamente cuando los gobernadores hacen y deshacen a su capricho sobre la vida y los bienes de quienes tienen la desgracia de sobrevivir en esas entidades.
Atencazo a la justicia
Por Ricardo Monreal Avila
A partir del pasado fin de semana podemos incorporar al diccionario de la justicia mexicana un nuevo término: atencazo, o la decisión mediante la cual se aplica crueldad judicial extrema a luchadores y líderes sociales en nombre del Estado de Derecho.
La sentencia del juez penal primero de Toluca de condenar a 67 años con 6 meses de prisión a los líderes de Atenco, Ignacio Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, tiene el tufo rancio de los años del autoritarismo político de la época de Gustavo Díaz Ordaz. ¿El delito? Secuestro equiparado. ¿Contra quién? Contra cuatro funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado de México. ¿Cuánto tiempo estuvieron "secuestrados"? Unas horas. ¿Quién acusa? El propio gobierno que los juzga.
Equiparar con el delito de secuestro la retención por unas horas de servidores públicos que llevaban la encomienda de conversar y negociar un acuerdo con los ahora sentenciados, no es secuestro. Al menos, no lo es en los términos que las disciplinas criminológicas prevén para este delito, donde debe mediar violencia extrema y la obtención de un beneficio económico para los secuestradores. Los funcionarios del gobierno estatal, ¿fueron interceptados al salir de su domicilio, de un cajero automático, en un crucero de tránsito, al dejar sus oficinas o bajo cualesquier otra circunstancia bajo las cuales son secuestrados y extorsionados día tras día inermes ciudadanos mexicanos y extranjeros en nuestro territorio? ¿Estuvieron en todo momento bajo la condición de cautiverio, que implica estar amarrados de pies y manos, con los ojos vendados, en un cuarto de aislamiento, sometidos a tortura y sin identificar a sus victimarios? ¿Dónde está la solicitud de rescate por parte de los dirigentes encarcelados y sentenciados?
En otras palabras, ¿Daniel Arizmendi, el tristemente célebre "mochaorejas", que acumuló una fortuna de 50 millones de pesos mediante el secuestro, realmente es equiparable con los dirigentes de los campesinos y ejidatarios de Atenco que están defendiendo sus tierras y se niegan a venderlas o a ser expropiados?
Voltaire señaló que "la justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia". Pero si además se aplica parcialmente, retrocedemos a ese estado natural del hombre descrito por Platón en La República: "Yo declaro que la justicia natural no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte". Y, en efecto, el atencazo es precisamente eso: no un acto de justicia, sino una decisión para determinar judicialmente --en un conflicto entre autoridades y ciudadanos--, quién es el más fuerte, a quién asiste el derecho a la fuerza y no la fuerza del derecho o la razón.
Para ilustrar el tamaño de esta justicia "llevada demasiado lejos", es decir, de la injusticia real de una sentencia formalmente justa, tenemos algunos indicadores. En los mismos hechos de violencia de los que se responsabiliza a los líderes de Atenco, hubo dos jóvenes muertos residentes del mismo municipio. ¿Dónde están los responsables? Libres. Ni siquiera han sido identificados. ¿Cuántos presos hay por los abusos cometidos contra mujeres de esa comunidad por parte de las fuerzas del orden y acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ninguno.
Por otra parte, el mismo día en que fueron sentenciados los líderes de Atenco fue dictada casi en la misma región, con similar código penal y por jueces pares, una sentencia tres veces menor, de sólo 18 años, al operador de cárteles del narcotráfico, Ismael Higuera Guerrero, "El Mayel". Portar machetes es más peligroso que traficar con drogas. Por otra parte, ¿qué otros secuestradores o "delincuentes equiparables" han recibido este tipo de sentencias en el Estado de México, una de las mayores entidades con este tipo de delitos? Fuera del "Mochaorejas", que purga una sentencia de más de 300 años, no se tiene registro de un "castigo ejemplar" como el impuesto a los presos de Atenco, cuya sentencia desmedida viene a confirmar ahora lo que siempre se negó: que no deben ser considerados infractores menores del orden común, sino verdaderos rebeldes mayores que desafían un orden especial y superior, el orden político de gobierno.
La sentencia de 67 años (la Procuraduría del Estado solicitó el doble; el benigno juez concedió lo mínimo) exhibió la trama esencial del atencazo o machetazo judicial: si no son "reos peligrosos" del orden común, como el juez se encargó de subrayar, entonces el elevado número de años sólo se explica por el carácter extraordinario de los reos de Atenco, el cual no es otro que su condición de presos del orden político.
¿A quién amenaza la libertad de Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez? Al orden político establecido en Atenco y a los intereses económicos que ese orden representa. El daño de los "macheteros" de Atenco no es a la sociedad civil, sino a las sociedades anónimas que codician sus tierras.
No podemos soslayar las consecuencias previsibles del atencazo judicial. La más inmediata es su generalización por el principio de proximidad y equiparación en casos similares. Tenemos a los líderes de la APPO de Oaxaca, en la misma cárcel y con cargos similares a los de Atenco, esperando sentencia. Más los líderes de movimientos de protesta que surjan en los próximos años, por la proclividad de los actuales gobiernos de enfrentar la presión social con la represión policial.
Criminalizar la protesta social es uno de los instintos básicos de los gobiernos de derecha. Les aterra ver a los marginados, excluidos y pobres en las calles defendiendo sus derechos más elementales. El término "luchadores sociales" o "demandantes de justicia" no existe en su mapa conceptual. "Si fueran eso que dices tendrían abogados serios de despachos famosos litigando en los tribunales", piensan muchos de ellos. "Terrorismo", es el término con el que se sienten más cómodos, seguros y confiados en esta guerra a favor del orden y la seguridad.
Orden, seguridad y autoridad, son las coordenadas de la derecha. Para "socializar" estos principios tiene un ejército de maestros, la policía; una escuela, la cárcel; y una coartada ideológica y política, el "terrorismo".
El atencazo o machetazo a la justicia que implica esa sentencia de 67 años desnuda al Estado de derecha (no de Derecho) que se quiere implantar en el país. Hay que revestirlo y, por supuesto, revertirlo.
A partir del pasado fin de semana podemos incorporar al diccionario de la justicia mexicana un nuevo término: atencazo, o la decisión mediante la cual se aplica crueldad judicial extrema a luchadores y líderes sociales en nombre del Estado de Derecho.
La sentencia del juez penal primero de Toluca de condenar a 67 años con 6 meses de prisión a los líderes de Atenco, Ignacio Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, tiene el tufo rancio de los años del autoritarismo político de la época de Gustavo Díaz Ordaz. ¿El delito? Secuestro equiparado. ¿Contra quién? Contra cuatro funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado de México. ¿Cuánto tiempo estuvieron "secuestrados"? Unas horas. ¿Quién acusa? El propio gobierno que los juzga.
Equiparar con el delito de secuestro la retención por unas horas de servidores públicos que llevaban la encomienda de conversar y negociar un acuerdo con los ahora sentenciados, no es secuestro. Al menos, no lo es en los términos que las disciplinas criminológicas prevén para este delito, donde debe mediar violencia extrema y la obtención de un beneficio económico para los secuestradores. Los funcionarios del gobierno estatal, ¿fueron interceptados al salir de su domicilio, de un cajero automático, en un crucero de tránsito, al dejar sus oficinas o bajo cualesquier otra circunstancia bajo las cuales son secuestrados y extorsionados día tras día inermes ciudadanos mexicanos y extranjeros en nuestro territorio? ¿Estuvieron en todo momento bajo la condición de cautiverio, que implica estar amarrados de pies y manos, con los ojos vendados, en un cuarto de aislamiento, sometidos a tortura y sin identificar a sus victimarios? ¿Dónde está la solicitud de rescate por parte de los dirigentes encarcelados y sentenciados?
En otras palabras, ¿Daniel Arizmendi, el tristemente célebre "mochaorejas", que acumuló una fortuna de 50 millones de pesos mediante el secuestro, realmente es equiparable con los dirigentes de los campesinos y ejidatarios de Atenco que están defendiendo sus tierras y se niegan a venderlas o a ser expropiados?
Voltaire señaló que "la justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia". Pero si además se aplica parcialmente, retrocedemos a ese estado natural del hombre descrito por Platón en La República: "Yo declaro que la justicia natural no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte". Y, en efecto, el atencazo es precisamente eso: no un acto de justicia, sino una decisión para determinar judicialmente --en un conflicto entre autoridades y ciudadanos--, quién es el más fuerte, a quién asiste el derecho a la fuerza y no la fuerza del derecho o la razón.
Para ilustrar el tamaño de esta justicia "llevada demasiado lejos", es decir, de la injusticia real de una sentencia formalmente justa, tenemos algunos indicadores. En los mismos hechos de violencia de los que se responsabiliza a los líderes de Atenco, hubo dos jóvenes muertos residentes del mismo municipio. ¿Dónde están los responsables? Libres. Ni siquiera han sido identificados. ¿Cuántos presos hay por los abusos cometidos contra mujeres de esa comunidad por parte de las fuerzas del orden y acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ninguno.
Por otra parte, el mismo día en que fueron sentenciados los líderes de Atenco fue dictada casi en la misma región, con similar código penal y por jueces pares, una sentencia tres veces menor, de sólo 18 años, al operador de cárteles del narcotráfico, Ismael Higuera Guerrero, "El Mayel". Portar machetes es más peligroso que traficar con drogas. Por otra parte, ¿qué otros secuestradores o "delincuentes equiparables" han recibido este tipo de sentencias en el Estado de México, una de las mayores entidades con este tipo de delitos? Fuera del "Mochaorejas", que purga una sentencia de más de 300 años, no se tiene registro de un "castigo ejemplar" como el impuesto a los presos de Atenco, cuya sentencia desmedida viene a confirmar ahora lo que siempre se negó: que no deben ser considerados infractores menores del orden común, sino verdaderos rebeldes mayores que desafían un orden especial y superior, el orden político de gobierno.
La sentencia de 67 años (la Procuraduría del Estado solicitó el doble; el benigno juez concedió lo mínimo) exhibió la trama esencial del atencazo o machetazo judicial: si no son "reos peligrosos" del orden común, como el juez se encargó de subrayar, entonces el elevado número de años sólo se explica por el carácter extraordinario de los reos de Atenco, el cual no es otro que su condición de presos del orden político.
¿A quién amenaza la libertad de Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez? Al orden político establecido en Atenco y a los intereses económicos que ese orden representa. El daño de los "macheteros" de Atenco no es a la sociedad civil, sino a las sociedades anónimas que codician sus tierras.
No podemos soslayar las consecuencias previsibles del atencazo judicial. La más inmediata es su generalización por el principio de proximidad y equiparación en casos similares. Tenemos a los líderes de la APPO de Oaxaca, en la misma cárcel y con cargos similares a los de Atenco, esperando sentencia. Más los líderes de movimientos de protesta que surjan en los próximos años, por la proclividad de los actuales gobiernos de enfrentar la presión social con la represión policial.
Criminalizar la protesta social es uno de los instintos básicos de los gobiernos de derecha. Les aterra ver a los marginados, excluidos y pobres en las calles defendiendo sus derechos más elementales. El término "luchadores sociales" o "demandantes de justicia" no existe en su mapa conceptual. "Si fueran eso que dices tendrían abogados serios de despachos famosos litigando en los tribunales", piensan muchos de ellos. "Terrorismo", es el término con el que se sienten más cómodos, seguros y confiados en esta guerra a favor del orden y la seguridad.
Orden, seguridad y autoridad, son las coordenadas de la derecha. Para "socializar" estos principios tiene un ejército de maestros, la policía; una escuela, la cárcel; y una coartada ideológica y política, el "terrorismo".
El atencazo o machetazo a la justicia que implica esa sentencia de 67 años desnuda al Estado de derecha (no de Derecho) que se quiere implantar en el país. Hay que revestirlo y, por supuesto, revertirlo.
Sistema de venganza, que no de justicia
jueves, 10 de mayo de 2007
Por María Teresa Jardí
Cumpliendo con lo ofrecido sigo compartiendo con ustedes el excelente análisis de mi amigo científico Jorge Alvarez.
"Aunque hicieran bajar del Cielo a las personas más probas, ecuánimes y honradas de la Historia y las pusieran a trabajar en la Procuraduría no podrían hacer nada justo que no le interesara al Poder Ejecutivo y encontrarían obstáculos para trabajar honradamente pues la Procuraduría no fue hecha para eso.
"También es evidente que este sistema está `inspiradoï en la Fiscalía gringa donde la venganza es más intensa para los latinos y negros y la justicia sólo se aplica contra los pobres.
"Sería bueno aclararte cuál es mi concepto de Justicia y cuál el de Venganza, teniendo en cuenta que no soy `licenciadoï.
"En la Venganza sólo se considera al ofensor y su ofensa, la pena siempre es un castigo y se trata de que sea desproporcionado con la ofensa, (tres, cuatro o más veces el castigo mayor que el delito). De este modo un violador no sólo debe ser privado de la libertad sino violado tumultuariamente por sus compañeros hasta que su recto tenga daño irreversible y, quizás, en un futuro próximo, castrado por el Estado. Un ladrón debe ser apaleado por la policía, sobre todo si su víctima es de mucho dinero y el monto de lo robado es grande. Un asesino debe ser asesinado con mucho sufrimiento psicológico.
"Para la Justicia el delincuente debe, de ser posible, reparar el daño a su víctima y en todo caso su pena debe tender más a someterlo a una rehabilitación social que a castigarlo.
"Además está demostrado que el aumento de las penas sólo aumenta los votos de los legisladores porque la sociedad está muy lejos de saber que eso no desalienta el impulso de delinquir y que los países con menos índice delictivo tienen también penas irrisorias comparadas con las mexicanas, (la penalidad por portar drogas para consumo personal, que no está penalizada, pero que se penaliza igual, como si se tratara de posesión para venta o de trasladado, es mayor en México que la que existe en Argentina, Uruguay y Brasil para el homicidio simple, ni hablar de Europa).
"La disminución del índice delictivo tiene que ver siempre con el bienestar social y la distribución del ingreso, no con la pena de muerte.
"La venganza es visceral y negativamente emotiva, sustentada en el odio contra un agresor. La justicia es racional y busca siempre investigar las causas que impulsan al hombre a delinquir y su rehabilitación social.
En la justicia se toma en cuenta la historia de vida del delincuente y su contexto social, porque se asume que en la creación de cada delincuente hay una corresponsabilidad de la sociedad que puede ser mayor o menor, pero que siempre existe.
Y así los ciudadanos que votaron a una banda de criminales para que gobiernen la nación, son corresponsables de sus crímenes aunque no se beneficien con ellos sino que, al contrario, la mayoría se perjudiquen. Curioso ¿no?
"Cuando era chico veía un teleteatro unitario argentino que se llamaba `Cosa Juzgadaï, y que trataba de casos judiciales cerrados sobre los cuales se narraba una historia verídica. Los 200 o más capítulos de esa serie que tuvo mucho éxito durante varios años, me enseñaron más de Justicia de lo que parece saber Mariano Azuela, (seguramente sabe muchísimo de leyes pero ciertamente muy poco de Justicia).
"Pero no sólo me dieron eso, sino que me hizo sentir a mí y a toda mi generación, que ser Juez, no es sólo un trabajo que cualquier persona honesta puede desempeñar, hay que tener una sabiduría profunda sobre la vida y los hombres. Sabiduría que, al menos en esa época, las universidades trataban de estimular, claro, no eran Escuelas de Derecho que hayan crecido admirando las "maravillosas" creaciones de Gringolandia, sino el Derecho que se estudiaba en Universidades Europeas, no sé si ahora todavía sea así.
"Cuando estábamos en la prepa mis compañeros y yo sentíamos un orgullo enorme al enterarnos, por otra profesora, de que nuestro profesor de Instrucción Cívica iba a ser nombrado Juez. Era una especie de medalla o galardón (.)".
En fin, por hoy dejo hasta aquí el documento de Jorge Alverez que, repito, hago mío al cien por ciento. Efectivamente con las palabras mal empleadas se convierte para el colectivo social la mentira en verdad. Los levantados no son vistos, como lo que son, desaparecidos, imputables, por la impunidad del hecho, al Estado, vía la imposición del sistema político manejado por mafias, que ya lograron hasta legalizar el fraude, por poner un solo ejemplo.
Cuando yo estudiaba en la UNAM también era un orgullo que a un maestro lo nombraran Juez o Magistrado y no se diga Ministro. Y, me recordé, al leer por primera vez el correo de Jorge, felicitando a Abraham Polo Uscanga por su nombramiento como Magistrado.
Nombramiento, obtenido como castigo, en la época de Salinas, a petición de Morales Lechuga, entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, porque le hacía sombra el jurista demasiado honrado en la Procuraduría. Lo que le costó la vida. El puesto le dio el tiempo y fue el lugar adecuado para analizar a dónde conducían a México el cambio de leyes que la derecha se hacía. Un crimen atroz, de la época de Zedillo, que continúa impune, a pesar de la llegada del PRD al gobierno capitalino y a pesar de que ese crimen fue la llamada de alerta a los mexicanos de lo que venía, una vez que la derecha se hiciera del poder que no iba a soltar ni siquiera al precio de imponer en México una dictadura.
Por María Teresa Jardí
Cumpliendo con lo ofrecido sigo compartiendo con ustedes el excelente análisis de mi amigo científico Jorge Alvarez.
"Aunque hicieran bajar del Cielo a las personas más probas, ecuánimes y honradas de la Historia y las pusieran a trabajar en la Procuraduría no podrían hacer nada justo que no le interesara al Poder Ejecutivo y encontrarían obstáculos para trabajar honradamente pues la Procuraduría no fue hecha para eso.
"También es evidente que este sistema está `inspiradoï en la Fiscalía gringa donde la venganza es más intensa para los latinos y negros y la justicia sólo se aplica contra los pobres.
"Sería bueno aclararte cuál es mi concepto de Justicia y cuál el de Venganza, teniendo en cuenta que no soy `licenciadoï.
"En la Venganza sólo se considera al ofensor y su ofensa, la pena siempre es un castigo y se trata de que sea desproporcionado con la ofensa, (tres, cuatro o más veces el castigo mayor que el delito). De este modo un violador no sólo debe ser privado de la libertad sino violado tumultuariamente por sus compañeros hasta que su recto tenga daño irreversible y, quizás, en un futuro próximo, castrado por el Estado. Un ladrón debe ser apaleado por la policía, sobre todo si su víctima es de mucho dinero y el monto de lo robado es grande. Un asesino debe ser asesinado con mucho sufrimiento psicológico.
"Para la Justicia el delincuente debe, de ser posible, reparar el daño a su víctima y en todo caso su pena debe tender más a someterlo a una rehabilitación social que a castigarlo.
"Además está demostrado que el aumento de las penas sólo aumenta los votos de los legisladores porque la sociedad está muy lejos de saber que eso no desalienta el impulso de delinquir y que los países con menos índice delictivo tienen también penas irrisorias comparadas con las mexicanas, (la penalidad por portar drogas para consumo personal, que no está penalizada, pero que se penaliza igual, como si se tratara de posesión para venta o de trasladado, es mayor en México que la que existe en Argentina, Uruguay y Brasil para el homicidio simple, ni hablar de Europa).
"La disminución del índice delictivo tiene que ver siempre con el bienestar social y la distribución del ingreso, no con la pena de muerte.
"La venganza es visceral y negativamente emotiva, sustentada en el odio contra un agresor. La justicia es racional y busca siempre investigar las causas que impulsan al hombre a delinquir y su rehabilitación social.
En la justicia se toma en cuenta la historia de vida del delincuente y su contexto social, porque se asume que en la creación de cada delincuente hay una corresponsabilidad de la sociedad que puede ser mayor o menor, pero que siempre existe.
Y así los ciudadanos que votaron a una banda de criminales para que gobiernen la nación, son corresponsables de sus crímenes aunque no se beneficien con ellos sino que, al contrario, la mayoría se perjudiquen. Curioso ¿no?
"Cuando era chico veía un teleteatro unitario argentino que se llamaba `Cosa Juzgadaï, y que trataba de casos judiciales cerrados sobre los cuales se narraba una historia verídica. Los 200 o más capítulos de esa serie que tuvo mucho éxito durante varios años, me enseñaron más de Justicia de lo que parece saber Mariano Azuela, (seguramente sabe muchísimo de leyes pero ciertamente muy poco de Justicia).
"Pero no sólo me dieron eso, sino que me hizo sentir a mí y a toda mi generación, que ser Juez, no es sólo un trabajo que cualquier persona honesta puede desempeñar, hay que tener una sabiduría profunda sobre la vida y los hombres. Sabiduría que, al menos en esa época, las universidades trataban de estimular, claro, no eran Escuelas de Derecho que hayan crecido admirando las "maravillosas" creaciones de Gringolandia, sino el Derecho que se estudiaba en Universidades Europeas, no sé si ahora todavía sea así.
"Cuando estábamos en la prepa mis compañeros y yo sentíamos un orgullo enorme al enterarnos, por otra profesora, de que nuestro profesor de Instrucción Cívica iba a ser nombrado Juez. Era una especie de medalla o galardón (.)".
En fin, por hoy dejo hasta aquí el documento de Jorge Alverez que, repito, hago mío al cien por ciento. Efectivamente con las palabras mal empleadas se convierte para el colectivo social la mentira en verdad. Los levantados no son vistos, como lo que son, desaparecidos, imputables, por la impunidad del hecho, al Estado, vía la imposición del sistema político manejado por mafias, que ya lograron hasta legalizar el fraude, por poner un solo ejemplo.
Cuando yo estudiaba en la UNAM también era un orgullo que a un maestro lo nombraran Juez o Magistrado y no se diga Ministro. Y, me recordé, al leer por primera vez el correo de Jorge, felicitando a Abraham Polo Uscanga por su nombramiento como Magistrado.
Nombramiento, obtenido como castigo, en la época de Salinas, a petición de Morales Lechuga, entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, porque le hacía sombra el jurista demasiado honrado en la Procuraduría. Lo que le costó la vida. El puesto le dio el tiempo y fue el lugar adecuado para analizar a dónde conducían a México el cambio de leyes que la derecha se hacía. Un crimen atroz, de la época de Zedillo, que continúa impune, a pesar de la llegada del PRD al gobierno capitalino y a pesar de que ese crimen fue la llamada de alerta a los mexicanos de lo que venía, una vez que la derecha se hiciera del poder que no iba a soltar ni siquiera al precio de imponer en México una dictadura.
El hampón Ahumada, desenmascaró a la mafia mexicana
Pedro Echeverría V.
1. Carlos Ahumada, el poderoso empresario de los mil y un contratos, dueño de un periódico diario y un equipo de fútbol, además de galán de féminas políticas y oferente de dinero para campañas electorales, acaba de salir de la cárcel. Por su comportamiento puede calificarse como rey del hampa, pero por su sagacidad para destruir personas, debilitar partidos y demostrar la profunda corrupción de los medios de información, de los empresarios y del Estado mexicano, debe ponérsele la más alta calificación. Aunque sólo nos volvió a mostrar lo que muchos ya sabíamos (la concurrencia y complicidad de gobierno, empresarios y medios de información para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara al gobierno) desnudó sin querer (mucho más que Tunick) a la clase política mexicana encabezada entonces por Vicente Fox, Fernández de Cevallos, Carlos Salinas, Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula y otros.
2. La televisión sólo se ha encargado de desprestigiar a René Bejarano, el indiscutible brazo derecho de López Obrador, a quien le tendieron una trampa en la que fue grabado recibiendo dinero por y del mismo Ahumada. Con el video la TV, la radio y la prensa, mas una llamada “desobediencia” a un sumiso juez, desataron una gigantesca campaña para desprestigiar, desaforar, encarcelar y evitar que sea candidato presidencial AMLO. Pero si bien toda esa poderosa clase política fue derrotada por un enorme movimiento de masas contra el desafuero, pudo reorganizarse y fortalecerse para impedirle el triunfo presidencial a López Obrador. Pero la actuación de Ahumada no puede centrarse, como lo hacen los medios informativos, en ese episodio. El mafioso experimentado Ahumada desenmascaró (sin querer) al gobierno de Fox, las andanzas de Salinas, la incondicionalidad del PAN y la podredumbre del PRD.
3. El empresario Ahumada en una amplia declaración pudo explicar cómo el senador panista Fernández de Cevallos, el ex presidente Salinas de Gortari, el secretario de Gobernación y Procurador General de la República intervinieron en la aprobación y autorización para la amplia difusión de los videos. Con todo detalle narró las reuniones que se efectuaron en la casa del senador panista en Las Lomas y el papel central que éste jugó para llegar a los acuerdos. A partir de ese momento, según explicó el mismo Ahumada, entraron los acuerdos con Televisa y los demás medios de información. Se escogió a los locutores de Televisa, al locuaz payaso Brozo (Víctor Trujillo) para destruir verbalmente a Bejarano, y a Loret de Mola para entretenerlo en un programa de TV. Es decir, el “complot” denunciado a los pocos minutos por López Obrador fue ampliamente probado en las declaraciones posteriores de Ahumada.
4. Después de las denuncias de Ahumada y de los sucesos que se dieron durante el desafuero en 2005, el PRI aceleró su derrumbe. Los legisladores priístas, junto a los panistas, destacaron en sus denuncias, condenas y votos a favor del desafuero. La precampaña para elegir a su candidato a la Presidencia fue una de las más corruptas de su historia. No sólo se destapó la enorme podredumbre del gobierno y la familia del gobernador saliente del Estado de México, Arturo Montiel, sino que los pleitos y denuncias entre la líder sindical, Esther Gordillo, y futuro candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, destaparon la cloaca de esa institución política. La plena identidad de los dirigentes y legisladores del PRI con el gobierno de Fox y la legislación panista denunciada durante años, en esos momentos se hizo mucha más evidente. El derrumbe electoral del candidato Madrazo fue total.
5. El presidente Fox y el panismo encabezado por Fernández de Cevallos, aunque sufrieron la vergüenza de haber sido organizadores y partícipes del llamado video escándalo preparado por Ahumada mediante el uso de un “complot”, y después sentirse derrotados ante un fuerte movimiento de masas que echó abajo el desafuero, lograron una recuperación estrechando sus fuerzas con los grandes empresarios, con el alto clero y con el gobierno yanqui con la consigna de que “López Obrador es un peligro”. Estos sectores estrecharon tan fuerte su unidad durante la campaña política, así como durante y después de las elecciones, que pudieron imponer a Felipe Calderón como su gobierno. Aunque aquel 29 de abril de 2005 Fox maltrecho exigía la renuncia del procurador y varios funcionarios menores mientras daba la razón a López Obrador, supo recuperar fuerza para “vengarse” (como él mismo dijo) en las elecciones de 2006.
6. Pero también el PRD con los llamados video escándalos sacó a relucir una gran corrupción y un enorme oportunismo en su interior. No porque hayan grabado a Bejarano o porque recojan dinero a empresarios para hacer campañas políticas, sino porque aprovecharon las denuncias para liquidar cuentas políticas con sus adversarios. Lo que hizo Imaz y Bejarano lo hace mil veces el PAN y el PRI con grandes empresarios, inversionistas extranjeros y narcotraficantes, pero nadie les pone trampas para grabarlos. La historia política mexicana muestra que para hacer política en serio se necesita dinero y quienes no logran contar con esto se pasan el tiempo lamentando o haciendo como que hacen política. En lugar de 50 mil periódicos se hacen 1000, en vez de 100 mil volantes se publican 2000, en vez de 500 activistas subsidiados o no, se mueven cinco. Se necesita dinero para derrotar al enemigo que cuenta con gigantescos capitales.
7. En México hay muchos como Ahumada que hacen negocios multimillonarios a escondidas con altos funcionarios de gobierno, con empresarios y narcotraficantes. Al interior de los partidos fluyen muchos millones de pesos como subsidios del gobierno y como apoyos de poderosos simpatizantes. Los cientos o miles de millones de pesos que dilapidan los candidatos del PAN y el PRI en los medios de información, en propaganda, pago de miles de activistas, aviones y hoteles vienen de “apoyos económicos” de ricos simpatizantes que no se registran en los organismos electorales y representan más del 80 % de los gastos. Quien no tenga el dinero suficiente no podrá ganar ninguna elección, pero tampoco podrá hacer crecer su partido u organización política. En la izquierda debe lucharse contra la corrupción, el enriquecimiento personal y la ética burguesa. Pero el dinero para hacer política en serio es necesario.
8. Alguien diría que no vale la pena hablar de ellos porque todos esos personajes son una basura política que sólo serán recordados como excremento humano porque se dedicaron a engañar y a esquilmar al pueblo. Está bien, sin embargo esa condena moral vale poco porque esos personajes, si bien no cambiaron el curso esencial de la historia, con sus actos (engañando, robando y asesinando) han retrasado políticas (y lo siguen haciendo) que hubieran beneficiado a la mayoría de la población. Por el contrario a personajes del pueblo como Ignacio del Valle y demás presos de Atenco, así como otros luchadores sociales presos por protestar, defender y exigir sus derechos con dignidad en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán y otros estados, están impedidos para continuar sus batallas en favor de sus pueblos y sus familias. Pienso que muchas de estas cosas serían distintas si el resultado de las elecciones de 2006 hubieran sido otros.
1. Carlos Ahumada, el poderoso empresario de los mil y un contratos, dueño de un periódico diario y un equipo de fútbol, además de galán de féminas políticas y oferente de dinero para campañas electorales, acaba de salir de la cárcel. Por su comportamiento puede calificarse como rey del hampa, pero por su sagacidad para destruir personas, debilitar partidos y demostrar la profunda corrupción de los medios de información, de los empresarios y del Estado mexicano, debe ponérsele la más alta calificación. Aunque sólo nos volvió a mostrar lo que muchos ya sabíamos (la concurrencia y complicidad de gobierno, empresarios y medios de información para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara al gobierno) desnudó sin querer (mucho más que Tunick) a la clase política mexicana encabezada entonces por Vicente Fox, Fernández de Cevallos, Carlos Salinas, Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula y otros.
2. La televisión sólo se ha encargado de desprestigiar a René Bejarano, el indiscutible brazo derecho de López Obrador, a quien le tendieron una trampa en la que fue grabado recibiendo dinero por y del mismo Ahumada. Con el video la TV, la radio y la prensa, mas una llamada “desobediencia” a un sumiso juez, desataron una gigantesca campaña para desprestigiar, desaforar, encarcelar y evitar que sea candidato presidencial AMLO. Pero si bien toda esa poderosa clase política fue derrotada por un enorme movimiento de masas contra el desafuero, pudo reorganizarse y fortalecerse para impedirle el triunfo presidencial a López Obrador. Pero la actuación de Ahumada no puede centrarse, como lo hacen los medios informativos, en ese episodio. El mafioso experimentado Ahumada desenmascaró (sin querer) al gobierno de Fox, las andanzas de Salinas, la incondicionalidad del PAN y la podredumbre del PRD.
3. El empresario Ahumada en una amplia declaración pudo explicar cómo el senador panista Fernández de Cevallos, el ex presidente Salinas de Gortari, el secretario de Gobernación y Procurador General de la República intervinieron en la aprobación y autorización para la amplia difusión de los videos. Con todo detalle narró las reuniones que se efectuaron en la casa del senador panista en Las Lomas y el papel central que éste jugó para llegar a los acuerdos. A partir de ese momento, según explicó el mismo Ahumada, entraron los acuerdos con Televisa y los demás medios de información. Se escogió a los locutores de Televisa, al locuaz payaso Brozo (Víctor Trujillo) para destruir verbalmente a Bejarano, y a Loret de Mola para entretenerlo en un programa de TV. Es decir, el “complot” denunciado a los pocos minutos por López Obrador fue ampliamente probado en las declaraciones posteriores de Ahumada.
4. Después de las denuncias de Ahumada y de los sucesos que se dieron durante el desafuero en 2005, el PRI aceleró su derrumbe. Los legisladores priístas, junto a los panistas, destacaron en sus denuncias, condenas y votos a favor del desafuero. La precampaña para elegir a su candidato a la Presidencia fue una de las más corruptas de su historia. No sólo se destapó la enorme podredumbre del gobierno y la familia del gobernador saliente del Estado de México, Arturo Montiel, sino que los pleitos y denuncias entre la líder sindical, Esther Gordillo, y futuro candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, destaparon la cloaca de esa institución política. La plena identidad de los dirigentes y legisladores del PRI con el gobierno de Fox y la legislación panista denunciada durante años, en esos momentos se hizo mucha más evidente. El derrumbe electoral del candidato Madrazo fue total.
5. El presidente Fox y el panismo encabezado por Fernández de Cevallos, aunque sufrieron la vergüenza de haber sido organizadores y partícipes del llamado video escándalo preparado por Ahumada mediante el uso de un “complot”, y después sentirse derrotados ante un fuerte movimiento de masas que echó abajo el desafuero, lograron una recuperación estrechando sus fuerzas con los grandes empresarios, con el alto clero y con el gobierno yanqui con la consigna de que “López Obrador es un peligro”. Estos sectores estrecharon tan fuerte su unidad durante la campaña política, así como durante y después de las elecciones, que pudieron imponer a Felipe Calderón como su gobierno. Aunque aquel 29 de abril de 2005 Fox maltrecho exigía la renuncia del procurador y varios funcionarios menores mientras daba la razón a López Obrador, supo recuperar fuerza para “vengarse” (como él mismo dijo) en las elecciones de 2006.
6. Pero también el PRD con los llamados video escándalos sacó a relucir una gran corrupción y un enorme oportunismo en su interior. No porque hayan grabado a Bejarano o porque recojan dinero a empresarios para hacer campañas políticas, sino porque aprovecharon las denuncias para liquidar cuentas políticas con sus adversarios. Lo que hizo Imaz y Bejarano lo hace mil veces el PAN y el PRI con grandes empresarios, inversionistas extranjeros y narcotraficantes, pero nadie les pone trampas para grabarlos. La historia política mexicana muestra que para hacer política en serio se necesita dinero y quienes no logran contar con esto se pasan el tiempo lamentando o haciendo como que hacen política. En lugar de 50 mil periódicos se hacen 1000, en vez de 100 mil volantes se publican 2000, en vez de 500 activistas subsidiados o no, se mueven cinco. Se necesita dinero para derrotar al enemigo que cuenta con gigantescos capitales.
7. En México hay muchos como Ahumada que hacen negocios multimillonarios a escondidas con altos funcionarios de gobierno, con empresarios y narcotraficantes. Al interior de los partidos fluyen muchos millones de pesos como subsidios del gobierno y como apoyos de poderosos simpatizantes. Los cientos o miles de millones de pesos que dilapidan los candidatos del PAN y el PRI en los medios de información, en propaganda, pago de miles de activistas, aviones y hoteles vienen de “apoyos económicos” de ricos simpatizantes que no se registran en los organismos electorales y representan más del 80 % de los gastos. Quien no tenga el dinero suficiente no podrá ganar ninguna elección, pero tampoco podrá hacer crecer su partido u organización política. En la izquierda debe lucharse contra la corrupción, el enriquecimiento personal y la ética burguesa. Pero el dinero para hacer política en serio es necesario.
8. Alguien diría que no vale la pena hablar de ellos porque todos esos personajes son una basura política que sólo serán recordados como excremento humano porque se dedicaron a engañar y a esquilmar al pueblo. Está bien, sin embargo esa condena moral vale poco porque esos personajes, si bien no cambiaron el curso esencial de la historia, con sus actos (engañando, robando y asesinando) han retrasado políticas (y lo siguen haciendo) que hubieran beneficiado a la mayoría de la población. Por el contrario a personajes del pueblo como Ignacio del Valle y demás presos de Atenco, así como otros luchadores sociales presos por protestar, defender y exigir sus derechos con dignidad en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán y otros estados, están impedidos para continuar sus batallas en favor de sus pueblos y sus familias. Pienso que muchas de estas cosas serían distintas si el resultado de las elecciones de 2006 hubieran sido otros.
El presidente Lula da Silva afirma que el aborto es cuestión de salud pública
Argenpress
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hoy que el aborto debe ser tratado como un asunto de salud pública, en vísperas de la visita del papa Benedicto XVI al país.
El mandatario subrayó que el Estado debe asumir la realidad de que muchas jóvenes interrumpen sus embarazos sin ninguna condición de asistencia, lo que las torna víctimas.
Fuentes ligadas a la iglesia señalaron que el pontífice concentrará sus intervenciones en Brasil en el rechazo al aborto y la defensa del derecho a la vida.
El papa estará en Sao Paulo entre los días 9 y 14 de mayo, donde se reunirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participará de un acto multitudinario en un estadio de fútbol y finalmente abrirá los trabajos del encuentro episcopal.
El debate sobre el tema se abrió en Brasil en marzo, con la propuesta del nuevo ministro de Salud, José Gomes Temporao, de realizar un plebiscito para consultar a la población sobre la posible legalización del aborto.
La reciente legalización en la ciudad de México reforzó la posición de los defensores de una medida similar en Brasil.
Da Silva explicó que tiene dos visiones sobre el tema, una contraria al aborto como ciudadano y padre de familia, y otra como jefe de Estado, por la que considera que el aborto tiene que ser tratado como cuestión de salud pública.
El portavoz de Lula, Marcelo Baumbach, dijo hoy que el tema del aborto y del uso del preservativos no estará incluido en la conversación que el presidente mantendrá con el líder religioso este jueves.
El mandatario brasileño pretende discutir en el encuentro dos temas que considera fundamentales: la desintegración de la familia y los programas orientados a la juventud.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hoy que el aborto debe ser tratado como un asunto de salud pública, en vísperas de la visita del papa Benedicto XVI al país.
El mandatario subrayó que el Estado debe asumir la realidad de que muchas jóvenes interrumpen sus embarazos sin ninguna condición de asistencia, lo que las torna víctimas.
Fuentes ligadas a la iglesia señalaron que el pontífice concentrará sus intervenciones en Brasil en el rechazo al aborto y la defensa del derecho a la vida.
El papa estará en Sao Paulo entre los días 9 y 14 de mayo, donde se reunirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participará de un acto multitudinario en un estadio de fútbol y finalmente abrirá los trabajos del encuentro episcopal.
El debate sobre el tema se abrió en Brasil en marzo, con la propuesta del nuevo ministro de Salud, José Gomes Temporao, de realizar un plebiscito para consultar a la población sobre la posible legalización del aborto.
La reciente legalización en la ciudad de México reforzó la posición de los defensores de una medida similar en Brasil.
Da Silva explicó que tiene dos visiones sobre el tema, una contraria al aborto como ciudadano y padre de familia, y otra como jefe de Estado, por la que considera que el aborto tiene que ser tratado como cuestión de salud pública.
El portavoz de Lula, Marcelo Baumbach, dijo hoy que el tema del aborto y del uso del preservativos no estará incluido en la conversación que el presidente mantendrá con el líder religioso este jueves.
El mandatario brasileño pretende discutir en el encuentro dos temas que considera fundamentales: la desintegración de la familia y los programas orientados a la juventud.
Anuncian protestas durante la visita de Benedicto XVI
Organizaciones feministas y agrupaciones que defienden los derechos de las minorías sexuales se movilizarán en diversas ciudades del país para repudiar la presencia del Papa
En San Pablo se espera una importante movilización ya que será la sede de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, de la que participará el pontífice.
En el nordeste, el Grupo Gay de Bahía, uno de los más activos del país, realizará una protesta frente a la catedral de Salvador.
Marcelo Cerqueira, presidente de la organización, aseguró que se trata de "un acto de protesta ante la llegada del Papa a Brasil, en el que divulgaremos una nota pública; además, quemaremos una foto del Papa y el documento de la Iglesia que considera la homosexualidad intrínsecamente mala".
Cerqueira agregó que "las manifestaciones no son contra los católicos, sino contra los propósitos del Papa, que viaja por el mundo sembrando la discordia".
Benedicto XVI arribará a Brasil este miércoles y se quedará en el país cinco días.
Gracias a Dios que Latinoamérica está cambiando.
En San Pablo se espera una importante movilización ya que será la sede de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, de la que participará el pontífice.
En el nordeste, el Grupo Gay de Bahía, uno de los más activos del país, realizará una protesta frente a la catedral de Salvador.
Marcelo Cerqueira, presidente de la organización, aseguró que se trata de "un acto de protesta ante la llegada del Papa a Brasil, en el que divulgaremos una nota pública; además, quemaremos una foto del Papa y el documento de la Iglesia que considera la homosexualidad intrínsecamente mala".
Cerqueira agregó que "las manifestaciones no son contra los católicos, sino contra los propósitos del Papa, que viaja por el mundo sembrando la discordia".
Benedicto XVI arribará a Brasil este miércoles y se quedará en el país cinco días.
Gracias a Dios que Latinoamérica está cambiando.
Libertad de expresión en Internet: perspectivas de futuro
Carlos Sánchez Almeida
Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa.
Carlos Marx, "El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte".
1. De aquellos polvos, estos lodos
Año 2000. Gobernaba España el Partido Popular, que gozaba desde marzo de aquel año de una envidiable situación de mayoría absoluta, que le permitía gobernar sin necesidad de alianzas con otros partidos. Al frente del recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología se encontraba la brillante profesional Anna Birulés, escoltada por dos hombres fuertes del think-tank de José María Aznar: Baudilio Tomé y Borja Adsuara, muy vinculados a la fundación FAES, y que ocupaban respectivamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Se había aprobado en fechas recientes la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, sobre el comercio electrónico. Una directiva ésta cuyo objetivo fundamental era la armonización de las diferentes legislaciones nacionales, para que sus diferencias no afecten al tráfico económico y los principios que rigen en el ámbito de la Unión.
Los Considerandos de la Directiva indicaban claramente que sus medidas se limitaban al mínimo necesario para conseguir el objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior, garantizando que no existan fronteras interiores para el comercio electrónico. La Directiva era respetuosa con la libertad propia de Internet, en especial en sus considerandos, donde se afirmaba que no estaba destinada “a influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión.”
Todos los principios de la Directiva fueron conculcados por el Gobierno del Partido Popular al trasponer la norma comunitaria al ordenamiento jurídico español. Allí donde la Directiva establecía el principio de no autorización previa, los primeros anteproyectos de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) establecían la obligación de inscribirse en un registro especial. Del mismo modo, se regularon otros aspectos no cubiertos por la directiva, entre los que destacan la obligación de retención de datos de tráfico impuesta a determinados proveedores, así como los criterios de atribución de responsabilidad por hipervínculos, ausentes del texto de la Directiva. Finalmente, no se plasmó en el texto de la Ley un punto esencial de la norma comunitaria: la no exigencia de un deber general de supervisión de contenidos.
El artículo 8 de la LSSI fue sin duda el más problemático, puesto que en sus primeras versiones permitía la extralimitación de la autoridad administrativa, vulnerando lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, que dispone que sólo pueden secuestrarse publicaciones mediante orden judicial. El propio Grupo Parlamentario Popular tuvo que rectificar el proyecto, ya en el Parlamento, para establecer la necesidad de intervención del Poder Judicial en casos que afectasen al derecho fundamental a la Libertad de Expresión.
Finalmente, la LSSI fue aprobada como Ley 34/2002, de 11 de julio, y entró en vigor el 12 de octubre de 2002. Sus múltiples deficiencias, sobre todo las relativas a la responsabilidad por contenidos ajenos (transmisión, caché, alojamiento de datos e hiperenlaces), ocasionarían en los años siguientes buen número de paradojas judiciales. No en vano se había establecido, de forma totalmente arbitraria e irracional, una doble vara de medir. Dos sistemas distintos de imputación de responsabilidad, dos leyes de prensa: una para el mundo real y otra para el mundo digital.
2. Allá van leyes do quieren reyes
Los medios de comunicación convencionales tienen diversos sistemas de control de contenidos, en virtud de los cuales la información ha de pasar por múltiples filtros antes de ser publicada. Un piélago de periodistas, correctores y redactores jefe revisan los textos antes de que lleguen a la rotativa. Como contrapartida a tal sistema de control de la información, las leyes en vigor permiten atribuir la responsabilidad, de forma escalonada, a todos aquellos que hayan participado en su publicación.
En Internet nunca fue así. Desde el principio, la “conversación universal sin fin” estuvo presidida por la falta de control. Internet permitió bien pronto la interacción de sus usuarios en la publicación de contenidos, constituyendo en la práctica la más amplia redacción jamás creada. Esta característica fundacional de Internet, que de forma errónea se ha atribuido en los últimos tiempos a la denominada “Web 2.0.”, era por el contrario una propiedad intrínseca de la Red de redes. Como herencia directa del movimiento underground agrupado alrededor de las BBS, mediados los años 90 se constituyeron en Internet comunidades virtuales orientadas al intercambio de información, páginas web cuyo contenido fundamental era aportado por los usuarios, foros de debate cuya única razón de existencia era permitir a los ciudadanos expresarse libremente. El ágora, la plaza pública, donde ni la tijera ni el lápiz rojo tenían poder alguno.
Los sistemas automatizados de publicación de contenidos hacían necesaria una nueva regulación, donde quedase claro que sólo podía atribuirse responsabilidad a aquellos que tuviesen el control efectivo de la publicación de un determinado contenido, y no a los intermediarios que desempeñaban un papel estrictamente técnico en la transmisión, alojamiento o enlace. Así, la Directiva comunitaria 2000/31/CE, establecía la inexistencia de una obligación general de supervisión de contenidos, de manera que no podía hacerse responsable a los intermediarios en aquellos casos que actuasen de forma meramente instrumental, sin intervenir en la gestación de los contenidos por parte de los usuarios de los servicios de publicación.
Se hubiese podido hacer bien, pero aquel Gobierno no quiso escuchar. En lugar de trasponer la directiva modificando aquellas leyes que pudiesen resultar afectadas, se decidió redactar una ley general para Internet. En lugar de modificar el artículo 30 del Código Penal, que establece la responsabilidad en cascada de medios de información mecánicos, para dar cabida a los nuevos medios, se decidió crear un sistema paralelo de responsabilidad. Como consecuencia de ello, en la situación dual que se ha establecido en el derecho español, la responsabilidad no pivota sobre el efectivo control del contenido por parte de redactor, director o editor, sino sobre si el medio es digital o no lo es.
Lo lógico sería que nadie tuviese que responder por los actos de otro, si no tiene la obligación, o al menos la capacidad, de supervisar dichos actos. Que a nadie se le pudiese atribuir responsabilidad de forma automática, sino en función de sus propios actos, valorando las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Desgraciadamente no ocurrió así, en primer lugar por la imprevisión del legislador, y seguidamente por la impericia de los encargados de hacer cumplir la ley.
A poco de entrar en vigor la nueva LSSI, una Juez de Barcelona dictó la primera resolución judicial que analizaba la responsabilidad por contenidos ajenos en Internet: el caso Ajoderse.com. Se trataba de una página que contenía una colección de hiperenlaces a otras páginas de Internet que, sin poder demostrarse que puedan pertenecer al mismo administrador, contenían información relacionada con la posibilidad de visualizar gratuitamente las señales de televisión de pago.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en auto de fecha 7 de marzo de 2003, resolvió que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, y ello por cuanto de conformidad con el artículo 17 de la LSSI, sólo podía imputarse responsabilidad por hiperenlaces al administrador de un sitio cuando éste tiene conocimiento efectivo de que dichos contenidos han sido declarados ilegales por una autoridad. Conocimiento efectivo que no cabe presumir, sino que debe basarse en la notificación de la correspondiente resolución.
A este primer caso siguieron muchos más, y desgraciadamente no todos ellos fueron decididos por personas versadas en la nueva normativa. Y así, se llegó a sentar en el banquillo al administrador de la página Esgay.com, un sistema automatizado de publicación de contenidos, de carácter humorístico, donde sólo el usuario del sitio tiene el control de la broma. Se condenó a la Asociación de Internautas por los contenidos del subdominio antisgae.internautas.org, pese a que la actividad de la Asociación se limitó a ofrecer hosting a terceros, que eran los únicos que tenían el control efectivo del subdominio. Y se procesó, demandó, o simplemente intimidó, a múltiples sitios web, foros y weblogs, en base a comentarios, enlaces o contenidos remitidos por usuarios, que los administradores de los sitios ni siquiera habían validado. De tal forma, decenas de sitios web se han convertido, muchas veces sin buscarlo, en héroes y mártires de la libertad de expresión en la Red. Bandaancha, Frikipedia, Mafius, Merodeando, Pandeblog, Alasbarricadas… y otros muchos, todos ellos en el punto de mira de aquellos a quienes incomoda la efervescencia libertaria que vive la Red.
3. Donde dije digo, digo Diego
La LSSI tenía lo peor que podía tener una ley: ausencia de claridad, redacción zigzagueante, ambigüedad, y lo peor de todo: falta de anclaje en la realidad. La única forma de solucionar el embrollo hubiese sido trasponer los principios de la directiva a las fuentes internas del derecho español, clarificando en el Código Penal o en una Ley de Prensa democrática, los supuestos en que podía atribuirse responsabilidad al medio de comunicación donde se publiquen determinados contenidos, estableciéndose claramente los supuestos de exoneración de responsabilidad por falta de control sobre la publicación. Y ello con independencia del medio empleado: delitos como la injuria, la calumnia, las amenazas, o la incitación al odio xenófobo, son los mismos delitos en Internet y fuera de ella, careciendo de toda lógica que tengan dos regímenes distintos de responsabilidad.
Durante el debate parlamentario de 2002, el Partido Socialista presentó una enmienda a la totalidad, interesando la devolución del proyecto de Ley, y asimismo anunció que cuando llegase al poder, derogaría dicha norma. Bien pronto se faltó al compromiso que figura en los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales.
En el año 2004 se celebraron elecciones y cambió el gobierno. Como consecuencia de la falta de una mayoría clara, y las luchas de las diferentes camarillas existentes en su partido, el nuevo Presidente del Gobierno se vio obligado a poner al frente del nuevo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a un personaje como José Montilla. Un individuo éste cuya férrea trayectoria como aparatchik no permitía augurar una especial sensibilidad para con la libertad de expresión.
Los malos augurios se confirmaron. Desde la marcha de Anna Birulés, los sucesivos ministros que asumieron la responsabilidad de la Sociedad de la Información utilizaron su cartera ministerial para impulsar su carrera política hacia otros derroteros: dos de ellos, Piqué y Montilla, acabarían compitiendo por la Presidencia de la Generalitat catalana. Tras una gestión anodina, el futuro Molt Honorable dejó en herencia a su sucesor un único proyecto de Ley relevante para Internet: la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, que contenía, como regalo envenenado para Joan Clos, una reforma de la Ley que los socialistas habían prometido derogar: la LSSI.
El anteproyecto, presentado en septiembre de 2006, era absolutamente inasumible, y bien pronto la comunidad internauta mostró su enojo frente al nuevo texto: la reforma proyectada de los artículos 8 y 11 de la LSSI facultaba a la autoridad administrativa para ejercer funciones de restricción de contenidos. El Gobierno del Partido Socialista, en un giro de 180 grados con respecto a lo que sostuvo desde la oposición, sustraía a los jueces su competencia exclusiva en materia de libertad de expresión.
Pero el sainete no había hecho sino comenzar. Los representantes del gremio de la farándula, agrupados en torno a las poderosas entidades de recaudación de derechos de autor, dieron una nueva vuelta de tuerca a la obra, convirtiendo la tragedia en farsa.
4. Por si fuéramos pocos, parió la Burra
Algún día se sabrá toda la verdad: siempre hay un juguete roto que acaba contándola. Alguien que pretendía ascender, dar un golpe de efecto que permitiese consolidar su carrera, y que acaba convirtiéndose en el rufián del vodevil. Aunque en este caso, quizás haya tenido suerte, y aún podrá seguir medrando: tendría que estar agradecido a los venerables miembros del Consejo de Estado, cuyas prudentes advertencias han llevado al tahúr a hacer mutis por el foro.
En algún punto entre septiembre de 2006, cuando aparece el primer anteproyecto en la web del Ministerio de Industria, y abril de 2007, momento en que el proyecto es aprobado por el Consejo de Ministros, alguien decidió introducir en el proyecto de reforma de la LSSI un nuevo artículo 17 bis, que de haber sido aprobado, hubiese dado al traste con cualquier esperanza de libertad en la Red española.
Vergüenza ajena y profunda tristeza, antes que indignación, fue lo que sintió cualquier jurista que merezca tal nombre, al leer la propuesta de artículo 17 bis, que dejaba en las manos de las entidades de recaudación de derechos de autor la facultad de intimidar a los intermediarios de los contenidos de Internet. El texto establecía un ridículo protocolo de notificación, cuyo único objetivo era amedrentar a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, que de tal forma podían verse compelidos a ejercer la censura sobre los datos y contenidos remitidos por sus usuarios.
La historia oficial contará que la pronta reacción de la comunidad internauta impidió el desastre. Sea: bien está lo que bien acaba. Quizás algún día, alguien en sus memorias contará como fue todo, y cómo se acabó decantando una avinagrada Comisión de Subsecretarios. Cómo se rabió en un Ministerio y se rió en otro. Y cómo un Secretario de Estado enmendó la plana a su Director General. Algún día se conocerá todo. Pero de momento disfrutemos del sainete, con ese momento supremo: la teatral espantada de los representantes de la farándula, dando un portazo al Comité Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que envió al limbo de la vergüenza el fallido proyecto de censura de Internet, encarnado en el infame artículo 17 bis.
El proyecto de reforma de la LSSI que finalmente llega al Congreso ha sido sustancialmente edulcorado. Si bien se mantienen referencias en los artículos 8 y 11, que regulan la restricción de servicios, a un “órgano competente” no necesariamente judicial, se ha introducido una matización sustancial en el apartado 3 del artículo 11, indicándose que la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
Especialmente divertida, no obstante, es la cutrez de la propuesta que se contiene en el proyectado artículo 12 bis, apartado 4, que establece que los proveedores de servicios de acceso a Internet deberán facilitar
“información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial”
En resumidas cuentas: nuestros actuales gobernantes, no contentos con gastar fondos públicos en la promoción de campañas repletas de falsedades sobre la pretendida responsabilidad penal de las descargas en Internet, ahora aspiran a que empresas privadas dediquen parte de sus recursos al adoctrinamiento masivo contra lo que los mercaderes de la cultura consideran piratería. Al menos podrían proponer, de forma coetánea, una rebaja en el Impuesto de Sociedades para dichas empresas, inventando un nuevo epígrafe: donaciones culturales a la farándula.
5. Quien a hierro mata, a hierro muere
La LSSI sigue siendo tan inútil ahora como hace seis años. Para decir lo que ya dice la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, no hacía falta ni tanto viaje de ida y vuelta, ni tantas alforjas vacías. Pero en fin, aquí estamos, y habrá que seguir estando vigilante durante toda la tramitación parlamentaria: la fase de enmiendas aún puede traer sorpresas.
Lo que pretende la LSSI es que las autoridades facultadas para intervenir en materias como disciplina de mercado, sanidad y consumo, protección de la juventud y la infancia, etcétera, puedan actuar en Internet como en el mundo real, retirando de los escaparates productos nocivos y defectuosos. El problema, como no me he cansado de repetir desde el año 2001, es que lo que en el mundo real es un escaparate, en Internet puede ser una página web. Y las páginas web no pueden enviarse a la hoguera: no sólo porque no arden, sino porque sólo el Poder Judicial está facultado en España para quemar libros.
Tal como pasaba con la LSSI del Partido Popular, la LSSI del Partido Socialista puede prestarse a interpretaciones desviadas por parte de funcionarios estatales, autonómicos o municipales, que entiendan que sus competencias les facultan para interesar la restricción de servicios, y que con mayor o menor fortuna piensen que lo que ordenan no afecta a la libertad de expresión. Y aquí reside el problema: sopesar qué afecta, y qué no, a la libertad de expresión, no debe quedar jamás al arbitrio de un funcionario municipal, sino de un Juez.
Así las cosas, la comunidad internauta se va a ver nuevamente en la obligación de sacar fuerzas de flaqueza y enseñar los dientes. La mejor LSSI es la que no existe, pero si no hay más remedio que aguantar una, que al menos en ella se refuercen las competencias del Poder Judicial. Y para ello nada mejor que mejorar las garantías ya presentes en nuestro ordenamiento jurídico, que considera delito el ejercicio de la censura previa.
Además de consolidar la reforma operada en el apartado 3 del artículo 11 de la LSSI, dejando claro que sólo el Poder Judicial está facultado para secuestrar páginas de Internet, no estaría de más imponerle a las autoridades una sutil espada de Damocles, remitiendo desde el articulado a lo dispuesto en el artículo 538 del Código Penal, que dispone lo siguiente:
“La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años.”
Puestos a redactar leyes, y teniendo en cuenta que lo que pretende siempre el Poder es ampliar sus prerrogativas, los ciudadanos debemos exigir que se implanten mayores garantías de nuestros derechos. Que todo poder tenga su contrapeso, y que toda desviación de poder tenga su castigo. Ya que la protección constitucional de la libertad de expresión se extiende a las páginas de Internet, la Constitución en negativo que es el Código Penal debe impedir toda censura de páginas web, y no sólo con inhabilitación para el funcionario, sino con cárcel.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que la reforma de la LSSI va a coincidir en el Congreso con la reforma del Código Penal, sería bueno que algún legislador con redaños se arremangase y se pusiese con el tema. Quizás hasta descubre que redactando bien una sola Ley, el Código Penal, puede enviar la LSSI al limbo del olvido.
6. La libertad, Sancho…
“… es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.”
Impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, el meme oficial del centenario de la publicación del Quijote ha lastrado buena parte de la legislatura. Pero a pesar del hastío que su extenuante reiteración ha producido en los últimos años, las palabras de Miguel de Cervantes, y los refranes de Sancho, siguen tan vigentes hoy como hace cuatro siglos. Ningún bien puede compararse a la libertad, y de entre todas las libertades, ninguna como la libertad de palabra.
Los ciudadanos asisten atónitos, desde hace años, a una histérica, zafia, y por si fuera poco, aburrida representación de títeres de cachiporra. Una batalla impulsada desde poderosos grupos mediáticos, que han convertido la actualidad política en un ridículo toma y daca de mamporros entre los dos partidos mayoritarios. Tras las candilejas, los responsables de la función esperan su momento.
El poder mediático, que no es sino la espuma del verdadero poder, quiere controlar Internet a cualquier precio. Y en buena parte ya lo está consiguiendo: la forma en que la propia Internet digiere la actualidad viene condicionada desde fuera de la Red. Podemos menear al elefante sobre una telaraña, pero nunca sabremos de dónde cuelgan los hilos.
No tenemos aliados. Aquellos que creemos que la única y verdadera herencia de nuestros hijos es la libertad, no podremos confiar jamás en ningún poder. Paradójicamente, nuestra única esperanza, hoy, no está en el orden sino en el caos que Internet representa. Proteger la libertad que encarna ese caos es nuestra única obligación, nuestro único legado.
Estamos solos: ningún poder nos apoya. Y por principio, debemos desconfiar de todos ellos: del poder político, del poder económico y del poder mediático. Ahora y siempre, lo que sea Internet, y lo que la explosiva libertad que Internet representa pueda suponer para el futuro, sólo depende de nosotros mismos.
No bajemos la guardia.
Valencia, 9 de mayo de 2007.
Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa.
Carlos Marx, "El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte".
1. De aquellos polvos, estos lodos
Año 2000. Gobernaba España el Partido Popular, que gozaba desde marzo de aquel año de una envidiable situación de mayoría absoluta, que le permitía gobernar sin necesidad de alianzas con otros partidos. Al frente del recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología se encontraba la brillante profesional Anna Birulés, escoltada por dos hombres fuertes del think-tank de José María Aznar: Baudilio Tomé y Borja Adsuara, muy vinculados a la fundación FAES, y que ocupaban respectivamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Se había aprobado en fechas recientes la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, sobre el comercio electrónico. Una directiva ésta cuyo objetivo fundamental era la armonización de las diferentes legislaciones nacionales, para que sus diferencias no afecten al tráfico económico y los principios que rigen en el ámbito de la Unión.
Los Considerandos de la Directiva indicaban claramente que sus medidas se limitaban al mínimo necesario para conseguir el objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior, garantizando que no existan fronteras interiores para el comercio electrónico. La Directiva era respetuosa con la libertad propia de Internet, en especial en sus considerandos, donde se afirmaba que no estaba destinada “a influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión.”
Todos los principios de la Directiva fueron conculcados por el Gobierno del Partido Popular al trasponer la norma comunitaria al ordenamiento jurídico español. Allí donde la Directiva establecía el principio de no autorización previa, los primeros anteproyectos de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) establecían la obligación de inscribirse en un registro especial. Del mismo modo, se regularon otros aspectos no cubiertos por la directiva, entre los que destacan la obligación de retención de datos de tráfico impuesta a determinados proveedores, así como los criterios de atribución de responsabilidad por hipervínculos, ausentes del texto de la Directiva. Finalmente, no se plasmó en el texto de la Ley un punto esencial de la norma comunitaria: la no exigencia de un deber general de supervisión de contenidos.
El artículo 8 de la LSSI fue sin duda el más problemático, puesto que en sus primeras versiones permitía la extralimitación de la autoridad administrativa, vulnerando lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, que dispone que sólo pueden secuestrarse publicaciones mediante orden judicial. El propio Grupo Parlamentario Popular tuvo que rectificar el proyecto, ya en el Parlamento, para establecer la necesidad de intervención del Poder Judicial en casos que afectasen al derecho fundamental a la Libertad de Expresión.
Finalmente, la LSSI fue aprobada como Ley 34/2002, de 11 de julio, y entró en vigor el 12 de octubre de 2002. Sus múltiples deficiencias, sobre todo las relativas a la responsabilidad por contenidos ajenos (transmisión, caché, alojamiento de datos e hiperenlaces), ocasionarían en los años siguientes buen número de paradojas judiciales. No en vano se había establecido, de forma totalmente arbitraria e irracional, una doble vara de medir. Dos sistemas distintos de imputación de responsabilidad, dos leyes de prensa: una para el mundo real y otra para el mundo digital.
2. Allá van leyes do quieren reyes
Los medios de comunicación convencionales tienen diversos sistemas de control de contenidos, en virtud de los cuales la información ha de pasar por múltiples filtros antes de ser publicada. Un piélago de periodistas, correctores y redactores jefe revisan los textos antes de que lleguen a la rotativa. Como contrapartida a tal sistema de control de la información, las leyes en vigor permiten atribuir la responsabilidad, de forma escalonada, a todos aquellos que hayan participado en su publicación.
En Internet nunca fue así. Desde el principio, la “conversación universal sin fin” estuvo presidida por la falta de control. Internet permitió bien pronto la interacción de sus usuarios en la publicación de contenidos, constituyendo en la práctica la más amplia redacción jamás creada. Esta característica fundacional de Internet, que de forma errónea se ha atribuido en los últimos tiempos a la denominada “Web 2.0.”, era por el contrario una propiedad intrínseca de la Red de redes. Como herencia directa del movimiento underground agrupado alrededor de las BBS, mediados los años 90 se constituyeron en Internet comunidades virtuales orientadas al intercambio de información, páginas web cuyo contenido fundamental era aportado por los usuarios, foros de debate cuya única razón de existencia era permitir a los ciudadanos expresarse libremente. El ágora, la plaza pública, donde ni la tijera ni el lápiz rojo tenían poder alguno.
Los sistemas automatizados de publicación de contenidos hacían necesaria una nueva regulación, donde quedase claro que sólo podía atribuirse responsabilidad a aquellos que tuviesen el control efectivo de la publicación de un determinado contenido, y no a los intermediarios que desempeñaban un papel estrictamente técnico en la transmisión, alojamiento o enlace. Así, la Directiva comunitaria 2000/31/CE, establecía la inexistencia de una obligación general de supervisión de contenidos, de manera que no podía hacerse responsable a los intermediarios en aquellos casos que actuasen de forma meramente instrumental, sin intervenir en la gestación de los contenidos por parte de los usuarios de los servicios de publicación.
Se hubiese podido hacer bien, pero aquel Gobierno no quiso escuchar. En lugar de trasponer la directiva modificando aquellas leyes que pudiesen resultar afectadas, se decidió redactar una ley general para Internet. En lugar de modificar el artículo 30 del Código Penal, que establece la responsabilidad en cascada de medios de información mecánicos, para dar cabida a los nuevos medios, se decidió crear un sistema paralelo de responsabilidad. Como consecuencia de ello, en la situación dual que se ha establecido en el derecho español, la responsabilidad no pivota sobre el efectivo control del contenido por parte de redactor, director o editor, sino sobre si el medio es digital o no lo es.
Lo lógico sería que nadie tuviese que responder por los actos de otro, si no tiene la obligación, o al menos la capacidad, de supervisar dichos actos. Que a nadie se le pudiese atribuir responsabilidad de forma automática, sino en función de sus propios actos, valorando las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Desgraciadamente no ocurrió así, en primer lugar por la imprevisión del legislador, y seguidamente por la impericia de los encargados de hacer cumplir la ley.
A poco de entrar en vigor la nueva LSSI, una Juez de Barcelona dictó la primera resolución judicial que analizaba la responsabilidad por contenidos ajenos en Internet: el caso Ajoderse.com. Se trataba de una página que contenía una colección de hiperenlaces a otras páginas de Internet que, sin poder demostrarse que puedan pertenecer al mismo administrador, contenían información relacionada con la posibilidad de visualizar gratuitamente las señales de televisión de pago.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en auto de fecha 7 de marzo de 2003, resolvió que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, y ello por cuanto de conformidad con el artículo 17 de la LSSI, sólo podía imputarse responsabilidad por hiperenlaces al administrador de un sitio cuando éste tiene conocimiento efectivo de que dichos contenidos han sido declarados ilegales por una autoridad. Conocimiento efectivo que no cabe presumir, sino que debe basarse en la notificación de la correspondiente resolución.
A este primer caso siguieron muchos más, y desgraciadamente no todos ellos fueron decididos por personas versadas en la nueva normativa. Y así, se llegó a sentar en el banquillo al administrador de la página Esgay.com, un sistema automatizado de publicación de contenidos, de carácter humorístico, donde sólo el usuario del sitio tiene el control de la broma. Se condenó a la Asociación de Internautas por los contenidos del subdominio antisgae.internautas.org, pese a que la actividad de la Asociación se limitó a ofrecer hosting a terceros, que eran los únicos que tenían el control efectivo del subdominio. Y se procesó, demandó, o simplemente intimidó, a múltiples sitios web, foros y weblogs, en base a comentarios, enlaces o contenidos remitidos por usuarios, que los administradores de los sitios ni siquiera habían validado. De tal forma, decenas de sitios web se han convertido, muchas veces sin buscarlo, en héroes y mártires de la libertad de expresión en la Red. Bandaancha, Frikipedia, Mafius, Merodeando, Pandeblog, Alasbarricadas… y otros muchos, todos ellos en el punto de mira de aquellos a quienes incomoda la efervescencia libertaria que vive la Red.
3. Donde dije digo, digo Diego
La LSSI tenía lo peor que podía tener una ley: ausencia de claridad, redacción zigzagueante, ambigüedad, y lo peor de todo: falta de anclaje en la realidad. La única forma de solucionar el embrollo hubiese sido trasponer los principios de la directiva a las fuentes internas del derecho español, clarificando en el Código Penal o en una Ley de Prensa democrática, los supuestos en que podía atribuirse responsabilidad al medio de comunicación donde se publiquen determinados contenidos, estableciéndose claramente los supuestos de exoneración de responsabilidad por falta de control sobre la publicación. Y ello con independencia del medio empleado: delitos como la injuria, la calumnia, las amenazas, o la incitación al odio xenófobo, son los mismos delitos en Internet y fuera de ella, careciendo de toda lógica que tengan dos regímenes distintos de responsabilidad.
Durante el debate parlamentario de 2002, el Partido Socialista presentó una enmienda a la totalidad, interesando la devolución del proyecto de Ley, y asimismo anunció que cuando llegase al poder, derogaría dicha norma. Bien pronto se faltó al compromiso que figura en los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales.
En el año 2004 se celebraron elecciones y cambió el gobierno. Como consecuencia de la falta de una mayoría clara, y las luchas de las diferentes camarillas existentes en su partido, el nuevo Presidente del Gobierno se vio obligado a poner al frente del nuevo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a un personaje como José Montilla. Un individuo éste cuya férrea trayectoria como aparatchik no permitía augurar una especial sensibilidad para con la libertad de expresión.
Los malos augurios se confirmaron. Desde la marcha de Anna Birulés, los sucesivos ministros que asumieron la responsabilidad de la Sociedad de la Información utilizaron su cartera ministerial para impulsar su carrera política hacia otros derroteros: dos de ellos, Piqué y Montilla, acabarían compitiendo por la Presidencia de la Generalitat catalana. Tras una gestión anodina, el futuro Molt Honorable dejó en herencia a su sucesor un único proyecto de Ley relevante para Internet: la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, que contenía, como regalo envenenado para Joan Clos, una reforma de la Ley que los socialistas habían prometido derogar: la LSSI.
El anteproyecto, presentado en septiembre de 2006, era absolutamente inasumible, y bien pronto la comunidad internauta mostró su enojo frente al nuevo texto: la reforma proyectada de los artículos 8 y 11 de la LSSI facultaba a la autoridad administrativa para ejercer funciones de restricción de contenidos. El Gobierno del Partido Socialista, en un giro de 180 grados con respecto a lo que sostuvo desde la oposición, sustraía a los jueces su competencia exclusiva en materia de libertad de expresión.
Pero el sainete no había hecho sino comenzar. Los representantes del gremio de la farándula, agrupados en torno a las poderosas entidades de recaudación de derechos de autor, dieron una nueva vuelta de tuerca a la obra, convirtiendo la tragedia en farsa.
4. Por si fuéramos pocos, parió la Burra
Algún día se sabrá toda la verdad: siempre hay un juguete roto que acaba contándola. Alguien que pretendía ascender, dar un golpe de efecto que permitiese consolidar su carrera, y que acaba convirtiéndose en el rufián del vodevil. Aunque en este caso, quizás haya tenido suerte, y aún podrá seguir medrando: tendría que estar agradecido a los venerables miembros del Consejo de Estado, cuyas prudentes advertencias han llevado al tahúr a hacer mutis por el foro.
En algún punto entre septiembre de 2006, cuando aparece el primer anteproyecto en la web del Ministerio de Industria, y abril de 2007, momento en que el proyecto es aprobado por el Consejo de Ministros, alguien decidió introducir en el proyecto de reforma de la LSSI un nuevo artículo 17 bis, que de haber sido aprobado, hubiese dado al traste con cualquier esperanza de libertad en la Red española.
Vergüenza ajena y profunda tristeza, antes que indignación, fue lo que sintió cualquier jurista que merezca tal nombre, al leer la propuesta de artículo 17 bis, que dejaba en las manos de las entidades de recaudación de derechos de autor la facultad de intimidar a los intermediarios de los contenidos de Internet. El texto establecía un ridículo protocolo de notificación, cuyo único objetivo era amedrentar a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, que de tal forma podían verse compelidos a ejercer la censura sobre los datos y contenidos remitidos por sus usuarios.
La historia oficial contará que la pronta reacción de la comunidad internauta impidió el desastre. Sea: bien está lo que bien acaba. Quizás algún día, alguien en sus memorias contará como fue todo, y cómo se acabó decantando una avinagrada Comisión de Subsecretarios. Cómo se rabió en un Ministerio y se rió en otro. Y cómo un Secretario de Estado enmendó la plana a su Director General. Algún día se conocerá todo. Pero de momento disfrutemos del sainete, con ese momento supremo: la teatral espantada de los representantes de la farándula, dando un portazo al Comité Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que envió al limbo de la vergüenza el fallido proyecto de censura de Internet, encarnado en el infame artículo 17 bis.
El proyecto de reforma de la LSSI que finalmente llega al Congreso ha sido sustancialmente edulcorado. Si bien se mantienen referencias en los artículos 8 y 11, que regulan la restricción de servicios, a un “órgano competente” no necesariamente judicial, se ha introducido una matización sustancial en el apartado 3 del artículo 11, indicándose que la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
Especialmente divertida, no obstante, es la cutrez de la propuesta que se contiene en el proyectado artículo 12 bis, apartado 4, que establece que los proveedores de servicios de acceso a Internet deberán facilitar
“información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial”
En resumidas cuentas: nuestros actuales gobernantes, no contentos con gastar fondos públicos en la promoción de campañas repletas de falsedades sobre la pretendida responsabilidad penal de las descargas en Internet, ahora aspiran a que empresas privadas dediquen parte de sus recursos al adoctrinamiento masivo contra lo que los mercaderes de la cultura consideran piratería. Al menos podrían proponer, de forma coetánea, una rebaja en el Impuesto de Sociedades para dichas empresas, inventando un nuevo epígrafe: donaciones culturales a la farándula.
5. Quien a hierro mata, a hierro muere
La LSSI sigue siendo tan inútil ahora como hace seis años. Para decir lo que ya dice la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, no hacía falta ni tanto viaje de ida y vuelta, ni tantas alforjas vacías. Pero en fin, aquí estamos, y habrá que seguir estando vigilante durante toda la tramitación parlamentaria: la fase de enmiendas aún puede traer sorpresas.
Lo que pretende la LSSI es que las autoridades facultadas para intervenir en materias como disciplina de mercado, sanidad y consumo, protección de la juventud y la infancia, etcétera, puedan actuar en Internet como en el mundo real, retirando de los escaparates productos nocivos y defectuosos. El problema, como no me he cansado de repetir desde el año 2001, es que lo que en el mundo real es un escaparate, en Internet puede ser una página web. Y las páginas web no pueden enviarse a la hoguera: no sólo porque no arden, sino porque sólo el Poder Judicial está facultado en España para quemar libros.
Tal como pasaba con la LSSI del Partido Popular, la LSSI del Partido Socialista puede prestarse a interpretaciones desviadas por parte de funcionarios estatales, autonómicos o municipales, que entiendan que sus competencias les facultan para interesar la restricción de servicios, y que con mayor o menor fortuna piensen que lo que ordenan no afecta a la libertad de expresión. Y aquí reside el problema: sopesar qué afecta, y qué no, a la libertad de expresión, no debe quedar jamás al arbitrio de un funcionario municipal, sino de un Juez.
Así las cosas, la comunidad internauta se va a ver nuevamente en la obligación de sacar fuerzas de flaqueza y enseñar los dientes. La mejor LSSI es la que no existe, pero si no hay más remedio que aguantar una, que al menos en ella se refuercen las competencias del Poder Judicial. Y para ello nada mejor que mejorar las garantías ya presentes en nuestro ordenamiento jurídico, que considera delito el ejercicio de la censura previa.
Además de consolidar la reforma operada en el apartado 3 del artículo 11 de la LSSI, dejando claro que sólo el Poder Judicial está facultado para secuestrar páginas de Internet, no estaría de más imponerle a las autoridades una sutil espada de Damocles, remitiendo desde el articulado a lo dispuesto en el artículo 538 del Código Penal, que dispone lo siguiente:
“La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años.”
Puestos a redactar leyes, y teniendo en cuenta que lo que pretende siempre el Poder es ampliar sus prerrogativas, los ciudadanos debemos exigir que se implanten mayores garantías de nuestros derechos. Que todo poder tenga su contrapeso, y que toda desviación de poder tenga su castigo. Ya que la protección constitucional de la libertad de expresión se extiende a las páginas de Internet, la Constitución en negativo que es el Código Penal debe impedir toda censura de páginas web, y no sólo con inhabilitación para el funcionario, sino con cárcel.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que la reforma de la LSSI va a coincidir en el Congreso con la reforma del Código Penal, sería bueno que algún legislador con redaños se arremangase y se pusiese con el tema. Quizás hasta descubre que redactando bien una sola Ley, el Código Penal, puede enviar la LSSI al limbo del olvido.
6. La libertad, Sancho…
“… es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.”
Impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, el meme oficial del centenario de la publicación del Quijote ha lastrado buena parte de la legislatura. Pero a pesar del hastío que su extenuante reiteración ha producido en los últimos años, las palabras de Miguel de Cervantes, y los refranes de Sancho, siguen tan vigentes hoy como hace cuatro siglos. Ningún bien puede compararse a la libertad, y de entre todas las libertades, ninguna como la libertad de palabra.
Los ciudadanos asisten atónitos, desde hace años, a una histérica, zafia, y por si fuera poco, aburrida representación de títeres de cachiporra. Una batalla impulsada desde poderosos grupos mediáticos, que han convertido la actualidad política en un ridículo toma y daca de mamporros entre los dos partidos mayoritarios. Tras las candilejas, los responsables de la función esperan su momento.
El poder mediático, que no es sino la espuma del verdadero poder, quiere controlar Internet a cualquier precio. Y en buena parte ya lo está consiguiendo: la forma en que la propia Internet digiere la actualidad viene condicionada desde fuera de la Red. Podemos menear al elefante sobre una telaraña, pero nunca sabremos de dónde cuelgan los hilos.
No tenemos aliados. Aquellos que creemos que la única y verdadera herencia de nuestros hijos es la libertad, no podremos confiar jamás en ningún poder. Paradójicamente, nuestra única esperanza, hoy, no está en el orden sino en el caos que Internet representa. Proteger la libertad que encarna ese caos es nuestra única obligación, nuestro único legado.
Estamos solos: ningún poder nos apoya. Y por principio, debemos desconfiar de todos ellos: del poder político, del poder económico y del poder mediático. Ahora y siempre, lo que sea Internet, y lo que la explosiva libertad que Internet representa pueda suponer para el futuro, sólo depende de nosotros mismos.
No bajemos la guardia.
Valencia, 9 de mayo de 2007.
Firma el gobernador de Oklahoma ley que obliga a policía detener a indocumentados
Agencias
Dallas. El gobernador de Oklahoma, Brad Henry, firmó y convirtió en ley una iniciativa antinmigrante, considerada como una de las más duras decretadas hasta ahora.
La medida, aprobada por la mayoría de representantes y senadores estatales a finales de abril, obligará a los agentes de policía en Oklahoma a detener indocumentados y convierte en delito estatal transportar, esconder y albergar a un inmigrante sin papeles.
La nueva ley, que entrara en vigor en noviembre próximo, elimina también los beneficios y subsidios gubernamentales a los indocumentados en atención a la salud y bienestar social, excepto en emergencias y servicios humanitarios.
El estatuto obliga además a las dependencias estatales a verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de sus nuevos empleados e impide a las autoridades contratar a compañías que no verifiquen la condición migratoria de sus trabajadores.
Henry dijo que la nueva ley constituye una medida temporal para lidiar con el problema de la inmigración ilegal que es una responsabilidad del gobierno federal.
"Los estados pueden tomar algunas acciones propias, pero hasta que el Congreso de Estados Unidos apruebe una política de inmigración nacional y completa los ciudadanos verán muy poco progreso en este asunto", indicó el gobernador.
Henry firmó la iniciativa este martes en el último día de plazo que tenia para hacerlo, a fin de que se convirtiera en ley.
Organizaciones hispanas y de derechos de los inmigrantes habían solicitado al gobernador en los últimos días vetar la iniciativa.
Dallas. El gobernador de Oklahoma, Brad Henry, firmó y convirtió en ley una iniciativa antinmigrante, considerada como una de las más duras decretadas hasta ahora.
La medida, aprobada por la mayoría de representantes y senadores estatales a finales de abril, obligará a los agentes de policía en Oklahoma a detener indocumentados y convierte en delito estatal transportar, esconder y albergar a un inmigrante sin papeles.
La nueva ley, que entrara en vigor en noviembre próximo, elimina también los beneficios y subsidios gubernamentales a los indocumentados en atención a la salud y bienestar social, excepto en emergencias y servicios humanitarios.
El estatuto obliga además a las dependencias estatales a verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de sus nuevos empleados e impide a las autoridades contratar a compañías que no verifiquen la condición migratoria de sus trabajadores.
Henry dijo que la nueva ley constituye una medida temporal para lidiar con el problema de la inmigración ilegal que es una responsabilidad del gobierno federal.
"Los estados pueden tomar algunas acciones propias, pero hasta que el Congreso de Estados Unidos apruebe una política de inmigración nacional y completa los ciudadanos verán muy poco progreso en este asunto", indicó el gobernador.
Henry firmó la iniciativa este martes en el último día de plazo que tenia para hacerlo, a fin de que se convirtiera en ley.
Organizaciones hispanas y de derechos de los inmigrantes habían solicitado al gobernador en los últimos días vetar la iniciativa.
Detienen a dos ex represores de la dictadura argentina
Afp
Buenos Aires. Dos ex jefes policiales fueron detenidos acusados de delitos cometidos en la dictadura argentina (1976-83), entre los que figura la desaparición de un hijo de Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, informó esta noche una fuente judicial. Se trata de Pedro Antonio Ferriole, ex jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979, y Bernabé Jesús Corrales, ex subjefe de esa dependencia. Ferriole está acusado por los secuestros y desapariciones de Rolando Acuña, Raúl Alfredo Bonafini y José Fernando Fanjul Mahía, entre otras.
Buenos Aires. Dos ex jefes policiales fueron detenidos acusados de delitos cometidos en la dictadura argentina (1976-83), entre los que figura la desaparición de un hijo de Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, informó esta noche una fuente judicial. Se trata de Pedro Antonio Ferriole, ex jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979, y Bernabé Jesús Corrales, ex subjefe de esa dependencia. Ferriole está acusado por los secuestros y desapariciones de Rolando Acuña, Raúl Alfredo Bonafini y José Fernando Fanjul Mahía, entre otras.
Reitera Ecuador su rechazo a un TLC con EU
AFP , DPA , PL
Quito, 9 de mayo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró hoy ante el subsecretario estadunidense de Estado, John Dimitri Negroponte, su rechazo a un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral y ratificó su empeño en "una transformación social real", además de exigirle recompensas arancelarias por la lucha antidrogas.
Negroponte fue recibido por Correa en el palacio presidencial de Carondelet, mientras que afuera cientos de manifestantes protestaron en repudio al visitante atados con cadenas y envueltos en bolsas negras, simbolizando a los presos de Irak; otros lucían los uniformes del campo de concentración de Guantánamo.
"El presidente fue muy enfático al declarar que Ecuador no comulga con los principios del llamado libre comercio y que cree que un posible tratado habría sido muy perjudicial para las economías campesinas", indicó la canciller María Fernanda Espinosa.
Correa y Negroponte conversaron "cordialmente" durante hora y media sobre varios temas, aunque evitaron referirse a la controversia por el retiro de Ecuador de las maniobras Unitas que motivó la entrega de una carta de protesta a Washington.
"Correa insistió en que Ecuador está empeñado en llevar a cabo un proceso de transformación social real y que no puede haber una democracia política si no existe una democracia económica", sostuvo Espinosa. No obstante, mostraron interés en "un diálogo para avanzar en un contexto comercial predecible a largo plazo luego de la ampliación de las preferencias arancelarias andinas (vigentes hasta 2009)".
Correa y Negroponte también hablaron sobre la "lucha ecuatoriana contra el narcotráfico, la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Carta Política y de las relaciones entre Quito y Bogotá".
El mandatario ecuatoriano, quien ha expresado su negativa a extender el tratado de la base militar de Manta, escuchó luego a Negroponte, quien aseguró que comprende la importancia de los beneficios aduaneros que otorga Washington en retribución a la lucha antidrogas, y que el gobierno de George W. Bush aboga ante el Congreso por las ampliación de esas prerrogativas.
Procedente de Colombia, el ex zar de inteligencia estadunidense aseguró que su gobierno prefiere a los países que han negociado un TLC "porque con ello están beneficiando a sus sociedades".
Negroponte acusa a Venezuela
Insistió en acusar a Venezuela de no combatir con determinación el narcotráfico y de que se ha convertido en un lugar de tránsito de grandes cantidades de droga con destino a Europa.
En respuesta, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Negroponte de estar vinculado a la venta de drogas para comprar armas en el mercado mundial cuando financiaban las actividades de la contra nicaragüense, en su época de embajador en Honduras, y citó al zar antidrogas John Walters como uno de los posibles millones de consumidores y que ahora pretende pontificar sobre la lucha contra el narcotráfico.
Quito, 9 de mayo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró hoy ante el subsecretario estadunidense de Estado, John Dimitri Negroponte, su rechazo a un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral y ratificó su empeño en "una transformación social real", además de exigirle recompensas arancelarias por la lucha antidrogas.
Negroponte fue recibido por Correa en el palacio presidencial de Carondelet, mientras que afuera cientos de manifestantes protestaron en repudio al visitante atados con cadenas y envueltos en bolsas negras, simbolizando a los presos de Irak; otros lucían los uniformes del campo de concentración de Guantánamo.
"El presidente fue muy enfático al declarar que Ecuador no comulga con los principios del llamado libre comercio y que cree que un posible tratado habría sido muy perjudicial para las economías campesinas", indicó la canciller María Fernanda Espinosa.
Correa y Negroponte conversaron "cordialmente" durante hora y media sobre varios temas, aunque evitaron referirse a la controversia por el retiro de Ecuador de las maniobras Unitas que motivó la entrega de una carta de protesta a Washington.
"Correa insistió en que Ecuador está empeñado en llevar a cabo un proceso de transformación social real y que no puede haber una democracia política si no existe una democracia económica", sostuvo Espinosa. No obstante, mostraron interés en "un diálogo para avanzar en un contexto comercial predecible a largo plazo luego de la ampliación de las preferencias arancelarias andinas (vigentes hasta 2009)".
Correa y Negroponte también hablaron sobre la "lucha ecuatoriana contra el narcotráfico, la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Carta Política y de las relaciones entre Quito y Bogotá".
El mandatario ecuatoriano, quien ha expresado su negativa a extender el tratado de la base militar de Manta, escuchó luego a Negroponte, quien aseguró que comprende la importancia de los beneficios aduaneros que otorga Washington en retribución a la lucha antidrogas, y que el gobierno de George W. Bush aboga ante el Congreso por las ampliación de esas prerrogativas.
Procedente de Colombia, el ex zar de inteligencia estadunidense aseguró que su gobierno prefiere a los países que han negociado un TLC "porque con ello están beneficiando a sus sociedades".
Negroponte acusa a Venezuela
Insistió en acusar a Venezuela de no combatir con determinación el narcotráfico y de que se ha convertido en un lugar de tránsito de grandes cantidades de droga con destino a Europa.
En respuesta, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Negroponte de estar vinculado a la venta de drogas para comprar armas en el mercado mundial cuando financiaban las actividades de la contra nicaragüense, en su época de embajador en Honduras, y citó al zar antidrogas John Walters como uno de los posibles millones de consumidores y que ahora pretende pontificar sobre la lucha contra el narcotráfico.
Ordena Lula a Petrobras aceptar la oferta de Bolivia por sus refinerías
Brasil temía ser responsable de una eventual inestabilidad a causa de la pugna
La Paz pagará 110 mdd por las dos plantas ubicadas en Cochabamba y Santa Cruz
DPA , AFP
El presidente brasileño, Lula da Silva, tras resolver el conflicto con Bolivia por la venta de refinerías en ese país, declaró ayer que su prioridad es la integración latinoamericana Foto: Reuters
Rio de Janeiro, 9 de mayo. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ordenó a la estatal Petrobras que acepte la oferta de 110 millones de dólares presentada por el gobierno boliviano por las dos refinerías que tiene la empresa brasileña en el país andino, aseguró la agencia Estado.
Según el informe, que se remite a ''un importante funcionario del gobierno'' brasileño, en las negociaciones celebradas hoy en La Paz -que terminaron sin acuerdo- Petrobras propuso a la estatal boliviana YPFB que pagara 120 millones por las dos plantas ubicadas en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra.
''De ese total, 80 millones de dólares serían por los activos de las dos refinerías, y 40 millones de dólares por las disponibilidades (de combustibles)'', aclaró la agencia. La misma fuente informó que el presidente de Bolivia, Evo Morales, habría hecho una contrapropuesta de 110 millones de dólares, y que el presidente ''ordenó'' a Petrobras cerrar el negocio.
El funcionario afirmó que en el gobierno brasileño se temía que, de no lograrse un acuerdo, ''Brasil pudiera ser responsabilizado de una eventual inestabilidad política en Bolivia, en función de la controversia en torno a las refinerías''.
Petrobras anunció el lunes pasado su decisión de deshacerse de las dos plantas, después de que el gobierno de Morales firmara un decreto que otorga a YPFB el monopolio de exportación de crudo reconstituido y de gasolina blanca lo que, según la empresa brasileña, reduciría drásticamente su flujo de caja.
En declaraciones formuladas hoy, el portavoz del gobierno boliviano, Alex Contreras, informó que las autoridades desean fijar un ''precio justo'' por la recompra de las refinerías de Valla Hermoso, en Cochabamba, y Palmasola, en Santa Cruz.
''Era una reunión de aclaraciones, aclaramos la propuesta que hizo Petrobras. El ministro (Carlos Villegas) lo entendió y van a tomar sus recaudos. La propuesta de Petrobras se mantiene tal como está. Ahora el gobierno se va a tomar su tiempo para hacer su evaluación'', dijo el presidente de Petrobras Bolivia a los periodistas.
En Brasilia, durante una entrevista, Lula da Silva aseguró que la integración continental sigue siendo la primera prioridad de su política exterior, ya que ''es la única posibilidad de convertir a Sudamérica y a América Latina en un continente que debe ser tomado en cuenta en el llamado orden político, social y económico del mundo''.
Destacó la importancia de fortalecer y ampliar el Mercosur, y tratar de reducir las asimetrías que perjudican a los socios menores del bloque, Paraguay u Uruguay. Aseveró que la propuesta de crear el Banco del Sur ''puede ser una realidad, si definimos correctamente lo que queremos''.
En las negociaciones en La Paz, se reunieron el ministro boliviano de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y el presidente de Petrobras-Bolivia, Fernando de Freitas, donde el gobierno del presidente Evo Morales expresó la intención de comprar las refinerías compradas por Petrobras en 1999 por unos 100 millones de dólares, durante el gobierno de Hugo Bánzer.
El Ejecutivo boliviano ofertó entre 60 y 70 millones de dólares por las dos plantas, mientras Petrobras habría solicitado entre 140 y 200 millones de dólares, que finalmente Lula da Silva ubicó en 110 millones, según versiones de la prensa local.
La Paz pagará 110 mdd por las dos plantas ubicadas en Cochabamba y Santa Cruz
DPA , AFP
El presidente brasileño, Lula da Silva, tras resolver el conflicto con Bolivia por la venta de refinerías en ese país, declaró ayer que su prioridad es la integración latinoamericana Foto: ReutersRio de Janeiro, 9 de mayo. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ordenó a la estatal Petrobras que acepte la oferta de 110 millones de dólares presentada por el gobierno boliviano por las dos refinerías que tiene la empresa brasileña en el país andino, aseguró la agencia Estado.
Según el informe, que se remite a ''un importante funcionario del gobierno'' brasileño, en las negociaciones celebradas hoy en La Paz -que terminaron sin acuerdo- Petrobras propuso a la estatal boliviana YPFB que pagara 120 millones por las dos plantas ubicadas en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra.
''De ese total, 80 millones de dólares serían por los activos de las dos refinerías, y 40 millones de dólares por las disponibilidades (de combustibles)'', aclaró la agencia. La misma fuente informó que el presidente de Bolivia, Evo Morales, habría hecho una contrapropuesta de 110 millones de dólares, y que el presidente ''ordenó'' a Petrobras cerrar el negocio.
El funcionario afirmó que en el gobierno brasileño se temía que, de no lograrse un acuerdo, ''Brasil pudiera ser responsabilizado de una eventual inestabilidad política en Bolivia, en función de la controversia en torno a las refinerías''.
Petrobras anunció el lunes pasado su decisión de deshacerse de las dos plantas, después de que el gobierno de Morales firmara un decreto que otorga a YPFB el monopolio de exportación de crudo reconstituido y de gasolina blanca lo que, según la empresa brasileña, reduciría drásticamente su flujo de caja.
En declaraciones formuladas hoy, el portavoz del gobierno boliviano, Alex Contreras, informó que las autoridades desean fijar un ''precio justo'' por la recompra de las refinerías de Valla Hermoso, en Cochabamba, y Palmasola, en Santa Cruz.
''Era una reunión de aclaraciones, aclaramos la propuesta que hizo Petrobras. El ministro (Carlos Villegas) lo entendió y van a tomar sus recaudos. La propuesta de Petrobras se mantiene tal como está. Ahora el gobierno se va a tomar su tiempo para hacer su evaluación'', dijo el presidente de Petrobras Bolivia a los periodistas.
En Brasilia, durante una entrevista, Lula da Silva aseguró que la integración continental sigue siendo la primera prioridad de su política exterior, ya que ''es la única posibilidad de convertir a Sudamérica y a América Latina en un continente que debe ser tomado en cuenta en el llamado orden político, social y económico del mundo''.
Destacó la importancia de fortalecer y ampliar el Mercosur, y tratar de reducir las asimetrías que perjudican a los socios menores del bloque, Paraguay u Uruguay. Aseveró que la propuesta de crear el Banco del Sur ''puede ser una realidad, si definimos correctamente lo que queremos''.
En las negociaciones en La Paz, se reunieron el ministro boliviano de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y el presidente de Petrobras-Bolivia, Fernando de Freitas, donde el gobierno del presidente Evo Morales expresó la intención de comprar las refinerías compradas por Petrobras en 1999 por unos 100 millones de dólares, durante el gobierno de Hugo Bánzer.
El Ejecutivo boliviano ofertó entre 60 y 70 millones de dólares por las dos plantas, mientras Petrobras habría solicitado entre 140 y 200 millones de dólares, que finalmente Lula da Silva ubicó en 110 millones, según versiones de la prensa local.
A los venezolanos lo que es de los venezolanos
Compró Caracas 79.62% de CANTV por mil 300 mdd
Venezuela controla ya su mayor empresa de telecomunicaciones
REUTERS
Caracas, 9 de mayo. Venezuela se aseguró el control de la Compañía de Telecomunicaciones (CANTV), al comprar hoy 79.62 por ciento de la misma por mil 300 millones de dólares. Con esta operación, el Estado venezolano quedará en posesión de 86.21 por ciento del paquete accionario de la empresa, tras haber adquirido en febrero pasado 6.59 por ciento.
El presidente Hugo Chávez había ordenado en enero la estatización de empresas estratégicas de los sectores de telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos, como parte del proceso con el que busca establecer un socialismo revolucionario en el país.
El Estado ofreció 4 mil 560.43 bolívares (2.12 dólares) por acción local de CANTV, y unos 14.85 dólares por Ads. El precio fue recibido con descontento por los inversionistas, que lo consideraron muy bajo respecto a la oferta que presentó el mexicano Carlos Slim en 2006, en la que planeaba pagar 21 dólares por Ads de CANTV.
Jesse Chacón, ministro de Telecomunicaciones, dijo que el remanente que no acudió a la oferta se concentró en manos de los trabajadores de la empresa, con 5.72 por ciento, mientras en la Bolsa de Valores de Nueva York quedó flotando 4.12 por ciento y, en Caracas, 3.95 por ciento de los títulos de la firma.
El funcionario especificó que los títulos seguirán transándose en las respectivas bolsas hasta que culmine definitivamente el proceso, que será a más tardar el 18 de mayo, cuando el Estado cancele el total de acciones adquiridas. Según Chacón, si quedan menos de 300 accionistas con papeles en circulación en la bolsa de Nueva York, el retiro sería automático.
Agregó que la operación de compra del 79.62 por ciento de CANTV, por mil 382.84 millones de dólares, se financiará mediante un crédito presupuestario de 700 millones de dólares, más otros 700 millones procedentes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), constituido con aportes de la renta petrolera.
Del total, 911 millones de dólares irán a los tenedores de Ads en Estados Unidos, y 417 millones de dólares a pagar a los accionistas locales.
Chacón confirmó que el 21 de mayo el Estado asumirá el control de las operaciones y anunciará la nueva directiva designada, así como los planes de negocio y posibles cambios de tarifas que está evaluando el gobierno.
El ministro prometió que 70 por ciento de la utilidad que el Estado perciba de la firma será reinvertido en infraestructura y nuevos servicios, en un país con baja penetración de telefonía fija por habitante.
A los venezolanos lo que es de los venezolanos, cual debe...
Venezuela controla ya su mayor empresa de telecomunicaciones
REUTERS
Caracas, 9 de mayo. Venezuela se aseguró el control de la Compañía de Telecomunicaciones (CANTV), al comprar hoy 79.62 por ciento de la misma por mil 300 millones de dólares. Con esta operación, el Estado venezolano quedará en posesión de 86.21 por ciento del paquete accionario de la empresa, tras haber adquirido en febrero pasado 6.59 por ciento.
El presidente Hugo Chávez había ordenado en enero la estatización de empresas estratégicas de los sectores de telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos, como parte del proceso con el que busca establecer un socialismo revolucionario en el país.
El Estado ofreció 4 mil 560.43 bolívares (2.12 dólares) por acción local de CANTV, y unos 14.85 dólares por Ads. El precio fue recibido con descontento por los inversionistas, que lo consideraron muy bajo respecto a la oferta que presentó el mexicano Carlos Slim en 2006, en la que planeaba pagar 21 dólares por Ads de CANTV.
Jesse Chacón, ministro de Telecomunicaciones, dijo que el remanente que no acudió a la oferta se concentró en manos de los trabajadores de la empresa, con 5.72 por ciento, mientras en la Bolsa de Valores de Nueva York quedó flotando 4.12 por ciento y, en Caracas, 3.95 por ciento de los títulos de la firma.
El funcionario especificó que los títulos seguirán transándose en las respectivas bolsas hasta que culmine definitivamente el proceso, que será a más tardar el 18 de mayo, cuando el Estado cancele el total de acciones adquiridas. Según Chacón, si quedan menos de 300 accionistas con papeles en circulación en la bolsa de Nueva York, el retiro sería automático.
Agregó que la operación de compra del 79.62 por ciento de CANTV, por mil 382.84 millones de dólares, se financiará mediante un crédito presupuestario de 700 millones de dólares, más otros 700 millones procedentes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), constituido con aportes de la renta petrolera.
Del total, 911 millones de dólares irán a los tenedores de Ads en Estados Unidos, y 417 millones de dólares a pagar a los accionistas locales.
Chacón confirmó que el 21 de mayo el Estado asumirá el control de las operaciones y anunciará la nueva directiva designada, así como los planes de negocio y posibles cambios de tarifas que está evaluando el gobierno.
El ministro prometió que 70 por ciento de la utilidad que el Estado perciba de la firma será reinvertido en infraestructura y nuevos servicios, en un país con baja penetración de telefonía fija por habitante.
A los venezolanos lo que es de los venezolanos, cual debe...
Así quedan los delincuentes de cuello blanco, corruptos y criminales
Los senadores Humberto Aguilar y Santiago Creel Miranda conversan durante la sesión de ayer de la Comisión Permanente. Foto: Guillermo Sologuren.
¿Y esto no les da miedo? ¿No es este el verdadero peligro?
La fracasada transferencia de militares a la PFP, el motivo
Soldados de elite, "arma civil" contra delincuentes
Actuarán bajo las órdenes de la Sedena; ir tras criminales, su primera tarea
JESUS ARANDA
Elementos del Ejército Mexicano detienen a una persona en las inmediaciones de Apatzingán Foto: Reuters
Por instrucción presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que tendrá como misión respaldar a las autoridades civiles ''en tareas diversas de seguridad pública'', lo que implica su participación para restaurar el orden público, enfrentar al crimen organizado o los actos que se ejecuten contra la seguridad de la nación.
El decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, señala que este cuerpo castrense intervendrá por instrucciones del presidente de la República, ''a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo''.
Agrega que esta instancia se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, según lo determine el secretario de la Defensa, y estarán capacitadas en ''el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública'', para restablecer el orden y el estado de derecho.
Respeto irrestricto a derechos humanos
Asimismo, se aseguró que este agrupamiento ''en ningún caso podrá sustituir las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas'', y su actuación ''estará regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano''. Sin embargo, el documento no hace referencia alguna al número de elementos que lo integrarán. Las unidades se formarán según lo disponga el general secretario Guillermo Galván Galván, quien se encargará de proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios.
Ante el fracaso de la instrucción presidencial de diciembre pasado, para que el Ejército transfiriera 7 mil 500 efectivos y la Armada otros 2 mil 500 elementos a la Policía Federal Preventiva (PFP), el gobierno federal resolvió crear el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, confiaron fuentes castrenses, las cuales aseguraron que este agrupamiento tendrá funciones ''operativas'' y eventualmente ''de inteligencia'', cuando así sea necesario.
''Es como una PFP, pero que estará bajo el mando exclusivo de la Sedena y actuará sólo cuando lo ordene su comandante supremo'', confió una fuente militar consultada.
En diciembre pasado, el presidente Calderón instruyó al alto mando del Ejército y la Armada para que transfierieran a un total de 10 mil elementos a la PFP, para consolidar así este cuerpo policiaco. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados y soldados y marinos prefirieron mantenerse en sus unidades; sólo fueron unos cientos los que aceptaron perder la antigüedad en el servicio y aventurarse para integrar la policía federal.
Fue por eso, explicaron las fuentes, que el Ejército optó por crear este cuerpo de apoyo, porque de esa manera cumplía con su cuota de tener elementos a disposición del Ejecutivo federal para la aplicación de operativos anticrimen, pero al mismo tiempo mantenía a sus elementos ''encapsulados'' en unidades especiales para evitar que se ''contaminen'' por el contacto que tengan en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
En el contexto de esta nueva estrategia gubernamental, la Armada de México, por su parte, formalizará en breve la creación de la policía marítima, la cual será la encargada de garantizar la seguridad pública y el estado de derecho en la zona costera, así como en el mar. Para tal efecto, se dijo, se crearán alrededor de 30 batallones de casi 600 infantes de Marina (casi 18 mil elementos), que serán distribuidos a nivel nacional y que también contarán con la encomienda de apoyar a las autoridades civiles, previa autorización del presidente de la República, en operativos en contra del crimen organizado, tanto en su área de influencia directa como en ''tierra firme'', en caso de ser necesario.
Precisaron las fuentes castrenses que para evitar en lo posible la ''contaminación de los elementos de inteligencia'', éstos apoyarán de manera extraordinaria a las autoridades civiles, pero una vez realizada su misión se incorporarán a sus unidades, y en todo caso, añadieron, serán las jefaturas de los estados mayores de las zonas y regiones navales las encargadas de generar información sobre narcotráfico y crimen organizado en su jurisdicción.
Por otra parte, cabe recordar que no es la primera vez que el Ejército crea grupos de elite, que terminan combatiendo la delincuencia organizada con resultados contraproducentes.
En los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se formó el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y, posteriormente, el Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), los cuales inicialmente fueron creados como unidades de reacción rápida para hacer frente a la guerrilla en Chiapas y en otras entidades, pero terminaron por ser utilizados por el alto mando en operativos de captura de capos del narcotráfico.
Los resultados no fueron los esperados, a grado tal que con el paso del tiempo parte de estos soldados de elite se pasaron a las filas del crimen organizado y fundaron el grupo de Los Zetas, que se convirtió en el brazo armado del cártel del Golfo.
El decreto, publicado por el presidente Felipe Calderón, argumenta que ''entre las misiones generales que tienen encomendadas las fuerzas armadas'', se encuentra el garantizar la seguridad interior de la nación. Y argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en relación con la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, en las que determinó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en esas tareas y por tanto, las fuerzas armadas 'requieren de unidades u órganos encargados para desempeñar tareas de apoyo'' para la restauración del orden público, combatir el crimen organizado y ''para impedir actos que atenten contra la seguridad de la nación''.
Como los militares que sean asignados a esas tareas requieren de conocimientos y preparación específicos, ''debe existir dentro de la estructura'' de la Sedena un cuerpo especial bajo las órdenes del Presidente, que cuente con los elementos humanos, materiales, técnicos y estratégicos necesarios para intervenir en esa labor.
La creación de un cuerpo especial, añade el documento, ''pretende atender el surgimiento de fenómenos y situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos y la estabilidad en cualquier parte del país''.
Cuestionan el que se le utilice en la lucha antinarco
El Ejército, en peligro de corromperse: especialistas
El nuevo cuerpo especial, sin precedentes en el mundo
JESUS ARANDA
En Chilpancingo fue ejecutado ayer el director de la policía preventiva, Artemio Mejía Chávez. Los sicarios vestían uniformes de la AFI Foto: Oscar Alvarado
La creación del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos no tiene precedentes a nivel internacional; inclusive, en el caso de Estados Unidos, es la llamada División 82 la que tiene la encomienda de actuar en caso de conflicto extranjero, pero no para casos de seguridad interna, sostuvo el general de división retirado Luis Garfias Magaña, quien añadió que se requieren reformas constitucionales para proteger a los militares en las labores policiacas y de seguridad pública que tienen encomendadas.
Por su parte, el especialista en temas de seguridad nacional Guillermo Garduño advirtió que si no se impulsan acciones a nivel internacional en contra del narcotráfico y se adoptan medidas decididas para interrumpir el ciclo de reproducción del crimen organizado, como la trata de personas y robo de automóviles, que están alrededor del narcotráfico, la creación de esa fuerza policiaca será intrascendente y corre el riesgo de terminar igual de corrompida que el resto de las policías federal, estatales y municipales.
La última trinchera
Entrevistados por separado, los especialistas concidieron en que la creación de este cuerpo especial de apoyo constituye prácticamente la última trinchera que tiene el gobierno federal para enfrentar al crimen organizado, en razón de la ineptitud y corrupción que permea a las corporaciones policiacas en el país, y consideraron que de fracasar esta estrategia se consolidará el crimen organizado.
Garfias Magaña opinó que la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico es cada vez más compleja y difícil, por lo que se requiere de medidas constitucionales y legales que faciliten la labor de los militares en acciones de seguridad pública. Por ejemplo, comentó que ante los recientes hechos de violencia y enfrentamientos, una salida sería la suspensión de garantías, bajo ciertas condiciones.
Tanto Garfias Magaña como Garduño dijeron que más que pensar en si es positiva o negativa la formación del cuerpo especial, lo cierto es que el gobierno de Felipe Calderón no tiene otra opción actualmente para combatir al crimen, por la corrupción que ha permeado los cuerpos policiacos.
Respecto del nuevo agrupamiento, Garfias -ex presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados- dijo que seguramente éste tendrá como características la ''ligereza y movilidad'' de sus elementos, por lo que serán fuerzas aerotransportadas y con capacidad para intervenir en cualquier parte del país.
Por su lado, Garduño comentó que los problemas globales, como el narcotráfico, reclaman también soluciones globales, y que inclusive llegará el día en que se necesitará de fuerzas multinacionales con capacidad para intervenir los grupos delictivos, penetrar en sus estructuras con labor de inteligencia y ''romperles el punto de equilibrio con el ataque a sus fuentes de financiamiento'' para conseguir finalmente resultados favorables.
El experto llamó a ver que este nuevo cuerpo federal apenas es ''un ensayo y no la panacea'' para enfrentar el problema, porque se requiere de otras acciones del gobierno y de la sociedad para encarar la situación, pues está visto que la sola aplicación de la fuerza no es suficiente: se requiere de una acción conjunta en los terrenos militar, de inteligencia y en la reducción de la demanda de drogas, sostuvo.
ADEMÁS DE QUE:
Puede deteriorarse la unidad interna de las fuerzas armadas
Sin sustento, acusaciones a detenidos en Apatzingán
Balacera en Huatulco deja un muerto y un herido; hay siete detenidos
Ejecutan al jefe de la policía preventiva de Chilpancingo
Mientras el delegado de la Unión Europea declara que:
Las instituciones no están en riesgo, afirma la UE
El país, atractivo para inversionistas europeos: Goldstein
JOSE ANTONIO ROMAN
La lucha contra el narcotráfico que en estos momentos libra el gobierno mexicano no pone en riesgo las instituciones, afirmó el delegado de la Unión Europea (UE) en México, Mendel Goldstein. Sin embargo, dijo que las muertes que a diario ocurren por este motivo, civiles y militares, "es el precio que está pagando por estas acciones; es duro decirlo, pero es así".
¿Qué la Unión Europea no tendrá delegados menos cínicos y menos pendejos que enviar? Sí no es así, ya que no envíe más coludidos con la antidemocracia o por lo menos que se callen el hocico. Calladitos se ven más bonitos. Claro, finalmente somos los mexicanos los que recibimos los ultrajes ¿no?
Soldados de elite, "arma civil" contra delincuentes
Actuarán bajo las órdenes de la Sedena; ir tras criminales, su primera tarea
JESUS ARANDA
Elementos del Ejército Mexicano detienen a una persona en las inmediaciones de Apatzingán Foto: ReutersPor instrucción presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que tendrá como misión respaldar a las autoridades civiles ''en tareas diversas de seguridad pública'', lo que implica su participación para restaurar el orden público, enfrentar al crimen organizado o los actos que se ejecuten contra la seguridad de la nación.
El decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, señala que este cuerpo castrense intervendrá por instrucciones del presidente de la República, ''a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo''.
Agrega que esta instancia se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, según lo determine el secretario de la Defensa, y estarán capacitadas en ''el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública'', para restablecer el orden y el estado de derecho.
Respeto irrestricto a derechos humanos
Asimismo, se aseguró que este agrupamiento ''en ningún caso podrá sustituir las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas'', y su actuación ''estará regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano''. Sin embargo, el documento no hace referencia alguna al número de elementos que lo integrarán. Las unidades se formarán según lo disponga el general secretario Guillermo Galván Galván, quien se encargará de proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios.
Ante el fracaso de la instrucción presidencial de diciembre pasado, para que el Ejército transfiriera 7 mil 500 efectivos y la Armada otros 2 mil 500 elementos a la Policía Federal Preventiva (PFP), el gobierno federal resolvió crear el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, confiaron fuentes castrenses, las cuales aseguraron que este agrupamiento tendrá funciones ''operativas'' y eventualmente ''de inteligencia'', cuando así sea necesario.
''Es como una PFP, pero que estará bajo el mando exclusivo de la Sedena y actuará sólo cuando lo ordene su comandante supremo'', confió una fuente militar consultada.
En diciembre pasado, el presidente Calderón instruyó al alto mando del Ejército y la Armada para que transfierieran a un total de 10 mil elementos a la PFP, para consolidar así este cuerpo policiaco. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados y soldados y marinos prefirieron mantenerse en sus unidades; sólo fueron unos cientos los que aceptaron perder la antigüedad en el servicio y aventurarse para integrar la policía federal.
Fue por eso, explicaron las fuentes, que el Ejército optó por crear este cuerpo de apoyo, porque de esa manera cumplía con su cuota de tener elementos a disposición del Ejecutivo federal para la aplicación de operativos anticrimen, pero al mismo tiempo mantenía a sus elementos ''encapsulados'' en unidades especiales para evitar que se ''contaminen'' por el contacto que tengan en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
En el contexto de esta nueva estrategia gubernamental, la Armada de México, por su parte, formalizará en breve la creación de la policía marítima, la cual será la encargada de garantizar la seguridad pública y el estado de derecho en la zona costera, así como en el mar. Para tal efecto, se dijo, se crearán alrededor de 30 batallones de casi 600 infantes de Marina (casi 18 mil elementos), que serán distribuidos a nivel nacional y que también contarán con la encomienda de apoyar a las autoridades civiles, previa autorización del presidente de la República, en operativos en contra del crimen organizado, tanto en su área de influencia directa como en ''tierra firme'', en caso de ser necesario.
Precisaron las fuentes castrenses que para evitar en lo posible la ''contaminación de los elementos de inteligencia'', éstos apoyarán de manera extraordinaria a las autoridades civiles, pero una vez realizada su misión se incorporarán a sus unidades, y en todo caso, añadieron, serán las jefaturas de los estados mayores de las zonas y regiones navales las encargadas de generar información sobre narcotráfico y crimen organizado en su jurisdicción.
Por otra parte, cabe recordar que no es la primera vez que el Ejército crea grupos de elite, que terminan combatiendo la delincuencia organizada con resultados contraproducentes.
En los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se formó el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y, posteriormente, el Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), los cuales inicialmente fueron creados como unidades de reacción rápida para hacer frente a la guerrilla en Chiapas y en otras entidades, pero terminaron por ser utilizados por el alto mando en operativos de captura de capos del narcotráfico.
Los resultados no fueron los esperados, a grado tal que con el paso del tiempo parte de estos soldados de elite se pasaron a las filas del crimen organizado y fundaron el grupo de Los Zetas, que se convirtió en el brazo armado del cártel del Golfo.
El decreto, publicado por el presidente Felipe Calderón, argumenta que ''entre las misiones generales que tienen encomendadas las fuerzas armadas'', se encuentra el garantizar la seguridad interior de la nación. Y argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en relación con la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, en las que determinó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en esas tareas y por tanto, las fuerzas armadas 'requieren de unidades u órganos encargados para desempeñar tareas de apoyo'' para la restauración del orden público, combatir el crimen organizado y ''para impedir actos que atenten contra la seguridad de la nación''.
Como los militares que sean asignados a esas tareas requieren de conocimientos y preparación específicos, ''debe existir dentro de la estructura'' de la Sedena un cuerpo especial bajo las órdenes del Presidente, que cuente con los elementos humanos, materiales, técnicos y estratégicos necesarios para intervenir en esa labor.
La creación de un cuerpo especial, añade el documento, ''pretende atender el surgimiento de fenómenos y situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos y la estabilidad en cualquier parte del país''.
Cuestionan el que se le utilice en la lucha antinarco
El Ejército, en peligro de corromperse: especialistas
El nuevo cuerpo especial, sin precedentes en el mundo
JESUS ARANDA
En Chilpancingo fue ejecutado ayer el director de la policía preventiva, Artemio Mejía Chávez. Los sicarios vestían uniformes de la AFI Foto: Oscar AlvaradoLa creación del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos no tiene precedentes a nivel internacional; inclusive, en el caso de Estados Unidos, es la llamada División 82 la que tiene la encomienda de actuar en caso de conflicto extranjero, pero no para casos de seguridad interna, sostuvo el general de división retirado Luis Garfias Magaña, quien añadió que se requieren reformas constitucionales para proteger a los militares en las labores policiacas y de seguridad pública que tienen encomendadas.
Por su parte, el especialista en temas de seguridad nacional Guillermo Garduño advirtió que si no se impulsan acciones a nivel internacional en contra del narcotráfico y se adoptan medidas decididas para interrumpir el ciclo de reproducción del crimen organizado, como la trata de personas y robo de automóviles, que están alrededor del narcotráfico, la creación de esa fuerza policiaca será intrascendente y corre el riesgo de terminar igual de corrompida que el resto de las policías federal, estatales y municipales.
La última trinchera
Entrevistados por separado, los especialistas concidieron en que la creación de este cuerpo especial de apoyo constituye prácticamente la última trinchera que tiene el gobierno federal para enfrentar al crimen organizado, en razón de la ineptitud y corrupción que permea a las corporaciones policiacas en el país, y consideraron que de fracasar esta estrategia se consolidará el crimen organizado.
Garfias Magaña opinó que la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico es cada vez más compleja y difícil, por lo que se requiere de medidas constitucionales y legales que faciliten la labor de los militares en acciones de seguridad pública. Por ejemplo, comentó que ante los recientes hechos de violencia y enfrentamientos, una salida sería la suspensión de garantías, bajo ciertas condiciones.
Tanto Garfias Magaña como Garduño dijeron que más que pensar en si es positiva o negativa la formación del cuerpo especial, lo cierto es que el gobierno de Felipe Calderón no tiene otra opción actualmente para combatir al crimen, por la corrupción que ha permeado los cuerpos policiacos.
Respecto del nuevo agrupamiento, Garfias -ex presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados- dijo que seguramente éste tendrá como características la ''ligereza y movilidad'' de sus elementos, por lo que serán fuerzas aerotransportadas y con capacidad para intervenir en cualquier parte del país.
Por su lado, Garduño comentó que los problemas globales, como el narcotráfico, reclaman también soluciones globales, y que inclusive llegará el día en que se necesitará de fuerzas multinacionales con capacidad para intervenir los grupos delictivos, penetrar en sus estructuras con labor de inteligencia y ''romperles el punto de equilibrio con el ataque a sus fuentes de financiamiento'' para conseguir finalmente resultados favorables.
El experto llamó a ver que este nuevo cuerpo federal apenas es ''un ensayo y no la panacea'' para enfrentar el problema, porque se requiere de otras acciones del gobierno y de la sociedad para encarar la situación, pues está visto que la sola aplicación de la fuerza no es suficiente: se requiere de una acción conjunta en los terrenos militar, de inteligencia y en la reducción de la demanda de drogas, sostuvo.
ADEMÁS DE QUE:
Puede deteriorarse la unidad interna de las fuerzas armadas
Sin sustento, acusaciones a detenidos en Apatzingán
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Ejecutan al jefe de la policía preventiva de Chilpancingo
Mientras el delegado de la Unión Europea declara que:
Las instituciones no están en riesgo, afirma la UE
El país, atractivo para inversionistas europeos: Goldstein
JOSE ANTONIO ROMAN
La lucha contra el narcotráfico que en estos momentos libra el gobierno mexicano no pone en riesgo las instituciones, afirmó el delegado de la Unión Europea (UE) en México, Mendel Goldstein. Sin embargo, dijo que las muertes que a diario ocurren por este motivo, civiles y militares, "es el precio que está pagando por estas acciones; es duro decirlo, pero es así".
¿Qué la Unión Europea no tendrá delegados menos cínicos y menos pendejos que enviar? Sí no es así, ya que no envíe más coludidos con la antidemocracia o por lo menos que se callen el hocico. Calladitos se ven más bonitos. Claro, finalmente somos los mexicanos los que recibimos los ultrajes ¿no?
G-8 en Alemania: los movimientos preparan el boicot
Colectivos de todo el mundo, listos para la contracumbre del G-8, del 1 al 7 de junio en Rostock
G-8 EN ALEMANIA: LOS MOVIMIENTOS PREPARAN EL BOICOT
En el próximo mes de junio tendrá lugar en Heilingendamm (cerca de la ciudad de Rostock, en la costa alemana del Báltico) la cumbre de los ocho países más ricos y poderosos del mundo (EE UU, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, Italia, Canadá y Rusia). Desde hace largo tiempo la política del G-8 ha levantado críticas y protestas en todo el planeta. Durante la cumbre de 2007 esto será igualmente perceptible.
Un hecho importante lo constituirá la Cumbre Alternativa, que se celebrará en Rostock. Todos aquellos que busquen alternativas a la actual globalización están invitados a asistir.
La cumbre del G-8 no será bien recibida
¡DISCUTIR, MANIFESTARSE, RODEAR, BLOQUEAR!
Reinventar la izquierda antagonista
Acción global: el trabajo de coordinar la respuesta
Attac en la contracumbre
Otro modelo agrícola
G-8 EN ALEMANIA: LOS MOVIMIENTOS PREPARAN EL BOICOT
En el próximo mes de junio tendrá lugar en Heilingendamm (cerca de la ciudad de Rostock, en la costa alemana del Báltico) la cumbre de los ocho países más ricos y poderosos del mundo (EE UU, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, Italia, Canadá y Rusia). Desde hace largo tiempo la política del G-8 ha levantado críticas y protestas en todo el planeta. Durante la cumbre de 2007 esto será igualmente perceptible.
Un hecho importante lo constituirá la Cumbre Alternativa, que se celebrará en Rostock. Todos aquellos que busquen alternativas a la actual globalización están invitados a asistir.
La cumbre del G-8 no será bien recibida
¡DISCUTIR, MANIFESTARSE, RODEAR, BLOQUEAR!
Reinventar la izquierda antagonista
Acción global: el trabajo de coordinar la respuesta
Attac en la contracumbre
Otro modelo agrícola
Posada Carriles o el strip tease de Bush
Angel Guerra Cabrera
Bush II se quitó la hoja de parra con la que pretendía cubrir sus partes pudendas. En un acto que encuera del todo su obstinada protección al terrorismo made in USA, su más connotado exponente del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles, fue puesto en libertad por un tribunal federal que lo juzgaba por una falta migratoria menor.
El fallo de la juez Cardone desestimando los ridículos cargos del gobierno era de esperarse. Los departamentos de Justicia y Seguridad Interior llevan dos años haciendo inéditas piruetas jurídicas con tal de no cumplir con su deber ante la ley: certificar a Posada como terrorista y acceder a la solicitud de extradición del gobierno de Venezuela para juzgar al venezolano naturalizado por la destrucción de la nave de Cubana en 1976 y la muerte de todos sus ocupantes. Además de ilegal es risible el argumento del gobierno que ha institucionalizado la tortura, al afirmar que el sujeto no debe ser enviado al país sudamericano porque sería torturado.
En su dictamen la juez asienta la conducta plagada de burdos trucos de la FBI y la rama migratoria de la Seguridad Interior, agencias que a todas luces han actuado con el propósito de que el multiasesino no sea juzgado como terrorista ni salga a relucir en una sala de justicia su veterana y comprometedora hoja de servicios a la CIA. Así lo confirma la moción de la fiscalía pidiendo a la magistrada que en el proceso que se le seguía por mentir y posesión de documentos falsos se omitiera toda mención a la colaboración del acusado con la central de inteligencia y no se le permitiera siquiera aludirla ni a él ni a sus abogados. Estos han amenazado con entrar en detalles sobre la larga trayectoria de "patrióticos" servicios de su cliente a las acciones de Washington para derrocar a los gobiernos de Fidel Castro, Salvador Allende y el sandinismo, así como la represión contra los movimientos revolucionarios de América Latina. Posada destacó como torturador de opositores venezolanos, cómplice de la dictadura de Pinochet y planificador del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, operador del Irán-contras, autor de innumerables atentados con explosivos dentro y fuera de Cuba y de planes de asesinato a Castro Ruz. Todo esto y mucho más está documentado profusamente en los papeles ya desclasificados por la CIA.
Y es que el mecenazgo de los Bush a Posada y a sus congéneres, premiados con absoluta impunidad y apapachos en Washington y Miami, amenaza con convertirse en uno de los más sonados escándalos de una administración donde éstos estallan sin pausa. El diputado William Delahunt le ha enviado una contundente carta al procurador general, Alberto Gonzales, exigiéndole que explique por qué si Posada reúne todos los requisitos establecidos en la Ley Patriota para ser certificado como terrorista no ha procedido a hacerlo y a ordenar su detención, según está obligado. El legislador expresa que existe creciente consenso en el Congreso de oponerse a que "un individuo con probado historial terrorista... pueda estar en libertad en Estados Unidos". Y añade: "La liberación de Posada Carriles cuestiona nuestro compromiso de combatir al terrorismo". Delahunt, vicepresidente del subcomité de terrorismo de la Cámara baja, ha anunciado que prepara la convocatoria de una audiencia congresional donde a Gonzales se le pedirán explicaciones sobre su inacción frente a la presencia del terrorista en Estados Unidos. Si prospera esta iniciativa, es de suponer que será el fin de la carrera política del íntimo amigo del emperador, si todavía continuara en el cargo, acosado como está por la mayoría demócrata y abandonado por muchos legisladores republicanos después de la impresentable remoción de ocho fiscales que no convenían a ese partido, de haber negado su obvia intervención en el asunto y de su bochornosa comparecencia ante legisladores, donde dijo "no recuerdo" más de 40 veces. Pero sea Gonzales o su sustituto quien concurra a la audiencia, la atención mediática se concentrará en el estímulo al terrorismo contra Cuba de la tambaleante presidencia bushista.
En pocas palabras, Bush está en un callejón sin salida. Si Posada es juzgado por terrorista en Estados Unidos o Venezuela, los verdaderos acusados serán el gobierno estadunidense y la primera familia, de añeja vínculación con el criminal, y si es dejado en libertad o continúa la farsa jurídica para protegerlo, Washington se verá apabullado por el rechazo nacional e internacional.
Y ya poniéndonos a mal pensar (porque al no haberlo hecho nos han llevado al baile), nada más esperamos que la libertad de este terrorista no sea para planear un acto de éstos contra México y así dar pretexto a que entren los militares estadounidenses a nuestro territorio.
Bush II se quitó la hoja de parra con la que pretendía cubrir sus partes pudendas. En un acto que encuera del todo su obstinada protección al terrorismo made in USA, su más connotado exponente del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles, fue puesto en libertad por un tribunal federal que lo juzgaba por una falta migratoria menor.
El fallo de la juez Cardone desestimando los ridículos cargos del gobierno era de esperarse. Los departamentos de Justicia y Seguridad Interior llevan dos años haciendo inéditas piruetas jurídicas con tal de no cumplir con su deber ante la ley: certificar a Posada como terrorista y acceder a la solicitud de extradición del gobierno de Venezuela para juzgar al venezolano naturalizado por la destrucción de la nave de Cubana en 1976 y la muerte de todos sus ocupantes. Además de ilegal es risible el argumento del gobierno que ha institucionalizado la tortura, al afirmar que el sujeto no debe ser enviado al país sudamericano porque sería torturado.
En su dictamen la juez asienta la conducta plagada de burdos trucos de la FBI y la rama migratoria de la Seguridad Interior, agencias que a todas luces han actuado con el propósito de que el multiasesino no sea juzgado como terrorista ni salga a relucir en una sala de justicia su veterana y comprometedora hoja de servicios a la CIA. Así lo confirma la moción de la fiscalía pidiendo a la magistrada que en el proceso que se le seguía por mentir y posesión de documentos falsos se omitiera toda mención a la colaboración del acusado con la central de inteligencia y no se le permitiera siquiera aludirla ni a él ni a sus abogados. Estos han amenazado con entrar en detalles sobre la larga trayectoria de "patrióticos" servicios de su cliente a las acciones de Washington para derrocar a los gobiernos de Fidel Castro, Salvador Allende y el sandinismo, así como la represión contra los movimientos revolucionarios de América Latina. Posada destacó como torturador de opositores venezolanos, cómplice de la dictadura de Pinochet y planificador del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, operador del Irán-contras, autor de innumerables atentados con explosivos dentro y fuera de Cuba y de planes de asesinato a Castro Ruz. Todo esto y mucho más está documentado profusamente en los papeles ya desclasificados por la CIA.
Y es que el mecenazgo de los Bush a Posada y a sus congéneres, premiados con absoluta impunidad y apapachos en Washington y Miami, amenaza con convertirse en uno de los más sonados escándalos de una administración donde éstos estallan sin pausa. El diputado William Delahunt le ha enviado una contundente carta al procurador general, Alberto Gonzales, exigiéndole que explique por qué si Posada reúne todos los requisitos establecidos en la Ley Patriota para ser certificado como terrorista no ha procedido a hacerlo y a ordenar su detención, según está obligado. El legislador expresa que existe creciente consenso en el Congreso de oponerse a que "un individuo con probado historial terrorista... pueda estar en libertad en Estados Unidos". Y añade: "La liberación de Posada Carriles cuestiona nuestro compromiso de combatir al terrorismo". Delahunt, vicepresidente del subcomité de terrorismo de la Cámara baja, ha anunciado que prepara la convocatoria de una audiencia congresional donde a Gonzales se le pedirán explicaciones sobre su inacción frente a la presencia del terrorista en Estados Unidos. Si prospera esta iniciativa, es de suponer que será el fin de la carrera política del íntimo amigo del emperador, si todavía continuara en el cargo, acosado como está por la mayoría demócrata y abandonado por muchos legisladores republicanos después de la impresentable remoción de ocho fiscales que no convenían a ese partido, de haber negado su obvia intervención en el asunto y de su bochornosa comparecencia ante legisladores, donde dijo "no recuerdo" más de 40 veces. Pero sea Gonzales o su sustituto quien concurra a la audiencia, la atención mediática se concentrará en el estímulo al terrorismo contra Cuba de la tambaleante presidencia bushista.
En pocas palabras, Bush está en un callejón sin salida. Si Posada es juzgado por terrorista en Estados Unidos o Venezuela, los verdaderos acusados serán el gobierno estadunidense y la primera familia, de añeja vínculación con el criminal, y si es dejado en libertad o continúa la farsa jurídica para protegerlo, Washington se verá apabullado por el rechazo nacional e internacional.
Y ya poniéndonos a mal pensar (porque al no haberlo hecho nos han llevado al baile), nada más esperamos que la libertad de este terrorista no sea para planear un acto de éstos contra México y así dar pretexto a que entren los militares estadounidenses a nuestro territorio.
Agua y seguridad nacional
John Saxe-Fernández
La "integración bélica", que incluye contingencias para la "ocupación militar" directa de México y Canadá y el estado de excepción y sus esquemas de seguridad policial, penal y judicial auspiciados por Estados Unidos con el pretexto de la "guerra antiterrorista", tiene como telón de fondo el creciente repudio de la población ante diseños que, respondiendo a los intereses empresariales de EU y los de las oligarquías subordinadas de México y Canadá, resultan social, económica y ambientalmente depredadores.
La legislación penal aprobada por el Congreso mexicano bajo impulso del "antiterrorismo" de Bush es parte de una ofensiva ante la resistencia al despojo de la tierra -Atenco-, la privatización y mercantilización de servicios vitales, educación, agua, electricidad, seguridad social, etcétera, y de toda la infraestructura de comunicaciones terrestres -supercarreteras, puentes-, marítimas, aeroportuarias y "fronterizas" y su "manejo" migratorio (muros, campos de "detención").
Con el pretexto de la "continentalización" de los recursos estratégicos impulsada por Estados Unidos por medio de complejos "corredores del TLCAN" y la "integración profunda" de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, entes tipo Goldman Sachs, Grupo Carlyle o el Banco Interamericano de Desarrollo, se interesan en la infraestructura de "los corredores de la América del Norte" incluyendo el agua, tanto la de Canadá como la del sur de México.
En Canadá docenas de grupos sindicales, sociales y ambientales advirtieron esto al dar a conocer documentos de circulación restringida del Proyecto Futuro de Norteamérica 2025, del Foro de Calgary (Louis-Gilles Francoeur, Preventing Massive Water Transfers, Le Devoir, 26/4/07), una reunión a puertas cerradas, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos con el Conference Board de Canadá y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México.
Bajo el renglón de "El futuro medioambiental de América del Norte", se abordaron el "consumo de agua", "las transferencias de agua" y el "desvío humano" (human deflection) de grandes cantidades del vital líquido. Objetivo: impulsar "el manejo óptimo acordado del agua disponible" de "Norteamérica". Los ambientalistas recuerdan que, según el TLCAN, "el agua se convierte en un bien comercial tan pronto sea objeto, aunque sea por una sola vez, de una transacción financiera entre interesados de diferentes países. Después de eso, ningún gobierno será capaz de regularla de nuevo sin que se le acuse formalmente de obstaculizar el libre comercio". En los últimos años varios especialistas han confirmado que el gobierno de Canadá perdería su jurisdicción sobre el manejo de su agua a favor de empresas que van a explotar comercialmente el recurso.
Gian Carlo Delgado, en su preciso y actual libro Agua y seguridad nacional (Arena, 2005), al analizar ambiciosos esquemas, como por ejemplo la Alianza Norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA), preparado por la empresa de ingeniería Ralph M. Parsons, (pp 95-121), llamó la atención sobre indicios de que Estados Unidos, ante una aguda crisis de agua, se preparaba para lanzarse sobre los recursos acuíferos de Canadá, como indicaba el mismo hecho de que el gobierno canadiense cedió a la presión estadunidense cuando no excluyó del TLCAN las ventas de agua en grandes cantidades.
El esquema, en su totalidad, afecta a México por la "geopolítica hídrica" que despliega Estados Unidos del Bravo hasta América Central, analizada por Delgado y también porque los tres gobiernos tratan de usar el Foro del CSIS como plataforma para la elaboración de un gran diseño (master plan) que sirva de guía para "la infraestructura fronteriza y los sistemas de logística", relacionados, además del agua, "con la movilidad laboral, la energía, el medio ambiente, la seguridad y la competitividad". La idea es que el informe resultante del Foro sea revisado dos veces por los tres gobiernos antes de ser oficialmente "legalizado" con miras a definir e impactar las políticas en esos rubros, sin ninguna discusión pública o participación de la sociedad. Tanto lo que respecta al agua como a su compleja relación e infraestructura transfronteriza, el asunto no es nuevo ni menor. Según Parsons, su proyecto -un magno negocio sobre una vasta infraestructura o "corredor", con un costo estimado en la década de 1970 en 130 mil millones de dólares- ofrecería a Estados Unidos "unos 100 años de abastecimiento de agua y cerca de 223 mil 500 kilómetros cuadrados de tierras irrigadas que conformarían un cinturón agrícola de Canadá al norte de México", permitiendo "una ampliación del cinturón cerealero-algodonero-del centro-este y sureste de EU" (p109-110), tema nodal de política internacional.
Ya se advierten huellas de operaciones "especiales" para justificar "otro recorte territorial" del país. Desde 1994 un Briefing Paper del Pentágono liberado por la Ley de Información, dice que "sería concebible que el desplazamiento de tropas de Estados Unidos a México fuera visto favorablemente si el gobierno mexicano tuviera que enfrentar la amenaza de ser derrocado como resultado de un caos económico y social amplio".
La "integración bélica", que incluye contingencias para la "ocupación militar" directa de México y Canadá y el estado de excepción y sus esquemas de seguridad policial, penal y judicial auspiciados por Estados Unidos con el pretexto de la "guerra antiterrorista", tiene como telón de fondo el creciente repudio de la población ante diseños que, respondiendo a los intereses empresariales de EU y los de las oligarquías subordinadas de México y Canadá, resultan social, económica y ambientalmente depredadores.
La legislación penal aprobada por el Congreso mexicano bajo impulso del "antiterrorismo" de Bush es parte de una ofensiva ante la resistencia al despojo de la tierra -Atenco-, la privatización y mercantilización de servicios vitales, educación, agua, electricidad, seguridad social, etcétera, y de toda la infraestructura de comunicaciones terrestres -supercarreteras, puentes-, marítimas, aeroportuarias y "fronterizas" y su "manejo" migratorio (muros, campos de "detención").
Con el pretexto de la "continentalización" de los recursos estratégicos impulsada por Estados Unidos por medio de complejos "corredores del TLCAN" y la "integración profunda" de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, entes tipo Goldman Sachs, Grupo Carlyle o el Banco Interamericano de Desarrollo, se interesan en la infraestructura de "los corredores de la América del Norte" incluyendo el agua, tanto la de Canadá como la del sur de México.
En Canadá docenas de grupos sindicales, sociales y ambientales advirtieron esto al dar a conocer documentos de circulación restringida del Proyecto Futuro de Norteamérica 2025, del Foro de Calgary (Louis-Gilles Francoeur, Preventing Massive Water Transfers, Le Devoir, 26/4/07), una reunión a puertas cerradas, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos con el Conference Board de Canadá y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México.
Bajo el renglón de "El futuro medioambiental de América del Norte", se abordaron el "consumo de agua", "las transferencias de agua" y el "desvío humano" (human deflection) de grandes cantidades del vital líquido. Objetivo: impulsar "el manejo óptimo acordado del agua disponible" de "Norteamérica". Los ambientalistas recuerdan que, según el TLCAN, "el agua se convierte en un bien comercial tan pronto sea objeto, aunque sea por una sola vez, de una transacción financiera entre interesados de diferentes países. Después de eso, ningún gobierno será capaz de regularla de nuevo sin que se le acuse formalmente de obstaculizar el libre comercio". En los últimos años varios especialistas han confirmado que el gobierno de Canadá perdería su jurisdicción sobre el manejo de su agua a favor de empresas que van a explotar comercialmente el recurso.
Gian Carlo Delgado, en su preciso y actual libro Agua y seguridad nacional (Arena, 2005), al analizar ambiciosos esquemas, como por ejemplo la Alianza Norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA), preparado por la empresa de ingeniería Ralph M. Parsons, (pp 95-121), llamó la atención sobre indicios de que Estados Unidos, ante una aguda crisis de agua, se preparaba para lanzarse sobre los recursos acuíferos de Canadá, como indicaba el mismo hecho de que el gobierno canadiense cedió a la presión estadunidense cuando no excluyó del TLCAN las ventas de agua en grandes cantidades.
El esquema, en su totalidad, afecta a México por la "geopolítica hídrica" que despliega Estados Unidos del Bravo hasta América Central, analizada por Delgado y también porque los tres gobiernos tratan de usar el Foro del CSIS como plataforma para la elaboración de un gran diseño (master plan) que sirva de guía para "la infraestructura fronteriza y los sistemas de logística", relacionados, además del agua, "con la movilidad laboral, la energía, el medio ambiente, la seguridad y la competitividad". La idea es que el informe resultante del Foro sea revisado dos veces por los tres gobiernos antes de ser oficialmente "legalizado" con miras a definir e impactar las políticas en esos rubros, sin ninguna discusión pública o participación de la sociedad. Tanto lo que respecta al agua como a su compleja relación e infraestructura transfronteriza, el asunto no es nuevo ni menor. Según Parsons, su proyecto -un magno negocio sobre una vasta infraestructura o "corredor", con un costo estimado en la década de 1970 en 130 mil millones de dólares- ofrecería a Estados Unidos "unos 100 años de abastecimiento de agua y cerca de 223 mil 500 kilómetros cuadrados de tierras irrigadas que conformarían un cinturón agrícola de Canadá al norte de México", permitiendo "una ampliación del cinturón cerealero-algodonero-del centro-este y sureste de EU" (p109-110), tema nodal de política internacional.
Ya se advierten huellas de operaciones "especiales" para justificar "otro recorte territorial" del país. Desde 1994 un Briefing Paper del Pentágono liberado por la Ley de Información, dice que "sería concebible que el desplazamiento de tropas de Estados Unidos a México fuera visto favorablemente si el gobierno mexicano tuviera que enfrentar la amenaza de ser derrocado como resultado de un caos económico y social amplio".
Sindicatos e individualismo
Adolfo Sánchez Rebolledo
Está en curso una campaña bastante bien orquestada que, a título de combatir la corrupción o el "monopolio" sindical, en el fondo cuestiona la idea misma de la necesidad de que los trabajadores se agrupen en defensa de sus intereses. A este juego pertenece el gesto de cancelar la participación presidencial en los actos conmemorativos del primero de mayo, así como los comentarios con dedicatoria lanzados en las semanas recientes no sólo contra el sindicalismo oficial, sino también contra el independiente, vistos ambos como las dos caras de una moneda cuyo valor ya es inexistente. Esa generalización es parte de la ofensiva conservadora en favor de una economía y una sociedad "liberal", si bien injusta y polarizada.
Los trabajadores no necesitan que el Presidente los deje solos en la Plaza de la Constitución para confirmar su autonomía, pues lo que en verdad requieren es que termine la política laboral que protege la desigualdad y con ella al sindicalismo que fuera edificado para satisfacer las necesidades de una economía empresarial vacilante y temerosa, urgida de protecciones extraproductivas, pero también de un Estado dispuesto a comprar la estabilidad mediante la sujeción de las demandas sociales. Mientras el gobierno acepte como un mal menor la existencia de contratos de protección para dar confianza a los inversores foráneos; mientras el registro siga siendo un arma dirigida a coartar la vida interna y la libertad sindical; mientras se considere a los sindicatos de las grandes empresas como simples "correa de transmisión" para lograr ciertos programas o imponer determinadas reformas, el sindicalismo oficialista seguirá siendo un instrumento del poder, así se quieran corregir algunas de sus expresiones simbólicas más negativas.
El "Gracias, señor presidente" de otros tiempos dejará de resonar en la plaza como prueba de sumisión, pero en los salones de Palacio otras figuras ya ensayan las nuevas frases de época, con su cauda de soberbia y sumisión: allí está, con su millón y medio de asalariados bajo el brazo, la profesora Elba Esther Gordillo, negociando votos y "consensos", ocupando espacios de poder en la coalición gobernante. Allí están, para quien no tema a los fantasmas del pasado, los herederos de Paco Pérez Ríos, siempre listos para aprobar cuanta reforma eléctrica les propongan, sin que pese sobre ellos el más minimo sentimiento de responsabilidad social. Allí siguen, incólumes, el verticalismo, la corrupción y, sobre todo, la ausencia de vida interna democrática que hace del sindicalismo mexicano oficialista (aunque sea priísta) un ejemplo negativo para el mundo.
Los trabajadores de México no viven bajo las condiciones impuestas por esa camisa de fuerza por libre elección. La democracia en los sindicatos es una asignatura pendiente, difícil de pasar por la fuerza combinada de la política de protección oficial y las prácticas mafiosas de los seudodirigentes. La incorporación de los asalariados al mercado de trabajo supone ingresar a la plantilla sindical, muchas veces fantasmal o de plano inexistente. No hay vida interna.
Sin embargo, algunos luchan y consiguen deponer a los falsos dirigentes que los explotan y logran la ansiada democratización para descubrir, otra vez, que la alianza entre los charros, el gobierno y las empresas es, hasta hoy, indispensable para aplicar en sus grandes trazos la política económica vigente. Ayer, cuando las necesidades de la crisis y el ajuste hicieron indispensables (para la racionalidad neoliberal) el despido de cientos de miles, la clausura de puestos de trabajo, los sindicatos oficiales se convirtieron en el brazo ejecutor de una política liquidadora. Ahora, desarmados y disminuidos, no atinan a ser de otro modo ante el poder. Sólo la maestra Gordillo ha conseguido la tarea más difícil: unir en una misma fuerza la capacidad económica del mayor sindicato latinoamericano con la más abierta participación política en alianza con el gobierno. Ese neocorporativismo, o como se le quiera llamar, no sería posible, en efecto, sin la aquiescencia del Presidente. Pero tampoco puede ser combatido sin un movimiento democrático que sea a la vez sindical, político y moral. La emergencia de una nueva conciencia sindical está íntimamente vinculada a la construcción de una alternativa a las opciones que hoy se nos presentan como verdades absolutas.
Avanzar en dicho camino exige múltiples esfuerzos diferenciados, pero obliga a reconocer algo más: como resultado de la imposición del "pensamiento único" se ha desatado una guerra en todos los frentes contra el principio de solidaridad a favor del individualismo. Ninguna instancia colectiva es respetable, a los ojos de los ideólogos oficiales y oficiosos de moda. Por tal motivo, para diseñar las políticas públicas convenientes, se precisa primero dispersar la sociedad en sus átomos constitutivos, el individuo, el ciudadano como entidad solitaria e ideal, que sólo se reconocerá a través de las grandes abstracciones identitarias: la patria, la religión, la ley. En su avance hacia la "victoria cultural", la derecha ha tratado de suprimir la existencia misma de las "conquistas sociales" y ha sometido al descrédito las razones que llevan a la movilización, a la expresión de inconformidades y disidencias, como si éstas no estuvieran también protegidas por la ley. Allí donde prima el individuo en apariencia no hace falta la organización colectiva para conseguir un poco de bienestar. Basta, según esto, exponerse por unos minutos a la publicidad de los medios para saber cómo obtenerlo. Pero no es así. Para las fuerzas populares es imposible cambiar (no ya el rumbo del país, sino de un sindicato) sin organización, sin un trabajo educativo permanente. La derecha puede confiar en la fuerza del sentido común, en la inercia de las ideas dominantes, la izquierda no. Los sindicatos no cambiarán por arte de magia, menos aún cuando se pugna por disolverlos. El país tampoco.
Está en curso una campaña bastante bien orquestada que, a título de combatir la corrupción o el "monopolio" sindical, en el fondo cuestiona la idea misma de la necesidad de que los trabajadores se agrupen en defensa de sus intereses. A este juego pertenece el gesto de cancelar la participación presidencial en los actos conmemorativos del primero de mayo, así como los comentarios con dedicatoria lanzados en las semanas recientes no sólo contra el sindicalismo oficial, sino también contra el independiente, vistos ambos como las dos caras de una moneda cuyo valor ya es inexistente. Esa generalización es parte de la ofensiva conservadora en favor de una economía y una sociedad "liberal", si bien injusta y polarizada.
Los trabajadores no necesitan que el Presidente los deje solos en la Plaza de la Constitución para confirmar su autonomía, pues lo que en verdad requieren es que termine la política laboral que protege la desigualdad y con ella al sindicalismo que fuera edificado para satisfacer las necesidades de una economía empresarial vacilante y temerosa, urgida de protecciones extraproductivas, pero también de un Estado dispuesto a comprar la estabilidad mediante la sujeción de las demandas sociales. Mientras el gobierno acepte como un mal menor la existencia de contratos de protección para dar confianza a los inversores foráneos; mientras el registro siga siendo un arma dirigida a coartar la vida interna y la libertad sindical; mientras se considere a los sindicatos de las grandes empresas como simples "correa de transmisión" para lograr ciertos programas o imponer determinadas reformas, el sindicalismo oficialista seguirá siendo un instrumento del poder, así se quieran corregir algunas de sus expresiones simbólicas más negativas.
El "Gracias, señor presidente" de otros tiempos dejará de resonar en la plaza como prueba de sumisión, pero en los salones de Palacio otras figuras ya ensayan las nuevas frases de época, con su cauda de soberbia y sumisión: allí está, con su millón y medio de asalariados bajo el brazo, la profesora Elba Esther Gordillo, negociando votos y "consensos", ocupando espacios de poder en la coalición gobernante. Allí están, para quien no tema a los fantasmas del pasado, los herederos de Paco Pérez Ríos, siempre listos para aprobar cuanta reforma eléctrica les propongan, sin que pese sobre ellos el más minimo sentimiento de responsabilidad social. Allí siguen, incólumes, el verticalismo, la corrupción y, sobre todo, la ausencia de vida interna democrática que hace del sindicalismo mexicano oficialista (aunque sea priísta) un ejemplo negativo para el mundo.
Los trabajadores de México no viven bajo las condiciones impuestas por esa camisa de fuerza por libre elección. La democracia en los sindicatos es una asignatura pendiente, difícil de pasar por la fuerza combinada de la política de protección oficial y las prácticas mafiosas de los seudodirigentes. La incorporación de los asalariados al mercado de trabajo supone ingresar a la plantilla sindical, muchas veces fantasmal o de plano inexistente. No hay vida interna.
Sin embargo, algunos luchan y consiguen deponer a los falsos dirigentes que los explotan y logran la ansiada democratización para descubrir, otra vez, que la alianza entre los charros, el gobierno y las empresas es, hasta hoy, indispensable para aplicar en sus grandes trazos la política económica vigente. Ayer, cuando las necesidades de la crisis y el ajuste hicieron indispensables (para la racionalidad neoliberal) el despido de cientos de miles, la clausura de puestos de trabajo, los sindicatos oficiales se convirtieron en el brazo ejecutor de una política liquidadora. Ahora, desarmados y disminuidos, no atinan a ser de otro modo ante el poder. Sólo la maestra Gordillo ha conseguido la tarea más difícil: unir en una misma fuerza la capacidad económica del mayor sindicato latinoamericano con la más abierta participación política en alianza con el gobierno. Ese neocorporativismo, o como se le quiera llamar, no sería posible, en efecto, sin la aquiescencia del Presidente. Pero tampoco puede ser combatido sin un movimiento democrático que sea a la vez sindical, político y moral. La emergencia de una nueva conciencia sindical está íntimamente vinculada a la construcción de una alternativa a las opciones que hoy se nos presentan como verdades absolutas.
Avanzar en dicho camino exige múltiples esfuerzos diferenciados, pero obliga a reconocer algo más: como resultado de la imposición del "pensamiento único" se ha desatado una guerra en todos los frentes contra el principio de solidaridad a favor del individualismo. Ninguna instancia colectiva es respetable, a los ojos de los ideólogos oficiales y oficiosos de moda. Por tal motivo, para diseñar las políticas públicas convenientes, se precisa primero dispersar la sociedad en sus átomos constitutivos, el individuo, el ciudadano como entidad solitaria e ideal, que sólo se reconocerá a través de las grandes abstracciones identitarias: la patria, la religión, la ley. En su avance hacia la "victoria cultural", la derecha ha tratado de suprimir la existencia misma de las "conquistas sociales" y ha sometido al descrédito las razones que llevan a la movilización, a la expresión de inconformidades y disidencias, como si éstas no estuvieran también protegidas por la ley. Allí donde prima el individuo en apariencia no hace falta la organización colectiva para conseguir un poco de bienestar. Basta, según esto, exponerse por unos minutos a la publicidad de los medios para saber cómo obtenerlo. Pero no es así. Para las fuerzas populares es imposible cambiar (no ya el rumbo del país, sino de un sindicato) sin organización, sin un trabajo educativo permanente. La derecha puede confiar en la fuerza del sentido común, en la inercia de las ideas dominantes, la izquierda no. Los sindicatos no cambiarán por arte de magia, menos aún cuando se pugna por disolverlos. El país tampoco.
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