sábado, marzo 06, 2010
Ocupación estadunidense causa la muerte a más de 1 millón de iraquíes
Desde la ocupación de Irak por Estados Unidos, más de 1 millón 200 mil personas han muerto, principalmente, a manos de soldados invasores, una desbordante violencia generada por la guerra que decidieron librar dos potencias y un puñado de países al margen de la Organización de las Naciones Unidas. Con este reportaje, Contralínea inicia la publicación seriada de Proyecto Censurado 2009, una iniciativa de periodistas no alineados que rescatan los textos periodísticos ignorados por los grandes medios de comunicación. A pesar de la seriedad de estas investigaciones, los textos fueron censurados por los consorcios mediáticos de cada país. En esta presentación se reproduce una síntesis del reportaje original con actualizaciones escritas por sus propios autores.
Los autores Joshua Holanda y Michael Schwartz señalaron que la narración dominante [de la propaganda] en Irak (que la mayor parte de la violencia contra los iraquíes es cometida por los propios iraquíes y no es responsabilidad de Estados Unidos) está mal concebida.
En su reportaje de octubre de 2006 (Proyecto Censurado 2006), los entrevistadores de la revista The Lancet les preguntaron a los encuestados iraquíes cómo murieron sus seres queridos. Las respuestas arrojaron que el 56 por ciento de las muertes era imputable a las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados.
Schwartz sugirió que si una parte proporcional de la mitad del resto de las muertes de iraquíes no atribuidas fue causada por las fuerzas de Estados Unidos, el resultado final sería que aproximadamente el 80 por ciento es atribuible a Estados Unidos.
Incluso con las cifras más bajas confirmadas a finales de 2006, las fuerzas de Estados Unidos habían dado muerte a un promedio de 5 mil iraquíes por mes desde el principio de la ocupación. Sin embargo, la tasa de víctimas mortales en 2006 fue dos veces más alta que el promedio total, lo que quiere decir que el promedio de muertes provocadas por los estadunidenses ese año estuvo por encima de 10 mil por mes, o más de 300 por día. Con la ola que comenzó en 2007, la cifra actual probablemente sea mucho más alta.
Schwartz precisó que la lógica de esta carnicería radica en una estadística emitida por los militares estadunidenses y divulgada por el Instituto Brookings: durante los primeros cuatro años de ocupación militar estadunidense, fueron enviadas a los barrios hostiles más de 1 mil patrullas diarias, con órdenes de capturar o matar a “insurrectos” y “terroristas”. Desde febrero de 2007, el número ha aumentado a casi 5 mil patrullas por día, si incluimos a las tropas iraquíes que participan con las fuerzas estadunidenses.
Cada patrulla invade un promedio de 30 hogares diarios con la misión de interrogar, arrestar o matar a iraquíes sospechosos. En este contexto, cualquier hombre en edad de luchar no sólo es un sospechoso, sino un adversario potencialmente letal. A los soldados estadunidenses se les advierte que no corran riesgos.
Según las estadísticas militares de Estados Unidos, divulgadas también por el Instituto Brookings, estas patrullas actualmente dan lugar a unos 3 mil tiroteos por mes, o poco menos de un promedio de 100 diarios (sin contar los 25 adicionales que involucran a los aliados iraquíes). Miles de rondas de patrullas dan como resultado millares de muertes de iraquíes inocentes y detenciones desmesuradamente brutales.
Leer articulo completo AQUI.
Michael Schwartz, Joshua Holland, Dahr Jamail, Luke Baker, Maki al-Nazzal / Red Voltaire
Más de 1 millón 200 mil iraquíes han tenido una muerte violenta como resultado de la invasión iniciada en 2003, según un estudio del prestigioso grupo británico de investigación Opinion Research Business (ORB). Estas cifras sugieren que la invasión y la ocupación de Irak rivalizan con las matanzas masivas del siglo XX –el número de víctimas mortales sobrepasa las 800 mil a 900 mil– que se estima murieron durante el genocidio de Ruanda en 1994, y ya se aproxima a la cantidad (1 millón 700 mil) de los que fallecieron en los tristemente famosos Campos de la Muerte, en Camboya, durante la era del Khmer Rojo en la década de 1970.
La investigación de ORB cubrió 15 de las 18 provincias de Irak. Las zonas no cubiertas incluyen dos de las regiones más inestables de Irak (Kerbala y Anbar) y la norteña provincia de Arbil, donde las autoridades locales les negaron el permiso de trabajo.
En entrevistas cara a cara con 2 mil 414 adultos, la encuesta encontró que más de uno de cada cinco encuestados había tenido por lo menos una muerte en sus hogares como resultado del conflicto.
Los autores Joshua Holanda y Michael Schwartz señalaron que la narración dominante [de la propaganda] en Irak (que la mayor parte de la violencia contra los iraquíes es cometida por los propios iraquíes y no es responsabilidad de Estados Unidos) está mal concebida.En su reportaje de octubre de 2006 (Proyecto Censurado 2006), los entrevistadores de la revista The Lancet les preguntaron a los encuestados iraquíes cómo murieron sus seres queridos. Las respuestas arrojaron que el 56 por ciento de las muertes era imputable a las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados.
Schwartz sugirió que si una parte proporcional de la mitad del resto de las muertes de iraquíes no atribuidas fue causada por las fuerzas de Estados Unidos, el resultado final sería que aproximadamente el 80 por ciento es atribuible a Estados Unidos.
Incluso con las cifras más bajas confirmadas a finales de 2006, las fuerzas de Estados Unidos habían dado muerte a un promedio de 5 mil iraquíes por mes desde el principio de la ocupación. Sin embargo, la tasa de víctimas mortales en 2006 fue dos veces más alta que el promedio total, lo que quiere decir que el promedio de muertes provocadas por los estadunidenses ese año estuvo por encima de 10 mil por mes, o más de 300 por día. Con la ola que comenzó en 2007, la cifra actual probablemente sea mucho más alta.
Schwartz precisó que la lógica de esta carnicería radica en una estadística emitida por los militares estadunidenses y divulgada por el Instituto Brookings: durante los primeros cuatro años de ocupación militar estadunidense, fueron enviadas a los barrios hostiles más de 1 mil patrullas diarias, con órdenes de capturar o matar a “insurrectos” y “terroristas”. Desde febrero de 2007, el número ha aumentado a casi 5 mil patrullas por día, si incluimos a las tropas iraquíes que participan con las fuerzas estadunidenses.
Cada patrulla invade un promedio de 30 hogares diarios con la misión de interrogar, arrestar o matar a iraquíes sospechosos. En este contexto, cualquier hombre en edad de luchar no sólo es un sospechoso, sino un adversario potencialmente letal. A los soldados estadunidenses se les advierte que no corran riesgos.
Según las estadísticas militares de Estados Unidos, divulgadas también por el Instituto Brookings, estas patrullas actualmente dan lugar a unos 3 mil tiroteos por mes, o poco menos de un promedio de 100 diarios (sin contar los 25 adicionales que involucran a los aliados iraquíes). Miles de rondas de patrullas dan como resultado millares de muertes de iraquíes inocentes y detenciones desmesuradamente brutales.
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Escándalo por pederastia alcanza al hermano del Papa Benedicto XVI
George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI.MÉXICO, DF, 5 de marzo (apro).- El escándalo por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes alemanes contra menores de edad ya alcanzó a George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI.
Y es que entre 1964 y 1994, Ratzinger fue director musical de la Escuela del Coro de la Catedral de Ratisbona, al sur de Alemania, donde hoy se informó que hubo dos sacerdotes condenados judicialmente por pederastia y que puede haber más casos.
Uno de estos sacerdotes fue llevado a prisión en 1971, cuando el hermano del Papa era director de la Escuela del Coro. El caso del otro sacerdote fue muy anterior, era un profesor de religión que en 1958 fue relevado de su puesto.
El portavoz de la diócesis de Ratisbona, Clemens Neck, fue quien dio la información este viernes, y agregó que más víctimas de pederastia en esa escuela se están dirigiendo a la arquidiócesis para solicitar ayuda.
Por su lado, George Ratzinger –de 86 años de edad– afirmó hoy mismo a Radio Baviera que él nunca tuvo conocimiento de casos de pederastia durante el tiempo que fungió como director musical de esa escuela.
La diócesis de Ratisbona emprenderá una investigación sobre el caso, anunció Neck, y agregó que al obispado no le consta que actualmente sigan cometiéndose abusos en la escuela, pero consideró probable que algunos pederastas de la institución sigan en activo.
El Vaticano aseguró hoy que toma “muy en serio” el problema de la pederastia sacerdotal en Alemania, que ha sumido a la Iglesia de ese país en una de sus peores crisis, ya que hasta el momento se han detectado 300 casos de ese tipo de abuso sexual.
Ciro Benedettini, vicedirector de la sala de prensa del Vaticano, mencionó que la Curia Romana apoyará a todos los obispos alemanes que están atendiendo los casos de pederastia revelados en las últimas semanas.
Por lo pronto, añadió, apoyarán la petición de la arquidiócesis de Munich para que se designe a un visitador apostólico que investigue los casos de pederastia que se han reportado en la abadía benedictina de Ettal, en Baviera.
A fines de enero, el semanario Spiegel provocó un escándalo con la revelación de abusos cometidos en los años 70 y 80 en el prestigioso colegio jesuita Canisius, de la ciudad de Berlín.
Tras estas revelaciones, las denuncias se multiplicaron y salieron a relucir casos que involucran a distintas congregaciones religiosas, como los salesianos, franciscanos o palotinos. Y se están documentando casos de pederastia en las regiones de Frankfurt, Augusta, Hildesheim, Essen, Bonn y Baviera.
Ni siquiera se salva Munich, donde el Papa Benedicto XVI fue arzobispo en los setenta. Ahí, las autoridades civiles ya abrieron las primeras investigaciones, mientras la arquidiócesis del lugar prometió que habrá “tolerancia cero” hacia sus curas pederastas.
El próximo 12 de marzo, Benedicto XVI recibirá en audiencia privada al presidente del episcopado alemán, Robert Zollitsch, para debatir las medidas a tomar ante esta grave crisis en la Iglesia alemana.
Promiscuidad al gusto de Elba Esther
Elba Esther Gordillo. Promiscuidad política.MEXICO, D.F., 1 de marzo (apro).- El escritor Carlos Fuentes ha celebrado, con peculiar exaltación, que el Partido Acción Nacional (PAN) haya perdido “la virginidad” al hacerse gobierno: “¡Y qué bueno! Yo no quiero partidos vírgenes, ¡quiero partidos que follen todos con todos muy contentos! Digo que haya una promiscuidad, en cierto modo, entre los partidos, porque así se hace la vida democrática.”
Artífice suprema de este ideal de Fuentes es Elba Esther Gordillo, su amiga y mecenas, quien hasta ahora ha resultado la principal beneficiaria de la “promiscuidad” partidaria que está en curso, no sólo entre los partidos que han forjado alianzas para combatir al PRI, sino de éste con Nueva Alianza, justamente la estructura electoral propiedad de la depredadora cacique del magisterio.
Además de las parcelas de poder en el gobierno de Felipe Calderón, que incluye la subordinación del secretario de Educación, Alonso Lujambio --que cenó en casa de ella apenas una semana después de tomar posesión para solicitar su respaldo en su aspiración presidencial--, Gordillo ya sometió a los partidos distintos al PRI para que postulen a dos de sus pupilos a cargos de gobernador.
Rafael Moreno Valle y Miguel Angel Yunes, estrechos colaboradores de Gordillo en el PRI, son ahora candidatos a gobernar Puebla y Veracruz, respectivamente, por la alianza que estableció el PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, en el primer estado, con Convergencia y del Trabajo, aunque éste prevé un deslinde.
La promiscua relación del PAN con Gordillo comenzó cuando ésta era todavía secretaria general priista, al lado de Roberto Madrazo, y ahora se sabe, por una confesión que hizo Yunes a Manuel Espino, que auxilió a Calderón para ganar la candidatura presidencial, en 2005, cuando se presentaron numerosas quejas de fraude que siguen en la impunidad.
Espino dijo al reportero, en entrevista que se publica en la revista Proceso esta semana, que Yunes le contó de esa relación poco antes de ser formalizado candidato. “Reconoció que él apoyó a Calderón desde antes de 2006, ni siquiera cuando era candidato, sino que lo apoyó para ser candidato. Fue después de una negociación que hubo entre Elba Esther y Calderón.”
--¿Elba Esther, siendo priista aún, intervino en la vida interna del PAN?
--Por supuesto. A confesión de parte. Me lo dijo Yunes el jueves 18 de febrero en la sede del Comité Nacional.
Sólo esas complicidades explican por qué Yunes, a quien Calderón acusaba de ser corrupto y represor de dirigentes políticos cuando fue secretario de Gobierno de Veracruz durante el salinato, sea ahora candidato del PAN, lo que ha humillado a los panistas que lo padecieron.
Pero Gordillo, que se parece a Carlos Salinas y Roberto Madrazo en el manejo de profusos y oscuros flujos de dinero, también teje pactos con personajes del PRI, su expartido, en particular con los gobernadores que le son afines y con los que se reunió, la noche del viernes 26 de febrero, en la residencia oficial del gobierno de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla.
Gordillo fue la invitada especial de los gobernadores de Durango, Ismael Hernández Deras; de Chihuahua, José Reyes Baeza; de Coahuila, Humberto Moreira, y de Hidalgo, Miguel Angel Osorio Chong, aunque también estaban invitados los de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y de Quintana Roo, Félix González Canto.
Salvo en Coahuila, en esos estados habrá elecciones para gobernador y el “encuentro social” del viernes, como lo definió el gobernador identificado como un narcopolítico por Manuel Clouthier, anticipa que Elba Esther, alias “La maestra”, dispondrá apoyar a los candidatos del PRI frente a los de la promiscua alianza que pactó Calderón con Jesús Ortega en Durango y Oaxaca, además de Puebla y Veracruz, así como las que se procesan en Sinaloa, Quintana Roo e Hidalgo.
La única conclusión de este amasijo de alianzas es que la única ganadora es Gordillo, quien justamente este lunes comenzó --en televisión abierta-- una vasta campaña propagandística para promover al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyas cuotas ella usufructúa de manera patrimonialista.
En esta “promiscuidad” que tanto fascina a Fuentes --entrevistado por Carmen Aristegui para su libro “Transición”-- encaja también El Yunque, la organización de ultraderecha asociada a Calderón y que representan en este amasijo el presidente del PAN, César Nava, y el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, quien es --no se ría-- aspirante presidencial.
Después de verlos follar “todos con todos muy contentos”, como pide Carlos Fuentes, ¿usted votaría por la alianza PAN-Chuchos y todos los cómplices de Elba Esther Gordillo? Yo tampoco.
Apuntes
Al maestro Carlos Montemayor, chihuahuense macizo, se le debe honrar leyendo su obra portentosa e imitando su dignidad y congruencia… Sinaloa se hunde, tal como insiste en denunciar, implacable, el diputado Manuel Clouthier. Al asesinato del empresario Ricardo Angulo, el domingo 21, se suma la muerte a manos de sicarios de Genoveva Roger, voluntaria de la Cruz Roja, cuyo crimen lamentó Margarita Zavala. No, señora, no lo lamente. Dígale a su marido que actúe…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Deben renunciar
México: Gómez Mont, muy fiel y “con palabra”, que lo pescaron al salirle mal la operación, debe renunciar a Gobernación.
Pedro Echeverría V.
Pedro Echeverría V. 1. Muchos “analistas políticos” en México son ingenuos o, por miedo, sólo actúan como si lo fueran. Buscan siempre echar la culpa de los males a los funcionarios secundarios (secretarios de gobierno, gobernadores, presidentes municipales) para no tocar al “Señor Presidente” como los religiosos hacen con Dios. Con más de 80 años de vivir el Presidencialismo, donde en política “no se mueve una hoja” sin que la ordene el “Gran Tlatoani”, ¿no se les ocurre pensar que fue el presidente Calderón quien –desesperado porque los legisladores del PRI aprueben su paquete económico- le ordenó al presidente del PAN ofrecer lo que sea y luego nombró al secretario de Gobernación para dar fuerza al acuerdo? ¿Piensan que Calderón es tonto y fue pirateado por el “inteligente y serio” secretario de Gobernación, quien fue el que legalizó el pacto?
2. Pensar que el presidente Calderón no sabía es un oportunismo político o una bobada. (Los cubanos son más directos al decir: “Mira Chico, eres bobo o come mierda, porque bobo no eres”) La realidad es que Gómez Mont, el pelele de Fernández de Cevallos, al renunciar al PAN lo único que hizo –sin querer- es destapar la cloaca de ese partido y de toda la clase política. Gómez Mont debería renunciar, pero no solo él sino que también Nava y Paredes para que esos partidos –que de por sí están llenos de mugre- limpien su cuerpo pestilente. Calderón, como máximo dirigente del PAN y “primer panista” también debe renunciar por mil asuntos más, pero se sabe que ésta sólo se puede lograr como producto de una lucha profunda. ¿Alguien podría seguir repitiendo que Gómez Mont tiene palabra, que es honesto, cuando fue el que avaló todo?
3. En México no hay “una democracia tonta”, como dijo el realmente tonto secretario de Educación del país; la que jamás ha existido es una democracia participativa, popular y directa porque siempre ha sido evidente que los problemas de México “los acuerdan” en sucias reuniones en las oficinas de las secretarías de gobierno, sin consultar nunca a la población. Quien piense que el PAN y PRI (próximamente también el PRD) “no acuerdan intercambios en lo oscurito” antes de practicarlas, es un ingenuo incurable. Cuando me hablan de que los electores son libres, que sus votos cuentan y que el pueblo elige a sus gobernantes, yo siempre me carcajeo o por lo menos sonrío “por educación”. Casi podría asegurar, porque hay ejemplos y explicaciones, que todos los cargos políticos electorales se negocian internamente y luego en el exterior.
4. El PRI-gobierno fue el “maestro” de todos los políticos mexicanos (PAN, PRD…) Como partido pudo recoger y sintetizar las estrategias políticas de dominación que se registraron en los 300 años de Colonia, en el siglo XIX y el Porfiriato. Antes que se fundara el partido oficial (PNR, PRM, PRI) en 1929, el grupo clase mediero de “Agua Prieta” (Obregón, Calles, De la Huerta) se encargó de tomar el poder y “educar” políticamente a empresarios, a obreros y campesinos con la técnica de premios y castigos, es decir: “Te doy a cambio de que tú me des”. Mantuvieron la vieja concepción porfirista en el sentido que “el pueblo no estaba preparado para la democracia”, que podría engañársele haciéndole creer que sus votos cuentan, pero que en realidad habría que determinar todo para que luego los electores legitimen.
5. Antes del PRI, en Yucatán por ejemplo, escribo en mi libro: “La política en Yucatán en el siglo XX”, que durante los 20 días que Carrillo Puerto y acompañantes en huída fueron perseguidos, apresados, juzgados y fusilados ningún “socialista” de los “62 mil” levantó un dedo para su defensa, ninguno organizó la resistencia; pero a mediados de abril de 1924, después que el presidente Obregón, persiguió al golpista Ricárdez Broca, desde México los “representantes populares” se repartieron el poder sin consulta alguna: Gobernador (Ancona), secretario general (Castillo Torre), Inspector de policía (Iturralde), gerente de la exportadora (Torregosa), de la Liga Campesina (Cantón) y secretario (Luz Mena). Planilla futura: senador (Luz Mena), para diputados los actuales más las personas que sean indispensables. (Copias publicadas por el derechista Mena Brito.
6. Ningún candidato ha sido escogido por el pueblo, como los ingenuos electores creen. ¡Óiganlo bien! Son los dirigentes de los partidos quienes los seleccionan a partir de su “disciplina y comportamiento” y es la clase política quien puede vetar (prohibir) al candidato si el “peligroso” o está desprestigiado. En los últimos meses se ha demostrado que emplean a mujeres como tapaderas y, una vez “electas” renuncian al cargo para dejar al hombre político corrupto a quien colocaron en la suplencia. ¿Y cómo los seleccionan sin exigirles que sean honestos u honrados? Usan criterios: a) poder manejar grupos de presión, b) tener dinero para su campaña, c) poseer amigos con dinero que puedan ayudar y d) pertenecer a una corriente fuerte dentro del partido. Después de la selección interna obligan al pueblo a votar para legitimarlos.
7. ¿Recuerdan cómo se selecciona al candidato presidencial por los que los electores luego votan sumisamente por ellos sin saber nada? En presidente en turno a) los pasea en sus últimos tres años de gobierno b) consulta con los grupos de poder: (-empresarios, -gobierno de EEUU, -líderes influyentes en su gobierno, -líderes de su partido) y c) analiza la estrategia para proclamarlos. Durante más de 50 años el PRI escogió al líder de los obreros de la CTM, de los campesinos de la CNC o de las clases medias y altas de la CNOP, para lanzar al candidato diciendo que los trabajadores lo habían escogido. Luego los medios de información (TV, Radio, prensa) a su ser desataban días y semanas completas de propaganda para presentar al candidato como el mejor de todos, cuando en realidad había sido seleccionado desde lo alto del poder político y empresarial.
8. Así que el secretario de Gobernación, al renunciar al PAN “por dignidad”, “porque los acuerdos firmados por PAN y PRI, de que el PRI vote por la reforma fiscal y el IVA a cambio de que no hayan alianzas PAN-PRD” no se cumplieron, terminaron de hacer entender a los “ingenuos” que la democracia mexicana es una basura desde que se instaló en el país el siglo XIX. Renuncie o no renuncie Nava, Paredes, Peña Nieto, Gómez Mont, Calderón, la democracia seguirá estando al servicio del poder. Nuestro gran problema es que al pueblo le vale un carajo la política, los políticos y los HP funcionarios. El pueblo vive desesperado por encontrar que comer hoy y mañana, pero al mismo tiempo ignora que él es parte del 90 por ciento de la población y que su fuerza organizada y unida es muy superior a los 1000 explotadores y opresores que lo someten.
pedroe@cablered.net.mx
¡No pasa nada! La prensa de EE.UU. lo oculta
¿Ejecución de niños afganos esposados?
Dave Lindorff
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Cuando el teniente de la Compañía Charlie, William Calley, ordenó y alentó a sus hombres para que violaran, mutilaran y masacraran a más de 400 hombres, mujeres y niños en My Lai en Vietnam en 1968, hubo por lo menos cuatro estadounidenses que trataron de detenerlo o llevarlo a él y a oficiales superiores ante la justicia. Uno fue el piloto de helicóptero Hugh Thompson Jr., quien evacuó a algunas de las víctimas heridas, y quien colocó su nave entre un grupo de vietnamitas y los hombres de Calley, y ordenó a su artillero que abriera fuego contra los soldados estadounidenses si disparaban contra más gente. Otro fue Ron Ridenhour, que supo de la masacre e inició una investigación privada, y terminó por informar sobre el crimen al Pentágono y al Congreso. Uno más fue Michael Bernhardt, un soldado en la Compañía Charlie que la presenció y le contó todo a Ridenhour. Y otro fue el periodista Seymour Hersh, que publicó la historia en los medios de EE.UU.
La actual guerra en Afganistán también tiene sus masacres de My Lai. Las tiene casi todas las semanas, cuando aviones de EE.UU. bombardean fiestas de matrimonio, o casas “sospechosas” de albergar terroristas que resulta que sólo servían de refugio a civiles. Pero estos My Lai son todos etiquetados convenientemente como accidentes. Son archivados y olvidados como el inevitable “daño colateral” de la guerra. Hubo, sin embargo, una masacre reciente que no fue un error –una masacre que, aunque sólo afectó a menos de una docena de personas, tiene el mismo hedor de My Lai. Fue el asesinato al estilo de una ejecución de ocho estudiantes esposados, de entre 11 y 18 años, y de un niño pastor vecino de 12 años que estaba de visita, en la provincia Kunar, el 26 de diciembre.
Desgraciadamente, ningún soldado de principios, con una conciencia como el piloto Hugh Thompson trató de salvar a esos niños. Ningún observador tuvo el valor de Michael Bernhardt para informar sobre lo que había visto. Ningún Ron Ridenhour entre los otros soldados de EE.UU. en Afganistán ha investigado esta atrocidad o ha informado al Congreso. Y ningún periodista estadounidense ha investigado este crimen de guerra como Seymour Hersh investigó My Lai.
Hay un Seymour Hersh para la masacre de Kunar, pero es un británico. Mientras los periodistas estadounidenses como los anónimos drones periodísticos que escribieron el informe del 29 de diciembre de CNN sobre el incidente http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/12/29/afghanistan.deaths/index.html) aceptaron como real la historia de encubrimiento inicial del Pentágono –que los muertos formaban parte de un grupo secreto de terroristas-, Jerome Starkey, un periodista en Afganistán del Times de Londres y del Scotsman, habló con otras fuentes –el director de la escuela de los niños muertos, otros residentes locales, y funcionarios del gobierno afgano– y descubrió la verdad real sobre un atroz crimen de guerra –la ejecución de niños esposados-. Y mientras unos pocos medios noticiosos en EE.UU. como el New York Times mencionaron que existían algunas afirmaciones de que los muertos eran niños, no fabricantes de bombas, ninguno, incluida CNN, que había aceptado y publicado las mentiras del Pentágono sin cuestionarlas, se dio la molestia de publicar la actualización de la noticia cuando, el 24 de febrero, los militares de EE.UU. admitieron que efectivamente se trataba de estudiantes inocentes. Tampoco alguna organización noticiosa corporativa de EE.UU. mencionó que los muertos estaban esposados cuando los mataron.
Starkey informó sobre la admisión incriminadora del gobierno de EE.UU. No obstante todavía los medios de EE.UU. se mantienen silenciosos como una tumba.
Bajo las Convenciones de Ginebra, es un crimen de guerra ejecutar a un cautivo. Pero en Kunar, el 26 de diciembre, fuerzas dirigidas por EE.UU., o tal vez soldados estadounidenses o mercenarios contratados por EE.UU., ejecutaron a sangre fría a ocho prisioneros esposados. Es un crimen de guerra matar a niños menores de 15 años, pero en este incidente un niño de 11 y otro de 12 años fueron esposados como combatientes, capturados y ejecutados. Otros dos de los muertos tenían 12 años, y un tercero tenía 15.
Llamé a la oficina del secretario de defensa para preguntar si se estaba realizando alguna investigación de este crimen o si se planeaba realizar una, y se me dijo que enviara una solicitud escrita, lo que hice. Hasta la fecha no he tenido respuesta. La maquinaria de relaciones públicas del Pentágono pretendió por teléfono que ni siquiera sabía de qué incidente estaba hablando, pero sin su “ayuda” he llegado a saber que lo que los militares de EE.UU. han hecho –lo que no constituye una sorpresa– es transferir el problema dejando toda investigación a la Fuerza Internacional de Ayuda de la Seguridad (ISAF) – un nombre decorativo para la fuerza de la OTAN dirigida por EE.UU. que combate a los talibanes en Afganistán. Es una artimaña hábil. La ISAF no es más una genuina entidad de coalición que lo que fue la Coalición de los Dispuestos de George Bush en la Guerra de Iraq, pero este subterfugio imposibilita la investigación legislativa del evento, ya que el Congreso no posee autoridad para imponer el testimonio de la OTAN o de ISAF como lo podría hacer con el Pentágono. Una fuente del Comité de Servicios Armados del Senado confirma que la ISAF está investigando, y que el comité ha solicitado una “información” –lo que quiere decir que nada sería bajo juramento– una vez que la investigación haya sido completada, pero no retenga el aliento o espere algo dramático.
También tomé contacto con la oficina de prensa del Comité de Servicios Armados de la Cámara para ver si se había planificado alguna audiencia sobre este crimen. La respuesta es no, aunque la encargada de prensa me pidió que le enviara detalles del incidente (No es una buena señal de que miembros y personal de la Cámara estén prestando mucha atención – los asesinatos llevaron a manifestaciones estudiantiles en todo el país en Afganistán, a una protesta formal de la oficina del presidente Hamid Karzai, y a una investigación del gobierno afgano, que concluyó que estudiantes inocentes habían sido esposados y ejecutados, y sin duda contribuyó a un llamado del gobierno afgano para que se procese y ejecute a soldados estadounidenses que maten a civiles afganos.)
Todavía queda tiempo para que gente de conciencia se levante en medio de esta aventura imperial que ahora puede llamarse adecuadamente la Guerra de Obama en Afganistán. Muchos hombres y mujeres en uniforme en Afganistán saben que nueve niños afganos fueron capturados y asesinados a manos de EE.UU. en diciembre pasado en Kunar. Probablemente también existe gente que estuvo implicada en la planificación y realización de esa operación criminal que se siente asqueada por lo sucedido. Pero esa gente hasta ahora se calla la boca, sea por miedo, o simplemente por no saber hacia dónde volverse. (Nota: si usted tiene información puede ponerse en contacto conmigo). Hay también numerosos periodistas en Afganistán y en Washington que podrían estar investigando esta historia. No lo hacen. No me preguntéis por qué. Preguntad tal vez a sus editores.
……………
Dave Lindorff es un periodista del área de Filadelfia. Su trabajo se puede encontrar en www.thiscantbehappening.net. Para contactos: dlindorff@yahoo.com.
Fuente: http://www.counterpunch.org/lindorff03042010.html
Dave Lindorff
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Cuando el teniente de la Compañía Charlie, William Calley, ordenó y alentó a sus hombres para que violaran, mutilaran y masacraran a más de 400 hombres, mujeres y niños en My Lai en Vietnam en 1968, hubo por lo menos cuatro estadounidenses que trataron de detenerlo o llevarlo a él y a oficiales superiores ante la justicia. Uno fue el piloto de helicóptero Hugh Thompson Jr., quien evacuó a algunas de las víctimas heridas, y quien colocó su nave entre un grupo de vietnamitas y los hombres de Calley, y ordenó a su artillero que abriera fuego contra los soldados estadounidenses si disparaban contra más gente. Otro fue Ron Ridenhour, que supo de la masacre e inició una investigación privada, y terminó por informar sobre el crimen al Pentágono y al Congreso. Uno más fue Michael Bernhardt, un soldado en la Compañía Charlie que la presenció y le contó todo a Ridenhour. Y otro fue el periodista Seymour Hersh, que publicó la historia en los medios de EE.UU.
La actual guerra en Afganistán también tiene sus masacres de My Lai. Las tiene casi todas las semanas, cuando aviones de EE.UU. bombardean fiestas de matrimonio, o casas “sospechosas” de albergar terroristas que resulta que sólo servían de refugio a civiles. Pero estos My Lai son todos etiquetados convenientemente como accidentes. Son archivados y olvidados como el inevitable “daño colateral” de la guerra. Hubo, sin embargo, una masacre reciente que no fue un error –una masacre que, aunque sólo afectó a menos de una docena de personas, tiene el mismo hedor de My Lai. Fue el asesinato al estilo de una ejecución de ocho estudiantes esposados, de entre 11 y 18 años, y de un niño pastor vecino de 12 años que estaba de visita, en la provincia Kunar, el 26 de diciembre.
Desgraciadamente, ningún soldado de principios, con una conciencia como el piloto Hugh Thompson trató de salvar a esos niños. Ningún observador tuvo el valor de Michael Bernhardt para informar sobre lo que había visto. Ningún Ron Ridenhour entre los otros soldados de EE.UU. en Afganistán ha investigado esta atrocidad o ha informado al Congreso. Y ningún periodista estadounidense ha investigado este crimen de guerra como Seymour Hersh investigó My Lai.
Hay un Seymour Hersh para la masacre de Kunar, pero es un británico. Mientras los periodistas estadounidenses como los anónimos drones periodísticos que escribieron el informe del 29 de diciembre de CNN sobre el incidente http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/12/29/afghanistan.deaths/index.html) aceptaron como real la historia de encubrimiento inicial del Pentágono –que los muertos formaban parte de un grupo secreto de terroristas-, Jerome Starkey, un periodista en Afganistán del Times de Londres y del Scotsman, habló con otras fuentes –el director de la escuela de los niños muertos, otros residentes locales, y funcionarios del gobierno afgano– y descubrió la verdad real sobre un atroz crimen de guerra –la ejecución de niños esposados-. Y mientras unos pocos medios noticiosos en EE.UU. como el New York Times mencionaron que existían algunas afirmaciones de que los muertos eran niños, no fabricantes de bombas, ninguno, incluida CNN, que había aceptado y publicado las mentiras del Pentágono sin cuestionarlas, se dio la molestia de publicar la actualización de la noticia cuando, el 24 de febrero, los militares de EE.UU. admitieron que efectivamente se trataba de estudiantes inocentes. Tampoco alguna organización noticiosa corporativa de EE.UU. mencionó que los muertos estaban esposados cuando los mataron.
Starkey informó sobre la admisión incriminadora del gobierno de EE.UU. No obstante todavía los medios de EE.UU. se mantienen silenciosos como una tumba.
Bajo las Convenciones de Ginebra, es un crimen de guerra ejecutar a un cautivo. Pero en Kunar, el 26 de diciembre, fuerzas dirigidas por EE.UU., o tal vez soldados estadounidenses o mercenarios contratados por EE.UU., ejecutaron a sangre fría a ocho prisioneros esposados. Es un crimen de guerra matar a niños menores de 15 años, pero en este incidente un niño de 11 y otro de 12 años fueron esposados como combatientes, capturados y ejecutados. Otros dos de los muertos tenían 12 años, y un tercero tenía 15.
Llamé a la oficina del secretario de defensa para preguntar si se estaba realizando alguna investigación de este crimen o si se planeaba realizar una, y se me dijo que enviara una solicitud escrita, lo que hice. Hasta la fecha no he tenido respuesta. La maquinaria de relaciones públicas del Pentágono pretendió por teléfono que ni siquiera sabía de qué incidente estaba hablando, pero sin su “ayuda” he llegado a saber que lo que los militares de EE.UU. han hecho –lo que no constituye una sorpresa– es transferir el problema dejando toda investigación a la Fuerza Internacional de Ayuda de la Seguridad (ISAF) – un nombre decorativo para la fuerza de la OTAN dirigida por EE.UU. que combate a los talibanes en Afganistán. Es una artimaña hábil. La ISAF no es más una genuina entidad de coalición que lo que fue la Coalición de los Dispuestos de George Bush en la Guerra de Iraq, pero este subterfugio imposibilita la investigación legislativa del evento, ya que el Congreso no posee autoridad para imponer el testimonio de la OTAN o de ISAF como lo podría hacer con el Pentágono. Una fuente del Comité de Servicios Armados del Senado confirma que la ISAF está investigando, y que el comité ha solicitado una “información” –lo que quiere decir que nada sería bajo juramento– una vez que la investigación haya sido completada, pero no retenga el aliento o espere algo dramático.
También tomé contacto con la oficina de prensa del Comité de Servicios Armados de la Cámara para ver si se había planificado alguna audiencia sobre este crimen. La respuesta es no, aunque la encargada de prensa me pidió que le enviara detalles del incidente (No es una buena señal de que miembros y personal de la Cámara estén prestando mucha atención – los asesinatos llevaron a manifestaciones estudiantiles en todo el país en Afganistán, a una protesta formal de la oficina del presidente Hamid Karzai, y a una investigación del gobierno afgano, que concluyó que estudiantes inocentes habían sido esposados y ejecutados, y sin duda contribuyó a un llamado del gobierno afgano para que se procese y ejecute a soldados estadounidenses que maten a civiles afganos.)
Todavía queda tiempo para que gente de conciencia se levante en medio de esta aventura imperial que ahora puede llamarse adecuadamente la Guerra de Obama en Afganistán. Muchos hombres y mujeres en uniforme en Afganistán saben que nueve niños afganos fueron capturados y asesinados a manos de EE.UU. en diciembre pasado en Kunar. Probablemente también existe gente que estuvo implicada en la planificación y realización de esa operación criminal que se siente asqueada por lo sucedido. Pero esa gente hasta ahora se calla la boca, sea por miedo, o simplemente por no saber hacia dónde volverse. (Nota: si usted tiene información puede ponerse en contacto conmigo). Hay también numerosos periodistas en Afganistán y en Washington que podrían estar investigando esta historia. No lo hacen. No me preguntéis por qué. Preguntad tal vez a sus editores.
……………
Dave Lindorff es un periodista del área de Filadelfia. Su trabajo se puede encontrar en www.thiscantbehappening.net. Para contactos: dlindorff@yahoo.com.
Fuente: http://www.counterpunch.org/lindorff03042010.html
Víctimas de Juárez y atropellos del Ejército y la Marina ausentes en informe de la CNDH
Revisión militar en Ciudad Juárez.MEXICO, D.F., 5 de marzo (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, rindió hoy su primer informe de labores en el que omitió referirse a los atropellos y violaciones a las garantías individuales contra civiles cometidos por integrantes de ambas dependencias en la guerra contra el narcotráfico.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, han denunciado la impunidad del fuero militar para casos de violaciones de derechos humanos cometidos contra civiles en la guerra contra el narcotráfico.
En su discurso pronunciado ante el presidente Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos, Plascencia tampoco hizo referencia al caso de los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de presuntos sicarios del narcotráfico, sin que, hasta ahora, hayan sido detenidos los autores intelectuales de la matanza.
Plascencia, quien hace 45 días tomó posesión como presidente de la CNDH, lanzó su crítica más fuerte sólo hacia los casos de desaparición forzada y asesinatos de periodistas.
“En este sentido, expreso la más enérgica condena por el hecho de que, en 2009, se haya presentado el mayor número de atentados y agravios contra periodistas y defensores civiles de derechos humanos en los últimos años. Se radicaron 105 expedientes de queja en el año, 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas y 26 en agravio de defensores civiles”, dijo.
Sobre este punto, Plascencia demandó a las autoridades tomar las medidas necesarias para terminar con la impunidad prevaleciente, a fin de que indaguen y agoten cada una de las líneas de investigación.
Además, Plascencia señaló que 20 recomendaciones del organismo no fueron aceptadas por un total de 25 autoridades responsables.
Para recomponer esta situación, Plascencia propuso que las entidades de gobierno que desatiendan las recomendaciones de la CNDH sean llamadas a comparecer ante las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores para explicar su negativa.
Plascencia enfocó una parte sustancial de su discurso hacia el incremento en los niveles de secuestros, robos, atentados contra migrantes, y abusos contra los grupos en situación de vulnerabilidad, producto de “las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México durante 2009”.
En su oportunidad, el anterior presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, rechazó que las Fuerzas Armadas se avocaran casi por completo a combatir al narcotráfico sin marcos de referencias claros que impidieran posibles violaciones a las garantías individuales.
Ahora éste tema ya no formó parte al menos en el discurso del sucesor de Soberanes. Desde el atril colocado en el salón “Adolfo López Mateos” de los Pinos, Plascencia dijo que el entorno económico provocó la salida de mexicanos hacia otras zonas en busca de trabajo.
“La mayoría de ellos emprendió camino hacia Estados Unidos, en la mayoría de veces, bajo condiciones inhumanas y generalmente expuestos a los abusos de las autoridades en ambos lados de la frontera, o siendo víctimas de redes de delincuentes que, amparados en la impunidad, han encontrado en el tráfico de personas una forma de vida”, sentenció.
Mentirosos...
César Nava, presidente del PAN y Josefina Vázquez Mota, líder de la bancada del PAN en San Lázaro.MÉXICO, D.F., 5 de marzo (apro).- Lo que se pudo percibir como una “travesura” del PRI para el dirigente nacional del PAN y diputado federal, César Nava, al negarle con sus votos en la Cámara de Diputados su solicitud de licencia como legislador, el pasado 2 de marzo, fue únicamente parte de la guerra frontal que los priistas abrieron con el partido de quien supuestamente gobierna al país, Felipe Calderón Hinojosa.
Lo anterior debido a que a tal negación siguió el desnudo total de la falta de palabra del partido en el gobierno --al no respetar el acuerdo de aliarse electoralmente con el PRD a cambio de la aprobación del aumento de impuestos contra los mexicanos—y, de paso, los mismos priistas confirmaron que son unos personajes faltos de ética política al negociar la economía de los ciudadanos a cambio de poner la balanza electoral a su favor con tal de recuperar la Presidencia en el 2012.
Ahora, diputados priistas y panistas niegan el conocimiento de tal infame trueque. Tanto el vicecoordinador del PRI, José Carlos Ramírez Marín, como el del PAN, Roberto Gil Zuarth, se deslindaron de los acuerdos. Han sostenido ante la opinión pública que nunca aprobaron los impuestos a cambio de las alianzas.
Aseguran que los legisladores desconocían tal convenio. Difícil creerles, pues, de lo contrario, se pensaría que los político de uno y otro lado son ingenuos o que no tienen comunicación con sus dirigencias nacionales. Sin embargo, todo lo que aprueban o “negocian” los legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado de la República obedece a una estrategia política dictada desde sus respectivas presidencias de partido. Por eso hay una cabeza dirigente en cada instituto político. Son éstos quienes guían el actuar de sus representantes en las cámaras. Esto es sólo parte de un principio de partido, de ahí que sus palabras sean poco confiables.
Sin embargo, fue el propio dirigente nacional del PAN, César Nava, quien salió ante los medios a confirmar que sí hubo tal trueque, incluso se atrevió a decir cínicamente que ante el incumplimiento del PRI de aprobar tal cual el paquete económico enviado por Felipe Calderón, los panistas decidieron concretar las alianzas.
Además, desde hace dos semanas, los propios diputados del PRI narraron a Proceso cómo fue el convenio y dónde se firmó. Además revelaron que luego del acuerdo el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se comunicó con su bancada para anunciarles la negociación y bajo esta premisa pedirles a sus diputados que operaran para avalar el aumento al IVA.
En las declaraciones públicas de César Nava y las versiones de los propios legisladores del PRI existe un desfase de fecha. El panista asegura que el convenio se signó el 30 de octubre, sin embargo, el día en que los priistas discutieron por más de seis horas la aprobación o no del aumento del IVA fue el 19 de octubre, horas antes de que salieran al pleno y levantaran la mano a favor de los incrementos.
Las fechas resultan importantes debido a que a partir de la certeza de ellas se puede determinar el alcance de la negociación entre los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, quienes tuvieron como testigo “de honor” al propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Aunque en el centro de todo está la permanencia de unos y la recuperación del poder, por parte de otros, lo cierto es que la ciudadanía debe conocer qué más negociaron Nava y los priistas, sobre todo porque de sus acuerdos en lo oscurito dependen las imposiciones en materia económica, social y de seguridad que le afectan a la ciudadanía.
Por ejemplo, cuando llegó el paquete económico de Felipe Calderón a la Cámara de Diputados que incluía nuevos impuestos, se discutía el respaldo del PRI para apoyar la controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo por haber desaparecido la Luz y Fuerza del Centro y, con ello, la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas.
En la fracción del PRI había por lo menos unos 60 diputados, sobre todo de la Confederación Nacional Campesina, que estaban a favor de la controversia; de su actuar dependía que el PRD, el PT y Convergencia lograran los votos necesarios para interponer el recurso. Así es que en una reunión plenaria del PRI, momentos antes de que se fijara la decisión final de los diputados a favor de la controversia, Oscar Levín Coppel, diputado cercano a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ofreció a los cenecistas cambiar su voto a favor por uno en contra a cambio de negociar mayores recursos en el paquete económico para el sector agrario. Esta fue una más de las negociaciones en lo oscurito de las cuáles ni los priistas ni los panistas hablan.
Habría que preguntarse qué más han negociado, no sólo el PRI con el PAN, sino también el PRD con el PAN, pues aunque es una fracción dividida, de apenas 60 votos, sus decisiones en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, sirven para avalar las políticas públicas que terminan imponiendo a la población.
Un cierto sector de los mexicanos tiene su atención puesta en todas estas desfachatadas declaraciones de uno y otro lado, pero más allá de esta firma de convenio vale la pena preguntarse qué otros acuerdos han establecido, por ejemplo, en materia energética, donde recientemente se avalaron cambios normativos que abren la total participación de la iniciativa privada --nacional o extranjera--, en el manejo de los hidrocarburos.
Por ejemplo, qué otras cosas se han aprobado en materia de seguridad para que, a pesar de que la población se está viendo afectada por una guerra entre el aparato de estado y los grupos de narcotraficantes, el gobierno de Felipe Calderón siga en pie. Por qué el PRI, que tiene el poder de decisión en el Congreso no hace nada para detener esta guerra.
El cinismo con que PRI y PAN han aceptado sus “negociaciones” es sólo una parte de lo que realmente ocurre con la clase política del país, de su falta de límites para obtener el poder a costa de lo que sea.
Tan reprobable es la actuación de unos y otros en este indignante convenio; pero es más vergonzosa la actuación de la “izquierda” representada por el PRD, que hoy se alía con el PAN para tener, aunque sea un poquito de poder a través de las gubernaturas.
Una vez desnudados, los panistas pretenden desviar la atención diciendo que lo que hay que indagar es por qué un gobierno puede caer en el “chantaje” de un partido que tiene poder de decisión por su número de legisladores, refiriéndose al PRI, y recargando toda la culpa de este indignante acuerdo en los priistas.
A su vez, el PRI sostiene que lo que importa de todo esto es “la confianza”. Asegura que ante lo revelado el PRI ya no confía en el PAN y los acuerdos a los que este llega. Con esto pretende también desviar la atención de su desfachatez de negociar impuestos por no alianzas con miras a recuperar el poder Presidencial.
En realidad lo único importante aquí es la confesión de los políticos de su falta de ética para conducirse. Una falta de ética que a quien afecta finalmente es a los mexicanos.
Episodios como los vividos recientemente respecto al tema de las alianzas, son solo uno de los muchos enfrentamientos que veremos entre el PRI y el PAN y en donde ambos partidos, sumándose el PRD como comparsa en algunos casos, no tendrán límites para enmugrarse aún más y actuar de manera indignante y cínica.
Parece ser que todo se valdrá de aquí a las elecciones presidenciales del 2012. Un panorama desolador para los mexicanos que son los únicos que tienen el poder de rebelarse ante los partidos políticos y poner un alto ante tanto pisoteo y desdén con que los políticos los utilizan en cada proceso electoral y en cada uno de sus actos diarios.
mjcervantes@proceso.com.mx
Definitiva transparencia
MÉXICO, D.F., 5 de marzo.- Hace unos días se supo que la Procuraduría General de la República se pronunció por que la Suprema Corte de Justicia declare constitucional una reforma legal en el estado de Campeche relacionada con el acceso a la información. Esa reforma consiste en derogar la norma que permite la consulta directa de la información solicitada, y en considerar no definitivas las resoluciones del órgano garante de Campeche para que la decisión final corresponda al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este hecho ha generado la inquietud de que el sistema de transparencia en México puede encontrarse en riesgo. Veamos de qué se trata.
Primero. Una de las características procedimentales del derecho de acceso a la información es el definido por el concepto de “amigabilidad”, que supone poner en práctica el principio de suplencia de la deficiencia de la queja; es decir, que los errores de forma del recurrente de una negativa de acceso a la información deben ser solventados por el órgano garante para resolver el fondo de la cuestión. Esta premisa parte del compromiso del Estado de rendir cuentas, generar retroalimentación informativa con los gobernados y promover la observancia del estado de derecho. La “amigabilidad” del derecho de acceso no debe entenderse, sin embargo, como una autorización para que se ignoren los principios constitucionales de seguridad jurídica que todo órgano del Estado debe observar, más todavía si realiza funciones materialmente jurisdiccionales. En un acucioso estudio de la doctora Perla Gómez Gallardo (El IFAI y la calidad jurídica de sus decisiones, Miguel Ángel Porrúa, 2007) se puso de relieve la fragilidad de las resoluciones del IFAI por lo que concierne a su estricta observancia de los principios constitucionales de seguridad jurídica, y se reconoció que hay una mayor calidad técnica en las resoluciones de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Segundo. En Campeche, el 30 de junio de 2009 el Congreso local derogó la consulta directa a la información y preservó la no definitividad de las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual un grupo de diputados presentó la Acción de Inconstitucionalidad 56/2009 el 18 de agosto para que se declare la invalidez de esas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad. Por lo que se refiere al primer punto, relativo a la consulta pública, se puede decir que esta vía de acceso a la información forma parte de los estándares nacionales del acceso a la información pública y está prevista en las distintas leyes federal y estatales. Es, además, uno de los mecanismos expeditos y gratuitos que tiene a su disposición el gobernado, y resulta compatible con lo previsto por el artículo 6º constitucional, inciso IV.
Queda claro, por si lo anterior fuera poco, que los sujetos obligados a informar cuentan con mecanismos de protección de los registros y que, en casos excepcionales, no se podrá hacer una consulta directa si la propia información puede ser afectada, como en algunos documentos históricos. Es por esta razón que el acto reclamado por los diputados que promovieron la acción de inconstitucionalidad difícilmente podrá ser resuelto en sentido contrario a sus intenciones, pues favorece el interés público.
Tercero. El punto relativo a la definitividad de las resoluciones a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como está planteado en la reforma legal campechana, ofrece más problemas que soluciones desde la perspectiva del derecho de acceso a la información. El primero de ellos reside en que hace más complejo el procedimiento, toda vez que supone un conocimiento jurídico del gobernado, cuando en la relación de éste y el órgano garante no es eso necesario, por el citado principio de suplencia de la deficiencia de la queja. El segundo problema se localiza en la ausencia de “procedimientos expeditos”, tal y como lo ordena el artículo 6º constitucional, lo que sometería a las personas a tener una gran paciencia para eventualmente acceder a la información.
En Campeche, por citar los dos ejemplos más recientes, el recurso de revisión RR/001/09, interpuesto por la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial ante el Tribunal Superior de Justicia contra una resolución del órgano garante, lleva exactamente 12 meses sin ser resuelto. Lo mismo puede decirse del recurso de revisión RR/018/2008, interpuesto por el ISSSTE local, que desde hace 16 meses está en espera de resolución.
Cuarto. ¿Qué hacer? El texto del artículo 6 constitucional no establece de manera expresa la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes, aunque esa es la tendencia en la mayor parte de las leyes vigentes. No obstante lo anterior, a fin de respetar el principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución, y considerando que para ser comisionad@ o consejer@ de los órganos garantes no es necesario ser jurista, sería posible admitir un mecanismo de control constitucional del debido proceso restringido que pudiera estar sujeto a las siguientes consideraciones: a) se debe resolver por un juzgador del Poder Judicial de la Federación; b) no debe pronunciarse sobre el fondo, sino sobre la forma; c) debe estar sujeto a un procedimiento expedito mediante las reformas legales necesarias; y d) sólo deberían estar legitimados en tal sentido el presidente de la República y los titulares de cada uno de los Poderes de la Unión, así como de los organismos constitucionales autónomos y sus equivalentes en los estados.
De esta suerte, podría armonizarse el expedito acceso a la información de los gobernados con el adecuado respeto a los principios de legalidad y del debido proceso, que han sido establecidos no por cuestiones de “estética” legal, sino para proteger el interés colectivo. Sólo de esta manera podría justificarse una reforma que impactara la necesaria definitividad que, como regla general, deben tener los órganos garantes del derecho a saber. l
evillanueva99@yahoo.com
Primero. Una de las características procedimentales del derecho de acceso a la información es el definido por el concepto de “amigabilidad”, que supone poner en práctica el principio de suplencia de la deficiencia de la queja; es decir, que los errores de forma del recurrente de una negativa de acceso a la información deben ser solventados por el órgano garante para resolver el fondo de la cuestión. Esta premisa parte del compromiso del Estado de rendir cuentas, generar retroalimentación informativa con los gobernados y promover la observancia del estado de derecho. La “amigabilidad” del derecho de acceso no debe entenderse, sin embargo, como una autorización para que se ignoren los principios constitucionales de seguridad jurídica que todo órgano del Estado debe observar, más todavía si realiza funciones materialmente jurisdiccionales. En un acucioso estudio de la doctora Perla Gómez Gallardo (El IFAI y la calidad jurídica de sus decisiones, Miguel Ángel Porrúa, 2007) se puso de relieve la fragilidad de las resoluciones del IFAI por lo que concierne a su estricta observancia de los principios constitucionales de seguridad jurídica, y se reconoció que hay una mayor calidad técnica en las resoluciones de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Segundo. En Campeche, el 30 de junio de 2009 el Congreso local derogó la consulta directa a la información y preservó la no definitividad de las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual un grupo de diputados presentó la Acción de Inconstitucionalidad 56/2009 el 18 de agosto para que se declare la invalidez de esas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad. Por lo que se refiere al primer punto, relativo a la consulta pública, se puede decir que esta vía de acceso a la información forma parte de los estándares nacionales del acceso a la información pública y está prevista en las distintas leyes federal y estatales. Es, además, uno de los mecanismos expeditos y gratuitos que tiene a su disposición el gobernado, y resulta compatible con lo previsto por el artículo 6º constitucional, inciso IV.
Queda claro, por si lo anterior fuera poco, que los sujetos obligados a informar cuentan con mecanismos de protección de los registros y que, en casos excepcionales, no se podrá hacer una consulta directa si la propia información puede ser afectada, como en algunos documentos históricos. Es por esta razón que el acto reclamado por los diputados que promovieron la acción de inconstitucionalidad difícilmente podrá ser resuelto en sentido contrario a sus intenciones, pues favorece el interés público.
Tercero. El punto relativo a la definitividad de las resoluciones a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como está planteado en la reforma legal campechana, ofrece más problemas que soluciones desde la perspectiva del derecho de acceso a la información. El primero de ellos reside en que hace más complejo el procedimiento, toda vez que supone un conocimiento jurídico del gobernado, cuando en la relación de éste y el órgano garante no es eso necesario, por el citado principio de suplencia de la deficiencia de la queja. El segundo problema se localiza en la ausencia de “procedimientos expeditos”, tal y como lo ordena el artículo 6º constitucional, lo que sometería a las personas a tener una gran paciencia para eventualmente acceder a la información.
En Campeche, por citar los dos ejemplos más recientes, el recurso de revisión RR/001/09, interpuesto por la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial ante el Tribunal Superior de Justicia contra una resolución del órgano garante, lleva exactamente 12 meses sin ser resuelto. Lo mismo puede decirse del recurso de revisión RR/018/2008, interpuesto por el ISSSTE local, que desde hace 16 meses está en espera de resolución.
Cuarto. ¿Qué hacer? El texto del artículo 6 constitucional no establece de manera expresa la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes, aunque esa es la tendencia en la mayor parte de las leyes vigentes. No obstante lo anterior, a fin de respetar el principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución, y considerando que para ser comisionad@ o consejer@ de los órganos garantes no es necesario ser jurista, sería posible admitir un mecanismo de control constitucional del debido proceso restringido que pudiera estar sujeto a las siguientes consideraciones: a) se debe resolver por un juzgador del Poder Judicial de la Federación; b) no debe pronunciarse sobre el fondo, sino sobre la forma; c) debe estar sujeto a un procedimiento expedito mediante las reformas legales necesarias; y d) sólo deberían estar legitimados en tal sentido el presidente de la República y los titulares de cada uno de los Poderes de la Unión, así como de los organismos constitucionales autónomos y sus equivalentes en los estados.
De esta suerte, podría armonizarse el expedito acceso a la información de los gobernados con el adecuado respeto a los principios de legalidad y del debido proceso, que han sido establecidos no por cuestiones de “estética” legal, sino para proteger el interés colectivo. Sólo de esta manera podría justificarse una reforma que impactara la necesaria definitividad que, como regla general, deben tener los órganos garantes del derecho a saber. l
evillanueva99@yahoo.com
DEA y CIA en México
Anthony Plácido, funcionario de la DEA.MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- El gobierno de Estados Unidos cada día tiene más claro el peligro en que se ha convertido el narcotráfico en México. Quizá por ello es que a últimas fechas se le ha considerado como un riesgo a la seguridad nacional y ha crecido la presencia de la DEA y de la CIA desde la llegada del nuevo embajador Carlos Pascual, un experto en estabilización de países post-conflicto.
Apenas ayer el subdirector para asuntos de inteligencia de la DEA, Anthony Plácido, dijo en Washington que a Estados Unidos le interesa que México sea un país “seguro y estable” y advirtió que les preocupa el riesgo a la seguridad nacional en que se han convertido las bandas del crimen organizado.
El funcionario de la agencia de lucha contra las drogas se reunió con el subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde advirtió de los enormes riesgos que corre México por el crecimiento del poder y la impunidad de los grupos criminales.
El dato interesante de esta reunión es que no sólo habló del apoyo financiero a México a través del Plan Mérida (310 millones de dólares para 2011), sino de la necesidad de usar planes de inteligencia y no sólo la estrategia militar en la que se ha enfrascado Felipe Calderón.
Previsores, los norteamericanos ven que el narcotráfico en México ha trascendido hacia los linderos de la política y que incluso ha financiado algunos candidatos a presidentes municipales y se sospecha de algunos gobernadores también.
Luego del fracaso del Plan Colombia para disminuir la producción de cocaína en ese país y de terminar con los múltiples grupos que emergieron de la caída de los grandes capos, como Pablo Escobar, para México se prevé un giro y dar apoyo no sólo para la parte militar y policiaca, sino también para las labores de inteligencia.
La posibilidad de que surja un movimiento de insurgencia social en los próximos años y que este sea aprovechado por los poderosos grupos de narcotraficantes para desestabilizar el país, es un escenario que no descartan en Washington, y por ello han tomado previsiones y han traído más agentes de la DEA y la CIA hacia México.
En otros momentos difíciles del país, los estadunidenses han actuado de una manera similar trayendo agentes especializados en la inteligencia política para que actúen en caso de que se presente una situación de violencia generalizada en México y afecte su propia seguridad nacional.
Hay registro de que, en 1968, cuando se hablaba de un supuesto intento de golpe de estado por grupos de comunistas mezclados con estudiantes, aumentaron los agentes de inteligencia norteamericana en México. Para 1994 ocurrió lo mismo tras el levantamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Hoy parece que se repite la estrategia por los momentos tan difíciles que atraviesa el país producto de la guerra contra el narcotráfico, en la que ha habido 17 mil 900 muertos.
La sola posibilidad de que se produzca una inestabilidad social en víspera de las elecciones de 2012 y que esta sea impulsada y utilizada por el narcotráfico, ha provocado un cambio en la estrategia de ayuda por parte de Estados Unidos hacia México.
Los agentes de inteligencia política y de lucha contra el crimen organizado en encubierto al parecer han aumentado desde que llegó el nuevo embajador Carlos Pascual, quien ha tenido una carrera de 23 años en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos.
Este personaje, de acuerdo con su biografía oficial, fungió como coordinador de reconstrucción y estabilización en el Departamento de Estado, donde encabezó y organizó la planeación del gobierno estadunidense para ayudar a estabilizar y reconstruir sociedades en transición posteriormente a conflictos o disputas civiles.
Su perfil no es, entonces, el de un diplomático de carrera que se distinga por sus tareas de enlace comercial, cultural o educativo, sino de asistencia en zonas de conflicto, como fue en Europa del Este y norte de Asia (Rusia, Ucrania y Eurasia) donde estuvo antes de llegar a México.
La pregunta es qué información habrán de tener en Estados Unidos sobre México para tomar decisiones estratégicas como inclinar hacia labores de inteligencia y ya no tanto militares y policiales la asistencia que darán en los próximos años.
Cualquiera que sea esta información tiene que ver con la seguridad nacional, y eso ya le da otro sentido a la lucha contra el crimen organizado en México y al apoyo del gobierno norteamericano.
Violencia en las escuelas
Bullying. Del aula al ciberespacio.MÉXICO, D.F., 3 de marzo.- En un reciente estudio de la UNESCO, La educación bajo ataque, se reporta que, a partir de 2007, se han incrementado los casos de violencia en las escuelas, sobre todo en regiones donde se libra alguna guerra, como Afganistán, Colombia, Irak, Nepal, Tailandia y los Territorios Palestinos Autónomos. Pero en la lista de países con grandes indicadores de violencia en las escuelas tendrán que agregar ahora a México.
Dicho reporte (Brendan O’Malley. Education Under Attack, 2010, a Global Study on Targeted Political and Military Violence Against Education) toma como indicadores el reclutamiento forzado de niños, la violencia sexual contra niñas estudiantes y maestras, la destrucción de infraestructura educativa, el asesinato de líderes sindicales de docentes, la persecución de académicos, los arrestos indiscriminados, las amenazas de muerte, los secuestros, la ocupación de instalaciones escolares o las balaceras alrededor de los planteles. Todo lo cual está generando daños estructurales, físicos, psicológicos, sociales, educativos y culturales muy graves, y también restricciones severas a la libertad académica, al derecho a la educación, a la estabilidad, al desarrollo y a la democracia.
Sin embargo, en la versión actual del estudio sólo se registran algunos casos de México: maestros amenazados si no pagaban un “bono de Navidad”, escuelas evacuadas o cerradas durante más de tres semanas por otros amagos en Ciudad Juárez, durante 2008, o la suspensión de clases en la región triqui en 2009 debido a rondines de bandas armadas y disparos de grupos paramilitares alrededor de escuelas primarias y secundarias.
El hecho es que la violencia en las escuelas mexicanas no sólo se ha agravado, sino también generalizado. En un estudio realizado en 2008 por la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Intercontinental se encontró que más de 70% de los alumnos de escuelas de educación básica participan en prácticas de acoso físico y psicológico (bullying). Estas prácticas, que se han extendido a todo el país, se suman a las otras formas de violencia que se ejerce fuera y dentro de las instalaciones escolares, sobre todo la que está creciendo alrededor de los grupos relacionados con el narcotráfico, que es la más grave.
Este tipo descarnado de violencia ya es parte de la vida escolar cotidiana en muchos estados y ciudades. Se trata de un problema nuevo que no está siendo debidamente comprendido ni enfrentado por parte de las autoridades federales o locales de la SEP, ni por los directores y maestros de los planteles, ya no digamos por parte de quienes la sufren: los estudiantes y los padres de familia.
De acuerdo con datos de la SEP, mil 200 escuelas tienen que enfrentar de forma cotidiana la narcoviolencia, pues en el interior de las mismas se reproducen los esquemas de los narcotraficantes: extorsiones, pandillerismo o venta de drogas. Asimismo, se han identificado 27 mil planteles de educación básica cuyas labores académicas han sido afectadas por grupos delictivos. Y se calcula que una de cada 10 escuelas del país experimenta una o varias formas de violencia cotidiana.
Sólo en Ciudad Juárez –donde se afirma que 60% de los jóvenes de 12 a 15 años no estudia ni trabaja–, 70% de las escuelas reportan problemas de violencia, narcomenudeo o prostitución, y miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria se han visto severamente perjudicados en sus procesos formativos.
En la ciudad de Reynosa, donde ocurren frecuentes balaceras en las inmediaciones de los planteles, las llamadas telefónicas de los alumnos a sus padres, o los anuncios de las autoridades de que, por ese motivo, las clases se han suspendido en una o varias escuelas, han ocasionado este año frecuentes interrupciones laborales en las maquiladoras de la localidad.
Ahora que se ha considerado a Ciudad Juárez como territorio devastado y de urgente atención (como si fuera éste el único lugar en tales condiciones), la respuesta de las principales autoridades de la SEP –in situ y a la carrera– fue que la violencia extendida se debe a “la manera como los muchachos se hacen cargo del entorno” (subsecretario Fernando González), o como lo analizó con similar profundidad el secretario Lujambio: siempre hay que distinguir entre “la expresión lúdica, la expresión de procesamiento del entorno psicológico y el auténtico vandalismo”. (El Universal, 22 de febrero.)
Ya lo había señalado el relator para Educación de la Organización de las Naciones Unidas, en su gira de trabajo en México: “La educación no puede resolver lo que los políticos no han querido atender” (El Universal, 10 de febrero). Porque, efectivamente, con las sesudas interpretaciones de lo que ocurre en Ciudad Juárez y a lo largo y ancho del territorio nacional, no se podrá enfrentar la creciente violencia que se está arraigando en las escuelas. Tampoco con la generalización del programa, bastante superficial, denominado “Escuela Segura”, porque se concentra sólo en el otorgamiento de escasos recursos, acompañados de acciones remediales, en escuelas evidentemente inseguras.
La violencia proviene de causas estructurales: ignorancia, pobreza y desprecio a la inclusión de todos a la educación, acompañada de una visión manipuladora del sentido y de los efectos de lo educativo. (¿Alguien cree que las cúpulas de la SEP y del SNTE pueden enseñar algo con sus ejemplos?) Proviene también de los mensajes de violencia que atiborran las transmisiones de televisión, y que se imitan en la familia, en la calle, los anuncios publicitarios, los videos y los juegos de computadora, que van formando un currículum vivido que cada día domina más que el irrelevante currículum de la escolaridad.
Las cuentas del horror
Protesta en contra de la violencia hacia las mujeres.MÉXICO, D.F., 4 de marzo (apro).- Es terrible que se confunda el 8 de marzo con un día de consumo y felicitaciones banales. Que se repartan flores y se hagan celebraciones.
A cien años de que se instituyó en Copenhague, Dinamarca, como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es lamentable mirar las cuentas del horror y del atraso.
Mientras se realiza una multitud confusa de actividades en torno de la “celebración”, en Tlaxcala se hacen preparativos para incluir en la Constitución local mecanismos que criminalizan el aborto y que llevará a las mujeres que escenifican una interrupción espontánea a ser acusadas de homicidio.
Adicionalmente todo se me revela cuando leo que el fin de semana anterior al 8 de marzo llegó, como quemando la ropa e hiriendo el alma, la noticia de que dos jóvenes mujeres aparecieron decapitadas, con las manos amputadas, desnudas, tiradas en las márgenes del río Mexcalpa, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, a unos 600 kilómetros de la capital del país.
Y que la cuenta de las asesinadas en Ciudad Juárez crece inopinadamente. Que el miedo y el horror cunden en casas y entre familias en Reynosa, Tamaulipas, en la zona fronteriza, como resultado de la guerra contra el narcotráfico, que en 2010 lleva más de 256 bajas.
En 1910, en agosto, se habían reunido las mujeres llamadas por Clara Zetkin, desde Chicago a Copenhague, para discutir sus derechos laborales y políticos con el objeto central de organizarse mundialmente ante el embate de la exclusión y la discriminación.
Y fue en ese escenario teñido de la amenaza de la primera Guerra Mundial, cuando se pensó en realizar cada año una jornada de estudio y reflexión sobre la condición de las mujeres, agenda a la que se agregó inmediatamente la lucha por la paz, esa tan añorada, lejana al enfrentamiento cotidiano por el poder casi siempre entre hombres.
Ahora sabemos que han pasado muchas décadas de lucha, muchos años de demandas y de cambios en la sociedad y en los estados, pero que ello no ha transformado sustancialmente la condición de dominación para la mayoría de las habitantes del mundo.
A las noticias del horror, en esta semana de “encuentros celebratorios” se sumó el informe de la Comunidad Europea que plantea que los programas contra la pobreza emprendidos por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han resultado ineficaces, por lo que México se reafirma como uno de los países con la peor distribución de riqueza en el mundo.
El informe --un memorándum de cinco páginas--, divulgado por el portal de Proceso, informa que a pesar de que el gasto gubernamental en programas sociales destinados a aliviar la franja de población en extrema pobreza casi se ha duplicado en los últimos 20 años, el gasto significa un modesto porcentaje de 1.3% del Producto Interno Bruto, comparado con el 16% que representa todo el gasto en el sector social.
No es difícil advertir que en la extrema pobreza se hallan mucho más mujeres que hombres, que está devastado el campo, que la migración deja a miles y miles de mujeres el encargo de atender plantaciones, cosechas y la economía de sus pueblos y comunidades.
La falta de oportunidades de empleo en general evidencia que aquellos deseos de reivindicar a las trabajadoras y organizarlas mundialmente en un polo político-socialista, en México no ha logrado casi nada.
Naturalmente alrededor del 8 de marzo se harán las cuentas, pero en estos momentos todas son regresivas. A la falta de seguridad para su integridad –los homicidios, las violaciones– se suman los discursos vacíos y las promesas de igualdad que no llegan.
Lo más grave es que continúa la escalada derechista para criminalizar el aborto. Ahora se trata de Tlaxcala, ahí desde donde se sabe que operan las bandas de trata de jovencitas que llegan a la ciudad de México a ser prostituidas. Ahí donde el lunar del atraso y la pobreza ofenden. Ahí se busca controlar el cuerpo de las mujeres.
Sabemos que no se ha reducido la cifra de homicidios en el marco del feminicidio como un sistema de exterminio callado y constante contra las mujeres. Y sabemos que las leyes son sólo de papel en un escenario de impunidad, no obstante, se harán las cuentas de los tímidos avances, de mujeres que logran puestos en los congresos, de otras que se organizan para demandar igualdad y muchas más que se mueven en un lamentable espejismo.
Formalmente, hace cien años que las mujeres organizadas han puesto en todas las esferas sus demandas. ¿Pero qué hacer frente a los horrores, como esos asesinatos de las jóvenes en Huimanguillo? y ¿qué significa que la procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tabasco haya capturado a Álvaro Montejo, El Mara, responsable confeso de haber violado y asesinado a la joven estudiante de 18 años, Edith Balladares Ramírez, porque se negó a tener relaciones sexuales con él?
Es verdad, ella se negó y él la mató. No sabemos si al final, como sucede con frecuencia, el responsable, confeso, será liberado.
Eso sucede cien años después de que las mujeres se levantaron para pedir derechos políticos. El cuerpo de Edith Balladares, estudiante del Cecyte, apareció el pasado 22 de febrero en un lote baldío de la colonia Carrizal de Villahermosa, capital de Tabasco. Fue estrangulada por El Mara y violada inconsciente.
¿De qué se trata entonces la celebración? De levantarse y pedir que estos crímenes se detengan, urgentemente, tanto como las legislaciones que cercenan derechos adquiridos como el aborto legal; el derecho a votar y ser votada, siempre restringido; el derecho al trabajo, ahora una quimera; la urgencia de una buena vida, negada a las mujeres. No se trata de conmiseraciones ni de recordar la larga jornada que hacen día a día las mujeres, sino de pedir que cese la injusticia y la impunidad.
Es una versión pesimista para un centenario del Día Internacional de la Mujer, pero no podemos ocultar que las movilizaciones del 8 de marzo se han vuelto a teñir de ese rojo injusto, de corazones y vidas rotas.
En Tabasco, Lorena Sánchez Martínez, directora del Consejo de Derechos Humanos, informó secamente que en los últimos cinco años la prensa ha reportado el asesinato de más de 140 mujeres, 29 de esos casos registrados en 2008.
saralovera@yahoo.com.mx
A cien años de que se instituyó en Copenhague, Dinamarca, como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es lamentable mirar las cuentas del horror y del atraso.
Mientras se realiza una multitud confusa de actividades en torno de la “celebración”, en Tlaxcala se hacen preparativos para incluir en la Constitución local mecanismos que criminalizan el aborto y que llevará a las mujeres que escenifican una interrupción espontánea a ser acusadas de homicidio.
Adicionalmente todo se me revela cuando leo que el fin de semana anterior al 8 de marzo llegó, como quemando la ropa e hiriendo el alma, la noticia de que dos jóvenes mujeres aparecieron decapitadas, con las manos amputadas, desnudas, tiradas en las márgenes del río Mexcalpa, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, a unos 600 kilómetros de la capital del país.
Y que la cuenta de las asesinadas en Ciudad Juárez crece inopinadamente. Que el miedo y el horror cunden en casas y entre familias en Reynosa, Tamaulipas, en la zona fronteriza, como resultado de la guerra contra el narcotráfico, que en 2010 lleva más de 256 bajas.
En 1910, en agosto, se habían reunido las mujeres llamadas por Clara Zetkin, desde Chicago a Copenhague, para discutir sus derechos laborales y políticos con el objeto central de organizarse mundialmente ante el embate de la exclusión y la discriminación.
Y fue en ese escenario teñido de la amenaza de la primera Guerra Mundial, cuando se pensó en realizar cada año una jornada de estudio y reflexión sobre la condición de las mujeres, agenda a la que se agregó inmediatamente la lucha por la paz, esa tan añorada, lejana al enfrentamiento cotidiano por el poder casi siempre entre hombres.
Ahora sabemos que han pasado muchas décadas de lucha, muchos años de demandas y de cambios en la sociedad y en los estados, pero que ello no ha transformado sustancialmente la condición de dominación para la mayoría de las habitantes del mundo.
A las noticias del horror, en esta semana de “encuentros celebratorios” se sumó el informe de la Comunidad Europea que plantea que los programas contra la pobreza emprendidos por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han resultado ineficaces, por lo que México se reafirma como uno de los países con la peor distribución de riqueza en el mundo.
El informe --un memorándum de cinco páginas--, divulgado por el portal de Proceso, informa que a pesar de que el gasto gubernamental en programas sociales destinados a aliviar la franja de población en extrema pobreza casi se ha duplicado en los últimos 20 años, el gasto significa un modesto porcentaje de 1.3% del Producto Interno Bruto, comparado con el 16% que representa todo el gasto en el sector social.
No es difícil advertir que en la extrema pobreza se hallan mucho más mujeres que hombres, que está devastado el campo, que la migración deja a miles y miles de mujeres el encargo de atender plantaciones, cosechas y la economía de sus pueblos y comunidades.
La falta de oportunidades de empleo en general evidencia que aquellos deseos de reivindicar a las trabajadoras y organizarlas mundialmente en un polo político-socialista, en México no ha logrado casi nada.
Naturalmente alrededor del 8 de marzo se harán las cuentas, pero en estos momentos todas son regresivas. A la falta de seguridad para su integridad –los homicidios, las violaciones– se suman los discursos vacíos y las promesas de igualdad que no llegan.
Lo más grave es que continúa la escalada derechista para criminalizar el aborto. Ahora se trata de Tlaxcala, ahí desde donde se sabe que operan las bandas de trata de jovencitas que llegan a la ciudad de México a ser prostituidas. Ahí donde el lunar del atraso y la pobreza ofenden. Ahí se busca controlar el cuerpo de las mujeres.
Sabemos que no se ha reducido la cifra de homicidios en el marco del feminicidio como un sistema de exterminio callado y constante contra las mujeres. Y sabemos que las leyes son sólo de papel en un escenario de impunidad, no obstante, se harán las cuentas de los tímidos avances, de mujeres que logran puestos en los congresos, de otras que se organizan para demandar igualdad y muchas más que se mueven en un lamentable espejismo.
Formalmente, hace cien años que las mujeres organizadas han puesto en todas las esferas sus demandas. ¿Pero qué hacer frente a los horrores, como esos asesinatos de las jóvenes en Huimanguillo? y ¿qué significa que la procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tabasco haya capturado a Álvaro Montejo, El Mara, responsable confeso de haber violado y asesinado a la joven estudiante de 18 años, Edith Balladares Ramírez, porque se negó a tener relaciones sexuales con él?
Es verdad, ella se negó y él la mató. No sabemos si al final, como sucede con frecuencia, el responsable, confeso, será liberado.
Eso sucede cien años después de que las mujeres se levantaron para pedir derechos políticos. El cuerpo de Edith Balladares, estudiante del Cecyte, apareció el pasado 22 de febrero en un lote baldío de la colonia Carrizal de Villahermosa, capital de Tabasco. Fue estrangulada por El Mara y violada inconsciente.
¿De qué se trata entonces la celebración? De levantarse y pedir que estos crímenes se detengan, urgentemente, tanto como las legislaciones que cercenan derechos adquiridos como el aborto legal; el derecho a votar y ser votada, siempre restringido; el derecho al trabajo, ahora una quimera; la urgencia de una buena vida, negada a las mujeres. No se trata de conmiseraciones ni de recordar la larga jornada que hacen día a día las mujeres, sino de pedir que cese la injusticia y la impunidad.
Es una versión pesimista para un centenario del Día Internacional de la Mujer, pero no podemos ocultar que las movilizaciones del 8 de marzo se han vuelto a teñir de ese rojo injusto, de corazones y vidas rotas.
En Tabasco, Lorena Sánchez Martínez, directora del Consejo de Derechos Humanos, informó secamente que en los últimos cinco años la prensa ha reportado el asesinato de más de 140 mujeres, 29 de esos casos registrados en 2008.
saralovera@yahoo.com.mx
El amigazo de Bernardo de la Garza
MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Proceso).- Para ser el responsable del principal programa de activación física del gobierno de Felipe Calderón, puedes ser cualquier cosa, menos especialista en la materia. Al menos así ocurre en la Conade. El cuarto responsable del área en tres años llegó ahí simplemente porque es amigo del titular Bernardo de la Garza. Sus antecedentes laborales: secretario particular de De la Garza, diputado local y federal, este último cargo de “rebote” porque una “Juanita” del Verde Ecologista le heredó la curul.
Sin preparación académica ni experiencia en la administración pública y menos aún en el ámbito deportivo, Manuel Portilla Diéguez, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el nuevo subdirector general de Cultura Física de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, responsable de operar uno de los proyectos más importantes del gobierno de Felipe Calderón: el Programa de Activación Física.
Su único mérito para ocupar ese cargo es el de ser uno de los mejores amigos del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, con quien estuvo trabajando durante los últimos cinco meses como asesor, luego de quedar desempleado al término de la LX Legislatura, en la que fue diputado federal.
El pasado 26 de enero, De la Garza sometió el currículum de Portilla a la consideración de la Junta Directiva de la Conade, máximo órgano de gobierno de ese organismo integrada por representantes de las secretarías de Educación Pública, de Hacienda, de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, entre otras dependencias.
En el apartado de experiencia laboral el documento consigna que de 2003 a la fecha Portilla Diéguez, de 40 años, tuvo tres empleos: secretario particular del diputado federal Bernardo de la Garza en la LVIII Legislatura; diputado local en el Estado de México en la LV Legislatura –donde fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos–, y diputado federal de representación proporcional en la LX Legislatura, en la que fungió como secretario de la Comisión de Gobierno y de la Mesa Directiva.
Por lo que toca a su preparación académica, el currículum indica que cursó hasta el tercer semestre de la carrera de administración, pero no especifica en qué universidad. La secundaria y preparatoria las hizo en el Instituto Cumbres. También se refiere que realizó cuatro diplomados: en ecología básica; en biocombustibles; para empresarios relacionados con el medio ambiente, y uno más llamado Por un país limpio.
Ante la evidencia, los integrantes de la Junta Directiva comentaron que el nombramiento no estaba justificado. De la Garza entró al quite y argumentó que Portilla tiene conocimiento del medio deportivo, pues en sus años mozos fue “jugador de futbol”. Viéndose unos a otros, los funcionarios sugirieron que al menos completara el currículum “con algo de deporte”.
Paradójicamente, desde hace mes y medio las direcciones de Medicina y Ciencias del Deporte así como la del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar) han estado acéfalos porque, según palabras del propio De la Garza, siguen analizando opciones, pues hasta ahora no han encontrado a nadie que cubra los perfiles de esos cargos.
Portilla tampoco tuvo que esforzarse para ser diputado federal. El año pasado, el analista político Jorge Alcocer denunció una práctica irregular que, con el fin de engañar al Instituto Federal Electoral, realizan los militantes del Partido Verde: para cubrir la cuota de género ponen a mujeres como propietarias de las curules y una vez que toman posesión son reemplazadas por sus suplentes hombres. Portilla sustituyó a la diputada Pilar Guerrero Rubio.
Ya en funciones, el entonces diputado propuso, a nombre del Partido Verde, que se realice un electroencefalograma virtual a quienes pretendan trabajar en la Procuraduría General de la República (PGR); de esta forma, sostuvo, se conocería el perfil psicológico, biológico y social de los aspirantes, “como un instrumento de medición psicológica integral que evitaría la infiltración de delincuentes y el reclutamiento de elementos viciados”.
Precisó que aun cuando existen personas comprometidas con su labor de servicio, “la corrupción, la insuficiente preparación de sus integrantes y la amenaza de la delincuencia organizada” han minado la eficacia de la PGR.
“El electroencefalograma virtual brindaría mayores elementos para conocer el perfil psicológico y detectar a quienes carecen de espíritu de servicio, preparación suficiente y valores éticos. El combate a la corrupción debe iniciar desde un estricto proceso de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con el perfil, programas de formación básica que inculquen valores de legalidad en el desempeño cotidiano y consoliden una estructura ética”, detalló Portilla.
Como diputado local, se destacó por ser el más faltista. De acuerdo con la página de la Unidad de Información del Poder Legislativo, en las primeras 81 sesiones del Congreso del Estado de México se ausentó en 19 ocasiones.
No hay cuarto malo
Portilla es el cuarto subdirector de Cultura Física en los tres años que van del sexenio de Felipe Calderón; sin embargo, no es el primer funcionario que no cubre el perfil para desempeñar ese cargo.
Su antecesor, Guillermo Romero del Real, saltó del puesto de director de Servicios (encargado de la administración de bienes materiales, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios) a esa subdirección. Su sueldo mejoró de 48 mil 50 pesos, a 119 mil 747 pesos.
Romero del Real asumió la Dirección de Servicios en junio de 2008, cuando Carlos Hermosillo era director de la Conade. En su currículum informó que estudió la licenciatura en administración en la Escuela Nacional de Comercio de Morelia. En el apartado de experiencia laboral consignó que entre 2002 y 2008 trabajó en tres empresas privadas, en las que sus funciones principales eran la dirección y asesoría de proyectos creativos.
Mientras Guillermo Romero era director de Servicios, el cargo de subdirector de Cultura Física lo ostentaba César González Arjona, licenciado en Educación Física, quien durante seis años fue el titular del Instituto del Deporte de Yucatán (Idey).
Por su desempeño en esta entidad –obtuvo buenos resultados en la Olimpiada Nacional y creó los Centros Municipales, Regionales y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo–, González Arjona fue invitado por Hermosillo a trabajar en la Conade, a la que se integró el 1 de junio de 2007.
Un año y cuatro meses después, sin anuncio de por medio, salió de la dependencia. Desde el 1 de noviembre de 2008, sin presentación oficial, Romero del Real heredó ese puesto también por decisión de Hermosillo.
Cuando éste llegó a la Conade, designó a Raymundo Moral Arteaga como subdirector de Cultura Física, quien apenas duró seis meses en el cargo. Antes, Moral había trabajado en el gobierno de Orizaba, Veracruz, tanto en el ayuntamiento como al frente de la Comisión Municipal del Deporte (Comude).
El repentino ascenso de Manuel Portilla en la Conade le trajo amplios beneficios. De ser asesor del director general donde estaba contratado por honorarios pasó a formar parte del personal de estructura, lo cual le permitió gozar de prestaciones como seguridad social, aguinaldo y seguro de gastos médicos mayores, entre otras.
A un año de que Felipe Calderón presentara la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte, esta reportera solicitó una entrevista con Portilla para conocer los avances del programa que plantea que en 2012, 35 millones de habitantes (el 33% de la población) “realizarán activación física regularmente”, así como para aclarar algunas contradicciones en las cifras manejadas por Conade.
Por ejemplo, el pasado 18 de enero, cuando fue lanzado el Programa Delegación y Municipio Activo que forma parte de las metas a desarrollar dentro de la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte, De la Garza anunció:
“Queremos llegar al 30% de la población nacional (casi 32 millones de personas) y en 2012 consumar (sic) entre el 40 y 45 (entre 42 y 48 millones de personas), que nos pondría entre 5 y 10 puntos arriba de la meta que marca el programa”.
Diez días después, cuando inauguró el Taller de Capacitación a Promotores y Activadores Físicos, Portilla declaró que se contempla que en un inicio el programa llegue al 9% de la población de nuestro país, “para terminar el ciclo de tres años con el 60 o 70% de la población en México activa en el deporte”.
Tropiezos
La entrevista solicitada a Portilla no se realizó. De la Garza decidió que el director de Activación Física, Alaviel Cervera Llanes –quien desde 2007 ha sobrevivido a los cambios en la Subdirección de Cultura Física–, sería el encargado de hablar con la reportera.
“A lo mejor fue un detalle de Manuel. A lo que se refiere es a la población universo, no quiere decir que ya estén activos. Queremos llegar hasta un 60% de la población universo; es decir, a población que se involucre (en alguna actividad física) pero que no necesariamente está activa”, precisa Cervera.
El funcionario aclara que de acuerdo con los parámetros de la Estrategia Nacional, se considera que una persona realiza activación física regular con el simple hecho de haber participado en dos o tres eventos masivos al año (Feria de Activación Física, Caminata Nacional, Día de la Activación Física, Día del Desafío).
Sin embargo, explica que quienes participan en esos eventos: “No los tomamos literalmente como participantes; si no, te diría que ahorita ya participan 22 millones porque sumé a alguien sólo porque fue una vez a una feria. Hay que considerar a los que son regulares; es decir, quienes participan en los programas Espacios Activos y en los de Activación Física Laboral y Escolar que ya realizan 30 minutos por día en el caso de los adultos y 60 minutos en el caso de los niños. Ahí tenemos ahorita entre 10 y 11 millones de participantes regulares. Para 2012 serán 25 millones que si les sumas los otros 10 u 11 que van dos o tres veces al año a los eventos masivos te dan la meta de 35 millones”.
Cervera comenta que de los 25 millones de niños inscritos en las escuelas de educación básica, hoy día participan entre 8.2 y 8.4 millones en el Programa de Activación Física Escolar que se aplica en 32 mil colegios del país.
Para operar los diferentes programas de activación física, la Conade tiene un registro de casi 30 mil promotores, de los cuales alrededor del 60% son profesores de educación física o personas relacionadas con alguna actividad deportiva. El resto son maestros de primaria y empleados de las dependencias gubernamentales o de empresas privadas que han sido capacitados.
De acuerdo con Cervera, en el Programa de Activación Física Laboral participan 240 instituciones de la administración pública federal y otras 588 a nivel estatal y municipal.
Otro de los tropiezos de Manuel Portilla en su nueva responsabilidad se debió a que afirmó que el problema de que la gente no tenga activación física no estriba en la carencia de infraestructura ni espacios deportivos, sino en la ausencia de instructores, activadores y promotores. Con ello, contradice al propio presidente Calderón, quien ha insistido en que las instalaciones deportivas en México no corresponden al número de habitantes.
“Lo voy a tratar de componer. Como decía el vocero de Fox (Rubén Aguilar): Lo que Manuel quiso decir es que tenemos centros del deporte escolar y centros del deporte municipal que se están enfocando en utilizar de forma adecuada la infraestructura deportiva; o sea, hay canchas y espacios que se usan sólo para cascaritas. Lo que se busca a través de estos programas es que se conviertan en lugares de iniciación deportiva. No es mi área (esa labor corresponde a la Subdirección General), pero sé que la Conade invertirá una cantidad histórica en crear infraestructura para la cultura física y estamos trabajando en el aprovechamiento de las ya existentes. Yo veo muchos elefantes blancos, que están las canchas y no se usan para nada.
–¿Pero se necesita o no crear infraestructura?
–Como director de ésta área considero que sí. Hace falta muchísima más. Necesitamos más espacios y adecuar los que ya tenemos. Hay una carencia de espacios para la activación física que aspiramos a lograr porque hay que separar las instalaciones entre quienes están en el alto rendimiento y quienes lo hacen de forma recreativa y por salud. Aquí trabajamos en la masificación de la cultura física y del deporte entendido como iniciación deportiva.
La Subdirección General de la Conade cuenta con un presupuesto de 759 millones de pesos que ejercerá en 2010 para la edificación de instalaciones en distintos municipios a las que podrá acceder toda la gente.
La dirección de Activación Física erogará este año 110 millones de pesos; es decir, casi 40 millones de pesos más del presupuesto con que comenzó a operar en 2006.
Con esos recursos, la Conade entregará en promedio a cada instituto estatal del deporte entre 2 y 3 millones de pesos para que los municipios realicen los distintos programas de activación física. Se espera, apunta el funcionario, que cada gobernador o alcalde invierta sus propios recursos y haga suya la responsabilidad de activar a la población.
“Implantar la cultura física en la población se logrará quizás en tres sexenios; por eso le apostamos a los niños para ver en la siguiente generación cómo los hábitos están cambiando, pero van a pasar unos 20 años antes de que comencemos a ver resultados en cuanto al sobrepeso y la obesidad porque en México nos fuimos al infinito”, sentencia Cervera.
Reportaje publicado en la edición 1739 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 27 de febrero.
!!!LA ARROGANCIA DE lozano SECRETARIO DEL TRABAJO!!!
AYER EN UNA REUNION DE SENADORES Y DIPUTADOS SE INSTALO UNA MESA DE DIALOGO PARA TRATAR DE RESOLVER LA SITUACION DE LA MINA DE CANANEA.
VARIOS SENADORES Y DIPUTADOS PONDERARON LA ARROGANCIA DE javier lozano SECRETARIO DEL TRABAJO.
EN ESTA REUNION SE DESTACO LA ARROGANCIA DE lozano, SECRETARIO DEL TRABAJO, TAMBIEN PARTICIPO EL SECRETARIO DE GOBERNACION.
COMO TAMBIEN LEGISLADORES DE VARIOS PARTIDOS POLITICOS
DIPUTADO DEL PRI MIGUEL POMPA:
Con esa arrogancia, no dan ganas de invitarlo a Sonora Señor Secretario lozano.
Bajele 2 rayitas a su arrogancia señor lozano le dijo directamente el diputado.
AUDIO:
VARIOS SENADORES Y DIPUTADOS PONDERARON LA ARROGANCIA DE javier lozano SECRETARIO DEL TRABAJO.
EN ESTA REUNION SE DESTACO LA ARROGANCIA DE lozano, SECRETARIO DEL TRABAJO, TAMBIEN PARTICIPO EL SECRETARIO DE GOBERNACION.
COMO TAMBIEN LEGISLADORES DE VARIOS PARTIDOS POLITICOS
SENADOR DEL PRD JESUS GARIBAY GARCIA:
Yo estoy con los trabajadores, si se continua con esta situacion se estara abriendo el camino a la insurgencia nacional comento el senador.
AUDIO:
DIPUTADO DEL PRI MIGUEL POMPA:Con esa arrogancia, no dan ganas de invitarlo a Sonora Señor Secretario lozano.
Bajele 2 rayitas a su arrogancia señor lozano le dijo directamente el diputado.
AUDIO:
Veredicto CIUDADANO para los dueños de la guardería ABC
Fotografía: Claudia Díaz Symonds / M5J
“Esta asamblea de ciudadanos, ejerciendo su derecho de expresión, y constituída en Juicio Ciudadano, de acuerdo con la votación del Jurado, el veredicto es: culpables”.
- Presidente, Jorge Martínez Soto
Hoy, 5 de marzo de 2010, en el marco de las conmemoraciones que mes a mes se llevan a cabo en honor a la memoria de los 49 pequeños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC el pasado 5 de junio de 2009, se llevó a cabo un Juicio Ciudadano a los Socios de la estancia infantil, en Hermosillo, Sonora.
Con un jurado de casi 400 personas registradas, y la audiencia de otros cientos que presenciaron atentos desde el exterior de las vallas que delimitaban el perímetro, este ejercicio ciudadano sin precedentes en la ciudad, dió inicio poco antes de las 6:30 pm.
Aunque Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, José Antonio Salido Suárez, Sandra Téllez Nieves y Gildardo Urquidez Serrano fueron notificados del Juicio Ciudadano en su contra con anticipación, ninguno acudió a la cita ni enviaron a un representante para su defensa. Por ello, se les asignó un defensor quien abogó por ellos argumentando que la responsabilidad proviene del IMSS y las autoridades encargadas de la seguridad estatal y municipal.
La asamblea ciudadana fue presidida por Jorge Martínez Soto, quien, después de la votación, expuso una sanción social a los enjuiciados:
1.- Pedir perdón públicamente a los niños, a los padres de familia que fueron defraudados, a la sociedad hermosillense, sonorense y mexicana; por lo que tienen que comparecer el 5 de junio de 2010, a las 14:45 horas, en el lugar en donde estuvo ubicada la Guardería ABC, para celebrar públicamente un acto de conciliación.
2.- Quedan inhabilitados de por vida para tener una estancia infantil y custodia de niños por sí mismos o por interpósita persona.
3.- Están obligados a cubrir el monto del capital defraudado a los derechoabientes durante los años que estuvieron subrogando la Guardería ABC, atendiendo personalmente a los niños que han quedado lesionados y a sus familiares.
4.- Quedan inhabilitados para sus derechos políticos y para estar inscritos en cualquier nómina de las Instituciones del Estado ya se a nivel municipal, estatal o federal, mientras no cumplan las sanciones impuestas por esta asamblea ciudadana.
“Entiéndase que esta sanción no es punitiva, sino sanadora y educadora, para forjar una nueva mentalidad ante la actitud privatizadora que ha cambiado a la Constitución Mexicana, llevando a abdicar al Estado Mexicano de sus responsabilidades con el pueblo de México y realizar acciones que benefician al empresario poseedor de los bienes de capital sin respeto a los derechos de los mexicanos. Este modelo de mercado es violatorio de las garantías individuales y de los derechos humanos, basado en el tráfico de influencias y que ve en las personas solamente una mercancía para lucrar”, continuó Martínez Soto.
La grabación del Juicio Ciudadano a los Socios de la Guardería ABC seguirá disponible, dividida en tres segmentos, a través de la liga: http://www.ustream.tv/channel/juicio-ciudadano-abc
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