miércoles, febrero 02, 2011

Al Yazira en inglés triunfa en EEUU por su cobertura de la revolución egipcia

Gracias a su cobertura de las revueltas en Egipto, el canal en inglés de Al Yazira se ha convertido en todo un referente informativo en Estados Unidos. No sólo su audiencia ha alcanzado una cuota espectacular, sino que otras televisiones del país han alabado su labor, e incluso las más altas esferas en Washington reconocen sintonizar una cadena que durante la administración Bush fue demonizada por sus supuestas vinculaciones al islamismo radical.

Desde la manifestación masiva en las calles de El Cairo del pasado viernes, se calcula que cerca de 1,8 millones de estadounidenses han escogido Al Yazira en inglés para informarse de la llamada ‘revolución egipcia’. Para hacerse una idea de lo que estos números representan, basta recordar que una de las estrellas de la CNN, Larry King, tenía una media de audiencia en su ‘show’ en ‘prime time’ que rozaba el millón de telespectadores.

Sin embargo, el dato es aún más espectacular si tenemos en cuenta que Al Yazira sólo se puede ver por televisión por cable en tres ciudades del país: Washington DC, Burlington (Vermont), y Toledo (Ohio). Es decir, que más de 1,6 millones de personas tuvieron que sintonizar la retransmisión a través de internet. Esta cifra representa ya un 25% de la visitas a la página web de la cadena en inglés en los últimos tres días.

Además, entre sus telespectadores habituales en EEUU se cuentan miembros del ‘establishment’ del país en cuestiones de política exterior, como Richard Armitage, el que fuera ‘número 2′ del Departamento de Estado entre el año 2001 y 2005 y mano derecha de Colin Powell.

Falta de información internacional en EEUU

El éxito de Al Yazira pone en duda la creencia, ampliamente sostenida, de que a los estadounidenses no les interesan las informaciones referidas a la actualidad internacional. Por esta razón, a menos que sucedan grandes acontecimientos, las noticias del extranjero apenas tienen cabida en la cobertura diaria de las principales cadenas de televisión por cable del país dedicadas a la información, como Fox News, CNN y MSNBC.

“Esperemos que esto signifique un punto de inflexión”, dijo Al Anstey, responsable del canal en inglés en Qatar, en declaraciones a ‘The New York Times’. Desde su creación en 2006, las grandes compañías de televisión por cable del país, como Comcast o Direct TV, han declinado en reiteradas ocasiones la posibilidad de incluir Al Yazira en inglés entre el abanico de canales de televisión por cable disponibles en sus paquetes.

Aunque los responsables de Comcast y Direct TV justifican su decisión en la enorme competencia existente en el panorama audiovisual estadounidense, existe la sospecha de que influyó en su decisión la campaña de boicot a la cadena de algunos grupos conservadores, como “Accuracy in the media”, que se destacan por su apoyo al sionismo radical. Uno de los directivos de esta organización, Cliff Kincaid, ha llegado a calificar Al Yazira de “portavoz de Bin Laden”.

Consulta la nota original aquí.

Gobierno norteamericano clausura “rojadirecta.org”


El gobierno norteamericano ha bloqueado el acceso al dominio rojadirecta.org por “reproducir o distribuir material con copyright sin autorización de los propietarios de los derechos de autor”. El bloqueo comenzó la madrugada del pasado 1 de febrero, momento en el cual en el dominio de la web se puede observar un gráfico con los sellos del Departamento de Justicia, el servicio de aduanas (ICE) y el Centro de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR). En el mismo gráfico se informa que el bloqueo se ha acordado a instancias de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York y que los condenados por primera vez por estos delitos se pueden enfrentar a hasta cinco años en una prisión federal, indenmizaciones y multas.

Rojadirecta.org es una conocida web que enlazaba a otras direcciones de internet mediante las que se podían seguir acontecimientos deportivos en directo (fútbol principalmente). A pesar de este bloqueo, la web puede seguir visitándose por la ip (http://209.44.113.146/) o mediante otros dominios tales como http://www.rojadirecta.es/. Los propietarios del dominio censurado han hecho pública la siguiente nota de prensa:

“Las autoridades Estados Unidos ha cerrado así un dominio intentando bloquear el acceso a un sitio que ya ha sido juzgado por dos juzgados de Madrid y en nuestra opinión despreciando totalmente a la justicia y soberanía española. Un proceso judicial largo (de más de 3 años) en donde han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado español, el Ministerio Fiscal español y la justicia española, TODOS ellos defendiendo o dictando la legalidad del sitio. Cerrar rojadirecta.org de esta manera, el dominio .org número 70 más utilizado del mundo, expone a todos los países la falta de control sobre los dominios genéricos (.com, .org, .net, etc.) que son controlados por empresas estadounidenses y que las autoridades de Estados Unidos viene censurando en los últimos meses a su antojo sin un proceso judicial en el que exista la posibilidad de defensa. Por supuesto ya estamos buscando soluciones legales y haremos lo mismo en Estados Unidos a primera hora de allí”.

Más allá de los contenidos de la web, este cierre supone el atentado más importante que ha sufrido la neutralidad de la Red en los últimos años. En este caso el gobierno usamericano ha cerrado la web a pesar de que se trata de una web registrada en España, con administradores españoles y obviando las sentencias dictadas por jueces españoles que en diferentes instancias habían desestimado denuncias y demandas para cerrarla. Las presiones ejercidas por la diplomacia estadounidense al gobierno y la justicia española no ha tenido éxito en este caso, y con total violación de las reglas de competencia judicial, han bloqueado la web directamente mediante el sistema de nombres en Internet (DNS) que controla la administración de Washington.

La posibilidad de que Internet sea gobernado de forma dictatorial ha sido denunciada por múltiples instituciones públicas y privadas. Con este cierre se confirma que sólo hay una soberanía en Internet: la de la Estados Unidos, algo que no difiere mucho de la “vida real”.

Movimientos sociales e individuos son cada vez más dependientes de Internet y sus redes sociales, ejemplo de ello son las recientes revueltas en Tunez o Egipto ¿Pero qué ocurriría si una oleada revolucionaría pusiera en un cierto peligro al régimen capitalista o al imperio USA? Sin duda las primeras medidas que tomarían USA y sus aliados serían el bloqueo de acceso a ciertas webs, el apagón de las redes sociales (twitter, facebook…) y la desconexión telefonía móvil. Para cuando llegue ese momento deberíamos preguntarnos ¿Podríamos organizarnos sin Internet?.

El expediente negro de Dionisio Pérez-Jácome

La historia de Dionisio Pérez-Jácome Friscione como servidor público no es tan límpida como plantea el presidente Felipe Calderón. De su desempeño en el sector energético, el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes guarda un expediente que lo involucra en un millonario quebranto a las arcas de Petróleos Mexicanos.


Ana Lilia Pérez

En una medida considerada por los analistas como estratégica para deshacerse de uno de los funcionarios más cuestionados de su gabinete, en enero el presidente Felipe Calderón colocó a Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione como secretario de Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien lleva el lastre de la impunidad en torno al caso de la Guardería ABC.

Pero el exsubsecretario de Egresos, uno de los cuadros más cercanos a Calderón Hinojosa, tampoco tiene las “manos limpias”, así lo evidencia la auditoría 1001/2002, integrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que lo involucra en un millonario daño patrimonial en contra de Pemex Petroquímica (PPQ). Contralínea tuvo acceso al expediente que yace en los archivos confidenciales de la SFP. Ésta es la historia:

En 1997, el joven economista Dionisio Arturo Pérez-Jácome, de sólo 28 años de edad, recibió la encomienda de “promover la inversión” y capitalizar las empresas petroquímicas del Estado. El presidente Ernesto Zedillo lo nombró director del Comité Directivo Estatal para la Capitalización de las Empresas Petroquímicas no Básicas. Ya entonces trabajaba en Los Pinos como su asesor en “proyectos especiales” y política social y rural.

Tampoco eran sus primeros puestos en el Ejecutivo. Gracias al empuje de su padre, subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, y luego de Gobernación, Dionisio Arturo fue, a sus 22 años de edad, uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio –en el sector agropecuario y automotriz–, que tantos estragos ha provocado a la economía y campo mexicanos. Despachaba en la embajada de México en Canadá; fungía como tercer secretario.

Como parte de la división que Ernesto Zedillo hizo de la estructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en subsidiarias y filiales, y de las modificaciones al artículo 27 constitucional y sus reglamentos para que la iniciativa privada participara en el área de petroquímica, creó el Comité donde colocó a Pérez-Jácome, bajo las órdenes directas del secretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler, exjefe de Dionisio en la Presidencia.

Sus responsabilidades eran “diseñar esquemas para fomentar la participación privada en la industria, facilitar proyectos encaminados a fortalecer el sector de energía, así como servir de enlace entre inversionistas privados y las diferentes entidades del sector público”.

El Comité y PPQ signaron con la institución financiera JP Morgan un contrato para que la compañía, dedicada a los servicios financieros, fungiera como agente financiero para el proceso de enajenación y venta del 49 por ciento de las acciones de las filiales de PPQ (Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos y Escolín).

Aunque el Comité operaba con recursos asignados por la Secretaría de Energía (Sener), Luis Téllez y Dionisio Pérez-Jácome crearon un fideicomiso, identificado con el número PPQ1954, argumentando la supuesta necesidad de “capitalizar” el Comité. Decidieron que los recursos los aportaría Pemex Petroquímica, pero el fideicomiso sería controlado por Pérez-Jácome en su calidad de director del Comité Directivo Estatal y coordinador del Comité Técnico del fideicomiso. Se constituyó con un patrimonio de 3 millones 471 mil dólares y 8 millones 852 mil pesos.

Entre 1998 y 2000, Pérez-Jácome manejó cuantiosos recursos de la Sener y PPQ mediante el Comité y el fideicomiso sin rendir cuentas. Al cabo de dos años, fracasó su encomienda de capitalizar la industria petroquímica. Sólo se concertaron grandes negocios de empresas vinculadas con la Presidencia –como Fertimex y Agronitrogenados–, mientras que la producción y ganancias de Pemex fueron en declive.

Nunca se hicieron públicas las irregularidades con las que manejó el fideicomiso, consignadas en las auditorías que realizaron auditores de la contraloría interna.

Desvío de recursos

El Órgano Interno de Control (OIC) detectó el supuesto desvío de recursos de la subsidiaria PPQ al fideicomiso PPQ1954, que se habrían realizado entre junio y septiembre de 2000. Ello motivó el interés de los auditores para revisar las cuentas; aunado a que la Contaduría Mayor de Hacienda pidió al OIC su evaluación del contrato entre PPQ y JP Morgan para la colocación de las acciones de las filiales, que se volvió un rotundo fracaso.

Como la línea del fideicomiso apuntaba a la Secretaría de Energía, la SFP facultó a los contralores para que realizaran auditorías especiales a la Sener, mediante la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

Así, entre febrero de 2001 y junio de 2002, realizaron dos auditorías especiales al Comité. Al cabo de ellas, los auditores determinaron “ilegal” la creación y operación del fideicomiso PPQ1954, “producto de un acto viciado”, inscribieron en sus informes.

Pero además, las auditorías develaron supuestos “desvíos” cometidos por altos funcionarios de la Sener: el secretario Luis Téllez; el subsecretario, José Merino Mañón; y el jefe de unidad, Dionisio Pérez-Jácome.

Respecto de la relación contractual con JP Morgan, según los auditores, JP Morgan habría incumplido sus obligaciones contractuales sin apercibimiento alguno por parte del director del Comité. En lugar de realizar su trabajo, contrataron asesores externos para las funciones que el Comité y PPQ les habían encomendado. Los auditores determinaron también un daño patrimonial en la duplicidad de los servicios de JP Morgan.

Al respecto, cita la auditoría, “JP Morgan debió atender las actividades que tenía encomendadas aplicando sus propios recursos humanos y financieros; debiendo en todo caso correr por su cuenta y riesgo la contratación de los asesores que considerara convenientes para el cumplimiento del contrato… por lo que el fideicomiso no debió haber contratado consultores externos para apoyar las actividades de JP Morgan”.

Supuestamente, muchos de los recursos que manejó el fideicomiso se destinaron a la contratación de numerosos asesores, sin embargo, los auditores no encontraron evidencia documental que comprobara tales trabajos, contratados bajo el rubro de “gastos técnicos”. Se halló también la omisión de cobro de costos financieros por pago de facturas.

Se determinó un daño patrimonial de 8 millones de dólares. Las auditorías identifican como responsables a Luis Téllez, José Merino Mañón y Dionisio Pérez-Jácome; también al director de PPQ, Armando Leal Santa Ana, y al representante de la subsidiaria en el fideicomiso, Guillermo Lanché Guevara.

Concluidas las auditorías, los fiscalizadores enviaron al área de Responsabilidades la documentación para que se fincaran responsabilidades a los funcionarios citados por desvío de recursos y daño patrimonial. Entonces recibieron la “sugerencia” de sus superiores de “modificar” los resultados para eximir a los funcionarios. Como se negaron, la “sugerencia” se tornó en intimidación y luego en su cese. Así lo denunciaron los contralores en diversos oficios enviados entre 2004 y 2005 a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

En sendos oficios citan, además, que “el 23 de septiembre de 2003 se solicitó la intervención del ingeniero Rosendo Villarreal Dávila, contralor interno de la SFP para que no se perpetrara una arbitrariedad y se denunciaron las irregularidades cometidas, sin embargo, se hizo caso omiso y se dio carpetazo a los asuntos”.

Ello, detallan al Legislativo, fue clave para que prescribiera “la facultad de sancionar las irregularidades señaladas en el informe de presunta responsabilidad de la auditoría”.

En aquel periodo, el del fideicomiso que manejó el Comité Directivo Estatal para la Capitalización de las Empresas Petroquímicas no Básicas era considerado en la SFP como uno de los cinco casos más relevantes del sector energético, más que por el monto del daño patrimonial, por el nivel jerárquico de los funcionarios implicados.

Ninguna responsabilidad ni sanción se ejecutó contra Dionisio Pérez- Jácome; tampoco contra Luis Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. El expediente quedó, como tantos, archivado en la SFP. De esta manera, el hoy secretario de Comunicaciones y Transportes libró una probable inhabilitación.

Cuando se concluyeron las auditorías, ejercía como comisionado regulador de Energía, área clave para el gobierno de Vicente Fox, donde, en 2003, le tocaría como jefe de sector Felipe Calderón Hinojosa. También en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la gestión de Pérez-Jácome dejó huella: una feria de permisos especiales para que los empresarios privados produjeran energía eléctrica, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC); permisos en los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló gravísimas irregularidades.


En la CRE, entreguismo

Dionisio Pérez-Jácome Friscione hizo de la CRE un despacho de expedición de permisos para la producción de energía eléctrica a la medida de cada consorcio privado. Con ello no sólo quebrantó la Constitución respecto de la potestad del Estado en el sector eléctrico, sino que se obligó a que la CFE y LFC compraran a particulares energía al por mayor, producida incluso con la infraestructura de las paraestatales.

En términos generales, en estos permisos incluyó como excepción a la prohibición de vender energía eléctrica, su “enajenación” a “socios” del titular del permiso. También validó cada convenio y contrato para que los permisionarios vendan, bajo la simulada figura de “enajenación”, energía a sus “socios”, que en realidad son los compradores de esta energía.

Los permisos contravenían el artículo 27 constitucional y diversas disposiciones jurídicas, por tanto eran ilegales. Así lo determinó la ASF después de escrutarlos, como parte de dos auditorías especiales que hizo en la CRE en el periodo en que Pérez-Jácome se desempeñó como comisionado regulador.

El equipo del contador Arturo González de Aragón al frente de la ASF encontró también graves omisiones por parte de la Comisión Reguladora, como el que no requería a los permisionarios información de la energía que estaban produciendo y de qué forma y en qué cantidad la distribuían. Dicha información debía ser entregada de forma periódica según las obligaciones del permisionario inscritas en el clausulado de sus permisos. Su incumplimiento debía dar pie a la rescisión. Pese a que prácticamente en la CRE no recibía la información, Pérez-Jácome tampoco suspendió los permisos.

Cita la ASF que la CRE no tenía control de la aplicación de los permisos ni de las modificaciones que cada productor independiente hizo a las condiciones originalmente pactadas en sus concesiones.

La auditoría encontró que algunos permisos expedidos ni siquiera tenían el aval de la CFE, en contravención a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El órgano máximo de fiscalización indicó a la CRE que se excluyera la salvedad de vender energía eléctrica a los socios de los permisionarios y que supervisara que los solicitantes de los permisos no tuvieran como objeto la venta de energía eléctrica. De incumplirse cualquiera de estas disposiciones, advirtió la ASF, los permisos debían cancelarse. Recomendó también “evitar” la “discrecionalidad” en la autorización de los cambios a las condiciones pactadas originalmente.

Las observaciones de la ASF molestaron seriamente al presidente Vicente Fox, sobre todo porque la Auditoría solicitó al OIC que se fincaran responsabilidades contra los funcionarios de la CRE implicados en las irregularidades encontradas. En respuesta, el Ejecutivo, a través de la Sener, representada entonces por Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional donde alegaba que la ASF no tenía facultades para auditar los permisos.

Allí, por segunda ocasión, se desvaneció la posibilidad de que se fincaran responsabilidades contra Pérez-Jácome. Pero hubo un impacto mayor en detrimento de los bolsillos de todos los mexicanos:

Mediante los 381 permisos especiales para la producción de energía eléctrica que expidió en la CRE, obligó a que la CFE y LFC compraran a las privadas sus “excedentes”, con el argumento de que le era más rentable al Estado. Sin embargo, las auditorías de la ASF encontraron que la CRE nunca verificó la aplicación de la metodología para determinar los costos de la energía adquirida con los particulares; en consecuencia, el gasto por megawatt generado se incrementó 53.6 por ciento en términos nominales, entre 2003 y 2008. Costo que con la reducción del subsidio hoy paga directamente cada familia mexicana.

Diversos análisis elaborados por Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y extrabajador del sector por cuatro décadas, comprueban que el costo de producción y las tarifas se han incrementado a medida que los privados reemplazan a la CFE y la extinta LFC en la producción.

Ello se relaciona también con que en un afán de mero lucro, desde el sexenio de Vicente Fox, los productores privados comenzaron a producir en volúmenes a más del doble de lo requerido por el mercado mexicano, con compras aseguradas por la CFE. Lo que implicó una inversión de más de 5 mil millones de dólares a partir de 2001, cargo que se aplica a las tarifas eléctricas que paga el usuario, estima el Comité Nacional de Estudios de la Energía. Estas tarifas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, son las más caras del mundo.

Si como comisionado regulador de Energía Dionisio Pérez-Jácome hubiera observado, como era su obligación, lo costoso que le resultaba al Estado pagar para que terceros produjeran lo que por mandato Constitucional compete a las paraestatales, tal vez los mexicanos no lidiarían hoy con las exorbitantes facturas de la CFE, impagables para el poder adquisitivo de los mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón.

Contralínea solicitó entrevista con el secretario Dionisio Pérez-Jácome para que respondiera respecto de la auditoría que lo involucra en supuesto daño patrimonial a Pemex, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, a través de su vocero Roberto Gavaldón, dijo que no concedería la entrevista “porque el asunto ocurrió hace ocho años” y hoy no es funcionario de gobierno y responde “a otros intereses”.

Se buscó también la postura de JP Morgan respecto de la auditoría. El vocero en México, John Murray, dijo a Contralínea que no tenían ningún comentario al respecto.

Fuente: Contralínea 218 / 30 de enero de 2011

COMPARECENCIA EN EL SENADO DE GENARO GARCIA LUNA


http://www.youtube.com/watch?v=xNw_ZZJh67E


http://www.youtube.com/watch?v=hHdqoKQvYEQ


http://www.youtube.com/watch?v=7rowy67kCZk

Marcelo y Calderón firman “El Pacto de Davos”

Todo se concretó ayer en un encuentro privado que tuvieron el propio Calderón y Marcelo Ebrard, al amparo del Foro Mundial de Davos, donde convinieron actuar conjuntamente en contra del PRI y su precandidato Enrique Peña Nieto, y para anular a Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente el encuentro entre Marcelo Ebrard y Felipe Calderón, según fuentes irrefutables, ocurrió ayer jueves al amparo del frío escenario del 41 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Junto a ellos, por ahí anduvo también, no se sabe si para apadrinar los acuerdos de fondo, o para impulsar las alianzas antipriístas y antipeñistas, el expresidente Ernesto Zedillo.

De cualquier forma el o los acuerdos surgidos de la reunión “absolutamente privada, confidencial” entre el presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, fueron bautizados para su historia por uno de los miembros de uno de los círculos íntimos, como: “El Pacto de Davos”.

La obviedad indica, a reserva de que lo expliquen, que el encuentro y la agenda fueron convenidos previamente en México por miembros del círculo más íntimo de ambos personajes, y que la candidatura presidencial conjunta PAN-PRD para la elección del 2012 fue el tema central.

Hoy cobra valor especial lo que en este espacio informamos el jueves 9 de diciembre de 2010 bajo el encabezado de: ¿Será Ebrard el candidato del PAN y el PRD?, en una columna que dio cuenta de la larga reunión que sostuvieron el martes 30 de noviembre, Manuel Camacho y el presidente Felipe Calderón.

De acuerdo a nuestros informes, en ese encuentro se dejó sentado el principio de un acuerdo: que Marcelo Ebrard podría ser lanzado como el candidato de un Frente Amplio a la presidencia en el 2012.

En ese frente estarían por supuesto el PRD y el PAN quienes no podrían ser cuestionados de pretender sólo alcanzar el poder por el poder mismo, porque estarían también otras fuerzas y partidos políticos, los que le darían una connotación de una acción política amplia como la que lanzó a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

Esta, dicen, es una argucia más ideada por Manuel Camacho para beneficiar a su pupilo de siempre, Marcelo Ebrard.

La información que aportamos, no fue desmentida ni cuestionada ni por Camacho, ni por Ebrard y menos por Calderón.

En cambio la confirmación del encuentro Camacho-Calderón fue dada por Andrés Manuel López Obrador, quien desde Querétaro reiteró que si una coalición de esa naturaleza se concretaba, él dejaría automáticamente al PRD y convocaría al país a formar un gran frente para evitar el triunfo del candidato que surgiera de esa alianza.

A partir de entonces todo cobró rapidez:

- Camacho, Ebrard y Los Chuchos enviaron a la secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, a decir en una entrevista de Excélsior que nada impedía a su partido a aliarse con el PAN de Calderón para lanzar en 2012 un candidato común, surgido al amparo de un Frente Amplio “de partidos y ciudadanos”.

- Bajo este recurso, Ebrard no sería el candidato del PAN y el PRD, sino un aspirante ciudadano representante de muchos grupos, corrientes y partidos.

Hortensia Aragón agregó:

"En política, cerrar puertas es una concepción autoritaria y poco inteligente… No descarto un candidato ciudadano que permita presentar un proyecto distinto al de los partidos políticos en sí, pero que pueda generar la suma de muchas fuerzas políticas en el camino; ha sucedido en otros países, e hizo posible gobiernos progresistas y democráticos", subrayó y admitió que, de entre los prospectos del PRD, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, Ebrard "está más cercano" a una alianza de esa naturaleza.

El encuentro de Camacho con Calderón del martes 30 de noviembre, rompió el vínculo que el exsalinista tenía con Andrés Manuel López Obrador, quien lo había designado nada más y nada menos que coordinador de su Frente Amplio Progresista, el movimiento bajo el cual el de Macuspana se erigió como presidente legitimo de México.

En los hechos Camacho preparó su rompimiento con López Obrador desde fines de 2009, cuando dejó de ser el coordinador del FAP y brincó a ser coordinador del “Diálogo para la Reconstrucción de México”, conocido por el DIA desde donde comenzó a impulsar y a concertar las alianzas PAN-PRD que operaron en las elecciones a gobernador en Oaxaca, Hidalgo, Durango y Sinaloa.

Ayer todo eso se concretó con el encuentro privado que tuvieron el propio Calderón y Marcelo Ebrard, y que concluyó con “El Pacto de Davos”, que incluye además actuar conjuntamente en contra del PRI y su precandidato Enrique Peña Nieto, y para anular a Andrés Manuel López Obrador.

Localizado en Los Alpes, Davos se encuentra en la parte sudoriental de Suiza, y es una pequeña ciudad del cantón de los Grisones que no rebasa los10 mil 500 habitantes. Con 1,560 a 2,844 metros de altura, es la ciudad más alta en Europa. Su idioma oficial es el alemán, aún cuando, como en el resto de Suiza, también se habla el francés e italiano.

Es famoso por ser la sede del encuentro mundial del Foro Económico Mundial, que reúne a las élites sociales y económicas del mundo. Y ahí se celebran deportes de invierno, como la Copa Spengler, el torneo de clubes más antiguo de hockey sobre hielo.

Como uno de los centros turísticos más importantes de Los Alpes, cuenta con unos 100 restaurantes, 24.000 camas entre hoteles y casas de asistencia, 200 tiendas así como 300 kilómetros de pistas de esquí y una pista de 12 kilómetros; 97 kilómetros de caminos para senderismo en invierno y un campo de golf de 18 hoyos.

El aeropuerto más cercano es el de Zúrich y el viaje desde ahí en auto dura 2 horas, mientras que en tren tarda 2 horas y media.

Aquí fue donde Calderón y Ebrard hicieron su pacto para ir en conjunto por la próxima Presidencia de la República de México.

rvizcainoa@gmail.com

La guerra contra las drogas, un fracaso

GINEBRA, 2 de febrero (apro).- La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, creada esta semana en Ginebra, constató sin ambages que “la guerra contra el narco está perdida”. Propuso como alternativa su despenalización para el uso individual y regular por esa vía el consumo, con el objeto disminuirlo, otorgándole una nueva dimensión al combate contra los cárteles.

Los gobiernos latinoamericanos alientan subterráneamente la iniciativa impulsada por los expresidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003); de Colombia, César Gaviria (1990-1994), y de México, Ernesto Zedillo (1994-2000).

Fuentes diplomáticas coinciden en que los actuales mandatarios, especialmente los de México y Colombia, concuerdan con sus predecesores en que resulta imprescindible arrancarle el control de los mercados de la droga a los delincuentes, para que los Estados pasen a administrarlos con responsabilidad y, de paso, reducir los grandes márgenes de ganancias de que hoy disponen los productores y comerciantes ilegales, un debate estancado por la prohibición a ultranza.

Sin embargo, todos a su vez rechazan la errónea creencia de que el fracaso de la criminalización obliga a desechar el uso legítimo de la fuerza de la ley, al margen de ella, para desarticular las organizaciones, que fomentan el negocio y luego lavan el dinero de la droga.

Los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, de Perú y México, respectivamente, se han sumado a la operación, misma en la que intervienen personalidades que actúan a título particular y desde sus propios conocimientos, construyendo un organismo independiente de los gobiernos y de la ONU, que se financia con contribuciones de fundaciones privadas.

Entre esas personalidades destacan la expresidenta suiza, Ruth Dreifuss; Javier Solana, exalto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea; la exsecretaria de Estado de Salud en Alemania, Marion Caspers-Merk, y el noruego Thorvald Stoltenberg, exalto Comisionado para los Refugiados de la ONU.

Los expresidentes estadounidenses James Carter y Bill Clinton han dado un apoyo prudente al naciente movimiento, haciendo declaraciones en un documental cinematográfico exhibido de manera reservada en Ginebra, que será ampliamente difundido en el marco de un segundo encuentro de la Comisión, a realizarse en junio venidero en Estados Unidos.

Las expectativas ahora generadas deberán materializarse en una primera batería de propuestas documentadas, con base en los resultados empíricos verificados en ciertos países europeos, por ejemplo, Suiza, Portugal y Holanda, y de acuerdo con pruebas científicas.

El exsecretario de Estado de EU, George Shultz, quien se incorporó a la Comisión, pese a no participar en el cónclave de Ginebra, facilitará la presentación oficial del mensaje a la elite de la potencia dominante del planeta, reacia a revisar la estrategia prohibicionista, que puso en boga hace un siglo, en nombre de los ricos países consumidores del norte.

Dicha concepción anglosajona se vehiculiza esencialmente en la represión indiscriminada que se muestra ineficaz, misma que ha redundado en convenciones internacionales de Naciones Unidas que deberán enmendarse con una maniobra de “despenalización” de las drogas, a la que sería favorable el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

Las discusiones de Ginebra fueron a puertas cerradas y no hubo publicación de conclusiones escritas, que se presentarán en textos que han empezado a redactarse para la cita crucial dentro de unos pocos meses, en Estados Unidos.

No obstante, de la conferencia de prensa celebrada al cabo de dos días de deliberaciones en un gran hotel al borde del lago Leman, se perfila la ambición de imaginar un mundo post prohibición, sostenido por una estructura argumental innovadora en la materia.

“Hay que descriminalizar (despenalizar) todas las drogas y tratar al dependiente de ellas (...) como un enfermo y ofrecerle salud (...) Nada de eso va a funcionar si no hay también información, educación, enterar a la gente para usar su libertad, a sabiendas que la droga hace daño”, dijo Cardoso al cierre de dos días de trabajo.

“Hay que concentrar la lucha en los cárteles de droga, no en los consumidores, y abandonar la idea de que son criminales”, recalcó Gaviria, quien además de presidente de Colombia fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 1994 y 2004.

La Comisión recusa por contraproducentes el incremento de fuerzas policiales, la proliferación de cárceles y la acumulación de penas para contrarrestar la propagación de las drogas, un fenómeno liderado por Estados Unidos. Y lamenta que las prisiones en ese país tengan la más alta cantidad de detenidos en el mundo vinculados a tal problema, donde un número desproporcionado son afroamericanos e hispanos.

Todo eso no ha impedido frenar las ganancias colosales de las redes de narcotraficantes que corrompen, ni impedir la violencia en Afganistán, Myanmar, Colombia y “en los barrios desfavorecidos de Estados Unidos o en el norte de México, donde la masacre continúa”, señaló Cardoso, con quien coincidió Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo.

“Ellos (Estados Unidos) han tenido una política por muchas décadas; la etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años, que ha sido de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Es una política que no está mostrando resultados”, insistió Gaviria.

La Comisión se siente convocada para sentar doctrina y enfocar el problema de las drogas a partir del respeto a los derechos humanos, poniendo en la balanza los intereses, garantías y compromisos, tanto de las regiones que producen las drogas como de las que las consumen. Además, aboga por una regularización de las drogas en términos similares a los del tabaco y el alcohol, y en ofrecer tratamientos médicos a las personas dependientes para reducir el daño individual y social.

También se ha dado por tarea procesar los criterios que apunten a una mayor eficacia en los planes y programas de prevención de las drogas, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de las campañas exitosas para limitar el tabaco y para evitar la propagación del VIH-Sida.

La Comisión estima que hay un desequilibrio a corregir para dar mayor preponderancia a la prevención y a la reducción de la adicción a las drogas, las que a su entender no reciben de los gobiernos la misma atención que la brindada a la erradicación, la prohibición y el encarcelamiento.

Al mismo tiempo, apoya una transformación cultural en la opinión pública, a fin de promover una reducción del consumo mediante una inversión masiva en información y educación destinada especialmente a influenciar el comportamiento de los jóvenes.

“No se necesita más plata, sino usar mejor la plata. La utilizada en la llamada guerra contra las drogas de los americanos es enorme, (pero es) una plata mal usada porque no tiene resultado efectivo; si se utilizara eso para salud, tratamiento médico, educación, para campañas de publicidad, hubiera sido mucho mejor”, evaluó Cardoso.

“Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años. La violencia y los prisioneros han crecido. Se ha vuelto un giganteso negocio criminal, y eso está generando una enorme cantidad de violencia no sólo en Estados Unidos sino en México, Colombia y en general en toda Latinoamérica. Es hora de repensar esa política y ver si hace sentido”, denunció Gaviria.

Los miembros de la Comisión se dijeron convencidos de que en muchos países los estragos ocasionados por la prohibición de las drogas en los planos de la corrupción, la violencia y la violación de los derechos humanos supera con creces el daño originado por las drogas.

Impera en su seno la convicción de que erradicar la producción y criminalizar el consumo no reducen el tráfico y el consumo de drogas.

En torno de estos principios, la Comisión se ha fijado por misión tratar de resolver la polarización que divide los bloques de la legalización y la prohibición, alrededor de una discusión esclarecedora y con apoyo científico sobre las formas humanas y eficaces para reducir los males que causan las drogas en las personas y en la sociedades.

La reflexión va aún más lejos. Intenta establecer cuáles son los riesgos y las ventajas de distinguir entre el tráfico y el comercio en pequeña escala, así como el tratamiento médico obligatorio de toda adición a una droga.

En ese contexto, la Comisión se fija el cometido de valorar los índices de los planes en curso de erradicación e interdicción de las drogas, y escudriñar los cambios que se han producido en los últimos 50 años en la producción, transporte, venta al por menor y al por mayor causado por la baja de la oferta.

La Comisión no olvida que para un diagnóstico exacto es necesario medir el alcance y el aumento significativo de las ramificaciones del negocio mundial de las drogas, junto al rol que juegan en sus redes los Estados “en quiebra” o “delincuentes”, determinando las tendencias en los delitos asociados, incluyendo el blanqueo de dinero, tráfico de armas y corrupción, que atentan contra las instituciones democráticas.

México, quinto país con la inflación más alta en 2010: OCDE

MÉXICO, DF, 1, de febrero (apro).- De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México fue el país con la quinta inflación más alta en 2010, con 4.4%, informó hoy el organismo.

Sólo fue superado por Turquía (6.4%), Estonia (5.7%), Grecia (5.2%) y Hungría (4.7%).

Para el total de países de la OCDE, la inflación de 2010 promedió 2.1%. La más baja fue la de Japón, con 0%, y la más alta la de Turquía.

De acuerdo con el organismo internacional, fueron los altos precios de la energía los que empujaron a un aumento en los índices de precios al consumidor en el conjunto de países. Dichos precios de los energéticos crecieron en diciembre de 2010 alrededor de 8.3%, contra 5.4% que habían registrado, a tasa anual, en noviembre.

También los precios de los alimentos en el mundo mantuvieron alzas considerables, aunque menores que los de los energéticos. Por ejemplo, para los países de la OCDE los precios de los alimentos aumentaron en promedio 2.6%, una décima menos que el mes anterior.

Ambos precios, de energéticos y alimentos, fueron los que empujaron los precios a 2.1% promedio en diciembre, cuando un mes antes, a tasa anual, había sido de 1.8%.

Si se excluyen los precios de esos bienes, que son los más volátiles en el mundo, la inflación es de 1.2% anual en diciembre, igual dato que el mes previo.

Por países, el aumento de precios de los energéticos golpeó severamente a varios países. En particular a Grecia, donde el incremento de los energéticos fue de 31.3%; Noruega, 25.3%; España, 15.6%, y Finlandia, 14.8%.

En México los precios de los energéticos subieron 6.4%.

Y en el caso de los alimentos, los precios aumentaron con mayor fuerza en Estonia, con 12.2%; Corea, 10.6%; Hungría, 7.6%; Turquía, 7%, y República Eslovaca con 6.1%.

En México, la inflación por alimentos alcanzó 4.9%.

Denuncian ante UNESCO “graves” afectaciones a Bellas Artes

Bellas Artes. Afectaciones.

Judith Amador Tello

MÉXICO, DF, 1 de febrero (apro).- El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de México, presidido por la arquitecta Olga Orive, entregó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) una denuncia oficial por “grave afectación” al Palacio de Bellas Artes.

La queja se acompañó de un dictamen técnico elaborado por diversos especialistas en arquitectura, acústica, historia y otros aspectos relacionados con la intervención al monumento.

La denuncia se entregó esta mañana en la sede en París del Centro de Patrimonio Mundial (CPM), dirigido por Francesco Bandarin, pero también se hizo llegar una copia a las oficinas de la representante de la UNESCO ante México, Katherine Grigsby.

En rueda de prensa, Orive dijo a los medios que Nuria Sanz, directora de la división para América Latina y el Caribe del CPM, ya acusó recibo del expediente que lleva copia no sólo para el presidente de ICOMOS internacional, Gustavo Araoz, sino para varios funcionarios mexicanos.

Entre quienes recibieron la queja, destacan Alfonso Lujambio, secretario de Educación Pública; Consuelo Sáizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); Teresa Vicencio, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); la senadora María Rojo y la diputada Kenia López Rabadán, presidentas de las respectivas comisiones de Cultura en el Congreso de la Unión.

Orive aclaró que no se trata de una denuncia penal ni queja formulada ante una “Corte internacional”, sino un mecanismo acorde con el carácter consultivo del ICOMOS, así como de la propia UNESCO y la Convención del Patrimonio Mundial.

En el documento se solicita que el CPM ordene una “misión reactiva” que venga a constatar en el sitio, “de la manera más objetiva, el grave daño causado al bien patrimonial por una intervención que no respetó los criterios establecidos en las cartas internacionales del ICOMOS y en las directrices establecidas por la UNESCO”.

El expediente presenta una descripción del caso, a manera de introducción; la historia del edificio; los fundamentos tanto internacionales como nacionales en los que se fundamenta la denuncia, entre ellos los principios de restauración internacionalmente reconocidos.

Asimismo, el análisis de la obra en cuanto a conservación y restauración; situación actual del Palacio de Bellas Artes; calidad acústica; mecánica de suelos, y protección civil, así como análisis legal y conclusiones.

Se espera que la UNESCO envíe a la “brevedad posible” la misión reactiva, aunque Orive desconoce cuánto tiempo puede tardar la respuesta.

De lo que sí está convencida es que una vez que la misión haya hecho su propia evaluación, entonces dirigirá una carta al gobierno de Felipe Calderón en la llama a revertir los daños.

Recordó que en el caso del inmueble histórico demolido por el gobierno de la Ciudad de México en la calle de Regina 97 en el Centro Histórico, así sucedió: la misión reactiva acudió a constatar los hechos, formuló un dictamen y conminó al gobierno capitalino a reconstruir el inmueble y entregarlo a su propietario, aunque todo ello aún no se ha cumplido.

Sin embargo, deploró, esas acciones contribuyen a causar una mala imagen del país en el extranjero, cuando México se distinguió hasta hace unas décadas por sus políticas culturales.

El anterior presidente de ICOMOS-México, Xavier Villalobos, presente también en la rueda de prensa, comentó que desde hace más de 40 años este organismo ha recibido denuncias por destrucción del patrimonio, pero lamentó que, “en el colmo de la prepotencia”, hayan sido los propios funcionarios del INBA los causantes del daño en ese monumento.

En cinco años, 922 mujeres han sido asesinadas en el Edomex

MÉXICO, D.F., 31 de enero (apro-cimac).- De 2005 a 2010 se han cometido 922 asesinatos dolosos de mujeres y niñas en el Estado de México.

En esa entidad, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce que hay violencia feminicida y establece la obligación de instrumentar acciones gubernamentales de emergencia para erradicarla.

La ley, que se publicó en noviembre de 2008, señala en su artículo16 que, en el ámbito de sus competencias, los gobiernos estatal y municipales deben garantizar la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en la comunidad.

La norma destaca acciones como “la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria, y el diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de las personas y de la sociedad contra las mujeres”.

Además, plantea el establecimiento de un banco de datos a nivel estatal sobre las órdenes de protección que se establezcan y de las personas sujetas a ellas, con el fin de realizar las acciones de política criminal y de prevención que correspondan y que faciliten el intercambio de información entre las instancias.

Pese a que existen estas acciones, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que de 2005 a 2010, en Ecatepec se cometieron 118 asesinatos de mujeres, 71 en Nezahualcóyotl, 53 en Tlalnepantla, 45 en Toluca, 42 en Chimalhuacán, 40 en Naucalpan y 35 en Tultitlán.

El 18 de febrero de 2009, el Estado de México decretó el Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contiene los principios específicos aplicables a la protección de la integridad de las mujeres.

En el artículo 17 del reglamento se estipula que el estado contará con un “Modelo de Atención” que buscará incluir programas eficaces de rehabilitación y capacitación que permitan a las mujeres participar plenamente en la vida pública, privada y social.

Los programas, agrega, deberán diseñarse en atención a las necesidades sobre los derechos en materia de salud, educación, trabajo y acceso a la justicia de las mujeres.

Así, por ejemplo, cuenta con el programa “Mexiquense por una Vida sin Violencia”, que debe brindar atención jurídica, psicológica y preventiva, y cuya principal herramienta es un número telefónico conocido como “La línea sin violencia”.

De acuerdo con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, otro mecanismo para atender la violencia de género son las 17 “Unidades de Atención”, en las que hay un abogado y un psicólogo encargados de “brindar orientación y servicios especializados con perspectiva de género”.

No obstante la existencia de estos instrumentos, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 señala que en el Estado de México, 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia.

Con Calderón, se dispara la industria del secuestro

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

La Redacción

MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal dio a conocer hoy que en 2010 se registraron 2 mil 142 plagios en México, 295 más de los oficialmente reconocidos por las instancias gubernamentales competentes, sin incluir los secuestros exprés ni los plagios de migrantes.
En conferencia de prensa, el dirigente de ese organismo, José Antinio Ortega Sánchez, reveló además que, de acuerdo con datos del Sistema de Seguridad Pública (SNSP) y la Procuraduría General de la Republica, de los mil 847 secuestros reconocidos formalmente 209 víctimas fueron asesinadas por sus captores.
El también líder del movimiento blanco aseguró que muchos de los datos que proporcionan los gobiernos locales sobre homicidios dolosos están “rasurados” y que las cifras de secuestros suelen estar “falsificadas y sub-registradas.”
Por ejemplo, mencionó que los gobiernos de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León no reportaron en 2010 el número real de sus secuestros.
En el caso particular de Veracruz, dijo que el gobierno estatal reportó al SNSP cero plagios, las autoridades federales registraron ocho y la prensa local contabilizó 11.
Asimismo, el gobierno de Tamaulipas considero sólo 25 secuestros cuando el Ejercito Mexicano rescató a 173 personas. En Nuevo León, lasautoridades estatales registraron 18 secuestros, cuando en realidad ocurrieron 103.
En conferencia de prensa, Sánchez conjeturó que podría existir otros dos mil 142 secuestros “no denunciados” que incrementarían la cifra de secuestros a 4 mil 284 sólo en 2010.
Además, advirtió que el secuestro de inmigrantes indocumentados se ha incrementado 200% más en el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente, dijo, se tiene una cifra de mil 847 inmigrantes secuestrados.
El autor del libro “Secuestro en México” indicó que el 2010 ha sido el año con los índices de secuestros más altos en la historia del país.
De acuerdo con el estudio de 1971 a 2010, mil 253 víctimas han sido asesinadas y de el 30% de esos casos han ocurrido en este sexenio.
El análisis indica que entre las administraciones de Luis Echeverría y Carlos Salinas, el promedio anual de secuestrados asesinados fue de seis; en la de Ernesto Zedillo de 42; en la de Vicente Fox de 59, y en la de Felipe Calderón de 123 por año.
Aunque aseguró que el aumento de secuestros durante el sexenio son la prueba rotunda del fracaso de la estrategia gubernamental contra el secuestro, Ortega Sánchez reconoció que, sin la intervención del Ejercito Mexicano, el número de secuestros se incrementarían y “las 570 personas que fueron rescatadas por ellos hubieran sido asesinadas.”
Prosiguió:
“Por ello, resulta indignante la campaña de caricaturistas de izquierda de México Unidos Contra la Delincuencia y del gobernador Enrique Peña Nieto en contra del combate que el Ejército libra contra los grupos del narcotráfico”.
Antonio Ortega consideró una “farsa” el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y la Ley sobre el Secuestro.
“Son una cortina de humo y un medio para que las autoridades políticas y de seguridad publica compren tiempo… la problemática no deriva de la legislación sino de la falta de voluntad política, como se observó en los secuestros de Eduardo García Valseca y de Alfredo Harp donde el gobierno no hizo nada”, concluyó.