lunes, abril 05, 2010
Washington: Integrar México a los Estados Unidos
· Sin control alguno el lavado de dinero
· El plan entreguista de Felipe Calderón
· Integrar México a los Estados Unidos
El próximo 17 de octubre en la ciudad de Washington, la American Bankers Associaton (ABA) -el equivalente en el sistema crediticio estadounidense a la Asociación de Bancos de México (ABM)- llevará a cabo su conferencia anual sobre lavado de dinero. La presencia del crimen organizado en el sector financiero será, sin duda, una de las grandes preocupaciones de los participantes a esa cumbre.
¿Qué tan efectivo son los controles que aplica la banca en Estados Unidos frente a las prácticas de fraude y, finalmente, de lavado de dinero? Esa es la pregunta que abogados, funcionarios, banqueros y especialistas del sector bursátil se responderán a un año después de que funcionarios de la unidad del gobierno estadounidense encargada del combate contra el blanqueo de capitales, The Financial Crime Enforcement Network (Fincen), solicitaron a los banqueros con operaciones en México mayor reciprocidad en el intercambio de información para descubrir operaciones sospechosas resultado de prácticas fraudulentas y de las actividades de la delincuencia organizada que terminan por convertirse en lavado de dinero, aprovechando la interconexión y dependencia global de los circuitos financieros.
En octubre de 2009, en el marco de la reunión anual que también realiza la ABM para analizar la eficacia de los controles dirigidos a detectar dinero sucio, se recordó que hace 15 años, siendo Pedro Aspe titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Lloyd Bentsen secretario del Tesoro de Estados Unidos, se firmaron los primeros acuerdos para combatir de forma bilateral el lavado de dinero.
Fueron esos convenios los que más tarde se pondrían a prueba con la ya célebre e ineficaz “Operación Casablanca”, una investigación encubierta de funcionarios del gobierno estadounidense que pretendió exhibir las vulnerabilidades del sistema bancario mexicano y que terminó en un burdo escopetazo fallido en donde sólo se detuvo a pobres empleados y cajeros de bancos y ningún accionista o alto directivo, además también documentó la intromisión de Estados Unidos con prácticas extraterritoriales.
Con esos acuerdos para hacer posible el intercambio de información en la banca que opera en México también se puso al descubierto la intrincada red financiera construida por Raúl Salinas de Gortari para transferir de México hacia los sistemas financieros de Estados Unidos, Europa y el Caribe varios cientos de millones de dólares.
Pero no fueron las autoridades de Estados Unidos -a pesar de que el Congreso de ese país difundió ampliamente el caso- las que enarbolaron la batalla contra el lavado de dinero documentado, el expediente y el juicio contra Salinas de Gortari, fue la llamada “fiscal de hierro”, la procuradora suiza Carla Del Ponte, quien tomó el expediente y buscó llevarlo a sus últimas consecuencias judiciales, señalando culpables e impidiendo que el dinero regresara a México.
De no haberlo hecho -me comentó Del Ponte en una entrevista en la capital de Suiza- se hubiera sentado un pésimo precedente para el sistema bancario suizo, tan grave quizás como el del depósito del dinero de los judíos por parte del régimen Nazi.
Pero, a pesar del intercambio de información al que se comprometió Bentsen con Pedro Aspe, Estados Unidos nunca exhibió de la misma forma la ropa sucia de su propia casa. Fue poco conocido el caso del lavadores Giorgio Pelossi, a quien las autoridades de Chicago lograron imputarle cargos por blanqueo de capitales en bancos de Europa, Estados Unidos y México, resultado de actividades vinculadas con el narcotráfico. En el caso Pelossi la política interior estadounidense también estuvo involucrada y la investigación no fue menos escandalosa que la de Raúl Salinas de Gortari. Con Pelossi, la familia Bush apareció una y otra vez en los capítulos de su historia criminal y la respuesta fue que dos miembros de esa deshonrosa familia llegaran a la presidencia del país vecino.
Así se cumplen 15 años desde que los gobiernos de México y Estados Unidos intercambian información a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el FinCEN. Son, por lo tanto, funcionarios del fisco quienes también participan en el Grupo Egmont, un esfuerzo multilateral de al menos 100 países que han declarado la guerra al lavado de dinero y que ahora se ocupa de los nuevos caminos que utiliza el crimen organizado para limpiar sus dólares.
El trabajo del Fincen
Respecto a México, en medio de la mayor crisis financiera y bancaria de las últimas tres décadas en Estados Unidos, al Fincen y al Departamento del Tesoro aún les preocupan los llamados negocios de servicios monetarios que, aseguran, pueden jugar un papel determinante y central en la vida de las personas alrededor del mundo. Enviar una transferencia de efectivo entre un país y otro puede hacer la diferencia en la vida de muchas familias pero también constituir el camino para el financiamiento de actividades ilícitas. Por ello, en medio de la lucha contra el narcotráfico las autoridades estadounidense saben que, junto con el descubrimiento y bloqueo de actividades de empresas aparentemente lícitas, resulta prioritario desmantelar estas vías de financiamiento, pues sólo así será posible debilitar a las organizaciones criminales que, tanto en México como Estados Unidos, han puesto en jaque la seguridad nacional.
Para el gobierno estadounidense, los propietarios de centrales cambiarias y casas de cambio que no pertenecen a grupos bancarios extranjeros con operaciones en México y, en menor medida, a algunos mexicanos, tienen como obligación cumplir con la ley y cubrir las regulaciones que protegen al sistema financiero de abusos criminales y aportar información valiosa para combatir abusos.
El Fincen ha propuesto revisar la definición de los llamados negocios de servicios monetarios (como casas de cambio o centros cambiarios) con el propósito de definir y ampliar el tipo de actividades que deberán sujetarse a la llamada Acta de Secrecía Bancaria.
En mayo de 2009, en medio de la crisis financiera internacional, el Fincen presentó una propuesta en este sentido y reconoció que las innovaciones tecnológicas podrían integrar a su vigilancia a sectores no bancarizados, pues sin una supervisión adecuada podrían ser utilizados para propósitos ilícitos. Por ello, dijo, también resulta de vital importancia identificar a las empresas que provén este tipo de servicios.
México, reconoce el Fincen, se encuentra por buen camino ampliando la vigilancia a las casas de cambio y fortaleciendo la inspección a centros cambiarios, pero tendrá que explorar nuevos esquemas que, atados a la tecnología, están siendo utilizados para el blanqueo de capitales. Incluso, las tarjetas prepagadas para servicios de telecomunicaciones han sido identificadas como un área vulnerable para el blanqueo de capitales. Sin embargo, el problema no termina en las transferencias de efectivo.
Otra de las principales preocupaciones del Fincen son los fraudes asociados al sector de bienes raíces y a la emisión de hipotecas, lo que ha demostrado el nivel de sofisticación que han alcanzado las prácticas criminales porque las ganancias financieras de una actividad fraudulenta necesitan, forzosamente, estar integradas al sector financiero. Por ello, dice el Fincen, frecuentemente el lavado de dinero es resultado de un fraude.
Por ello, los funcionarios del Fincen han dicho a los banqueros en México que no se puede ignorar la importancia de compartir la información del sistema conocido como SAR, creado para detectar transacciones sospechosas a través del sistema financiero. En pocas palabras, Estados Unidos quiere reciprocidad completa de los bancos extranjeros que participan en su mercado. Ofrece, a cambio, ampliar la confidencialidad de dichos reportes. La oferta incluye compartir esta información con entidades como la Comisión de Valores o la Comisión de Futuros y Commodities de Estados Unidos.
Si bien es cierto que el Fincen reconoce la importancia de los cambios al artículo 115bis de la Ley de Instituciones de Crédito, también destaca el reto de obtener información de instituciones que no participan en la ABM, como si la ley no estuviera por encima de acuerdos gremiales. Por ello, se refiere a la autoridad que le da la Ley Patriota de 2001, bajo la cual el Fincen ha instrumentado regulaciones para permitir el intercambio de información, lo que se avizora, una vez más, como una estrategia extraterritorial, igual que en el pasado reciente, para obtener a toda costa que les permita identificar el dinero sucio de las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad nacional de su país. El problema, sin embargo, es el mismo: Estados Unidos no lava la ropa sucia de su propia casa protegiendo el flujo de efectivo, sin importar su origen, que llega a sus alicaídos bancos, y en cambio , utiliza ese pretexto para intervenir con mayor fuerza en México y vulnerar lo poco que queda de las instituciones de gobierno.
Felipe el entreguista
La descomposición que vive el país pueden atribuirla a muchos factores políticos, económicos y tal vez hasta sociales, pero nadie puede negar la responsabilidad directa de Felipe Calderón y su gabinete, quienes además de tener una percepción distinta de la realidad del resto de los mexicanos y de la forma como se deben enfrentar y resolver los problemas, su propuesta vulnera la soberanía y la misma Constitución cuando el gobierno calderonista propone entregar el país, o de lo que él han dejado el PRI y el PAN, en manos privadas extranjeras, principalmente estadounidenses.
Así está planteado en el documento México 2030, Proyecto de Gran Visión, integrado por 14 documentos que revelan los planes entreguistas del gobierno federal panista para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación como la energía, el agua, las zonas de reserva de la biósfera, la salud, la ciencia y la tecnología.
Durante varios meses la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, se dio a la tarea de investigar este amplio análisis del proyecto de nación que Calderón Hinojosa planeó antes de asumir el poder el 1 de diciembre de 2006, en donde participaron en su elaboración ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines a los intereses privatizadores.
En ese extenso trabajo publicado en siete entregas de Contralínea, uno de los temas más preocupantes es el planteamiento calderonista de que en 20 años algunos mexicoamericanos ocuparán cargos públicos de relevancia en áreas fundamentales del desarrollo del país, como parte del “proceso de integración con América del Norte”, cuyas primeras etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”. Es decir, ceder la soberanía y el control del país a estadounidenses.
Justifica este abierto intervencionismo con el objetivo de que el país tenga un “liderazgo consolidado”, en donde México sería “parte fundamental de una comunidad de América del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y Canadá”.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia, estará “integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”.
Plantea también abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
¿Qué tan efectivo son los controles que aplica la banca en Estados Unidos frente a las prácticas de fraude y, finalmente, de lavado de dinero? Esa es la pregunta que abogados, funcionarios, banqueros y especialistas del sector bursátil se responderán a un año después de que funcionarios de la unidad del gobierno estadounidense encargada del combate contra el blanqueo de capitales, The Financial Crime Enforcement Network (Fincen), solicitaron a los banqueros con operaciones en México mayor reciprocidad en el intercambio de información para descubrir operaciones sospechosas resultado de prácticas fraudulentas y de las actividades de la delincuencia organizada que terminan por convertirse en lavado de dinero, aprovechando la interconexión y dependencia global de los circuitos financieros.
En octubre de 2009, en el marco de la reunión anual que también realiza la ABM para analizar la eficacia de los controles dirigidos a detectar dinero sucio, se recordó que hace 15 años, siendo Pedro Aspe titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Lloyd Bentsen secretario del Tesoro de Estados Unidos, se firmaron los primeros acuerdos para combatir de forma bilateral el lavado de dinero.
Fueron esos convenios los que más tarde se pondrían a prueba con la ya célebre e ineficaz “Operación Casablanca”, una investigación encubierta de funcionarios del gobierno estadounidense que pretendió exhibir las vulnerabilidades del sistema bancario mexicano y que terminó en un burdo escopetazo fallido en donde sólo se detuvo a pobres empleados y cajeros de bancos y ningún accionista o alto directivo, además también documentó la intromisión de Estados Unidos con prácticas extraterritoriales.
Con esos acuerdos para hacer posible el intercambio de información en la banca que opera en México también se puso al descubierto la intrincada red financiera construida por Raúl Salinas de Gortari para transferir de México hacia los sistemas financieros de Estados Unidos, Europa y el Caribe varios cientos de millones de dólares.
Pero no fueron las autoridades de Estados Unidos -a pesar de que el Congreso de ese país difundió ampliamente el caso- las que enarbolaron la batalla contra el lavado de dinero documentado, el expediente y el juicio contra Salinas de Gortari, fue la llamada “fiscal de hierro”, la procuradora suiza Carla Del Ponte, quien tomó el expediente y buscó llevarlo a sus últimas consecuencias judiciales, señalando culpables e impidiendo que el dinero regresara a México.
De no haberlo hecho -me comentó Del Ponte en una entrevista en la capital de Suiza- se hubiera sentado un pésimo precedente para el sistema bancario suizo, tan grave quizás como el del depósito del dinero de los judíos por parte del régimen Nazi.
Pero, a pesar del intercambio de información al que se comprometió Bentsen con Pedro Aspe, Estados Unidos nunca exhibió de la misma forma la ropa sucia de su propia casa. Fue poco conocido el caso del lavadores Giorgio Pelossi, a quien las autoridades de Chicago lograron imputarle cargos por blanqueo de capitales en bancos de Europa, Estados Unidos y México, resultado de actividades vinculadas con el narcotráfico. En el caso Pelossi la política interior estadounidense también estuvo involucrada y la investigación no fue menos escandalosa que la de Raúl Salinas de Gortari. Con Pelossi, la familia Bush apareció una y otra vez en los capítulos de su historia criminal y la respuesta fue que dos miembros de esa deshonrosa familia llegaran a la presidencia del país vecino.
Así se cumplen 15 años desde que los gobiernos de México y Estados Unidos intercambian información a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el FinCEN. Son, por lo tanto, funcionarios del fisco quienes también participan en el Grupo Egmont, un esfuerzo multilateral de al menos 100 países que han declarado la guerra al lavado de dinero y que ahora se ocupa de los nuevos caminos que utiliza el crimen organizado para limpiar sus dólares.
El trabajo del Fincen
Respecto a México, en medio de la mayor crisis financiera y bancaria de las últimas tres décadas en Estados Unidos, al Fincen y al Departamento del Tesoro aún les preocupan los llamados negocios de servicios monetarios que, aseguran, pueden jugar un papel determinante y central en la vida de las personas alrededor del mundo. Enviar una transferencia de efectivo entre un país y otro puede hacer la diferencia en la vida de muchas familias pero también constituir el camino para el financiamiento de actividades ilícitas. Por ello, en medio de la lucha contra el narcotráfico las autoridades estadounidense saben que, junto con el descubrimiento y bloqueo de actividades de empresas aparentemente lícitas, resulta prioritario desmantelar estas vías de financiamiento, pues sólo así será posible debilitar a las organizaciones criminales que, tanto en México como Estados Unidos, han puesto en jaque la seguridad nacional.
Para el gobierno estadounidense, los propietarios de centrales cambiarias y casas de cambio que no pertenecen a grupos bancarios extranjeros con operaciones en México y, en menor medida, a algunos mexicanos, tienen como obligación cumplir con la ley y cubrir las regulaciones que protegen al sistema financiero de abusos criminales y aportar información valiosa para combatir abusos.
El Fincen ha propuesto revisar la definición de los llamados negocios de servicios monetarios (como casas de cambio o centros cambiarios) con el propósito de definir y ampliar el tipo de actividades que deberán sujetarse a la llamada Acta de Secrecía Bancaria.
En mayo de 2009, en medio de la crisis financiera internacional, el Fincen presentó una propuesta en este sentido y reconoció que las innovaciones tecnológicas podrían integrar a su vigilancia a sectores no bancarizados, pues sin una supervisión adecuada podrían ser utilizados para propósitos ilícitos. Por ello, dijo, también resulta de vital importancia identificar a las empresas que provén este tipo de servicios.
México, reconoce el Fincen, se encuentra por buen camino ampliando la vigilancia a las casas de cambio y fortaleciendo la inspección a centros cambiarios, pero tendrá que explorar nuevos esquemas que, atados a la tecnología, están siendo utilizados para el blanqueo de capitales. Incluso, las tarjetas prepagadas para servicios de telecomunicaciones han sido identificadas como un área vulnerable para el blanqueo de capitales. Sin embargo, el problema no termina en las transferencias de efectivo.
Otra de las principales preocupaciones del Fincen son los fraudes asociados al sector de bienes raíces y a la emisión de hipotecas, lo que ha demostrado el nivel de sofisticación que han alcanzado las prácticas criminales porque las ganancias financieras de una actividad fraudulenta necesitan, forzosamente, estar integradas al sector financiero. Por ello, dice el Fincen, frecuentemente el lavado de dinero es resultado de un fraude.
Por ello, los funcionarios del Fincen han dicho a los banqueros en México que no se puede ignorar la importancia de compartir la información del sistema conocido como SAR, creado para detectar transacciones sospechosas a través del sistema financiero. En pocas palabras, Estados Unidos quiere reciprocidad completa de los bancos extranjeros que participan en su mercado. Ofrece, a cambio, ampliar la confidencialidad de dichos reportes. La oferta incluye compartir esta información con entidades como la Comisión de Valores o la Comisión de Futuros y Commodities de Estados Unidos.
Si bien es cierto que el Fincen reconoce la importancia de los cambios al artículo 115bis de la Ley de Instituciones de Crédito, también destaca el reto de obtener información de instituciones que no participan en la ABM, como si la ley no estuviera por encima de acuerdos gremiales. Por ello, se refiere a la autoridad que le da la Ley Patriota de 2001, bajo la cual el Fincen ha instrumentado regulaciones para permitir el intercambio de información, lo que se avizora, una vez más, como una estrategia extraterritorial, igual que en el pasado reciente, para obtener a toda costa que les permita identificar el dinero sucio de las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad nacional de su país. El problema, sin embargo, es el mismo: Estados Unidos no lava la ropa sucia de su propia casa protegiendo el flujo de efectivo, sin importar su origen, que llega a sus alicaídos bancos, y en cambio , utiliza ese pretexto para intervenir con mayor fuerza en México y vulnerar lo poco que queda de las instituciones de gobierno.
Felipe el entreguista
La descomposición que vive el país pueden atribuirla a muchos factores políticos, económicos y tal vez hasta sociales, pero nadie puede negar la responsabilidad directa de Felipe Calderón y su gabinete, quienes además de tener una percepción distinta de la realidad del resto de los mexicanos y de la forma como se deben enfrentar y resolver los problemas, su propuesta vulnera la soberanía y la misma Constitución cuando el gobierno calderonista propone entregar el país, o de lo que él han dejado el PRI y el PAN, en manos privadas extranjeras, principalmente estadounidenses.
Así está planteado en el documento México 2030, Proyecto de Gran Visión, integrado por 14 documentos que revelan los planes entreguistas del gobierno federal panista para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación como la energía, el agua, las zonas de reserva de la biósfera, la salud, la ciencia y la tecnología.
Durante varios meses la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, se dio a la tarea de investigar este amplio análisis del proyecto de nación que Calderón Hinojosa planeó antes de asumir el poder el 1 de diciembre de 2006, en donde participaron en su elaboración ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines a los intereses privatizadores.
En ese extenso trabajo publicado en siete entregas de Contralínea, uno de los temas más preocupantes es el planteamiento calderonista de que en 20 años algunos mexicoamericanos ocuparán cargos públicos de relevancia en áreas fundamentales del desarrollo del país, como parte del “proceso de integración con América del Norte”, cuyas primeras etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”. Es decir, ceder la soberanía y el control del país a estadounidenses.
Justifica este abierto intervencionismo con el objetivo de que el país tenga un “liderazgo consolidado”, en donde México sería “parte fundamental de una comunidad de América del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y Canadá”.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia, estará “integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”.
Plantea también abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
Plan 2030: ocupación integral de México
El proyecto transexenal calderonista México 2030 garantiza “la ocupación integral del país”: rompe las voluntades sociales y los marcos jurídicos, reprime y coopta. Inspirado en el imperialismo que encabeza Estados Unidos, su fin es acabar con el Estado nación mexicano, señala Gilberto López y Rivas; por ello, dice, los mexicanos enfrentan una “guerra social” disfrazada de combate al narcotráfico. En el mapa anexo a esta edición, Contralínea reconstruye gráficamente los principales objetivos de la ocupación.
Otros textos de la serie:
1.Proyecto México 2030: la venta de un país
2.Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo
3.Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
4.Plan México 2030: desmantelar la seguridad social
5.Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera
6.Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación
7.Plan 2030: ocupación integral de México
El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación integral del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la “clase dominante” pretende desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Los 14 documentos que integran el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea– revelan que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional.
Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a “mexicoamericanos”; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones.
En dos décadas, México será “un país con una nueva constitución y armonía entre la legislación interna y externa”, indica el apartado dedicado a la política exterior. El investigador Pablo Moctezuma Barragán observa que a los autores del plan “les estorba” la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El doctor en estudios urbanos refiere que “armonizar” la legislación nacional con la extranjera necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: “México no se regiría por sus propias leyes, sino por las de las potencias extranjeras”.
La legislación externa, dice, es la que faculta a las trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan los contratos multimillonarios licitados. En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones.
Si las leyes hubieran estado “armonizadas” en la época de Lázaro Cárdenas, las empresas petroleras hubieran demandado a México y la expropiación se hubiera revertido, ejemplifica Moctezuma Barragán.
Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”: “Es un símil histórico respecto de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial”.
Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. “El gran inspirador de este proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan”.
Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan privatizador México 2030.
Privatizar el Estado posrevolucionario
Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión, reflejan las tendencias del capitalismo neoliberal, que rompen todo tipo de voluntades sociales y de marcos jurídicos surgidos del Estado benefactor, analiza López y Rivas. De manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario.
El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.
—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.
Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”.
“Guerra social”
La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.
—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
Lo ya privatizado
El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.
—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.
Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”.
“Guerra social”
La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.
—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
Lo ya privatizado
Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.
Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras públicas financiadas, contratos de servicios múltiples, unidades de conservación para la vida silvestre (Uma).
Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de Salud; siete por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como lo ha documentado Contralínea (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana Kawage.
En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de pesos a la asociación público-privada.
De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Resistencia, única vía para frenar el plan
—Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto –dice López y Rivas.
Pérdida de soberanía nacional
La soberanía nacional de México ya fue vulnerada. El cambio en la actitud de las fuerzas armadas mexicanas respecto de las fuerzas armadas estadunidenses así lo demuestra, dice Gilberto López y Rivas.
—Esta clase dominante, independientemente de sus colores, ya sean rojos o azules y algunos amarillitos que se están colando, tiene una visión totalmente apátrida de lo que significa la nación mexicana. Ellos son (parte de) lo que en su momento Carlos Monsiváis llamó la primera generación de estadunidenses nacidos en México: su mentalidad es una mentalidad colonizada, que favorece los planes de Estados Unidos.
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La militarización del TLCAN
Una oligarquía neoliberal internacional opera conjuntamente bajo las órdenes de Washington. Su intención es crear una gran zona comercial donde las empresas dirigidas por los grandes patrones no sólo dispongan del poder económico, sino también político, afines igualmente a los intereses de Estados Unidos. Por ello, el Pentágono ha planeado invadir a los países miembros que enfrenten un “caos económico”. Para ello, se vale no sólo del poder económico, sino también militar. Se trata de una de las investigaciones que durante 2009 fueron censuradas en los grandes medios de comunicación.
Líderes de Canadá, Estados Unidos y México han estado reuniéndose secretamente para ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata del bloque comercial formado por los países antes mencionados, que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor en enero de 1994. Pero ahora se avanza en la “integración profunda” de una fuerza trinacional más militarizada bajo el concepto estadunidense de “seguridad de la patria”.
La llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), impulsada hacia el interior de los países por los respectivos gobiernos y sin conocimiento ni mucho menos el consentimiento público –con su oficina central en Washington–, se propone integrar a las tres naciones en un sólo bloque político, económico y de seguridad.
La ASPAN se fundó durante una reunión de los presidentes George W Bush, Vicente Fox y el primer ministro Paul Martin, en Waco, Texas, el 31 de marzo de 2005. El sitio web oficial de Estados Unidos describe a la ASPAN como “…una iniciativa entre Estados Unidos, Canadá y México dirigida por la Casa Blanca para aumentar la seguridad y ampliar la prosperidad…” La ASPAN no es una ley ni un tratado y ni siquiera un acuerdo firmado. Cualquiera de estas definiciones requeriría discusión pública y la participación del Congreso.
La SPP nació en la era de la “guerra contra el terrorismo” y refleja un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, como la interpreta el Departamento de Seguridad de la Patria. Sus acuerdos autorizan acciones militares fronterizas, entrenamiento de policías, modernización de equipos y adopción de nuevas tecnologías, todo bajo la lógica de la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos. El jefe de la Seguridad de la Patria (puesto que ocupa) Michael Chertoff, junto con la secretaria de Estado (entonces Condoleezza Rice; Hillary Clinton ahora), y el secretario de Finanzas, (entonces Carlos Gutiérrez; ahora Gary Locke), son los tres altos funcionarios designados para asistir a las conferencias ministeriales de la ASPAN.
Las medidas para coordinar la seguridad han presionado a México para que militarice su frontera sur. Los elementos militares estadunidenses que ya operan dentro de México, más los efectivos de la agencia antidrogas estadunidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han iniciado programas de entrenamiento para el Ejército Mexicano (ahora involucrado en la “guerra” contra la droga), la policía federal y estatal, y unidades de inteligencia.
El periodista Stephen Lendman indica que una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si el país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento debido a “un generalizado caos económico y social” que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte.
El influyente departamento de Defensa Nacional de Canadá, a través de su nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa, General Rick Hillier, y el ministro de Defensa, Gordon O’Connor, también están alineados con esta campaña. Están obligados a aumentar los gastos militares de la nación y unirse a los estadunidenses en su “guerra contra el terrorismo”.
La ASPAN creó el Consejo de la Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), que presta servicios como grupo oficial trinacional de trabajo. El grupo está compuesto de representantes de 30 compañías gigantes de Estados Unidos, incluyendo General Electric, Ford Motors, General Motors, Wal-Mart, Lockheed-Martin, Merck y Chevron.
Las recomendaciones del NACC se centran en la “participación del sector privado” por ser “un paso clave para mejorar la posición competitiva de América del Norte en los mercados globales e impulsora de la innovación y el crecimiento”. El NACC hizo énfasis en la importancia de establecer políticas para obtener ganancias máximas.
La agenda guiada por Estados Unidos prioriza el acceso sin complicaciones de las compañías a los recursos naturales canadienses y mexicanos, especialmente al petróleo y agua. El Consejo de la Competitividad de América del Norte establece que “la prosperidad de Estados Unidos se basa principalmente en un suministro seguro de energía importada”.
La seguridad energética de Estados Unidos es vista como una prioridad absoluta, alentando a Canadá y a México a que permitan la privatización de las empresas operadas por el Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).
En enero de 2008, Halliburton (del exvicepresidente Dick Cheney) firmó un contrato con Pemex por 683 millones de dólares para perforar 58 nuevos pozos de prueba en Chiapas y Tabasco, y para asumir el control del mantenimiento de los oleoductos. Éste fue el último de los contratos por 2 mil millones de dólares que Halliburton recibió de Pemex durante las administraciones de Calderón y Fox, lo que en opinión de la oposición en México se ha convertido en la fachada pública de la privatización del capital monopolístico estadunidense. La política de Estados Unidos también busca asegurar su acceso ilimitado al agua de Canadá.
Connie Fogal, del partido Canadian Action, dijo: “La ASPAN es una toma hostil de posesión del aparato del gobierno democrático… un coup d’état (golpe de Estado) a las operaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México”.
Actualización de Stephen Lendman
La cuarta reunión de la ASPAN se llevó a cabo en Nueva Orleáns, del 22 al 24 de abril de 2008, con la participación de George Bush, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y el presidente de México, Felipe Calderón. Un grupo de manifestantes realizó lo que llamaron una “cumbre del pueblo”, con mítines en las calles y talleres en centros de trabajo para informar a la gente cuán destructiva es la ASPAN; fortalecer los lazos organizativos y de contacto; mantener información en línea sobre sus actividades; promover esfuerzos y conseguir apoyo adicional, y declarar su determinación de continuar resistiendo una agenda enormemente represiva financiada por las corporaciones.
Esta coalición tiene aliados en el Congreso. En enero 2007, el representante republicano Virgil H Goode y seis copatrocinadores presentaron la Resolución Concurrente 40, de la Cámara de Representantes, que expresa “el sentimiento del Congreso: Estados Unidos no debe tomar parte en un Sistema de Autopistas (estableciendo un TLCAN) o entrar en una North American Union con México y Canadá”.
La cumbre de abril reafirmó las intenciones de la ASPAN: crear una Norteamérica sin fronteras, disolver la soberanía nacional, establecer el control de los gigantes corporativos, y asegurar la mayor parte a las grandes compañías de Estados Unidos. También se propone convertir a Norteamérica en una fortaleza a través de la militarización del continente, bajo el mando de Estados Unidos.
La ASPAN mantiene un sitio web con “logros relevantes” desde agosto 2007, actualizado con fecha 22 de abril de 2008. La información es demasiado detallada para esta actualización, pero se puede obtener acceso mediante el siguiente enlace: http://www.spp.gov/pdf/key_accompli… 2007.pdf.
El sitio lista los principios acordados, convenios bilaterales adoptados, negociaciones concluidas, valoraciones de estudios publicados, acuerdos sobre el “libre flujo de información”, actividades del cumplimiento de la ley, esfuerzos relacionados con la propiedad intelectual, cumplimiento del transporte por carretera fronterizo y de larga distancia, procedimientos para permisos de importación, asuntos relativos a la seguridad de los productos y la alimentación, temas de energía (focalizada especialmente en el petróleo), desarrollo de la infraestructura, manejo de las emergencias, y mucho más. Todo expuesto en tonos aparentemente moderados para ocultar su objetivo continental: posibilitar una explotación corporativa mejorada con el menor conocimiento público posible.
La militarización incluye al Comando Norte de Estados Unidos, establecido en octubre de 2002, que tiene la responsabilidad aérea, terrestre y marítima para el continente, sin importar las limitaciones de Posse Comitatus que ya no se aplican o fronteras soberanas que se borran fácilmente. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también desempeñan grandes papeles. Igual sucede con la FBI, la Agencia Central de Inteligencia y todas las agencias de espionaje de Estados Unidos, la policía local y estatal militarizada, las fuerzas de la Guardia Nacional, y los mercenarios paramilitares provenientes de Blackwater USA. Se dirigen a cualquier lugar del continente con licencia para operar tan libremente como en Irak y en el Nuevo Orleáns post Katrina. Podrían convertir todas las calles del hemisferio en versiones de Bagdad y crear condiciones para vivir en la luna.
También existen otros procesos de militarización. El 14 de febrero de 2008, Estados Unidos y Canadá acordaron permitir la presencia de tropas estadunidenses en Canadá. A los canadienses no les dijeron nada sobre este acuerdo, cuyo borrador se redactó en 2002. Tampoco se discutió en el Congreso o en la Cámara Canadiense de los Comunes. El acuerdo establece la “integración bilateral” de las estructuras de mando militar en áreas de inmigración, policía, inteligencia o cualquier otra estructura que el Pentágono o Washington deseen. En términos generales, forma parte de la “guerra contra el terror” y la militarización del continente para hacerlo “más seguro” para los negocios y estar preparados para cualquier oposición civil.
México también ha sido otro objetivo, con un “Plan México” anunciado en octubre de 2007. Se trata de un plan de seguridad para México y Centroamérica llamado Iniciativa Mérida, con 1 mil 400 millones de dólares en ayuda asignada. Es “una iniciativa de cooperación de seguridad regional” similar al Plan Colombia y presentada como esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.
En realidad, la Iniciativa Mérida es parte de la militarización de México por la ASPAN y otorga más control del país a Washington. La mayor parte de la ayuda va a las fuerzas militares y policiales de México, con una parte importante destinada a los contratistas privados de defensa de Estados Unidos para equipamiento, entrenamiento y mantenimiento. Se evitará el delicado asunto del despliegue de tropas de Estados Unidos mediante el uso de fuerzas privadas de seguridad de Estados Unidos, es decir, Blackwater y DynCorp.
Una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si este país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte
FUENTE: CONTRALÍNEA 176 / 4 DE ABRIL DE 2010
Líderes de Canadá, Estados Unidos y México han estado reuniéndose secretamente para ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata del bloque comercial formado por los países antes mencionados, que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor en enero de 1994. Pero ahora se avanza en la “integración profunda” de una fuerza trinacional más militarizada bajo el concepto estadunidense de “seguridad de la patria”.
La llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), impulsada hacia el interior de los países por los respectivos gobiernos y sin conocimiento ni mucho menos el consentimiento público –con su oficina central en Washington–, se propone integrar a las tres naciones en un sólo bloque político, económico y de seguridad.
La ASPAN se fundó durante una reunión de los presidentes George W Bush, Vicente Fox y el primer ministro Paul Martin, en Waco, Texas, el 31 de marzo de 2005. El sitio web oficial de Estados Unidos describe a la ASPAN como “…una iniciativa entre Estados Unidos, Canadá y México dirigida por la Casa Blanca para aumentar la seguridad y ampliar la prosperidad…” La ASPAN no es una ley ni un tratado y ni siquiera un acuerdo firmado. Cualquiera de estas definiciones requeriría discusión pública y la participación del Congreso.
La SPP nació en la era de la “guerra contra el terrorismo” y refleja un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, como la interpreta el Departamento de Seguridad de la Patria. Sus acuerdos autorizan acciones militares fronterizas, entrenamiento de policías, modernización de equipos y adopción de nuevas tecnologías, todo bajo la lógica de la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos. El jefe de la Seguridad de la Patria (puesto que ocupa) Michael Chertoff, junto con la secretaria de Estado (entonces Condoleezza Rice; Hillary Clinton ahora), y el secretario de Finanzas, (entonces Carlos Gutiérrez; ahora Gary Locke), son los tres altos funcionarios designados para asistir a las conferencias ministeriales de la ASPAN.
Las medidas para coordinar la seguridad han presionado a México para que militarice su frontera sur. Los elementos militares estadunidenses que ya operan dentro de México, más los efectivos de la agencia antidrogas estadunidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han iniciado programas de entrenamiento para el Ejército Mexicano (ahora involucrado en la “guerra” contra la droga), la policía federal y estatal, y unidades de inteligencia.
El periodista Stephen Lendman indica que una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si el país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento debido a “un generalizado caos económico y social” que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte.
El influyente departamento de Defensa Nacional de Canadá, a través de su nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa, General Rick Hillier, y el ministro de Defensa, Gordon O’Connor, también están alineados con esta campaña. Están obligados a aumentar los gastos militares de la nación y unirse a los estadunidenses en su “guerra contra el terrorismo”.
La ASPAN creó el Consejo de la Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), que presta servicios como grupo oficial trinacional de trabajo. El grupo está compuesto de representantes de 30 compañías gigantes de Estados Unidos, incluyendo General Electric, Ford Motors, General Motors, Wal-Mart, Lockheed-Martin, Merck y Chevron.
Las recomendaciones del NACC se centran en la “participación del sector privado” por ser “un paso clave para mejorar la posición competitiva de América del Norte en los mercados globales e impulsora de la innovación y el crecimiento”. El NACC hizo énfasis en la importancia de establecer políticas para obtener ganancias máximas.
La agenda guiada por Estados Unidos prioriza el acceso sin complicaciones de las compañías a los recursos naturales canadienses y mexicanos, especialmente al petróleo y agua. El Consejo de la Competitividad de América del Norte establece que “la prosperidad de Estados Unidos se basa principalmente en un suministro seguro de energía importada”.
La seguridad energética de Estados Unidos es vista como una prioridad absoluta, alentando a Canadá y a México a que permitan la privatización de las empresas operadas por el Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).
En enero de 2008, Halliburton (del exvicepresidente Dick Cheney) firmó un contrato con Pemex por 683 millones de dólares para perforar 58 nuevos pozos de prueba en Chiapas y Tabasco, y para asumir el control del mantenimiento de los oleoductos. Éste fue el último de los contratos por 2 mil millones de dólares que Halliburton recibió de Pemex durante las administraciones de Calderón y Fox, lo que en opinión de la oposición en México se ha convertido en la fachada pública de la privatización del capital monopolístico estadunidense. La política de Estados Unidos también busca asegurar su acceso ilimitado al agua de Canadá.
Connie Fogal, del partido Canadian Action, dijo: “La ASPAN es una toma hostil de posesión del aparato del gobierno democrático… un coup d’état (golpe de Estado) a las operaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México”.
Actualización de Stephen Lendman
La cuarta reunión de la ASPAN se llevó a cabo en Nueva Orleáns, del 22 al 24 de abril de 2008, con la participación de George Bush, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y el presidente de México, Felipe Calderón. Un grupo de manifestantes realizó lo que llamaron una “cumbre del pueblo”, con mítines en las calles y talleres en centros de trabajo para informar a la gente cuán destructiva es la ASPAN; fortalecer los lazos organizativos y de contacto; mantener información en línea sobre sus actividades; promover esfuerzos y conseguir apoyo adicional, y declarar su determinación de continuar resistiendo una agenda enormemente represiva financiada por las corporaciones.Esta coalición tiene aliados en el Congreso. En enero 2007, el representante republicano Virgil H Goode y seis copatrocinadores presentaron la Resolución Concurrente 40, de la Cámara de Representantes, que expresa “el sentimiento del Congreso: Estados Unidos no debe tomar parte en un Sistema de Autopistas (estableciendo un TLCAN) o entrar en una North American Union con México y Canadá”.
La cumbre de abril reafirmó las intenciones de la ASPAN: crear una Norteamérica sin fronteras, disolver la soberanía nacional, establecer el control de los gigantes corporativos, y asegurar la mayor parte a las grandes compañías de Estados Unidos. También se propone convertir a Norteamérica en una fortaleza a través de la militarización del continente, bajo el mando de Estados Unidos.
La ASPAN mantiene un sitio web con “logros relevantes” desde agosto 2007, actualizado con fecha 22 de abril de 2008. La información es demasiado detallada para esta actualización, pero se puede obtener acceso mediante el siguiente enlace: http://www.spp.gov/pdf/key_accompli… 2007.pdf.
El sitio lista los principios acordados, convenios bilaterales adoptados, negociaciones concluidas, valoraciones de estudios publicados, acuerdos sobre el “libre flujo de información”, actividades del cumplimiento de la ley, esfuerzos relacionados con la propiedad intelectual, cumplimiento del transporte por carretera fronterizo y de larga distancia, procedimientos para permisos de importación, asuntos relativos a la seguridad de los productos y la alimentación, temas de energía (focalizada especialmente en el petróleo), desarrollo de la infraestructura, manejo de las emergencias, y mucho más. Todo expuesto en tonos aparentemente moderados para ocultar su objetivo continental: posibilitar una explotación corporativa mejorada con el menor conocimiento público posible.
La militarización incluye al Comando Norte de Estados Unidos, establecido en octubre de 2002, que tiene la responsabilidad aérea, terrestre y marítima para el continente, sin importar las limitaciones de Posse Comitatus que ya no se aplican o fronteras soberanas que se borran fácilmente. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también desempeñan grandes papeles. Igual sucede con la FBI, la Agencia Central de Inteligencia y todas las agencias de espionaje de Estados Unidos, la policía local y estatal militarizada, las fuerzas de la Guardia Nacional, y los mercenarios paramilitares provenientes de Blackwater USA. Se dirigen a cualquier lugar del continente con licencia para operar tan libremente como en Irak y en el Nuevo Orleáns post Katrina. Podrían convertir todas las calles del hemisferio en versiones de Bagdad y crear condiciones para vivir en la luna.
También existen otros procesos de militarización. El 14 de febrero de 2008, Estados Unidos y Canadá acordaron permitir la presencia de tropas estadunidenses en Canadá. A los canadienses no les dijeron nada sobre este acuerdo, cuyo borrador se redactó en 2002. Tampoco se discutió en el Congreso o en la Cámara Canadiense de los Comunes. El acuerdo establece la “integración bilateral” de las estructuras de mando militar en áreas de inmigración, policía, inteligencia o cualquier otra estructura que el Pentágono o Washington deseen. En términos generales, forma parte de la “guerra contra el terror” y la militarización del continente para hacerlo “más seguro” para los negocios y estar preparados para cualquier oposición civil.
México también ha sido otro objetivo, con un “Plan México” anunciado en octubre de 2007. Se trata de un plan de seguridad para México y Centroamérica llamado Iniciativa Mérida, con 1 mil 400 millones de dólares en ayuda asignada. Es “una iniciativa de cooperación de seguridad regional” similar al Plan Colombia y presentada como esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.
En realidad, la Iniciativa Mérida es parte de la militarización de México por la ASPAN y otorga más control del país a Washington. La mayor parte de la ayuda va a las fuerzas militares y policiales de México, con una parte importante destinada a los contratistas privados de defensa de Estados Unidos para equipamiento, entrenamiento y mantenimiento. Se evitará el delicado asunto del despliegue de tropas de Estados Unidos mediante el uso de fuerzas privadas de seguridad de Estados Unidos, es decir, Blackwater y DynCorp.
Una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si este país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte
FUENTE: CONTRALÍNEA 176 / 4 DE ABRIL DE 2010
Lavado de dinero al amparo del secreto bancario
El lavado de dinero realizado por Mario Villanueva y su familia expuso la cadena de irregularidades con que opera la banca en México, donde el blanqueo de capitales es sólo uno de los ilícitos que se cometen al amparo del secreto bancario, y donde los empleados del sistema financiero justifican depósitos millonarios sólo por tratarse de altos funcionarios del gobierno y sus testaferros. En el expediente judicial contra Villanueva Madrid y sus supuestos cómplices, se advierte que las autoridades mexicanas ocultaron información a la DEA respecto del curso del dinero que manejó el exgobernador, no obstante que la agencia antidrogas estadunidenses proporcionó datos claves que incriminan al exgobernador de Quintana Roo y por lo que exigen su extradición a Estados Unidos.
Las revelaciones de los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) Francisco Javier Brady Haug, con nombre confidencial Hans, exdiseñador de portafolios de inversión de Operadora de Bolsa Serfín, SA; y Martín Ruiz Cuevas, alias Peter, exsecretario particular de José Chejín Pulido, pusieron al desnudo la cadena de corrupción que tejió el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien ocultó grandes cantidades de efectivo del narcotráfico, al tiempo que financió las campañas políticas de sus correligionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ambos testigos ofrecieron detalles del manejo de la cuenta por 100 millones de pesos que abrió Villanueva Madrid a través de Brady y Chejín para apoyar a los entonces candidatos a diputados del PRI y al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Rafael Lara Lara.
En noviembre de 1994, Brady Haug se reunió con Mario Villanueva; Rafael Lara, secretario de Finanzas; Roberto Chapur, empresario hotelero; José Chejín Pulido, asesor financiero; Alejandro Sánchez Ortiz, excompañero de Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfín; así como David Hernández, gerente de Banca Serfín. Todos escucharon con atención los detalles que dio Brady Haug sobre el funcionamiento de las empresas off shore. Después de esa reunión, Mario Villanueva decidió impulsar la creación de este tipo de empresas y echó a andar la maquinaria del lavado de capitales.
Fue entonces cuando el ya gobernador Villanueva Madrid y el director general del Grupo Financiero Serfín, Abelardo Morales Purón, se hicieron amigos y socios. Prueba del acercamiento entre banca Serfín y el gobierno de Quintana Roo es que la deuda pública estatal se trasladó a esta institución, reestructuración que llevó a cabo José Chejín Pulido.
La cuenta discreta del gobernador
A fines de 1995, Chejín Pulido, ya como secretario de Finanzas del gobierno del estado, abrió una cuenta en Banca Serfín a nombre de un fideicomiso, cuyos fiduciarios eran Bancrecer y Bancomer, y los intereses que generaba eran para el gobernador. Se constituyó una cuenta de cheques que la hacía de cuenta eje y los depósitos se destinaban a inversiones en el mercado de mesa de dinero.
La cuenta recibía depósitos de varias partes del país y los fondos eran utilizados para la campaña de Rafael Lara Lara como presidente municipal de Benito Juárez. José Chejín le advirtió a Brady Haug que esa cuenta tenía que ser manejada con “suma discreción”, porque era del gobernador Mario Villanueva, lo que no sucedió, toda vez que éste siempre utilizaba a terceros.
En la cuenta había 100 millones de pesos y duró el tiempo de la campaña, unos seis meses. Antes de cerrarla, tenía un remanente de 25 millones de pesos, a principios de 1996, dinero que José Chejín retiró en dólares en efectivo.
Experto en la materia, Francisco Javier Brady Haug le explicó a José Chejín Pulido, asesor financiero en Banca Serfín, sobre la creación, funcionamiento y características de las empresas off shore: se utilizan como compañías de inversión, gozan de beneficios fiscales, funcionan mediante acciones nominativas o al portador en caso de que no se quiera conocer la identidad del dueño. Los directores de la empresa pueden ser los mismos dueños o terceras personas nominadas por ellos. Pueden ser creadas con una sola persona y, debido a que en las jurisdicciones donde se establecen (paraísos fiscales) no existe registro público, es muy difícil saber quién es el dueño verdadero.
El testigo protegido Hans confirmó, en relación con las operaciones realizadas en Cancún entre 1995 y 1996, que Chejín Pulido abrió la cuenta OBSSA número 4701071, a nombre de Díez Canedo Ruiz, para concentrar los recursos que serían destinados para la campaña de Rafael Lara con dinero del gobernador.
De dicha cuenta, Brady Haug autorizó su apertura, pero aclaró que no conoció a Diez Canedo, y que la instrucción de Abelardo Morales, director general de Grupo Financiero Serfín, era abrirla “a como diera lugar y dar todas las facilidades a Chejín Pulido y al gobernador”.
José Chejín le pidió a Brady Haug que abriera la cuenta a través de un fideicomiso estatal, que reviviera un muerto o que utilizara a un testaferro como Álvaro Barbudo Palomo, contador de su padre José Chejín Medina, y quien ya le había servido como tal a Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfín. Optó por sacar del archivo muerto de Banca Serfín la cuenta a nombre de Ramón Enrique Díez Canedo Ruiz, de lo cual ya habían hablado Mario Villanueva y Abelardo Morales.
Leer articulo completo AQUI.
Las revelaciones de los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) Francisco Javier Brady Haug, con nombre confidencial Hans, exdiseñador de portafolios de inversión de Operadora de Bolsa Serfín, SA; y Martín Ruiz Cuevas, alias Peter, exsecretario particular de José Chejín Pulido, pusieron al desnudo la cadena de corrupción que tejió el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien ocultó grandes cantidades de efectivo del narcotráfico, al tiempo que financió las campañas políticas de sus correligionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ambos testigos ofrecieron detalles del manejo de la cuenta por 100 millones de pesos que abrió Villanueva Madrid a través de Brady y Chejín para apoyar a los entonces candidatos a diputados del PRI y al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Rafael Lara Lara.
En noviembre de 1994, Brady Haug se reunió con Mario Villanueva; Rafael Lara, secretario de Finanzas; Roberto Chapur, empresario hotelero; José Chejín Pulido, asesor financiero; Alejandro Sánchez Ortiz, excompañero de Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfín; así como David Hernández, gerente de Banca Serfín. Todos escucharon con atención los detalles que dio Brady Haug sobre el funcionamiento de las empresas off shore. Después de esa reunión, Mario Villanueva decidió impulsar la creación de este tipo de empresas y echó a andar la maquinaria del lavado de capitales.
Fue entonces cuando el ya gobernador Villanueva Madrid y el director general del Grupo Financiero Serfín, Abelardo Morales Purón, se hicieron amigos y socios. Prueba del acercamiento entre banca Serfín y el gobierno de Quintana Roo es que la deuda pública estatal se trasladó a esta institución, reestructuración que llevó a cabo José Chejín Pulido.
La cuenta discreta del gobernador
A fines de 1995, Chejín Pulido, ya como secretario de Finanzas del gobierno del estado, abrió una cuenta en Banca Serfín a nombre de un fideicomiso, cuyos fiduciarios eran Bancrecer y Bancomer, y los intereses que generaba eran para el gobernador. Se constituyó una cuenta de cheques que la hacía de cuenta eje y los depósitos se destinaban a inversiones en el mercado de mesa de dinero.La cuenta recibía depósitos de varias partes del país y los fondos eran utilizados para la campaña de Rafael Lara Lara como presidente municipal de Benito Juárez. José Chejín le advirtió a Brady Haug que esa cuenta tenía que ser manejada con “suma discreción”, porque era del gobernador Mario Villanueva, lo que no sucedió, toda vez que éste siempre utilizaba a terceros.
En la cuenta había 100 millones de pesos y duró el tiempo de la campaña, unos seis meses. Antes de cerrarla, tenía un remanente de 25 millones de pesos, a principios de 1996, dinero que José Chejín retiró en dólares en efectivo.
Experto en la materia, Francisco Javier Brady Haug le explicó a José Chejín Pulido, asesor financiero en Banca Serfín, sobre la creación, funcionamiento y características de las empresas off shore: se utilizan como compañías de inversión, gozan de beneficios fiscales, funcionan mediante acciones nominativas o al portador en caso de que no se quiera conocer la identidad del dueño. Los directores de la empresa pueden ser los mismos dueños o terceras personas nominadas por ellos. Pueden ser creadas con una sola persona y, debido a que en las jurisdicciones donde se establecen (paraísos fiscales) no existe registro público, es muy difícil saber quién es el dueño verdadero.
El testigo protegido Hans confirmó, en relación con las operaciones realizadas en Cancún entre 1995 y 1996, que Chejín Pulido abrió la cuenta OBSSA número 4701071, a nombre de Díez Canedo Ruiz, para concentrar los recursos que serían destinados para la campaña de Rafael Lara con dinero del gobernador.
De dicha cuenta, Brady Haug autorizó su apertura, pero aclaró que no conoció a Diez Canedo, y que la instrucción de Abelardo Morales, director general de Grupo Financiero Serfín, era abrirla “a como diera lugar y dar todas las facilidades a Chejín Pulido y al gobernador”.
José Chejín le pidió a Brady Haug que abriera la cuenta a través de un fideicomiso estatal, que reviviera un muerto o que utilizara a un testaferro como Álvaro Barbudo Palomo, contador de su padre José Chejín Medina, y quien ya le había servido como tal a Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfín. Optó por sacar del archivo muerto de Banca Serfín la cuenta a nombre de Ramón Enrique Díez Canedo Ruiz, de lo cual ya habían hablado Mario Villanueva y Abelardo Morales.
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“Guerra” antidrogas: intervención de Estados Unidos
La estrategia militar contra el narcotráfico no combate al sistema económico-financiero de las organizaciones delictivas ni busca terminar con el consumo de las sustancias ilícitas; en cambio, deja numerosas violaciones a los derechos humanos de la población, aseguran especialistas. El país en “guerra” está desindustrializado, tiene la mayor pérdida de población en el mundo por la emigración, su economía apenas crecerá el 2 por ciento anual en las próximas dos décadas y en su territorio operan cientos de agentes estadunidenses para evitar que las drogas lleguen a sus consumidores.
La “guerra” mexicana contra el narcotráfico le permite a Estados Unidos intervenir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos de México. Aunque es el principal país consumidor a nivel mundial de drogas, abandonó el concepto de “guerra contra las drogas” en su política interior e impidió que su ejército combatiera a los narcotraficantes. Sin embargo, avaló la estrategia militar del Ejecutivo mexicano porque favorece su interés de promover un Estado policiaco y subordinado en esa región.
Para alcanzar ese propósito, Estados Unidos lanzó una estrategia cuya primera fase responsabiliza a México de esa situación. La segunda fase difunde la presunta debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir al narcotráfico, lo que justifica la injerencia de las instituciones de seguridad estadunidenses en el territorio nacional, señala Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad Iberoamericana.
La última fase del proceso, la cesión total de la soberanía de México, se alcanza cuando las instituciones responsables de contener al crimen organizado, el Ejército y los cuerpos policiacos, se someten a Estados Unidos al autorizarle realizar operaciones militares en territorio mexicano, incluso, instalar sus bases, explica Montoya.
Estados Unidos utilizó durante los últimos 25 años el concepto de “guerra” contra el narcotráfico frente al creciente consumo de drogas ilegales que amenazaba su seguridad pública; sin embargo, las propias autoridades declararon nula esa concepción.
En mayo de 2009, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, declaró: “No importa cómo se intente explicar a la gente si es una guerra contra la droga o contra el producto; la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. En consecuencia, el nuevo enfoque estadunidense busca reducir el consumo, dar prioridad al tratamiento y disminuir la encarcelación.
En junio de 2009, Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, admitió: “Aunque hace 20 años el combate al tráfico de drogas ilegales y a los grupos delictivos trasnacionales era un tema más en la agenda binacional, actualmente es el prioritario”.
Selee explicó que su país no teme el ingreso de terroristas a su país desde México, sino que cruce su frontera sur la escalada de violencia –secuestros, desapariciones y homicidios–. Ante tal expectativa, respaldó la cooperación de su gobierno con las autoridades mexicanas para frenar a los cárteles.
El gobierno mexicano hace lo que aquel país ya dejó de hacer, pues considera que conviene a sus intereses geopolíticos, manifiesta Montoya.
“Guerra” al enemigo interno
La justificación del gobierno mexicano al lanzar la “guerra” contra las organizaciones del narcotráfico fue reducir su violencia. A pesar de los patrullajes y operativos del Ejército en diversas regiones del país, la violencia aumentó a niveles no observados en décadas, con más de 15 mil asesinatos en los últimos tres años, describe Montoya, autor de una investigación sobre los riesgos para la soberanía nacional de la estrategia militar contra el narcotráfico, que publicará la Universidad Iberoamericana.
Al sacar a las calles al Ejército, sin tratarse de una guerra contra otra nación, la misión del Ejército Mexicano se concibe como el enfrentamiento con un enemigo interno, que pone en riesgo a la seguridad nacional. Esa estrategia, señala el académico, afecta “severamente al Ejército”, pues lo expone al poder corruptor de la economía criminal, a la vez que lo lleva a un terreno estratégico ajeno a su mandato constitucional.
Además, anualmente desertan del cuerpo castrense unos 20 mil elementos, casi 150 mil en los últimos ocho años. Ese fenómeno debilita al Ejército –una institución que debía ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales–. En los hechos, se convierte en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares que ahora se dedican a actividades criminales.
También, el fracaso de la actual estrategia es “de suma gravedad para la nación”, porque pone en riesgo la soberanía, manifiesta el académico. Las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional. Una forma de vulnerarla es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución y que, por la complejidad de su misión, no podrán lograr los objetivos propuestos.
Leer articulo completo AQUI.
La “guerra” mexicana contra el narcotráfico le permite a Estados Unidos intervenir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos de México. Aunque es el principal país consumidor a nivel mundial de drogas, abandonó el concepto de “guerra contra las drogas” en su política interior e impidió que su ejército combatiera a los narcotraficantes. Sin embargo, avaló la estrategia militar del Ejecutivo mexicano porque favorece su interés de promover un Estado policiaco y subordinado en esa región.
Para alcanzar ese propósito, Estados Unidos lanzó una estrategia cuya primera fase responsabiliza a México de esa situación. La segunda fase difunde la presunta debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir al narcotráfico, lo que justifica la injerencia de las instituciones de seguridad estadunidenses en el territorio nacional, señala Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad Iberoamericana.
La última fase del proceso, la cesión total de la soberanía de México, se alcanza cuando las instituciones responsables de contener al crimen organizado, el Ejército y los cuerpos policiacos, se someten a Estados Unidos al autorizarle realizar operaciones militares en territorio mexicano, incluso, instalar sus bases, explica Montoya.
Estados Unidos utilizó durante los últimos 25 años el concepto de “guerra” contra el narcotráfico frente al creciente consumo de drogas ilegales que amenazaba su seguridad pública; sin embargo, las propias autoridades declararon nula esa concepción.En mayo de 2009, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, declaró: “No importa cómo se intente explicar a la gente si es una guerra contra la droga o contra el producto; la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. En consecuencia, el nuevo enfoque estadunidense busca reducir el consumo, dar prioridad al tratamiento y disminuir la encarcelación.
En junio de 2009, Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, admitió: “Aunque hace 20 años el combate al tráfico de drogas ilegales y a los grupos delictivos trasnacionales era un tema más en la agenda binacional, actualmente es el prioritario”.
Selee explicó que su país no teme el ingreso de terroristas a su país desde México, sino que cruce su frontera sur la escalada de violencia –secuestros, desapariciones y homicidios–. Ante tal expectativa, respaldó la cooperación de su gobierno con las autoridades mexicanas para frenar a los cárteles.
El gobierno mexicano hace lo que aquel país ya dejó de hacer, pues considera que conviene a sus intereses geopolíticos, manifiesta Montoya.
“Guerra” al enemigo interno
La justificación del gobierno mexicano al lanzar la “guerra” contra las organizaciones del narcotráfico fue reducir su violencia. A pesar de los patrullajes y operativos del Ejército en diversas regiones del país, la violencia aumentó a niveles no observados en décadas, con más de 15 mil asesinatos en los últimos tres años, describe Montoya, autor de una investigación sobre los riesgos para la soberanía nacional de la estrategia militar contra el narcotráfico, que publicará la Universidad Iberoamericana.
Al sacar a las calles al Ejército, sin tratarse de una guerra contra otra nación, la misión del Ejército Mexicano se concibe como el enfrentamiento con un enemigo interno, que pone en riesgo a la seguridad nacional. Esa estrategia, señala el académico, afecta “severamente al Ejército”, pues lo expone al poder corruptor de la economía criminal, a la vez que lo lleva a un terreno estratégico ajeno a su mandato constitucional.
Además, anualmente desertan del cuerpo castrense unos 20 mil elementos, casi 150 mil en los últimos ocho años. Ese fenómeno debilita al Ejército –una institución que debía ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales–. En los hechos, se convierte en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares que ahora se dedican a actividades criminales.
También, el fracaso de la actual estrategia es “de suma gravedad para la nación”, porque pone en riesgo la soberanía, manifiesta el académico. Las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional. Una forma de vulnerarla es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución y que, por la complejidad de su misión, no podrán lograr los objetivos propuestos.
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Los billonarios de Forbes
Detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen
Honorato de Balzac
De todos es conocido que en marzo el número especial de la revista Forbes reporta a los hombres más ricos del mundo. Pertenecer a esta selección representa poseer un mínimo de 1 mil millones de dólares; la metodología con la cual la lista es elaborada está en función de sus activos públicos y de su participación en actividades bursátiles e ingenierías financieras, además de la importancia estratégica de los sectores que dominan. Estos últimos criterios se han ido perfeccionado, lo cual representa que si antes eran incluidos elementos de la llamada nobleza como el Sultán de Brunei, hoy la globalidad obliga a echar a un lado la tradición y emprenderla con los sujetos globales.
En este sentido, cabría preguntarse por qué una cienmillonésima parte de los mexicanos aparecen en esta lista que encabeza Carlos Slim. La respuesta inmediata por parte de una publicación inglesa es que se trata de hombres de negocios ubicados en economías emergentes; respuesta que no deja nada en claro si no se reconstruye el marco de las condiciones y contexto que propiciaron su enriquecimiento ilimitado.
Llama poderosamente la atención ciertas coincidencias que concurren y coinciden en la formación de esta elite. La primera es que su emergencia está marcada en un periodo donde la figura presidencial es Carlos Salinas de Gortari, el último emisario del presidencialismo autoritario mexicano, pues después de él no es que sus sucesores no hayan pretendido serlo, sino que les ha sido imposible reconstruir el viejo modelo por la existencia de nuevas fuerzas al interior del Estado que ya no permiten la reconstrucción del antiguo régimen, aunque sí la continuidad de esta elite, donde muchos de los nombrados no eran aún considerados como parte de este grupo de dinero, poder, privilegio e impunidad.
Una segunda situación es que resultan ser los beneficiarios de las empresas que el Estado desincorporó del patrimonio nacional, a las cuales se les tildó de ineficientes, ineficaces, en números rojos e insustentables, por lo que fueron rematadas en operaciones que nunca tuvieron una licitación pública, abierta ni transparente. Además de ser entregadas como Telmex en monopolio de la actividad y en oligopolio para el caso de las frecuencias televisivas o de las concesiones mineras. Así que hay que explicarse el milagro de la beatitud de los empresarios que transforman empresas públicas en fuentes de beneficio privado.
Un tercer factor que olvidan los que hablan de empresarios es que en estas economías emergentes hay carencia de reglas claras, actualizadas, pertinentes y oportunas para imposibilitar la excesiva concentración del ingreso. Ubiquemos tan sólo que edificios como el World Trade Center de la ciudad de México tienen tarifas de agua de una colonia popular; que las fundaciones de las grandes corporaciones que están asentadas en territorio nacional no sólo no pagan la proporción debida de impuestos, sino que tienen instrumentos como sus fundaciones para evadir cargas fiscales y que, incluso, a través de sus actividades recauden cuantiosas fortunas para profundizar la evasión y fortalecer sus finanzas personales.
Un cuarto razonamiento es el régimen laboral que impera en estas empresas donde predomina personal joven e inexperto, el cual tiene un sistema de rotación constante entre unidades de trabajo, incertidumbre laboral por el tipo de sistema de contratación siempre eventual y horarios de trabajo fuera de la jornada normal, pues como ellos mismos afirman: “Sabemos a qué horas entramos, pero la salida la determinan los jefes inmediatos, sin compensación adicional”. A lo que se agrega la ausencia de mínimos de seguridad como en el caso de Pasta de Conchos, que aún sigue golpeando la conciencia nacional y donde el grupo Minera México ya cerró el caso con los mineros sepultados bajo toneladas de escombros, producto de su desmedida ambición empresarial, de la tolerancia sindical y de la complicidad de la autoridad.
Un quinto elemento es que estas corporaciones nacionales no están figurando entre las más dinámicas y ejemplares del mundo, pues carecen de al menos una fuerte inversión en investigación y desarrollo tecnológico: son receptoras de tecnologías muchas de ellas en desuso u obsoletas por el vértigo de la revolución científico técnica. De esta forma, el costo real de inversión que deberían tener es al menos del 10 por ciento de estas fortunas para invertirlo en términos de futuro. A cambio de esta carencia, se incorporan tecnologías que se ajustan con el bajo nivel tecnológico que tiene el país, de ahí que con mercancías y tecnologías de remate se alimente la satisfacción de las necesidades del mercado interno. En este sentido, aparatos novedosos de telecomunicación como el iPhone no encuentra aún la plataforma para el funcionamiento óptimo de sus recursos, y la proximidad del iPad quedará en suspenso hasta que los concesionarios actualicen los soportes para operar.
Un sexto factor son las exageradas tarifas, donde las diferentes secretarías del ramo, encargadas de su regulación, no se han dado aún cuenta de que México es el cuarto país con las tarifas telefónicas más caras del mundo; que las estadísticas que hablan de la baja interna de los precios no muestran ninguna comparación con países pioneros para mostrar la competitividad de tales descuentos; que llevan a una pérdida necesaria por parte del usuario que no encuentra sitio disponible en estas empresas para interponer una queja fundada, y que la rapiña de los aboneros, de los concesionarios y de los intermediarios de chatarra electrónica haga presa del consumidor nacional.
El séptimo componente es la visión de un mercado interno que opera en términos marginales con la globalidad. Aun criticando al neoliberalismo, en el caso de México se mantiene una estructura de un mercado cautivo, sin competencia, monopólico y oligárquico, dependiente del exterior de donde toma sus recursos, especulativo y sin reglas claras destinado a la pérdida del patrimonio de quien ingenuamente se acerca con sus recursos a invertir, en un espacio selectivo, con escasa iniciativa y nulo nivel de riesgo para el poderoso que opera de modo irresponsable socialmente y voraz sin limitación, pues carece de fines, además de ser el resultado del matrimonio incestuoso con la totalidad de la clase política que nos gobierna, sin excepción de partidos.
Finalmente, estos miembros del club de Forbes controlan sectores estratégicos que un Estado responsable jamás debió cederles: telecomunicaciones, abasto, comercio, minería, finanzas y banca, medios de comunicación masiva, industria de la construcción, además de juego, entretenimiento y narcotráfico, bajo la divisa común de un Estado subalterno, un poder nacional débil y una sociedad productiva cada vez más polarizada.
En esta visión, la idea de los mercados emergentes, como han sido designados, dista mucho de ser sinónimo de pujanza, espíritu emprendedor y visión empresarial. A fin de cuentas, las utilidades cuantiosas del presente volverán algún día a las metrópolis y la carencia de futuro del país coincidirá con el fin biológico de esta elite, que tan sólo quedará como epitafio del país, y de estos especuladores, las tumbas de quien como Carlos Truyet instalaron su mausoleo en Acapulco, donde mandó construir una cruz gigantesca con vista a la bahía; ahí ni por asomo puede verse alguna rendija desde la cual su fantasma pueda disfrutar del mar y sus bellezas, sino que sus restos permanecen bajo toneladas de cemento que han hecho olvidar su nombre y las acciones del primer dueño de Telmex…
* Catedrático de la UAM Iztapalapa; experto en seguridad nacional y fuerzas armadas; doctor en sociología por la UNAM, y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh
gavg@xanum.uam.mx
Video muestra ropa de Paulette tendida en su cama antes de ser encontrada muerta
Un video muestra que la ropa que llevaba Paulette al ser encontrada muerta se encontraba tendida en su cama durante una de las entrevistas que ofrecieron sus padres a los medios.
Un video en YouTube muestra cómo la ropa que llevaba puesta la niña Paulette Gebara aparece tendida en su cama antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida.
El video en la dirección http://www.youtube.com/watch?v=ZhB7XLYCb34 muestra primero un video de Tv Azteca de una entrevista con los padres de Paulette en la recámara de la niña, en el cual, en la esquina inferior izquierda, se pueden ver la playera verde-azul y los shorts oscuros con figuras rosas que llevaba puestos Paulette cuando fue encontrada muerta al pie de su cama.
El video de la entrevista con la ropa de Paulette en la cama es del día 25 de marzo, 5 días antes de que fuera encontrada muerta.
“Quién nos está engañando!!! Es la misma ropa de Paulette, en la cama de Paulette!! No hay duda! La cambiaron! HAY GENTE DE LA PROCURADURÍA IMPLICADA” dice el video antes de mostrar las evidencias visuales.
Un segundo video, del mismo internauta, muestra otra toma donde se ven las presuntas ropas de Paulette en su cama. El video se puede ver en la dirección
http://www.youtube.com/watch?v=mySRtC7QtnI
Cabe señalar que el día de hoy Enrique Peña Nieto declaró que la procuraduría general de justicia del Estado de México ha actuado con “transparencia” pero que no hay elementos que determinen que hubo homicidio ni tampoco accidente en el caso de Paulette.
http://www.youtube.com/watch?v=ZhB7XLYCb34
Un video en YouTube muestra cómo la ropa que llevaba puesta la niña Paulette Gebara aparece tendida en su cama antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida.
El video en la dirección http://www.youtube.com/watch?v=ZhB7XLYCb34 muestra primero un video de Tv Azteca de una entrevista con los padres de Paulette en la recámara de la niña, en el cual, en la esquina inferior izquierda, se pueden ver la playera verde-azul y los shorts oscuros con figuras rosas que llevaba puestos Paulette cuando fue encontrada muerta al pie de su cama.
El video de la entrevista con la ropa de Paulette en la cama es del día 25 de marzo, 5 días antes de que fuera encontrada muerta.
“Quién nos está engañando!!! Es la misma ropa de Paulette, en la cama de Paulette!! No hay duda! La cambiaron! HAY GENTE DE LA PROCURADURÍA IMPLICADA” dice el video antes de mostrar las evidencias visuales.
Un segundo video, del mismo internauta, muestra otra toma donde se ven las presuntas ropas de Paulette en su cama. El video se puede ver en la dirección
http://www.youtube.com/watch?v=mySRtC7QtnI
Cabe señalar que el día de hoy Enrique Peña Nieto declaró que la procuraduría general de justicia del Estado de México ha actuado con “transparencia” pero que no hay elementos que determinen que hubo homicidio ni tampoco accidente en el caso de Paulette.
http://www.youtube.com/watch?v=ZhB7XLYCb34
¿...Qué no te queda claro?
Carmen Aristegui F.
El empresario Simón Charaf, dueño del Bar Bar, ha decidido contar su historia, abriendo la puerta a grandes revelaciones que trascienden y dan al corazón del funcionamiento de una de las estructuras de poder más grandes en nuestro país, misma que ha dado muestras de su capacidad para someter a los distintos poderes formales de la República.
Charaf acusa a la Procuraduría del Distrito Federal de someterse a los designios de Televisa para manipular las investigaciones del caso Cabañas y responsabilizar a empleados, gerente y propietarios del bar de conductas que, afirma, no se sostienen con evidencias, presentando el caso como si hubiera sido una acción concertada. El empresario acusa también a la televisora de manipular editorialmente el caso, con la pretensión de aniquilarlo. Puesto a demostrar sus dichos, ha subido a internet una página en la que da a conocer los videos completos de sus cámaras de seguridad, fotografías de celebridades y funcionarios de la televisora -incluido el propio Azcárraga Jean- para mostrar de qué estaba compuesta la clientela del lugar y marcar, desde ahí, su contraofensiva: exhibe una edición de comentarios de los principales comunicadores de la televisora en los que se refieren al Bar Bar como un lugar de drogas, prostitución y armas. Contraataca con la pregunta obligada: "Si este lugar es lo que ustedes dicen, ¿qué hacían, entonces, ustedes ahí?". Con diversos elementos busca demostrar que estamos ante una maquinación perversa, cuyos móviles trascienden a lo ocurrido en el baño del Bar Bar. El trasfondo, dice Charaf, es un conflicto entre accionistas por la propiedad de una empresa llamada "Imagen y Talento Internacional, S.A. de C.V.", de la cual Televisa posee el 51 por ciento de las acciones y Simón Charaf el 49 por ciento. Al leerse las 16 hojas del convenio es posible percatarse que ahí empieza la historia grande.
En apretada síntesis: Charaf funda la empresa "Imagen y Talento Internacional" hace algunos años, desde la cual promueve figuras como la Miss Universo Lupita Jones, su entonces pareja. La empresa crece en la medida que Televisa decide, tal vez por razones financieras, terminar contratos de exclusividad con varios artistas y figuras públicas, situación que aprovecha Charaf para negociar nuevos convenios con aquellos que han perdido sus contratos con la televisora. Establece una cartera importante con más de 100 convenios de exclusividad desde los cuales realiza negocios comerciales de diverso tipo. En algún punto, narra Charaf, un grupo internacional -al parecer General Electric- interesado en participar en una tercera opción de televisión -asunto fallido como se puede ver- intenta comprar la empresa de Charaf para garantizar sus futuros contenidos con artistas nacionales. Al enterarse Televisa, decide negociar con Charaf para alejar el peligro de una competencia real en la televisión. Firman un convenio cuyo objeto establece que los socios Televisa y Charaf tendrán "...la representación, promoción y contratación de personalidades, artistas, deportistas y conductores (las 'personalidades') a efecto de comercializar en cualquier forma permitida por la ley, campañas y proyectos publicitarios, promocionales, de relaciones públicas, conferencias, líneas comerciales y productos, así como cualquier actividad semejante o conexa a las anteriores..."; firman, además, una cláusula (la novena) donde establecen "la obligación de no competir". Charaf afirma que el convenio no es cumplido por Televisa, la que realiza negocios en los que "usa" a personalidades de los que no participa a su socio Charaf, tal y como estaba obligada por el convenio firmado. Menciona, como ejemplos, el contrato con Maite Perroni y Raúl Araiza para el PVEM y los convenios con los gobernadores que se promueven con artistas de la televisión. Ante los reclamos de Charaf, Televisa ofreció comprarle su porcentaje en una mínima cantidad. Charaf se negó y dijo que prefería venderla a un tercero. Afirma que sostuvo una conversación telefónica con Alejandro Benítez, director general de Comercialización Artística de Televisa, quien le habría dicho: "Para que se acaben los ataques hacia el Bar, accede a la petición que ya te hice en diciembre". Ante la respuesta de "...que estaba fuera de la realidad" y que prefería venderlo a un tercero, el funcionario de Televisa soltó: "¿...qué no te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el propio Presidente somos nosotros?"... "¿En esos términos?", le pregunté al empresario. "En esos términos...", ratificó.
Escucha Aristègui: 102.5 FM de 6-10 hrs
CNN-703 22 y 23:30 hrs.
SME
Boletín de prensa
A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional,
Al pueblo mexicano:
El primero de abril del año que corre, el Gerente General de la clase patronal y Secretario de Trabajo y Previsión Social (STyPS) Javier Lozano Alarcón, se ha echado encima, voluntariamente, varias tareas que no podrá ver cumplidas en ningún momento: “demostrar” las bondades de la propuesta del gobierno federal para la pretendida reforma a la Ley Federal del Trabajo; también “desmentir” a los medios de comunicación, analistas, sindicatos, abogados laboralistas y a todo aquel que esté en contra de su engendro.
En una convivencia incómoda con los medios de comunicación -a los que principalmente pretende “desmentir”, pues con esa intención los invitó-, pero una barbacoa y un “rollo con la legalidad de su ignorancia”, no bastarán para convencer a nadie. Tal vez si el secretario patronal aceptara debatir con los electricistas en resistencia, pudiera lograr algo de claridad en los obscuros laberintos de su entendimiento. Pero no hay porro al que no le tiemblen las rodillas ante un puñado de trabajadores ofendidos y los electricistas somos casi 18 mil.
Cumpliendo fielmente su característico papel de cancerbero del empresariado, anuncia su Santa Cruzada contra todos los que se le opongan en su intenso “cabildeo” (entiéndase por ello, inmensas presiones políticas, amenazas de no otorgamiento de tomas de nota, desconocimiento de directivas sindicales, congelamiento de cuotas sindicales, intromisión descarada en los asuntos internos de las agrupaciones obreras, que osen declarar siquiera su rechazo a tan “noble” y “reivindicadora” reforma laboral) que realizará según él, a partir del mismo día de ayer, entre todos los sectores involucrados.
Desde luego comenzó con su también ya típica campaña de medios, acusando, juzgando y sentenciando a los que no piensen como él, cuando señala y vocifera que se “encargará de desmentir a todos los medios de comunicación, sindicatos, especialistas y a todo aquel que señale que la iniciativa afectará a los trabajadores”, finalizando como buen adivino que es, advirtiéndonos a los opositores a su proyecto, que “o es porque no lo leyeron bien, por prejuicios o porque defienden sus intereses particulares”.
A temblar opositores a la reforma laboral Patronal-Panista, al parecer en México, sólo Lozano Alarcón lee bien, carece de prejuicios y defiende los sacrosantos intereses de la patria, nadie más, ¿habrase visto semejante soberbia?
Y como ya se puso el traje de cruzado, desde ahora lo retamos a que debata con nosotros, con los que cuestionamos y nos oponemos tajantemente a su pretendida reforma laboral, escoja usted el terreno y los medios de comunicación señor Lozano. Que le parece los días 12 y 13 de abril de este año, en el foro “Análisis de Reforma Laboral”, en el Auditorio del edificio “E”, en la Cámara de Diputados, ACEPTA O VA A CORRER.
“El ser social determina la conciencia social del hombre” señalaba un connotado filósofo y economista alemán, no hace falta escarbar demasiado en el “proyecto” elaborado por el señor Lozano y presentado por la bancada de Acción Nacional, para encontrar los verdaderos propósitos y objetivos que contiene ese engendro de reforma laboral: propone impedir el ejercicio de derechos como el de contratación colectiva, titularidad contractual, libre sindicalización; impedir la defensa legal de los trabajadores; entorpecer nuevos registros sindicales y la operatividad de los sindicatos formados; burlar la Constitución, con su reforma neoliberal e incumplir los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo; impulsar el trabajo precario y el llamado outsourcing que elimina responsabilidades patronales y deja en la incertidumbre a los trabajadores, disminuir la seguridad social, eliminar pensiones y jubilaciones, más una cadena de limitaciones y perjuicios al trabajo. Ni una palabra de incremento de salarios que disminuyan la precariedad de las familias trabajadoras. Si usted acepta debatir con nosotros, le demostraremos punto por punto, la concepción patronal que soporta su propuesta y las nítidas intenciones de hacer nugatorios los derechos establecidos en el Artículo 123 Constitucional, entre ellos, a la Organización y Autonomía Sindicales y sobre todo a la Huelga.
Pero como sabemos que no aceptará nuestro reto, ese “chalan ignorante” del Empresariado que opera desde la Secretaria del Trabajo, desde ahora se apresta a ejercer toda suerte de presiones, chantajes y “acuerdos políticos” en lo oscurito, con “dirigentes sindicales” y “diputados obreros” funcionales a su política, para buscar que le aprueben su reforma. Eso sí lo sabe hacer el señor Lozano Alarcón.
Por nuestra parte, el Sindicato Mexicano de Electricistas afirmamos que hemos leído bien su “proyecto”, que sabemos perfectamente que beneficia al empresariado y que perjudica gravemente a la clase obrera y a los futuros trabajadores de este país. Por ello y desde ahora, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a dicha reforma, amén de que nos manifestaremos masivamente donde haya que hacerlo, contra ese engendro Patronal-Panista elaborado por ese grupo de yuppies yunquistas enquistados en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Finalmente, hacemos un llamado general a todas las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora, al pueblo mexicano y a los diputados nacionalistas y patriotas, a analizar este proyecto patronal y a movilizarnos conjuntamente para echarlo a donde corresponde: el bote de la basura neoliberal.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 2 de abril de 2010
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
Secretario del Exterior
Abominable es Calderón…
María Teresa Jardí
No me dirán ustedes que no deja de ser una curiosidad, digna de un análisis profundo, la necedad de los a modo del sistema en su patético intento por borrar la realidad. La terca realidad que, sin descanso ni tregua, los desmiente una y otra y otra vez. Ahora resulta que en “las cifras de homicidios publicadas por el Brookings Institute, en un informe elaborado, con información de la ONU, por el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, México aparece con un promedio de 11.5 homicidios al año por cada cien mil habitantes, mientras que Brasil con 22 y Colombia con 39. Sí, cómo no. Cuando basta revisar las notas de la prensa escrita, en lo que al número de ejecutados diarios se refiere, para que quede del todo desmentida esa estadística. Tan tontita la ONU que no lee el POR ESTO!, cuando bastaría con hacer eso para que la realidad no la desmintiera también a ella.
Lo que ocurre hoy en México es, aunque –quizá-- de manera mucho más brutal, lo que ocurre en toda dictadura fascista. Lo que ocurrió con Franco, con Pinochet, los Papa y Baby Doc, con Trujillo, etc.
Una dictadura, con características propias, por supuesto. Y además con una preparación previa de años, por lo que toca al deterioro fomentado desde el deseducador aparato de la educación escolarizada, encargado --junto con la telebasura y la comida chatarra-- de hacer desaparecer la capacidad de pensar en los mexicanos, complementando el hecho con el ruido de televisores encendidos hasta en los tendejones, lo que tiene por objeto hacernos perder las neuronas, que en otros lugares, con más suerte, llevan a los gobernados a decir basta, cuando hay que decir basta y ni siquiera me estoy refiriendo a declarar la revolución ni a propiciar una guerra, que es lo que está buscando el asesino compulsivo obsesivo o serial, quién sabe, que el poder usurpa hoy desde el Ejecutivo federal con la siglas del PAN, pero con el apoyo de la derecha apoderada de todos los partidos políticos que en partidos chatarra se hayan convertido.
Vean ustedes. Es obvio que ya les llegaron al precio a las procuradurías por lo que toca al no castigo de los padres culpables en el caso del homicidio, infanticidio, en realidad con todas las agravantes, más la agregada por la incapacidad de Paulette. Perdida por completo, incluso la vergüenza y sin ápice de la inteligencia que en otros lugares acompaña a la clase política, no importa ya ni el escándalo internacional que, como a degenerados asesinos, hasta de los hijos nos exhibe a todos los mexicanos y se nos olvidará y, en unos días, ya nadie recordará a la menor asesinada, como ha ido sucediendo con los niños, al parecer traficados, en los albergues llamados “Casitas del Sur”, vinculados a una iglesia. Por cierto y como va pasando con los pequeños literalmente achicharrados, convertidas las guardería en negocio de familiares y amigos de las familias mafiosas adueñadas del poder en México o con los menores gaseados por el ejército paramilitar que García Luna comanda, que mínima o ninguna atención han merecido de los medios, en guarderías también, que al lado de los inmuebles de Luz y Fuerza, en el lugar equivocado, establecidas se encuentran, mientras a los sindicalistas del SME se reprime con saña luego de haberles arrebatado, de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin negociación alguna, sin derecho a la defensa… la fuente de trabajo de ellos y de sus familias y a los que, además, con un odio inaudito, porque además otra curiosidad digna de análisis profundo, es el odio que sienten, sujetos impresentables como Lozano y como el propio usurpador chatarra también, contra los que agreden por dinero sin caridad ninguna ni para los trabajadores ni para las familias de los trabajadores pisoteados, buscando dejarlos sin un ápice de dignidad, a los que además se les pone en listas negras, al estilo de las de Hitler y de las de Stalin, para que nadie les dé trabajo. En listas negras incluso los que aceptaron el retiro involuntario, a pesar de las promesas de nueva contratación o jubilaciones previas.
Pero eso sí, el corredor carretero hecho expresamente para “El Chapo”, al que así se le conoce, sí señores, acabo de transitar por él, como el corredor de “El Chapo”, que al norte va, de excelentes carreteras se ha ido llenando y ni siquiera cámaras molestas tiene de las que marcan la velocidad, por aquello de que tratándose de “El Chapo”, el gobierno es el encargado de hacerle todas las vías libres que necesite, con las características requeridas para el mejor llevado y distribución de las drogas. Abominable es el panista Calderón.
No me dirán ustedes que no deja de ser una curiosidad, digna de un análisis profundo, la necedad de los a modo del sistema en su patético intento por borrar la realidad. La terca realidad que, sin descanso ni tregua, los desmiente una y otra y otra vez. Ahora resulta que en “las cifras de homicidios publicadas por el Brookings Institute, en un informe elaborado, con información de la ONU, por el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, México aparece con un promedio de 11.5 homicidios al año por cada cien mil habitantes, mientras que Brasil con 22 y Colombia con 39. Sí, cómo no. Cuando basta revisar las notas de la prensa escrita, en lo que al número de ejecutados diarios se refiere, para que quede del todo desmentida esa estadística. Tan tontita la ONU que no lee el POR ESTO!, cuando bastaría con hacer eso para que la realidad no la desmintiera también a ella.
Lo que ocurre hoy en México es, aunque –quizá-- de manera mucho más brutal, lo que ocurre en toda dictadura fascista. Lo que ocurrió con Franco, con Pinochet, los Papa y Baby Doc, con Trujillo, etc.
Una dictadura, con características propias, por supuesto. Y además con una preparación previa de años, por lo que toca al deterioro fomentado desde el deseducador aparato de la educación escolarizada, encargado --junto con la telebasura y la comida chatarra-- de hacer desaparecer la capacidad de pensar en los mexicanos, complementando el hecho con el ruido de televisores encendidos hasta en los tendejones, lo que tiene por objeto hacernos perder las neuronas, que en otros lugares, con más suerte, llevan a los gobernados a decir basta, cuando hay que decir basta y ni siquiera me estoy refiriendo a declarar la revolución ni a propiciar una guerra, que es lo que está buscando el asesino compulsivo obsesivo o serial, quién sabe, que el poder usurpa hoy desde el Ejecutivo federal con la siglas del PAN, pero con el apoyo de la derecha apoderada de todos los partidos políticos que en partidos chatarra se hayan convertido.
Vean ustedes. Es obvio que ya les llegaron al precio a las procuradurías por lo que toca al no castigo de los padres culpables en el caso del homicidio, infanticidio, en realidad con todas las agravantes, más la agregada por la incapacidad de Paulette. Perdida por completo, incluso la vergüenza y sin ápice de la inteligencia que en otros lugares acompaña a la clase política, no importa ya ni el escándalo internacional que, como a degenerados asesinos, hasta de los hijos nos exhibe a todos los mexicanos y se nos olvidará y, en unos días, ya nadie recordará a la menor asesinada, como ha ido sucediendo con los niños, al parecer traficados, en los albergues llamados “Casitas del Sur”, vinculados a una iglesia. Por cierto y como va pasando con los pequeños literalmente achicharrados, convertidas las guardería en negocio de familiares y amigos de las familias mafiosas adueñadas del poder en México o con los menores gaseados por el ejército paramilitar que García Luna comanda, que mínima o ninguna atención han merecido de los medios, en guarderías también, que al lado de los inmuebles de Luz y Fuerza, en el lugar equivocado, establecidas se encuentran, mientras a los sindicalistas del SME se reprime con saña luego de haberles arrebatado, de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin negociación alguna, sin derecho a la defensa… la fuente de trabajo de ellos y de sus familias y a los que, además, con un odio inaudito, porque además otra curiosidad digna de análisis profundo, es el odio que sienten, sujetos impresentables como Lozano y como el propio usurpador chatarra también, contra los que agreden por dinero sin caridad ninguna ni para los trabajadores ni para las familias de los trabajadores pisoteados, buscando dejarlos sin un ápice de dignidad, a los que además se les pone en listas negras, al estilo de las de Hitler y de las de Stalin, para que nadie les dé trabajo. En listas negras incluso los que aceptaron el retiro involuntario, a pesar de las promesas de nueva contratación o jubilaciones previas.
Pero eso sí, el corredor carretero hecho expresamente para “El Chapo”, al que así se le conoce, sí señores, acabo de transitar por él, como el corredor de “El Chapo”, que al norte va, de excelentes carreteras se ha ido llenando y ni siquiera cámaras molestas tiene de las que marcan la velocidad, por aquello de que tratándose de “El Chapo”, el gobierno es el encargado de hacerle todas las vías libres que necesite, con las características requeridas para el mejor llevado y distribución de las drogas. Abominable es el panista Calderón.
La visita
Carlos Fazio
La primera reunión extraterritorial del gabinete de guerra de la administración Obama-Clinton, aquí, el pasado 23 de marzo, abrió una nueva fase en el plan de absorción política y militar de México, plasmado en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005) e instrumentado en la Iniciativa Mérida (2007), como brazo operativo de las grandes corporaciones estadunidenses que quieren apoderarse de los recursos geoestratégicos del país.
Para que no quedara ninguna duda, después de la visita el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, experto en situación de crisis y estados fallidos, exhibió su papel de procónsul, cuando en entrevista con Televisa dijo sin tapujos que la actual estrategia militar de Felipe Calderón la hemos diseñado los dos juntos. La afirmación genera interrogantes acerca de si se trata de una estrategia fallida, como afirman muchos, o si el plan estadunidense consistía en generar un estado de caos y violencia reguladora irracional, en el contexto de una política contrainsurgente, para colocar a México en una fase de colombianización y, de paso, debilitar y desgastar a las fuerzas armadas mexicanas para penetrarlas y subordinarlas aún más a los lineamientos del Pentágono.
La sesión relámpago en México del gabinete de seguridad estadunidense tuvo como misión salvaguardar los intereses patrióticos, geopolíticos y rentables del imperio. Vinieron, giraron órdenes e instrucciones a los personeros nominales del Estado cliente denominado México y se fueron. Combinando el poder duro y blando, aprovecharon al máximo la corruptibilidad y las vulnerabilidades e incompetencias de los administradores bananeros del país –al servicio de una clase política y económica en relación simbiótica con la economía criminal–, que ya no controlan parte del territorio nacional.
La aparición en bloque de los halcones de Wa-shington fue el mensaje. Un mensaje público de espaldarazo a un régimen en extremo débil. ¿Pero un mensaje a quién? ¿Qué sabrá Washington que los mexicanos no sabemos, y que lo obligó a mandar a sus pesos pesados para impedir o postergar la caída de Calderón? Porque para anunciar el giro social de la guerra bastaba con enviar a la cara amable del imperio, Hillary Clinton, y seguir utilizando las formas encubiertas de la dominación vía sus agentes clandestinos en México.
A corto plazo nada sabremos de la agenda oculta de Washington. Lo divulgado antes, durante y después de la visita fueron simples cortinas de humo distractivas. Como tantas veces antes, hicieron un uso consciente de los medios como difusores de la estrategia de propaganda de guerra estadunidense. Por razones tácticas o de oportunidad, postergaron el anuncio sobre la institucionalización de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), ubicada en algún punto secreto del Distrito Federal, desde donde operan hace casi un año expertos de inteligencia del Pentágono, la CIA, la DEA, la FBI y otras agencias estadunidenses, en coordinación con el embajador Pascual. La propia Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior, reconoció en un programa de la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) que a pedido de Calderón miembros del Ejército de Estados Unidos trabajan en forma limitada en México, poniendo a punto técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán (y antes en Colombia), en el marco de una guerra que según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Víctor Renuart, se prolongará 10 años.
Así como la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy fue el brazo social de la contrainsurgencia que en los años 70 derivó en la Doctrina de Seguridad Nacional que introdujo el terrorismo de Estado en varios países del área, la nueva fase de militarización de México combinará el control territorial y social (guerra sucia urbana) con esporádicas acciones de inteligencia operativa y financiera para golpear de manera selectiva a algunos cárteles de la economía criminal.
En realidad, con la excusa de combatir a la delincuencia organizada, se aplican las directrices básicas de la guerra de baja intensidad, que combina labores de inteligencia, acción cívica, guerra sicológica y control de población. Esa doctrina cambia la naturaleza de la guerra, la hace irregular y la convierte en un embate político-ideológico. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional. El centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la arena político-social.
En la nomenclatura militar, el concepto de operaciones sicológicas está relacionado, generalmente, con objetivos y herramientas que buscan influir en la conducta de la población civil, del enemigo y la propia fuerza. La guerra sicológica trata de explotar las vulnerabilidades del enemigo y sus bases de apoyo: miedos, necesidades, frustraciones. El terror paralizante (la tortura y las ejecuciones paramilitares propias de la guerra sucia) se utiliza como un instrumento político de control de las mayorías, que busca generar dependencia, intimidación e incapacitar toda proyección hacia el futuro de manera autónoma.
La propaganda (empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas) es consustancial a la guerra sicológica, que mediante la sugestión compulsiva y técnicas afines busca alterar y controlar opiniones, ideas y valores, y en última instancia cambiar las actitudes según líneas predeterminadas. Las distintas tonalidades de la propaganda bélica (blanca, gris y negra) persiguen el ocultamiento sistemático de la realidad para imponer la verdad oficial, distorsionando o falseando datos, o bien inventando otros. Así ocurrió con los juvenicidios de Ciudad Juárez, la ejecución ejemplar de Beltrán Leyva en Cuernavaca, el asesinato de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y en el caso del presunto narcomenudista capturado, torturado y ejecutado en Santa Catarina, Nuevo León.
La primera reunión extraterritorial del gabinete de guerra de la administración Obama-Clinton, aquí, el pasado 23 de marzo, abrió una nueva fase en el plan de absorción política y militar de México, plasmado en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005) e instrumentado en la Iniciativa Mérida (2007), como brazo operativo de las grandes corporaciones estadunidenses que quieren apoderarse de los recursos geoestratégicos del país.
Para que no quedara ninguna duda, después de la visita el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, experto en situación de crisis y estados fallidos, exhibió su papel de procónsul, cuando en entrevista con Televisa dijo sin tapujos que la actual estrategia militar de Felipe Calderón la hemos diseñado los dos juntos. La afirmación genera interrogantes acerca de si se trata de una estrategia fallida, como afirman muchos, o si el plan estadunidense consistía en generar un estado de caos y violencia reguladora irracional, en el contexto de una política contrainsurgente, para colocar a México en una fase de colombianización y, de paso, debilitar y desgastar a las fuerzas armadas mexicanas para penetrarlas y subordinarlas aún más a los lineamientos del Pentágono.
La sesión relámpago en México del gabinete de seguridad estadunidense tuvo como misión salvaguardar los intereses patrióticos, geopolíticos y rentables del imperio. Vinieron, giraron órdenes e instrucciones a los personeros nominales del Estado cliente denominado México y se fueron. Combinando el poder duro y blando, aprovecharon al máximo la corruptibilidad y las vulnerabilidades e incompetencias de los administradores bananeros del país –al servicio de una clase política y económica en relación simbiótica con la economía criminal–, que ya no controlan parte del territorio nacional.
La aparición en bloque de los halcones de Wa-shington fue el mensaje. Un mensaje público de espaldarazo a un régimen en extremo débil. ¿Pero un mensaje a quién? ¿Qué sabrá Washington que los mexicanos no sabemos, y que lo obligó a mandar a sus pesos pesados para impedir o postergar la caída de Calderón? Porque para anunciar el giro social de la guerra bastaba con enviar a la cara amable del imperio, Hillary Clinton, y seguir utilizando las formas encubiertas de la dominación vía sus agentes clandestinos en México.
A corto plazo nada sabremos de la agenda oculta de Washington. Lo divulgado antes, durante y después de la visita fueron simples cortinas de humo distractivas. Como tantas veces antes, hicieron un uso consciente de los medios como difusores de la estrategia de propaganda de guerra estadunidense. Por razones tácticas o de oportunidad, postergaron el anuncio sobre la institucionalización de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), ubicada en algún punto secreto del Distrito Federal, desde donde operan hace casi un año expertos de inteligencia del Pentágono, la CIA, la DEA, la FBI y otras agencias estadunidenses, en coordinación con el embajador Pascual. La propia Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior, reconoció en un programa de la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) que a pedido de Calderón miembros del Ejército de Estados Unidos trabajan en forma limitada en México, poniendo a punto técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán (y antes en Colombia), en el marco de una guerra que según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Víctor Renuart, se prolongará 10 años.
Así como la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy fue el brazo social de la contrainsurgencia que en los años 70 derivó en la Doctrina de Seguridad Nacional que introdujo el terrorismo de Estado en varios países del área, la nueva fase de militarización de México combinará el control territorial y social (guerra sucia urbana) con esporádicas acciones de inteligencia operativa y financiera para golpear de manera selectiva a algunos cárteles de la economía criminal.
En realidad, con la excusa de combatir a la delincuencia organizada, se aplican las directrices básicas de la guerra de baja intensidad, que combina labores de inteligencia, acción cívica, guerra sicológica y control de población. Esa doctrina cambia la naturaleza de la guerra, la hace irregular y la convierte en un embate político-ideológico. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional. El centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la arena político-social.
En la nomenclatura militar, el concepto de operaciones sicológicas está relacionado, generalmente, con objetivos y herramientas que buscan influir en la conducta de la población civil, del enemigo y la propia fuerza. La guerra sicológica trata de explotar las vulnerabilidades del enemigo y sus bases de apoyo: miedos, necesidades, frustraciones. El terror paralizante (la tortura y las ejecuciones paramilitares propias de la guerra sucia) se utiliza como un instrumento político de control de las mayorías, que busca generar dependencia, intimidación e incapacitar toda proyección hacia el futuro de manera autónoma.
La propaganda (empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas) es consustancial a la guerra sicológica, que mediante la sugestión compulsiva y técnicas afines busca alterar y controlar opiniones, ideas y valores, y en última instancia cambiar las actitudes según líneas predeterminadas. Las distintas tonalidades de la propaganda bélica (blanca, gris y negra) persiguen el ocultamiento sistemático de la realidad para imponer la verdad oficial, distorsionando o falseando datos, o bien inventando otros. Así ocurrió con los juvenicidios de Ciudad Juárez, la ejecución ejemplar de Beltrán Leyva en Cuernavaca, el asesinato de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y en el caso del presunto narcomenudista capturado, torturado y ejecutado en Santa Catarina, Nuevo León.
Irak y Afganistán: aventuras bélicas insostenibles
Editorial de La Jornada
Tres atentados con coche bomba perpetrados ayer en la zona centro de Bagdad, capital de Irak, dejaron como saldo al menos 40 muertos y más de 200 heridos. Estos ataques cierran un fin de semana particularmente violento en territorio iraquí: el pasado viernes, un escuadrón que portaba uniformes militares, similares a los del ejército de ese país, asaltó un pueblo agrícola ubicado en el sur de Bagdad y mató a 25 personas; ayer mismo, otro coche bomba estalló en el barrio bagdadí de Sadiya, en tanto dos proyectiles de mortero cayeron en la Zona Verde de esa capital, un barrio-búnker en el que se localizan los principales edificios gubernamentales y las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido.
Los hechos referidos ponen de manifiesto el carácter absurdo e insostenible de la aventura bélica neocolonial que Washington y sus aliados mantienen en ese país árabe desde hace siete años, periodo en el que han perdido la vida más de 4 mil 300 soldados estadunidenses y centenares de miles de civiles iraquíes inocentes; se han registrado pérdidas materiales incalculables y se han extendido en la población iraquí el sufrimiento y la zozobra generalizados. En ese tiempo, las naciones invasoras han asistido al desgaste sostenido de sus tropas en aquella nación árabe, sin que éstas hayan contribuido a mejorar la seguridad y la estabilidad internas: antes bien, se han erigido en factor de descontento para la población, y en multiplicador de la violencia y la inseguridad. El fracaso de los supuestos intentos de Washington por pacificar ese país resulta doblemente exasperante si se toma en cuenta que la presencia militar de tropas estadunidenses en Irak es producto de una invasión basada en falsedades –como la supuesta existencia de armas de destrucción masiva– y emprendida a contrapelo de la legalidad internacional y del rechazo generalizado de la opinión pública mundial.
El signo irracional de las cruzadas militares de Washington puede verse también en Afganistán, país en el cual persiste una confrontación bélica letal para las tropas invasoras y para civiles inocentes, y que se ha revelado como una trampa para la presidencia de Barack Obama, quien, presionado por los integrantes del complejo militar-industrial estadunidense y por los halcones de Washington, ha accedido a ampliar la presencia militar de su país en esa nación centroasiática. Adicionalmente, en sus empeños por imponer una democracia electoral en Afganistán, Washington y sus aliados no sólo no han logrado dotar de legitimidad a las autoridades afganas –encabezadas por el impresentable Hamid Karzai, ex colaborador de la CIA y aliado de los señores de la guerra–, sino ahora tienen que enfrentar las críticas de éstas: baste señalar, como botón de muestra, lo dicho el pasado jueves por el propio Karzai, en el sentido de que Occidente ayudó a perpetrar un fraude masivo en las pasadas elecciones para debilitar su gobierno.
En suma, ante las consideraciones mencionadas, Washington tendría que comprender que lo procedente y necesario en ambos casos es sacar sus tropas a la brevedad, concluir con una invasión que no ha beneficiado a nadie –salvo a los poderosos intereses corporativos estadunidenses y europeos– y dar paso a gestiones internacionales de pacificación en ambas naciones, en el entendido de que ese proceso –al igual que la democratización, la secularización y la vigencia de las garantías individuales– no podrá ser impuesto por la vía militar, y tendrá que ser alcanzado exclusivamente por los habitantes de esos países.
Tres atentados con coche bomba perpetrados ayer en la zona centro de Bagdad, capital de Irak, dejaron como saldo al menos 40 muertos y más de 200 heridos. Estos ataques cierran un fin de semana particularmente violento en territorio iraquí: el pasado viernes, un escuadrón que portaba uniformes militares, similares a los del ejército de ese país, asaltó un pueblo agrícola ubicado en el sur de Bagdad y mató a 25 personas; ayer mismo, otro coche bomba estalló en el barrio bagdadí de Sadiya, en tanto dos proyectiles de mortero cayeron en la Zona Verde de esa capital, un barrio-búnker en el que se localizan los principales edificios gubernamentales y las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido.
Los hechos referidos ponen de manifiesto el carácter absurdo e insostenible de la aventura bélica neocolonial que Washington y sus aliados mantienen en ese país árabe desde hace siete años, periodo en el que han perdido la vida más de 4 mil 300 soldados estadunidenses y centenares de miles de civiles iraquíes inocentes; se han registrado pérdidas materiales incalculables y se han extendido en la población iraquí el sufrimiento y la zozobra generalizados. En ese tiempo, las naciones invasoras han asistido al desgaste sostenido de sus tropas en aquella nación árabe, sin que éstas hayan contribuido a mejorar la seguridad y la estabilidad internas: antes bien, se han erigido en factor de descontento para la población, y en multiplicador de la violencia y la inseguridad. El fracaso de los supuestos intentos de Washington por pacificar ese país resulta doblemente exasperante si se toma en cuenta que la presencia militar de tropas estadunidenses en Irak es producto de una invasión basada en falsedades –como la supuesta existencia de armas de destrucción masiva– y emprendida a contrapelo de la legalidad internacional y del rechazo generalizado de la opinión pública mundial.
El signo irracional de las cruzadas militares de Washington puede verse también en Afganistán, país en el cual persiste una confrontación bélica letal para las tropas invasoras y para civiles inocentes, y que se ha revelado como una trampa para la presidencia de Barack Obama, quien, presionado por los integrantes del complejo militar-industrial estadunidense y por los halcones de Washington, ha accedido a ampliar la presencia militar de su país en esa nación centroasiática. Adicionalmente, en sus empeños por imponer una democracia electoral en Afganistán, Washington y sus aliados no sólo no han logrado dotar de legitimidad a las autoridades afganas –encabezadas por el impresentable Hamid Karzai, ex colaborador de la CIA y aliado de los señores de la guerra–, sino ahora tienen que enfrentar las críticas de éstas: baste señalar, como botón de muestra, lo dicho el pasado jueves por el propio Karzai, en el sentido de que Occidente ayudó a perpetrar un fraude masivo en las pasadas elecciones para debilitar su gobierno.
En suma, ante las consideraciones mencionadas, Washington tendría que comprender que lo procedente y necesario en ambos casos es sacar sus tropas a la brevedad, concluir con una invasión que no ha beneficiado a nadie –salvo a los poderosos intereses corporativos estadunidenses y europeos– y dar paso a gestiones internacionales de pacificación en ambas naciones, en el entendido de que ese proceso –al igual que la democratización, la secularización y la vigencia de las garantías individuales– no podrá ser impuesto por la vía militar, y tendrá que ser alcanzado exclusivamente por los habitantes de esos países.
Columna Asimetrías. Detener la Guerra (1/2)
05 abril 2010
“El Ejército Mexicano sigue las órdenes del Presidente de la República”.
Rafael Rangel Sostmann,Rector, Instituto Tecnológico de Monterrey.
I
Quienes no han conocido la guerra, como la inmensa mayoría de los mexicanos, incluidos los gobernantes formales (aunque no por ello representativos) de México, carecen de conciencia de sus efectos corrosivos en la población civil, en la sociedad.
Y es que, en efecto, esas consecuencias en los nobles y leales habitantes de nuestro México, son un agente dramática, si no es que espectacularmente, caústico de la urdimbre institucional y societal; aquél se está desintegrando; éste empieza a destejerse.
Tales consecuerncias se acentúan exponencialmente cuando esa guerra es fraticida, como ocurre en México: el Ejército Mexicano, surgido de los pueblos de México según la mitología oficial, y la Armada, combaten a otros mexicanos.
Algunos de esos mexicanos son, verismo resulta, delincucuentes, pero la inmensa mayoría, por lo que se sabe y ha trascendido en los últimos meses, son ciudadanos inocentes de la comisión presunta o sospecha ninguna de delito alguno.
Pero los mexicanos estamos ya, como sociedad, conociendo la guerra, una desatada por el titular de facto del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, y la anuencia tácita, brutalmente cómplice, de los otros Poderes, el Legislativo sobre todo, y el Judicial.
II
Dados esos componentes constituyentes del contexto de la guerra, ésta es, indudablemente, una del poder político panista, priista, perredista, etc., del Estado contra el pueblo de México. La guerra, ya la estamos viviendo; ésta es atroz.
En sólo tres años de guerra, la estadística oficial es de espeluzno: más de 19 mil muertos, cifra que se acerca a la de 20 mil, sin contar, dicho sea con precisión, los miles y miles de heridos. Saldo: miles de viudas y huérfanos y madres doloridas.
La experiencia de la guerra, en particular cuando ésta es entre hermanos y no contra otro Estado o un invasor o fuerza ocupante, es terrible. Quienes hemos estado en guerras --como éste escribidor— sufrimos, en lo individual, traumas de pesadilla.
Más el trauma mayor es colectivo; es decir, es social. El trauma social, si bien es el acúmulo de millones y millones de equimosis –o de llagas— que, por su profundidad, dan morfología a una desolladura en vivo que disloca y descalabra. Es fractura honda.
Hace tres años, una mayoría de mexicanos, aun sabedores de que el señor Calderón había obtenido su investidura mediante burdo fraude de su predecesor, Vicente Fox, y los magistrados electorales, celebró el advenir de la guerra. Le dio el beneficio de la duda a don Felipe.
III
Pero el supuesto envés acerado –puño de hierro— de don Felipe exhibió, desde ese diciembre de 2006, no sólo dureza de mano, sino obviamente de cerebro. Es insensato, si no locura, hacer la guerra sin discernir ni identificar objetivos y diseñar tácticas.
¿Padece demencia el señor Calderón? Pensaríase que sí, independientemente de que un examen psiquiátrico lo confirmare, pues sólo un individuo sufriente de patologías que van de la psicopatía a la sociopatía habría lanzado a todo un país a la guerra.
Sólo un individuo así habría sido capaz --como lo es, presumiblemente, don Felipe— de llevar a México a una guerra sin prever las consecuencias ni discernir prospectivamente sus alcances. Secuela mayor de esa guerra es la ocurrente derrota del Ejército.
Y, por inferencia válida, la derrota de la Armada y los cuerpos policíacos. Esa derrota se evidencia en el descrédito y desprestigio de las Fuerzas Armadas, instituciones coactivas del Estado otrora admiradas por la ciudadanía; hoy son tenidas.
Por supuesto, las Fuerzas Armadas no desobedecerán a su comandante supremo, por demente que éste parezca y/o fuere actualmente. La mística revolucionaria y popular del Ejército se ausentó en 1968. Hoy exhibe penosa y peligrosa magritud de misión social.
ffponte@gmail.com
Rafael Rangel Sostmann,Rector, Instituto Tecnológico de Monterrey.
I
Quienes no han conocido la guerra, como la inmensa mayoría de los mexicanos, incluidos los gobernantes formales (aunque no por ello representativos) de México, carecen de conciencia de sus efectos corrosivos en la población civil, en la sociedad.
Y es que, en efecto, esas consecuencias en los nobles y leales habitantes de nuestro México, son un agente dramática, si no es que espectacularmente, caústico de la urdimbre institucional y societal; aquél se está desintegrando; éste empieza a destejerse.
Tales consecuerncias se acentúan exponencialmente cuando esa guerra es fraticida, como ocurre en México: el Ejército Mexicano, surgido de los pueblos de México según la mitología oficial, y la Armada, combaten a otros mexicanos.
Algunos de esos mexicanos son, verismo resulta, delincucuentes, pero la inmensa mayoría, por lo que se sabe y ha trascendido en los últimos meses, son ciudadanos inocentes de la comisión presunta o sospecha ninguna de delito alguno.
Pero los mexicanos estamos ya, como sociedad, conociendo la guerra, una desatada por el titular de facto del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, y la anuencia tácita, brutalmente cómplice, de los otros Poderes, el Legislativo sobre todo, y el Judicial.
II
Dados esos componentes constituyentes del contexto de la guerra, ésta es, indudablemente, una del poder político panista, priista, perredista, etc., del Estado contra el pueblo de México. La guerra, ya la estamos viviendo; ésta es atroz.
En sólo tres años de guerra, la estadística oficial es de espeluzno: más de 19 mil muertos, cifra que se acerca a la de 20 mil, sin contar, dicho sea con precisión, los miles y miles de heridos. Saldo: miles de viudas y huérfanos y madres doloridas.
La experiencia de la guerra, en particular cuando ésta es entre hermanos y no contra otro Estado o un invasor o fuerza ocupante, es terrible. Quienes hemos estado en guerras --como éste escribidor— sufrimos, en lo individual, traumas de pesadilla.
Más el trauma mayor es colectivo; es decir, es social. El trauma social, si bien es el acúmulo de millones y millones de equimosis –o de llagas— que, por su profundidad, dan morfología a una desolladura en vivo que disloca y descalabra. Es fractura honda.
Hace tres años, una mayoría de mexicanos, aun sabedores de que el señor Calderón había obtenido su investidura mediante burdo fraude de su predecesor, Vicente Fox, y los magistrados electorales, celebró el advenir de la guerra. Le dio el beneficio de la duda a don Felipe.
III
Pero el supuesto envés acerado –puño de hierro— de don Felipe exhibió, desde ese diciembre de 2006, no sólo dureza de mano, sino obviamente de cerebro. Es insensato, si no locura, hacer la guerra sin discernir ni identificar objetivos y diseñar tácticas.
¿Padece demencia el señor Calderón? Pensaríase que sí, independientemente de que un examen psiquiátrico lo confirmare, pues sólo un individuo sufriente de patologías que van de la psicopatía a la sociopatía habría lanzado a todo un país a la guerra.
Sólo un individuo así habría sido capaz --como lo es, presumiblemente, don Felipe— de llevar a México a una guerra sin prever las consecuencias ni discernir prospectivamente sus alcances. Secuela mayor de esa guerra es la ocurrente derrota del Ejército.
Y, por inferencia válida, la derrota de la Armada y los cuerpos policíacos. Esa derrota se evidencia en el descrédito y desprestigio de las Fuerzas Armadas, instituciones coactivas del Estado otrora admiradas por la ciudadanía; hoy son tenidas.
Por supuesto, las Fuerzas Armadas no desobedecerán a su comandante supremo, por demente que éste parezca y/o fuere actualmente. La mística revolucionaria y popular del Ejército se ausentó en 1968. Hoy exhibe penosa y peligrosa magritud de misión social.
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