REPORTE ÍNDIGO No. 85

REPORTE ÍNDIGO

*EL ECLIPSE DE LUNA Con documentos en mano, y de frente a las cámaras de Índigo, el jefe policíaco Javier Herrera Valles deja la descubierto la cara oculta de la Secretaria de Seguridad Publica. Manipulaciones, engaños, ausencia de estrategias de combate, favoritismos y asignación de mandos No aptos oscurecen la guerra que hoy se libra contra el narcotrafico.

DENUNCIA PENAL A GENARO GARCIA LUNA (el mas conflictivo del gabinete espurio, después del traficante de influencias de Mouriño). Acusaciones por: sabotaje, manipulaciones, engaños, favoritismos, ausencia de estrategias y negligencia en la contratación de elementos de seguridad.

*PETRODOLARES, Banxico y el EXTRAÑO Calderón.

Conociendo a Garcia Luna

Fichitas

"La jaula de los Locos"

Licencia para matar

Carne de Cañon "

La otra teoría

Los ROEDORES y los Mercados

La conspiracion mediatica

Malabares económicos

*DONDE ESTÁN LOS EXCEDENTES?

* OBAMA, LA INICIATIVA MERIDA, EL NARCO Y LA ECONOMÍA
Y AHORA QUE SIGUE?
*VESTIDOS PARA MATAR!

VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

¿Latinoamerica amenazada?: En contexto

Se empieza a cocinar la intervención de militares mercenario (Blackwater) en México, con el pretexto de combatir al narcotráfico, así como también han estado interviniendo militarmente en otros países. Ya queda mas claro por que quieren incluir el plan México en el ASPAN.



http://www.youtube.com/watch?v=_6RZ2eh3mzw&eurl=http://www.senderodelpeje.blogspot.com/

El narco mexicano, imparable

Ciudades con presencia del cártel de Juárez

J. Jesús Esquivel

Aparte de la emigración sin freno, hay otra invasión silenciosa que alarma al gobierno de Estados Unidos: la de cuatro cárteles mexicanos de la droga que han sido identificados por el Departamento de Justicia como los principales proveedores del narcomenudeo en casi 200 ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con un documento de inteligencia emitido por esa dependencia, la llamada Federación (antiguo cártel de Sinaloa) y los cárteles del Golfo, de Juárez y de Tijuana ya son considerados por el gobierno estadunidense como la peor amenaza. Además, con un enorme potencial de expansión.

WASHINGTON.- Las organizaciones me-xicanas del narcotráfico no sólo han logrado apoderarse de casi todo el territorio de su país de origen, sino que ahora también controlan las redes para el trasiego de narcóticos en 195 ciudades de los 50 estados de la Unión Americana, de acuerdo con un reporte de inteligencia del Departamento de Justicia estadunidense.Elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de la mencionada dependencia como parte de la serie Situation Report y bajo el título de Ciudades en Estados Unidos en las que operan las organizaciones mexicanas del tráfico de drogas, el reporte –del que Proceso tiene copia– identifica a cuatro cárteles mexicanos como los señores del narcotráfico en la mayoría de las ciudades incluidas.“En 129 de las 195 ciudades, las agencias de la aplicación de la ley (locales, estatales y federales) reportan la presencia de organizaciones del narcotráfico mexicano con afiliación a por lo menos uno de los cuatro cárteles de ese país que son los principales proveedores de droga en el mercado de Estados Unidos”, destaca el documento.De acuerdo con varias agencias federales de Estados Unidos, como la DEA y la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca, a cargo de John Walters, los narcotraficantes mexicanos son responsables de llevar más de 80% de las drogas que consumen los estadunidenses.Fechado el 11 de abril de 2008, el informe de 16 páginas (en su mayoría gráficas en color con el mapa de Estados Unidos, sobre el que marcan las 195 ciudades donde operan narcotraficantes mexicanos) destaca que en algunos centros urbanos como Boston, Massachusetts, operan al mismo tiempo hasta cuatro organizaciones criminales.“La Federación, el cártel del Golfo, el de Juárez y el de Tijuana son las cuatro organizaciones del narcotráfico mexicano que tienen mayor presencia en Estados Unidos”, enfatiza el informe, con número de folio 2008-S0787-005.“Las operaciones de tráfico de drogas de la Federación han sido identificadas en por lo menos 82 ciudades, las del cártel del Golfo en 43, las del cártel de Juárez en por lo menos 44, y las del cártel de Tijuana en 20”, se asegura.Las agencias gubernamentales de Estados Unidos “también reportan la presencia de organizaciones mexicanas del narcotráfico en otras 66 ciudades, pero no han identificado la afiliación de éstas con ninguno de los principales cárteles”.Según el Departamento de Justicia, el mencionado reporte de inteligencia se preparó para “ilustrar” el poderío que poco a poco han ido alcanzando en Estados Unidos los narcotraficantes mexicanos, que ya se convirtieron en trasnacionales y en los principales proveedores de todo tipo de narcóticos para el mercado estadunidense.Dichas organizaciones, se agrega en el reporte, constituyen “la amenaza a Estados Unidos con mayor potencial de expansión, están activas en cada región del país y dominan el comercio de drogas ilícitas en cada una de sus áreas, excepto en el Noroeste.“Las organizaciones del narcotráfico de México están expandiendo sus operaciones en el Noroeste y han desarrollado relaciones de cooperación con organizaciones del narcotráfico (local) en el área, para poder compartir una parte importante del mercado de esa zona”, concluye el reporte.

Carta de Tony Garza: a problema compartido, solución compartida

Tony Garza

Proceso

Quisiera tomar un momento para compartir con usted mis ideas sobre la situación actual de la Iniciativa Mérida. Como sabe, en las últimas dos semanas, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos autorizaron iniciativas que incluyen presupuesto para ampliar la cooperación Estados Unidos-México en la batalla contra los cárteles de las drogas ilegales. Aunque queda mucho trabajo por hacer en esta legislación, las mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado demostraron su fuerte consenso de que México no debe enfrentar solo la amenaza que representan estas organizaciones.Todos sabemos que las drogas, las armas y otros bienes ilícitos son una plaga tanto para México como para los Estados Unidos. Gente inocente es asesinada debido a que los cárteles pelean por territorio en México de la misma manera que las pandillas de narcotraficantes se disputan las ciudades en los Estados Unidos. La drogadicción destruye familias en ambos lados de la frontera. Los criminales atacan a los oficiales de la ley y minan la seguridad en nuestros dos países. Las enormes ganancias de este comercio ilícito se usan para socavar el imperio de la ley en ambos países. El negocio de las drogas alimenta el apetito por narcóticos en los Estados Unidos y crea una demanda de armas en México. Es un problema compartido, y se le debe dar una solución compartida.La Iniciativa Mérida surgió al reconocer la responsabilidad que tenemos de buscar una solución al problema del tráfico de narcóticos, y el deseo de los Estados Unidos de aceptar esa responsabilidad y ampliar la cooperación con México y Centroamérica para combatir esa amenaza común.Al considerar la iniciativa, diversos miembros del Congreso han expresado diferencias de opinión sobre la mejor manera de lograr la victoria en la lucha contra los cárteles de las drogas. Por ejemplo, la iniciativa de la Cámara de Diputados recomendó 400 millones de dólares para México, con 61.5 millones adicionales para Centroamérica. Además, otra iniciativa de la Cámara instruye al gobierno federal a que intensifique los esfuerzos por frenar el flujo de precursores químicos, paquetes de dinero, y el llamado “río de hierro”, de armas, que fluye ilegalmente hacia el sur.Por su parte, la versión del Senado recomendó 350 millones de dólares para México, y otros 100 millones para Centroamérica. Las iniciativas de ambas cámaras incluyeron lenguaje sobre seguimiento, lo que ha sido, entendiblemente, un punto de discusión aquí en México.Tanto la versión de la Cámara de Diputados como la del Senado requieren que el gobierno de Estados Unidos busque resolver las preocupaciones de México sobre el contrabando de armas, al igual que la importante demanda de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Y cada cámara ha pedido que se le mantenga informada sobre los esfuerzos de México por evitar los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra los cárteles de las drogas, entre otros temas.Quiero enfatizar que estas peticiones de información y análisis del legislativo son parte del proceso de seguimiento que nuestro Congreso rutinariamente ejercita sobre nuestro propio Ejecutivo, una parte normal de nuestro diálogo político en los Estados Unidos. Esto no significa de ninguna manera que se exija que los Estados Unidos “certifiquen” el comportamiento o rendimiento de México.Estoy seguro que nuestros dos gobiernos podrán trabajar en colaboración, e intercambiar información sobre el sustancial progreso que han de lograr nuestros dos países, tanto por separado como en conjunto, en la batalla contra el tráfico ilegal de narcóticos.Es importante reconocer que estamos a la mitad de un proceso legislativo, y que aún habrá oportunidades adicionales de discutir y aportar ideas, las cuales podrán ser incorporadas a la propuesta final. También es vital tomar en cuenta que el Congreso está debatiendo la primera de las que esperamos serán varias entregas de un compromiso de varios años que llegará a un total de mil 400 millones de dólares.Apenas esta semana fuimos testigos de una balacera de cuatro horas en Culiacán, Sinaloa, entre la Policía Federal Preventiva y miembros del cártel de Sinaloa que dejó un saldo de siete agentes federales muertos y cuatro heridos. Este ha sido el golpe más fuerte a las fuerzas del orden hasta la fecha. Ante tal violencia, debemos renovar y fortalecer nuestros esfuerzos, por lo que la Iniciativa Mérida cobra aún más importancia.Instrumentado durante múltiples años y en múltiples países, este programa mejorará las capacidades de Estados Unidos, México y Centroamérica de aplicar la ley, y ampliará la cooperación regional. La Iniciativa Mérida apoyará a México con las ventajas materiales y técnicas que necesita para desarticular a estas organizaciones criminales.La iniciativa incluye: equipo de inspección y equipos caninos para identificar drogas, paquetes de dinero y armas en vehículos y carga; helicópteros y aeronaves de vigilancia; diversas tecnologías para modernizar las capacidades investigativas de México; entrenamiento policial; asistencia técnica para la sociedad civil, y apoyo para mejorar la administración de justicia y el imperio de la ley. Al compartir estándares y desarrollar procedimientos comunes, nuestros esfuerzos compartidos tendrán más éxito al desafiar la amenaza de criminales que actúan a través de las fronteras.México y los Estados Unidos comparten muchas cosas como vecinos. Compartimos valores al igual que una frontera. Y compartimos los retos asociados con el narcotráfico. De igual manera debemos compartir su solución. l
Atentamente:
Antonio O. Garza, Jr.

Errores mutuos

John Walters

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Después de que el gobierno de México manifestó que no aceptaba ningún condicionamiento para recibir el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra el narcotráfico, la Casa Blanca respondió que el presidente George W. Bush no se opone a que México adquiera equipo militar o tecnológico en países europeos o asiáticos para acabar con los cárteles de la droga.“México no tendría por qué preguntarnos o pedir nuestra opinión; no creo que sea en detrimento de una lucha común como lo es la del narcotráfico el que México consiguiera el apoyo de otro país”, sostiene en entrevista el director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, John Walters.Conocido también como el zar antidrogas de Estados Unidos, Walters asegura que la oposición de Washington a que cualquier país latinoamericano adquiera equipo militar en Europa o en cualquier otro continente para fines nobles, como el combate al narcotráfico, “es cosa del pasado”.Consultado vía telefónica mientras hacía un recorrido por la frontera que comparte la ciudad de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua, para evaluar el problema del narcotráfico y la narcoviolencia en la región, responde: “Creo que los días en los que las acciones bilaterales eran la única solución ya no son una realidad”.Según Walters, lo que le molesta es que en el Congreso federal de su país haya legisladores que intentan imponerle condiciones anticonstitucionales a México en el combate al narcotráfico y la violencia, un problema que atañe a los dos países.Afirma: La Casa Blanca considera que para derrotar al narcotráfico en México el Ejército y la policía deben contar con equipo tecnológico y militar moderno, como el que posee el Pentágono. Además, dice, sus elementos deben entrenarse en operaciones antinarcóticos con personal especializado del Departamento de Defensa; así lo han hecho Colombia y Perú.Las quejas y críticas de Walters están dirigidas al Senado, que el pasado 23 de mayo aprobó un paquete por 350 millones de dólares para financiar la llamada Iniciativa Mérida y que se invertirán durante el primero de los tres años que durará el plan.La propuesta senatorial no sólo redujo en 150 millones de dólares el monto propuesto originalmente por el presidente Bush para apoyar a México con equipo militar, tecnológico y entrenamiento a policías y soldados mexicanos; también condiciona la entrega de ese apoyo a que México haga cambios constitucionales para que el Departamento de Estado certifique la labor del Ejército de ese país en operaciones contra el crimen organizado y procese ante cortes civiles, y no marciales, a los soldados que cometan violaciones a los derechos humanos.
“Imponer condiciones es sabotear a la Iniciativa Mérida”, anota Walters.
“Lo que sí podemos pactar con las autoridades mexicanas –agrega– es un sistema de rendición de cuentas, incluso informar a través de la prensa, pero sin ningún tipo de supervisión condicionada.”
La postura de México
El pasado fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó oficialmente al Departamento de Estado que el gobierno mexicano rechazaba el injerencismo de la administración Bush. De inmediato, la administradora interina de la agencia federal antidrogas (DEA) y la propia oficina de Walters inició una campaña en los medios de comunicación estadunidenses para suavizar las cosas.En el Capitolio, Carl E. Meacham, el asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores por parte de los legisladores republicanos, dice al reportero que la Casa Blanca busca a toda costa que la Iniciativa Mérida sea aceptada por el gobierno de Felipe Calderón.“Sólo hasta ahora, cuando se aprobó la versión del Senado, la Casa Blanca sale a negociar las condiciones para evitar una nueva derrota política y ahora propiciada por México. Son ya ocho meses desde que el presidente Bush envió el pedido al Congreso, y es justo ahora cuando México dice que no que ellos salen a defender un proyecto indefendible”, dice.Y añade: “Es muy tarde. El error de la Casa Blanca, e incluso del gobierno de México, fue que no consultaron al Congreso (estadunidense) cuando crearon la idea de esta Iniciativa Mérida”.Por el contrario, el zar antidrogas, quien reconoce el empeño del gobierno mexicano por combatir al narcotráfico, rechaza que sea demasiado tarde para intentar eliminar las condiciones injerencistas de la Iniciativa Mérida.“Pienso que lo lograremos. En las últimas negociaciones con los congresistas, ellos se han dado cuenta de que si no apoyamos a México se pone en riesgo la seguridad de nuestra frontera sur”, acota Walters, quien presume haber sostenido 40 encuentros en el Capitolio para tratar el tema.
Los ajustes
Una semana antes de la aprobación de los fondos para la Iniciativa Mérida en el Senado, la Cámara de Representantes aprobó sin condiciones un fondo por 400 millones de dólares para instrumentar el primer año del programa bilateral de combate al narcotráfico en México.En los próximos días se formará una comisión bicameral en la que senadores y representantes deben concentrar en una sola versión las dos legislaciones aprobadas para la Iniciativa Mérida. El asesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado explica que por ahora la idea es aprobar un paquete final por 400 millones de dólares para el financiamiento del primer año de la Iniciativa Mérida. Pero aclara: este paquete deberá ceñirse a las condiciones que se aprobaron el 23 de mayo en la Cámara alta.“Hay una necesidad de mirar hacia adelante y de eliminar los viejos resentimientos de sospecha y recriminación mutua”, comenta Walters.Patrick Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont y presidente del Comité Judicial del Senado, es el autor de las condiciones injerencistas impuestas a México para que éste pueda recibir los fondos de la Iniciativa Mérida.“Es posible que algunos miembros del Congreso desconozcan la realidad de la narcoviolencia en la frontera México-Estados Unidos, pero sí saben de la necesidad urgente de contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado; por eso creemos que aún estamos a tiempo de negociar algo aceptable”, insiste Walters.Un funcionario del gobierno de México que solicitó el anonimato asegura a Proceso que para el gobierno de Calderón la Iniciativa Mérida ya no tiene sentido, por lo menos en los siete meses que le restan de presidencia a Bush.“La opción ahora es esperar a que asuma el poder el próximo presidente de Estados Unidos y de ahí en adelante, con un nuevo Congreso, comenzar a negociar un verdadero programa de corresponsabilidad en la guerra contra el narcotráfico… sin condiciones”, afirma el funcionario mexicano.En su editorial del miércoles 4, el influyente diario The New York Times se sumó a las críticas contra el Senado de Estados Unidos por acotar en exceso la Iniciativa Mérida, lo que –señaló– no es acorde con la responsabilidad de su país como consumidor de drogas y como fuente del poderoso armamento de los cárteles.El gobierno de Felipe Calderón “parece estar rebasado” y “México no puede librar la batalla solo”; la amenaza del narcotráfico “es demasiado peligrosa” para ambos países, argumentó el periódico.Y si bien reconoció la necesidad de establecer condiciones para vigilar cómo se gasta la ayuda estadunidense, también criticó a Bush y a su equipo: “Ni la administración ni el Congreso han hecho ningún esfuerzo por vender esas condiciones a funcionarios mexicanos”. l

Dos semanas de terror

Patricia Dávila

La violencia desatada en Durango por Los Zetas y sus aliados, los hermanos Beltrán Leyva, mantiene postrados a los duranguenses. Tienen el miedo a flor de piel. En varios municipios, la gente se niega a salir, los empresarios temen ser víctimas de un secuestro y las autoridades no saben cómo detener las ejecuciones que en las últimas dos semanas se han incrementado.

DURANGO, DGO.- En su afán por quedarse con esta plaza controlada hasta hoy por Joaquín El Chapo Guzmán, sicarios de Los Zetas y del grupo que comandan los hermanos Beltrán Leyva desataron una ola de terror en este estado en el cual las ejecuciones y los cercenamientos de cabezas se han vuelto cotidianos.En las últimas dos semanas, por ejemplo, hubo cuatro levantones; 25 ejecutados, 10 de los cuales fueron decapitados, y varios narcomensajes, lo que llevó a los duranguenses a autoimponerse el toque de queda. En municipios como Villa Unión, Vicente Guerrero y Nombre de Dios, donde los habitantes acostumbraban deambular en las calles hasta la una o dos de la mañana, ahora prefieren llegar a sus casas antes de las nueve de la noche.Hay mucho miedo, dicen los lugareños. En poblados de Villa Unión, como Veracruz y La Ochoa, colindantes con el estado de Zacatecas, las mujeres y los niños no salen ni de día; sólo lo hacen los hombres, y eso porque tienen que ir al trabajo.En la capital del estado, la asistencia a los antros bajó en más de 50%, dicen los restauranteros; los taxistas se quejan también porque, aseguran, “no hay chamba”.Todo empezó hace una semana en la ciudad de Durango, cuando apareció un mensaje en internet: “El ataque es inminente, la ciudad de Durango se teñirá de rojo con la sangre de sus hijos, cientos de cabezas van a rodar. ¡Ahora sí nos van a temer!”.El texto se atribuyó a Los Zetas y en éste se advertía a los padres de familia que no dejaran salir a sus hijos los días 5, 6 y 7 de junio. En algunos municipios el mensaje incluso se imprimió y se repartieron miles de copias por las calles; las escuelas suspendieron las clases.El pasado 18 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó sobre el levantón de dos elementos de esta corporación: el comandante Jorge Serrano Aceves y el jefe de grupo Jesús Cabada López. El vehículo en que viajaban fue encontrado con varios impactos de bala cerca del poblado Ignacio Allende, municipio de Guadalupe Victoria. Hasta el viernes 6 no se sabía nada de ellos.Aquella tarde, familiares de Ricardo López Pescador, dirigente estatal del PRI y presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado, fueron interceptados por varios vehículos, de los cuales descendió un comando armado que empezó a dispararles. Según la procuraduría, el atentado se debió a una confusión.Al día siguiente, en Poanas, municipio de Villa Unión, dos vehículos que circulaban por la secundaria Niños Héroes causaron pavor entre los estudiantes. Los tripulantes de los vehículos comenzaron a disparar. En la refriega Murió Raúl Carrera Rivera y su hermano Antonio resultó herido. Ambos viajaban a bordo de una pick up Ram 1500, con placas 74VPS6 del estado de Texas. Según testigos, al llegar al entronque Villa Unión-Vicente Guerrero-Cieneguilla, se les emparejaron cuatro camionetas de donde dispararon con cuernos de chivo. Los hermanos Carrera Rivera pertenecen a la red de distribución de droga del cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo Guzmán.Y la violencia continuó. La madrugada del 19 de mayo, sobre la carretera federal número 45, en el punto fronterizo de los municipios de Nombre de Dios y Vicente Guerrero, a la altura del entronque a La Parrilla y El Ancón hubo otro enfrentamiento que se prolongó durante cuatro horas. En esa ocasión fallecieron Luis Enrique Díaz Sandoval, originario de Culiacán, Sinaloa; Alfredo Hernández Vázquez y Manuel Trejo Martínez, oriundos de Torreón, Coahuila; Floriberto López Méndez y José Arturo Mares, avecindados en Durango; Marcelo Flores Renovado y José Noé Ravoden García. Silvino Zaldívar Olivas resultó herido y fue localizado en una parcela situada a la orilla de la cinta asfáltica de la carretera, dos días después de la balacera. Fue detenido y se abrió la averiguación previa AP/PGR/DGO/DGO/309/08. Al informar sobre esos hechos, el gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, aseguró que el enfrentamiento fue producto del crimen organizado.En esa ocasión, más de 100 agentes estatales y federales, así como un contingente de soldados peinaron la zona. Al final decomisaron 12 vehículos, de los cuales cinco eran blindados, aseguraron 11 armas largas AK-47 y R-15, dos pistolas calibre .9 mm, otra más calibre .45 mm, un lanzagranadas, cinco granadas .40 mm sin detonar y dos más activadas.Desde ese día, el presidente municipal de Nombre de Dios, Sergio Martínez González, pidió a la población no salir de sus casas por las noches.

Narcomensajes

La violencia continuó escalando. El 23 de mayo a las 7:45 de la mañana, una llamada telefónica anónima alertó a las corporaciones policiacas sobre la presencia de cuatro hieleras en cuyo interior había cabezas humanas con un mensaje “intimidatorio”.

Fotos obtenidas por Proceso muestran el contenido de ese mensaje, atribuido a Los Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva:

“Este es un mensaje para el procurador de Justicia, comandantes de la DEI (Dirección Estatal de Investigación), AFI (Agencia Federal de Investigación), PFP (Policía Federal Preventiva) y policía municipal, por estar coludidos con mayos y chapos y nachos”. En otro renglón, escrito en rojo, sentencia la misiva: “el que se lleva se aguanta”. Está firmado por Los Zetas.Tras el hallazgo, el gobernador Hernández Deras declaró que él no volverá a abordar el tema del narcotráfico: “El único vocero es el secretario general de Gobierno (Oliverio Reza Cuéllar) –dijo– para evitar declaraciones encontradas, como la del presidente municipal de Nombre de Dios, quien informó que había 18 muertos…”El mismo 23 de mayo por la noche, en el ejido Contreras, municipio de Durango, a 10 kilómetros del lugar en que se encontraron las primeras cuatro hieleras, se localizaron dos cabezas más. En esa ocasión el mensaje decía: Para “los chapos, los mayos, los Coronel: ya llegamos y aquí nos quedamos”.Al día siguiente, a las 2:55 de la madrugada, las corporaciones policiacas recibieron una llamada en la que se les pedía acudir al puente Dalila, donde se encontraba una hielera con una cabeza y un letrero que decía: “Mensaje para Los Zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo: cochinos traidores, aquí los esperamos”.Y a las 7:10 de la mañana, Reza Cuéllar declaró que una persona le informó que al lado del panteón El Sabino, frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), se encontraba un cuerpo decapitado; en su lugar tenía colocada una cabeza de cerdo sostenida con una varilla.Posteriormente, en el municipio de Lerdo, fueron encontradas dos cabezas más, así como dos ejecutados.En Poanas, municipio de Villa Unión, a la cinco de la mañana del miércoles 4, los agentes Gilberto Luna Olivas, Martín Hernández Hernández y la comandante Gisela Ramírez de la O, de la DEI, fueron ejecutados por un comando armado que se trasportaba en tres camionetas Suburban. En la ejecución se utilizaron armas AF 7.62 y 2.23. Horas después, renunciaron la directora de Seguridad Pública, Juana Robles, así como los 40 elementos de la corporación. El presidente municipal, Gerardo Gutiérrez, atribuyó la renuncia a la ola de violencia que no sólo se ha dejado sentir en Poanas, sino también en los municipios vecinos.Proceso solicitó una entrevista al secretario general de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, quien la agendó para las 19:00 horas del miércoles 4. No acudió a la cita.

Tensión

En un recorrido realizado el jueves 5 por Poanas, la reportera observó un convoy de 16 vehículos de la policía estatal, así como una pick up del Ejército con cinco militares a bordo que se desplazaba por la carretera que conduce a Zacatecas, en busca de los autores de la muerte de los tres agentes de la DEI.El paso del convoy atemorizó a los lugareños de Villita de San Atenógenes y de Narciso Mendoza, localizado rumbo a Zacatecas, donde las mujeres corrían asustadas: “Pensamos que se trataba de otra balacera. Tenemos miedo. Ya no dejamos salir a nuestros hijos”, dijo una de las entrevistadas.Más adelante, en el poblado Veracruz, el director de la escuela local dice que recibió un volante con el mensaje de Los Zetas en el que advertían que “el ataque es inminente (…) y que cientos de cabezas van a rodar”.Pegado a Veracruz, se encuentra la última localidad perteneciente a Durango. Se trata de La Ochoa, donde el clima de tensión es similar. Un anciano que camina jalando un caballo por la calle principal del pueblo dice que es mejor encerrar a los hijos y a los nietos. “Desde la casa nomás oigo cuando pasan a toda velocidad las trocas de los maleantes; se escucha bien en todo el pueblo”. Luego, dice, “se pierden por una abrupta terracería que lleva hacia Luis Moya, Zacatecas, donde es fácil perderse en alguna de las tantas cuevas que tiene esta sierra”.Un funcionario estatal consultado por Proceso, asegura que el objetivo de Los Zetas es amedrentar a la sociedad, intimidar a los cuerpos policiacos y mandar los narcomensajes.Según él, en Durango Los Zetas van ganando la batalla. Y menciona los municipios de Vicente Guerrero, Villa Unión, Nombre de Dios y la capital del estado, donde los hermanos Beltrán Leyva conocen la estructura del cártel de El Chapo. Así mismo, en los municipios que conforman la Región Lagunera Los Zetas también están consolidados; mientras que El Chapo mantiene su dominio en los municipios del Triángulo Dorado y que colindan con los estados de Sinaloa y Nayarit.En la región, dice el entrevistado, quien pide mantener su nombre en reserva, se maneja la versión de que la desaparición del alcalde de Topia, el priista Manuel de Jesús Angulo Torres, denunciada oficialmente por su hermana Rosa Idalia el jueves 5, es un mensaje para El Chapo. El munícipe fue visto por última vez la noche del martes 3 por un funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el municipio de Santiago Papasquiaro.Topia, igual que Canelas, Guanaceví, Santiago Papasquiaro, San Dimas, El Salto y Otaez conforman el Triángulo Dorado del narcotráfico, controlado por la gente de Joaquín Guzmán Loera. Pese a que Durango cuenta con 120 elementos de la policía estatal, 800 de la DEI, alrededor de 50 agentes de la AFI, la fuente consultada por Proceso considera que no tiene capacidad para responder las agresiones ni en equipo ni en número; menos “en estrategia y en inteligencia”.Por su parte, en sus comunicados Reza Cuéllar insiste en denunciar que la federación no ha respondido a la solicitud de enviar refuerzos militares al estado.El clima de terror que vive el estado también está pegando fuerte a los empresarios, quienes temen ser víctimas de un secuestro.El presidente de la Coparmex, Francisco Quiñones Gallegos, asegura: “Este problema está rebasando no sólo a los gobernadores, sino a todo el país. Pensamos que el presidente Calderón no dimensionó el problema cuando anunció la guerra contra los cárteles y que se lanzó a hacer frente a esta problemática solo… No está teniendo eco entre los gobernadores”.Sobre los correos electrónicos que circulan por internet, el representante patronal sostiene: “Debemos guardar la calma y preocuparnos por la seguridad de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros seres queridos; debemos tomar medidas de responsabilidad para tratar de llevar una vida de respeto a la vialidad, tratar de llevar una vida tranquila, no andar de ‘antreros’”.El jueves 5 por la noche, las principales calles de la ciudad de Durango estaban casi vacías. Alrededor de la medianoche aparecieron cinco lonas: dos en la plaza de armas, dos más colgadas en la avenida 20 de Noviembre, en un puente frente al hotel Gobernador y una más frente a palacio de gobierno, con mensajes dirigidos al gobernador Hernández Deras.Una decía: “Sr. gobernador, 17 agentes de la DEI, 38 desaparecidos y un sinfín de amenazas telefónicas del grupo denominado Los Zetas. ¿No es suficiente para las fuerzas especiales?” Firma: grupo por el bien de Durango. Otra: “Sr. Gobernador, los chicos, medianos y pequeños empresarios recibimos extorsiones telefónicas por el grupo de Los Zetas. No es justo. ¡Nombre gober!, ¿qué te falta para actuar?” Firma: Jóvenes empresarios.El viernes 6, desde las siete de la tarde, las calles de la ciudad de Durango vivían un virtual toque de queda.

Privilegios no correspondidos

Jorge Carrasco Araizaga

Amparado en la concesión otorgada en 1998 por el gobierno de Ernesto Zedillo para explotar los 12 aeropuertos del Pacífico mexicano, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se niega a pagar casi 164 millones de pesos que adeuda tan sólo como impuesto predial del aeropuerto de Tijuana.Esa deuda, confirmada por el Tribunal de lo Contencioso Admnistrativo de Baja California, provocó ya una confrontación del consorcio español GAP con el municipio de Tijuana, que ya promueve la revocación de la concesión y tiene el respaldo del Congreso estatal.El GAP no ha pagado ni un solo peso por el uso de los servicios urbanos en casi una década de explotar la terminal aérea, que el año pasado –según sus propios datos– generó utilidades de mil 402 millones 819 mil pesos, más de 130 millones de dólares al cambio actual.Con el argumento de que la concesión es federal, los socios del GAP trataron de evitar el pago al municipio mediante un juicio; sin embargo, lo perdieron el 19 de marzo pasado y están obligados a cubrir el impuesto. De no hacerlo, el municipio prevé embargar bienes de la empresa Aeropuerto de Tijuana S.A. de C.V., propiedad del GAP, así como gestionar ante la justicia federal que se revoque la concesión.Con tal de no pagar los casi 164 millones de pesos, directivos del consorcio ofrecieron dinero a la autoridades tijuanenses, pero el presidente municipal, Jorge Ramos Hernández, lo hizo público.El consejero jurídico del ayuntamiento, Raúl Corona Serna, dice a Proceso que dos semanas antes de su derrota en el tribunal, el director jurídico del GAP, Sergio Flores Ochoa, y un funcionario español del consorcio, que trabaja en Guadalajara, ofrecieron un “donativo” de 3 millones de pesos.No fue la primera vez que el GAP intentó “un arreglo”. En 2002 tuvo que pagar millón y medio de dólares para evitar el encarcelamiento de Guillermo Villalba, quien entonces era administrador del aeropuerto y fue sentenciado a prisión por despojo a las empresas Ruber y Recaro, que tenían negocios en la terminal aérea.La disputa por el adeudo escaló desde hace tiempo a la Presidencia de la República y al Senado, instancia que reconoció en 2003 la obligación del grupo español de pagar el impuesto predial, no sólo por el aeropuerto de Tijuana, sino por los otros que explota en el país.Sin embargo, el GAP logró el apoyo del municipio de Aguascalientes para eximirlo de esa obligación fiscal; además, apela a una resolución del Poder Judicial, en un amparo indirecto a favor del grupo aeroportuario Asur en contra del impuesto predial del aeropuerto de Cancún.Desde febrero de 2006, el GAP cotiza en la bolsa de Nueva York, luego de que el gobierno de Vicente Fox colocó en los mercados internacionales 85% de las acciones del grupo que estaba en manos del Estado mexicano. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la operación fue desfavorable para el Estado porque las acciones se emitieron subvaluadas. El otro 15% lo controla el grupo español desde 1998, cuando el gobierno de Zedillo le entregó la concesión por 50 años, prorrogable a otro período similar.

El gran negocio

Anteriores intentos de revocarle el permiso al GAP han topado con la fuerza de sus socios inversionistas: Unión Fenosa y Dragados, que tienen fuertes intereses en los sectores energético y de infraestructura industrial, respectivamente.El consorcio creó la controladora Aeropuertos Mexicanos del Pacífico para operar 12 terminales a lo largo de este litoral, en ciudades principales (Guadalajara y Tijuana), cuatro destinos turísticos (Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo) y ciudades medianas (Hermosillo, Morelia, Aguascalientes, Mexicali, Los Mochis), así como en la zona del Bajío.De acuerdo con un reporte del grupo, en marzo pasado registró un movimiento de un millón 378 mil 800 pasajeros nacionales y 899 mil 300 internacionales. En Tijuana el movimiento fue de 381 mil 200 pasajeros.Como parte del título de concesión, que al poco tiempo de entregado se amplió para darle más beneficios, el GAP se queda con la Tarifa por Uso Aeroportuario, lo que les deja ingresos millonarios.Al crearse la controladora, 80% de sus acciones quedó en manos de Unión Fenosa, Dragados y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). El 20% restante ha sido motivo de disputas. El primer “socio estratégico” mexicano fue Olegario Vázquez Raña, que en 2001 se retiró de la empresa por diferencias respecto a las utilidades que cobraron los españoles, y fue sustituido por Holdinmex, en una operación señalada como fraudulenta (Proceso 1526).En abril de 2005, el entonces senador del PRI por Coahuila, Alejandro Gutiérrez, solicitó una investigación oficial porque había indicios de que Holdinmex era prestanombres de Unión Fenosa. Según el exsenador, el gobierno mexicano le paga al GAP 10 millones de dólares por supuesta asistencia técnica y transferencia de tecnología, así como 1% de comisión por venta de combustible por cada avión que recarga en los aeropuertos que explota el consorcio.La investigación oficial no se realizó y en 2006 los españoles consiguieron otros “socios estratégicos” mexicanos: Eduardo Sánchez Navarro, Carlos Laviada y Laura Diez Barroso. Ese movimiento hizo posible la emisión de 85% de las acciones del GAP en las bolsas de México y Nueva York.Durante el sexenio foxista, el GAP fue protegido por el titular de la Secretaría Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, quien reiteradamente se negó a entregar a la Cámara de Diputados el “plan maestro” de inversión que debió presentar el grupo para obtener la concesión.En 2005, cuando el grupo recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California para evitar el pago del impuesto predial a Tijuana, el adeudo era de casi 112 millones de pesos; ahora es de 163 millones 935 mil 588, según el recibo más reciente, que se venció el 23 de abril.

Viejo litigio

Los intentos por cobrar el impuesto predial al GAP vienen desde la anterior administración de Tijuana, que estaba en manos del priista Jorge Hank Rhon. Ahora, con el PAN, el ayuntamiento retomó el asunto y exige que el GAP pague sus adeudos.El pasado 13 de marzo, una semana antes de la resolución del Tribunal de lo Contencioso, el cabildo tijuanense aprobó un punto de acuerdo en el que solicita al Ejecutivo federal, a través de la SCT, que haga saber al GAP “la situación legal” en que se encuentra por su renuencia a pagar.El acuerdo, firmado por el presidente municipal, Jorge Ramos Hernández, pide a la SCT que le deje claro al grupo español que su negativa será “causa suficiente para revocar la concesión”.El 10 de abril el Congreso estatal respaldó ese acuerdo y el mismo PAN promovió un “acuerdo económico” en el que solicita la intervención de Calderón, a quien le pide que se aplique al GAP “la revocación de la concesión para operar el aeropuerto de la ciudad”.Antes de este pronunciamiento del Congreso local, el pasado 3 de abril, la Presidencia de la República le respondió al ayuntamiento de Tijuana que la petición había sido enviada “para su atención” a la SCT.Pero el ayuntamiento no espera ninguna acción de Calderón, por lo que prevé notificar al GAP del embargo de sus bienes a cuenta de la deuda. Así mismo, promoverá directamente ante la SCT la revocación de la concesión, como informó el consejero jurídico del ayuntamiento, Raúl Corona Serna.“Si el presidente y la SCT no inician el proceso de revocación, nosotros lo promoveremos ante un tribunal federal, pues durante más de ocho años el GAP se ha beneficiado de los servicios de la ciudad sin pagar un solo peso. Además de las crecientes ganancias millonarias que reporta cada año producto de la concesión, resulta que los tijuanenses lo estamos subsidiando”, dice indignado.El presidente municipal, Jorge Hernández, asegura a Proceso: “El embargo ya viene, luego haremos la notificación al buró de crédito y a las bolsas de valores en México y de Nueva York. Son muchos factores de riesgo para quienes han comprado acciones del GAP”. l

Partidero

Felipe Cobián R.

Al cardenal Juan Sandoval Íñiguez cuando no le llueve le llovizna. Aparte de recibir un sinfín de críticas e improperios de toda índole por haber recibido la macrolimosna de 90 millones de pesos para el Santuario de los Mártires y que por eso pronto tendrá que comparecer como testigo ante las autoridades judiciales, ahora es conminado a denunciar ante la Procuraduría General de la República que el robo de niños aquí en Guadalajara es “para tenerlos como un banco de órganos”, como lo escribió en su columna del Semanario Arquidiocesano del pasado 4 de mayo. El doctor Rodolfo Morán González, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, le envió al arzobispo una carta que, entre otras cosas, destaca que tan temeraria afirmación puede producir “un severo rechazo al programa de donación y trasplantes y, consecuentemente, la pérdida de vida de pacientes esperanzados en sustituir sus órganos insuficientes por órganos funcionales obtenidos de cadáveres cuyos familiares los donan en el momento de su muerte”. Agrega Morán en su carta, fechada el 8 de mayo: “Si usted, señor Cardenal, tuviera pruebas de que esto sucede en Guadalajara, estaría obligado a informar a la PGR, ya que, de acuerdo con la Ley General de Salud, se trata de un delito federal. El Consejo lamenta que este tipo de declaraciones se expresen en el Semanario, que ha apoyado permanentemente la lucha por mejorar la donación de órganos cadavéricos que, de acuerdo con el llorado Juan Pablo II, ‘es un acto de gran amor, aquel que da la vida por los otros’”.
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Apenas hace dos semanas, el Vaticano aceptó la dimisión por enfermedad del arzobispo de Argel, Henri Tessier, de 79 años, quien al igual que todo obispo, como ya lo hizo aquí en marzo pasado don Juan Sandoval, presentó su renuncia canónica a la edad de 75 años. Recientemente el Papa Benedicto XVI ratificó a Sandoval Íñiguez en el cargo. El hecho es interpretado, entre observadores eclesiásticos, como un espaldarazo ante los ataques que ha recibido el jerarca. Antes, por su insistencia en el esclarecimiento del asesinato de su antecesor, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y a últimas fechas por el asunto del Santuario de los Mártires. Por lo visto, tendremos en don Juan –que goza de cabal salud– arzobispo para rato.
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“¿Quién gobierna Jalisco?”, le espetó un empresario local a Emilio González Márquez después de la mentada de madre en el Banquete del Hambre en Expo Guadalajara, cuando el gobernador barrió parejo a todos sus críticos y opositores. También le reclamó el susodicho: “Oye, Emilio: ¿no te cansas de hacer y decir tantas pendejadas? Soy el hazmerreír de todos, fuera de Jalisco, especialmente de los chilangos cuando me dicen: está peor tu góber piadoso que el góber precioso” (éste de Puebla y de apellido Marín, cómplice de un presunto pederasta de origen libanés, denunciados por la periodista Lydia Cacho). Y es que así nos ven desde fuera a los jalisquillos. Para vergüenzas no ganamos.
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A todo esto, el Comité Regional del Movimiento Nacional Sinarquista envió a esta columna un comunicado en el que se deslinda de cualquier posible relación anterior o posterior con Emilio. Asegura que jamás ha pertenecido a esta organización política y condena los despilfarros en donativos que llegan a “cerca de 285 millones de pesos”, y también “la oscura manera de entregarlos para diferentes empresas y a la Iglesia católica”. Dice el MSN que esos recursos debieron ir “a atender las apremiantes necesidades de la gente en el estado de Jalisco”. l

“Los jueces se equivocan”

Florence Cassez e Israel Vallarta.

Raphaël Moran

La francesa Florence Cassez, sentenciada en México a 96 años de prisión, se dice agotada pero proclama su inocencia desde el reclusorio femenil de la Ciudad de México donde está presa por secuestro, posesión de armas y delincuencia organizada. Por su parte el penalista francés Frank Berton, el defensor contratado por la familia Cassez, afirma que ya reunió nuevas pruebas de los “errores judiciales” cometidos por la justicia mexicana.Através de la bocina telefónica se advierte la desesperación de la ciudadana francesa que habla desde el penal femenil de Tepepan, en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México: “Estoy agotada, tuve un mes con una falta de sueño insufrible, una presión arterial muy baja, mucho estrés y muchas emociones por una sentencia de 96 años, difícil de aceptar. Mi única esperanza hoy es la acción de Frank Berton.”Proceso entrevista a Florence Cassez por teléfono desde el hotel San Marino, donde se hospedan su compatriota y abogado Frank Berton, así como Charlotte y Bernard Cassez, los padres de Florence que estuvieron en México una semana.“Llevo dos años y medio esperando mi libertad. Me decían que me callara, que esperara tranquilamente la sentencia porque iba a llegar. Fui paciente, y de repente me cae encima una condena de 96 años”, continúa Florence, con voz desesperada. La francesa, de 33 años, recibió la sentencia el 26 de abril pasado por el secuestro de cuatro personas, posesión de armas y asociación delictuosa. Explica con ansiedad: “Ahora, pensar que voy a tener que esperar que se juzgue la apelación... ya no aguanto. Nada más la idea de que hay que esperar varios meses... ya no puedo”.Como se informó en este semanario (Proceso 1647), el 8 de diciembre de 2005 Florence Cassez estaba en su vehículo con Israel Vallarta, su exnovio, cuando los aprehendieron agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que investigaban a una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco. “El día de mi arresto hubo presiones. Me golpearon para que dijera a los medios que yo daba de comer a los secuestrados y que los vigilaba. En el arraigo también me amenazaron”, sostiene Cassez en la entrevista.Al día siguiente la AFI organizó, ante las cámaras de televisión mexicanas, un montaje en que se veían policías entrando en una casa donde supuestamente Florence Cassez e Israel Vallarta mantenían secuestradas a varias personas. Meses después, las autoridades reconocieron haber organizado un show para los medios.Desde el principio de su juicio, Cassez se declaró inocente. Cuando se le pregunta a qué atribuye su durísima sentencia, responde: “La causa no la conozco... espero tener un día el placer de descubrirla, pero hoy mi interés primero es probar mi inocencia y ser liberada. Y tampoco le echo la culpa a Israel Vallarta ni a nadie”.Sin embargo, sobre su exnovio de 37 años, encarcelado por ser el presunto líder de la banda de secuestradores, agrega: “Nunca pienso en mi relación con Israel Vallarta. Hace casi cuatro años que se acabó. Obviamente lamento haber tenido esa relación”, asegura Cassez. Dados los enredos del caso, ya no sabe si él es culpable:“Cada día nos enteramos de nuevas cosas, yo la primera. Casi no lo creo. Se me hace difícil aceptar que pudiera haber hecho todo eso. Mi abogado primero me dijo que Israel Vallarta era tan inocente como yo, luego me dijeron que era totalmente culpable. Me confundieron así durante varios meses. Hoy no me importa su caso, me enfoco hacia mi caso: soy inocente y eso es la única verdad.”Para preparar su defensa en el juicio de apelación, Florence fungió como traductora entre Frank Berton y Jesús Horacio García, su abogado mexicano. Revisar los 12 tomos de su caso no fue fácil: “No es divertido zambullirme de nuevo en el expediente dos años después de mi arresto. Pero voy a luchar por mi libertad, por mi inocencia”.Esa labor fue intensa: “Perdí la noción del tiempo… Tuve días muy cansados, pero productivos, como no me habían pasado desde mucho tiempo”, dice Cassez.También se han esforzado la familia y los abogados de Florence, que aparte de preparar la defensa jurídica recurrieron al diputado francés Thierry Lazaro para conseguir el apoyo del presidente Nicolas Sarkozy, quien ordenó que se siguiera el caso “con detenimiento”.La acusada teme a la soledad que vendrá cuando sus padres regresen a su país: “Mis papás me dicen que la cosa se mueve en Francia y que sigue moviéndose. Pero hay que imaginar que estoy encerrada, estoy en la cárcel. Cuando ya se hayan ido mis padres, sólo tendré 10 minutos de felicidad telefoneándoles”.
Deterioro
En el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en la delegación Xochimilco, Florence Cassez convive con un centenar de reclusas. Desde que la sentenciaron, cuenta, sus días tienen “muchos momentos de soledad, de angustia”.Describe un día común: “Cuando me levanto, en la mañana, trato de ver las cosas de manera positiva, pero me acuesto en la noche con miedo. Bajé mucho de peso, tengo una presión arterial muy baja. Trato de resistir...”.Afirma que en el reclusorio la tratan bien. “Con los otros reos pasa muy bien (el tiempo), porque no me meto en problemas. Soy una persona muy tranquila, soy muy respetuosa, soy bien educada, y eso me ayuda mucho. No es el caso de todo el mundo, pero evito los problemas”.Al final de la entrevista, Florence pregunta por sus padres y pide al reportero: “Por favor, búsquenlos de mi parte, deben de estar en el café”. Charlotte Cassez se levanta de la mesa del restaurante del hotel San Marino, donde se entrevistaba con un grupo de reporteros franceses, para tomar la llamada.En la charla informal con Frank Berton y los periodistas de su país, los padres de Florence Cassez manifestaron su preocupación por el deterioro físico y sicológico de su hija, a la que visitaron en el reclusorio.Desde el lujoso hotel cercano al Paseo de la Reforma, Charlotte Cassez señala alarmada: “Florence no esperará dos años a que se resuelva su apelación; eso se lo digo, siento que está muy mal”.Bernard Cassez coincide totalmente: “Florence mide 1.75 metros y pesa ahora 50 kilos. Queremos obtener rápidamente una libertad provisional”.Al respecto, Florence Cassez recalcó en la entrevista: “Lo que más espero es una liberación de cualquier índole. Mi petición de libertad provisional lleva más de un año y medio”.En efecto, un juez rechazó primero la petición de libertad condicional y después fue denegada la apelación. La defensa de Cassez decidió entonces recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la ley mexicana establece que los delitos de posesión de armas, delincuencia organizada y secuestro impiden que el acusado goce de libertad provisional mientras espera su sentencia.
El especialista
El penalista francés Frank Berton, que se hizo famoso por resolver casos de errores judiciales en su país, y el abogado mexicano Jesús Horacio García apelarán la sentencia de 96 años de cárcel. El primero fue contratado recientemente por la familia Cassez.“Mi objetivo de este viaje (a finales de mayo) fue encontrar a Florence, a las autoridades diplomáticas francesas y a Jesús Horacio García”, dijo Berton el día que arribó a la Ciudad de México, el pasado 29 de mayo.Aunque admite su desconocimiento de la justicia mexicana, el litigante francés dice tener buenas expectativas: “Me informé antes de viajar y me dijeron que la justicia mexicana es una de las mejores de América Latina. Y la manera como se juzgó el caso no corresponde a la imagen de la justicia mexicana”.
–¿Usted se da cuenta de que si Florence Cassez es declarada inocente, el actual secretario de Seguridad Pública y director de la AFI cuando los agentes arrestaron a Florence Cassez, Genaro García Luna, quedará desacreditado?
–El punto es que no hay elementos de cargo en contra de esta mujer. Entonces debe de ser posible liberarla y declararla inocente, sin dañar la imagen del operativo llevado a cabo hace dos años y medio. No puedo creer que el tribunal en apelación o la Suprema Corte no sancionen las irregularidades del proceso judicial.Al finalizar su visita, tres días después, Berton hace un balance ante los medios de comunicación. Dice que recibió la visita del embajador y del cónsul de Francia en el hotel donde se hospeda.Cuando se le pregunta qué pasará si la sentencia de 96 años se confirma tras el juicio de apelación, Berton contesta: “No me parece posible que se confirme la sentencia. Florence es muy popular ahora en Francia. Si se confirma, habrá un amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Florence irá hasta el final para demostrar su inocencia”.
–¿Vamos hacia un problema diplomático o político?
–No es un conflicto político y espero que no iremos hacia un problema diplomático. Un juez mexicano se puede equivocar, en Francia hay también errores judiciales. Nunca vacilé en decir que en Francia hubo errores judiciales. Preparado para regresar a Francia, Berton lleva bajo el brazo una carpeta con copias del expediente jurídico de Cassez. “Estoy convencido de que Florence es víctima de un error judicial y que es totalmente inocente”, insiste, y comenta algunos puntos de su defensa: “Florence está condenada por posesión de armas, cuando fue arrestada en su auto el 8 de diciembre, y lo que había en su auto son muebles y no armas. Al día siguiente la llevaron a un rancho donde la policía colocó esas armas, que Florence nunca poseyó.“Otro ejemplo: el artículo 16 de la Constitución mexicana indica que la persona arrestada debe ser presentada ante el Ministerio Público inmediatamente. Florence fue arrestada el 8 de diciembre 2005 a las 10:10 y presentada el 9 de diciembre a las 10:24, es decir que fue detenida 24 horas de manera abusiva.”En lo tocante a las acusaciones de delincuencia organizada que enfrenta Cassez, Berton señala: “El código mexicano indica que debe de haber por lo menos tres personas para ser condenada por este delito, y hasta ahora solamente dos personas han sido identificadas: Israel Vallarta y Florence, que siempre negó cualquier responsabilidad. ¿Dónde está la banda de Los Zodiaco?”.Concluye enfático: “Todavía no hablo del fondo del expediente. Tengo aquí las declaraciones de Cristina Ríos Valladares y su hijo, supuestas víctimas de Los Zodiaco, quienes, cuando se les presenta a Florence detrás de un cristal polarizado, dicen: ‘No conozco a esta persona y es la primera vez que la veo’”.Explica que de regreso a su país le ofrecerá a Sarkozy “un resumen completo” con los documentos que le lleva, “para demostrarle una vez más, si es necesario, que Florence Cassez es inocente y para que Francia brinde todo el apoyo”.Sobre todo, afirma el abogado, “la violación de la Constitución y las irregularidades de procedimiento son elementos nuevos que aportamos a la presidencia de Francia”.El 11 de junio empezará el juicio de apelación con un intercambio de conclusiones entre el Ministerio Público y el abogado mexicano de Florence Cassez. Berton prevé volver a México. l

Es lo que es

Denise Dresser

Policías encajuelados. Hombres entambados. Cuerpos decapitados. Militares acribillados. Ciudadanos atemorizados. Automóviles quemados. Más de 4 mil ejecutados en menos de dos años. Víctimas de una guerra brutal, fútil, inacabable. Víctimas de una lucha que el gobierno de Felipe Calderón anticipa ganar pero no podrá hacerlo. Porque la guerra contra las drogas nunca concluirá con un triunfo medible de los buenos sobre los malos, con una victoria contundente que el país pueda celebrar. Porque una de las primeras bajas que produce cualquier guerra es el ocultamiento de la verdad. El ofuscamiento de una realidad en la que –como diría George Orwell– “denunciamos la guerra mientras preservamos el tipo de sociedad que la hace inevitable”. México, el país donde la expansión del narcotráfico es un síntoma más de todo lo que no funciona.Donde las muertes sin sentido se han vuelto insoportablemente repetitivas. Donde se atacan los efectos, pero no las causas. Donde muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de la estructura económica, política y social que lo hace posible. Ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos; de criminales organizados que lavan dinero e instituciones financieras que se benefician con ello; de sicarios que asesinan a policías y policías que les pagan para hacerlo; de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado y el crimen organizado que los soborna. Por eso cuando Juan Camilo Mouriño declara que “el Estado mexicano es mucho más poderoso que cualquier capacidad de estos grupos para corromper instituciones, intimidar a la sociedad o destruir vidas humanas” denota cuán poco entiende el problema. Hoy el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir. Hoy el Estado mexicano declara que va ganando la guerra contra los malos, cuando en realidad los alberga. ¿Dónde están los gobernadores enjuiciados? ¿Los presidentes municipales castigados? ¿Los procuradores investigados? ¿Los senadores encarcelados? ¿Los militares acusados? La historia de la “guerra” contra el narcotráfico en México es una de simetrías y mimetismos y complicidades. La corrupción en las calles es reflejada en cada pasillo del poder, en cada división del Ejército, en cada escuadrón de la policía, en cada Ministerio Público, en cada juzgado, en cada pueblo en el cual las víctimas de la violencia temen hablar o denunciar o confrontar. El narcotráfico se nutre de una vasta red, tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas. Vive de la corrupción compartida, del estado de derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política para hablar y actuar honestamente.“Los operativos están dando resultados”, dicen. “Vamos ganando aunque no parezca”, declara el procurador Eduardo Medina Mora. Unos y otros, argumentando que la violencia es resultado de la eficiencia; el aumento en las ejecuciones es indicador de las interdicciones; la multiplicación de las muertes es evidencia de mano firme y no de mano ineficaz. Unos y otros, compitiendo para probar cuán draconianos son. Unos y otros, cerrando los ojos ante fuerzas sociales y económicas demasiado arraigadas para ser combatidas tan sólo con más armas, más balas, más policías, más militares, más sangre en el suelo, más soluciones simplistas a problemas complejos.Los defensores de la estrategia actual han hecho una declaración de guerra que –en realidad– constituye una admisión de derrota frente a intereses que no pueden desarticular. Todos, ignorando los problemas estructurales de un país con una subclase permanente de 40 millones de pobres. Con un sistema policiaco disfuncional. Con una corrupción que por conveniencia política nadie quiere combatir. Con un sistema educativo demasiado maltrecho como para asegurar la movilidad social, y por ello la economía ilegítima del narcotráfico se vuelve la única solución para tantos mexicanos. Patrones históricos, patrones intransigentes, patrones recalcitrantes que abonan el terreno para el narcotráfico y quienes viven y se enriquecen con él. El negocio del narcotráfico va en ascenso porque México le ha apostado a que su destino no depende de la incorporación de la mitad de su población al desarrollo nacional. Podemos seguir culpando a Estados Unidos por la demanda de drogas que genera. Podemos seguir mascullando sobre el flujo de armas a lo largo de la frontera. Podemos criticar a la Iniciativa Mérida y denunciar la protección de los derechos humanos que contiene como condición. Podemos sentirnos más nacionalistas y más patrióticos al envolvernos en la bandera. Pero eso no será suficiente para entender la dimensión del problema ni proveerá la honestidad suficiente para encararlo. La incompetencia y la corrupción persisten en ambos lados de la frontera. La proliferación de policías corrompidos e instituciones infiltradas es un fenómeno bilateral. México está pagando un precio muy alto para satisfacer el apetito estadunidense, pero también es responsable de su propia voracidad, de su propia complicidad. De su propia incapacidad para hacer del estado de derecho una realidad y no una mera aspiración retórica. De su propia incapacidad para construir un país incluyente, próspero, en el cual sus ciudadanos tienen empleos bien remunerados y no siembran o transportan enervantes. Si eso no cambia, no importa cuántos recursos se destinen, cuántos policías se entrenen, cuántas armas se usen, cuántos helicópteros se compren. Colombia ha gastado más de 5 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico con resultados mixtos: más seguridad pero mismo nivel de drogas. La lección es clara. El principal objetivo de la guerra que el gobierno quiere ganar no debe ser la destrucción de los cárteles, sino la construcción del estado de derecho. La meta no debe ser matar a más capos, sino mejorar la aplicación de las leyes en un país para todos. Pero para ello va a ser necesario confrontar verdades más profundas. El narcotráfico es un sistema edificado sobre la corrupción, mantenido por la conveniencia, basado en una mentira que nadie quiere reconocer. Esta guerra no tiene fin. Pretender ganarla es como pensar que es posible ganarle a un terremoto, o a un huracán. Por cada capo atrapado o asesinado habrá otro que surja en su lugar. Como lamenta el policía McNulty en la escena final de The Wire –la serie de televisión que plasmó la guerra fútil contra el narcotráfico en Baltimore– cuando mira con amor y tristeza a su ciudad devastada y musita: “Es lo que es”. l

Obama

John M. Ackerman

Barak Obama gastó 265 millones de dólares durante su campaña para la nominación del Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos. El donante más importante fue Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más destacados del planeta, y le siguen poderosos representantes del capital financiero, como Citigroup, J.P. Morgan Chase y Union de Banques Suisses (UBS). El candidato del partido republicano, John McCain, apenas ha podido recaudar 96 millones de dólares y ya está preparando el camino para pedir financiamiento público. En Estados Unidos, los contendientes pueden optar por recibir fondos públicos y sujetarse a límites estrictos para la recaudación y utilización del dinero privado, o bien, rechazar los recursos públicos y tener las riendas sueltas para recaudar fondos de manera independiente. Todo parece indicar que Obama, el candidato del “cambio”, y no McCain, el candidato del status quo, es quien recurrirá sobre todo a las donaciones privadas.Pareciera que estos datos ponen en duda la naturaleza transformadora de la candidatura de Obama. ¿Será que el “fenómeno Obama” es únicamente una nueva forma de encubrir las mismas injusticias, desigualdades y tendencias imperialistas de siempre? ¿El hipotético gobierno de Barak Obama implementaría un cambio sustancial en relación con las ominosas políticas que caracterizaron la gestión de George W. Bush?La respuesta es simultáneamente sí y no. Por un lado, el candidato demócrata nunca ha ofrecido un cambio significativo en el modelo de acumulación económico vigente en Estados Unidos. Pueden estar tranquilos los grandes bancos de inversión que han financiado su campaña y que seguramente redoblarán su apoyo durante los próximos meses. Obama no tocará sus intereses ni coartará su libertad de acción.Por otro lado, al examinar las cifras con más cuidado nos damos cuenta de que, en total, el sector financiero únicamente ha contribuido con 19 de los 265 millones que Obama ha recaudado, 7% del total. La mayor parte del dinero con que cuenta viene de las decenas de miles de pequeños contribuyentes que realizan sus donaciones de manera individual, muchas veces vía internet y por montos reducidos de 10 o 20 dólares. El Center for Responsive Politics informó que más de 125 mil 774 personas físicas han contribuido con dinero a la campaña de Obama.Según el candidato, esta avalancha de pequeñas donaciones de ciudadanos comunes ha “democratizado” el sistema de financiamiento de las campañas políticas en Estados Unidos. Si continúa este masivo apoyo popular, tanto en el renglón de las aportaciones como a la hora de desarrollar sus políticas públicas, bien podríamos estar ante un escenario de auténtica transformación política en nuestro vecino del norte.Obama promete atender algunos de los problemas más relevantes que han afectado la economía y la política de Estados Unidos. Propone, por ejemplo, la aplicación de un seguro médico universal para todos los estadunidenses. Ya Michael Moore ha demostrado magistralmente en su última película, Sicko, la preocupante crisis del sistema de salud que acosa a los estadunidenses.El candidato del Partido Demócrata también se ha comprometido a retirar las tropas de Irak. Cada día más soldados y ciudadanos inocentes mueren en la inútil e injusta guerra del gobierno de Bush. La encuesta más reciente dada a conocer por CBS revela que únicamente 25% de la población aprueba el trabajo del actual presidente, mientras que 67% lo desaprueba. Estas cifras récord se deben en gran medida al total fracaso que ha resultado la invasión de Irak. Otra propuesta central de la campaña de Obama es la transformación del modus operandi de la negociación política en Washington, D.C. Ha ofrecido reglas mucho más estrictas para prevenir los conflictos de interés que puedan surgir entre los servidores públicos y los grandes intereses económicos. También busca reducir el poder de los cabilderos, quienes suelen actuar con impunidad.El primer candidato afroamericano a la presidencia de Estados Unidos muestra una gran preocupación por atender las necesidades de los más pobres y las minorías raciales. Dice que emprenderá una cruzada de renovación urbana, creará más trabajos bien remunerados y transformará el sistema de educación pública del país. Todo esto lo financiaría eliminando la evasión fiscal y suprimiendo los regímenes de excepción fiscal para los sectores más acaudalados.Las propuestas de Obama no son radicales, pero sí implicarían una transformación real en la política del vecino del norte. Bush Jr. ha sumido a Estados Unidos en un nivel de desprestigio internacional sin precedente y, al mismo tiempo, lo ha conducido a un fuerte endeudamiento público que ya lo encamina a una crisis económica de proporciones escalofriantes. La candidatura de Obama representa la esperanza de empezar a salir del hoyo en que se encuentra la nación.Cuenta Obama, además, con el carisma y la elocuencia necesarios para hacer efectivos sus compromisos. Aunque muchas veces sus discursos puedan sonar algo superficiales, caen como gotas de agua en el desierto para el público estadunidense, que se encuentra ansioso de un proyecto alternativo y de un mejor futuro. Y es precisamente este apoyo popular lo que podría permitir a Obama superar las presiones que seguramente surgirán de los grandes consorcios del capital financiero internacional que han financiado su campaña. l

Hablan las actas: Calderón no ganó

El RATON Salinas

Álvaro delgado

México, D.F., 9 de junio (apro).- Poco después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio como ganador a Felipe Calderón, el 5 de septiembre del 2006, Carlos Salinas estaba molesto, pero no por el fallo, que lo hizo feliz por frenarse a su enemigo Andrés Manuel López Obrador, sino por la ingratitud del panista.Salinas había tratado de comunicarse con Calderón para reunirse con él antes de la toma de posesión, el 1 de diciembre, pero César Nava Vázquez, el secretario particular, no quería tomarle la llamada, ni siquiera con la intervención de un allegado de ambos.“Salinas está muy enojado con Calderón, porque no le quiere tomar la llamada y a él le debe su triunfo. Dice que el marcador en el Tribunal Electoral estaba 4-3, con riesgo de convertirse en 3-4, que era la nulidad, y él hizo la unanimidad de 7-0”, reveló al reportero un prominente abogado panista --amigo de Salinas y de Nava--, quien pidió reserva sobre su identidad.Esta historia tenía cierta lógica en el contexto poselectoral del 2006, porque se sabía de magistrados que se inclinaban por anular la elección presidencial debido a las abundantes irregularidades en todo el proceso, particularmente por la violación de, al menos, dos principios constitucionales en la materia --la equidad y la certeza--, y sin embargo, en medio de la opacidad, se emitió un dictamen unánime.Ahora, a dos años de esa elección, aparece una rigurosa y exhaustiva investigación de José Antonio Crespo, experto en materia electoral y con una acreditada solvencia moral, que exhibe el “desaseo” y parcialidad de los magistrados para validar la elección presidencial y dar como ganador a Calderón.
En 2006: Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, una de las muchas conclusiones de Crespo, profesor del Instituto de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es que el triunfo de Calderón no se sustenta “lógica y aritméticamente”, como lo aseguró el dictamen del TEPJF, después de desahogar las impugnaciones.
--¿Entonces calderón no ganó? --le pregunté.
--La respuesta no es “no ganó” Calderón, así solita, porque entonces implicaría que ganó López Obrador --dijo Crespo. Y enseguida soltó: “No se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.”Se trata de una frase lapidaria por cuanto significa para una democracia la falta de certeza de cuál fue, auténticamente, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y lo que implica en términos de legitimidad para, por ejemplo, llamar a la sociedad --con verdadera autoridad moral y política-- a combatir, junto con el gobierno y todas las instituciones del Estado, a la delincuencia. Crespo revisó lo que nadie hasta ahora: 63 mil de las 130 mil actas de casilla en 150 de los 300 distritos electorales del país, es decir, la mitad de casillas y distritos, una muestra que, por sí sola, arroja resultados esclarecedores sobre la elección.El principal es que, como él mismo lo dijo, ni Calderón ni López Obrador ganaron la elección, sino que no se puede saber el verdadero resultado porque, conforme a su investigación, existen 316 mil votos “irregulares” --es decir, los que no pudieron justificarse ni depurarse, porque no se abrieron los paquetes electorales-- son mayores al número de sufragios de ventaja del supuesto ganador, que oficialmente fue de 233 mil 831, equivalente al famoso .6%.Estas cifras desmienten a los magistrados del ETPJF que, en su dictamen, aseguraron, en primer lugar, que los errores de cómputo en las actas eran justificados y en segundo, que los votos “irregulares” no afectaban el resultado, porque no eran mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección.Por tanto, concluye Crespo, la elección debió haberse anulado, porque la existencia de tal cantidad de votos “irregulares” vulneró el principio constitucional de certeza. Es preciso subrayar, al respecto, que los 316 mil votos “irregulares” no son producto de una proyección a partir de una muestra reducida de actas y distritos, sino que fue producto de una revisión “acta por acta, inconsistencia por inconsistencia” que arrojó votos “contantes y sonantes”. Una proyección del total de actas y distritos arrojaría, entonces, que habría 633 mil votos “irregulares”, el triple de los que dieron a Calderón ganador. Crespo no niega que, de haberse depurado tal cantidad de votos “irregulares”, se hubiera producido el triunfo de Calderón, pero tampoco descarta que produjera una voltereta a favor de López Obrador. La única posibilidad de tener una “aproximación” mayor al resultado real es, dice, el recuento total de las boletas que existen en los paquetes. Sí, esos que el Instituto Federal Electoral (IFE), los magistrados del TEPJF y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no quieren que se abran, a petición por ejemplo del semanario Proceso, del investigador Sergio Aguayo y del propio Crespo, porque muy probablemente el resultado no sería el oficial.Ya hablaron las actas, gracias a Crespo. Ahora falta que, pese a todas las resistencias, hablen los votos.Por lo pronto el libro de Crespo aporta, demás, con base sólo en la revisión de las actas, que se han derrumbado lo que a su juicio dos mitos sobre la elección del 2006: El “magno-fraude electoral”, que sostienen los simpatizantes de López Obrador, y el “triunfo inobjetable e inequívoco” de Calderón. No se sabe quién gano, pues.Pero Crespo tiene razón: Si en la democracia se gana y se pierde con un voto, el corolario es que por un voto irregular no se pude saber quién resulta victorioso. Y en un contexto en que ha tomado fuerza la involución en todos los órdenes, entre ellos la impune adulteración de la voluntad popular –como en todos los procesos electorales locales después del 2006--, vale la pena tenerlo en cuenta… Como el trabajo que Salinas hizo con los magistrados a favor de Calderón, con quien, por supuesto, se reunió.
Apuntes
En Querétaro un crimen conduce a otro: Resulta que, el viernes 6, un día antes de que se conmemorara el día de la Libertad de Expresión, el escritor Julio Figueroa recibió una notificación de arraigo domiciliario y un emplazamiento o demanda de parte de Federico Humberto Ruiz Lomelí, hijo del concesionario de Coca-Cola en ese estado y señalado como autor del asesinato, el 27 de noviembre del 2004, de Marco antonio Hernández Galván. Este personaje ha demandado también a Miguel Gerardo Rivera Alcántar, José Alfonso Rodríguez Sánchez, Gerardo Alcocer Murguía, Sergio Guerrero Patiño y Roberto Zamarripa de la Peña, así como a los periódicos Reforma y A.M. Ruiz Lomelí ha gozado de la protección del gobierno del panista Francisco Garrido Patrón, y esto implica un precedente nefasto para este nuevo episodio de impunidad… Ya que está en México el Comité de Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, es preciso que tome nota de este nuevo embate y no se quede con lo que Calderón les dijo hoy, martes 9, en Los Pinos, que respeta la libertad de expresión y demás palabrería… Calderón siempre ha sido un político irascible, intolerante, explosivo, pero ese talante ha llegado a extremos inadmisible para quien, en el papel, es el responsable del gobierno. Con motivo de la inundación de tabasco, el año pasado, amenazó a un lugareño con enviar a soldados para traerlo y hacer faena, como la que él hacía sólo para una fotografía propagandística. Hace unos días, consciente ya del fracaso de su estrategia contra el crimen organizado, responsabilizó a todo el mundo del trabajo que él está obligado a hacer y cuyas culpas quiere compartir. Ahora, como no encuentra auditorios donde pueda hacerse escuchar sin que se le eche en cara su ilegitimidad, hizo citar a la elite que usufructúa el presupuesto para decirle, en hora y media de palabrería, lo que deberían estar haciendo desde hace un año y medio: trabajar. Tenía razón el diputado Juan José Rodríguez Prats: El gabinete de Calderón es bastante mediocre… Resulta que, dentro del despilfarro que implicó la organización de una reunión denominada NASCO 2008, que incluyó el alquiler de carpas por 4 millones y medio de pesos, baños móviles de súper lujo y hasta 38 palmeras gigantes portátiles, el gobierno de Guanajuato, que encabeza Juan Manuel Oliva –consentido de Calderón--, le pagó 250 mil dólares a José María Aznar, el español propagandista de la derecha en México. Son dos millones y medio de pesos que, obviamente, salen del bolsillo de los guanajuatenses…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Germán Martínez destituye a Creel de la coordinación del Senado

Santiago Creel

Álvaro delgado

* También perfila la remoción de Héctor Larios en San Lázaro

México, D.F., 9 de junio (apro).- Avalado en su momento por Felipe Calderón, a propuesta de Manuel Espino, entonces presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel fue hoy destituido de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado por Germán Martínez, el actual dirigente partidista, quien perfila también la remoción de Héctor Larios en la Cámara de Diputados.La decisión de Martínez, quien llegó al cargo por instrucciones de Calderón después de renunciar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), se produjo hoy en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en cuya instancia no se adelantó quién relevará a Creel, quien es también presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.De acuerdo con información preliminar, Martínez solicitó a Creel entregar la coordinación del grupo parlamentario en el Senado, supuestamente porque su desempeño no ha sido satisfactorio, de acuerdo con la evaluación que advirtió se haría desde que asumió la presidencia del PAN, en diciembre, y que también involucra al coordinador de los diputados federales, Héctor Larios.Cuando Martínez se convirtió en candidato único a la presidencia del PAN pactó darle legitimidad a su cargo y aceptó mantener en las coordinaciones a Creel y a Larios, nombrados por facultad estatutaria por Espino, quien aseguró en su momento que Calderón dio su aval.Las relaciones entre ambos, quienes junto con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, son prospectos a la candidatura presidencial panista del 2012, han sido siempre de poca confianza y aun de franco enfrentamiento, como el que se ha producido en episodios que involucran a al perredista Andrés Manuel López Obrador.La decisión además tiene que ver con el procesamiento de las iniciativas de reforma energética de Calderón, enviadas el 22 de abril, y en cuyo debate --que generó la toma de la tribuna por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP)-- han sido vapuleadas sin que haya expositores a favor.De hecho Creel hizo encolerizar a Calderón, Martínez Cázares y Mouriño cuando aceptó debatir con López Obrador sobre la reforma petrolera, aun antes de enviarse las iniciativas del gobierno, y después tuvo que desdecirse, a pesar que él y López Obrador habían designado inclusive a sus representantes.

Anuncia el PRD dos consultas sobre la reforma energética

Carlos Navarrete

rosalía vergara y jenaro villamil

PRD: Pide Mouriño al PRI y al PAN no participar en la consulta sobre la reforma

Participará el IEDF en la consulta sobre la reforma energética

* Esboza Carlos Navarrete las preguntas que integrarían un eventual cuestionario

México, D.F., 9 de junio (apro).- El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, anunció la realización de dos consultas sobre la reforma energética, una de ellas se llevará a cabo el 27 de julio y la otra el 7 de agosto.La primera se desarrollará en los 400 municipios donde gobierna el PRD, y la otra, la de agosto, se promovería en las zonas donde el perredismo es oposición.Navarrete confió además en que habrá posibilidades de que el Senado convoque a la consulta nacional programada para el 27 de julio próximo.Al salir de la reunión del Frente Amplio Progresista --que integran PRD, PT y Convergencia-- con Andrés Manuel López Obrador, el legislador comentó que no ha recibido algún rechazo oficial a las tres propuestas que los perredistas han presentado a la Junta de Coordinación Política. No obstante, comentó que ha recibido “comentarios” de Manlio Fabio Beltrones y Santiago Creel, coordinadores de PRI y PAN en el Senado, por lo que la posibilidad de llevar a cabo el debate, sostuvo, “sigue abierta”. En entrevista de prensa, Navarrete perfiló un “adelanto” de lo que podrían ser las preguntas de una eventual consulta y comentó que han pedido a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participe en la elaboración del cuestionario.Criticó se buscara “caricaturizarla pensando que es un asunto de una pregunta en blanco y negro”, y consideró “muy positivo” que el sector empresarial valore como “viable” la consulta.“Hay que preguntarle a los mexicanos sobre la perforación en el Golfo de México, ¿la hace Pemex por sí mismo o la concesiona a empresas privadas internacionales? Hay que preguntar sobre el régimen fiscal de Pemex, ¿qué piensan los mexicanos que hay qué hacer con los recursos excedentes del petróleo, si los seguimos entregando a Hacienda o se los dejamos a Pemex para su fortalecimiento?”, esbozó Navarrete.Admitió que existe un “problema de tiempo” para la aprobación de la reforma energética, ya que no habría condiciones para que empezara el periodo extraordinario el martes 17, pues la próxima sesión de la Permanente será hasta el miércoles 18 de junio.Originalmente la propuesta de un periodo extra estaba planteada para que iniciara el 17 de junio y abarcara los temas relacionados con las leyes secundarias en materia de reforma electoral, así como algunos puntos relacionados con la reforma penal.Por otro lado, Navarrete precisó que la iniciativa de reforma a la política social, presentada ahora por el grupo parlamentario del PRI, fue planteada inicialmente por el senador perredista Graco Ramírez, y por ello existen coincidencias con los priistas sobre ese tema.“Tenemos una coincidencia en la valoración que tenemos el PRI y el PRD al respecto; yo expreso mi interés del grupo parlamentario del PRD por valorar este tema, pero quiero hacer una precisión muy puntual: nosotros no creemos conveniente vincular la reforma en materia social a cambio de la reforma de Pemex”, atajó Navarrete.

sondeo

¿Debe el PRI apoyar la realización de la consulta sobre la reforma energética?

a) Si
86.25 % 1524 votos
b) No
13.75 % 243 votos

Para participar en el sondeo AQUI.

Propone consejera de la embajada de EU integrar la Iniciativa Mérida al ASPAN

Leslie Bassett

de la redacción

México, D.F., 9 de junio (apro).- Leslie Bassett, ministra-consejera de la embajada de Estados Unidos en México, propuso integrar la Iniciativa Mérida dentro de la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN).Bassett, quien participó en la inauguración del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus ciudad de México, señaló que la integración de México, Estados Unidos y Canadá sobrepasa en buena medida los acuerdos bilaterales y se relaciona no sólo con los temas económicos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Dijo que, aunque los calendarios electorales y la oposición de quienes ven en la integración económica un riesgo para la soberanía dificultan el diálogo, confió que los temas avancen favorablemente.Por su parte, Carlos Rico Ferrat, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que actualmente la integración en la región es económica y, sobre todo, social.Dijo que la agenda dejó de ser bilateral y de temas únicos, pues ahora es trilateral y múltiple, por lo que sugirió que México tome la iniciativa, con el fin de generar las políticas públicas que regulen esas relaciones y que pretendan el beneficio de la población de los tres países.En su oportunidad, el embajador de Canadá en México, Guillermo E. Rishchynski, afirmó que, a diferencia de como se planteaba la relación trilateral a medidados de los años 90, actualmente hay un flujo de casi millón y medio de turistas entre Canadá y México, así como 10 mil estudiantes mexicanos en ese país.Añadió que esto muestra que, más allá de hablar de globalización, la que es un hecho irrefutable y está en marcha, América del Norte debe pensar en términos de competitividad para que los tres países crezcan.El diplomático sugirió revisar los mecanismos para mejorar la movilidad laboral y de estudiantes, a fin de que se aproveche la experiencia y la fuerza laboral de cada uno de los países.

Anuncia EU endurecimiento de política contra indocumentados

j. jesús esquivel

* “No habrá inmunidad para nadie”, advierte el secretario de Seguridad

Washington, 9 de junio (apro).- El gobierno estadunidense no prevé aminorar las acciones policiacas migratorias y, por el contrario, aseguró que en los poco más de siete meses que le restan a la administración de George W. Bush se fortalecerán esos operativos para arrestar y deportar a los indocumentados.“No hay inmunidad para nadie”, declaró en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, al aclarar que no habrá piedad para ningún indocumentado que sea detenido por las autoridades migratorias, ni cuando se trate del caso de la separación de un padre o una madre de sus hijos.“Tienen la opción de llevarse (al hijo o hija) a su país cuando sean deportados, o tenerlo con él en los centros de detención mientras se procesa su deportación, aun cuando se trate el caso de que los hijos sean ciudadanos estadunidense”, enfatizó Chertoff, quien además aseguró que para el 2011 el gobierno tendrá totalmente controlada la frontera que comparte con México.Chertoff, quien estuvo acompañado por el titular de Comercio, Carlos Gutiérrez, ofreció una “actualización” de las operaciones migratorias que ha llevado a cabo el gobierno de Bush desde agosto del año pasado a la fecha.Dijo que la intención del gobierno federal en materia migratoria es la de aplicar la ley a todos aquellos que se encuentran en Estados Unidos de manera indocumentada.“Tendrán que cumplir –incluso-- con un pequeño periodo de encarcelamiento (unos cinco meses) porque sabemos que esto los desanima para volver a ingresar a Estados Unidos violando nuestras leyes migratorias”, acotó Chertoff.Chertoff y Gutiérrez reiteraron la intención del gobierno de Bush de terminar de construir, antes que termine este año, mil 78.4 kilómetros del cerco o muro que se está edificando a lo largo de la frontera que comparte con el territorio mexicano.“Ya tenemos construidos 528.9 kilómetros”, explicó Chertoff, quien además aseguró que en la frontera sur que comparte el estado de Arizona con México ya se encuentran varios equipos técnicos para mantener vigente, en marcha y actualizado, el equipo tecnológico y militar como radares, torres de vigilancia, sensores y aviones a control remoto de rastreo para detectar y arrestar a los indocumentados.
Chertoff amenazó:
“Con las redadas hemos tenido éxito y un impacto importante en el combate a la inmigración indocumentada… las seguiremos llevando a cabo”, dijo para luego dar a conocer que en este momento el gobierno de Estados Unidos cuenta con 16 mil 471 agentes de la Patrulla Fronteriza y, para fines de este año, sumarán 18 mil.Con el fortalecimiento en la vigilancia, la edificación de muros o cercos y con la instalación de equipo tecnológico altamente sofisticado en la frontera con México, el gobierno de Bush sostuvo que no sólo está disminuyendo el flujo de inmigrantes indocumentados, sino que físicamente le están reduciendo el área de operación a las organizaciones criminales de México, sobre todo a los narcotraficantes.“El aumento de la violencia en México se debe a que entre los cárteles de la droga hay una lucha por controlar las rutas y zonas de trasiego, pero esto también es consecuencia de que les estamos cerrando las puertas a más terreno y a que el gobierno del presidente Felipe Calderón está haciendo un muy buen trabajo para combatirlos”, apuntó Chertoff.
Gutiérrez por su parte destacó la necesidad de que el Congreso lleve a cabo, “lo antes posible”, una reforma integral a las leyes de inmigración, pues es obvio que la economía estadunidense en el sector agrícola sufre de una importante reducción de mano de obra.“Nosotros no tenemos suficientes trabajadores en Estados Unidos para poder solventar la crisis alimenticia… necesitamos una reforma migratoria integral y pronto”, añadió el secretario de Comercio estadunidense.