Informe Rand: México sin estrategia de seguridad nacional

Nydia Egremy

El mayor think tank estadunidense concluye que el gobierno mexicano no está logrando los objetivos de recuperar territorios dominados por el narcotráfico, abatir la corrupción policiaca y hacer que prevalezca el estado de derecho. A decir del más influyente centro de estudios de América del Norte, México constituye una amenaza creciente para Estados Unidos, pues –desde que llegó el panismo al poder– no cuenta con “una estrategia cohesiva de seguridad nacional”. A pesar de ello, recomienda a Obama “apoyar a la principal corriente del gobierno mexicano”.

El avance de la corrupción policiaca, el auge de los grupos trasnacionales del crimen organizado y la falta de cumplimiento de las leyes deterioraron la seguridad en México y amenazan con desbordarse hacia Estados Unidos, revela la Research and Development (Rand) Corporation –el influyente think tank (centro de pensamiento)– en su informe Seguridad en México. Implicaciones para los Estados Unidos: opciones políticas.
Tal menoscabo en la seguridad llevó al gobierno de Felipe Calderón a desplegar más de 40 mil soldados en todo el país para combatir a los cárteles y restaurar el orden en las zonas bajo su dominio; sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido y el estudio apremia a la administración de Barack Obama para que elija, entre tres opciones políticas, cómo hará frente a esa amenaza y defina el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México.
Las opciones políticas que los analistas de la Corporación Rand –Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley– proponen al nuevo gobierno estadunidense son: una asociación estratégica con México, su vecino, socio comercial y aliado, para apoyarlo en la superación de las deficiencias en seguridad (narcotráfico y tráfico de armas y personas), además de fortalecer la confianza de los mexicanos en sus instituciones. La otra opción sería mantener el statu quo de la colaboración y asistencia hacia México en los términos actuales; y la tercera sería limitar o reducir esa ayuda y cooperación a su mínima expresión.
Estas propuestas se insertan en un análisis exhaustivo de la estructura de seguridad de México. El informe indica que desde 2000, cuando se eligió al primer presidente de oposición, “México ha batallado para articular una estrategia cohesiva de seguridad nacional”, por lo que esa falta de estrategia condujo al cambio de responsabilidades, la duplicación de servicios en gran número de agencias y a la inestabilidad general en la estructura de seguridad de México.
También señala que ese ambiguo cambio y superposición de responsabilidades condujeron a esfuerzos sin coordinación, y a menudo a la confrontación, entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales. Asimismo, aprecia que si la confianza en las instituciones públicas mexicanas ha sido históricamente baja, la confianza en la policía es particularmente menor. Cita que, de acuerdo con encuestas de opinión, el 80 por ciento de la población considera que la policía es corrupta.
A ese escenario se suma el soborno, “parte de la vida cotidiana en México”, que con el crimen y la desconfianza hacia los funcionarios contribuye a dispersar el fenómeno de la inseguridad.
De acuerdo con las entrevistas que sostuvieron los autores del informe con funcionarios estadunidenses y expertos no gubernamentales, todos confirmaron que en los últimos dos años la situación general de la seguridad interna en México se ha deteriorado. Tal panorama, plantean las fuentes consultadas por los analistas de la Rand, delinea tres áreas de donde provienen las amenazas potenciales para Estados Unidos: crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas y armas; migración ilegal y tráfico de personas, terrorismo e insurgencia rebelde. Las tres están entrelazadas, lo que hace más difícil aquilatarlas individualmente.
Respecto del crimen organizado, Gereben, Bahney y Riley expresan: “Casi todos los funcionarios estadunidenses, académicos y representantes de organismos no gubernamentales con quienes hablamos coincidieron en que el crimen organizado es la primera amenaza de seguridad para Estados Unidos desde México”. Agregan que este fenómeno ha infiltrado todos los niveles de gobierno y de las fuerzas policiacas en este país, donde los elementos criminales también se involucran en gran variedad de actividades ilegales y el saldo son los miles de ciudadanos muertos asesinados cada año, así como el aumento desde 2007 de los ataques dirigidos contra oficiales de la policía y del Ejército.
El tráfico de drogas es la segunda amenaza potencial. Los analistas estiman que la ganancia por las drogas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México representa entre 25 mil millones y 30 mil millones de dólares anuales. Citan que el informe International narcotics control strategy 2009 del Departamento de Estado afirma que cerca del 90 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos se trafica a través de México, y que en 2007 el país produjo para exportar a Estados Unidos unas 15 mil 500 toneladas métricas de mariguana, con lo que se convirtió en su primer proveedor de esa sustancia. Además, gran parte de la metanfetamina producida en México se exporta a ese destino.
El informe de la Rand sostiene que cuatro grandes organizaciones han dominado históricamente el tráfico de drogas en México: el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana. El estudio indica que esa constelación de cárteles “está cambiando por la atomización en unidades de esos grandes cárteles” hasta convertirlas en unidades descentralizadas que provocan una creciente guerra violenta sobre las rutas y plazas (cruces fronterizos para las drogas que se trafican hacia puertos de entrada en territorio de Estados Unidos).
Explica el análisis que, en respuesta a ese auge de la delincuencia organizada, Felipe Calderón desplegó 40 mil soldados desde 2006 en todo el país, aunque “este uso, sin precedente de los militares, provocó preocupaciones tanto de organizaciones internacionales de derechos humanos como internas”.
Además, revelan los autores, la violencia asociada al tráfico de drogas afecta crecientemente a las ciudades fronterizas estadunidenses, “que son las que cargan con el mayor efecto”. Aseguran también que el gobierno estadunidense “ha encontrado las huellas de las operaciones de los contrabandistas mexicanos en todos los estados del país vecino, salvo en dos: Vermont y Virginia”. Todas esas operaciones incluyen secuestros y asesinatos, agrega el informe.
No obstante, el estudio también admite que el número de investigaciones de corrupción que involucran a agentes de la Patrulla Fronteriza estadunidense va en aumento.
Con relación al tráfico de armas –la tercera gran amenaza para la seguridad de Estados Unidos–, el informe establece que aumentó el número de autoridades mexicanas abatidas por traficantes fuertemente armados. Señala que casi todas las armas ilegales capturadas recientemente en México han sido contrabandeadas desde Estados Unidos. “En muchas formas, las características del comercio de armas refleja la dinámica del mercado de drogas: el flujo de éstas desde el norte de México hacia Estados Unidos, mientras que las armas fluyen del sur de Estados Unidos hacia México”.
Los autores incorporan información de la oficina estadunidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que señala que, entre el 90 y el 95 por ciento de las armas usadas en crímenes violentos en México, relacionados con drogas, ingresaron ilegalmente desde el país vecino. Así como ocurre en el contrabando de drogas o el secuestro, agrega el informe, no es inusual encontrar a “funcionarios policiacos, personal militar o agentes aduanales involucrados en el comercio ilegal de armas”. La investigación añade que en los dos años anteriores algunos funcionarios han sido arrestados en ambas partes de la frontera por participar en el comercio de armas.
Las otras dos amenazas potenciales para Estados Unidos son la migración ilegal y el tráfico de personas, así como el terrorismo y las insurgencias. En el primer caso, la Corporación Rand precisa que “los terroristas podrían usar las redes de tráfico de personas para tener acceso a Estados Unidos”; sin embargo, descarta la posibilidad de que los terroristas usen esa frontera, pues aclaran que “no existe un solo informe” de un terrorista que ingrese a aquel país desde México.
Subraya, en cambio, que en 2003 el gobierno estadunidense estimó que había al menos 100 organizaciones de contrabando de personas y pandillas activas en México y que, como otras facetas del crimen organizado, hay informes “creíbles” de que personal de policía, inmigración y aduanas están involucrados en el tráfico de personas.
En cuanto a la amenaza generada por la “insurgencia” en México, el informe establece que desde el 11 de septiembre de 2001 “se ha especulado sobre el interés de Al Qaeda por usar a México como puerta de entrada hacia Estados Unidos o como punto de lanzamiento para un ataque hacia ese país”. No obstante, aclara el análisis, tal visión es “extremadamente controversial” y ha recibido atención significativa de los medios, a pesar de que no hay informes de terroristas conocidos o sospechosos arrestados en la frontera de ambos países.
“A pesar de que muchos funcionarios estadunidenses indicaron que no había evidencia actual de vínculos fuertes de Al Qaeda hacia México, incluimos esa posibilidad en nuestra lista de prioridades porque permanece como una área continua de potencial preocupación”, explican los autores.
Por otra parte, indica que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) –“una guerrilla marxista formada a mediados de la década de 1990– podría causar trastornos y desafiar al gobierno mexicano”. Esa organización explotó gasoductos de Petróleos Mexicanos entre el 6 y el 10 de julio de 2007 y cortó los suministros de gas en el centro de México; el 10 de septiembre de ese año, el EPR saboteó de nuevo, lanzó 12 explosiones de gasoductos simultáneos y causó una pérdida económica estimada en casi 1 mil millones 600 mil pesos.
Además, el estudio Seguridad en México. Implicaciones para Estados Unidos: opciones políticas hace énfasis en las cifras de las víctimas mortales vinculadas con el comercio de drogas: 2 mil 275 en 2007, que se duplicaron en 2008 al sumar 6 mil 290. Adicionalmente, los cárteles de las drogas enfocaron a las fuerzas policiacas como su “blanco deliberado, pues han reforzado la aplicación de la ley como nunca antes”.
Prioridades para Obama
Dado el impacto del crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, migración ilegal y tráfico de personas y la amenaza del terrorismo, la nueva administración estadunidense debe atender la “degradante” situación de la seguridad en México, proponen Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley. La exhorta a decidir cuáles asuntos de seguridad deberían emprenderse para ubicar la ayuda de la administración de Obama hacia México y cómo esa ayuda debería priorizarse.
Cuatro prioridades potenciales emergen del estudio: ayudar a la principal corriente del gobierno mexicano y racionalizar la entrega de servicios de seguridad; alentar al gobierno mexicano para tender un puente en la brecha de coordinación entre la seguridad federal y local; apoyar los esfuerzos de México para dirigir las preocupaciones domésticas, tales como el crimen común y la inseguridad personal; y enfocarse menos en la transferencia de tecnología y más en la construcción de la confianza hacia las instituciones.
Estado fallido o Plan Mérida
Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas, considera que el informe de la Corporación Rand no ofrece información nueva, además de que le parece “muy floja y no actual”, pues cita fuentes secundarias como notas periodísticas que, a su vez, citan fuentes oficiales. La analista encuentra dos aciertos en el estudio: que México no tiene y debe tener una estrategia de seguridad nacional y que la ayuda del gobierno estadunidense no debería enfocarse únicamente en el crimen organizado y el narcotráfico, sino considerar las “amenazas cotidianas” a la seguridad de las personas, aunque no aporta ninguna sugerencia de cómo fortalecer ese rubro.
Al referirse a la opción política de la asociación estratégica que propone la Rand a la administración de Obama, Carlsen considera que el estudio no define la base de esa asociación que “en la práctica es una forma de intervención inaceptable y ineficaz”.
Acerca de la amenaza del “terrorismo e insurgencias” que aborda el informe, Carlsen señala que es preocupante que se integre este tema, pues los autores admiten que “no existe evidencia actual de vínculos fuertes de Al Qaeda en México”. Por otra parte, desestima el análisis de amenazas que por ahora no son manifiestas, pues se corre el riesgo de caer en la especulación.
“Ésta es una desviación de la metodología del mismo informe, que se propone analizar las amenazas existentes no potenciales. ¿Por qué si el estudio habla de amenazas en potencia sólo menciona las insurgencias rebeldes, cuando en México existen grupos paramilitares que han cometido atrocidades y que, sin duda, dado el nivel de desertores y corrupción en las fuerzas armadas y policías, se beneficiarían de los nuevos equipos de capacitación que envíe el gobierno estadunidense?”
Respecto del diagnóstico del think tank estadunidense, Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, estima que sus autores parten de la base de que México tiene áreas fallidas sin ser un Estado fallido, como calificó a este país y a Pakistán el informe Joint operating environment 2008 del Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos en su capítulo “Estados débiles y fallidos”.
“Si ese fuera el caso, Estados Unidos no se plantearía hacer una asociación estratégica de gobierno a gobierno con México; ellos no harían una asociación estratégica con un Estado fallido, sólo harían una alianza estratégica con un Estado en funciones, aunque tenga muchos problemas, como el caso colombiano”.
Benítez apunta que la mayoría de los diagnósticos que hacen los think tanks en Estados Unidos y en el mundo coinciden en señalar que Colombia está hecha pomada, aunque el Estado está funcionando, está reformándose, combate a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al narcotráfico, por lo que tampoco es un Estado fallido, sino un país con muchas fallas donde el Estado tiene la “energía” para combatir a sus amenazas.
Admite que el Estado mexicano es incapaz de ganar la guerra contra el crimen organizado con sus propios recursos, por eso el presidente Calderón “pide la Iniciativa Mérida, pues es preferible ser aliado de Estados Unidos que serlo del crimen organizado”.

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Transacciones financieras bajo control estadunidense

Tal como el acuerdo firmado en junio de 2007 entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre la vigilancia de los pasajeros europeos, este nuevo “acuerdo” sobre el control de transacciones financieras legitima una situación creada, en efecto, por Estados Unidos. En los dos casos por igual, la administración estadunidense se apodera ilegalmente de los datos personales de ciudadanos europeos antes de que Europa le confiera tal derecho, para lo cual le es necesario modificar sus disposiciones jurídicas.

Jean-Claude Paye*/Red Voltaire

El 23 de junio de 2006 The New York Times reveló la instalación de un programa, de la Central Intelligence Agency, que vigila las transacciones financieras internacionales. El periódico elucidó el hecho de que, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, la sociedad belga Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Communications) transmitió información confidencial al Departamento del Tesoro de Estados Unidos referente a las operaciones financieras de sus clientes.
Swift es una sociedad estadunidense de derecho belga que gestiona el intercambio internacional de datos de unas 8 mil instituciones financieras de 208 países. Esta empresa efectúa la transferencia de datos relativos a los pagos o títulos, incluyendo las transacciones internacionales en divisas. Todo lo anterior, sin hacer circular dinero.
Los datos que se intercambian se almacenan en dos servidores. El primero de ellos está ubicado en Europa y el segundo, en Estados Unidos. Cada uno contiene la totalidad de los datos. Los mensajes interbancarios que se intercambian en la red Swift contienen datos de carácter personal, protegidos por el derecho belga y por el derecho europeo.
Esta sociedad está, de igual manera, sujeta al derecho estadunidense, ya que uno de sus servidores está en suelo estadunidense. Por esta razón, a esta sociedad le fue posible violar el derecho europeo para someterse a la conminación del Ejecutivo estadunidense. Las autoridades belgas siempre se negaron a emprender acciones legales en contra de Swift, a pesar de haber constatado numerosas transgresiones de la empresa al derecho belga y europeo.
No olvidemos que el sistema Echelon y el programa de vigilancia de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos) le permiten a Estados Unidos apoderarse de información electrónica, incluyendo los datos financieros de Swift, en tiempo real. Su lectura es tanto más fácil, en cuanto los criptosistemas DES, DES triple y AES de los datos concernientes a las transacciones mundiales entre bancos son estándares estadunidenses patentados en ese país. El Ejecutivo de Estados Unidos se provee, entonces, de datos que ya poseía o que le sería muy fácil obtener. De lo anterior se desprende que el objetivo principal de estas exigencias por parte de Estados Unidos es obligar a las sociedades privadas a transgredir el derecho europeo e inducir a las autoridades políticas de ese continente a transformar sus leyes para poder autorizar la apropiación de información. Para el gobierno de Estados Unidos no se trata, únicamente, de la instalación de un sistema de control en tiempo real de las transacciones internacionales, sino más bien de legitimarlo.
Nunca se consideró la suspensión de la transferencia de información hacia las aduanas estadunidenses, ni siquiera después de la divulgación del asunto. Swift se adhirió a los principios del Safe Harbor, que “garantizan” la protección de los datos almacenados bajo normas análogas a aquellas en vigor en la Unión Europea, con el objeto de adaptarse, formalmente, a la Directiva de la Unión Europea sobre protección de datos personales.
Esta adhesión redunda en un autocertificado que, supuestamente, proporciona garantías en cuanto a posibles impugnaciones ante autoridades independientes. Sin embargo, la calidad de independencia de tales autoridades está poco definida. El Safe Harbor deja en una situación vulnerable a la persona concernida. Es ella quien deber verificar la situación de conformidad del organismo estadunidense que trata sus datos y, si le es necesario, es quien debe encontrar y recurrir a la autoridad independiente de control apta para estudiar su caso. Si a pesar de todos estos obstáculos una persona o empresa tiene la posibilidad de constatar una falta en el proceso y logra entablar acciones, el gobierno estadunidense puede, incluso, apelar a la noción de “secreto de Estado” para, así, impedir cualquier acción judicial.
En cuanto a la cláusula del “acuerdo” de junio de 2007 que autoriza la obtención de datos personales por parte de Estados Unidos, ésta representa la concretización de un acuerdo unilateral de Estados Unidos. A fin de cuentas, no se trata de un acuerdo bilateral como lo pretendió el Parlamento europeo, sino de un texto cuyo contenido puede ser modificado sin la aprobación de las dos partes. El gobierno estadunidense tiene la facultad de modificar sus compromisos según la evolución de su legislación nacional o según su voluntad, en el caso en que decida emitir nuevas exigencias; todo esto, sin necesidad de ratificar ni, incluso, consultar a la otra parte.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos da garantías meramente formales en cuanto a la utilización de los datos. Se compromete a utilizarlos o intercambiarlos con otras agencias o terceros países con el propósito exclusivo de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la definición de terrorismo es tan amplia que puede aplicarse a cualquier persona u organización aludida por el gobierno estadunidense.
Los datos inmóviles no serán conservados más allá de cinco años después de su recepción; periodo de tiempo lo bastante suficiente para que las agencias estadunidenses los utilicen a su gusto.
Como garantía del respeto a la confidencialidad de la información, la parte estadunidense insiste en la existencia de varios niveles independientes de control. El acuerdo menciona “otras administraciones oficiales independientes”, como también un “consultorio de auditoría independiente”.
El hecho de que un órgano se considere una institución independiente de otro órgano del mismo Estado es algo que habla bastante sobre la mera formalidad de esta autonomía. La misma observación puede hacerse en cuanto a la auditoría independiente. Del mismo modo, cuando el caso Swift salió, en junio de 2006, a la luz, el gobierno estadunidense ya había declarado que no existió abuso en la utilización de los datos, puesto que el acceso a éstos era controlado por una sociedad privada “externa”, el grupo Booz Allen, una de las sociedades más importantes contratadas por el gobierno de Estados Unidos.
La interpretación entre lo que se considera público y lo privado es orgánica. Que tal sociedad privada pueda considerarse independiente del Poder Ejecutivo de Estados Unidos pone en evidencia la falta de solidez de las garantías obtenidas por los negociadores europeos.
Este nuevo “acuerdo” deja de manifiesto la existencia de una estructura política imperialista, en la que el gobierno de Estados Unidos se encarga de dar las órdenes, mientras que las instituciones europeas se dedican, simplemente, a la tarea de legitimar frente a su población. En efecto, no se trata de un acuerdo entre dos potencias soberanas, puesto que no existe más que una sola parte, que es el gobierno estadunidense, quien consolida su derecho de disponer de datos personales de europeos, y quien, en compensación concede, de manera unilateral, garantías meramente formales que, al mismo tiempo, pueden modificarse o suprimirse unilateralmente. Así, el Ejecutivo estadunidense ejerce directamente su soberanía sobre la población de los dos lados del Atlántico.
*Sociólogo. Últimas obras publicadas: Global war on liberty, Telos Press, 2007; La lucha antiterrorista: del Estado de excepción a la dictadura, Argitaletxea Hiru, 2008
Traducción del texto: Francisca Carmona

Minas mexicanas, sobreexplotadas por trasnacionales

Alba Martínez

Desde la llegada del panismo a la Presidencia, la Secretaría de Economía ha venido “flexibilizando” sus políticas en beneficio de 628 proyectos mineros de 257 compañías trasnacionales (198 canadienses) y sociedades de inversión con participación extranjera. Documentos de la Secretaría de la Función Pública revelan riesgo de corrupción; al tiempo, la Auditoría Superior de la Federación alerta un desvío de 17 millones 640 mil pesos (25.3 por ciento) en el control de concesiones.

En 2008, durante su Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón expresó que, según la Encuesta compañías mineras 2007/2008, elaborada por el Instituto Fraser, de origen canadiense, México calificó en el primer lugar de potencial minero en el ámbito internacional.
En la encuesta aplicada a 3 mil compañías dedicadas a la exploración, explotación y otras actividades relacionadas con la minería, el Instituto Fraser también consideró que este país ocupa el lugar 28 (de 100) respecto del potencial político. Éste, “quizá –cita el documento–, es el más importante indicador que busca medir la totalidad de las políticas y su atractivo para la inversión”.
De 2002 a 2008 la Secretaría de Economía (SE) ha constituido el marco jurídico, legal y administrativo –brindando confidencialidad– en beneficio de 628 proyectos administrados por 257 compañías de origen extranjero; 198 canadienses, que representan el 77 por ciento.
Mario Patrón, investigador y colaborador del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegura que con las reformas a la Ley Minera el gobierno mexicano buscó otorgar certeza jurídica y económica a las compañías extranjeras. “Es la flexibilización de las leyes para permitir la sobreexplotación de recursos naturales y abrir aún más el mercado. El auge de la explotación extranjera en el país no cumple con una política pública integral que beneficie a la población mexicana”.
De las últimas reformas a la Ley de Minas destaca el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2005, por el que se constituyó un organismo descentralizado y de apoyo de la Secretaría de Economía, coordinado por la Dirección General de Minas (DGM): el Servicio Geológico Mexicano (SGM), que brinda atención e información a las compañías interesadas.
El investigador opina que con las reformas aprobadas “se golpeó a la pequeña y mediana industria, ya que a éstas les resulta más difícil cubrir los altos costos de los procesos y métodos de extracción. Se privilegió la entrada de grandes capitales de inversión de compañías extranjeras de manera directa, sobre todo las empresas canadienses”.
Para la Cámara Minera de México (Camimex) aún son siete los “retos políticos” que enfrenta la industria minera mexicana, expresan en un análisis de la empresa internacional Grupo Behre & Dolbear Inc que circula en una publicación interna.
Son “factores de riesgo” para la inversión: el sistema económico del país, el sistema político, el grado en el que los problemas sociales afectan a la minería, el grado de corrupción, el tiempo que se requiere en la obtención de permisos, la estabilidad del tipo de cambio y el régimen fiscal, según la Camimex.
El investigador Mario Patrón afirma que el marco jurídico es sumamente laxo. “Es el resultado de la determinación del gobierno. La Ley Minera tutela de facto que el Estado es el dueño y, por lo tanto, tiene el derecho unilateral de otorgar las concesiones”.
Así, en los dos últimos sexenios, de 2000 a 2008, se han otorgado un total de 22 mil 825 títulos de concesión –entre reasignaciones y nuevas concesiones– a empresas mineras en el país –45 millones 903 mil 311.24 hectáreas acumuladas– con un alto índice de participación y crecimiento de inversión internacional en la producción minera.
Además, la inscripción al Registro Público de la Minería –que actualmente cuenta con 1 mil 828 sociedades de inversión– se incrementó a más del 42 por ciento de concesiones mineras con capital extranjero, según el registro de la Secretaría de Economía: Principales indicadores de la administración de concesiones mineras 2007-2008.
Pero, para dos dependencias gubernamentales, las cifras y los procesos de asignación y operación de concesiones mineras, administradas por esa secretaría –a través de sus dos órganos descentralizados (la Dirección General de Minas y el Servicio Geológico Mexicano)– , muestran irregularidades.
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un “desvío significativo” de 17 millones 640 mil pesos, 25.3 por ciento del control de operación y pagos por concesiones; mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) considera que la administración pública de la Secretaría de Economía hace “factible” el riesgo de corrupción.
Se solicitaron entrevistas con María Jiménez Valverde, titular de la Coordinación General de Minas, y Andrés Fuentes, gerente de Difusión y Medios del Fideicomiso y Fondo Minero, pero no hubo respuesta. También, con Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma, titular de la DGM, por conducto de Fernando Arias, de Comunicación Social de la Secretaría Economía, con igual resultado.
El superávit extranjero
De acuerdo con el reporte Estadísticas de inversión de empresas con participación extranjera en México, elaborado por la Secretaría de Economía, la DGM asegura que a septiembre de 2008 existían 257 empresas con capital extranjero operando en México que “manejan” un portafolio de 628 proyectos en total.
De las empresas extranjeras, la Dirección General de Minas apuntó que el 77 por ciento (198) tienen sus oficinas centrales en Canadá; 14 por ciento (36), en Estados Unidos; 2 por ciento (cinco), en Inglaterra; 1.5 por ciento (cuatro), en Australia; poco más del 1 por ciento (tres), en Japón; 1 por ciento, en China y Corea (dos); y una empresa por cada país en Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú.
En 26 estados de la república mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería. Los proyectos, de mayor a menor número, se concentran en Sonora (154), Chihuahua (87), Durango (70), Sinaloa (66), Zacatecas (50), Jalisco (35), Oaxaca (31), Baja California (16), Nayarit (15), Guerrero (15), Guanajuato (11), Michoacán (10), Chiapas (nueve), Estado de México y San Luis Potosí (ocho), Coahuila (siete), Nuevo León (cinco), Puebla (seis), Querétaro, Baja California Sur y Colima (cinco), e Hidalgo (tres), señala el informe.
Del total de proyectos operados por empresas con capital extranjero en México, 549 (87.42 por ciento) se encuentran en etapa de exploración; 56 (8.92 por ciento), en producción; y 23 (3.66 por ciento), en desarrollo.
Aproximadamente, 426 proyectos (68 por ciento) están asociados a la extracción de oro y plata, considerados metales preciosos; 103 (16 por ciento), con polimetálicos; 77 (12 por ciento), con cobre; 17, con hierro (3 por ciento); y el resto, con otros metales y materiales, como germanio, platino, paladio, cobalto, amazonita, wulfenita, legrandita, ágata, wollastonitam tungsteno y otros.
De cifras de 2007 y reportes mensuales publicados en su portal de internet, la DGM expone que se expidieron en todo el país 2 mil 467 títulos de concesión y asignación minera que amparan una superficie de 135.9 millones de hectáreas, lo que alcanzó un saldo acumulado –en el mismo año– de 24 mil 442 títulos de concesión y asignación minera por una superficie total de casi 149 millones de hectáreas.
La doble nacionalidad de las mineras
Felipe Calderón, en su Informe de Gobierno de 2008, dijo que el 72.3 por ciento de la inversión minera era nacional, que provino de las empresas afiliadas a la Camimex, y el 27.7 por ciento correspondió a inversiones extranjeras.
Por su parte, en 2007 la Secretaría de Economía reportó en su Anuario estadístico de la minería mexicana ampliada que la inversión privada sumó 2 mil 156 millones de dólares y estuvo compuesta por el 70.96 por ciento nacional y el 29.04 extranjera, lo que representa 1 mil 530 y 626 millones de dólares, respectivamente.
En la misma evaluación, Economía expuso la conformación de 151 nuevas sociedades, lo que representa un incremento de 13.5 por ciento respecto del año anterior; de éstas, 74 con capital mexicano y 77 –más de la mitad– con algún grado de participación de capital extranjero.
Además, de las 73 sociedades inscritas durante 2007 en el Registro Público de Minería, 36 son de capital social mexicano y 37 cuentan con participación extranjera. En total, el registro cuenta con 1 mil 828 sociedades mineras acumuladas.
El investigador Mario Patrón dice que “en algunos proyectos mineros hay alianzas y fusiones con capitales extranjeros –sociedades de inversión–, como las empresas Peñoles o Grupo Industrial México; inversiones que sin duda tienen capital de diversos países y se acreditan como nacionales”.
La Secretaría de Economía informa que, de las 1 mil 755 acumuladas hasta 2007, 979 son mexicanas y 776 extranjeras; 55.7 por ciento y 44.2 por ciento, respectivamente.
“La mayoría de las veces, las empresas internacionales tienen subsidiarias registradas en el país, pero en realidad son parte de grandes compañías internacionales”.
México, del interés “iberoamericano”
En febrero de 2006 se estableció la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) en Quito, Ecuador, ratificada en Bolivia el 10 de marzo del mismo año. Está integrada por 22 países adheridos a la Cumbre de Países Iberoamericanos.
La ASGMI “invita” a algunos miembros honorarios no iberoamericanos que “podrán tener” los mismos derechos y obligaciones que los otros. Canadá es el país honorario representado por su Servicio Geológico y su titular, Douglas Michael Ellerbeck.
México, que a partir de la reforma de ley aprobada en 2005 ya cuenta con el Servicio Geológico, también es reconocido ante “todos aquellos servicios gubernamentales de geología y minería de los países iberoamericanos” y se conserva como el principal destino en América Latina de los gastos de exploración a nivel mundial, con una participación de 24 por ciento, junto a otros países receptores en América Latina: Perú y Chile. En segunda posición se ubica Canadá, con 19 por ciento.
Al servicio minero
Según sus estatutos (reformados en 2005), al Servicio Geológico se le confiere solicitar y recibir “con carácter confidencial” información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas, así como los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas.

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Discrecional adquisición de bienes nacionales por extranjeros

Nydia Egremy

De manera discrecional el gobierno mexicano autoriza a extranjeros la adquisición de tierras, minas y aguas. Especialistas demandan legislar para que se acabe con los permisos arbitrarios. Por permisos de explotación, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe 11 millones de pesos.

El dominio de extranjeros sobre el suelo y subsuelo mexicanos que desde 1996 permitió el Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido por los entonces secretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, José Ángel Gurría y Herminio Blanco, fue el punto de partida de 13 años de reformas legales para permitir el acceso a bienes inmuebles, explotación de recursos mineros y de aguas nacionales a ciudadanos de otros países. A cambio, la cancillería reportó ingresos, por expedir esos permisos, que en el primer semestre de 2007 representaron 11 millones 694 mil 3 pesos, conforme a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al respecto, el académico y especialista en derecho Raúl Carrancá y Rivas considera que la Cámara de Diputados podría, y debería, presentar una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución para limitar la venta del patrimonio de México, “habida cuenta de que implica un abuso y una concesión que va más allá del espíritu constitucional de parte del Estado para darles esos beneficios a los extranjeros”. Agrega que, “políticamente, esto es muy propio del panismo en el poder desde Fox. El Estado maneja una política discrecional, por lo que hay que quitarle la discrecionalidad mediante esa reforma al (artículo) 27. No hay otro camino”.
Fue el 22 de octubre de 1996 –19 meses después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte– cuando ese Acuerdo Desregulatorio abrió la posibilidad para que personas físicas o morales extranjeras adquirieran bienes inmuebles en territorio nacional, obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional. Se determinó entonces que correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplicar esa nueva norma a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial actuó en el mismo sentido, a través de su Unidad de Desregulación Económica.
A pesar de que el artículo 27 constitucional impide a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, zona conocida como restringida, el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados fuera de esa áreas a los extranjeros que se constituyeran en un fideicomiso, bajo el Título Segundo de la Ley de Inversión Extranjera.
Adicionalmente al Acuerdo Desregulatorio de 1996, el 2 de marzo de 1998 se promulgó el Acuerdo General que permite “a los nacionales de aquellos países, con los que los Estados Unidos Mexicanos sostiene relaciones diplomáticas, beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Inversión Extranjera”. Esa norma establece que los extranjeros que pretenden adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida sólo deben presentar ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE una solicitud por escrito en el que convengan lo que dispone la Constitución.
Permisos sin límite
De acuerdo con el sitio electrónico de la cancillería, ésta otorga permisos a los extranjeros para constituir fideicomisos y obtener el dominio de inmuebles en territorio nacional, así como permitir su uso y aprovechamiento. Asimismo, deberá cubrir el pago de derechos que establecen las fracciones III y V, inciso a, del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos vigente. Cinco días hábiles después de que formule la petición, esa dependencia deberá resolverlo.
Hasta ahora, se desconoce cuántas solicitudes se han aprobado desde que entró en vigor el Acuerdo Desregulatorio de 1996, así como los ingresos que recibió la cancillería por concepto de derechos por el otorgamiento, recepción y examen de las solicitudes de permiso para la adquisición de inmuebles por extranjeros fuera de la zona restringida, así como de las concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional.
En cambio, la revisión que hizo la ASF a la Cuenta Pública 2007 de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos, de Programación, Organización y Presupuesto y la de Contabilidad de la SRE reveló que, de enero a junio de ese año, esa dependencia otorgó 2 mil 545 permisos cada uno con una tarifa de 4 mil 595 pesos, lo que dio un total para ese semestre de 11 millones 694 mil 300 pesos.
Del universo de 121 millones 63 mil pesos que la cancillería reportó en el Estado analítico de ingresos de la cuenta pública al mes de junio de 2007, la ASF auditó 54 millones 282 mil 200 pesos. De esa suma, el órgano fiscalizador federal determinó que 42 millones 586 mil 900 pesos provinieron de la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones, y 11 millones 694 mil 300 pesos procedieron de la recepción y estudio del escrito de convenio de renuncia para la adquisición de inmuebles fuera de zona restringida u obtención de concesiones para la exploración y explotación de minas o aguas en el territorio nacional.
En la auditoría 07-0-05100-02-0053, respecto de la recaudación de ingresos por permisos y concesiones, la ASF observa que “la Ley Federal de Derechos no establece el límite de permisos y concesiones que se pueden otorgar a un ciudadano extranjero, por lo que se considera necesario que las leyes sean congruentes entre sí”.
Al respecto, la cancillería informó a la ASF, por medio del oficio ASJ-300 del 8 de enero de 2008, que en el artículo 1, párrafos primero y tercero de la Constitución, no se establecen restricciones a las personas extranjeras en cuanto al número de permisos y concesiones que se les pueden otorgar, por lo que “sería violatorio del principio de igualdad establecido en dicho ordenamiento”.
Tendencia a acotar
La apertura a los extranjeros tiene su antecedente en el auge de la desregulación y simplificación administrativa del gobierno mexicano que tuvo su mayor expresión en el último lustro del siglo XX y que se amparó en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Éste privilegió la desregulación para “mejorar la eficiencia” y “eliminar la discrecionalidad de la autoridad”, así como el exceso de trámites burocráticos.
No obstante, la tendencia internacional actual corre en sentido contrario a esa desregulación estatal mexicana, tanto respecto de la adquisición de bienes inmuebles por los extranjeros como de la obtención de concesiones para explotar los recursos minerales e hidrológicos. En otros países del continente americano, así como en Europa y Asia, se registran políticas gubernamentales contrarias a otorgar esos permisos indiscriminadamente.
Por ejemplo, el proyecto de ley que ingresó al Senado de la República de Argentina el 8 de mayo de 2009 propone que una persona física o jurídica extranjera no puede obtener más del 2 por ciento de territorio de una provincia o del 10 por ciento de una comuna. “El objetivo de la presente ley no es prohibir que los extranjeros que inviertan en nuestro país, sino ponerles límites y condiciones razonables”, sostiene la iniciativa.
Limitaciones semejantes existen en Brasil, donde un extranjero no puede poseer más del 25 por ciento de las tierras municipales, o en El Salvador, donde el artículo 109 de la Carta Fundamental establece que la propiedad de los bienes raíces “rústicos” no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen los salvadoreños no tengan iguales derechos, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos comerciales.
El artículo 122 de la Constitución de Guatemala determina que los extranjeros requieren autorización del Estado para adquirir la propiedad de los bienes inmuebles, pues éstos son reserva territorial del país. Canadá aplica la Investment Canadá de 1985, que prevé que las inversiones extranjeras directas no deben superar los 5 millones de dólares y menos de 50 mil millones de dólares para las inversiones extranjeras indirectas sin autorización legal. El permiso del Estado será necesario cuando, por razones de interés público, el Ministerio de Industria así lo recomiende, aunque será examinada por el Consejo de Ministros.
Estados Unidos aplica la Ley de Revelación de Inversión Extranjera en la Agricultura de 1976, que establece que los extranjeros que adquieran tierras agrícolas con una extensión mayor a 10 acres (4.04 hectáreas) deberán registrar su adquisición dentro de los 90 días siguientes. El estado de Indiana, en aquel país, aplica una restricción para los extranjeros que no tienen intención de naturalizarse como ciudadanos estadunidenses, pues no pueden conservar tierras de más de 320 acres (129.28 hectáreas) por más de cinco años.
Una normatividad similar aplica el estado de Missouri con respecto de los extranjeros y empresas foráneas que buscan adquirir tierras agrícolas. Los propietarios de esos predios que residan en aquel estado están obligados a vender el inmueble en el lapso de dos años si pierden su calidad de residentes. El fértil Iowa, situado en la región centro-oeste de Estados Unidos, permite a los extranjeros adquirir el dominio de todo tipo de tierras bajo el Iowa Code, sin embargo, no los autoriza a poseer tierras para uso agrícola.
La legislación de Corea del Sur prohíbe a los extranjeros comprar tierras, aunque permite a las compañías foráneas adquirir bienes raíces que necesiten para concretar sus operaciones. Las leyes de Dinamarca exigen a los extranjeros autorización previa del Ministerio de Justicia cuando pretenden comprar bienes raíces; y la Land Act de 1965 de Irlanda exige a los extranjeros el permiso de la Comisión de Tierras para comprar o arrendar tierras agrícolas, aunque exime de esa norma a los extranjeros con siete años de residencia continua.
Noruega, por medio de la Norway Concession Act de 1917 –modificada en 1974–, establece que los extranjeros que deseen adquirir tierras requieren autorización del Ministerio de Agricultura e Industria. Finalmente, el caso suizo tiene relieve particular, pues la Ley Federal Suiza sobre Adquisición de Bienes Raíces por Extranjeros (denominada Lex Friedrich) fue objeto de un intento desde el gobierno para derogarla; sin embargo, un referéndum ciudadano votó en contra y, ante la persistencia por modificarla, fue enmendada en 1997.
Con esa modificación, los extranjeros sin permiso de residencia en Suiza que pretendan adquirir inmuebles deberán tener la autorización gubernamental. No obstante, la enmienda incorporada exime a las personas naturales con permiso de residencia por un periodo mayor a un año de la obligación de contar con autorización del gobierno para comprar los bienes raíces que ocupan. Bajo la Lex Friedrich, las autorizaciones de compra o arriendo de no residentes y empresas extranjeras deben solicitarse a las autoridades locales.
Esta transformación en las legislaciones internacionales para acotar el acceso de extranjeros a sus tierras y recursos permite concluir a Raúl Carrancá y Rivas que, si bien la Constitución establece ciertos principios, “acatarlos depende del patriotismo, de la buena fe, de la buena voluntad del Estado y de los propios extranjeros”.
Sin embargo, cuando se detectan abusos del derecho constitucional, el Congreso debe reaccionar inmediatamente –en concreto, la Cámara de Diputados– para presentar una iniciativa de ley que puntualice que, ante un abuso, debe eliminarse la discrecionalidad, indica.
“Es urgentísimo, porque de lo contrario se está solapando la acción que criticamos, y considero que estamos en presencia de un abuso sin discusión del Poder Ejecutivo y corresponde tomar conciencia de esto a la Cámara de Diputados”, concluye el doctor en derecho Raúl Carrancá, merecedor a la Medalla de Oro al Mérito Académico.

Desfalco en combate a la pobreza

Érika Ramírez

Responsable de abatir la pobreza en México, la Sedesol incurre presumiblemente en un daño al erario por casi 200 millones de pesos en la contratación de personal, indica la ASF. La suma significa más de 1 mil 500 becas para niños de tercer grado de primaria que habitan en las comunidades más marginadas del país.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) maneja casi 200 millones de pesos sin justificar. La dependencia deberá comprobar documentalmente cómo fueron ejecutados los recursos que habrían beneficiado a unos 1 mil 500 niños, con las becas de educación básica que otorga el programa Oportunidades. Las observaciones también representan 57 veces más el “apoyo” al municipio más pobre del país, Metlatónoc, en La Montaña de Guerrero.
Y es que de acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la secretaría que encabeza Ernesto Cordero Arroyo tuvo observaciones por 199 millones 53 mil 500 de pesos, tan sólo en el pago de honorarios a profesionales encargados de ejecutar los programas gubernamentales.
De la partida 1201 “Honorarios”, relativa a la contratación de personal en áreas estratégicas para paliar la miseria de casi 50 millones de mexicanos, se observaron pagos por arriba de los presupuestados. Éstas son: la Unidad de Microrregiones y la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, atendidas por los funcionarios Germán Palafox Palafox y Ramiro Ornelas Hall, respectivamente.
La ASF constató que en ambas áreas prestan sus servicios 17 personas con contratos vinculados a programas que cumplen funciones administrativas, por 4 millones 42 mil 400 pesos. Los cargos son cubiertos con recursos del presupuesto asignado a la Oficialía Mayor, con niveles de subdirector, director y director general adjunto.
Según el tabulador de percepciones de los funcionarios públicos, un subdirector de área, con clave NB1, obtiene 41 mil 509 pesos mensuales; un director, clave MB2, 48 mil 149 pesos, y un director general adjunto gana 61 mil 725 pesos, en el mismo lapso de tiempo.
El documento de la ASF indica que lo estipulado para los 17 funcionarios contratados por honorarios va en contra del artículo 131 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que “para la supervisión y operación de los programas sujetos a reglas de operación, el pago mensual bruto de honorarios no podrá rebasar el máximo correspondiente al grupo jerárquico de jefe de departamento”.
Es decir, en relación con los montos asignados por la Presidencia de la República, cada uno de los operadores administrativos debió cobrar 13 mil 603 pesos por mes, según la clave OA1 que indica el documento oficial. Sin embargo, las cifras proporcionadas por la ASF indican que el promedio de lo percibido por los 17 empleados de la Sedesol es de 237 mil 788 pesos para cada persona.
Los mismos 4 millones 42 mil 400 pesos destinados a sus salarios pudieron significar el beneficio de 31 mil 95 becas para niños en situación de pobreza extrema, en el tercer grado de educación primaria, durante un mes.
Mientras, en el municipio con mayor miseria del país, Metlatónoc, Guerrero, la Sedesol reporta que se entregaron apoyos por un total de 3 millones 448 mil 720 pesos, asignados a 3 mil 498 familias, 3 mil 185 becarios y 53 adultos mayores, durante el bimestre noviembre-diciembre del mismo año en que se aplicó la auditoría. Lo anterior significa que las observaciones en la partida de “Honorarios” rebasan por 593 mil 680 pesos a los apoyos otorgados a los más pobres del país.
Contratos desaparecidos
El máximo órgano de fiscalización también hizo observaciones por 972 mil 600 pesos; de ellos 452 mil 900 pesos no fueron comprobados con siete contratos que cubrían el monto. Otros 519 mil 700 pesos corresponden a la firma de contratos con cuatro personas, en el mismo periodo, sin que exista evidencia de la cancelación de los primeros contratos.
Esta acción contraviene el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica que los pagos devengados a cargo de sus presupuestos deberán estar “debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos…”, dice la ASF.
Los 972 mil 600 pesos reportados en contratos con inconsistencias también pudieron significar el ejercicio de 6 mil 484 becas para niños que cursan el cuarto grado de primaria en zonas con los menores índices de desarrollo humano; por ejemplo, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, el segundo municipio más pobre del país, según la Lista de los 125 municipios con menos índice de desarrollo humano, que reporta la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Unidad de Microrregiones.
En esta región, la Sedesol entregó apoyos apenas por 1 millón 252 mil 690 pesos, de los que no se asignó ningún monto a los adultos mayores de 70 años y sólo se beneficiaron a 1 mil 467 familias y 1 mil 119 becarios del lugar.
La ASF también revisó 335 contratos de servicios profesionales de los que detectó pagos por 32 mil 400 pesos, del 1 de enero al 30 de junio de 2007, que contravienen el artículo 58 del Manual de normas presupuestarias para la administración pública federal, que establece que “en ningún caso el monto mensual bruto que se pacte en los contratos por concepto de honorarios podrá rebasar los límites autorizados conforme a los tabuladores establecidos en las disposiciones aplicables”.
Datos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades muestran que, con 32 mil 400 pesos, la dependencia pudo haber atendido a 166 niños en el quinto año de primaria.
En otros dos casos, dice el documento de fiscalización, se firmaron los contratos correspondientes para un periodo determinado; mismos que volvieron a firmarse al término, ahora con percepciones por 22 mil 700 pesos.
La ASF enfatiza que la Sedesol no proporcionó evidencia del registro de los contratos de tipo A y B ante la Función Pública, dentro de los 30 días naturales siguientes a su celebración. Además de que no se tiene acceso al registro de los contratos de servicios profesionales por honorarios celebrados y publicados en la página electrónica de la dependencia.
Documentación inconsistente
La ASF también objetó los resultados del rubro “Cuentas por liquidar certificadas”, de las que hizo observaciones por 132 millones 234 mil 600 pesos en trámites administrativos, que si no son solventados tendrán que ser devueltos a la hacienda pública.
El desglose de cifras corresponde a siete pólizas de cheque originales por un monto de 5 millones 79 mil 400 pesos que no se proporcionaron a los auditores de la ASF; tres por un monto de 2 millones 344 mil 600 pesos que se encontraron en fotocopia; 18 nóminas originales por 31 millones 280 mil 300 pesos que no se encuentran firmadas por el personal contratado.
Otros 11 casos que significaron una erogación de 40 millones 317 mil 500 pesos son fotocopias de las nóminas firmadas por los contratistas de la Sedesol, mismas que no sirven a la ASF para comprobar su fiscalización. Además de 3 millones 109 mil 100 pesos de los que “no se encontró evidencia del reintegro ante la Tesorería de la Federación”.
El monto observado por la ASF representa 10 veces más la asignación de recursos al tercer municipio más pobre del país, Tehuipango, Veracruz. Ubicada en la Sierra de Zongolica, esta región obtuvo 3 millones 960 mil 570 pesos durante el último semestre de 2007. La cifra corresponde a los “apoyos” entregados a 3 mil 484 familias y 3 mil 490 becas.
Además, los más de 132 millones de pesos representan el apoyo de 508 mil 594 becas para estudiantes en el último año de primaria. Según la Sedesol, cada alumno en sexto grado de primaria percibe 260 pesos cada mes para continuar con sus estudios.
Cuentas pendientes
Resultado de la revisión de la cuenta bancaria 221 4165301 de Banamex, abierta para el manejo de pago de remuneraciones, la ASF comprobó que al 1 de enero de 2007 esta cuenta tenía un saldo inicial de 36 millones 191 mil de pesos.
De esta cuenta se descontaron 1 millón 551 mil 900, correspondientes a cheques en tránsito y comisiones. El resto, 34 millones 639 mil 100 pesos, debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. No obstante, la ASF no encontró ninguna evidencia de que los recursos hubieran regresado a las arcas de la nación.

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El contrato inexplicable

Facturaciones de 420 mil horas/hombre de consultoría en sólo un mes colocan bajo la lupa el multimillonario contrato entre el Seguro Social y la firma hindú Tata Consultancy Services de México. Y como sancionador y operador, un primo hermano de la casa presidencial.

La reunión del Consejo Nacional de Seguridad, lejos de ayudar al entendimiento, sirvió para profundizar el distanciamiento entre el gobierno federal y algunos mandatarios estatales.

Manuel Espino, ex presidente del Partido Acción Nacional, espera que el estilo de Germán Martínez no haya llegado para quedarse en el blanquiazul. Dice que la prioridad de su partido es ganar elecciones a como dé lugar, nada más.

¿Qué pasaría si los mexicanos asumiéramos la responsabilidad de participar en la conducción de nuestro país? Ya es hora de dejar atrás el repudio y la indiferencia hacia la política.

Cinco naciones se disputan un botín energético en una de las superficies menos exploradas y explotadas del planeta. La batalla por el Ártico ha comenzado.

Sin inversiones millonarias y luego de un inicio irregular en el que sumaron cinco juegos sin triunfo, la UNAM se levantó para conquistar su sexto campeonato en el futbol mexicano. Conoce sus claves para poder celebrar.

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Los “grandes fraudes a la nación”

Simula recuperaciones por 33.7 mil MDP Auditoría Superior

Nancy Flores

Para exigir mayor presupuesto, la Auditoría Superior de la Federación simula recuperaciones para las arcas federales por 33 mil 700 millones de pesos. Hacienda, SAT y Tesorería reportan resarcimientos sólo por 52 mil pesos, el 0.00015 por ciento de lo que aparenta la ASF. Impunes, los “grandes fraudes a la nación”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría simulado resarcimientos a la hacienda pública por más de 33 mil millones de pesos, relacionados con los llamados “grandes fraudes a la nación”. El objetivo: justificar su existencia como máximo órgano de fiscalización pública y exigir mayor presupuesto.

Dicha simulación consistiría en hacer pasar por “recuperaciones” lo que en realidad son solventaciones de supuestas irregularidades observadas durante los procesos de fiscalización.
El concepto –que no está estipulado en la ley– habría sido inventado con Arturo González de Aragón al frente del órgano y sustituiría al concepto de “solventación”, descubre la interpretación de la auditoría, obtenida con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el análisis jurídico hecho por el doctor Daniel Márquez, experto en derecho administrativo, fiscal y penal.

Al aclarar (solventar) las observaciones (irregularidades), los poderes de la Unión y entes públicos federales fiscalizados evitan que se les imputen responsabilidades. Ello habría ocurrido con los daños patrimoniales que la ASF dio por solventados, en los que se incluyen los “casos más candentes”, como los califica la diputada panista Alma Alcaraz, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Y es que entre las supuestas “recuperaciones” se enlistan 10 mil 856 millones de pesos del rescate bancario; 2 mil 458 millones del Derecho de Trámite Aduanero, considerado una tributación privada; 1 mil 580 millones que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a su sindicato en 2004; 1 mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas; 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y 6 mil 800 millones de pesos de supuestas malversaciones detectadas en estados y municipios, dice el “Resumen ejecutivo” del Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, elaborado por la ASF y entregado a la Cámara de Diputados el 12 de marzo pasado.
Con la simulación, la ASF habría posibilitado el uso discrecional de varios miles de millones de pesos que habrían sido trasladados de arcas privadas a arcas públicas sin observar el método establecido por la Ley de Fiscalización Superior: el seguimiento puntual de esos recursos que se resarcen a la hacienda pública “es imposible”, reconoce el diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia.
“Problema semántico”
El legislador perredista, hermano de Jesús Ortega, asegura que en el caso de las recuperaciones “subyace un problema de semántica.
Un problema hasta de aplicación gramatical correcta y, sin duda, un uso inadecuado de conceptos contables”.
Ello, porque ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 74 y 79), ni la Ley de Fiscalización Superior ni el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación establecen el concepto de “recuperación”.
El doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que ninguno de esos tres ordenamientos, que forman el marco jurídico que regula a la ASF, se refieren a las “recuperaciones” como una facultad del máximo órgano de fiscalización del país.
Márquez dilucida que llamar recuperaciones a las solventaciones resulta de la interpretación que da la auditoría a la legislación: tras determinar la existencia de una irregularidad que todavía no deviene en responsabilidad –“al menos eso dice la auditoría”–, ésta genera una observación; entonces, la irregularidad debe ser explicada. “A la explicación que satisface a la Auditoría Superior de la Federación se le llama solventación, pero no es una recuperación”.
El experto en derecho administrativo detalla que la recuperación como concepto implica que el servidor público se haya apoderado físicamente de las cantidades de dinero y que, derivado de la acción de la auditoría, ese dinero salga del patrimonio del funcionario y regrese al de la dependencia o entidad que haya sido afectada o se reintegre a la Tesorería de la Federación.
Resarcimientos sólo por 52 mil pesos
Mientras la ASF asegura haber recuperado 33 mil 718 millones de pesos, correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas de 1999 a 2007, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala en el oficio 102-SAT-307 que, si bien la Ley Superior de Fiscalización entró en vigor desde el 30 de diciembre de 2000, el primer documento determinante (pliego definitivo) se recibió hasta septiembre de 2005.
De acuerdo con los artículos 51 y 52 de la ley, la auditoría formula pliegos de observaciones derivados de la revisión de las cuentas públicas. Éstos “determinan en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores” y deben ser solventados por los poderes de la Unión y entes públicos federales en un plazo improrrogable de 45 días hábiles.
Sólo en caso de que los responsables no solventen la observación o de que la documentación y argumentos presentados sean insuficientes, la auditoría inicia el procedimiento para imputar responsabilidades resarcitorias y, en su caso, aplica sanciones pecuniarias. Los cobros son ejecutados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del SAT y de la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Documentos internos –cuyas copias posee Contralínea– y respuestas a solicitudes de información de estas tres dependencias indican que los pliegos definitivos no reflejan más de 30 mil millones de pesos, sino apenas 48 millones 372 mil 589 pesos.
La cifra reportada por las autoridades hacendarias se refiere a créditos fiscales generados por cada pliego de observación definitivo y no a resarcimientos a favor del erario: de los 48 millones de pesos, a la hacienda pública sólo se le han devuelto 52 mil 967 pesos.
El monto real de los resarcimientos representa apenas el 0.00015 por ciento de los más de 33 mil millones de pesos que la ASF asegura haber recuperado, consta en el oficio 400- 03-00-00-00-2009-001, enviado el 15 de enero de 2009 por el administrador central de Planeación y Estrategias de Cobro del SAT, Carlos León Olaya, al diputado Antonio Ortega.
Alma Alcaraz dice que es necesario que la Cámara de Diputados investigue “a fondo esta situación, para determinar por qué Hacienda trae otros números cuando nosotros hemos considerado siempre que los 30 mil millones de pesos (se reintegraron).
Nosotros, como diputados, hemos confiado en que eso ya está en la Tesorería de la Federación y que se cumplen los artículos 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior, que establecen claramente lo que se tiene que hacer con ese dinero”.
Los artículos citados por la diputada panista, contenidos en el “Capítulo III del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias”, indican que la Secretaría de Hacienda es la entidad facultada para la ejecución de los cobros.
Además, aunque determinan que el destino de los recursos son las arcas defraudadas, la devolución debe hacerse por medio de las tesorerías.
El diputado Elías Cárdenas, del Partido Convergencia, exige a González de Aragón “probar fehacientemente las recuperaciones que dice haber hecho”. Ejemplifica con el rescate bancario: “Ahí se confunde (el diputado) Toño Ortega, de que es una cuestión semántica.
No lo es: la auditoría evitó que los banqueros cobraran los 10 mil millones de pesos de los créditos que se habían dado a sí mismos, pero eso es evitar. Recuperar es distinto a evitar. En lo demás, el auditor se comprometió, públicamente, a comprobar ante los medios de comunicación hasta el último centavo de las recuperaciones.
Yo estoy esperando que él lo demuestre”.

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Mediante subrogaciones se privatiza la salud pública

Los institutos de salud pública del país destinan millonarios recursos a la subrogación de servicios que por ley deben proporcionar a sus derechohabientes. Entre los beneficiados figuran hospitales especializados en cirugías plásticas y clínicas cuyos propietarios son cercanos a los funcionarios que los contratan.
El gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a reforzar el Sistema Nacional de Salud mediante estrategias como “rectoría efectiva, prestación de servicios con calidad y seguridad, financiamiento equitativo y sostenible”; sin embargo, ha trasladado recursos públicos, vía institutos de salud, a clínicas y hospitales privados que atienden a los derechohabientes mediante la subrogación de servicios a través de millonarios contratos que, en su mayoría, son adjudicados sin licitación pública.
Para Clara Jusidman, especialista en políticas públicas, ello significa la privatización de los sistemas de salud. Por su parte, Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que la subrogación de servicios de salud del gobierno de Calderón “es la visión tecnocrática de cómo gestionar seguridad social”.
“Es muy grave subrogar los servicios médicos. Se trata de un tic tecnocrático para gestionar en el sentido financiero la seguridad social. No sólo se está privatizando un servicio, sino la función del Estado”, detalla Leal, autor de libros como El ISSSTE en el sexenio de Vicente Fox y El IMSS bajo el Calderonismo.
Las instituciones de salud pública del país –Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (Pemex)– subrogan desde los servicios básicos, como las revisiones de gabinete, hasta cirugías y rehabilitación. Su fun ción se reduce a administrar contratos y favorecer con ello a los consorcios privados de salud.
El esquema atenta contra la función pública del sistema de salud y los derechohabientes, “porque los procesos de subrogación tienen como fin trasladar recursos, pero no mejorar los servicios”, explica Leal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación general 15 sobre el derecho a la protección de la salud, emitida el pasado 23 de abril, dice que la subrogación no ha mejorado la atención a los derechohabientes. Señaló, también, que ninguna instancia de salud pública cumple a cabalidad con el servicio, lo que violenta los derechos humanos de sus usuarios.
Entre 2000 y 2009 el organismo ha registrado 11 mil 854 quejas. “Los quejosos reportan dilación en estudios clínicos y diagnósticos, conductas discriminatorias, falta de atención en urgencias, maltrato a pacientes, intervenciones quirúrgicas negligentes, deficiente atención materno-infantil durante el embarazo o el puerperio” (servicios que son subrogados). La CNDH emitió ocho recomendaciones generales a los secretarios de Salud, Defensa Nacional y Marina, y a los directores del IMSS, ISSSTE y Pemex.
Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) documenta que el ISSSTE y el IMSS continúan como los organismos con mayor número de quejas, principalmente en los servicios de ginecobstetricia, urgencias, cirugía general y traumatología.
A ello se suma la discrecionalidad con que se manejan los esquemas de contratación.
En su revisión a distintos ejercicios presupuestales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó cuantiosas subrogaciones realizadas sin justificación alguna. La subrogación se traduce en una feria de contratos a hospitales de todo tipo, en los que hasta el mínimo servicio adquiere un costo exorbitante.
Un caso representativo del impacto económico de la subrogación de servicios médicos es el de la hemodiálisis. Hace más de una década el IMSS lo subrogó sin contar con un estudio de costo beneficio.
Pese a que la tendencia era el incremento en la demanda de este servicio, ante la proliferación de enfermedades como la diabetes, las autoridades no diseñaron una política para que el instituto estuviera a la altura y optó por que lo hicieran privado. El gasto representa 4 mil millones de pesos en contratos trianuales, lo que equivale a la quinta parte del gasto del IMSS en insumos y medicamentos.
“Por qué este servicio no lo prestó en su momento el IMSS y por qué lo subrogó.
Se pretextó un argumento de infectocontagiosidad para echarlo fuera; pronto se vio cuál era el interés porque fuera subrogado: la ganancia por parte de los prestadores y el beneficio de empresas como grupo Ángeles”, dice el investigador Gustavo Leal.
Cirugías de vacaciones
En contraste con su precaria situación financiera y su decadente infraestructura, el IMSS ha subrogado los servicios a hospitales boutique, donde el plus incluye vacaciones y shopping en sitios turísticos exclusivos del país.
“¡Ah, las vacaciones, sol, arena, surf, la cirugía!”, reza el mensaje de los hospitales Amerimed que invitan a la población mayor de 30 años a someterse a cirugías estéticas, liposucciones, lifting en el cuello, párpados y frente; abdominoplastia (meter barriga), lipoescultura y cualquier intervención para “embellecer a la persona y levantar su autoestima”.
La entrada a México del consorcio estadunidense Amerimed se dio en el sexenio de Vicente Fox. Su concepto es el de hospitales boutique para turismo internacional –personas que viajan a un determinado país para someterse a cirugías plásticas, implantes y tratamiento de rejuvenecimiento, principalmente–. Se ubican en los destinos turísticos Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta.
En el gobierno de Vicente Fox, al mismo tiempo que la Secretaría de Hacienda hacía oficial que el IMSS estaba prácticamente quebrado, el instituto subrogaba sus servicios a la cadena Amerimed, que invita a sus pacientes a “sentir la experiencia de disfrutar masajes, yoga y jacuzzi para relajar el estrés”. Además del servicio estético “inn”, incluyó los servicios básicos como ultrasonidos, prótesis dental, resonancias magnéticas, estudios de laboratorio y suministro de anteojos.
Los contratos “inn”
En noviembre de 2006, bajo la dirección general de Fernando Flores, la delegación del IMSS en Baja California subrogó al Hospital Amerimed Cabo San Lucas, SA de CV, servicios de hospitalización por 482 mil 664 pesos, según el contrato S6S071-0314386.
Lejos de la austeridad que prometió, el gobierno de Calderón avaló que los sistemas de salud pública subrogaran sus servicios a esta selecta cadena. Bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas, el 1 de enero de 2007, el IMSS subrogó a Amerimed servicios de resonancia magnética por 560 mil 393 pesos, según los contratos S7051A- 03238291 y S7051AA-03238292.
En septiembre de 2008, la delegación del IMSS en Baja California Sur contrató al Hospital Amerimed bajo la licitación 00641201-014-08; subrogó servicios médicos, dental, y dotación de anteojos por un máximo de 4 millones 265 mil 800 pesos.
El 24 de febrero de 2009 la delegación del IMSS en Quintana Roo subrogó al Hospital Amerimed Cancún servicios de oftalmología para los derechohabientes de Chetumal, Cozumel y Cancún. En total, fueron 50 consultas y 144 estudios por 1 millón 481 mil 32.5 pesos, lo que equivale a 7 mil 634 pesos por paciente.
También se subrogaron ocho sesiones de medicina física y rehabilitación, y 13 electromiografías por 71 mil 348 pesos, a razón de 3 mil 397 pesos por sesión.
Se subrogaron seis sesiones de tratamiento para cálculos por 116 mil pesos; 10 encefalogramas, 72 mil 904 pesos; 265 estudios de patología, 700 mil pesos; 40 ultrasonografías, 235 mil 294 pesos; 26 endoscopias, 400 mil pesos; 45 tomografías, 637 mil 500 pesos (14 mil 166 pesos cada una, el precio de referencia por ejemplo en Ángeles del Pedregal es de 3 mil 693 pesos); 13 estudios de resonancia magnética nuclear, 508 mil 695 pesos.

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¿Por la radio y TV Mèxico votarìa por un estado PAN/Policiaco?

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. ¡Cuántas veces los izquierdistas hemos gritado en las calles que el pueblo está con nosotros y la realidad es que no es así! En nuestros programas y en nuestros pensamientos están los trabajadores; siempre representamos sus intereses históricos e inmediatos, pero su pensamiento mediatizado o enajenado está con los burgueses que lo han manipulado durante siglos.Se dan cuenta de su realidad en las luchas sociales, en sus batallas de clase social, pero en la familia y en los comicios actúan como individuos al servicio de las clases dominantes. En las votaciones actúan como individuos aislados y solitarios, con miedo a ser castigados. Por eso llegarían a votar por un Estado policía.
2. La radio y la televisión, sobre todo esta última, mantienen a la mayoría de la población en condiciones de profunda enajenación durante más de seis horas del día. Con programas hábilmente planeados, dirigidos a la creación de valores de consumo de mercancías a partir de repetir una y mil veces qué es lo bueno, lo bonito y elegante, parecen crear ilusiones y necesidades a la gente para que no se queden sin consumir. Por ese camino van modelando a radioescuchas y televidentes a una forma de pensar y actuar que al pasar los años se convierte en “la cultura”. Con esa manipulación al pueblo por los medios informativos se llega a la dependencia.
3. Aunque algunos pequeños sectores de izquierda y seres pensantes no se dejen manipular fácilmente, el 90 por ciento de la población que frecuenta esos aparatos al servicio de la ideología dominante, se mueve al ritmo de los mensajes de la radio y la TV. En los movimientos sociales les mentamos la madre a esos medios o por lo menos nos burlamos de ellos, pero basta con preguntar la opinión de una persona en la calle para darnos cuenta de que repiten lo que escucharon o vieron horas antes en los medios informativos. Por eso se ha dicho que los maestros (o los opinadores) sólo son correas de transmisión de la ideología de la clase dominante.
4. En México, por el papel manipulador de los medios, mucha gente ha llegado a exigir la aplicación de la pena de muerte o por lo menos “el castigo ejemplar para los delincuentes”, precisamente porque esos medios difunden esa ideología mediante entrevistas y comentarios bien escogidos. Parecería que la población pide una “patria ordenada” con la vigilancia permanente del ejército y la policía. Afortunadamente no es toda la población, sino sólo un sector de poderosos empresarios y altos políticos panistas que usando a los medios logran difundir con amplitud su ideología. Pero penetran tanto los medios que es posible que pronto se pida un Estado policíaco.
5. Más que miedo a la llamada inseguridad, la población mexicana lo que necesita son empleos e ingresos que les alcancen para vivir. Si en vez de que el (des) gobierno de Felipe Calderón dilapide miles de millones de pesos en comprar armas, en aumentarles salarios al ejército y contratar decenas de miles de policías, esas cantidades las dedicara a crear empleos, otra cosa sería México: tendría empleos, ingresos y seguridad. Pero el auto llamado “presidente del empleo” durante su campaña política, pasará a la historia como el “presidente del desempleo” ya como gobierno. Nunca en la historia del país hubo tantos y tantos millones de desempleados y desplome de la producción.
6. He tenido desde siempre la convicción de que los únicos preocupados en el país por la inseguridad son los grandes ricos y sus familias que circulan con gigantescos automóviles blindados y con una fuerte guardia de guaruras. También hay sectores de las clases medias altas muy preocupados porque ya no se pueden mover “con la libertad que lo hacían antes”. Lo malo es que ambos sectores (los ricos y los menos ricos) aparentan ignorar cuál es el origen de los robos, los secuestros y de la llamada delincuencia. Para éstos son la “delincuencia organizada”, cuando no quieren ver que es la miseria, el desempleo, la desesperación de más de 30 millones de seres humanos.
7. Si la mayoría de la población tuviese empleos bien pagados sólo los enfermos por la ideología del dinero y los negocios se dedicarían a los asaltos, los secuestros y los robos. Los narcotraficantes no tendrían los millones de empleados campesinos, indígenas y pobres que les sirven como agricultores, transportadores y comerciantes, ni tampoco tendrían la extensión del mercado que tienen en los EEUU y México. Por cierto, ¿Cuál es el tamaño de mercado en cuanto al volumen de venta en esos dos países? ¿No será que el mercado yanqui es mucho más grande y lo que hacen las autoridades mexicanas es servir de policía para cuidar los intereses de los EEUU?
8. Aparentemente el gobierno de Calderón, según su propaganda política, le ha propinado certeros golpes a los narcotraficantes; sin embargo la realidad es muy distinta. El narco está vivito y coleando y cada día se demuestra que su penetración en las esferas gubernamentales es cada vez mayor. Son ya miles de muertos inocentes, además de miembros del ejército y narcotraficantes enfrentados en la mayoría de los estados de la República. Se ha dado el dato de 11 mil personas muertas en los últimos años sin que se tenga idea de cuándo termine esa guerra. ¿Espera acaso Calderón llevarse los seis años con una especie de Estado policíaco militar instalado?
9. Para evitar que la población siga siendo manipulada por derecha política y empresarial es necesario llevar adelante las luchas clasistas. Los procesos electorales, sobre todos como el mexicano, responden al individualismo. ¿Cómo un pueblo, una sociedad puede votar colectivamente por sus propios intereses, es decir por sus tierras, sus créditos, sus derechos colectivos? Si los procesos electorales siguen organizándose como procesos con votos individuales podría darse el caso que los mismos electores elijan a sus propios asesinos y para eso contribuyen los medios de información. ¿No cabe una revisión profunda de esos procesos electorales individualistas?.

El origen del conflicto entre el gobierno de Perú y los indígenas

BBC/Rebelión

La protesta que actualmente tiene a los indígenas como protagonistas se inició el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos dictados por el presidente peruano Alan García.

Entre las normas cuestionadas figura una que regula el manejo de los recursos hídricos y otra que establece los parámetros de gestión del patrimonio forestal.

Esos decretos fueron dictados en 2008 por el presidente, en uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

Las comunidades indígenas sostienen que esas normas son "lesivas" a sus intereses y permiten la "privatización" de los bosques y los recursos hídricos. Bajo esos argumentos iniciaron la protesta que incluye cortes de carreteras, cierre de válvulas de gasoductos y bloqueo a la navegación en los ríos.

Desde el Gobierno, en cambio, explican que esa legislación "ordena" el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas. También aclaran que la inversión privada es necesaria para el Perú, siempre que se respete lo establecido en las leyes.

En medio de la protesta se abrió una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y de las comunidades originarias que hasta el momento no arrojó resultados concretos.

Los ánimos de los manifestantes comenzaron a caldearse el pasado jueves después de que el Congreso -por iniciativa del oficialismo- decidiera posponer el debate sobre la derogación del decreto forestal.

Esa decisión fue considerada como "una burla" por los indígenas quienes decidieron radicalizar las protestas.

La protesta de indígenas peruanos derivó este viernes en graves incidentes en los que murieron al menos 33 personas.

En los hechos violentos que tuvieron lugar en la provincia amazónica de Bagua perdieron la vida 11 policías y tres indígenas según informó el primer ministro, Yehude Simon. Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en tanto, denunciaron la muerte de 22 indígenas de la etnia awajún.

Esas manifestaciones forman parte de una protesta que se desarrolla en diversos departamentos del país y que se inició hace dos meses.

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando la policía intentó despejar una carretera bloqueada por miembros de las comunidades originarias de la amazonia.

Desde la organización que representa a un sector de los nativos culparon al gobierno de haber ordenado la represión.

El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, encabezó una conferencia de prensa en la que llamó "hacer una marcha por la paz, dignidad y la soberanía nacional".
Pizango refutó la versión dada por el gobierno y denunció que "a nuestros hermanos los han matado, los han fusilado solamente por defender el derecho de todos los peruanos a vivir dignamente en el territorio".

El dirigente solicitó "una veeduría internacional" y también pidió a la Defensoría del Pueblo del Perú que ayude "a solucionar estos grandes problemas que el gobierno ha agravado".

Tras anunciar que tiene un pedido de captura, Pizango insistió: "La tranquilidad de la protesta se ha roto cuando la policía y los militares entraron a meter bala".

El dirigente indígena reiteró sus críticas a los decretos legislativos que fueron dictados en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

"El agua y los territorios son de la nación y hoy en día quieren privatizarlos", afirmó Pizango.

No hay problema - Hernández

Cerraron 200 mil productores de leche en 5 años por baja de precio

Denuncian propietarios de ranchos que el país es invadido con lácteos importados
Las autoridades dejaron el mercado en manos de 10 consorcios monopolizadores, acusan
En 15 días, Liconsa reducirá la tarifa de compra de 4.60 a 4.30 pesos; prevén más quiebras

Andrés Timoteo Morales

Jalapa, Ver., 6 de junio. Durante los últimos cinco años alrededor de 200 mil productores lecheros abandonaron la actividad y se deshicieron de sus hatos por la depresión del mercado y el desplome del precio en el mercado, causado por la invasión de lácteos importados que compiten de modo desleal con los productos mexicanos.

Álvaro González Muñoz, líder del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FNPCL), informó lo anterior y añadió que los pequeños propietarios tienden a desaparecer ante la complacencia de las autoridades federales, quienes decidieron entregar el mercado nacional a los grandes consorcios monopolizadores.

Prueba de ello son las medidas para reducir al mínimo el precio por litro de leche mexicana, que actualmente requiere un subsidio de 90 centavos para salvar del colapso a los productores nacionales, indicó en conferencia de prensa con otros miembros del FNPCL.

Los productores demandaron a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) tramitar ante la Cámara de Diputados un fondo de 100 millones de pesos para Liconsa –empresa de participación estatal mayoritaria– a fin de que les pague a 5.20 y no 4.60 pesos por litro de leche.

González Muñoz refirió que desde abril pasado Liconsa dio a conocer que reduciría el precio pagado a los 15 mil proveedores de leche nacionales de 4.60 a 4.30 pesos por litro, lo que generó movilizaciones de productores, por lo que dependencia se vio obligada a posponer la medida durante algunas semanas.

Sin embargo, en 15 días el precio se situará oficialmente en 4.30 por litro de leche, lo que hará quebrar a cientos de productores, por lo cual pedimos no sólo que se mantenga el subsidio hasta diciembre próximo, sino que se eleve a 90 centavos para salvar parte de la producción nacional, explicó.

En septiembre de 2008, productores de leche veracruzanos derramaron su producto en la Plaza Lerdo de Jalapa, en protesta por el desplome del precio y la invasión de lácteos importados. Foto Archivo La Jornada

Según González Muñoz, hay una aparente intención de abatir el precio del producto de manera premeditada para beneficiar al oligopolio de 10 grandes consorcios que dominan el mercado interno, entre los que destacan Nestlé, Lala y Alpura, cuyas cuantiosas importaciones de leche tienen un subsidio de hasta 60 por ciento del costo.

El efecto inmediato es que se venga abajo el producto nacional y los monopolizadores fijen el precio a su gusto, detalló a su vez el secretario de la FNPCL, Antonio Salim Saldívar.

En consecuencia, los productores mexicanos viven una situación desesperada porque las empresas hegemónicas depreciaron hasta 40 por ciento el cobro por litro de leche y muchos ganaderos ya optaron por vender sus hatos y dejar la actividad, relató.

De 2004 a la fecha, alrededor de 200 mil de los 350 mil productores lecheros nacionales vendieron sus animales y optaron por otra actividad, al sobrevenirles la quiebra financiera. Actualmente sólo quedan 150 mil, detallaron los dirigentes.

En contraparte, las importaciones de productos lácteos crecieron más del 300 por ciento durante el último quinquenio, y tan sólo en 2008 ingresaron al país 200 mil toneladas de leche en polvo y 400 mil toneladas de sueros, quesos y complementos para fórmulas lácteas.

De los 30 millones de litros que se producen diariamente en México se tiran hasta 3 millones por no hallar mercado, ante la saturación causada por fórmulas lácteas importadas y a pesar de que el consumo nacional asciende a unos 45 millones de litros por día, indicaron los representantes de los productores.