jueves, mayo 17, 2012

360 mil millones, la caja chica del gobierno

En plena contienda electoral, el gobierno de Felipe Calderón tiene acceso a más de 360 mil millones de pesos fuera del presupuesto público, revela la Secretaría de Hacienda. Se trata de los fondos acumulados en 361 fideicomisos, de los cuales cinco concentran el 45 por ciento del total: Fonadin, Fonden, Seguro Popular, Fondo para la Reestructura de Pensiones y Fideicomiso de Pensiones del Banrural. Cuatro de éstos son controlados por Hacienda y uno por la Secretaría de Salud. Por su discrecionalidad, el máximo órgano de fiscalización en México considera a las figuras fiduciarias como un área de opacidad y riesgo. 
En el último año del sexenio, el gobierno federal administrará 367 mil 515 millones 800 mil pesos fuera del presupuesto público aprobado por la Cámara de Diputados. El dinero se encuentra depositado en 361 fideicomisos federales, estatales y “privados”, revela la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al cuarto trimestre de 2011.
De esas 361 figuras fiduciarias, cinco concentran el 45.1 por ciento del total: 165 mil 866 millones 100 mil pesos. Éstos son el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), con una bolsa de 48 mil 176 millones 500 mil pesos; el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con 38 mil 694 millones 400 mil; el Fideicomiso del Sistema de Protección en Salud (Seguro Popular), con 31 mil 692 millones 400 mil; el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), con 27 mil 22 millones 500 mil; y el Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural, con 20 mil 280 millones 300 mil pesos.
De estos cinco, destaca el caso del Fonadin no sólo porque compromete el mayor monto –que equivale al 13.1 por ciento del total–, sino porque incluye los recursos de los controvertidos Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra) y Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Ambos, involucrados en millonarios fraudes contra las finanzas públicas.
Creado el 29 de agosto de 1997, el Fonadin tiene por objetivo “fungir como vehículo de coordinación de la administración pública federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística”; también, auxiliar “en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica”.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, en 2011 los ingresos del Fonadin ascendieron a 26 mil 930 millones 104 mil pesos. Además de contar con las transferencias del Finfra y del FARAC, sus recursos también “provienen de las cuotas de peaje de las autopistas concesionadas, arrendamientos, recuperación de siniestros, venta de bases, comisiones cobradas, resarcimiento por recuperación de derechos e intereses ganados”.
En ese mismo ejercicio, sus egresos sumaron 33 mil 108 millones 581 mil pesos. La Secretaría de Hacienda, que funge como el fideicomitente, indica que “al cierre del cuarto trimestre de 2011 se han cubierto oportunamente las obligaciones financieras respectivas y se realizaron las acciones necesarias para la administración, operación y conservación de los tramos carreteros de la concesión, así como lo relacionado a la inversión en los proyectos de infraestructura”.
Los escasos datos sobre el destino de los más de 33 mil millones de pesos se “justifican” porque “toda la información del fideicomiso se encuentra reservada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos”. Así lo indica la dependencia que encabeza José Antonio Meade, además de añadir que el fideicomiso “no ha recibido aportaciones de recursos públicos presupuestarios”.

Los 25 más onerosos
El Fonadin, el Fonden, el fideicomiso del Seguro Popular, el FARP y el Fideicomiso de Pensiones del Banrural forman parte, a su vez, de la lista de los 25 fideicomisos con “los montos más elevados”, como los identifica la propia Secretaría de Hacienda en el “Anexo XVII. Fideicomisos sin estructura orgánica (no son entidad paraestatal)”. Los 25 reúnen el 85.6 por ciento del total: 314 mil 548 millones de pesos. Así, el resto –336 fideicomisos– se reparte el 14.4 por ciento, esto es un fondo de 52 mil 967 millones 800 mil pesos.
El monto total depositado en fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura –367 mil 515 millones 800 mil pesos– equivale a 2.8 veces la inversión de la Refinería Bicentenario, que se construirá en el próximo sexenio en Tula, Hidalgo (y cuyo costo se calculó en 129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales, desde 2010 y hasta 2015), y a 11.6 veces el presupuesto 2012 de la Universidad Nacional Autónoma de México (por 31 mil 653 millones 775 mil 147 pesos).
Para la diputada perredista Esthela Damián Peralta, “el tema de la elección presidencial pone en focos rojos el manejo de los recursos públicos federales y locales. Según el momento, hay algunas áreas o algunos recursos que son más sensibles o más delicados o con una mayor preocupación por la forma en la que se operan, por la manera o por los controles políticos que se tienen para determinados temas. Los fideicomisos han sido fiscalizados de manera permanente por la Auditoría Superior de la Federación [ASF]. Aunque en número se han reducido, se han otorgado mayores montos presupuestales a éstos”.
Respecto del manejo del dinero en tiempos electorales, el panista Mario Alberto Becerra asegura que “todo fideicomiso tiene un fin específico. Evidentemente no puede haber distracción de recursos para cuestiones electorales”. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados agrega que estas figuras fiduciarias están fiscalizadas por la ASF y, además, desde un punto de vista técnico no podría haber otros destinos para el dinero de los fideicomisos que no estuvieran establecidos en su finalidad.
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Elba Esther Gordillo: opaca fortuna, evidente poder

La opacidad acompaña los ingresos de Elba Esther Gordillo sin importar si se trata de recursos de procedencia pública. Son dineros que además de llenar los bolsillos de la lideresa magisterial la dotan de poder político. Sus fuentes de financiamiento y poder: sus sueldos como profesora y presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una red de complicidades al interior de esta estructura y el control que su grupo político ejerce sobre diversas instancias de la administración pública.

 
 
El poder político de Elba Esther Gordillo Morales es de conocimiento público, no así su incalculable fortuna derivada, entre otras, de su encargo como presidenta vitalicia del sindicato más grande de América Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con alrededor de 1 millón 400 mil agremiados.
Alberto Serdán Rosales, especialista en gasto público y quien ha participado en organizaciones estudiosas de la agenda educativa, refiere ciertas fuentes de dinero y poder para Gordillo Morales. Aclara que se trata, en algunos casos, de posibilidades fundadas en literatura, pues “el sindicato es una organización privada” que, por tanto, no está sujeta a las leyes de transparencia, ni siquiera en lo que se refiere al manejo de los recursos públicos que se le otorgan.
El sueldo que percibe como presidenta y profesora del SNTE, la red de complicidades en la que sus familiares y cercanos ocupan puestos importantes dentro de esta estructura, y, derivado de lo anterior, el control que la también fundadora del Partido Nueva Alianza (Panal) ejerce sobre las cuentas y asignación de contratos del sindicato magisterial, dicen de su alcance político y económico.
Una investigación realizada por Sergio Aguayo y Alberto Serdán revela que durante la primera mitad de la administración de Felipe Calderón el grupo político de la maestra podría haber manejado hasta 1 billón 611 mil 771 millones de pesos. Esto como consecuencia de su control sobre instituciones como el SNTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Lotería Nacional, el Panal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Serdán Rosales precisa que no se trata de dineros que la sindicalista se “guarde en la bolsa”, sino de “cómo ese poder presupuestario apuntala un poder político”. A mediados de 2011 la misma Elba Esther aceptó públicamente su pacto con Calderón: ella lo respaldó en su camino hacia la silla presidencial a cambio de puestos clave en el ISSSTE, la Lotería Nacional y el SNSP. Así fue como llegaron a la cabeza de estas dependencias Miguel Ángel Yunes, Francisco Yáñez y Roberto Campa, respectivamente.
El maestro en Políticas Sociales y Administración advierte las limitaciones de profundizar en ciertas “áreas de penumbra”, como los recursos provenientes de las cutas sindicales, pues la SEP se “rehúsa” a informar y a desglosar por entidad el monto que al respecto canaliza al SNTE.
De acuerdo con información obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de diciembre de 2006 a abril de 2011 ingresaron al SNTE 471 millones 386 mil 601 pesos por cuotas sindicales (ramos 11 y 25). Lo anterior resulta increíble, pues de 2005 a octubre de 2011, tan sólo dos de las 59 secciones que integran el SNTE, la X y XI, erogaron 175 millones 305 mil 198 pesos bajo el mismo concepto (Contralínea 266).
El interés público por desnudar la fortuna de Elba Esther Gordillo ha sido tal que en 2005 la organización Punto Crítico entabló ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal una demanda en su contra por enriquecimiento ilícito. Un año después la PGR envió a “reserva” la investigación.
Todas estas posibles fuentes de financiamiento comparten una característica: la opacidad y sigilo con que se manejan, sin importar incluso si se trata de recursos públicos.
Es el caso del sueldo que la lideresa del SNTE cobra como profesora, no obstante que no desempeña labores de docencia. Como lo documentó Animal Político, al menos en 16 ocasiones la SEP negó esta información solicitada a través de la Ley de Transparencia: “Es inexistente” o “sólo compete al sindicato”, son los argumentos.
Finalmente en marzo pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) resolvió el recurso de revisión de un ciudadano inconforme con la negativa de la SEP. Fijó un plazo de no mayor a días 10 hábiles para que esta instancia diera a conocer dicho sueldo.
En su investigación, María Elena Pérez-Jaén, comisionada ciudadana del IFAI  descubrió que los registros de esta secretaría y los de la Secretaría Educativa del Estado de México distan entre sí. Los primeros reportan que hasta el tercer trimestre de 2011 la maestra recibió un sueldo de 249 mil 671 pesos; los segundos, hablan tan sólo de 24 mil 574 pesos.