La Organización de Naciones Unidas (ONU) fue creada el 24 de octubre de 1945 por 51 estados en la ciudad de San Francisco (oeste), Estados Unidos, con las metas esenciales de
preservar la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo económico y
social y defender los derechos humanos. En la actualidad el organismo cuenta con 193 estados miembros.
Una mirada al mundo nos muestra que no ha cumplido con ninguno de sus objetivo. Hoy la ONU cumple 67 años de su fundación y de servir como instrumento imperial para imponerse y justificar acciones bélicas que convienen a la oligarquía mundial y que han costado millones de vidas en todo el planeta.
Desde hace 20 años que se le solicitan cambios y recibe duras críticas a la reiterada intromisión del imperio en otros países para dominarlos, saquearlos y cometer genocidios.
El llamado Consejo de Seguridad es la muestra de que es un organismo completamente antidemocrático en el que se toman todas las decisiones importantes y sólo está conformado por Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. África, por ejemplo, no cuenta con un representante permanente en el Consejo de
Seguridad a pesar que la mitad de los temas de su agenda están
relacionados con el continente africano. América Latina, tampoco.
Hace más de 20 años que la gran mayoría de los países de la Asamblea General se pronuncian en contra del bloqueo a Cuba y el bloqueo continúa. Es la fecha que la resolución 181 respecto a Palestina pronunciadas en 1947 no se cumple. Como éstos hay cientos de casos.
Su secretario general, Ban Ki-moon, el títere de turno, advirtió que a más de seis décadas de la fundación del organismo, el mundo atraviesa un período de profunda inestabilidad, transición y transformación. Pura formalidad, palabras al viento que vergüenza debían de darle. “La inseguridad, la desigualdad y la intolerancia se están extendiendo. Todo ello está poniendo a prueba a las instituciones mundiales y nacionales”, ha dicho Ban Ki-moon quien llamó a “estar a la altura” de las actividades relacionadas con la paz, el desarrollo, los desarrollos humanos, el estado de derecho y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes. Para que "estén a la altura" tendrían que hacer un borrón y cuenta nueva porque para nada de esto ha servido.
La ONU es un burocracia muy bien pagada en dólares donde se reúnen diplomáticos a quienes poco les importa que se trafique con armas para desestabilizar países o que se asesinen millones de personas. Cómodamente sentados en sus curules, y eso cuando asisten a las sesiones, entran en somnolencia y luego se van a sus países sin que nada suceda para evitar crímenes espantosos.
Según Ban Ki-moon los representantes en la ONU son el personal de mantenimiento de la paz que desarma a los combatientes, los trabajadores de la salud que distribuyen medicamentos, los equipos de socorro que ayudan a los refugiados, los expertos en derechos humanos que contribuyen a que se haga justicia. Este hombre o no tiene sentido del ridículo o su cinismo es inconmensurable. Para Ban Ki-moon las Naciones Unidas “no puede por sí sola cambiar nuestro mundo. El futuro depende del trabajo que se haga con aquellos que apoyan al organismo en términos de una agenda que priorice el desarrollo y la erradicación de la pobreza”. Por supuesto que la ONU no puede cambiar al mundo ni nada que se le parezca, más valdría que desapareciera y se creara un organismo nuevo, democrático y que tuviera autoridad moral para evitar las injusticias y la intromisión imperial que tantos estragos ha causado. Por principio debía de cambiar de dirección y ubicarse en otro país. Estados Unidos suele incluso negarle la visa a diplomáticos de países que les simpatizan que tienen el derecho de ir a exponer asuntos de interés mundial.
miércoles, octubre 24, 2012
El outsourcing triturador del trabajador
Román Munguía Huato
Rebelión
Mentras el presidente electo Enrique Peña Nieto anda como agente vendedor malbaratando la economía nacional en la Unión Europea y haciendo acuerdos políticos con los ganadores inexplicables del Premio Nobel de la Paz, aquí los senadores están muy “preocupados” por la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo; seguramente están muy preocupados por los trabajadores a los que dicen representar, pues se autonombran “representantes populares”, pero lo cierto es que aparentan estar revisando el proyecto de ley cuando todo está “cocinado” para seguir despedazando los derechos laborales, triturando a los trabajadores por la vía legal.
Uno de los temas que está acordado por la mayoría de los “representantes populares” es el relativo a la subcontratación de los trabajadores. Debemos dejar muy claro que el outsourcing o la tercerización de contratación de personal o de mano de obra está legalizado desde hace mucho tiempo en materia jurídica laboral. El problema no es en sí mismo el outsourcing sino la transgresión flagrante de los derechos de los trabajadores que hacen los contratantes de las empresas externas y las compañías subcontratadoras mismas. Este es el verdadero problema existente el cual se pretende legalizar para beneficio únicamente de los empresarios coludidos junto con los políticos y líderes sindicales corruptos: la cleptocracia. Esta transgresión ha venido trayendo graves daños a la mayoría de los propios trabajadores contratados bajo esta modalidad y también a diversas instituciones como la Secretaría de Hacienda, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit. A estamos últimas se les perjudica con el delito de evasión fiscal.
Por ejemplo, más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del IVA e ISR. La evasión del ISR por esquemas de subcontratación ascendió a 15 mil 820 millones de pesos de 2004 a septiembre de 2010. Arturo Urbina, doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, dijo que esto sucede porque existe corrupción en la función pública. Más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e ISR. Urbina indicó que el problema se detectó desde que comenzó a caer la recaudación fiscal y el pago de cuotas, principalmente por parte de las grandes empresas y compañías trasnacionales.
Se trata entonces de la imposición brutal de la legalización de la indefensión jurídica de los trabajadores para su mayor explotación por el capital en general. La reducción salarial al máximo posible. Se trata de abaratar al máximo posible el costo de la mano de obra para convertir más al operario en esclavo: reforzar por la vía jurídica el trabajo asalariado como la forma de esclavitud moderna, según decía hace más de un siglo Karl Marx, tan vilipendiado y odiado por la burguesía, sus gobiernos y sus acólitos propagandísticos.
México se ha convertido –con la mundialización del capital acorde a los dictados de los grandes organismos financieros (FMI, OCDE, Banco Mundial)– en un verdadero paraíso del outsourcing. Un excelente reportaje de Jorge Covarrubias del semanario Proceso en su edición local (13/10/2012) informa que, “según el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), el 40% de los trabajadores jaliscienses están subcontratados por agencias de outsourcing y afiliados mañosamente a sindicatos corporativos priistas. De esta manera sus derechos quedan en manos de los patrones y sus beneficios se recortan para incrementar las ganancias de los dirigentes gremiales, los políticos y los industriales. Las agencias de colocación no se conforman con subcontratar a los empleados para eliminar el pago de prestaciones de ley, sino que además los afilian sin su consentimiento a organizaciones corporativistas del PRI, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
“Jorge Barajas, director del Cereal, señala que los descuentos por aportaciones sindicales no aparecen en la nómina, por lo que el trabajador no se da por enterado. Explica que son dos razones por las que las agencias de colocación establecen pacto con los sindicatos corporativistas: la primera es que le dan la titularidad del contrato colectivo para proteger a la empresa de la eventual aparición de un verdadero sindicato, y la segunda es que si un trabajador tiene una queja, cuando vaya con el representante gremial a interponerla, éste en lugar de apoyarlo lo delatará para que sea despedido. Paul Aguirre Ochoa, representante legal del Cereal, expone que son suficientes 10 mil pesos y una asociación de dos personas para constituir una agencia, debido a la flexibilidad de la Ley de Sociedades Mercantiles. El surgimiento de nuevas agencias es motivado por los más de 50 millones de pesos mensuales que representa el mercado del outsourcing. Dice que su evasión fiscal es impresionante, pues ‘se joden al IMSS, se joden a Hacienda y se joden a las industrias manufactureras’ con el pago de impuestos.”
Pero principalmente se joden a los trabajadores. Los empresarios voraces y socios se joden, pues, a todo el mundo, y todo el mundo sale perjudicado menos ellos, sin duda.
Rebelión
Mentras el presidente electo Enrique Peña Nieto anda como agente vendedor malbaratando la economía nacional en la Unión Europea y haciendo acuerdos políticos con los ganadores inexplicables del Premio Nobel de la Paz, aquí los senadores están muy “preocupados” por la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo; seguramente están muy preocupados por los trabajadores a los que dicen representar, pues se autonombran “representantes populares”, pero lo cierto es que aparentan estar revisando el proyecto de ley cuando todo está “cocinado” para seguir despedazando los derechos laborales, triturando a los trabajadores por la vía legal.
Uno de los temas que está acordado por la mayoría de los “representantes populares” es el relativo a la subcontratación de los trabajadores. Debemos dejar muy claro que el outsourcing o la tercerización de contratación de personal o de mano de obra está legalizado desde hace mucho tiempo en materia jurídica laboral. El problema no es en sí mismo el outsourcing sino la transgresión flagrante de los derechos de los trabajadores que hacen los contratantes de las empresas externas y las compañías subcontratadoras mismas. Este es el verdadero problema existente el cual se pretende legalizar para beneficio únicamente de los empresarios coludidos junto con los políticos y líderes sindicales corruptos: la cleptocracia. Esta transgresión ha venido trayendo graves daños a la mayoría de los propios trabajadores contratados bajo esta modalidad y también a diversas instituciones como la Secretaría de Hacienda, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit. A estamos últimas se les perjudica con el delito de evasión fiscal.
Por ejemplo, más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del IVA e ISR. La evasión del ISR por esquemas de subcontratación ascendió a 15 mil 820 millones de pesos de 2004 a septiembre de 2010. Arturo Urbina, doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, dijo que esto sucede porque existe corrupción en la función pública. Más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e ISR. Urbina indicó que el problema se detectó desde que comenzó a caer la recaudación fiscal y el pago de cuotas, principalmente por parte de las grandes empresas y compañías trasnacionales.
Se trata entonces de la imposición brutal de la legalización de la indefensión jurídica de los trabajadores para su mayor explotación por el capital en general. La reducción salarial al máximo posible. Se trata de abaratar al máximo posible el costo de la mano de obra para convertir más al operario en esclavo: reforzar por la vía jurídica el trabajo asalariado como la forma de esclavitud moderna, según decía hace más de un siglo Karl Marx, tan vilipendiado y odiado por la burguesía, sus gobiernos y sus acólitos propagandísticos.
México se ha convertido –con la mundialización del capital acorde a los dictados de los grandes organismos financieros (FMI, OCDE, Banco Mundial)– en un verdadero paraíso del outsourcing. Un excelente reportaje de Jorge Covarrubias del semanario Proceso en su edición local (13/10/2012) informa que, “según el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), el 40% de los trabajadores jaliscienses están subcontratados por agencias de outsourcing y afiliados mañosamente a sindicatos corporativos priistas. De esta manera sus derechos quedan en manos de los patrones y sus beneficios se recortan para incrementar las ganancias de los dirigentes gremiales, los políticos y los industriales. Las agencias de colocación no se conforman con subcontratar a los empleados para eliminar el pago de prestaciones de ley, sino que además los afilian sin su consentimiento a organizaciones corporativistas del PRI, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
“Jorge Barajas, director del Cereal, señala que los descuentos por aportaciones sindicales no aparecen en la nómina, por lo que el trabajador no se da por enterado. Explica que son dos razones por las que las agencias de colocación establecen pacto con los sindicatos corporativistas: la primera es que le dan la titularidad del contrato colectivo para proteger a la empresa de la eventual aparición de un verdadero sindicato, y la segunda es que si un trabajador tiene una queja, cuando vaya con el representante gremial a interponerla, éste en lugar de apoyarlo lo delatará para que sea despedido. Paul Aguirre Ochoa, representante legal del Cereal, expone que son suficientes 10 mil pesos y una asociación de dos personas para constituir una agencia, debido a la flexibilidad de la Ley de Sociedades Mercantiles. El surgimiento de nuevas agencias es motivado por los más de 50 millones de pesos mensuales que representa el mercado del outsourcing. Dice que su evasión fiscal es impresionante, pues ‘se joden al IMSS, se joden a Hacienda y se joden a las industrias manufactureras’ con el pago de impuestos.”
Pero principalmente se joden a los trabajadores. Los empresarios voraces y socios se joden, pues, a todo el mundo, y todo el mundo sale perjudicado menos ellos, sin duda.
La guerra como política de Estado
Arsinoé Orihuela
Rebelión
La guerra en México no responde a una “estrategia”. La guerra en México tiene matices políticos inexorables. Por eso la clase política insiste en que se debe evitar “la politización de la estrategia”: que no se cuestione, que no se discuta, que no se advierta el sesgo político inmanente. El gobierno teme que la gente descubra los propósitos no confesados de la cruzada anti-narco: a saber, que la finalidad de la guerra es anular el cambio social, político; que la misión del militarismo es conservar, por la vía de la vigilancia, el control, la violencia, las antiguas estructuras de poder, aún vigentes.
No es la narcoguerra per se la que cancela el cambio, ni el terror que la guerra engendra (aunque sin duda es un factor socialmente paralizador). La suspensión del cambio al que aludimos, viene como consecuencia de las políticas que el Estado instrumenta –el militarismo, la seguridad nacional– para “combatir” ese “enemigo doméstico (el narco)” cuya existencia aquí no se pone en cuestión, pero cuya realidad es tan sólo comparable a la de los Reyes Magos (es decir, parcialmente, o acaso predominantemente artificial). Esto es, la narcoguerra en México responde directamente a un proyecto de clase (no de Nación); pende de una excusa, un pretexto –el narco o la delincuencia–, para imponer una agenda económica, política, en detrimento de las demandas históricas de la sociedad; una sociedad –la mexicana– tristemente habituada a la tradición canallesca e impositiva de la clase gobernante. Michel Foucault escribe, en relación con este aspecto: “La delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos”. En esta misma tesitura, Javier Sicilia también escribe: “Detrás de la moral puritana contra las drogas, lo que en realidad se encubre es la construcción de una guerra que permite administrar el conflicto para maximizar capitales. ¿Quiénes ganan? Los negocios contraproductivos [los ilegalismos institucionales]: los bancos que lavan dinero, la industria armamentista, los administradores de cárceles, las mafias, las Fuerzas Armadas, los laboratorios de producción de drogas, las policías y los funcionarios corruptos [aquí Javier incurre en un pleonasmo]”.
Con el propósito de dar sustentabilidad ideológica al ilegalismo rampante de las elites (clase empresarial y política), el Estado a menudo excusa las políticas que adopta alegando obligatoriedad en sus acciones: en México se pretexta la militarización en razón de la proliferación del crimen organizado. Este argumento se adereza con una serie de consignas ideológicas. Por ejemplo, aducir que la “estrategia” –el militarismo– tiene como objeto evitar que la droga llegue a manos de los más jóvenes. Empero, casual o coincidentemente, el consumo de cocaína y otras drogas se ha duplicado en años recientes, especialmente entre la franja de jóvenes que va de los 12 a los 17 años (OEA). Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, la tendencia al alza en el consumo de cocaína alcanza actualmente los 2.4 millones de personas (MILENIO).
De lo anterior se infiere que los objetivos declarados constituyen tan sólo un telón cuyo propósito es ocultar a la sociedad los objetivos reales, apreciablemente inconfesables. Y estos objetivos reales, que yacen en el fondo de una guerra que más que estrategia refiere a una política de Estado, si fueren revelados, desenmascararían el carácter profundamente arbitrario, leonino, del Estado mexicano. Huelga decir que son estos intereses sectoriales, y no el tema de la salud y/o seguridad públicas, lo que explica el fenómeno del militarismo en México y la incalificable violencia que engendra. Walter Benjamin alude a esta fórmula sin matices ideológicos: “El militarismo es la obligación del empleo universal de la violencia como medio para los fines del Estado”.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2012/10/la-guerra-como-politica-de-estado.html
Rebelión
La guerra en México no responde a una “estrategia”. La guerra en México tiene matices políticos inexorables. Por eso la clase política insiste en que se debe evitar “la politización de la estrategia”: que no se cuestione, que no se discuta, que no se advierta el sesgo político inmanente. El gobierno teme que la gente descubra los propósitos no confesados de la cruzada anti-narco: a saber, que la finalidad de la guerra es anular el cambio social, político; que la misión del militarismo es conservar, por la vía de la vigilancia, el control, la violencia, las antiguas estructuras de poder, aún vigentes.
No es la narcoguerra per se la que cancela el cambio, ni el terror que la guerra engendra (aunque sin duda es un factor socialmente paralizador). La suspensión del cambio al que aludimos, viene como consecuencia de las políticas que el Estado instrumenta –el militarismo, la seguridad nacional– para “combatir” ese “enemigo doméstico (el narco)” cuya existencia aquí no se pone en cuestión, pero cuya realidad es tan sólo comparable a la de los Reyes Magos (es decir, parcialmente, o acaso predominantemente artificial). Esto es, la narcoguerra en México responde directamente a un proyecto de clase (no de Nación); pende de una excusa, un pretexto –el narco o la delincuencia–, para imponer una agenda económica, política, en detrimento de las demandas históricas de la sociedad; una sociedad –la mexicana– tristemente habituada a la tradición canallesca e impositiva de la clase gobernante. Michel Foucault escribe, en relación con este aspecto: “La delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos”. En esta misma tesitura, Javier Sicilia también escribe: “Detrás de la moral puritana contra las drogas, lo que en realidad se encubre es la construcción de una guerra que permite administrar el conflicto para maximizar capitales. ¿Quiénes ganan? Los negocios contraproductivos [los ilegalismos institucionales]: los bancos que lavan dinero, la industria armamentista, los administradores de cárceles, las mafias, las Fuerzas Armadas, los laboratorios de producción de drogas, las policías y los funcionarios corruptos [aquí Javier incurre en un pleonasmo]”.
Con el propósito de dar sustentabilidad ideológica al ilegalismo rampante de las elites (clase empresarial y política), el Estado a menudo excusa las políticas que adopta alegando obligatoriedad en sus acciones: en México se pretexta la militarización en razón de la proliferación del crimen organizado. Este argumento se adereza con una serie de consignas ideológicas. Por ejemplo, aducir que la “estrategia” –el militarismo– tiene como objeto evitar que la droga llegue a manos de los más jóvenes. Empero, casual o coincidentemente, el consumo de cocaína y otras drogas se ha duplicado en años recientes, especialmente entre la franja de jóvenes que va de los 12 a los 17 años (OEA). Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, la tendencia al alza en el consumo de cocaína alcanza actualmente los 2.4 millones de personas (MILENIO).
De lo anterior se infiere que los objetivos declarados constituyen tan sólo un telón cuyo propósito es ocultar a la sociedad los objetivos reales, apreciablemente inconfesables. Y estos objetivos reales, que yacen en el fondo de una guerra que más que estrategia refiere a una política de Estado, si fueren revelados, desenmascararían el carácter profundamente arbitrario, leonino, del Estado mexicano. Huelga decir que son estos intereses sectoriales, y no el tema de la salud y/o seguridad públicas, lo que explica el fenómeno del militarismo en México y la incalificable violencia que engendra. Walter Benjamin alude a esta fórmula sin matices ideológicos: “El militarismo es la obligación del empleo universal de la violencia como medio para los fines del Estado”.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2012/10/la-guerra-como-politica-de-estado.html
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