sábado, febrero 18, 2012

Buques de Occidente violan más embargos de la ONU

Buques comerciales de Estados Unidos, la Unión Europea y los países de la OTAN, los que más transportan armas y drogas de manera ilegal. Un estudio del Instituto Internacional de Investigación para la Paz, con sede en Estocolmo, revela que esas naciones fallan en la aplicación de medidas contra el tráfico de armamento y estupefacientes.
Manhattan, Estados Unidos. Cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) castiga a gobiernos con sanciones económicas y embargos de armas, sus 193 Estados miembros tienen la obligación de implementar esas medidas. Pero un estudio divulgado el 30 de enero pasado, revela que sucede lo contrario.
El informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por su acrónimo en inglés) Maritime transport and destabilizing commodity flows (Transporte marítimo y flujos desestabilizantes de materias primas) señala que más del 60 por ciento de los buques que se involucran en casos reportados de violación de sanciones o tráfico ilícito de drogas, armas y otros equipos militares, son propiedad de empresas de Occidente.
Los dueños son primordialmente líneas navieras comerciales que pertenecen a países de la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La investigación concluye que las embarcaciones que violan las sanciones proceden principalmente de Alemania, Grecia y Estados Unidos.
Pero entre los 12 países que encabezan la lista también figuran Corea del Norte, Panamá, Irán, Noruega, Rusia, Belice, Holanda, Dinamarca y Japón.
“Esto no significa que los dueños de los buques o incluso sus comandantes sepan lo que están llevando [a bordo]. Pero para los traficantes es relativamente fácil esconder armas y drogas entre las cargas legítimas”, indica Hugh Griffiths, coautor del estudio del Sipri.
A lo largo de los años, el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto sanciones económicas o embargos de armas a más de 25 países, entre éstos el ya desmantelado régimen del apartheid en Suráfrica, Angola, Costa de Marfil, Haití, Irak, Liberia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán y la antigua Yugoslavia.
De acuerdo con el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad, éste recurre a castigos obligatorios como una herramienta para hacer cumplir sus mandatos “cuando la paz se ve amenazada y los esfuerzos diplomáticos han fracasado”.
La variedad de sanciones incluye medidas económicas y comerciales y otras más específicas, como embargos de armas, prohibición de viajes o restricciones financieras o diplomáticas.
De acuerdo con el Sipri, el uso de contenedores no sólo revolucionó el comercio internacional, sino que también brindó una fachada ideal para los traficantes.
De los muchos contenedores que llegan cada día a los puertos del mundo, sólo se puede inspeccionar una fracción. Los dueños de los buques e incluso los funcionarios aduaneros a menudo simplemente tienen que confiar que lo que hay en su interior es lo que indican los documentos.
“Ciertos embargos de armas de la ONU pueden resultar más efectivos si los Estados miembros brindan mayores recursos e información para controlar los envíos por mar”, indica Griffiths a la agencia de noticias Inter Press Service (IPS).
El caso de Libia es un buen ejemplo, añade, porque los Estados patrullaron la costa de ese país e interceptaron envíos de petróleo y armas bajo el amparo de un grupo que funcionaba en la órbita de la OTAN. “Esto realmente ayudó a cumplir el embargo”.
Sin embargo, medidas relativamente simples como compartir la información sobre los actores marítimos entre Estados integrantes de la ONU y el aparato de sanciones del foro mundial no existen en casos de otros embargos de armas a países de África.
También está claro que hay diferentes grados de cooperación entre las misiones de paz de la ONU con los grupos de expertos que fiscalizan el cumplimiento de los embargos, reconoce Griffiths.
Pero éste es básicamente un asunto de los Estados miembros, porque son los únicos que tienen los recursos para suministrar información y efectuar la inspección de navíos.
De acuerdo con el informe, la administración del comercio marítimo fue siempre un asunto complejo. Pero se están perdiendo oportunidades de mejorar la vigilancia y de usar mecanismos ya existentes para erradicar el tráfico.
“Sin duda no es culpa de los grupos de expertos de la ONU, ni de la Secretaría [General], responsable de apoyar el trabajo de los comités de sanciones”, señala Griffiths a IPS. Añade que “esos organismos hacen un trabajo excepcional con recursos casi siempre muy limitados”.
El fracaso radica en dos motivos: primero, el hecho de que muchos Estados no tienen la capacidad requerida, y segundo, que no hay suficientes sistemas de información compartida entre esos países.
Esta información se refiere principalmente a los buques que se sospecha participan en el transporte de equipos militares destinados a regiones africanas o a actores sometidos a un embargo de armas por la ONU.
Al ser consultado sobre si el Consejo de Seguridad debería de divulgar los nombres de estas empresas navieras, Griffiths responde que “eso es asunto del Consejo de Seguridad, pero desde una perspectiva contraria al tráfico, pienso que sería útil si se hiciera saber a algunas compañías que pueden haber ayudado –inadvertida o deliberadamente– en un proceso de transporte que en definitiva condujo a una violación de un embargo de armas de la ONU”.

Salen 6.8 billones de México y se lavan en paraísos fiscales



Cada año, desde que el PAN asumió el poder en 2001, más de 49 mil millones de dólares salen del país de manera ilícita. Los recursos son lavados en paraísos fiscales y tienen como destino final Estados Unidos y Europa, señala un informe de Global Financial Integrity. También revela que el dinero pasa a corporaciones multinacionales mediante la facturación fraudulenta. En los gobiernos de Fox y Calderón, la fuga ascendería a más de 530 mil millones de dólares, el mismo monto que el Fondo Monetario Internacional necesita para tratar de revertir la crisis económica mundial. La cifra, sin embargo, es “conservadora”, pues no incluye el dinero efectivo. México, junto con China y Rusia, a la cabeza de los países con mayor flujo de recursos financieros ilícitos

Multinacionales y empresas criminales han sacado de México alrededor de 872 mil millones de dólares de manera ilícita en 40 años. De éstos, más de 441 mil millones, el 50.5 por ciento, se fugaron entre 2001 y 2010. A pesar de que el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa asegura combatir los delitos del crimen organizado, en 2011 habrían salido otros 49 mil millones de dólares, según las tendencias detectadas por el informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida.
Así, en 11 años de gobiernos panistas, la fuga ilícita de capitales asciende a 539 mil millones de dólares, el mismo monto que el Fondo Monetario Internacional necesita para tratar de revertir la crisis económica mundial, según se dio a conocer a mediados de enero de 2012.
El monto, que asciende a 6 billones 845 mil 300 millones de pesos (a un tipo de cambio de 12.7 pesos por dólar, registrado por el Servicio de Administración Tributaria el 7 de febrero pasado), es casi dos veces el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (3 billones 706 mil 922 millones de pesos).
Elaborado por Global Financial Integrity (GFI) –centro de investigación sin fines de lucro con sede en Washington–, el exhaustivo análisis revela que Estados Unidos, los paraísos fiscales en el Caribe y los de Europa han sido los tres principales destinos del dinero.
Los flujos ilícitos se incrementaron “de manera explosiva” durante los últimos 10 años, demuestra el estudio. De un promedio anual de 3 mil millones de dólares en la década de 1970; 10 mil millones de dólares, en la de 1980; 17 mil millones, en la de 1990; se pasó a 49 mil millones de dólares anuales, de 2001 a 2010.
Esto significa que el flujo financiero ilícito se incrementó bajo los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, con un promedio anual de 49 mil millones de dólares desde que, en 2001, el Partido Acción Nacional asumió el poder.
Pese a ello, Raymond W Baker, director de GFI, indica en entrevista para Contralínea que el aumento en el flujo no se podría atribuir a cuestiones políticas. “No sabemos si realmente esto se deba a una influencia política o solamente a un incremento en el comercio. En algunos países sí puede haber un cierto vínculo más claro, pero no nos metemos tanto en eso”.
José Luis Marmolejo, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría General de la República hasta 2008, coincide con Baker: “No es exclusivo de un gobierno. No podemos echarle la culpa a los gobiernos”.
El exfiscal asegura que el problema corresponde a una falla legislativa, puesto que aún está en proceso de aprobación la ley para prevenir y sancionar el lavado de dinero.
La investigación México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida mide y rastrea la cantidad de dinero ilícito que abandonó el país de manera ilegal en 41 años, de 1970 a 2010. Tal como lo señala la organización, se considera que el dinero es ilícito si su origen, destino o movimiento es ilegal. “Si hay un elemento de ilegalidad, aunque sea uno, en todo el proceso, se considera ilícito”, explica Raymond W Baker.
Empresas multinacionales
A través de la facturación fraudulenta ha salido secretamente el 74 por ciento del capital ilícito entre 1970 y 2010, asegura el informe elaborado por Dev Kar, economista principal de GFI y quien trabajó como economista en jefe para el Fondo Monetario Internacional.
Las corporaciones multinacionales, y en un grado menor, los negocios mexicanos, son quienes, de acuerdo con Baker, llevan a cabo operaciones que hacen uso de la facturación fraudulenta.
Ésta, implica la asignación de precios equívocos, sean éstos sobreprecios de bienes importados o subprecios de productos exportados.
Para participar en la facturación fraudulenta, una forma del lavado de dinero de acuerdo con datos del GFI, individuo debe tener el capital y la oportunidad de ser parte del comercio internacional, por lo que se asume que sólo envían dinero al extranjero los particulares con un elevado patrimonio y no la población en general.
“La manipulación deliberada de las facturas de importaciones y exportaciones es uno de los métodos predominantes para sacar capital ilícito de los países”, señala el documento.
GFI estima que en las últimas dos décadas, particularmente desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la mayor parte del dinero ilícito se obtiene a través de este mecanismo.
El TLCAN liberalizó el comercio y al mismo tiempo dio la oportunidad de asignar un precio erróneo a los bienes comerciados, porque ningún país acompañó el acuerdo con mecanismos para evaluar y controlar los precios de transferencia abusivos de las empresas multinacionales o la facturación fraudulenta entre socios comerciales.
Aunque el experto carece de datos para señalar sectores específicos, supone que el incremento de las corporaciones de manufactura ya establecidas en el país han contribuido en gran medida a estos precios erróneos que van de México hacia Estados Unidos.
Para Baker, la facturación fraudulenta no siempre supone corrupción de las autoridades: “Uno puede salirse con la suya poniendo un precio más bajo en un 10 o 15 por ciento a todo lo que se exporta y es algo que es prácticamente indetectable; quizá ni el contador de la compañía local logre detectarlo. Así que no necesariamente se presupone una complicidad de las autoridades mexicanas”.
Sin que la facturación fraudulenta sea un fenómeno exclusivo del país México, GFI colocó a México en el tercer sitio en flujos financieros ilícitos, después de China y Rusia.

Paraísos fiscales y banca
El dinero, tanto lícito como ilícito que año con año sale de México, tuvo como destino principal Estados Unidos; en segundo lugar, los paraísos fiscales del Caribe; en tercer lugar, los paraísos europeos, y en cuarto sitio al grupo de bancos de países europeos desarrollados.
De acuerdo con el reporte, Estados Unidos es, por mucho, el destino favorito de los depósitos tanto lícitos como ilícitos del sector privado mexicano en cuentas corrientes. Calcula que los depósitos del sector privado han pasado de 8 mil millones de dólares a 12 mil 700 millones de dólares, entre 2002 y 2010.
Baker atribuye el hecho de que el dinero vaya a Estados Unidos a que México es la única nación emergente que tiene frontera con una “democracia industrializada”, hasta el punto en que es comprensible que el capital fluya en ambas direcciones a lo largo de la línea divisoria internacional.
El segundo destino más apreciado de los depósitos del sector privado mexicano son, conforme los datos de GFI, una serie de centros financieros extraterritoriales del Caribe, conocidos como paraísos fiscales: las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán, Panamá y las Antillas Neerlandesas. Los depósitos del sector privado mexicano pasaron de los 2 mil 700 millones de dólares en 2002, a 5 mil millones, en 2010.
Los centros financieros extraterritoriales europeos, como el Bailiazgo de Guernsey (Canal de la Mancha, al Norte de las costas de Normandía, Francia) la Isla de Man, el Bailiazgo de Jersey (también al norte de las costas de Normandía) Luxemburgo y Suiza, son el tercer destino de los depósitos del sector privado mexicano. Ahí, éstos depósitos se incrementaron de 2 mil 200 millones de dólares en 2002, a 3 mil 400 millones en 2010, tras alcanzar un máximo de casi 5 mil millones, en 2007.
El siguiente foco de absorción es el grupo de bancos de países europeos desarrollados como Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros. Los depósitos se multiplicaron por más del doble, de 1 mil 200 millones de dólares en 2002, a 3 mil millones, en 2010.
Sobre los paraísos, Baker refiere que facilitan mucho las transacciones y hacen fluido el proceso, pues están dispuestos a recibir el dinero, a encubrirlo y a transferirlo a otros puntos del mundo. “Se puede montar una corporación en un paraíso fiscal y nadie sabrá quién es el dueño”.
Lo más importante que ofrecen éstos, indica, es la confidencialidad, la capacidad de que tu dinero permanezca en el anonimato.
Para erradicarlos, en palabras de Baker, los gobiernos no han hecho lo suficiente. “Y para ser completamente honesto, existen en gran medida con la aprobación, con la venia de los países ricos porque proporcionan un lugar de semilavado de dinero”.
Explica que aunque hay mucha presión sobre los paraísos para que se vuelvan más transparentes, para que firmen acuerdos sobre intercambios de información fiscal, el proceso es complejo porque depende de que un país le haga la solicitud al otro. Si México tratara de averiguar quién ha mandado el dinero, quién lo ha transferido a los paraísos fiscales, tendría que tener una idea muy clara de qué es lo que está buscando específicamente antes de hacer la solicitud y cuando llega ésta al paraíso fiscal, éste podría negarse.
El exfiscal José Luis Marmolejo señala que “si no sabes cómo pedir la información, no la vas a obtener”.
Ante la pregunta de cuál sería la responsabilidad de Estados Unidos, Baker responde que desde la década de 1970, México le ha solicitado al Departamento del Tesoro que le conceda acceso a los mismos mecanismos para el intercambio automático de información fiscal que existen entre Estados Unidos y Canadá, y la petición no ha sido aprobada. “Esto no deja en un muy buen papel a Estados Unidos”.
En opinión del economista, la negativa se debe a que a los estadunidenses “nos gusta el dinero; así de burdo como pueda sonar”.
Por el contrario, Marmolejo asegura que sí existe un intercambio a través de las autoridades hacendarias, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene acuerdos con los países integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Cifras conservadoras
Global Financial Integrity califica a los más de 800 mil millones de dólares que han salido ilegalmente de México, en 40 años, como conservadora, puesto que las transacciones del tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de bienes, el comercio sexual y otras actividades ilícitas suelen liquidarse en efectivo, y los modelos utilizados no las pueden detectar.
Aun así, para Raymond W Baker, director de GFI, la cifra “es una pérdida devastadora y altísima para cualquier país en vías de desarrollo. Se han perdido 872 mil millones de dólares, los cuales pudieron ser utilizados para desarrollar la economía mexicana, para construir escuelas, carreteras, hospitales, para ofrecerle más servicios a la población. Las consecuencias negativas son enormes para todos los mexicanos”.
Como se señala en el documento elaborado por GFI, en la última década, las transferencias internacionales de capital ilícito representaron más del 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), “una cantidad estratosférica”.
Los flujos ilícitos como porcentaje del PIB se incrementaron del 3.8 por ciento en la década de 1960; 6.1 por ciento, en la de 1980; 4.8 por ciento durante 1990, a una media anual del 6.1por ciento del PIB en la última década, superior al ritmo de crecimiento económico.
De continuar en aumento el flujo de dinero ilícito, indica Baker, se prevé un debilitamiento de la economía nacional, menor acceso a los servicios y menores ingresos para la población.
“He visto a gente que está a la cabeza de negocios importantes y al final del año reúnen a sus empleados y les dicen que ha sido un año duro, que el precio de las importaciones se ha incrementado, que no ha podido elevar los precios de sus productos, que no les puede aumentar el salario, ni darles mayores prestaciones . En el inter, esos directores depositan medio millón de dólares al año en su cuenta de Miami; esto lo he visto en todo el mundo en desarrollo”, expresa, con ironía, Baker, quien antes de dirigir GFI trabajó en el mundo de los negocios durante 35 años.
De acuerdo con José Luis Marmolejo, las consecuencias de los flujos son unas finanzas insanas producto de la economía basada en dinero generado a través de actividades ilícitas.
GFI revela que los flujos ilícitos fueron los propulsores de la economía sumergida, la cual incluye, entre otros, el contrabando de drogas, el tráfico de armas y de personas.
Tanto la economía sumergida como los flujos ilícitos continuarán creciendo a una tasa acelerada a menos que se tomen políticas o haya una intervención de las instituciones, advierte Dev Kar.
Mala gobernanza
Algunos economistas, indica el estudio, asocian un volumen elevado de flujos salientes con problemas de gobernanza, mala gestión económica, inestabilidad política y otros males.
No obstante, en opinión de Baker, habría que preguntarse por qué en un país como Estados Unidos, “con tan buena gobernabilidad”, la gente también saca su dinero. “Lo hace porque quieren acumular riqueza de manera ilícita, clandestina, transferir fondos de donde tienen visibilidad a donde no la tienen”.
A decir de Baker y de Marmolejo, existen dos razones para sacar el dinero ilícito al extranjero. En primer lugar, para quitarle visibilidad y en segundo, para limpiarlo o legitimarlo.
Además, GFI encuentra una relación estrecha entre el aumento de los flujos ilícitos y seis crisis macroeconómicas en México: la crisis del petróleo, de 1973; la de la balanza de pagos, de 1976; la de la deuda, de 1982; la del petróleo, de 1986; la del peso, de 1994, y la económica mundial, de 2007.

Recomendaciones
GFI recomienda al gobierno mexicano adoptar políticas macroeconómicas para frenar los flujos ilícitos, solucionar los problemas estructurales y problemas relacionados con la gobernanza para reducir los flujos ilícitos e impactar positivamente en la disminución de la corrupción y de la actividad criminal en el país.
La consecuencia lógica del freno, refiere GFI, sería el fortalecimiento de la economía mexicana que es muy importante para la seguridad y para el interés de Estados Unidos y México.
Al referirse a los planteamientos de GFI para reducir los flujos ilícitos de dinero, Baker explica a Contralínea que es necesario el intercambio automático de información fiscal de México con Estados Unidos y Europa.
“La Unión Europea ha dicho que estaría preparada para poner esta información al servicio de los países con mercados emergentes que la soliciten esa información, así que el primer paso sería que México presionara con mucha fuerza para que se diera este intercambio.”
Se recomienda a México tomar medidas para frenar la asignación de precios; por ejemplo, hacer uso de la información sobre el comercio mundial que está disponible para verificar cuáles son los precios de importación y exportación.
Hacer obligatoria para las partes que participen en la venta trasnacional de bienes y servicios la firma de una declaración de importación/exportación que certifique que no se han asignado precios falsos con el fin de transferir o sacar utilidades o de manipular impuestos.
“Las corporaciones multinacionales, en particular, titubearían si tuvieran que pedirle a su gente que participara en esta asignación de precios falsos y después firmara comprometiéndose o dejando sentado que no lo han hecho.”
Otra recomendación sería un fortalecimiento de la capacidad con la que cuenta México para auditar e investigar los precios de transferencia, pues aunque el país cuenta con reglas adecuadas “no se han puesto en práctica con la suficiente fuerza”.
Adicionalmente, GFI propone al gobierno de México poner en práctica tres políticas: promover una mayor transparencia y responsabilidad de los contratos del gobierno; reforzar el estado de derecho, e incluir información sobre los propietarios reales en las transacciones (flujos) y activos (valores) financieros privados (individuales y empresariales). Además de tomar medidas políticas destinadas a reducir la tendencia a pagar sobornos y comisiones, y promover una mayor transparencia y responsabilidad de los contratos públicos.
“La falta de información sobre los propietarios reales de las empresas facilita el blanqueo de capital ilícito y tiene consecuencias importantes para la seguridad nacional y mundial”, asegura el texto.

El G20
De acuerdo con GFI, los flujos financieros ilícitos necesitan un nexo bidireccional, es decir, un origen y un destino, razón por la cual el gobierno de México necesita ejercer un mayor liderazgo en distintos foros internacionales y regionales, tales como el Grupo de los 20 (G20), el Foro Económico Mundial sobre América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otras instituciones internacionales para garantizar que los países más poderosos cooperen para frenar la recepción de fondos ilícitos.
Global Financial Integrity insta al gobierno de México a que inicie un diálogo político con otros integrantes del G20 para hacer públicas las listas de los verdaderos propietarios y personas que controlan las sociedades anónimas, empresas de responsabilidad limitada y otras personas y estructuras legales, como las empresas fiduciarias.
México será anfitrión de la próxima reunión del G20. Baker espera que ahí el gobierno mexicano gestione el intercambio automático de información fiscal entre los países. “Sería importante que exigiera a las empresas una descripción detallada de las actividades que realizan en cada país”.
—Las empresas cuentan con un gran poder político, ¿los gobiernos pueden ejercer presión sobre la transparencia de sus datos?
—Sí, sí pueden, y me parece que México, India, China, Suráfrica, Brasil, estos países que son los más importantes, con economías emergentes, ocupan una postura de mucha fortaleza para empujar este tipo de temas en la agenda y para que tanto las empresas multinacionales como los otros miembros mejoren su transparencia en el sistema financiero global. En una sola palabra, se trata de transparencia –responde Baker.
Daniel Breennan, copresidente del Consejo de Administración de GFI, señala que “casi toda la gente en el mundo está sufriendo por estas actividades y ya no están dispuestos a seguirlo aceptando, y entre más globalizado se torne el mundo, mejor informada estará su gente y más difícil será que traten de hacer las cosas al margen del sistema”.
El abogado e integrante de la Cámara de los Lores del Reino Unido agrega que “México tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo sobre temas que afectan a todo el mundo en vías de desarrollo”.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con José Ulises Gómez Nolasco, director General de Delitos Financieros y Diversos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su secretaria particular. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

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