Factor K: Pemex regala 8.6 mil MDD a extranjeros

Al menos desde hace una década, Pemex otorga discrecionales y multimillonarios descuentos a sus clientes encabezados por Estados Unidos. Las rebajas, denominadas factores K y K’, van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril de petróleo exportado y se “justifican” como “ajustes de precio por competitividad”, revelan actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. Si en cada jornada se hubiera descontado el máximo permitido, el erario habría perdido más de 860 millones de dólares anuales; unos 8 mil 600 millones en 10 años.

Nancy Flores/Primera de tres partes

En las administraciones de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, el erario podría haber perdido más de 8 mil 600 millones de dólares por la aplicación de un discrecional descuento en los precios del petróleo, revelan documentos de PMI Comercio Internacional obtenidos por Contralínea.

Las rebajas, denominadas Factor K, oscilan entre un mínimo fijado en 1 centavo de dólar y un máximo de 1.9 dólares por barril, descubren 10 actas del Consejo de Administración de esa subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus políticas comerciales de petróleo crudo vigentes.

De la información se desprende, además, que los clientes de la paraestatal pueden beneficiarse con deducciones adicionales e incluso con la aplicación del Factor K’, especialmente inventado para bajar aún más el precio del petróleo. Hasta ahora, se ha conocido de descuentos “históricos” que alcanzan los 3 dólares por barril, pero éstos podrían ser superiores.

Las reglas del Factor K indican que éste también puede alzar el valor del energético, considerado un bien nacional por la Constitución; sin embargo, invariablemente se utiliza en perjuicio del erario de México, descubren los documentos consultados. De esta política, que castiga los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira, el mayor beneficiario es Estados Unidos. Los clientes en ese país acaparan el 84 por ciento de las exportaciones de Pemex.

Le siguen los europeos, principalmente de España e Italia, cuyo mercado representa el 9 por ciento de las ventas. Luego, los del Oriente Lejano –liderados por China–, que consumen el 4 por ciento de las exportaciones mexicanas; y los de la India, evidencian las actas de las sesiones ordinarias 86 –del 31 de marzo de 2009– y 93 –del 7 de diciembre de 2010– del Consejo de Administración, obtenidas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 1860000002411).

Por día, PMI comercializa un promedio de 1 millón 247 mil barriles de crudo. Si los descuentos se fijan en su máximo permitido –1.9 dólares por barril–, éstos representarían una sangría a las finanzas públicas de 2 millones 369 mil 300 dólares por jornada. Al año, el erario dejaría de percibir 864 millones 794 mil 500 dólares.

Si los descuentos adicionales –que oscilan entre 2 y 3 dólares por barril– aplicados a las ventas extraordinarias del energético fueran frecuentes, estas estimaciones podrían ser menores a lo que en realidad pierden las arcas públicas. Datos que, aunque involucran miles de millones de pesos del erario, la petrolera y su subsidiaria mantienen como reservados y confidenciales.

Factores K, castigar los precios

De acuerdo con el “brazo comercializador de Pemex”, como se le conoce a la filial PMI, el Factor K es una constante “de ajuste que se utiliza para mantener a los crudos en competitividad, dado que los utilizados como marcadores tienen características y rendimientos diferentes a los crudos mexicanos y que, por ser vendidos y comprados en un mercado abierto, presentan diferentes grados de volatilidad. El factor de ajuste se modifica periódicamente tras un análisis técnico/comercial del mercado”.

Las variaciones son avaladas por la directora general de PMI, María del Rocío Cárdenas Zubieta, y el director comercial de petróleo crudo, Tomás Baños Arnaíz; además, son informadas al Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, que regula las políticas de compra-venta, y al Consejo de Administración, refieren las políticas comerciales de petróleo crudo.

Agregan que “el ajuste a la constante incluida en las fórmulas de precio no deberá ser superior a 1.9 dólares de los Estados Unidos de América por barril, ya sea al alza o a la baja por mes. En caso de que por circunstancias de alta volatilidad en el mercado el ajuste a la constante deba ser mayor a 1.9 dólares por barril en un mes determinado, se citará a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de PMI para que dicho órgano de gobierno sea informado de las circunstancias específicas de mercado y, en caso de considerarlo conveniente, autorice el ajuste”.

No obstante, las actas de las sesiones ordinarias 91 y 92 del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional –celebradas el 29 de junio y el 1 de octubre de 2010– revelan la existencia de un descuento adicional llamado Factor K’.

En esas sesiones, Cárdenas Zubieta informó que PMI iniciaba un proceso de revisión de las políticas comerciales de petróleo crudo con el fin de contar con un procedimiento y una metodología para la venta de cargamentos especiales. A estos últimos los definió como “aquellos casos en que las situaciones particulares del mercado internacional, la situación logística o de inventarios de Pemex Exploración y Producción, la colocación de cargamentos de prueba y causas de fuerza mayor generen la necesidad de exportar volumen bajo fórmulas de precio distintas a las autorizadas por el Consejo de Administración”.

Para ello, explicó, se crea el “Factor K prima (K’) limitado a un descuento máximo permisible de autorización por el Grupo de Trabajo de Ventas Especiales de Petróleo Crudo, que modifica las fórmulas de precio aprobadas por el Consejo de Administración para el caso de ventas de cargamentos especiales”. En estos casos, los crudos susceptibles de descuentos son Maya, Istmo, Olmeca, Altamira y cualquier crudo que por variaciones en su calidad no pueda ser comercializado como alguna de las calidades típicas de exportación.

Esta revisión fue producto de discusiones entabladas en sesiones ordinarias previas (86, de fecha 31 de marzo; 87, del 1 de junio, y 88, del 1 de septiembre de 2009), en las que se impulsó la flexibilización del ajuste a la constante.

En la sesión 87, incluso, se presentó el “estudio para determinar si el nivel de flexibilidad de PMI Comercio Internacional para ajustar el Factor K de la fórmula de precios de crudo es adecuado o requiere un mayor grado de flexibilidad”.

Mientras que el Factor K se aplica en los cinco tipos de contrato que establece PMI para la compra-venta de crudo (de largo plazo, renovable o evergreen, de venta ocasional, de venta incremental, de venta de cargamento de prueba) y puede incluir descuentos adicionales, el Factor K’ sólo se puede hacer efectivo en aquellos de carácter extraordinario.

Con anterioridad, los contratos que recurrentemente recibían rebajas adicionales eran los de suministro de cargamentos ocasionales, que “permiten realizar ventas de oportunidad a clientes que así lo requieran cuando PMI cuenta con volumen adicional que colocar”, refiere la auditoría a la filial de Pemex 09-2-18T5K-02-0413, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación como parte de la fiscalización a la Cuenta Pública 2009.

“Condiciones extraordinarias”

Para las arcas públicas de México, los históricos petroprecios no resultaron en bonanza por estas políticas. A inicios de noviembre de 2004, por ejemplo, la paraestatal petrolera determinó un descuento “histórico” al precio del petróleo de exportación de 3 dólares por barril, a favor de los clientes de Estados Unidos para, supuestamente, no retener cargamentos de crudo.

En octubre de 2005, con el pretexto de la devastación ocasionada por los huracanes Katrina y Rita, Pemex volvió a ajustar unilateralmente y de manera generalizada los precios del crudo de exportación. Entonces, los descuentos se fijaron en 2.25 dólares por barril.

También en el sexenio de Calderón Hinojosa se han presentado estas “competitivas” rebajas. El 18 de mayo de 2009, PMI citó a sesión extraordinaria del Consejo de Administración para establecer un descuento de 2.25 dólares por barril. De acuerdo con el acta de la 12 sesión extraordinaria, esa vez se argumentó que el origen de la deducción era la crisis económica mundial, que había originado el vaivén en los petroprecios.

En ese escenario se expuso que los competidores estaban obligados a reducir sustancialmente su descuento a favor de las empresas radicadas en Estados Unidos. La medida fue aprobada y los barriles de crudo se comercializaron 2.25 dólares por debajo de su costo real.

La tendencia ha continuado. El 29 de marzo de 2010, durante la 90 sesión ordinaria del Consejo, se informó que el crudo Maya registraba una baja competitividad al finalizar 2009, debido al alto precio del combustóleo y la debilidad relativa del WTI. Por ello, explicó Cárdenas Zubieta, en diciembre de ese año “se ajustó el Factor K en 0.6 dólares”.

La directora de PMI Comercio Internacional explicó que “los decrementos continuaron durante el primer trimestre de 2010, debido a la baja aceptación de esta calidad de petróleo crudo, ya que hubo paros por mantenimiento de los productores de gasolina en la región USGC [US Gulf Coast]”.

En la sesión 93, del 7 de diciembre de 2010, los consejeros pidieron a Cárdenas Zubieta que les informara “las condiciones en que se colocan los volúmenes adicionales [de crudo], mencionando como ejemplo las exportaciones a la India, China e Italia”. De ello se deriva que dichas exportaciones podrían haber incluido los nuevos descuentos del Factor K’.

Medida discrecional

A pesar de involucrar miles de millones de pesos que deberían ingresar a las arcas públicas, los descuentos no se transparentan. Al responder un recurso de revisión interpuesto por este semanario en mayo de 2005 (0123/05) ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, PMI reservó por siete años “el análisis técnico que se realiza para definir la variación de la constante, [que] consiste en medir –a través de modelos matemáticos de programación lineal que representan las refinerías en donde se pueden procesar crudos con calidades similares a los mexicanos– el margen económico que los crudos mexicanos pueden brindar a los refinadores en comparación con otras calidades disponibles en el mercado”.

Según la filial de Pemex, “su difusión puede dañar la estabilidad financiera y económica del país”; pues “representa información confidencial” y “es secreto industrial propiedad de PMI”.

Acerca del supuesto daño que se causaría por la revelación de los criterios en los que se basan los multimillonarios descuentos, señala: “En caso de hacerse público el análisis o estudios que justifican el movimiento del Factor K de las fórmulas de precio de los crudos mexicanos de exportación, se estaría dando, tanto a los competidores de PMI como a sus clientes, los elementos objetivos y la información suficiente para reducir las ventajas competitivas que PMI tiene en el mercado, menoscabando el valor que los crudos mexicanos pueden alcanzar en el mercado internacional y por ende afectando el ingreso de esta entidad, de manera directa, y de Pemex Exploración y Producción –organismo público descentralizado, subsidiario de Petróleos Mexicanos–, quien vende el crudo a PMI, e igualmente de manera indirecta los ingresos que obtiene el gobierno mexicano por la exportación del crudo, mismo que en los últimos años ha representado cifras cercanas al 35 por ciento del ingreso gubernamental”.

Agrega que, si se considera “que el mercado petrolero internacional es altamente competitivo, el otorgar acceso a la información solicitada sin duda implicaría que PMI tuviera que enfrentar situaciones en las que sus clientes y competidores aprovecharan dicha información para implementar estrategias cuyo objetivo sería desplazar al crudo mexicano de los mercados en los que se comercializa, o forzar un ajuste a la baja en los precios del crudo mexicano con el fin de mantener su participación de mercado”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó conocer la posición oficial de Pemex a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Veinte días después, no se ha obtenido respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 253 / 02 de octubre de 2011

Paramilitares y escuadrones de la muerte

A la escalada de violencia, inseguridad y temor que se vive en México, se suma ahora la actuación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, como el autodenominado Los Matazetas, quienes aseguran ser –de acuerdo con un video aparecido en internet– un grupo que busca “proteger” a la población de los asesinatos, secuestros, extorsiones, amenazas y agresiones cometidos por el cártel del narcotráfico conocido como Los Zetas, conformado por militares de elite y cuerpos especiales que han desertado del Ejército y la Armada.

Miguel Badillo *

Esta nueva versión de sicarios y asesinos a sueldo responde a la incapacidad del gobierno federal para dar seguridad y protección a todos los mexicanos –lo que ha ocasionado cerca de 60 mil muertes en los cinco años del gobierno de Felipe Calderón?, que sumada al vacío de poder y a la confrontación armada ordenada por el jefe del Ejecutivo en contra de los cárteles de la droga, provoca una mayor incertidumbre entre la población y motiva la aparición de grupos paramilitares para ajusticiar a supuestos delincuentes o miembros de bandas rivales, lo que confirma la debilidad del estado de derecho y la falta de justicia que debe prevalecer en un país democrático.

A esto hay que añadir el creciente número de homicidios de periodistas y directivos de medios de comunicación, lo que coarta la libertad de prensa y el derecho a la información, preceptos fundamentales para una sociedad democrática que necesita expresarse con seguridad y libertad.

Lejos de informar sobre el grave riesgo que significa la aparición de escuadrones de la muerte en México, los medios de comunicación, auspiciados por el gobierno federal, mantienen una política de silencio como una forma de negar la realidad. Por ello se reproduce en este espacio el mensaje de este grupo paramilitar, que nos debe de alertar del riesgo que su presencia significa, los motivos de su aparición y la obligación del gobierno para impedir el crecimiento y expansión de estas bandas de criminales o grupos de policías y militares que han decidido actuar al margen de la ley.

La violencia envuelve a la capital del país

Y mientras la nueva amenaza de Los Matazetas aumenta la inseguridad, reportes policiales aseguran que los líderes de varios grupos delincuenciales se han trasladado a esta entidad, lo que mantiene en alerta máxima a los cuerpos de seguridad e investigación del gobierno del Distrito Federal, pues hay preocupación que de un momento a otro se desaten enfrentamientos armados como ahora ocurre en calles, parques y centros comerciales de varias ciudades del interior de la República.

La explicación que dan los investigadores es que debido a la presión de las Fuerzas Armadas en contra de las bandas criminales, algunas de éstas se han movido hacia el centro del país y esto puede ocasionar el aumento de la violencia en la capital, que hasta ahora sigue siendo el lugar más seguro en México.

Otro dato que aportan las fuentes y que revela la presión que enfrenta la sociedad, es cómo exlíderes petroleros que durante mucho años acompañaron a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, cuando dirigió el gremio petrolero, aparecen en una lista de secuestrables por parte del crimen organizado, por lo que varios de ellos andan a salto de mata para evitar ser extorsionados.

*Periodista

Fuente: Revista Contralínea 253 / 02 de octubre de 2011

Los paramilitares, una realidad

La multiplicación de los “paras”

La incapacidad del aparato de seguridad del Estado sigue dando frutos: ahora en el país ya no solamente se enseñorean el narco y la delincuencia organizada en general, sino grupos armados de corte paramilitar. La presentación de los autodenominados Matazetas, quienes se atribuyeron la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre, reavivó en el país el temor hacia el paramilitarismo, a tal punto que el gobierno de Felipe Calderón se apresuró a negar que en el país existan grupos de este tipo, el experto Edgardo Buscaglia asegura que en México operan 167 de ellos. Se trata, dice, de sicarios formados en la milicia o en las policías y que no sólo trabajan para los cárteles, sino para gobiernos estatales o empresarios.

El primer mensaje de 'Los Matazetas' en Youtube.

Ricardo Ravelo

El vacío de poder que priva en México, la simulación electoral, el financiamiento de las campañas políticas por el narcotráfico y la acelerada pérdida de los controles territoriales por parte del Estado son “el caldo de cultivo más eficaz para la proliferación de los grupos paramilitares en el país”, plantea Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Virginia y profesor de derecho internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Señala que mientras el presidente Felipe Calderón continúe combatiendo al crimen organizado “de manera sesgada”, sin golpear “el nervio financiero de la mafia”, poderes como el paramilitarismo seguirán arrancando “pedazos del Estado” hasta que México se precipite al abismo, como pasó en Afganistán, Kosovo y, en los años ochenta y noventa, en Colombia, país donde esos grupos se popularizaron con el nombre de “paras”.

A Buscaglia no le sorprende la aparición del grupo paramilitar autodenominado Los Matazetas, que irrumpió en el escenario nacional tras la matanza de 35 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, pues afirma que aunque el gobierno federal niegue la presencia de paramilitares en México, este fenómeno existe desde hace mucho tiempo.

Según el experto, en México operan 167 grupos paramilitares que son financiados por empresarios empeñados en proteger “vida y propiedad”, garantías que ya no puede otorgar el Estado mexicano, y en otros casos –asegura– son pagados por los propios gobernadores, quienes ante la incapacidad de otorgar seguridad a la gente, pagan a estos grupos armados para limpiar territorios y salvar los mercados de la droga que hoy ve amenazados el cártel de Sinaloa, la organización criminal que el propio gobierno federal pretende consolidar en el territorio mexicano.

Explica: “Los grupos paramilitares en México existen desde hace mucho tiempo. Los Zetas, por ejemplo, son una expresión del paramilitarismo ligado a un grupo criminal, en este caso al cártel del Golfo. Los Zetas y todo lo que se desprende de ellos –policías, mercenarios y otros grupos – llevan a cabo tácticas militares de protección, control territorial y de mercados, y su función primordial es limpiar los territorios en beneficio de los grupos que les pagan.

“Lo que hoy preocupa, y mucho, es la proliferación de estos grupos paramilitares, que el gobierno quiere ocultar porque ya refleja una fragmentación cada vez mayor de la estructura del Estado. Existen porciones del Estado que han sido compradas al por mayor por grupos empresariales oligopólicos y monopólicos; otros pedazos del Estado están en manos de grupos ilegales desde hace 10 años, cuando inició la caótica transición política que viene conduciendo al país no a una democracia participativa, sino a lo que yo llamo una mafiocratización”.

De acuerdo con Buscaglia –también profesor de Economía y Derecho del Crimen e investigador de la Universidad de Stanford–, el proceso de fragmentación del Estado ha derivado en un rompecabezas en el cual “cada trozo le pertenece a un cártel. Por ello, el gobierno de Calderón no puede proteger vida y propiedad, y ese vacío que deja el Estado es aprovechado por los grupos paramilitares”.

–¿Cómo surgen los grupos paramilitares en México? ¿De dónde vienen? –se le pregunta.

–Muchos son mexicanos, provienen de las propias policías o del Ejército. En otros casos son traídos del extranjero y contratados por los empresarios o algunos gobiernos estatales.

“El caso de las policías municipales que controlan el mercado de migrantes en una determinada región y la práctica de entregarlos a Los Zetas para asesinarlos son ejemplos claros de táctica paramilitar. Su tarea es controlar un mercado y así favorecer a los grupos que les pagan. En México hay una mezcla de grupos paramilitares: los pagados por empresarios, y los tradicionales, que pertenecen a los cárteles de la droga, como fue el caso de Los Zetas del cártel del Golfo”.

Negociador de las Naciones Unidas en países como Afganistán y Nigeria, Buscaglia sostiene que la desarticulación del gobierno y el desorden que priva en todo el país aumenta la percepción de inseguridad entre la gente y en la clase empresarial, a la que hoy ve paralizada y sumida en su interés de proteger sus negocios:

“El escenario de México es harto complicado. Estamos más cerca del abismo que antes, y este proceso está sujeto a un efecto multiplicador, pues cuanta más percepción de inseguridad tienen los empresarios, más están dispuestos a pagar a compañías privadas estadunidenses para que les provean de cinco a 10 mercenarios que protejan su patrimonio y su vida, lo que genera más paramilitarización.”

Según Buscaglia, varios factores favorecen la proliferación de los grupos paramilitares: “El gobierno federal no puede controlar la embestida criminal debido a que su estrategia para enfrentar la tragedia social y política que vive México es mediática. Además, es claro que el presidente Calderón está muy mal asesorado, pues sus asesores extranjeros y nacionales tienden a negar lo que todo mundo ve, y esta postura miope refleja el temor a que se desate un potencial bloqueo del flujo de inversiones extranjeras, con lo cual se les caería el modelo político-empresarial mafioso que prevalece en México desde los años ochenta.

“Y es que hay grandes inversiones en determinados sectores protegidos de la economía que han sido protegidos por el partido en turno, llámese PRI, PAN o PRD, aquí no hay ideología, porque en México la simulación electoral es un deporte nacional, pues los candidatos de todos los partidos están manejados por los mismos focos de poder.

“A mí me han dicho que la simulación electoral es una falacia, porque en México se celebran elecciones. Ante esto yo digo que, en efecto, los candidatos van a elecciones, pero están previamente pridigitados por esos factores de poder que están tras bambalinas, y esos factores de poder son los que han generado la fragmentación del Estado, que es responsable de la paramilitarización que estamos viviendo.”

–En Colombia y otros países de Latinoamérica hay grupos paramilitares desde hace décadas. ¿Qué otras causas dan origen a ese fenómeno desestabilizador?

–En Colombia el paramilitarismo fue auspiciado por el propio Estado; era una paramilitarización centralizada. En México la paramilitarización es un síntoma del Estado débil y fallido, y se prohija por el vacío de poder y la falta de legitimidad del gobierno federal.

“Yo no encuentro palabras para expresar lo que se vive en México. Pienso en casos como el de Rusia, donde hay una delincuencia organizada consolidada y gestionada por el Estado. En ese país, si alguien es víctima de un delito y por causalidad le corresponde al grupo criminal protegido, al agraviado se le puede procesar con una causa penal por denunciar. Ese no es el futuro que se quiere en México, aunque por desgracia la estrategia del gobierno federal, por acción u omisión, conduce al país a una situación similar a la de Rusia.”

Fenómeno de la descomposición

La aparición en Veracruz del grupo paramilitar Los Matazetas causó revuelo en el país y fuera de él, pero no es el único que opera en el territorio mexicano. Desde 2005, la descomposición de las corporaciones policiacas estatales y federales, así como la disputa territorial de los cárteles, han propiciado la formación de los llamados comandos de la muerte o núcleos paramilitares al servicio del narcotráfico.

En 1996, tras desertar del Ejército por razones hasta ahora desconocidas, surgió la organización armada Los Zetas, una de las expresiones más acabadas del paramilitarismo en México. Agrupados en torno del entonces jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, este grupo comenzó a sembrar violencia.

Pronto dio muestras de su poder: levantones, secuestros, matanzas y extorsiones fueron las modalidades criminales que pusieron en práctica y que hasta hoy los caracterizan, pues fue el núcleo armado ligado al narcotráfico que mejor diversificó sus actividades ilegales. Actualmente son reconocidos por la DEA como un cártel independiente y con presencia en una veintena de entidades.

En 2005 surgió en Guerrero otro núcleo llamado El Comando Negro, liderado por agentes de la Agencia Federal de Investigación (la AFI que encabezaba Genaro García Luna, en aquel tiempo la corporación policiaca “modelo” del sexenio de Vicente Fox). Esos agentes federales estaban adscritos a la delegación de la PGR en Acapulco. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, los policías, que actuaban como secuestradores y sicarios en sus tiempos libres, estaban al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con la indagatoria citada, los agentes federales participaron en el secuestro de un grupo de zetas que fueron entregados a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien junto con otros pistoleros los interrogó en una casa de seguridad mientras los grababan. En el video, que fue entregado a la PGR y después difundido por internet, se observa cómo alguien encañona a uno de los presuntos zetas y le dispara en la cabeza. Todos fueron asesinados de la misma forma.

Por aquellos años, el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, creó su propio grupo paramilitar: Los Pelones. Era un equipo armado que se enfrentó a Los Zetas para expulsarlos del estado de Guerrero y así ocupar esa codiciada plaza. En ese estado era común ver a grupos ligados a los cárteles de la droga desatando balaceras y matanzas sin que ninguna autoridad les pusiera freno. Hasta la fecha ocurre.

En 2008 surgió el grupo denominado La Policía del Calendario, cuyos integrantes presuntamente tienen formación militar y están al servicio exclusivo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los pilares del cártel de Sinaloa.

Esos paramilitares no aparecieron en video como Los Matazetas. Están mencionados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008, integrada por la PGR en contra del presunto narco colombiano Ever Villafañe Martínez o Marco Antonio Espinoza Tovali. La compañera sentimental de éste, Altagracia Espinoza Aguilar, refiere ahí que tanto ella como su novio fueron secuestrados por La Policía del Calendario el 30 de julio de 2008, cuando circulaban por la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.

Ella declara que los sicarios al servicio de El Mayo la torturaron al tiempo que le mostraban fotografías de Arturo Beltrán Leyva, capo que presuntamente estaba relacionado con Villafañe y a quien Zambada pretendía eliminar.

Además, a principios del presente año, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que en Chiapas operan grupos paramilitares que tienen asoladas a poblaciones como Las Perlas, en el municipio de Altamirano, y El Carrizal, comunidad de Ocosingo.

En un comunicado, ese frente denunció que los paramilitares están encabezados por Humberto Castellanos y acusaron al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, de auspiciar el surgimiento de este tipo de organizaciones en todo el estado “para acallar a los grupos de campesinos disidentes”.

El 23 de septiembre, dos días después de que fueron arrojados 35 cadáveres de presuntos zetas en plena zona turística de Veracruz-Boca del Río, apareció en el portal conocido como El Blog del Narco un video en el que cinco personas encapuchadas, desarmadas y totalmente vestidas de negro hablan sobre ese hecho y hacen pública la existencia de su nueva organización: Los Matazetas.

También dijeron ser miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un brazo del cártel de Sinaloa que, según las autoridades, proviene de la célula que encabezó Nacho Coronel, muerto el 29 de julio de 2010 durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio jalisciense de Zapopan.

La aparición de este grupo paramilitar que dice tener la misión de limpiar al estado de Veracruz de los grupos que extorsionan y secuestran –además de “respetar a los poderes ejecutivos” tanto federal como estatal y comprender que las Fuerzas Armadas no puedan actuar al margen de la ley–, causó temor porque aviva la sospecha de que los grupos paramilitares empiezan a suplantar al Estado en tareas de esta naturaleza.

Los Matazetas ofrecieron una “disculpa” al pueblo veracruzano por la violencia que se ha desatado, al tiempo de que se adjudicaron la muerte de los 35 presuntos zetas. Sin embargo, el gobierno de Veracruz niega la existencia del grupo paramilitar y de manera conjunta con la PGR investiga la masacre.

Por su parte, el gobierno federal reconoció la existencia del grupo, pero tuvo el cuidado de no referirse directamente a él como Matazetas. El 27 de septiembre, sin entrar en detalles, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, leyó un comunicado en el que expuso que el gobierno federal es el que encabeza la lucha contra el crimen organizado con fundamento en la ley y a través de las instituciones formalmente constituidas para ello.

Sin nombrar a los Matazetas, cuyo video han visto más de 65 mil personas en internet, Blake Mora añadió: “Cualquier otra expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de legitimidad necesaria y, con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado”.

Un día después, el 28 de septiembre, Alejandra Sota Mirafuentes, vocera del gobierno federal, negó que en el país operen paramilitares, y se refirió implícitamente a Los Matazetas al reiterar: “Todo grupo que actúa al margen de la ley, que pone en riesgo la tranquilidad, la seguridad y la dignidad de las personas, será perseguido y llevado ante la justicia.

“Veracruz no será la excepción. La ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un punto estratégico para redes criminales. Su infraestructura portuaria y su colindancia con Tabasco y Chiapas, estados fronterizos con Guatemala, y por el otro lado con Tamaulipas, la frontera con el mayor intercambio comercial con Estados Unidos, hacen de la entidad un paso codiciado para el trasiego de drogas hacia el centro y norte del país.”

Edgardo Buscaglia cuestiona que el gobierno federal no reconozca directamente a los grupos paramilitares, pues señala que en varias entidades del país ya suplantaron al propio Estado:

“Hay diversos grupos paramilitares que ofrecen resolver homicidios, cobrar una deuda o investigar casos de desapariciones. Esto es evidente en Guerrero, en Durango y en Sinaloa, bolsones territoriales donde ya es claro el Estado fallido. De seguir esa orgía de corrupción y de financiamiento electoral por parte del narco, y en este caos institucional, no veo para México otro fin que precipitarse a un abismo como el que vive Afganistán.”

–¿Qué pasa con las clases empresarial y política? ¿Están dormida?

–Tratan de proteger sus propios intereses pero no se dan cuenta de que colectivamente están perdiendo todo. Eso en teoría de los juegos se llama “el dilema del prisionero”. La reacción de los empresarios vendrá cuando el narco les penetre sus círculos sociales, les derribe sus aviones o les haga estallar bombas en sus casas o empresas, como pasó en Colombia.

“La clase empresarial actuará cuando sienta tanto dolor y sufrimiento como los padres o las madres de Ciudad Juárez que han perdido a sus seres queridos, y vivan el calvario de no encontrarlos.”

Narcocomunicado de Los Mata-Zetas

http://youtu.be/G_YJOTxp1Tc

Proceso: La disfrazada operación para callarnos

La censura disfrazada

Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una nueva forma de censura: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno intenta deslindarse legalmente, sin tener en cuenta que viola derechos por omisión, y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.

La edición 1821 de la revista Proceso

Gloria Leticia Díaz

Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.

La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: Veracruz sangriento. Reacomodo del narco, que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.

“A las tres de la tarde del domingo, recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares”, explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.

Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: El zar del juego. Una historia siniestra. En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.

Como ejemplo, señala Carreón: “En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran, y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas”.

De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.

Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública –casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.

Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos 10 de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos, los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.

En 2007 fueron así “decomisadas” en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al cártel del Golfo, y el encabezado Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría.

La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en la portada y la cabeza: El señor de la guerra en Tamaulipas. Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue “cateado”.

A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada “obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido”, como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de “solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión”.

El caso de Proceso, se añade, “es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas partes del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas”.

De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.

Lavamanos oficial

La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como “una modalidad de censura previa y, en consecuencia, una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público”. Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón “la compra masiva no es un delito”.

El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como “un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información”.

Agregó: “Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores”.

En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.

Consultado sobre los decomisos de hecho, Escobar Gil dijo: “En relación con la compra masiva de periódicos como una forma de acallar la libertad de expresión, es una práctica censurable y que también debe reprimir el Estado, porque cuando una persona o un agente compra masivamente todos los diarios o toda la circulación de un determinado periódico, lo que está haciendo es perpetrar un ataque contra la libertad de expresión. Este es un hecho que debe ser investigado, juzgado y sancionado por el Estado como una conducta violatoria a la libertad de expresión”.

En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordoñez, aseguró:

“Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente.”

En entrevista telefónica realizada el martes 27, Villarreal Ordóñez manifestó, a nombre del gobierno federal, el “rechazo absoluto, categórico de cualquier tipo de práctica, sea de quien sea, orientada a impedir o a irrumpir o a obstaculizar la libre circulación de una publicación en este país”.

Los abogados de Artículo 19, Cynthia Cárdenas e Iván Báez, reaccionan a esta posición oficial:

“¡Si no es delito, es una clara violación a derechos humanos!—suelta Cárdenas–. Nada más ni nada menos es una clara violación al libre ejercicio de la libertad de expresión, y como gobernantes están obligados a resguardarlos, porque México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos. Están obligados, más ahora con la reforma del artículo primero constitucional, que establece el respeto y apego irrestricto a los derechos humanos considerados en tratados internacionales”.

Por su parte, Báez destaca que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, reconocida por las Naciones Unidas y la OEA, es clara al señalar que “cualquier limitación a la distribución que llegue a usuarios de cualquier información se considera que es una violación al derecho tanto de libertad de expresión como al derecho de las personas”.

Y concluye: “Siendo que el objetivo del flujo de información es llegar al mayor número de destinatarios posible, si eso no pasa y el Estado no garantiza que ésta llegue al mayor número de personas, está incumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia”.