Del optimismo a la beligerancia

Jenaro Villamil

Basados en encuestas como la que realizó la empresa Mitofsky en julio pasado, los priistas sostienen que recuperarán el poder en los próximos comicios federales y hasta hablan de unidad, como lo hicieron en su Veinte Asamblea Nacional. Pero lo cierto es que en el seno de ese partido priva la división, fomentada por los aspirantes a la Presidencia de la República: Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto... La guerra interna de desgaste ya comenzó.
Convencidos de que retornarán a Los Pinos en 2012, los priistas consideran que de aquí a 2011 pueden triunfar en la mayoría de los 89 procesos electorales que habrá en el país, incluyendo la renovación de 23 gubernaturas.
Y basan su optimismo en encuestas como la realizada por Mitofsky en julio pasado, que le otorga al PRI 27% de las preferencias para 2009, dos puntos arriba del PAN y 14 puntos encima del PRD.
Los priistas sostienen que ha llegado el momento de dejar de ser la "oposición cómoda" al PAN. La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, critica a los panistas de "utilizar electoralmente" la crisis de seguridad pública, en tanto que el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, se deslindó ya del presidente Felipe Calderón, a quien acusó de encabezar un "gobierno de cuates".
A su vez, un grupo de diputados encabezados por Carlos Rojas se pronunciaron contra los contratos de riesgo en la reforma petrolera; y hasta la vieja guardia priista, formada por 11 exdirigentes nacionales del partido, mantiene una línea crítica contra la política económica del gobierno calderonista.
Con todo, la principal amenaza para el PRI son sus propios militantes. El fantasma de la fractura y los pleitos entre las familias y camarillas está latente en ese partido. Por ello en su Veinte Asamblea Nacional los dirigentes del PRI optaron por mostrar una unidad escenográfica y negociar en privado sus diferencias de fondo, incluyendo su nueva propuesta de transformarse en un "partido socialdemócrata".
"No podemos volver a equivocarnos... La división del partido nos podría llevar a la diáspora y a la desaparición", sentenció Beatriz Paredes en el único discurso pronunciado en esa asamblea del 23 de agosto pasado.
Las divisiones, los golpes bajos y las disputas soterradas comenzaron a presentarse en función del reparto del poder interno entre las principales figuras que ya comienzan a pelear por la candidatura presidencial de 2012, incluyendo a la propia Beatriz Paredes, quien aspira a ser la próxima coordinadora de los diputados del PRI para, desde esa posición, aventajar a sus competidores.
Otro es el senador Manlio Fabio Beltrones, considerado el político con la red de poder más extensa dentro y fuera de ese partido. "Vicepresidente en funciones", le dicen incluso varios de sus correligionarios.
Beltrones controla los sectores corporativos más importantes del PRI: CNOP, CTM y CNC, a través de Marco Antonio Bernal, Joaquín Gamboa Pascoe y Cruz López, respectivamente. Hasta ahora aventaja a Paredes en la disputa por el Frente Juvenil Revolucionario. Así mismo, mantiene una alianza táctica con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados del PRI, a quien se le menciona como sustituto de Paredes en la presidencia del CEN, después de los comicios de 2009.

El rival más fuerte de Paredes y Beltrones es, sin duda, el mexiquense Enrique Peña Nieto, el gobernador que recibió las innumerables porras de los 225 delegados del Estado de México en la Veinte Asamblea Nacional y es considerado la "cara mediática" del Grupo Atlacomulco, la red de poder más extensa y antigua dentro del PRI.
Peña Nieto extiende su influencia y alianzas con la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, símbolo de la "recuperación" priista ante el PAN; con el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y con grupos de simpatizantes en prácticamente toda la República, incluyendo el Distrito Federal, donde el PRI es una lejana tercera fuerza electoral.
Otro "suspirante" adelantado es Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, quien compite con Peña Nieto no sólo con las porras sino con las alianzas incómodas. A la causa de Herrera se han unido Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla. Herrera ha disputado con Beltrones, Peña Nieto y la propia Beatriz Paredes el modelo priista para la reforma petrolera. De él fue la propuesta de que las entidades "petroleras" -casi todas gobernadas por el PRI- puedan formar empresas estatales que se asocien con Pemex.
Más débiles en el escenario nacional, pero suspirantes también y con amplio poder en sus estados, son los gobernadores de Coahuila, Humberto Moreira; de Sonora, Eduardo Bours; de Nayarit, Ney González, y hasta el de Hidalgo, Miguel Osorio Chong. En esta entidad, Paredes prometió ganar por "carro completo" en los próximos comicios.
Equilibrios precarios
Para "aplanar" a esos grupos, Beatriz Paredes ha reforzado su influencia en el Comité Ejecutivo Nacional, al tiempo que los ha confrontado para ser ella el único árbitro.
Con un control férreo de la presidencia priista, Paredes creó nuevas secretarías, paralelas a los grupos corporativos: la Secretaría de Asuntos de la Juventud, dirigida por Carlos Corona; el Sistema Nacional de Gestión Social, a cargo de Estela Ponce Beltrán, y la Secretaría de Asuntos y Desarrollos Metropolitanos, encabezada por Carlos Rojas Gutiérrez.
También nombró a Manuel Aguilera como secretario técnico del Consejo Político Nacional, instancia ahora con mayores atribuciones; impulsó a Miguel Alemán Velasco, empresario y exgobernador de Veracruz, como coordinador de los trabajos de la Veinte Asamblea Nacional; y consolidó como "puente" a su secretario general, Jesús Murillo Karam, hombre fuerte de Hidalgo, lo mismo frente al poder de Beltrones en el Senado que frente al grupo de Peña Nieto.
Murillo Karam ha jugado un papel clave no sólo en la reciente elaboración de las iniciativas del PRI en materia energética, sino también en las reformas en materia de seguridad pública. Testigos de las negociaciones advierten que el secretario general fue un equilibrio ante Beltrones y Francisco Labastida para incorporar las demandas de los seis diputados priistas que elaboraron su propia iniciativa petrolera, y para frenar las reformas fast track de Calderón en materia penal.
Expresidenta nacional del PRI y conocedora de los entretelones internos, Dulce María Sauri afirmó al concluir la Veinte Asamblea Nacional: "Lo que podemos celebrar es el triunfo del respeto, de no querer aniquilar al otro. No podemos repetir los errores de 2000 y de 2006: imposición y exclusión".
-¿A costa de los acuerdos "planchados"? -se le cuestionó.
-La política es negociación. Me hubiera gustado que los debates hubieran sido públicos. Pero eso es parte de la negociación. Todos tuvieron que ceder. No hay una corriente que arrase con las demás.
Sauri Riancho ejemplificó: "En el capítulo energético todos están medianamente felices; todos tuvieron que ceder".
El difícil equilibrio entre las corrientes en pugna se reflejó en no pocas contradicciones de los nuevos documentos básicos del PRI.
En menos de 30 minutos, los priistas avalaron cambios como los siguientes:
-Asumen instrumentar una política partidista "fiel a los principios de la izquierda socialdemócrata", primera definición ideológica que sustituye al nacionalismo revolucionario (artículo 111 del Programa de Acción).
-Se pronuncian por mantener la rectoría del Estado en materia petrolera, pero eliminan la prohibición expresa de aceptar la apertura privada en áreas como refinación, petroquímica o ductos, ante la presión previa del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones (artículo 299).
A cambio, también incorporan otro planteamiento, a presión del grupo de los hermanos Carlos y Francisco Rojas: "De manera complementaria rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de su renta petrolera" (artículo 302).
-En sus estatutos, abren la puerta a la "reafiliación" de quienes hayan salido del partido (artículo 55), pero al mismo tiempo incorporan como causal de expulsión el hecho de que un militante "apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los estatutos (artículo 66).
-Se le otorgan mayores facultades al Consejo Político Nacional, restándole atribuciones a la Asamblea Nacional. En el artículo 14 de los estatutos establece que la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional podrá "hacer las adecuaciones pertinentes", por "mayoría simple" a los documentos básicos del PRI. También se establece que "por causas de fuerza mayor o pertinencia electoral", la misma instancia podrá acordar ampliar el plazo para la celebración de la Asamblea Nacional, que debe celebrarse cada tres años (artículo 67).
-Se faculta al Consejo Político Nacional a "reformar o adicionar, en caso debidamente justificado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, y con la aprobación de la mayoría de los consejos políticos estatales y del Distrito Federal, el Programa de Acción y los presentes estatutos, con excepción del Título Primero, que forman parte de los documentos básicos del partido, así como el Código de Ética partidista" (artículo 81, fracción XXI).
-Se le otorgan mayores atribuciones al Comité Ejecutivo Nacional, en detrimento de la autonomía de las dirigencias estatales o con criterios discrecionales. Las nuevas facultades son: aprobar las convocatorias para los procesos de elección de dirigentes y candidatos; "suspender a los miembros de la dirigencia de los comités directivos estatales y nombrar un delegado que asumirá temporalmente la dirigencia y convocará en los términos de estos estatutos a la elección de la misma". Entre esas causales se menciona: "por evidente traición al partido", sin definir lo evidente (artículo 85, fracciones IX y X).
-Se suprimió el tercer párrafo del artículo 163 de los estatutos, que establecía que no se puede convocar a la dirigencia en año electoral. Esta modificación provocó una airada reacción de 10 delegados capitalinos encabezados por Mario Benítez.
"Esta asamblea es una farsa. Se debe poner a consideración. Hay métodos que favorecen a la estructura controlada por Manlio y Beatriz, en detrimento de Peña Nieto", declara Benítez a Proceso.
-En respuesta al reclamo de gobernadores como Mario Marín, Ulises Ruiz y el propio Peña Nieto, el PRI aprobó en su Programa de Acción que impulsará reformas legislativas para que la Suprema Corte de Justicia "deje de conocer cuestiones de legalidad y se concentre en el control de la constitucionalidad, para así consolidarlo como tribunal constitucional" (artículo 70). En otras palabras, para que no se repitan casos como las investigaciones del caso Lydia Cacho, de Oaxaca o de Atenco.
-Para deslindarse de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, los priistas señalan que "los problemas de seguridad no se resolverán con planteamientos inmediatistas o golpes espectaculares. Se requiere de una visión de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno; una concepción integral acorde con la Constitución, la modernización y la continuidad de las acciones, basadas en esfuerzos institucionales y ciudadanos" (artículo 61).
El optimismo
Los priistas dan por hecho que en 2009 serán la primera fuerza en el Congreso de la Unión. Según ellos, el PRD y el PAN llegarán divididos. Mientras que organizaciones como el Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, a quien los priistas consideran una traidora, difícilmente le disputarán la hegemonía al PRI.
La encuesta elaborada por Mitofsky en julio pasado, coloca al PRI rumbo a 2009 con 27.1% de las preferencias, frente a 25.1% del PAN y 13.1% del PRD. A pesar de estos datos, en 2003 el PRI estaba mejor ubicado con 30% de las preferencias, contra 25% del PAN y 11% del PRD.
La región más fuerte para el PRI, según esa encuesta, es el sureste del país, con 31.7% de preferencias, seguida por el norte, donde tiene 31.6%, pero está por debajo del PAN que registra 36.2% de las preferencias. En el centro del país, los tres partidos disputan la mayoría: 20.2% el PAN, 23.5% el PRI y 18.2% el PRD. En la zona del Bajío, el PAN sigue teniendo una cómoda ventaja con 31.7% (Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes).
El dato más optimista para el PRI es que el partido se recuperó frente a los votantes independientes, que representan 32% de los electores, según la encuesta de Mitofsky. En 2007, el PAN superó al PRI entre este segmento de electores, pero en 2008, particularmente desde junio, el PRI ha superado al partido gobernante: tiene 15.9% de la preferencia electoral de los votantes independientes, frente a una caída estrepitosa del PAN que pasó de tener 18.3% a sólo 12.1%. El PRD se mantiene con 8.9% de estas preferencias.
Para el PRI el desafío es identificarse como un partido más de oposición. Según los encuestados, entre más de 40% identifican al PAN con la palabra "gobierno", mientras que 27% lo hace con el PRI y sólo 12% lo considera "oposición". Por lo que respecta al PRD, 45% de los encuestados lo consideró como oposición.

Aviso

URGENTE - PASAR LA VOZ - URGENTE - PASAR LA VOZ

Hoy lunes 8 de sep, a las 10 de la noche Carmen Aristegui entrevistará a Andrés Manuel López Obrador en CNN en español. Pasa la voz.

Saludos,

Un Poquito de Tanta Verdad

Sinopsis:
Hace algunos años, la estadounidense Jill Irene Freidberg ya estaba interesada en la educación pública de su paí­s: “Tengo amigos maestros muy frustrados por la privatización del sistema de educación, pero no existe mucha resistencia”. Escuchó hablar sobre las movilizaciones magisteriales oaxaqueñas. Visitó el estado, conoció a los profesores y decidió hacer un documental que estuviera particularmente enfocado en mostrarles a los mentores de su paí­s que era muy parecida su situación a la que se viví­a al sur del Rí­o Bravo y para que vieran cómo lo enfrentaban sus contrapartes mexicanas: “Es parte de un proceso global y se puede resistir”.Entre 2003 y 2005 realizó el documental “Granito de arena”, con su compañí­a productora Corrugate Films. Así­, cuando estalló el movimiento popular oaxaqueño en mayo de 2006, ella ya habí­a registrado, sin pretenderlo, su contexto; muchos le preguntaban si no filmarí­a lo que estaba ocurriendo. Entonces, ella se imaginaba que serí­a algo como un epí­logo a aquella pelí­cula.Pero fueron los acontecimientos los que crearon otro documental. Además, la cinta dio un giro hacia otro tema que siempre le ha interesado: los medios de comunicación. Freidberg ha hecho trabajo en radios comunitarias y colaboró en la formación de Indymedia, la red de medios independientes que surgió a partir de las movilizaciones contra la OMC, en Seattle, en 1999.La cinta prácticamente no tiene voz narradora; más bien, deja el papel de contar la historia a los maestros, locutores de radio, periodistas y algunos dirigentes indí­genas, además de los pobladores oaxaqueños que no fueron actores directos en el movimiento, pero que resultaron influidos por él, como una señora que dice: “Me atontaba viendo novelas, ahora en la casa de ustedes ya no vemos esa televisión”; la cambiaron por el canal 9, tomado por un grupo de mujeres de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).El canal 9, la televisora estatal, fue parte de toda una red de medios de comunicación que armó la APPO. En su momento más fuerte tuvos controladas cerca de 14 radiodifusoras comerciales, además de la televisora.
El miedo oficial
Curiosamente -contó la cineasta-, no es que las tomas hubieran nacido de un profundo análisis sobre la situación de los medios, sino de una necesidad simple: “Ves que los medios masivos te están criminalizando y dices ‘punto’”. La toma de éstos fue respuesta a que destruyeron la estación magisterial, Radio Plantón. Fue entonces cuando se apropiaron de Radio Universidad. Luego, fue destruido a balazos el transmisor del canal 9 y la respuesta fue tomar más de una decena de radiodifusoras.El documental también revela cuánto miedo le tení­a el gobierno de Ulises Ruiz a los comunicadores: hay testimonios de gente que fue detenida y que cuando fue torturarada le exigí­an que dieran nombres de aquellos que trabajaban en la radio.“La radio permitió al movimiento una capacidad de respuesta y de control”, que difí­cilmente hubiera tenido de otra forma, explica, en el documental, Luis Hernández, coordinador de Opinión de esta casa editorial.A Freidberg también le interesaba resaltar cómo la radio funcionó buena parte del tiempo como una asamblea: la gente hablaba para dar su opinión; si no estaba de acuerdo con una decisión de la APPO, hablaba para decirlo y muchas veces cambiaban el curso de las cosas.Un poquito de tanta verdad también expone fallas de las radios tomadas. Varios entrevistados coinciden en que funcionó para llamar a tomar acciones, pero que “alimentó poco la conciencia”, admite un dirigente indí­gena. “Faltó inyectarle contenidos”. Pero “tení­a sentido en el momento”, explicó Freidberg. Y es que, con convoyes de policí­a en la calle, no se va uno a poner a hacer profundos análisis.La cineasta cree que quizá esta falta de “información profunda” sea la causante de una parte de la pérdida del apoyo popular de la APPO en la ciudad.El documental intenta dar una visión panorámica del movimiento, que incluya el descontento generalizado hacia Ulises Ruiz e, incluso, las elecciones de 2006.Actualmente, la señal de Radio Plantón está bloqueada con una canción de heavy metal que se repite una y otra vez; varios de sus integrantes aún tienen órdenes de aprehensión y hace unos dí­as recibieron diversas llamadas mediante las cuales amenazaban su integridad fí­sica.Radio Plantón se puede sintonizar en www.radioplanton.net, sitio mediante el cual decenas de miles de personas en el mundo han podido escuchar la información de la APPO.La semilla está sembrada, y muchos de los entrevistados en el documental opinan que los oaxaqueños nunca tendrán la misma relación con los medios de comunicación. Para no ir más lejos, fuera de la ciudad creció enormemente el interés por instalar radios comunitarias.Un poquito de tanta verdad también toca el tema de la Radio Ciudadana, que hizo el papel contrario de Radio Plantón y Radio Universidad. Sus mensajes eran del estilo de uno en el que alertaban a los padres de familia para que las jovencitas no salieran de noche porque “los APPOs, la gente vandálica, están violando con la intención de contagiar de sida”, u otro que daba nombres y domicilios de supuestos involucrados en el movimiento, incluso periodistas.Esta estación “jugaba un papel fundamental en el clima de terror”, dijo Freidberg, coproductora de “This is what democracy looks like”, sobre las movilizaciones en Seattle, en 1999.Además de material de Corrugated Films (www.corrugate.org) y Mal de Ojo TV (www.maldeojotv.net), el documental también incluye el canalseisdejulio, entre otros medios.

Un poquito de Tanta Verdad

caldin y sus hobbys

Monosapiens

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FERIA PUBLICITARIA

El Fecal derrocado

Propagandista de sí mismo, Felipe Calderón abusa de la publicidad institucional... En las últimas semanas inició la transmisión de spots en radio y televisión dirigidos a "ciudadanos" que no existen y en los que intenta promover su gestión gubernamental. Pero su propósito es otro: anular las críticas y el debate.
Sin condiciones para apelar a la unidad, pues en 2006 dividió a la sociedad mediante una campaña del odio, Calderón recurre ahora a la explotación de la publicidad institucional; su propósito es invertir grandes sumas de dinero para beneficiar sobre todo a los medios electrónicos.
De esa manera, dice el asesor en comunicación política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Xosé Rúas Araujo, la rendición de cuentas, propia de una sociedad democrática, se ha convertido en una feria de propaganda ante la condescendencia del Congreso.
De paso en nuestro país, donde visitó Monterrey y la Ciudad de México como parte de una investigación financiada por la Universidad de Vigo, Galicia, sobre las campañas electorales y la comunicación política en México, Rúas Araujo comenta que en 2006 Antonio Solá vendió una campaña de odio en Guatemala, España y México.
Solá fue asesor de cabecera de Calderón durante el proceso electoral de ese año y, según el investigador, su campaña sólo tuvo éxito en nuestro país; incluso se mantiene vigente porque la oposición de Andrés Manuel López Obrador se quedó entrampada en el juego sucio de la campaña electoral del PAN, su candidato y la cúpula empresarial.
La nueva autoridad
Testigo de la intensa campaña propagandística de Calderón en radio y televisión, Rúas Araujo sostiene que cuando hay un abuso de la publicidad institucional se pasa del propósito de servicio al de imagen y autopromoción "para mayor gloria del gobierno en turno".
El especialista, quien cursó un doctorado en comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y se tituló con la tesis El discurso político de Manuel Fraga, sostiene que ese abuso pervierte el sentido de la publicidad pública, donde el depositario es el ciudadano, no las instituciones: "No debe ser el emisor lo que importe, sino el receptor. En esa perversión, lo que importa es el gobernante, no el ciudadano".
-El gobierno de Calderón está embarcado en una intensa campaña a favor de su propuesta de reforma de Pemex, en la que personas ordinarias dicen que se debe aprobar la reforma del presidente. ¿Qué significa ese recurso en la comunicación política? -pregunta Proceso a Rúas Araujo.
-Significa que gobernamos con el pueblo, pero sin el pueblo. Utilizamos al pueblo. Es uno de los grandes males en que se puede caer: buscar un amparo publicitario en el ciudadano que en realidad no existe. Yo puedo escoger tres o cuatro ciudadanos que me digan lo que yo quiero escuchar. Luego, hacer de eso una norma y decir que eso es la opinión de todo el pueblo; ese es uno de los recursos más viejos de la propaganda.
Añade: "El fin básico de la publicidad es persuadir; el paso siguiente, convencer. Siempre bajo el pretexto de que es por el bien de los ciudadanos, cuando a lo mejor se esconden determinados intereses".
-¿Qué efectos tiene esto para la vida democrática?
-Es como el Big Brother, que constantemente nos dice lo que debemos pensar de cada asunto. Llevado al extremo, es eliminar la crítica y es el camino del pensamiento único. Nosotros pensamos por ti. Y te decimos lo que debes pensar.
-¿Hay manera de contrarrestar esos mensajes si quien los produce dispone de los recursos del poder público?
-El mejor camino es el control del Congreso. La publicidad institucional debe ser regulada desde las instancias políticas. No sólo porque en muchos países está completamente desbordada, sino porque detrás de la regulación está el principio de la transparencia.
"El ciudadano tiene que saber lo que gasta un gobierno y si esas campañas resultan eficaces y para quién son eficaces. El punto básico es saber a quién benefician: a los ciudadanos o a los gobiernos en turno."
El problema, añade, es cuando la oposición en el Congreso evita legislar porque aspira a hacer lo mismo.
Legislación, no promoción
Adscrito a la Universidad de Vigo, donde enseña técnicas de propaganda electoral, técnicas de publicidad institucional y propaganda en cine, radio y televisión, Rúas Araujo asegura que no hay publicidad institucional químicamente pura, pues ésta siempre tiene una dosis de promoción de imagen.
"En el fondo se promociona al gobierno; por eso hay que legislarlo". Y explica que en España se aprobó recientemente una ley de comunicación y publicidad institucional que obliga a todos los gobiernos a hacer un informe anual, ministerio por ministerio, de lo que van a invertir en publicidad, a qué agencias se concederán las campañas y por qué se harán éstas.
-¿Hasta dónde se puede llegar con una publicidad oficial excesiva y desregulada?
-Un exceso de publicidad lo que coarta es el debate público. La publicidad tiene que estar controlada. Los ciudadanos tienen que saber lo que gasta un gobierno y a quién benefician las campañas: a ellos o al gobierno de turno. Vivir Mejor favorece a los ciudadanos o al gobierno. ¿Va a vivir mejor el ciudadano por el logotipo?
El entrevistado señala que, además del gobierno, los medios de información son los grandes beneficiarios de las intensas campañas institucionales que ocurren en países como México, Brasil y Argentina.
"Toda propaganda tiene contrapropaganda. Se puede entrar en disputas. Por ejemplo, dos estados con signo político diferente pueden estar bombardeándose constantemente, contestándose unos a otros.
"En vez de cartas al director, se contestan con comerciales y a página completa, lo cual es muy bueno para los medios de comunicación, que sólo se frotan las manos. Los medios de comunicación son empresas informativas; son empresas antes que informativas."
La lógica es muy simple: "Yo te doy publicidad, tú me tratas bien". En realidad, no se hace publicidad para el ciudadano.
-¿Se puede gobernar sólo con la propaganda?
-La propaganda y la publicidad son persuasión y se gobierna con persuasión. Se gobierna con ilusiones. Al igual que en la publicidad comercial, se habla de valores intangibles. En el caso de los gobiernos, se juega con sentimientos y perjuicios: que viene la derecha, que viene la izquierda. Se juega con el mensaje del miedo.
-¿El ciudadano se cree esos mensajes?
-Tanta propaganda puede crear un escenario de saturación informativa. Curiosamente, en publicidad la saturación se combate con más saturación. Pero lo que puede provocar es un efecto contraproducente en el ciudadano: que rechace los mensajes.
-Parte del triunfo que se le dio a Calderón en 2006 se originó en la campaña del miedo, asesorado por el español Antonio Solá, propagandista también del Partido Popular (PP)...
-No todas las campañas valen para todos los sitios...
-Qué pasó en la sociedad mexicana para que la campaña de odio del PAN haya funcionado, a diferencia de España y Guatemala, donde perdieron los candidatos asesorados por Solá.
-Lo que falló en la campaña en México es que López Obrador no contestó al mensaje de negatividad. Al día siguiente de que inició la campaña de odio en su contra debió darle las gracias a Calderón por haberse centrado y gastado dinero en él. Tuvo un error de estrategia. Se dio por vencedor demasiado pronto. Fue lento de reflejos.
"En el caso de España, el PSOE reaccionó con un mensaje positivo, un llamado al PP a la moderación y en contra de la crispación. Le dijo que el país no estaba bajo tensión. 'No lo tensen ustedes'."
-¿Se puede gobernar después de una campaña de odio?
-Esas campañas dividen a la sociedad. Calderón ahora habla de unión. Es la postura institucional fácil. Es una vieja estrategia del bueno y el malo, pero es difícil gobernar cuando se ha hecho una campaña de este tipo. l

Cronología de la descomposición

Carlos Acosta Cordova

Se acabaron los rituales y toda la parafernalia que sacralizaban la imagen y la figura presidencial. Pero, con todo, este primero de septiembre no dejó de ser "el día del presidente", así haya devenido en un auténtico carrusel mediático. Y éste incluyó lo mismo un bombardeo de spots en radio y televisión -Felipe Calderón en primer plano, exaltando triunfal los logros de su gestión desde una semana antes- que un desfile de locutores y conductores, también de radio y televisión que, en Los Pinos, poco pudieron sacar al presidente de la idea de que en el país las cosas, en todos los órdenes, no podían estar mejor.
Igual que en el anterior gobierno panista. Igual que en todos los sexenios priistas que les antecedieron.
Lo que sí se extrañó fueron los encontronazos entre Ejecutivo y Legislativo; aquellas jornadas, al principio épicas, que rompían cánones -sobre todo, el monólogo presidencial, la esencia del informe- y cometían sacrilegio.
Ya no más interpelaciones al presidente, interrupciones a gritos de su lectura, intentos de tomar la tribuna por parte de diputados, protestas individuales o colectivas; mantas, pancartas, letreros en mano, con leyendas que contradecían lo que el mandatario iba festinando. Ya no más salidas ruidosas, del salón de sesiones, de grupos parlamentarios enteros. Ya no más, pues, gritos y sombrerazos, desahogo y catarsis, reflejo vivo de la inconformidad con la gestión presidencial.
Han pasado 20 años desde que, por vez primera, el presidente de la República dejó de acudir al Palacio Legislativo como si fuera a un día de campo, a celebrar y a hablar por sí y para sí, ante un Congreso autista y entregado.
En efecto, le tocó a Miguel de la Madrid Hurtado, en 1988, ser protagonista del inicio del fin de esa era -entonces, 60 años del PRI en el poder- en que todo era miel sobre hojuelas: desde el desayuno, tempranito en Los Pinos, con dueños y directivos de medios informativos; la salutación de la familia presidencial, al pie de la escalinata principal de la residencia oficial, a los periodistas que atestiguarían su mensaje a la nación; la solemne imposición de la banda presidencial, en Palacio Nacional, al flamante mandatario; la llegada espectacular a la sede del Congreso; el aplauso unánime de diputados, senadores, funcionarios e invitados; la "republicana" ceremonia de apertura de sesiones del Congreso General; la lectura, sin contratiempos, del informe con el que el presidente, por mandato constitucional, daba cuenta "del estado general que guarda la administración pública del país".
Y la fiesta seguía: al término del mensaje presidencial y la correspondiente "respuesta" -zalamera, las más de las veces- del diputado que habría de presidir la Cámara durante el siguiente año, regresaba el presidente a Palacio Nacional, en carro descubierto, saludando con los brazos abiertos "al pueblo", que lo prodigaba con flores, confetis y serpentinas... previamente distribuidos por personeros oficiales.
Ya en Palacio, culminaba el rito con la foto oficial del presidente y sus gabinetes legal y ampliado, y luego con el tradicional besamanos, las interminables filas de anhelantes hombres y mujeres que, genuinos unos, vergonzantes otros, querían y/o debían hacer acto de presencia ante el señor presidente.
Y si bien con el último informe de gobierno de De la Madrid no acabó todo eso, sí terminó la calma y la tersura con que tradicionalmente sucedía la ceremonia del informe. Era septiembre de 1988 y el horno no estaba para bollos. Ni en la economía ni en la política, ni en el país todo. Ese y los años previos fueron de ajuste económico permanente, de implacables apretones de cinturón para toda la población, de desaparición de empresas, de privatizaciones, de inflación galopante, de devaluaciones a cada rato, de desempleo como nunca, de carestía, de cero crecimiento económico... del mayor malestar social en décadas.
En política igual. Ya estaba en marcha la descomposición que llevó al PRI a perder el poder años más tarde. En 1987, se había producido el gran cisma en el PRI, del que salieron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. En julio de 1988 se perpetró lo que para muchos fue el escandaloso fraude electoral que, con la célebre "caída del sistema", dejó en el camino a Cárdenas e hizo posible que Carlos Salinas de Gortari obtuviera la Presidencia.
En ese contexto llega De la Madrid a su último informe de gobierno. Apenas iniciaba éste su lectura, cuando en medio del silencio y la compostura de la concurrencia, un diputado del Partido Popular Socialista, Jesús Luján, se levanta de su curul y a voz en cuello grita: "¡Una pregunta, señor presidente...!".
Pero nunca pudo terminar la pregunta. Al silencio expectante, a la mirada de todos sobre él, al azoro generalizado -nunca, nadie, se había atrevido a interrumpir a un presidente en acto tan solemne-, siguió un barullo que rápido se transformó en romería: cardenistas y panistas defendían, a gritos, el derecho del socialista para interpelar; los priistas, también a gritos, a silenciarlo y a insultar a los de oposición. Nerviosismo, tensión en todos, incluidos los elementos del Estado mayor Presidencial, que no acertaban a responder ante la insólita situación, aunque más de un diputado se ganó un jalón o un empujón de algún soldado vestido de civil.
Hubo 10 interrupciones más. A cada tema que abordaba el presidente, fuera económico, social o político, una interrupción y la romería consecuente, los gritos, los insultos y... el pasmo de De la Madrid, su mirada al vacío, hasta que Miguel Montes, el presidente del Congreso, lograba apaciguar las cosas. El grito de "¡No al fraude electoral!" unificó el encono y los gritos de panistas y cardenistas.
Pero todos los momentos de desorden quedaron chicos frente al que propició Porfirio Muñoz Ledo, flamante senador del Frente Democrático Nacional. De la Madrid terminaba el recuento de logros e iniciaba el llamado "mensaje político". Esta es parte de la crónica de Proceso (618), ese día:
"-Ciudadano presidente... ¿Cómo va su gobierno a asumir el mandato popular de respetar el voto? -preguntó Muñoz Ledo, que entre la gritería no pudo terminar de leer un breve texto que llevaba manuscrito. En cuanto Muñoz Ledo se levantó, agentes de seguridad corrieron hacia las escalinatas de la tribuna, lo rodearon y bloquearon su acceso. A su vez, reporteros, camarógrafos y fotógrafos rodearon a Muñoz Ledo, que en la primera fila de curules, a unos metros del inmóvil y callado presidente, dio una minientrevista de prensa. Y fue cuando Miguel Montes perdió la mesura y amenazó con emplear la fuerza pública para desalojar a los legisladores que alteraban el orden.
A partir de entonces, ya nada fue igual en el "día del presidente". En mayor o menor medida, con protestas de diversas dimensiones, la ceremonia del informe se desarrolló, año con año, sin la paz, la calma, pero tampoco los bostezos, de antes del 88.
Y cada presidente debió enfrentar, a su manera, y con estrategias peculiares, los momentos de alboroto. De los dos últimos presidentes priistas, Carlos Salinas fue el que más padeció en sus informes, sobre todo en el primero y en el último. En 1989 fue recibido con gritos de "¡Repudio total al fraude electoral!" Ese año, a los gritos y las interrupciones se unieron pancartas, carteles, mantas y toda suerte de reclamos por escrito, que se quedaron como práctica común para los informes de los siguientes mandatarios.
En su sexto informe sufrió más. Era la despedida, y los reclamos, los gritos, los letreros daban cuenta de cómo iba acabando su administración, en medio de la convulsión.En ese último informe, Salinas apenas pudo aguantarse cuando el perredista Félix Salgado Macedonio sacó una manta larga con la leyenda "¡Mientes, Salinas!", que mantuvo, al pie de la tribuna donde aquél leía, a la vista de todo mundo, durante toda la ceremonia.
Ernesto Zedillo comenzó a desacralizar el día del presidente. Decretó que el 1° de septiembre no fuera día feriado; eliminó los recorridos fastuosos, los protocolos principescos y borró de tajo el besamanos. Austeridad republicana, decía.
Los primeros cuatro informes pasaron sin mayores sobresaltos, aun cuando desde el primero, en 1995, cargaba con el peso de la mayor crisis económica de la historia reciente del país. El costoso "error de diciembre" -como lo llamó Salinas para exculparse- no tuvo mayor repercusión en las ceremonias de sus informes de gobierno, salvo lo, para entonces, acostumbrado: gritos aislados, intentos de interpelación, mantas y letreros aludiendo a su "incompetencia" en el mando presidencial.
Pero el quinto informe, que había transcurrido en los mismos términos que los anteriores, acabó en escándalo. El panista Carlos Medina Plascencia, como presidente en turno del Congreso, fue el encargado de dar respuesta al informe, pero lo hizo de tal modo -con un discurso breve, pero contundente y provocador- que los priistas se lo querían comer vivo. Nada le creía a Zedillo y todo le reclamó airadamente.
El último informe, sin mayores sobresaltos. Nada fuera de lo que ya era común. Apenas un diputado priista que permaneció todo el informe dándole la espalda al Presidente, como muestra de su inconformidad por la derrota del PRI en 2000.
Con Vicente Fox el PRI se inauguró como oposición. Al principio, igual de beligerante que el PAN en los años previos, reclamó, junto con el PRD y los demás partidos, por el incumplimiento de promesas, los retrocesos en la economía y en la vida política. Todos sus dichos de campaña se le revirtieron. Sobre todo en el primer informe, en 2001. "Resolveré Chiapas en 15 minutos, bla, bla, bla", rezaba una manta. "Salarios dignos, hoy, hoy, hoy", decía otra.
El carácter y la personalidad de Fox, hicieron de los informes presidenciales, sesiones de chunga. Ya no sorprendían los gritos, los carteles, las mantas, los amagos de tomar la tribuna. En el segundo, cuando apenas concluía su lectura, de plano todos los perredistas abandonaron el salón de sesiones, más que nada para no oír la respuesta de la priista Beatriz Paredes, por incumplir acuerdos.
Para el cuarto informe de Fox, los ánimos estaban caldeados en el país. Eran los días del desafuero para Andrés Manuel López Obrador. Miles de agentes federales resguardaban el Palacio Legislativo. Como nunca, la seguridad a tope. Adentro, una auténtica guerra de consignas. Fox debió soportar 21 interrupciones. Y al final, todos los legisladores de oposición se pusieron de pie, dándole la espalda al Presidente.
Para el quinto informe, Vicente decidió evitarse angustias y problemas. Mejor dejó el informe por escrito y apenas emitió un mensaje a la nación de 40 minutos.Para su último informe, Fox ya no pudo llegar a la tribuna, que habían tomado los perredistas. Apenas pudo entregar los documentos en el lobby de la Cámara.
Felipe Calderón sí pudo llegar a la tribuna el 1° de septiembre de 2007. Pero no rindió su primer informe de gobierno. Apenas entregó los documentos a su correligionario Cristian Castaño, vicepresidente de la Cámara, pues la presidenta, la perredista Ruth Zavaleta, se había retirado del salón junto con todos los diputados y senadores del PRD y el PT. El argumento: no era bienvenido un presidente ilegítimo. Calderón apenas habló, micrófono en mano, unos 90 segundos. Mensaje protocolario de cuatro párrafos, poco más de 100 palabras.
Se retiró, para luego dirigirse a la nación a través de la televisión y la radio, desde el Palacio Nacional. Unos 3 mil 500 invitados -la mayoría burócratas federales-, sustituyeron a los 500 diputados y 128 senadores. Unas 25 veces fue interrumpido el presidente. Pero no eran gritos ni interpelaciones. Eran aplausos y ovaciones de una cómoda audiencia. Así fue el primer informe de Calderón.
Para el segundo, el rito imperial terminó de sepultarse. l

por si flota
Naranjo

DERROCHE DE ESCANDALO

Francisco Gil Díaz + Vicente Fox, los RATAS amorales.

Rosalía Vergara

En pleno jaloneo por la reforma energética, en Petróleos Mexicanos siguen estallando escándalos de corrupción. El análisis de la Cuenta Pública 2006 confirmó que el buque Yuum K'ak'naab (El señor de los mares) pudo pagarse de contado en 411 millones de dólares más gastos de operación y mantenimiento, pero el costo se elevó a mil 134 millones en sólo cuatro meses y el gobierno consintió en pagarlo. En la maniobra están involucrados, quién lo dijera, el funcionario-empresario Antonio Juan Marcos Issa, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, otros directivos de Pemex y la familia de Vicente Fox.
El escándalo que provocó la denuncia de Andrés Manuel López Obrador sobre las irregularidades cometidas en la compra del buque Yuum K'ak'naab (El señor de los mares) orilló a Petróleos Mexicanos a dar a conocer el contrato 412005846 para demostrar que la unidad costó 758 millones de dólares.
Sin embargo, el contrato está incompleto y no divulga el anexo G-1, en el que se enlistan los conceptos y montos pagados por la compra, "utensilios" y gastos administrativos, todo lo cual suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Ese documento es la clave para entender cómo en 2005, cuando Luis Ramírez Corzo era director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Morales Gil era director de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Francisco Gil Díaz secretario de Hacienda y Crédito Público, se creó una red de complicidades con el fin de licitar de manera irregular la compra de un buque para mezclar crudo, en beneficio de la empresa mexicana Blue Marine, socia de la noruega Bergesen Worldwide.
Dichas anomalías, que infringen el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, fueron documentadas en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como personaje principal en este oscuro negocio está el exdirector de Finanzas de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa, quien, "siempre al amparo de Pemex y de sus vínculos con Guillermo Sahagún, creó la empresa Yuum K'ak'naab, que en lengua maya quiere decir 'señor del mar'. La compañía está instalada en los campos petroleros conocidos como Ku-maloob-Zaap, todos ellos en la bahía de Campeche, en el Golfo de México" (Proceso 1633).
Complicidad
En mayo de 2004, Issa y su yerno Juan Rey-noso Durán, dueños de Blue Marine, le vendieron a Pemex un nuevo modelo de producción de petróleo extraído de aguas someras en Ku-Maloob-Zaap, junto a Cantarell. Son socios de la empresa noruega Bergesen, que usa buquetanques para mezclar crudo.
Issa y su yerno propusieron que los funcionarios de Pemex viajaran a Guinea Ecuatorial para que vieran cómo Bergesen operaba una Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) con la empresa GEPtrol, del gobierno de ese país. Así lo hicieron y quedó documentado en la revista estadunidense Oil&Gas Financial Journal. También Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a ese hecho el jueves 4, en su gira por San Luis Potosí.
"Pemex decidió modificar el proyecto Ku-Maloob-Zaap y contratar un FPSO para largo plazo. Después de un período de preparación de agosto de 2004 a julio de 2005, Pemex lanzó la licitación. El contrato fue asignado a Bergesen Worlwide Offshore, que compró para México el FPSO Yuum K'ak'naab, que en maya significa 'el señor de los mares'", consigna la publicación, con base en una entrevista a Issa.
Desde entonces Blue Marine, con Issa y su yerno al frente, se dedicó a pulir los aspectos legales, laborales y ambientales del contrato.
El 30 de noviembre de 2004, la subsidiaria PEP, dirigida por Carlos Morales, mediante escrito SPP-1175/04 pidió a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP que la autorizara a comprometer recursos para los gastos de operación y mantenimiento de un FPSO durante un período que comprende de 2006 a 2021, por 207 millones de dólares. El 14 de diciembre de ese año, según el oficio 312.A.E.2129, Hacienda autorizó la entrega de recursos.
El 4 de febrero de 2005, la Subdirección de la Región Marina Noreste y la Administración del Activo Ku-Maloob-Zaap firmaron la requisición de compra 10751680 para adquirir un FPSO por 374 millones 612 mil dólares, más 204 millones 475 mil dólares para operación y mantenimiento, lo que suma un total de 579 millones 87 mil dólares.
El 6 de julio, PEP solicitó a la SHCP cambiar la vigencia y los montos del presupuesto de operación; dos días después, en el oficio 312.A.E.941, aceptó aumentar los recursos para la FPSO por 61 millones 479 mil dólares, más 315 millones 185 mil dólares, a pagar entre 2007 y 2022.
Al respecto, el Informe del Resultado correspondiente a la Cuenta Pública 2006, elaborado por la ASF, detalla:
"PEP, sin contar con una autorización para la adquisición de un FPSO emitió la convocatoria de Licitación Pública Internacional 18575044-005 para la adquisición de un FPSO, para la contratación de servicios de operación y mantenimiento, misma que fue publicada en el Diario Oficial y Compranet el 1 de marzo de 2005. Lo anterior infringe el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública."
Las bases de la licitación comprometían a PEP a dar a la empresa un pago inicial de 50% de la inversión y a diferir el 50% restante en 180 pagos fijos, "incluyendo los cargos fijos de operación y mantenimiento". Se inscribieron nueve firmas extranjeras y 17 nacionales.
Entre ellas la propia Blue Marine Technology; Servicios Marítimos de Campeche, propiedad del tamaulipeco Ramiro Garza Cantú; así como Transportes Navieros y Terrestres, cuyo propietario es Amado Omar Yáñez Osuna, también propietario de Oceanografía, la empresa irregularmente beneficiada por Pemex y que está vinculada con los hijos de Marta Sahagún.
Otra de las compañías inscritas fue Naviera Integral, propiedad de Juan Pablo Vega Arriaga, el único empresario del sector que acompañaba a Vicente Fox durante sus giras presidenciales al extranjero, integrante de Amigos de Fox y contratista al que Pemex Refinación benefició en el sexenio pasado.
Para el 15 de junio se habían eliminado 24 propuestas; sólo quedaron Modec y Bergesen. Finalmente se desechó la propuesta de Modec porque no cumplió con los requisitos técnicos, y quedó como ganadora la oferta de la empresa noruega socia de Blue Marine.
Entonces comenzaron las sorpresas.
Cuando se abrió la propuesta económica de Bergesen, el FPSO valía 758 millones de dólares, más gastos de operación por 377 millones, lo que suma mil 134 millones 692 mil dólares. Es decir, aunque sólo habían pasado cuatro meses a partir de que se lanzó la convocatoria, de marzo a junio, el precio del buquetanque se duplicó.
El exoficial mayor del Gobierno del Distrito Federal y actual secretario para la honestidad y la austeridad republicana del llamado gobierno legítimo de López Obrador, Octavio Romero Oropeza, resume aquella situación:
"Pemex tenía dos problemas, no tenía autorización financiera para comprar el FPSO en 374 millones de dólares y la propuesta de la empresa noruega duplicaba su presupuesto. Entonces debió declarar desierta la licitación, porque no tenía presupuesto autorizado para la compra."
De acuerdo con la ASF, en esta propuesta no se incluyó el costo de 126 millones de dólares en combustible que Pemex debería absorber durante la vigencia del contrato (de 2007 a 2022).
El 15 de julio de 2005, el director corporativo de Finanzas de Pemex, Juan José Suárez Copel, hombre de confianza del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, e investigado por actos de corrupción en beneficio de Oceanografía y Blue Marine, solicitó que Hacienda autorizara recursos para cubrir el contrato del FPSO e informó que ya había publicado una convocatoria para licitación pública internacional desde el 1 de marzo de 2005. La SHCP autorizó la entrega de los 758 millones de dólares, de acuerdo con el oficio 305-I.2.1-1001, fechado el 20 de julio de ese año.
Al respecto la ASF detalla que "ni en el Presupuesto de Egresos de PEP para el 2005 autorizado por la Cámara de Diputados ni en la Ley de Ingresos de la Federación se encontraba prevista una erogación de 758 millones de dólares para comprar el FPSO, a realizarse en 50% ese año y el resto en 180 mensualidades de 2 millones 105 mil dólares mediante el denominado Pago por Inversión Diferido".
Además, la ASF descubrió que PEP no cumplía a tiempo con los pagos mensuales y que por ello fue penalizada con 8 millones 785 mil dólares en el período del 21 de abril al 18 de junio.
La ASF concluye que se deben fincar responsabilidades contra los funcionarios que condujeron la licitación internacional para la compra sin autorización del órgano interno ni de la SHCP. Para la ASF, en realidad Pemex pactó un arrendamiento.
Esto es, dice Octavio Romero, porque "el barco sigue siendo propiedad de Bergesen por 15 años".
Este, señala, "es un caso más de corrupción en Pemex que no se explica más que a través de las influencias".
El anexo G-1
Después de la denuncia pública de López Obrador, el lunes 1 de septiembre Pemex emitió un "comunicado" que sólo publicó el diario Reforma, en el que decía: "las acusaciones carecen de sustento y buscan confundir".
Posteriormente, el director de PEP, Carlos Morales Gil, recurrió a la radio y la televisión para defenderse. Al conductor Carlos Loret de Mola le dijo que el precio del buque se duplicó por la inflación, y a Joaquín López Dóriga le dijo que no se había adquirido un barco sino "un artefacto naval que en un tiempo fue barco".
Comentó que el costo total de la operación fue de "alrededor de mil 100 millones de dólares", de los cuales aproximadamente 350 corresponden a operación y mantenimiento, y 750 al costo del artefacto.
Declaró que esos 750 se dividieron en dos formas de pago: la primera cuando entregaron el barco y otra en 180 mensualidades a 15 años. Morales Gil reconoció que si se hubiera comprado el barco al contado el costo sería de 440 millones de dólares. Según el contrato, el valor real del buque es de 411 millones 500 mil dólares.
Romero Oropeza cuestiona: "Morales dice que los 750 restantes se dividieron en dos, es decir 325 millones de dólares -379 millones, según el contrato- se pagaron al contado y la otra mitad en mensualidades. Si lo hubieran pagado al contado, dando esta cantidad de adelanto sólo restarían 32 millones 500 mil dólares de deuda. Pero con esa acción PEP elevó la deuda".
Para "corroborar" las declaraciones de Morales Gil, el jueves 4 Pemex subió a su página de internet el contrato de 68 hojas, donde si explica en la cláusula 25.1 que pagará 758 millones de dólares por el FPSO a precio alzado.
De acuerdo con el desglose en costo de dicho anexo, denominado Cédula sobre el país de origen de los bienes y servicios, el FPSO cuesta 266 millones 600 mil dólares, a los que suma 131 millones 300 mil dólares para "otras utilerías y equipo marino". Además, le incluye los "gastos administrativos" por 346 millones 500 mil dólares, lo que da un subtotal de 744 millones 400 mil dólares.
A esta exorbitante cantidad se le suman 13 millones 600 mil dólares por la "integración de unidades superiores"; 315 millones 195 mil dólares de mano de obra de operación y mantenimiento; 40 millones 998 mil dólares para otros gastos de "operación y mantenimiento" y 20 millones 499 para "diesel marino, aceites y pinturas".
Todo eso suma mil 134 millones 693 mil dólares.
Para cerrar este "acuerdo", en 2005, funcionarios de Pemex -entonces bajo la dirección de Luis Ramírez Corzo- y de la subsidiaria PEP, principalmente su director Carlos Morales, licitaron la compra sin la autorización del Órgano Interno de Control o de la SHCP, encabezada por Gil Díaz. Aun sin que presentaran el proyecto correspondiente, esta dependencia les dio 207 millones de dólares para tal fin.
Este anexo es uno de los 19 que tiene el contrato de referencia. En conjunto suman miles de fojas que Pemex no divulgó en su página de internet.
Los contactos de Issa
La denuncia de corrupción en Pemex hecha por López Obrador y la investigación de Octavio Romero señalan que este plan se fraguó desde 2004.
Antonio Juan Marcos Issa, exfuncionario de Pemex y empresario petrolero, asesoró a Rogelio Montemayor Seguy y enfrentó a su lado el escándalo por el desvío de recursos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en 2000, conocido como el Pemexgate.
Cuatro años después, libre de todo cargo, anunció en revistas estadunidenses que Pemex tenía la intención de comprar un FPSO y que la única empresa con este tipo de embarcaciones era la noruega Bergesen, socia de Blue Marine Technology, la empresa que él fundó junto con su yerno Juan Reynoso Durán y que tiene como filiales Subtec, creada el 11 de julio de 2000, y Ocean Mexicana, fundada en 2004. Reynoso Durán también participa en Arrendadora Ocean Mexicana, constituida en agosto de 2001.
En Subtec aparece como propietario Carlos Daniel Yáñez Osuna y participa Manuel Mayoral Piana, mientras que el apoderado legal de Arrendadora es Daniel Rossvetgieff Guerrero. Ellos tres forman parte de la empresa Oceanografía, que versiones periodísticas vinculan con los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
Issa fue secretario de Finanzas de Rogelio Montemayor Seguy cuando éste era gobernador de Cohauila, y su coordinador de asesores cuando encabezó Pemex.
En 2007 se denunció que Arrendadora Ocean Mexicana, integrante del Grupo Blue Marine Technology, estaba relacionada en un caso de tráfico de influencias por las contrataciones de los buques tanque Torm Asia y Akrotiri, que implica más de 100 millones de pesos.
En Pemex, Issa también fue asesor de Luis Ramírez Corzo, quien a su vez nombró a Carlos Morales Gil como director de PEP. Además, fue asesor de Asuntos Especiales en la Dirección General con Raúl Muñoz Leos. Así mismo fue director de Finanzas de Pemex y tuvo cercanía con Guillermo Sahagún, cuñado de Vicente Fox.
De acuerdo con un reportaje de Ricardo Ravelo (Proceso 1633), Issa logró ascensos políticos y empresariales en la década de los setenta, según cuenta él mismo, entre otras razones por su cercanía con la señora Carmen Romano de López Portillo. Es tío de Salomón Juan Marcos Villarreal, "empresario lagunero cuya reputación no siempre obtuvo de manera lícita". l

El brilloso...pero por su imbecilidad!

aprendiendo con el enemigo

Rocha

NUEVA VERSION DE LA DECADENCIA

FECAL

Daniel Lizarraga

El 1 de septiembre, Felipe Calderón formalizó la culminación de una ceremonia que durante decenios fue parte importante de la liturgia republicana. En esa fecha, el presidente en turno rendía su informe a la nación en el Congreso y recibía el homenaje de las "fuerzas vivas". Pero ya encarrerado en el cambio, Calderón trató de aprovechar el nuevo formato mediático del informe para dirimir sus desacuerdos con los gobernadores, la oposición e incluso con los propios medios de comunicación, sobre todo en el tema que le preocupa: la desbordante inseguridad pública.
En 20 meses de gobierno, el presidente Felipe Calderón guardaba silencio ante la impunidad reinante en numerosas entidades federativas. "En este momento no se trata de pelearse con todos", confiaba a los miembros de su equipo. Para él, las reformas estructurales eran lo prioritario.
Sin embargo, la presión social generada por la inseguridad en el país, y más recientemente por la marcha Iluminemos a México, efectuada el pasado 30 de agosto, reventó los límites que Calderón se había impuesto.
Y se desbordó. En las 12 entrevistas que concedió a estaciones de radio y canales de televisión con motivo de su segundo informe de gobierno, mostró por primera vez su inconformidad con lo que llamó "falta de compromiso" de algunos gobernadores para frenar a la delincuencia organizada, en especial a las bandas de secuestradores.
A Jorge Fernández Menéndez, conductor vespertino de Imagen informativa y Cadena tres, le dijo:
"Me queda claro que el compromiso tiene que ser parejo y puedo decir que de parte del gobierno federal hay compromiso absoluto, que estamos asumiendo los riesgos y tomando las decisiones que debemos tomar, y que si queremos ser exitosos, necesitamos tener el mismo grado de compromiso de los gobiernos estatales y municipales.
"No lo hemos logrado. No quiero señalar individualmente, creo que es un fenómeno general. El acuerdo y la presión social de la ciudadanía, si algún resultado positivo deben generar es, precisamente, el obligarnos a todos, porque todos a final de cuentas somos responsables del problema y también de la solución."
La marcha ciudadana del 30 de agosto cambió de súbito la estrategia para difundir el segundo informe de gobierno. Miembros de su staff consideraron inconveniente que Calderón pronunciara un discurso que podía interpretarse como triunfalista. Tampoco consideraron viable realizar la comida con gobernadores. El mismo 30, por la noche, cancelaron sin explicación ambos eventos, programados en Palacio Nacional.
Informes internos de la Presidencia previeron que si el enviado de Calderón a la Cámara de Diputados para entregar el informe, el secretario de Gobernación, se apersonaba en el Salón de Plenos, la parte dura de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trataría de increparlo para llamar la atención de los medios de comunicación.
Como eso tampoco era conveniente para la estrategia de difusión, se propuso una entrega rápida y discreta del documento. Y así fue: Juan Camilo Mouriño demoró cinco minutos en entregar el informe en el Salón de Protocolo de San Lázaro, antes de que se iniciara la sesión. Cuando el reloj del Salón de Plenos marcaba las 11:15, el secretario ya iba de regreso a su oficina.
Luego se inició el carrusel de entrevistas radiofónicas y televisivas con Calderón.
Descentralización de la culpa
Cuando Jorge Fernández cuestionó el funcionamiento de las policías, Calderón no aludió al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pero dio suficientes pistas.
La mañana del martes 2, la Policía Federal detuvo a una veintena de secuestradores en el municipio mexiquense de Nicolás Romero y rescató a dos de sus víctimas. Se supone que el grupo está vinculado a la organización delictiva conocida como La Familia.
"El detener a una peligrosa banda de secuestradores -dijo-, el liberar a dos víctimas, el enfrentarse con los criminales, el perder un policía, Pedro Solana, a cuya familia le mando un sentido pésame... el enfrentarse, el dar de baja o el causar que hayan fallecido cuatro de los delincuentes, en fin... son acciones que realiza una policía que, comparada con la fuerza que tiene una policía estatal o municipal en cualquier parte del país, en el propio Estado de México, es notablemente contrastante."
Calderón comentó que la Policía Federal cuenta con poco más de 20 mil elementos, mientras que las estatales, en conjunto, alcanzan los 450 mil.
En el Diagnóstico de la Seguridad Pública en México, presentado el 21 de agosto en el Palacio Nacional, se establece que la policía del Estado de México cuenta con alrededor de 56 mil 167 elementos. Su salario promedio es de 7 mil 167 pesos mensuales, que si bien es el cuarto más alto en el país -sólo por debajo de Tamaulipas, el Distrito Federal y Querétaro-, resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con el documento mencionado, el déficit es de 20.59%.
En la charla con Jorge Fernández, el mandatario también destacó que si bien el crimen organizado ha expandido sus fuentes de ingresos y éstas van desde el narcotráfico hasta el secuestro, la mayoría de los delitos que afectan a la gente son del orden común: robos y extorsiones. Y eso es responsabilidad de los estados, dijo.
-¿Y concluir con la rendición de cuentas? -planteó el periodista.
-Efectivamente, creo que también en ese terreno el grado de compromiso tiene que homologarse, por el gobierno federal no quedará: rendiremos cuentas no sólo de hasta el último centavo, sino del último acto que realicemos, pero esta rendición de cuentas, insisto, también (debe prevalecer) en otros niveles, órdenes y poderes de gobierno.
Ajeno a estos comentarios, el gobernador Peña Nieto se preparaba para rendir su tercer informe de gobierno con un bombardeo de spots en radio y televisión.
"Compromiso. Gobierno que cumple", fue el slogan de esa campaña. Al informe de Enrique Peña, el pasado 5 de septiembre, acudió Juan Camilo Mouriño como representante del gobierno federal. Calderón se quedó en la Ciudad de México.
Los conductores del noticiario radiofónico La Red, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, le plantearon al presidente el caso del empresario David León, quien protestó ante los medios de comunicación porque un juez radicado en Ciudad Nezahualcóyotl liberó a los secuestradores que mataron a su hija Nayeli, de 18 años.
"Me siento terriblemente indignado y triste por esa situación particular, con mucho coraje porque eso se trata de un juez en el Estado de México sobre el cual yo no tengo ninguna autoridad, por desgracia. Me gustaría tenerla. Aparte, no sólo se trata de otra instancia de gobierno, sino de otro poder.
"(...) Así como yo le estoy exigiendo a mis secretarios que depuren a sus policías y tengan, empezando por sus comandantes, sólo a gente confiable en los mandos y en la operación policiaca, también los jueces deben ser gente confiable y creo que es hora de exigir. La verdad es que cada quien, en este caso el Poder Judicial del Estado de México, debe revisar el caso. A esta persona le ofrezco también coordinarme con el gobernador Peña Nieto."
Michoacán
"Necesito, ciertamente, más apoyo local", reiteró Calderón al abordar el tema de su estado natal con Sarmiento y Juárez.
"Yo estoy absolutamente determinado a limpiar de esa opresión que tiene la sociedad michoacana. Puedo ayudar, a través de denuncias ante las autoridades federales o locales, si pueden hacerlo ante el Ministerio Público Federal pero específicamente al 089, que es donde podemos recibir las denuncias y sin que haya riesgo para las víctimas", agregó.
Los periodistas comentaron reportes llegados a su estación en el sentido de que algunos empresarios medianos y pequeños deben pagar entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales a las bandas de secuestradores.
"Es una situación que yo lamento profundamente y me indigna. Me parece que necesitamos mucho mayor colaboración de las autoridades locales, lo digo con toda franqueza; es decir, hay una buena intención del gobernador, pero necesitamos hacer mucho más", dijo Calderón.
En Michoacán, el salario promedio de los policías es de 2 mil 299 pesos quincenales, de acuerdo con las estadísticas de la SSP. De hecho, esa entidad ocupa la parte baja en la tabla de los sueldos policiales junto con Veracruz (mil 517 pesos) y Yucatán (mil 597 pesos).
En cambio, los secuestros se incrementan: de 727 cometidos durante 2006, pasaron a 785 en 2007. Esta es la cifra récord en los últimos seis años, según se dio a conocer durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia.
Durante la entrevista con La Red, Calderón también mostró su descontento por lo que sucede en la Ciudad de México. Sergio Sarmiento le preguntó qué le podría decir a los empresarios que buscan irse del país o a la señora que tuvo que pagar el rescate por su hijo en la avenida Reforma mientras se desarrollaba la marcha Iluminemos a México.
"Mire, yo a la señora le ofrecería, por supuesto, recibirla a través del propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o del procurador, Eduardo Medina Mora. A mí me interesa ayudarla en su caso. Sé que desconfía, sé que ha tenido expresiones respecto a las autoridades locales", enfatizó.
Calderón siguió comentando: "Lo que sí sé es que si hay un ganadero o un maderero o un comerciante que está siendo extorsionado, la policía de su comunidad tiene que responder, protegerlo y dar con los culpables. Y, ciertamente, yo estoy decidido a ayudarlos, pero si no hay una colaboración local es imposible revertir este problema", continuó Calderón.
Impunidad
Para Calderón el origen de la inseguridad es la impunidad. Lo dijo en las 12 entrevistas.
Al ser abordado sobre este tema en el noticiario matutino de W Radio, el mandatario abordó el caso de las agresiones sufridas por la periodista Lydia Cacho a manos de agentes judiciales de Puebla, quienes pretendían castigarla por señalar al gobernador Mario Marín como integrante de la red de pederastas presuntamente manejada por Jean Succar Kuri:
"En el caso de los jueces de Lydia Cacho, bueno, la procuraduría que está a mi cargo sí consignó ante un juez a los policías judiciales de Puebla que cometieron esos abusos, y fue un juez precisamente el que los liberó.
"De manera tal que a mí me hubiera gustado, por supuesto, que se hubieran obsequiado las órdenes de aprehensión tal y como las solicitamos. Es un asunto al que, por cierto, los medios no le dieron ninguna relevancia", comentó.
Sin embargo, no ha sido congruente. Durante su campaña electoral, en Hueytlalpan, Puebla, Calderón prometió actuar contra Mario Marín por "atropellar la dignidad de una mujer y del pueblo a cambio de dos botellas de coñac". Y el 17 de febrero de 2006, en San Pedro Cholula, llamó entonces "a poner un alto al gobierno de corrupción y de abusos de Mario Marín", por lo que interrumpió sus actividades electorales para presentar ante el Congreso local una demanda de juicio político contra el mandatario. Hasta ahí llegó su afán.
Ya en la Presidencia, Calderón ha compartido con Marín actos oficiales. El pasado 5 de febrero, incluso presenció junto al gobernador el desfile cívico-militar con motivo del 146 aniversario de la Batalla de Puebla.
En Puebla un policía estatal gana un promedio de 5 mil 632 pesos al mes. Para garantizar el sustento de su familia, en un nivel básico, necesitaría ganar 31.44% más. A fin de cubrir ese déficit se requiere una inversión de recursos públicos estimada en mil 46 millones de pesos.
En esas entrevistas, Calderón también soltó su enojo contra los medios de comunicación. Por ejemplo, dejó claro su malestar por la publicación de notas y fotografías de las narcomantas.
Durante la entrevista con Denise Maerker, trasmitida por Radio Fórmula, dijo al respecto:
"Probablemente la estrategia del gobierno es, precisamente, no dar una respuesta (a las mantas). A mí me parece que parte del compromiso que hemos pedido a los medios es, precisamente, no ser o no caer en la propia estrategia comunicacional del crimen organizado, que también libra contra nosotros una guerra mediática y, por supuesto: en fin, no voy a entrar ahorita en el asunto de la responsabilidad de los medios, pero hay un tema... Sabemos exactamente por qué les está doliendo y qué les está doliendo del tema, y la estrategia, precisamente, marca el error de engancharse, precisamente, en su propia lógica mediática."

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Indiciado en la PGR

Una denuncia penal interpuesta por maestros disidentes contra el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, amenaza las aspiraciones presidenciales del político priista. En su demanda, que forma parte de una averiguación previa abierta por la Procuraduría General de la República, los profesores no sólo acusan al mandatario de obstaculizar la formación de un sindicato opuesto al oficial, sino de diversos delitos federales: falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos...
En su afán por impedir la creación de un sindicato de maestros distinto al oficial, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cometió diversos delitos federales, según sostiene una denuncia que forma parte de la averiguación previa 147/UEIDAPLE/7/2008, radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
Peña Nieto, quien ha invertido sumas multimillonarias para fabricarse una imagen de gobernante escrupuloso, está acusado de incurrir en falsedad en declaraciones judiciales, ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, entre otros delitos federales, por lo que se exige acción penal en su contra, previo juicio de desafuero.
De acuerdo con la citada averiguación previa, el "indiciado" Peña Nieto y otros 29 funcionarios de su gobierno violaron la ley en su objetivo de evitar la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM).
Opuesta al oficialista Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que por décadas ha sido sostén económico y electoral del PRI en la entidad, aquella organización pondría en peligro el control que ésta ejerce actualmente sobre el gremio.
Peña Nieto, aspirante a candidato presidencial y quien este viernes 5 rindió su tercer informe de gobierno, ha advertido que bajo ninguna circunstancia permitiría la división del magisterio oficial, y así se lo hizo saber, desde el año pasado, a los promotores del SUMAEM, quienes presentaron la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
"El primer opositor a nuestro movimiento sindical abiertamente lo ha sido, desde el principio, Enrique Peña Nieto, quien de manera pública, abierta y violando nuestras garantías manifestó que personalmente no permitiría el divisionismo del sindicalismo oficial", dice el escrito de denuncia, presentado el 20 de junio ante la PGR, y añade:
"Y dado que no aceptamos ni aceptaremos nunca alinearnos, que no permitimos que un gobernador decida por nosotros en materia sindical, implementó un operativo conjunto con funcionarios de su gobierno y del sindicato oficial para que, de un solo golpe y sin garantía de audiencia, corrieran de su fuente laboral a todos los integrantes del nuevo sindicato."
Luis Zamora Calzada, secretario general del SUMAEM y autor de la denuncia, afirma que desde que un grupo de maestros decidió renunciar al sindicato oficial y ejercer su derecho constitucional a asociarse, a finales de 2006, el gobierno de Peña Nieto inició una tenaz persecución contra ellos al reubicarlos en otros centros de trabajo, suspenderles pagos, despedirlos y aun amenazarlos de muerte y con encarcelarlos.
De hecho, desde abril del año pasado, después de que las autoridades laborales de la entidad le negaron la toma de nota al nuevo sindicato, lo que dio origen a un complejo litigio que se desahoga en diversas instancias, incluyendo las de derechos humanos, las "amenazas cumplidas" han sido permanentes.
En la misma fecha, los 59 maestros afiliados al sindicato fueron ilegal y arbitrariamente cambiados de adscripción, con el afán de hacerlos desistir: Quienes tenían su escuela en Ecatepec o Cuauti-tlán, por ejemplo, fueron enviados a Tlatlaya o Tejupilco, y los de Toluca o Atla-comulco hasta Chalco, el otro extremo del estado.
"La única forma de regresar es que se desistan de esta pendejada", les advirtió a los sindicalistas José Manzur, subsecretario de Gobierno, y les anticipó: "Aquí no va a haber ningún sindicato. Mientras esté Peña Nieto, jamás les van a dar la toma de nota."
La represión como norma
Esa ha sido la conducta sistemática del gobierno estatal, afirma Zamora Calzada, quien explica que en esa ocasión decidieron ceder, aunque sólo para relanzar su movimiento, al que el gobierno le teme porque perdería el control de un gremio que en la entidad se compone de más de 60 mil profesores.
"El sindicato oficial fue creado por exgobernadores para su servicio y el nuestro será para los trabajadores. Este es un cambio ideológico muy fuerte: Se lograría la libertad e independencia no sólo del sindicalismo partidista del magisterio del Estado de México, que implicará pérdida de votos para el PRI, sino la académica."
El gobierno de Peña Nieto teme perder, además, los recursos del magisterio: "Aunque maneja 35 millones de pesos anuales por cuotas sindicales, ahí no está el asunto económico, sino en los fondos de obras, pensiones y de retiro. Son cantidades fuertes de dinero que no son auditadas. Y es la caja chica de muchas cosas, como los procesos electorales al servicio del PRI".
Por eso, dice, el gobierno está dispuesto a reprimir cualquier intento legítimo de crear un sindicalismo que no le sea incondicional. En octubre del año pasado se recrudeció el embate: Aunque Manzur fue destituido, su sucesor, Luis Miranda Nava, no fue menos implacable, sobre todo porque es compadre de Peña Nieto.
"Quiso cooptarme, ofreciéndome un arreglo nada más entre él y yo, pero se enfureció cuando le dije que era sólo el representante del sindicato y que lo único que queríamos es que se actuara conforme a derecho."
La respuesta llegó unos días después: entre el 8 y el 18 de octubre se multiplicaron acciones de hostigamiento contra 29 maestros y sus contratos fueron rescindidos, supuestamente porque se habían ausentado de manera injustificada de su trabajo cinco días en un mes y porque le faltaron al respeto a sus superiores. Desde entonces ese grupo de profesores no cobra.
Y el más reciente acto en ese sentido se produjo una semana después de que -sin anunciarla públicamente- se presentó la denuncia ante la PGR contra Peña Nieto.
"Me llamó el subsecretario de Educación Básica y Normal, Ernesto Monroy, para reclamarme que hubiera demandado al gobernador. Me exigió que me desistiera de la demanda y de la toma de nota del sindicato, porque de lo contrario la secretaria de Educación, Guadalupe Monter, y él me iban a echar del magisterio para siempre."
Y ante la negativa, la amenaza se cumplió: El 1 de julio le fue notificado al dirigente sindical, por escrito, el "aviso de rescisión de la relación laboral", mediante el cual "deja de surtir efecto el nombramiento de investigador educativo, adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación".
Zamora Calzada escribió en la notificación: "Se firma bajo protesta y no se acepta por ser una represión sindical y atentado contra el artículo 123 constitucional", que consagra que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil".
Para el dirigente, es ridículo que haya sido cesado como investigador por supuestamente atribuir públicamente hechos falsos a autoridades educativas. "¡Es realmente risible y la estaré combatiendo en demanda laboral!".
Las acusaciones contra Peña Nieto
En realidad, explica el dirigente, lo que ha hecho montar en cólera a Peña Nieto y a los secretarios de su gabinete fue la demanda penal ante la PGR, en la que se acredita la violación a la Ley de Amparo y al Código Penal, algo que puede echarle a perder su pretensión de ser candidato presidencial en 2012.
Según Zamora Calzada, las pruebas incriminan a Peña Nieto: El gobernador rindió un informe justificado ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, en el que niega que se hayan rescindido los contratos y suspendido los salarios a los promotores del sindicato, cuyas plazas, afirma, no se han reasignado a terceras personas.
Sin embargo, de acuerdo con lo que consta en el expediente del amparo indirecto 1066/2007-II, esas acciones sí se llevaron a cabo, por lo que Peña Nieto y los secretarios de Gobierno, Humberto Benítez Treviño; de Educación, Guadalupe Monter; de Finanzas, Luis Videgaray; de la Contraloría; Marco Antonio Abaid, así como funcionarios de menor jerarquía, violaron lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Amparo.
Esta disposición establece que "las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en los términos del Código Penal en materia federal".
Y el artículo 147 del Código Penal dispone que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario al que, como indica la fracción V, "en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte".
Pero además, dice la denuncia, "aunado a los delitos anteriores, solicitamos (que los indiciados) rindan declaración también por el delito de falsificación, utilización y uso de documentos y sellos oficiales".
Y añade: "Derivado también de lo anterior se desprende la coalición de servidores públicos del gobierno del Estado de México, al tomar medidas en nuestra contra con la finalidad de hacernos desistir de nuestro movimiento sindical, tales como inventarnos supuestas faltas laborales inexistentes (sic) reprocharnos abandono de nuestra fuente laboral, agresiones a nuestros superiores, así como supuestas conductas en contra de nuestros superiores, lo cual es falso".
En el escrito se describen, además, numerosas acciones de represión y arbitrariedad contra quienes han decidido formar parte del SUMAEM, como la intimidación física, moral y sicológica, el espionaje, el acoso y aun cárcel, como le ocurrió a Manuel García García, a quien indebidamente le atribuyeron un delito cometido por un homónimo.
De hecho, la denuncia no se presentó en la delegación de la PGR en el Estado de México, "por el temor de que se dejara de investigar o incluso de la no aplicación pronta y expedita de la ley", sino en la Ciudad de México.
Poco después de que la denuncia se presentó, Zamora se decía confiado en las autoridades: "Me dijeron que no importaba que fuera Peña Nieto, que iban a cumplir con lo que la ley establece".
Sin embargo, el martes 2 de septiembre se le informó al gobernador de una anomalía en la PGR: Se "extraviaron" documentos del expediente que prueban las violaciones a la ley cometidas presuntamente por el propio Peña Nieto y algunos de sus funcionarios, tal como consta en un sello de recibido con fecha 3 de julio.
"Algo raro está pasando", dice Zamora. "Esperemos que no sea una maniobra de encubrimiento".
De lo que no tiene duda es de que "habrá más represión: Si ya demostraron que no respetan la ley y no les importa el estado de derecho, ojalá no lleguen a los secuestros ni a un muerto".
Contra él, dice, hay al menos 10 denuncias penales, entre ellas una por acoso sexual en Chalco y por falsificación de firmas. "Me da risa, porque no es cierto, pero son expedientes en reserva que en cualquier momento los pueden activar".
Añade: "Peña Nieto está muy molesto, pero él viola le ley. Al permitir que sus funcionarios violen la ley, él la está violando".
Ni Pastor ni Chuayffet
Aprovisionado con gruesos expedientes de miles de fojas, el dirigente sindical confía en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje reconocerá al SUMAEM, porque le asiste la razón y porque los maestros del Estado de México están cansados del sindicalismo oficial.
"Han sembrado pánico y terror en la gente. Pero hay muchos maestros que quieren cambiar la situación educativa y con todos los temores se han afiliado. La gente está cansada. No le ve utilidad al sindicato oficial, que es un sindicato cobracuotas."
Según Zamora, la creación del sindicato que encabeza provocará una revolución en el estado, porque el proyecto no es sólo sindical, sino académico.
"Nuestra intención es trabajar, desde el ámbito sindical, un nuevo modelo educativo, desde al menos cuatro ejes: la rendición de cuentas, para que la gente sepa en qué se invierten recursos; transparencia en la gestión, porque el sindicalismo actual sólo impulsa a incondicionales; toma de decisiones democráticas y un nuevo perfil del maestro, para que vuelva a ser el referente social de antaño."
Para lograr esto, añade, hay que erradicar prácticas como la suspensión injustificada de clases originadas por el sindicato y la propia estructura educativa. "Lo más reciente fue la inauguración de un torneo de futbol de Peña Nieto en Ciudad Nezahualcóyotl, a donde se llevaron a casi 10 mil maestros y dejaron a 40 mil alumnos sin clases".
El manejo del dinero de los trabajadores es también muy opaco, no sólo por las cuotas anuales, sino por los fondos. "Nadie sabe cuánto hay y es la caja chica de muchas cosas".
-¿Es como el sindicato que encabeza Elba Esther Gordillo?
-Sí, es una réplica.
Acusado de estar patrocinado por enemigos de Peña Nieto, Zamora Calzada niega que, como se le ha imputado, sea testaferro del exdirigente priista Isidro Pastor o Emilio Chuayffet, y afirma que su principal apoyo es el abogado Alejandro Velázquez Méndez, quien logró la jurisprudencia de la libertad sindical, en mayo de 1999, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"No hay personajes políticos, no hay quién nos apoye políticamente, no hay ni un partido. Hemos tenido acercamiento con los presidentes de las comisiones de Educación, del Trabajo y de Justicia del Congreso, que son encabezadas por panistas, pero nosotros no tenemos la culpa. Hablamos con todos los partidos, menos con el PRI, que no quieren."

Al estilo Atlacomulco

Jose Gil Olmos

Con Enrique Peña Nieto como figura visible y aspirante a candidato del PRI a la Presidencia, el Grupo Atlacomulco reaparece para intentar, una vez más, llegar al máximo poder del país. Considerado por sus incondicionales una especie de Golden Boy, Peña Nieto cuenta con el apoyo de sus padrinos y recurre a las tradicionales componendas y mañas priistas, a fin de que el partido arrase en las elecciones de 2009. Si el próximo año consigue pintar de rojo (el color que identifica al grupo) la entidad políticamente más importante después del DF, el bisoño gobernador mexiquense tendrá la plataforma de lanzamiento para eventualmente alcanzar la meta que su vanidad le ha fijado: Los Pinos.
Con Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco y el PRI se aprestan a la reconquista de la Presidencia de la República.
Consultados al respecto, los exconsejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Norberto López y Gabriel Corona sostienen que el primer paso es lograr que ese partido triunfe en los procesos electorales de 2009 para después lanzar al mexiquense como su candidato al 2012.
Y advierten que Peña Nieto está actuando a la vieja usanza: con amenazas, sobornos y negociaciones oscuras para eliminar a sus adversarios.
Al igual que la doctora Ruth Carrillo Téllez, López y Corona fueron apartados recientemente del IEEM como parte de una reestructuración del instituto pactada por los partidos que integran el Congreso del estado. Dicen que su salida se inscribe en la estrategia de Peña Nieto y su grupo para apropiarse del organimo electoral con el fin de asegurar la victoria de su partido en la elección de presidentes municipales y dipu-tados locales de marzo de 2009.
López insiste: "Después de más de 40 años de vida, el Grupo Atlacomulco se juega su futuro político en la elección del año que viene, por eso sería desastroso para sus planes perder en 2009. Para ellos es fundamental hacer una demostración de poder y mandar ese mensaje a nivel nacional, dejar ver su capacidad de operación política. Si no logran pintar de rojo al Estado de México, el gobernador Peña Nieto estará remando contra corriente hacia el 2012."
"Indudablemente -añade-, todo apunta a que en la próxima elección el PRI recupere municipios importantes del Valle de Toluca y del Valle de México, y Peña Nieto surja como triunfador. Con esta demostración el gobernador quedaría como el personaje que da el mejor perfil para ser el candidato a la Presidencia de la República. Yo diría que las elecciones de 2009 van a servir de plataforma para el lanzamiento de Peña Nieto."
Gabriel Corona, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el Estado de México se ha convertido en el "laboratorio electoral", pues lo que ocurre aquí se extrapola al resto del país.
"Lo que se quiere hacer en la elección de 2009 es dar una muestra de poderío del PRI y del gobernador Peña Nieto". Advierte que será difícil el carro completo como en Veracruz, porque en el Estado de México el PAN y el PRD tienen mucha fuerza y tratarán de conservar lo alcanzado en 2006.
Actualmente el PRI tiene la mayoría relativa en el Congreso estatal con 19 dipu-tados, mientras que el PRD cuenta con 17 y el PAN con nueve; a nivel municipal el PRI gobierna en 53 alcaldías, el PRD en 29 y el PAN en 25.
Estrategia mediática
Montado desde hace tres años en una campaña mediática de costos multimillonarios, el gobernador del Estado de México ofrece una imagen moderna e impoluta, colocándose entre los principales aspirantes a la nominación presidencial del PRI.
Según Corona, los medios han enfocado sus baterías en la posible candidatura presidencial de Peña Nieto, lo cual contribuye a meterlo en el imaginario colectivo, no sólo de los partidos, sino de la gente del estado y del país.
Además, el gobernador mexiquense es impulsado por el Grupo Atlacomulco y por personajes como Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo, quien lo considera como "uno de sus favoritos" para 2012 e incluso trabaja en ese proyecto.
En sus tres años de gobierno, el Golden Boy, como le llaman en la entidad, aprobó obras carreteras en las que invirtió ya 11 mil millones de pesos; proyectos como el segundo piso en Periférico Norte, que tendrá un costo de 3 mil 900 millones de pesos y estará a cargo de la empresa española OHL; el tren suburbano que realizará la compañía CAF, también española, y en el cual se invertirán 6 mil 700 millones de pesos, en coordinación con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, así como el impulso a la compañía Casas Geo para la construcción de viviendas de interés social en los municipios del Valle de México donde el PRD y el PAN tienen cada vez más seguidores, entre otros.
Con estas obras y con la exitosa estrategia de medios, a la mitad de su mandato Enrique Peña Nieto se convirtió en el político más conocido del país, luego de Felipe Calderón, apoyado en la intensa campaña de medios con Televisa y otras corporaciones. En esta estrategia de posicionamiento invirtió 742 millones de pesos sólo en 2005 (Proceso 1512). Lo mismo aparece en partidos de futbol que en telenovelas y en noticiarios de ese consorcio; incluso escogió los horarios estelares.
Se desconoce el monto erogado por Peña Nieto durante sus tres años de administración; siempre que se le pregunta sobre este aspecto elude el tema. Así lo hizo el viernes 5 en su tercer informe de gobierno, cuando varios diputados de oposición le pidieron que hiciera público ese asunto.
La diputada del PAN María Elena Pérez de Tejada le dijo que tan sólo en 2006 su gobierno gastó 204 millones de pesos en publicidad cuando lo autorizado por el Poder Legislativo era de 136 millones. El mandatario guardó silencio.
La importancia de los medios, principalmente de las televisoras, es de tal dimensión para Peña Nieto que en septiembre de 2007 encabezó al grupo de gobernadores que realizaron una campaña en las legislaturas del estados para que no se aprobara la reforma electoral que impide la promoción de las obras de los gobiernos para fines personales y electorales.
En una entrevista publicada en Reforma el mismo viernes 5, el gobernador se quejó de que ya no tuviera las mismas condiciones para salir en los medios promoviendo su imagen. "No puedo hacerlo encapuchado", dijo, pero confesó que este impedimento legal lo ha obligado a "innovar" acciones para promocionar a su gobierno a nivel nacional.
La "creatividad" a la que se refiere Peña Nieto es pagar a actores, como Jaime Camil, Angélica Rivera y Patricia Manterola, para que promuevan sus programas de gobierno y el cumplimiento de sus compromisos; o también la contratación de publicidad en las páginas electrónicas de los diarios, la realización de podcast y de infomerciales en radio.
"Nuestro estado tiene una condición similar a la del Distrito Federal, donde los medios de comunicación -impresos y electrónicos- son de carácter nacional. Con los medios locales del Valle de Toluca no informas donde está el grueso de la población; informar es una exigencia de quien gobierna", justificó en la entrevista con Reforma.
Y así, montado en esta dispendiosa estrategia de medios, el joven gobernador se lució en las cuatro horas que duró su tercer informe. A ese acto asistieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, los dirigentes del PRI, PVEM y Panal, así como representantes de la Iglesia católica con quienes tiene fuertes lazos.
El acto se realizó en el Congreso del estado, incluso se instalaron pantallas gigantes en el Teatro Morelos para que los más de 4 mil invitados siguieran el informe; además, se trasmitió en vivo en la página electrónica de algunos medios, como Reforma, algo que no pudo hacer el presidente Felipe Calderón, cuyo acto de entrega del segundo informe sólo duró ocho minutos y fue trasmitido únicamente por el Canal del Congreso.
Merced a esta estrategia es que se ha colocado en altos niveles de aceptación ciudadana. En la encuesta de Mitofsky publicada en El Universal el pasado 17 de junio, Peña Nieto ocupa el primer lugar de los gobernadores más populares, seguido de Marcelo Ebrard, Fidel Herrera, Mario Marín, Leonel Godoy, Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, Amalia García, Humberto Moreira y Zeferino Torreblanca. Mientras que en la encuesta publicada en Reforma el viernes 5, aplicada a los habitantes del Estado de México, el mandatario mexiquense alcanzó un nivel de aceptación de 71%, el más alto de todos los gobernantes del país, incluido Felipe Calderón.
Sin embargo, dos hechos siguen opacando su popularidad: la extraña muerte de su esposa Mónica Pretelini el 11 de enero de 2007 y el escándalo de la riqueza inexplicable del exgobernador Arturo Montiel.
Cuestionado en el marco de su tercer informe por la impunidad del caso Montiel, que fue cerrado por su gobierno en 2007 sin castigar a nadie, Peña Nieto contestó molesto:
"Mi respuesta es la misma que tuve hace un año: el gobierno actúo con estricto apego a derecho, creamos una fiscalía especial, creamos un consejo ciudadano". También mencionó que la PGR tuvo conocimiento de todos los expedientes del caso; no se dejó llevar por presiones partidistas.
Y en torno de la muerte de su esposa, en una entrevista con Reforma difundida en video dijo que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida pero que ya lo ha superado junto con sus dos hijos. No obstante, en los círculos sociales y políticos de la entidad se sigue comentando que Mónica Pretelini falleció de manera inesperada por un brote de epilepsia que no fue atendido a tiempo.
El grupo
A la par de su estrategia mediática encaminada a conseguir la candidatura presidencial, Peña Nieto también se alió con representantes del Grupo Atlacomulco, que extendió sus redes a los municipios del Valle de Toluca.
Entre éstos destacan los exgobernadores Alfredo del Mazo -tío de Peña Nieto-, Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor y César Camacho, con quienes se reúne constantemente.
El exconsejero Gabriel Corona asegura que el grupo sigue existiendo. "Está muy bien organizado y se sigue identificando así, aunque hoy abarca los municipios de Lerma, Tianguistengo, Toluca y Metepec, de los que han surgido los últimos gobernadores. Este grupo tiene muchos recursos y una máquina electoral muy eficaz".
Según él, el Grupo Atlacomulco le apuesta a Peña Nieto para conseguir por primera vez la Presidencia de la República. De ahí su obsesión por controlar al instituto estatal electoral a como dé lugar. "Las presiones se hacen a través de las representaciones de los partidos en el instituto".
Así mismo, dice Corona, utilizan los medios afines a ellos para amedrentar a los consejeros que se opusieron a la creación de un partido local.
Algo similar sucedió a finales de 2007, cuando el IEEM intentó realizar la redemarcación de los 45 distritos, como lo establece la ley electoral del estado, para conformar un nuevo mapa electoral de acuerdo con la distribución poblacional. Hacerlo implicaba modificar la Constitución y desa-parecer cinco o seis distritos del Valle de Toluca, donde el PRI domina, y adscribir a los ciudadanos al Valle de México, donde PAN y PRD tienen mayor presencia.
El gobierno de Peña Nieto envió a uno de sus operadores, Eduardo Bernal, quien dijo a los consejeros que esa redemarcación no pasaría. Y así fue. La reforma electoral se aplazó para 2011, cuando Peña Nieto haya dejado la gubernatura.
Otra muestra del poder que ejercen el gobernador y su grupo es el control que ejercen en el IEEM. Si bien el PAN tiene la presidencia de ese órgano electoral, el PRI cuenta con más de la mitad de la estructura.
El profesor Norberto López asegura que el propósito de Peña Nieto es poner a un incondicional en la nueva secretaría ejecutiva del instituto que tendrá como atribuciones clave coordinar los trabajos de capacitación y organización, así como todo lo relacionado con la instalación de las mesas directivas de las casillas para los comicios de 2009.
Lo que buscan, dice, es "recuperar presidencias municipales significativas, como Toluca, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán y Ecatepec, que son posiciones muy valiosas política y económicamente".
El Grupo Atlacomulco confía en que Peña Nieto ayude al PRI a recuperar los espacios perdidos en los últimos años y pintar de rojo al país en las elecciones de 2009 y 2012, el color que el PRI eligió desde hace 12 años como bandera de lucha, pero que con Francisco Labastida y Roberto Madrazo se vio deslucido por la derrota frente al azul del PAN.