MEXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Hijos de la misma entraña, el Partido Acción Nacional (PAN), y afines en ideas e intereses --¿en cuáles chocan?--, Felipe Calderón y Vicente Fox han sido siempre rivales y cómplices, y la diatriba que ahora protagonizan en torno del crimen organizado que cruza sus gobiernos no parece trascender los meros artificios retóricos.Calderón, quien en buena medida gracias a su antecesor ha asegurado su futuro económico no sólo por la pensión vitalicia que disfrutará, sino por los negocios que le gestiona el abogado Julio Esponda Ugartechea -socio del flamante secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la defensa de criminales de cuello blanco--, reactivó la ofensiva verbal contra Fox en el marco del desbarajuste de la "guerra" contra el narcotráfico.Sólo en este tema, del que el PAN echará mano para no hundirse en las elecciones del 2009, las acusaciones de Calderón a Fox son directas e inequívocas: Le heredó un "Estado doblegado" por el poder de grupos criminales, debido a que los ignoró y/o pactó con ellos."Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio", afirmó Calderón en un informe enviado, por escrito, a la Cámara de Diputados, a finales de noviembre.Un mes después, apenas el viernes 19 de diciembre, añadió: "El haber ignorado o haber pretendido administrar a la delincuencia, en lugar de enfrentarla con determinación en el pasado, trajo consecuencias funestas para México. Afortunadamente, así como los mexicanos de hoy estamos pagando las consecuencias de lo que no se hizo ayer, también sabemos que lo que hoy hacemos es una semilla que dará resultados y cuyos frutos podrán verdaderamente tener los mexicanos del mañana."Y añadió: "Mi gobierno no negocia ni negociará jamás con las organizaciones criminales a las que combatimos sin distingo alguno, que estamos decididos no sólo a enfrentar, sino a vencer con toda la fuerza del Estado a los enemigos de México y seguros de ello derrotaremos a quienes quieren ver paralizado al gobierno y a la sociedad sembrando el temor, la desesperanza y la corrupción."Justo en la ceremonia en la que Calderón pronunció estas sentencias, con clara dirección, el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, fue más obvio, aunque sin referirse específicamente a Fox, cuando afirmó que al inicio de este gobierno la delincuencia organizada operaba impunemente, en una situación que no podía ser tolerada."No podíamos aceptar más actitudes de indiferencia ante un problema de inseguridad que, de continuar ignorado o solapado, llevaría a un alto riesgo para la seguridad nacional", expuso, en vísperas de que ocho militares fueran asesinados y decapitados en Guerrero.Aunque es una obviedad decir que, después de tales acusaciones, Calderón está obligado a proceder contra Fox, conviene recodar que entre ambos ha habido siempre una convergencia de intereses que se anteponen a diatribas transitorias.La más remota puede encontrarse hace casi tres lustros, en 1995, cuando Calderón compartía las furias de Carlos Castillo Peraza por el locuaz Fox de Guanajuato, lo que jamás dio lugar a un distanciamiento mayor, como ocurrió tres años después, en 1998, cuando los hermanó un episodio que condujo al triunfo del 2000: La convalidación del Fobaproa, las deudas de grandes inversionistas privados que los mexicanos seguimos pagando.A los berrinches del Calderón diputado con el gobierno de Fox, siguió el pleito por el despido de aquél de la Secretaría de Energía y desde ahí, tras una elección fraudulenta cuyos responsables siguen impunes, su lanzamiento como candidato presidencial del PAN, cuyo triunfo en la elección del 2006 no se explica sin la decidida intervención del aparato gubernamental federal y los intereses que sobre él gravitaban. Cómplices, por tanto, en la retención del poder presidencial, poco puede esperarse de que Calderón traduzca en acciones punibles las acusaciones de complicidad e ineptitud del foxiato, salvo que estén ya integrados los expedientes para proceder contra los responsables en el gobierno anterior.Aunque remota, es una posibilidad que no puede descartarse de plano por razones de carácter electoral: El operativo con agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para detener brevemente a Manuel Bribiesca, el miércoles de la semana pasada, por un asunto hacendario menor, es un calambre para Fox. Mujer de uno y de otro, Marta Sahagún está actuando, subrepticiamente, en el ámbito partidista, al menos en Nuevo León, para que le sean respetados candidatos afines, sobre lo que aquí se informará con oportunidad...Apuntes Aun con dos pesos de aumento al salario mínimo y, al contrario, el alza número 32 a los combustibles, ¡felices fiestas a los lectores! delgado@proceso.com.mx
Las acciones realizadas por el gobierno de Felipe Calderón para combatir la corrupción, así como los detalles de la Operación Limpieza, encaminada a frenar las infiltraciones del narcotráfico en las dependencias públicas, no podrán ser conocidas por la opinión pública.Lo anterior es producto de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado el viernes 5 y por la Cámara de Diputados el miércoles 10. En el artículo 16 del nuevo código, por ejemplo, se prohíbe, sin excepción, el acceso a las averiguaciones previas, incluso si éstas ya concluyeron.Entre los puntos de la miscelánea penal aprobada por el Congreso de la Unión destaca una disposición para impedir la difusión de información de investigaciones judiciales, así se trate de casos de interés público. La estrategia para efectuar dichos cambios se fraguó desde la Secretaría de Gobernación, cuando Juan Camilo Mouriño aún era el titular de esta dependencia.Debido a este candado, las investigaciones en las que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no solicitaron órdenes de aprehensión ni formularon cargos contra los detenidos se mantendrán bajo reserva. De acuerdo con las disposiciones del código reformado, sólo se tendrá acceso a esos expedientes luego de un período de tres a 12 años.Estos cambios y restricciones tienen un destinatario: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Desde la fundación de este organismo hace más de cuatro años, sus comisionados establecieron criterios respecto del manejo de las averiguaciones previas; siempre que algún ciudadano solicitó copia de documentos públicos, ordenaban a las autoridades atender la petición.Las dependencias solían omitir datos personales de los funcionarios -direcciones, teléfonos, preferencias sexuales, religión, números de cuentas bancarias, estado civil, entre otros-, así como la estrategia utilizada por las policías para la investigación, como nombres de testigos, intervenciones telefónicas y otros elementos utilizados en las pesquisas.Con ello se protegían las dos vertientes: la personal y la correspondiente a la investigación policiaca. Las autoridades, ya fuesen de la PGR o de la SSP, tachaban párrafos o líneas de los expedientes. El resto de la información se podía entregar al solicitante.Mediante las versiones públicas de las averiguaciones previas fue posible conocer la actuación del Ministerio Público para exonerar al exgobernador del Estado de México Arturo Montiel, acusado de enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. Así pudo el representante social determinar que no había pruebas ni elementos suficientes para ejercer acción penal en contra del exmandatario.Cuando el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales se publique en el Diario Oficial de la Federación, casos como el anterior ya no podrán ser conocidos por la opinión pública.
Doble discurso
De acuerdo con The Trust of Americas, una organización no gubernamental vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto la Ley Federal de Transparencia mexicana como las decisiones tomadas por el pleno del IFAI sirvieron de modelo para diseñar los sistemas de rendición de cuentas en la mayor parte de los países de Centroamérica y el Caribe.El martes 9, Calderón presentó su plan anticorrupción. En un jardín de la residencia presidencial anunció que el eje principal de este proyecto consistiría en consolidar una política de Estado en materia de información. Ante decenas de funcionarios e invitados especiales, entre los que se encontraba el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, dijo:"Por una parte, tenemos una legislación de vanguardia en materia de acceso a la información pública. En el caso del gobierno federal, cualquier ciudadano puede preguntar prácticamente lo que quiera; lo puede hacer, incluso de manera anónima. Cada año crecen, hasta llegar a cientos de miles, las preguntas que se hacen al gobierno federal y que obligatoria y puntualmente se responden."El miércoles 10, un día después de este discurso en que el presidente exaltó la transparencia y la rendición de cuentas, en la Cámara de Diputados se aprobó el primer paquete de la miscelánea penal, que contiene la disposición para impedir que se hagan públicas las averiguaciones previas.La votación a favor de las reformas orientadas en lo general a frenar la inseguridad pública fue muy clara: 314 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en contra. Algo similar ocurrió el viernes 5 en el Senado. Los legisladores modificaron en lo general ocho ordenamientos para redefinir las funciones de la policía y ampliar las facultades del Ministerio Público.Llamó la atención de la prensa el que, con estas reformas, las autoridades podrán tramitar un arraigo domiciliario en sólo 24 horas y sin necesidad de presentar un escrito. Sin embargo, el candado a las averiguaciones previas nunca fue conocido por la opinión pública.Las nuevas restricciones impedirán conocer por qué los hermanos Bribiesca Sahagún fueron exonerados por la PGR de las acusaciones por un presunto tráfico de influencias formuladas en su contra por una Comisión de la Cámara de Diputados; tampoco se sabrá la manera en que los cárteles del narcotráfico penetraron las estructuras policiacas y pusieron en su nómina a funcionarios de altísimo nivel, tanto de la SSP como de la PGR.Las restricciones a la información que debería ser pública también pueden obstruir las revisiones del pasado reciente. En 1996, el gobierno de Ernesto Zedillo entregó a Juan García Ábrego, el fundador del cártel del Golfo, a Estados Unidos sin que mediara juicio ni solicitud de extradición. Aún se desconoce si la PGR tiene archivos relacionados con el caso.El miércoles 17, el IFAI reaccionó a las enmiendas al nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Una semana después de la reforma, Lujambio calificó lo sucedido en el Congreso de la Unión como "un gran retroceso" en materia de rendición de cuentas.Antes del inicio de la sesión plenaria semanal, acompañado por los otros cuatro comisionados, Lujambio declaró que en la coyuntura por la que atraviesa el país por los altos índices de inseguridad, es imperativo medir los alcances de esta reforma."El objetivo, absolutamente pasivo, puede alcanzarse con un equilibrio normativo adecuado entre la posibilidad de transparentar la función a cargo del Ministerio Público y garantizar la eficacia de la acción investigadora que éste realiza en cada caso. El acceso a versiones públicas de averiguaciones previas concluidas es un medio clave para apuntalar la credibilidad y la confianza ciudadana en el Ministerio Público", enfatizó el presidente del IFAI.Dijo que el instituto ha sido claro en sus resoluciones en el sentido de permitir que continúen bajo reserva las averiguaciones previas que estén en trámite, a fin de fortalecer las investigaciones.Puntualizó que, en los primeros años de operación de la Ley de Transparencia, la PGR cumplió cabalmente con las resoluciones del IFAI y otorgó acceso a versiones públicas de diversos documentos vinculados con averiguaciones previas.Sin embargo, a partir de 2007, la PGR sostuvo que tratándose de averiguaciones previas operaba una reserva absoluta sin posibilidad de distinguir el estado en el que se encontraban. A partir de ese momento comenzaron las trabas.Y añadió: "La PGR promovió acciones jurisdiccionales contra las resoluciones del pleno del IFAI cuando versaban sobre averiguaciones previas, aun cuando la Ley Federal de Transparencia estableció que dichas resoluciones son definitivas e inatacables para las autoridades. Así se generó un incumplimiento sistemático. El IFAI ha denunciado esto ante la Secretaría de la Función Pública y está a la espera de conocer los resultados".Ante el reclamo del IFAI, los líderes de las bancadas del PAN, del PRI y del PRD cerraron filas. Al final de una rueda de prensa ofrecida en el Senado el jueves 18 por la tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que las averiguaciones previas deben conservar la reserva necesaria para culminar con éxito las investigaciones, sin que el proceso penal se preste a especulaciones o difamaciones públicas."Existe total y completo convencimiento por parte del Senado de que las averiguaciones previas deben conservar la secrecía necesaria, para que la culminación de éstas ponga sobre la mesa la verdad, se eviten especulaciones y daños a famas públicas en el transcurso de las indagatorias", dijo.En las estadísticas acerca de las resoluciones del IFAI consta que ninguno de los comisionados -Jacqueline Peschard, María Marván Laborde, Alonso Gómez-Robledo, Juan Pablo Guerrero y el propio Lujambio- ha planteado la posibilidad de abrir una averiguación previa cuando aún está en curso.El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, rechazó los señalamientos de Lujambio respecto de que se fraguó una regresión.Dijo: "Hay que actuar con mucha responsabilidad para proteger los datos de las acciones que el Estado realice, sobre todo contra delincuentes agrupados en el crimen organizado".Al igual que en el caso del senador Manlio Fabio, al contrastar estas declaraciones con las estadísticas del IFAI se localizaron inconsistencias. En las versiones públicas ordenadas por el instituto a la PGR se mantiene bajo reserva o resguardo cualquier dato que pueda poner en alerta a la delincuencia organizada sobre la estrategia del gobierno para perseguirlos. Al respecto, el constitucionalista Miguel Carbonell advirtió que lo hecho por el Congreso de la Unión y el gobierno no sólo es una regresión, como lo apuntó Lujambio, sino que también representa una violación a la Carta Magna.En una entrevista realizada el viernes 19 en W Radio, señaló que resultó incongruente tomar una decisión de ese tipo cuando esos mismos legisladores reformaron el artículo sexto con el propósito de incluir el acceso a la información como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos.Carbonell agregó que si se concedieron amparos a los presuntos miembros de la banda de secuestradores llamada La Flor, ya no habrá manera de saber si esto pudo obedecer a un mal trabajo del Ministerio Público.Hasta el momento, la PGR había tramitado 12 juicios de nulidad contra el IFAI ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a fin de no entregar versiones públicas de averiguaciones previas las cuales, casi en su totalidad, fueron requeridas por reporteros. De acuerdo con la dependencia, sólo los involucrados en las investigaciones tienen derecho a conocer los contenidos de los expedientes aun cuando ya estén cerrados. l
Los indicadores del Inegi y de la CEPAL son inapelables y muestran que la recesión económica ya llegó al país. Pero el gobierno mexicano, con el presidente Calderón y Agustín Carstens a la cabeza, insisten en un optimismo infundado, contrario a la realidad: desempleo, freno industrial, cartera crediticia vencida... es decir, muy cerca de la debacle. La economía se derrumba, el desempleo crece, el consumo se paraliza. Miles de mexicanos se suman cada día a las filas de quienes no pueden pagar sus deudas. Los salarios, indefensos ante una inflación que no deja de subir. Entre los empresarios crece la angustia: sus negocios están en riesgo y reclaman al gobierno acciones urgentes para enfrentar la crisis. Organismos internacionales advierten: por su dependencia extrema de Estados Unidos, México será el país más dañado. Pero el gobierno federal no cede. "Todavía es prematuro decir que hay recesión en México", dijo el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el jueves 18.Y el presidente Felipe Calderón, el mismo día: "El mundo vive momentos difíciles en lo económico", pero México sabrá aminorar los impactos de esa situación, pues "hemos hecho la tarea, hemos conducido con responsabilidad las finanzas públicas".Horas antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó su más reciente balance de las economías de la región y las expectativas para el futuro inmediato: Con apenas un crecimiento económico de 0.5%, México será el país con el peor desempeño de América Latina en 2009, y ello se traducirá, sin duda, en un incremento importante en el desempleo y la informalidad, y en menores niveles de bienestar para la población de más bajos recursos.Como ya ocurrió este año, en el que México, según las cifras de la Cepal, tuvo uno de los peores comportamientos: cuando mucho crecerá 1.8%, muy por debajo del 4.6% promedio de las economías de la región, con excepción de Haití, que sólo creció 1.5% en 2008.Por la cercanía y dependencia tan estrecha con Estados Unidos, México vivirá la peor situación en los próximos meses, hecho que ya se está reflejando en una severa baja en la producción industrial, alertó el organismo. Y, en efecto, apenas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que ésta registró en octubre la caída más pronunciada, de 2.7% anual, como resultado de los descensos observados en los cuatro grandes sectores que componen la actividad industrial. Es la séptima baja consecutiva.Así, la industria de la minería cayó 5.2% debido a la reducción de 6.5% en la producción petrolera. La construcción bajó 2.9% en octubre; la industria manufactureras disminuyó 2.2%, y el sector de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final descendió 0.2%.Los analistas señalan que la caída de la producción industrial en octubre, de 2.7%, fue peor que la prevista, de 2.1%. Y coinciden en que el principal ingrediente del continuo descenso en ese rubro ha sido el freno de la industria automotriz.Analistas de BBVA señalan: "El rápido deterioro de la industria automotriz (tres meses consecutivos con caídas anuales), aunado a la probable afectación de armadoras estadunidenses, hace difícil prever un panorama optimista para esa industria en los primeros meses de 2009. Es previsible que esa industria se vea afectada en mayor medida en los siguientes meses al estar estrechamente vinculada con el ciclo industrial en Estados Unidos y por la coyuntura actual del sector en particular".Al respecto, el año no cerrará nada bien para la industria automotriz en el país, sobre todo para la parte laboral, pues las principales armadoras -Ford, General Motors y Chrysler- han anunciado ya recortes de personal que perjudicarán a por lo menos mil 700 trabajadores.Ford, por ejemplo, anunció la liquidación de 600 empleados de su planta de Cuautitlán, Estado de México, con el argumento de la readaptación de infraestructuras y tecnología para fabricar el nuevo Fiesta hasta 2010. Chrysler, en su caso, tendrá 800 plazas menos en su planta de Saltillo y cerca de 175 puestos menos en sus oficinas corporativas. Por su parte, General Motors mantendrá la figura de paros técnicos, para evitar la sobreproducción y enfrentar el desplome de las ventas, tanto las del país, como las de exportación.En menor proporción, Volkswagen de México anunció que despedirá a 111 trabajadores eventuales, con lo que suman ya 357 los empleados que este año no renovaron contrato en dicha empresa.Pero los empresarios de la industria automotriz son aún más pesimistas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) espera, al cierre de este mes, una caída en sus ventas de hasta 22% respecto de diciembre de 2007, y prevé que para 2009 apenas se venderán unas 900 mil unidades, lo que significará una disminución de 15% en las ventas.Y una de las causas de la baja en las ventas de este año, dicen los distribuidores, es la reducción de 10% en el otorgamiento de créditos bancarios entre enero y octubre, que podría seguir bajando en los próximos meses. El desempleo por venir El viernes 19, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras: destaca una caída de 1.3% en el valor de la producción de dichas empresas como consecuencia de la disminución de obras (viviendas, escuelas, edificios para la industria, comercio, servicios, hospitales y clínicas, e inmuebles para recreación y esparcimiento) y por la baja en las construcciones relacionadas con la industria del petróleo y la petroquímica.También el personal ocupado en el conjunto de empresas de la construcción disminuyó 2.6% en octubre pasado.Y si eso pasa en la industria de la construcción, en el sector manufacturero -ambas, las actividades que más empleo dan- las cosas van de mal en peor. En octubre, los empleos, las remuneraciones y las jornadas laborales en el sector volvieron a bajar, según reportó el viernes 19 el Inegi.El personal ocupado en la industria manufacturera tuvo una caída anual de 2.8% en noviembre, luego de haber descendido 2% en agosto y 2.6% en octubre. Pero les va peor a los obreros, cuyo número disminuyó 3.2% en octubre y 3.6% en noviembre. El número de empleados bajó 1.2% en octubre y 1% en noviembre.Pero la pérdida de empleos no es privativa de esos dos sectores. Es en todos y de manera creciente, como informó el propio Inegi el mismo viernes 19: la tasa de desempleo en noviembre fue de 4.47%. Es decir, casi 2 millones 50 mil personas en desempleo abierto. La tasa más alta desde la peor crisis económica del país, que se inició con la megadevaluación del peso en diciembre de 1994 y propició un desplome de más de 6% del Producto Interno Bruto en 1995.Por ahora el desplome de la economía no llega a esos niveles, pero el desempleo es crítico, pues a esas poco más de 2 millones de personas hay que agregar otras 2.5 millones que reportaron haber trabajado menos de 15 horas al momento en que se les aplicó la encuesta; también, los 3 millones de subocupados y los más de 4 millones que se hallan en alguna de estas condiciones: quienes trabajan y no reciben remuneración, quienes trabajan y ganan menos de un salario mínimo, o quienes ganan hasta dos salarios mínimos (no más de 105 pesos diarios) pero trabajan más de 48 horas semanales.Todos ellos, más casi 12 millones de informales, dan un cuadro más completo y crudo de la realidad del empleo en México que la sola tasa de 4.47% de desempleo abierto.Y una de las consecuencias de esos problemas con el empleo es el explosivo aumento de la morosidad que se viene registrando entre usuarios de la banca. La semana pasada, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cuenta de cómo la gente ya no puede pagar sus deudas con los bancos. En el caso del crédito al consumo, rubro en el que se incluyen las tarjetas de crédito, la morosidad aumentó de 13 mil 577 millones de pesos en diciembre de 2007, a 41 mil 254 millones en noviembre de este año. El aumento fue de casi 204% en 11 meses. Y el próximo año la situación se agravará por la caída del poder de compra de los salarios.Apenas el jueves 18, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó un incremento general de 4.6% a los salarios mínimos, que entrará en vigor el próximo 1 de enero e implica un aumento promedio diario de 2 pesos con 50 centavos. Ni para un viaje en Metrobús o en micro.Y aunque oficialmente se diga que el salario mínimo sólo es un concepto "de referencia" para muchas cosas pero no para dimensionar los ingresos de los mexicanos, la realidad es que el grueso de la población trabajadora vive en función del mínimo.Según los datos más recientes del Inegi, de 43.6 millones de personas que trabajan en el país, 5.1 millones perciben hasta un salario mínimo. Otros 8.7 millones perciben de uno a dos mínimos. Quienes ganan más de dos y hasta tres mínimos son 10.25 millones de personas, y quienes perciben más de tres y hasta cinco mínimos son 7.4 millones de trabajadores.Eso quiere decir que los más "afortunados", es decir, quienes ganan hasta cinco salarios mínimos, verán aumentar su ingreso diario en 12 pesos con 50 centavos en promedio; en el otro extremo, quienes ganan sólo un salario mínimo se quedarán con un aumento diario promedio de 2 pesos con 50 centavos máximo. Al mes, ¡75 pesos más!De hecho, el aumento de 4.6% a los mínimos para 2009 ya quedó anulado, pues la inflación esperada para ese año -según la más reciente encuesta del Banco de México sobre las expectativas de los especialistas del sector privado, del país y del extranjero, y de la cual dio a conocer sus resultados el viernes 19- andará en un rango superior a 4.5%.Esos mismos especialistas estiman -en un hecho inédito en las encuestas de este tipo que hace el banco central- que la economía mexicana no sólo no crecerá, sino que se contraerá 0.11%. Y, peor, que sólo se generarán 81 mil empleos nuevos.En este contexto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró que la caída constante en la actividad industrial es prueba de que se inició ya en México el tránsito a la recesión, que "será la más difícil" que haya vivido el país en las últimas décadas.Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula de la iniciativa privada del país, dio muestras de nerviosismo: su presidente, Armando Paredes, urgió el jueves 18 al presidente Calderón a convocar, de manera urgente, a todos los sectores para hacer frente a la crisis de una manera más coordinada y eficiente, y proteger la planta productiva y el empleo.Incrédulos del optimismo gubernamental, los propios senadores iniciarán el 27 de enero una serie de foros en los que se analizarán las medidas más apropiadas para enfrentar la crisis.Pero parece que esta crisis no la ve aquí el gobierno, con todo y que la realidad muestra cotidianamente lo contrario, y por mucho que haya dicho el presidente Calderón -en Brasil, el martes 16-, que "el mundo está al borde de una recesión generalizada".
"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación". Una auditoría oficial documenta un caso de daño patrimonial cometido en contra de la Secretaría de Salud en 2007. Cotizaciones apócrifas, compras innecesarias, adquisiciones fantasmas, medicamentos caducos, contratos desaparecidos, cuentas que no cuadran y otras irregularidades fueron utilizados con el fin de sustraer recursos que debieron servir para enfrentar la peor emergencia sanitaria vivida en Tabasco en el último medio siglo.Durante la emergencia provocada hacia finales de 2007 por las lluvias en Chiapas, pero sobre todo en Tabasco, en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece) presuntamente se malversaron alrededor de 20 millones de pesos. Ese dinero formó parte de los fondos públicos destinados a impedir epidemias cuando, tras ese desastre natural, aparecieron miles de animales muertos flotando sobre agua pestilente y toneladas de basura que yacían en el fondo de la enorme laguna en que se transformó Villahermosa.Mientras en Tabasco se registraba la peor tragedia de los últimos 50 años y cientos de familias pasaban días y noches varadas en los techos de sus viviendas maltrechas, en ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud se realizaban cotizaciones apócrifas y compras innecesarias de automóviles -entre ellas una Express Van de lujo-, así como adquisiciones fantasmas de plaguicidas, maquinaria y medicinas.De acuerdo con la auditoría número 18/08 practicada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, a la que este semanario tuvo acceso, también se registraron deficiencias en los contratos para fumigar barrios y poblados. Por ejemplo, no se aplicó un plaguicida sólido, aun cuando por ello se pagaron 1 millón 9 mil 400 pesos por adelantado. Medicinas pagadas que nunca ingresaron al Cenavece; fármacos bajo resguardo que llegaron cuando la emergencia terminó; contratos que no aparecieron; cotizaciones inexistentes; autorizaciones indebidas... Las irregularidades afloraron a lo largo de la investigación, que duró alrededor de cuatro meses, en el período agosto-noviembre de 2008.Pero esto no es todo. Durante la revisión de facturas y contratos, en los archivos del Cenavece se descubrieron lo que podrían ser otras irregularidades en un rubro especialmente delicado: el epidemiológico. En la reserva para una eventual pandemia de influenza hay medicamentos caducos en tanto que otros están por expirar y, además, se localizaron frascos vacíos.La Secretaría de la Función Pública (SFP) está integrando un expediente con los resultados de esta auditoría, con el propósito de fincar responsabilidades. Una copia del expediente fue entregada en la oficina del titular de la Cenavece, Pablo Kuri Morales, el pasado 8 de noviembre a las 19:00 horas, como comprueba un sello de recibido impreso en la carátula de la pesquisa. Autos de lujo En los días del desastre, el Cenavece renovó su parque vehicular con camionetas último modelo, utilizando el desastre natural como pretexto, según la auditoría."Con recursos de la emergencia Tabasco-Chiapas 2007 se adquirieron de manera innecesaria los siguientes vehículos: una Tahoe por un importe de 386 mil pesos con características de lujo, cinco Sentra por un importe de 890 mil pesos y una Express Van con asientos de piel, toda vez que éstos se encuentran para uso exclusivo de servidores públicos adscritos al Cenavece, así como de una persona contratada por asesoría", se acusó en la investigación.Una de las recomendaciones hechas por el equipo de auditores encargados del caso fue que el director del Cenavece, Pablo Kuri, justifique la asignación de los vehículos a sus directores generales adjuntos y un asesor. No se aportaron, sin embargo, los nombres de estos funcionarios.El monto de la presunta adquisición ilegal de 158 automóviles y camionetas con dinero que debió destinarse a evitar epidemias en Tabasco y Chiapas ascendió a 34 millones 756 mil 800 pesos.Los auditores advierten que con este desembolso puede haberse violado la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que, sin justificación, se optó por la adjudicación directa a favor de Automotriz El Trébol de Texcoco, S.A. de C.V.Durante la pesquisa se detectaron, además, cotizaciones apócrifas y sobreprecios. Las facturas constataron la compra de 132 camionetas pick up Silverado Tipo H al mismo proveedor por 189 mil 200 pesos cada vehículo. Pero otra empresa, Automotriz Internacional, S.A de C.V, ya había hecho una cotización ante las autoridades del Cenavece de 170 mil 107 pesos por unidad. Aun así, se optó por la primera de ellas.La erogación total fue de 33 millones 300 mil 400 pesos por 153 vehículos, pero los recibos indicaron un desembolso de 33 millones 866 mil 800 pesos. El pago en exceso fue de 566 mil pesos. Al efectuarse la compulsa, la distribuidora atribuyó el dinero extra a servicios de pintura y adecuaciones a gusto del cliente para 20 camionetas Express Van. Aun así las cuentas siguieron sin cuadrar: el pago total fue hecho en diciembre de 2007, mientras que los arreglos se hicieron en enero de 2008, sin contrato de por medio. La auditoría recomendó el reembolso del dinero.Respecto al uso de los autos, se verificó lo siguiente: "Los autos pernoctan (sic) en las instalaciones del Cenavece ocasionalmente. No ostentan el color institucional de la Secretaría de Salud ni el logotipo. No se elaboran bitácoras para controlar el uso, la gasolina y el kilometraje. Respecto de las 132 camionetas pick up y las 20 Express Van, éstas se recibieron oficialmente el 21 de diciembre de 2007, cuando la emergencia ya había concluido", observaron los auditores. Además, descubrieron otras irregularidades: sólo fueron pintados 85 de los 158 vehículos comprados; en 28 casos no hay documentos de verificación vehicular; 26 no cuentan con el pago de tenencias y tampoco existen bitácoras de comisiones o destinos. Cadena de irregularidades En la auditoría no se incluyeron los nombres de los probables responsables de lucrar con la tragedia. Eso tendrá que definirlo la Secretaría de la Función Pública. En agosto pasado fue destituido el director técnico del Cenavece, José Silvano Munive Torres Limón, pero no existe constancia documental de que este movimiento obedezca a la indagatoria que entonces ya estaba en curso.El caso de los plaguicidas, los nebulizadores y las motomochilas -aparatos para aplicar insecticidas- destinados a las emergencias de Tabasco y Chiapas 2007 resultó significativo para conocer cómo se gestarían las irregularidades dentro del gobierno.De acuerdo con la referida investigación, no hubo evidencia documental de que se hayan aplicado los plaguicidas, adulticidas -químico para eliminar pulgas- y larvicidas en Tabasco, aun cuando se pagó por el servicio."De conformidad con el informe de cierre de actividades del Operativo para la Seguridad en Salud por inundaciones octubre-diciembre de 2007, no se encontraron registros sobre la aplicación de 77 mil 992 kilogramos de larvicida por un importe de 11 millones 890 mil 620 pesos y de 2 mil 375 litros de adulticida por un monto de 534 mil 375 pesos, que según el prestador de servicios sí fueron utilizados", se indicó en la investigación.Al compararse la cantidad de plaguicida comprada y la que aplicó la empresa Fumigaciones del Valle se detectó un faltante de 197 sacos por un monto de 29 mil 382 pesos.El Cenavece ordenó la compra de 110 nebulizadoras por 13 millones 750 mil pesos. De éstas 45 ingresaron a los almacenes el 4 de diciembre y las restantes 65 llegaron el 26 de diciembre, cuando el operativo ya había concluido."De la verificación física, se constató que 39 nebulizadoras fueron montadas en pick-up, las cuales se encontraban en las instalaciones de la Dirección General Adjunta de Epidemiología, sin que fuesen enviadas al operativo Tabasco, por lo que se hizo una compra innecesaria. Así mismo, no localizó el soporte documental de la salida de las restantes 71 nebulizadoras", se agregó en la auditoría.Sucedió lo mismo con la compra de 162 motomochilas por un monto de 1 millón 743 mil pesos. Un primer lote de 62 de la marca Guaraní arribó a las instalaciones el 17 de diciembre de 2007, y otras 100 de la marca Solo llegaron el 28 de diciembre, en vísperas de año nuevo, cuando las brigadas de salud ya estaban de regreso.Luego, "con fecha 18 de julio de 2008, se constató que 88 motomochilas se encontraban intactas en los almacenes del Cenavece, por lo que se demuestra que se compraron en forma innecesaria. De igual manera no apareció registro sobre la salida de 74 de ellas", se puntualizó en la pesquisa.La alerta sanitaria de la Secretaría de Salud se prolongó más allá de la primera quincena de noviembre de 2007. Por esos días, el gobernador tabasqueño, Andrés Granier, identificó 12 municipios como focos rojos para una potencial epidemia. "El dengue está a la vuelta de la esquina, debemos mantener el control sobre la gente", dijo Rocío Ramírez, secretaria de Salud de Guanajuato, quien se encontraba de apoyo en la entidad.Entre tanto, en la Ciudad de México el Cenavece compraba medicinas por 229 mil 400 pesos, pero no se tiene la certeza de que efectivamente hubieran ingresado a la institución o fueran enviadas a Tabasco. Otra de las recomendaciones en la auditoría es que se aclare el incumplimiento en la entrega de fármacos, así como de otros productos relacionados con la prevención de epidemias, por un monto de 966 mil 570 pesos."De la verificación física realizada al almacén el 2 de septiembre de 2008 para corroborar la existencia del medicamento de la partida 2504 -medicinas y productos farmacéuticos-, se observó que en esa fecha los fármacos aún se encontraban en resguardo del proveedor Distribuidora Medher por un importe de 5 millones 55 mil 981 pesos", añadieron.Además de lo anterior, no aparecieron los contratos por la compra de medicamentos por otros 5 millones de pesos ni tampoco se ubicaron constancias de cotizaciones previas. En ese caso, el posible daño al erario consistió en la caducidad de los medicamentos y, nuevamente, en compras innecesarias.En la última parte de la auditoría, con letras mayúsculas en tinta negra remarcada, los auditores colocaron el siguiente encabezado: "Insuficiencia de medicamentos e irregularidades en manejo de almacén de la reserva estratégica para pandemia de influenza del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades".Al desglosarse la información, subrayaron que han caducado 559 mil de las 834 mil 377 unidades de antibióticos adquiridas. Otras 250 mil unidades están por expirar en el período que va de noviembre de 2008 a marzo de 2009. Y lo peor: "De la relación de antibióticos proporcionada por el consultor en emergencias del Cenavece y responsable de la Reserva Estratégica, según constancia de hechos de fecha 12 de septiembre de 2008, en caso de presentarse una pandemia de influenza no se cuenta con los medicamentos suficientes para hacer frente a dicha emergencia."De hecho, dentro del almacén de urgencias se detectaron 8 mil 965 frascos vacíos de amoxilina-ácido clavulánico suspensión pediátrica marca Sinufin, que forma parte de la reserva estratégica. En la fecha de caducidad dice: diciembre de 2007.
"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación". La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación investigan al exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz por dos maniobras financieras que desangraron al erario: la compraventa de Banamex a Citigroup y la colocación del paquete accionario de Repsol que era propiedad de Pemex en la bolsa de Luxemburgo. Pero como Gil fue un funcionario de amplios intereses, un informe del Cisen lo relaciona con la galopante corrupción en las aduanas y la PGR con abuso de poder.Dos años después de haber dejado la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz es investigado por la Procuraduría General de la República por el delito de "uso indebido de atribuciones y facultades" en el proceso de venta de Banamex a Citigroup en 2001, en el cual se evitó el pago del Impuesto Sobre la Renta por 3 mil 500 millones de dólares.Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indaga posibles pérdidas por "7, 095, 591 miles de pesos" (es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos) por la colocación de las acciones que Petróleos Mexicanos tiene en Repsol (4.5%, con valor de mil 373.7 millones de dólares) en el mercado cambiario de Luxemburgo, operación que Gil Díaz autorizó en 2003 desde la SHCP y como integrante del Consejo de Administración de la paraestatal.A su vez, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre la forma en que participó la empresa Global Axis Management, que preside Gonzalo Gil White -hijo de Gil Díaz y de Margarita White-, como proveedor de asesoría para llevar a cabo la operación accionaria en el paraíso fiscal de Luxemburgo.La misma comisión de la Cámara de Diputados y la asociación civil Transparencia Nacional, que encabeza el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, indagan la posible "simulación" de venta de acciones en aquella operación financiera con la consecuente pérdida para el erario federal de más de 7 mil millones de pesos o la desaparición de las acciones de Pemex en Repsol.Uno de los principales responsables de esta colocación de bonos fue Juan José Suárez Coppel, que en 2003 era director corporativo de Finanzas de Pemex, y tan cercano a Gil Díaz que fue su jefe de asesores durante el primer año de su gestión en la Hacienda.
La denuncia
El pasado 24 de octubre los legisladores Juan N. Guerra y Pablo Trejo, del PRD, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Francisco Gil Díaz por autorizar la venta de Banamex a Citigroup.Los denunciantes argumentaron que Gil incurrió en un conflicto de interés, ya que como exempleado de Avantel, filial de Banamex, facilitó que la operación se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través del llamado "cruce protegido", con lo que se evitó el pago millonario de impuestos porque en 2001 las operaciones por esta vía estaban exentas de esa obligación.Apenas el pasado jueves 4 la PGR le dio entrada a la querella contra Gil Díaz y ordenó abrir la averiguación previa 134/UEIDCSPCAJ/2008 en la Mesa XXVI de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en el oficio UEIDCSPCAJ/1515/2008, firmado por Blanca Estela Villalobos Zárate, secretaria técnica de la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.En la extensa denuncia de los diputados federales se anexa una lista de posibles involucrados en la anómala venta de Banamex o que impidieron su investigación: José María Zubiría Maqueo, "exfuncionario de las empresas controladas, filiales o subsidiarias del Grupo Financiero Banamex, estrechamente ligado a Roberto Hernández (expropietario de Banamex), designado como jefe del Servicio de Administración Tributaria en 2003 (ratificado en ese cargo por Felipe Calderón) y quien omitió realizar cualquier pesquisa o investigación para la recuperación de las contribuciones omitidas", es decir, los 3 mil 500 millones de dólares del impuesto.Se incluye también a Luis Mancera Arrigunaga, "exdirectivo jurídico de Avantel bajo la dirección de Gil Díaz; exdirector de Banca y Ahorro de la SHCP en la pasada administración y titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el tiempo en que concluyó el plazo para el ejercicio de facultades de auditoría y comprobación por la omisión de las contribuciones; excolaborador de Zubiría Maqueo. Hoy socio de la firma White & Case que factura millones de dólares a Banamex".Vicente Corta Fernández aparece en la denuncia como "extitular de Banca y Ahorro de la SHCP; extitular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al momento en que se realizó el prepago del pagaré a Citibank; exasesor de Gil Díaz en Hacienda. Hoy directivo de White & Case, encargado de asuntos de apoyo a diversas autoridades federales vinculadas a asuntos relacionados con Roberto Hernández".Y finalmente se menciona a Javier Laynez Potisek, "excolaborador de Luis Mancera Arrigunaga y actual procurador fiscal de la Federación, que ha obstaculizado y retardado la promoción de acciones en contra de Gil Díaz".En la denuncia se incluyeron dos oficios firmados por el exsecretario de Hacienda. El primero de ellos, fechado el 21 de mayo de 2001 y dirigido al entonces presidente de la República, Vicente Fox, el funcionario se excusa de intervenir en elasunto: "Es importante señalar que, no obstante que no presto ni he prestado servicios a las sociedades involucradas en la transacción de referencia, y por lo tanto no me encuentro en supuesto alguno que suscite conflictos de interés, he estimado que la excusa que someto a su consideración contribuye a la existencia de condiciones convenientes para el estudio, evaluación y resolución de dicho asunto, el cual será cursado ante la Dependencia a mi cargo".En el segundo oficio, del 30 de octubre del mismo año, Gil Díaz autoriza la venta. En este documento de cinco cuartillas además se da luz verde a la escisión de Banamex en dos sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, "que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank Securities, Inc., y de Promotora de Teleinformática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V., quien a su vez detenta las acciones de Avantel, S.A., y Avantel Servicios Locales, S.A".El fragmento resaltado figura así en la denuncia porque esa parte del oficio se ocultó a la opinión pública y a los diputados federales a los que se informó de la venta. Al evidenciar la relación con Avantel, los diputados Juan N. Guerra y Pablo Trejo pretenden demostrar que Gil Díaz sí incurrió en conflicto de interés al haber sido empleado de la telefónica hasta el día que Fox lo designó secretario de Hacienda.
Presiones a Citigroup
En la denuncia de Guerra y Trejo se muestra que la venta de Banamex no debió haberse avalado como una operación en la BMV exenta de impuestos puesto que, según los legisladores, el precio se pactó en Nueva York. Pero además, en la querella piden indagar la posible presión y otras maniobras de Francisco Gil Díaz a través del IPAB para que Citigroup se volviera inoperante y así obligarlo a adquirir caro Banamex.El diputado Juan N. Guerra y el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona explican que, entre mayo y septiembre de 2000, Citigroup le ponía muchas reservas a Banamex, Por ejemplo, quería comprobar si todos los activos del banco eran reales, no permitía sacar activos a espaldas de los accionistas ni conservar a ciertos funcionarios. Entonces ocurrieron tres hechos relevantes.El primero fue una reunión de Vicente Fox con Roberto Hernández. El segundo, que el IPAB, entonces bajo el mando de Vicente Corta, decidió prepagar el pagaré de Citigroup por 25 mil millones de pesos. "Todos los pagarés tenían posibilidad de prepago y la pregunta es por qué sólo se hace con Citigroup -dice Reyes Orona. El efecto es devastador para Citigroup, ya que por tratarse de una suma tan elevada de dinero no la podía colocar en las sucursales que tenía, y las tasas por rendimiento eran tan bajas en el país que no podía respaldarla. Esto le generó a Citigroup una pérdida de 1 millón de pesos por día. Con esto Banamex fastidia a su contraparte en la negociación, por lo que lo presionan para que compre y retire algunas de las condiciones que ponía."El tercer acontecimiento, agrega el diputado Guerra, fue que como el IPAB no contaba con dinero para hacer el prepago del pagaré a Citigroup "se voltea a Banamex y le pide 25 mil millones de pesos, con lo cual le arreglan la vida a este banco porque a partir de ese momento ya tiene un crédito seguro con el IPAB, colocando una cantidad monstruosa de dinero".Por eso en su denuncia los legisladores piden a la PGR que recabe, "vía consular o diplomática, los informes que permitan conocer el grado de involucramiento de José Francisco Gil Díaz en las reuniones que se hubieran llevado a cabo con los señores Sanford Weill y Charles Prince, funcionarios de Citibank en la ciudad de Nueva York".En tanto, los legisladores ya solicitaron audiencia con Christopher Cox, titular del organismo de regulación bursátil estadunidense (Securities and Exchange Comisión, SEC), a fin de pedir su colaboración para confirmar la presencia de Gil Díaz en las negociaciones con Prince y Weill, "dado que existen evidencias de corrupción en la operación" y en virtud de que el gobierno de Estados Unidos emitió una circular que autoriza investigar actos de corrupción en el extranjero.Si se comprueba que la venta y el precio correspondiente se pactaron antes de que se realizara en la Bolsa Mexicana de Valores, se confirmaría que no debió autorizarse como un movimiento de "cruce protegido" y que por lo tanto se evadió el pago del ISR por 3 mil 500 millones de dólares con la anuencia de Gil Díaz.
Dinero para Gil White
En agosto de 2003 el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por Francisco Gil Díaz, autorizó que se colocara en la bolsa de valores de Luxemburgo el 4.5% de acciones de Repsol que le pertenecen. Meses después, el 9 de diciembre, la SHCP autorizó la operación y le asignó el número de identificación 96-2003-F. El 14 de noviembre de ese mismo año se creó en el ducado de Luxemburgo la sociedad anónima Pemex Lux S.A., que a su vez formó un "vehículo financiero" llamado RepCon Lux, S.A., para emitir a través de él un bono intercambiable en acciones de Repsol por un monto de mil 373.738 millones de dólares, con vencimiento al 26 de enero de 2011.Sin embargo, en febrero de 2008 los tenedores de las acciones podían revender a Pemex las acciones o cobrar dividendos. Hasta el momento se desconoce quién adquirió los bonos y quién fue uno de los colocadores. Tanto la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como Transparencia Nacional tienen, como línea de investigación, que Global Axis Management realizó esta operación.Esta empresa, que preside Gonzalo Gil White, se formó en 1999 con los 60 millones de dólares que Televisa le pagó a la familia Cañedo White, a la que pertenece la esposa de Gil Díaz, Margarita White Cañedo. Tanto los diputados de la Comisión de Vigilancia como Transparencia Nacional creen que se simuló una venta de acciones y que en realidad se "vendió" un asiento en el consejo de decisiones de Repsol. La petrolera estaba tan atomizada antes de la colocación de los bonos que ninguno de sus inversionistas tenía más de 20% de las acciones.El presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, explica: "De comprobarse esta tesis, Hacienda tendría que haber utilizado a un colocador que no dijera nada, y existen indicios de que pudo ser Global Axis Management; de ahí que sea una de las líneas de investigación".Paralelamente, un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que no se sometieron a la consideración del Consejo de Administración de Pemex ni la evaluación del riesgo ni el impacto de los compromisos asumidos. Tampoco se evaluaron en esa instancia otras alternativas de financiamiento, lo que a decir de la ASF "le está representando a Pemex un costo de oportunidad de 7,095,591 miles de pesos -es decir, 7 mil 95 millones 591 mil pesos- debido a la plusvalía estimada del precio de las acciones a febrero de 2008". La ASF precisa que no se tomó en cuenta el alza en el precio del petróleo en ese tiempo y que influyó directamente en el valor de las acciones de Repsol. La acción que alguien adquirió por 23.4 dólares, en diciembre de 2006 ya valía 34.58 dólares, por lo que de entrada la maniobra implicó una pérdida de 655 millones de dólares para Pemex.La ventaja para quien compró los bonos en el esquema que utilizó Pemex es que si la acción subía, se pagaba al tenedor del bono, pero si bajaba, la pérdida la asumía la paraestatal. Y en caso de que en febrero de 2008 Pemex decidiera recomprar las acciones, tendría que pagar a quien las poseyera un "costo de oportunidad" por 412 millones 121 mil dólares "o, si considera conveniente, les cederá la posición accionaria como pago".Reyes Orona considera que el procedimiento es tan evidentemente oneroso para Pemex que debe ser una simulación: "Nadie hace esta operación para perder".Hasta el momento Pemex no ha informado si Global Axis Management participó en la operación de Luxemburgo y tampoco ha explicado los motivos para aceptar sus condiciones desventajosas. Mucho menos ha revelado quién adquirió los bonos o si se los recompró o le cedió su posición en Repsol.En cambio, se sabe que el encargado de diseñar la operación fue Juan José Suárez Coppel, entonces director Corporativo de Finanzas de Pemex, quien el 27 de octubre de 2006 dejó en su cargo a su asesor y sobrino en segundo grado Esteban Levín Balcells, que aún se mantiene ahí.Antes de llegar a Pemex, Suárez Coppel fue asesor de Gil Díaz en la SHCP y hoy, impulsado por su protector, pretende ser consejero independiente de la paraestatal. El pasado 11 de diciembre Suárez Coppel buscó al coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, para que lo postule al consejo de la paraestatal; también cabildea en la Comisión de Energía para que lo propongan antes del próximo domingo 28, cuando vence el plazo para presentar candidaturas.
Perseguidos por Gil Díaz
En un amplio documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se menciona que Francisco Gil Díaz utilizó su cargo en Hacienda para perseguir a sus adversarios y para avalar la corrupción que se apoderó de las 48 aduanas del país. Entre los abusos cometidos por Gil Díaz el Cisen refiere la persecución contra Julio Scherer Ibarra.En 2000, poco después de que Julio Scherer García, fundador y presidente del Consejo de Administración de Proceso, hizo dos comentarios críticos sobre el presidente electo Vicente Fox, Gil Díaz inició una desa-seada embestida contra Scherer Ibarra, hijo del periodista. La persecución sumó 14 denuncias penales y duró casi todo el sexenio, pues no fue sino hasta mayo de 2006 cuando la PGR desechó las querellas a falta de pruebas.En abril de 2001, cuando Scherer Ibarra era director general y miembro del Consejo de Administración del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), propiedad de Enrique Molina, el secretario de Hacienda interpuso demandas contra los directivos del grupo industrial por operaciones realizadas entre 1997 y 2000, relacionadas con el subsidio a las exportaciones de azúcar, una supuesta evasión de impuestos y retención de cuotas del Seguro Social. A su vez, el 9 de noviembre de 2006, Scherer Ibarra interpuso una denuncia, por abuso de autoridad y omisión de hechos importantes en un juicio de amparo, contra el subprocurador fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ambrosio de Jesús Michel Higuera, y el director general de Delitos Fiscales, Eduardo Javier Tito Sodi Carmona. También señaló como responsable inmediato al superior jerárquico de estos funcionarios, Francisco Gil Díaz.En el expediente del Cisen, de más de 100 páginas, se dice que Gil Díaz ha beneficiado a sus parientes con patentes aduanales y se asoció con ellos para pasar contrabando, además de colocar a su amigo José Guzmán Montalvo como administrador general de aduanas. "Funcionarios de Hacienda adscritos a aduanas encabezan la lista de contrabandistas en la gestión de Gil Díaz, quien mantuvo a algunos en el cargo, aun cuando la Secretaría de la Función Pública determinó su inhabilitación", dice el documento.
El obispo Onésimo Cepeda nos tiene acostumbrados a los escándalos. Pero el más reciente episodio de este tipo -su intento por cobrar un "préstamo" por 130 millones de dólares que, supuestamente, le hizo a una integrante, ya fallecida, de la familia Azcárraga- lo tiene a la puerta de un tribunal. A menos que, según los abogados que denunciaron al frívolo obispo de Ecatepec por presunto fraude procesal, disponga de influencia divina, que la Iglesia lo proteja o que él mismo utilice sus influencias políticas y empresariales para quedar impune...
A principios de octubre, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, recibió en sus oficinas de la Catedral Metropolitana a los abogados Xavier Olea Peláez y Arsenio Farell Campa, quienes le preguntaron de dónde había sacado los 130 millones de dólares que, según el obispo, le prestó a la señora Olga Azcárraga Madero."Ese dinero salió de los padres pobres de Ecatepec", les contestó el prelado, desdeñoso.Los abogados no le creyeron. Más aún, le advirtieron al obispo que podrían iniciar un juicio en su contra porque suponían que ese préstamo multimillonario jamás se dio."Pues inicien el juicio. ¡Inícienlo!", desafió Onésimo.Olea y Farell salieron de la reunión sin haber conseguido ningún acuerdo, como pretendían. Y, en efecto, el 15 de octubre denunciaron al prelado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por presunto "fraude procesal", pues, afirman, simuló el cuantioso préstamo con la intención de apoderarse de la valiosa colección pictórica que dejó la ya fallecida señora Azcárraga.Días después, Olea y Farell intentaron que el Vaticano mediara para atemperar el pleito, por lo que le pidieron una cita al nuncio apostólico en México, Christopher Pierre. Sin embargo, el representante del Papa se negó a recibirlos.En su despacho, Xavier Olea cuenta decepcionado:"A principios de octubre, Arsenio Farell y yo fuimos a Ecatepec a hablar con Onésimo Cepeda. Fue un gesto de nuestra parte para no iniciar el juicio.
Él nos dijo: '¡Inícienlo!, ¡inícienlo!'.
Luego nos explicó: 'Ese dinero es de los padres pobres de Ecatepec. Yo no tengo nada'.
-¿No les dio más detalles?
-¡Nada! Nos dimos cuenta de que el obispo es una persona muy soberbia. Tuvimos que denunciarlo por fraude procesal, pues no creemos que tenga tanto dinero como para hacer un préstamo de 130 millones de dólares. En fin, eso ya tendrá que explicarlo ante el Ministerio Público."El obispo asegura que ese préstamo lo hizo en efectivo. De ser así, tuvo que entregar un gran volumen de pacas de billetes de dólares, que no hubiera cabido en este despacho."El único antecedente similar en México es el del presunto narcotraficante chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, a quien se le encontraron 207 millones de dólares en efectivo, en su mayor parte billetes de 100 dólares que atiborraban muros, armarios y maletas. Fue el mayor decomiso en efectivo en la historia mundial de las operaciones contra el narcotráfico. Los 130 millones de dólares del obispo de Ecatepec equivalen a más de la mitad de lo que tenía Zhenli Ye Gon.Olea se rasca la barbilla y murmura intrigado:
"Aquí puede haber la existencia de otro delito... pero no me quiero adelantar... no quiero adelantarme."
-¿En qué otro ilícito podría estar metido Onésimo Cepeda?
-En la operación con recursos de procedencia ilícita... lavado de dinero... pudiera ser.
El "cártel de la Iglesia"
La versión del obispo de que prestó los 130 millones de dólares, nada menos que a una integrante de la acaudalada familia Azcárraga, orilló a los abogados a acudir a la nunciatura. Buscaban con ello la intervención del Vaticano en el caso.
Olea relata: "Yo mismo hablé con el nuncio Christopher Pierre. Por teléfono le solicité una audiencia. Pero me dijo categóricamente que de ninguna manera nos iba a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente aquí hay una mafia que protege a Onésimo: el cártel de la Iglesia."Según el obispo, él prestó a Olga Azcárraga los 130 millones de dólares el 28 de abril de 2003, como consta en un pagaré firmado en esa fecha. Ahí se señala que el préstamo quedaría sujeto a una tasa de interés de 0.50%, el cual se duplicaría si el crédito no se pagara a tiempo. Dice textualmente el pagaré:
"Pagaré. Bueno por US$130.000,000.00 dólares.
"Por este pagaré valor recibido, en efectivo, la señora Olga Azcárraga Madero de Robles León, en representación de la empresa Arthinia Internacional, S.A., y, en lo personal, en su carácter de avalista de la misma, promete pagar incondicionalmente a la orden del señor Onésimo Cepeda Silva, en esta plaza, la suma principal de US$130.000,000.00 Dólares (Ciento treinta millones de dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América) el día primero de julio de 2008."En el documento se indica que este monto "causará intereses ordinarios" sobre saldos insolutos "a la tasa del .50%" mensual hasta su vencimiento, y agrega que de "no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, dará lugar a que se paguen intereses moratorios sobre la suma principal vencida y no pagada a una tasa mensual de 1% (uno por ciento) por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ellos se originen".La firma de "Olga A. de Roblesleón" aparece al pie del pagaré.Al reverso del documento se hace constar que, el 23 de junio de 2008, Onésimo Cepeda endosa el pagaré "en propiedad" a Jaime Matute Labrador.
Y aparece la firma del obispo.
A su vez, Matute Labrador, ya con el pagaré en sus manos, inició, el pasado 9 de septiembre, un juicio ejecutivo mercantil mediante el que intenta adueñarse de los bienes que pertenecieron a la señora Azcárraga, para cobrarse la multimillonaria deuda que el obispo le transfirió.¿De dónde sacó Onésimo Cepeda los 130 millones de dólares? ¿De las arcas de la Iglesia, como él señala? ¿Son acaso recursos ilícitos? ¿Cómo fue que después hizo esa transferencia a favor de Matute Labrador? ¿A cambio de qué? ¿Le vendió o le donó el dominio del pagaré? ¿O todo es un fraude montado por el obispo y Matute? ¿Fue un préstamo simulado? Son éstas algunas incógnitas que deberán despejarse en los tribunales.Lo cierto es que Olga Azcárraga, fallecida en noviembre de 2003, poco después del supuesto préstamo, tenía una valiosísima colección pictórica cuyos derechos de posesión ahora son de Arthinia Internacional, empresa en la que ella fungía como presidenta y directora. Matute Labrador fue por un tiempo director de la compañía, cargo del que se le destituyó en enero de 2003.La señora Olga era hermana de Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, que abarca Radio Fórmula y Tele Fórmula. Y fue tía del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Su esposo era Ernesto Robles León, director de la empresa Bacardí durante muchos años.La rica dama adquirió obras de los más cotizados pintores extranjeros: Francisco de Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Oskar Kokoschka...
Tampoco faltan en su colección cuadros de renombrados pintores mexicanos, que pueden considerarse patrimonio nacional: Naturaleza, de Diego Rivera; Tunas, de Frida Kahlo; Mujer caminando, del oaxaqueño Rufino Tamayo; El baile, de Francisco Goitia... y cuadros de Leonora Carrington y José Clemente Orozco, entre otros. Hoy Matute intenta apoderarse de esta colección, valiéndose del pagaré del obispo, quien fue confesor de la devota señora.Abogado de Arthinia Internacional, a nombre de la cual demandó a Matute y al obispo, Xavier Olea comenta: "Hay muchísima obra cara. En total, son 42 piezas".
-¿Valdrán los 130 millones de dólares?
-¡Calcúlele! Tan sólo un Modigliani se valuó en 25 millones de libras esterlinas. Aparte están los Dalís, los Orozcos, los Tamayos...
-¿El dinero del supuesto préstamo ingresó a alguna cuenta de la señora Olga?
-Ese dinero jamás entró a las arcas personales de Olga Azcárraga, y menos a las arcas de Arthinia Internacional, una empresa que se constituyó en Panamá en 1976 y cuyo único activo son los cuadros. Es decir, Arthinia nunca ha hecho una transacción mercantil de ningún tipo.
Maquinaciones
Para el abogado, lo más probable es que el obispo y Matute hayan planeado meticulosamente el "fraude", para lo cual, dice, pudieron haber abusado de la confianza que les tenía la señora Olga, quien les firmaba documentos en blanco.
Explica:
"Olga Azcárraga era una señora mayor de edad entregada a la Iglesia. Solía hacer aportaciones monetarias para las escuelas y las iglesias. El obispo Onésimo Cepeda era su amigo y confesor, lo mismo que el cardenal Norberto Rivera. Acostumbraba doña Olga firmarle documentos en blanco al obispo y a Jaime Matute, quien era su sobrino político."De acuerdo con pruebas periciales en grafoscopia y documentoscopia, comprobamos que, en efecto, la firma que aparece en el pagaré es de la señora Olga. Pero es muy anterior al mecanografiado del documento. De manera que fue una hoja que ella firmó en blanco y luego se llenó."Seguramente, Matute llena el pagaré y se lo lleva a Onésimo para que se lo endose en propiedad.
La pregunta es: ¿cuánto le dio Matute al obispo para que le endosara el documento?, pues tuvo que haber una contraprestación. Pero finalmente la conducta de ambos es delictiva, y está tipificada como punible en el Código Penal para el Distrito Federal."
-¿Hay entonces una relación muy estrecha entre Matute y Onésimo?
-Hay una estrecha amistad entre ellos. Puedo afirmar que son muy amigos. Tal vez Matute era el conducto de doña Olga para entregarle ciertas dádivas y limosnas al obispo.
En la denuncia presentada ante la procuraduría capitalina se afirma que "jamás existió la entrega del dinero que supuestamente entregó en efectivo... don Onésimo Cepeda Silva", por lo que existe un "fraude procesal", puesto que en el "pagaré" se señala algo que "en realidad no aconteció".
De 35 páginas, la denuncia se apoya en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual estipula: "Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico... o altere elementos de prueba... si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude". Agrega la denuncia que también hay "delito de falsificación", ya que "el documento basal de la acción directa fue evidentemente alterado".Además señala que Onésimo Cepeda -por ser un ministro de la Iglesia- está "impedido legalmente" para celebrar actos mercantiles con "fines de lucro", de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y transcribe textualmente los artículos de dicha ley -5, 8, 9 y 12- relativos a esa prohibición. El 8 dice claramente que "las asociaciones religiosas deberán... abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos".Con el membrete de Olea & Olea Abogados, la denuncia fue presentada por Raúl Fernández Arche Cano, actual apoderado legal de Arthinia Internacional, quien "estima la procedencia de ejercitar la acción penal en contra de los presuntos responsables". El abogado Olea da una fumada a su cigarrillo y comenta:"Actualmente se está integrando la averiguación previa. En calidad de indiciados, Matute y Onésimo serán llamados a declarar. Todavía no sabemos quiénes son los abogados del obispo. Pero éste ya anda diciendo que su amigo Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, será quien le pague a sus abogados."Esperemos que Onésimo no logre escapar nuevamente de la ley debido a sus relaciones de alto nivel. Sabemos, por ejemplo, que es amigo del procurador general de la República, y que lleva muy buena relación con los mochos de la Secretaría de Gobernación. El mismo cardenal Norberto Rivera, con una llamada telefónica, puede abogar por él. En fin, se pueden conjugar una serie de presiones políticas. Ya veremos si este gobierno de católicos puede sancionar a un obispo."Olea hace mención de anteriores denuncias y quejas contra Onésimo Cepeda de las que ha salido librado. Por ejemplo, en las campañas presidenciales de 2000, al polémico obispo se le acusó de realizar proselitismo político a favor del candidato priista Francisco Labastida. Del entonces candidato panista, Vicente Fox, Onésimo decía que lo único que le faltaba para ser burro eran las orejas. La inconformidad llegó a tal grado que un grupo de integrantes del PAN viajó entonces a Roma para quejarse de él ante la Sagrada Congregación de los Obispos, donde ya se tenía un voluminoso expediente del prelado, quien luego se congració con Fox y su esposa Marta Sahagún, pues Fox fue el candidato ganador. En las campañas presidenciales para la elección de 2006, nuevamente Onésimo levantó polémica, pues descalificó al candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que los otros dos fuertes aspirantes -Felipe Calderón y Roberto Madrazo- sí eran "candidatos de altura". Además, el obispo calificó como una "estupidez" algunas observaciones de López Obrador sobre el Instituto Federal Electoral.En respuesta a las declaraciones del prelado, el entonces dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Leonel Cota Montaño, lo tachó de "reaccionario" y "mercader de la religión y la política". Después, el PRD denunció al obispo por su injerencia en política, y éste a su vez presentó una demanda civil contra ese partido por las críticas que le hizo Cota Montaño. Por esas fechas, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, manifestó que la denuncia contra el obispo no prosperaría, pues "son sólo voladitas que se echan ahí para hacerse propaganda", y agregó que Onésimo seguiría su "ministerio episcopal, comiendo, bebiendo, jugando y hablando, por supuesto".Y así fue: a Onésimo no se le sancionó. En cambio -apenas el pasado 19 de noviembre-, un tribunal condenó judicialmente al PRD a pagarle 100 mil pesos al obispo para resarcirle el "daño moral" que le ocasionaron las críticas de Cota Montaño.Onésimo Cepeda fue corredor de bolsa con su amigo Carlos Slim. También fue torero, cantante de un grupo musical, golfista y tenista, comulgó con la corriente eclesiástica de la Teología de la Liberación, de la que luego renegó, y actualmente se mueve entre las élites políticas y empresariales del país. Está metido en el negocio taurino, pues es fanático de la fiesta brava. Es común verlo en las plazas de toros, con su puro y su boina española.En una ocasión, se le preguntó cuál era su máxima meta.
Y respondió: "Quiero ser santo".
Comenta Xavier Olea:"Es cierto que, hace años, Onésimo fue socio de Carlos Slim. Es cierto que tiene amistades encumbradas y poderosas. Pero aún así no creo que haya podido juntar 130 millones de dólares en efectivo para realizar un préstamo."
-¿Y acudirá usted a otras instancias eclesiásticas para denunciar a Onésimo?
-¡Para qué! No tiene ningún caso. Ya vimos la negativa que nos dio el nuncio Christopher Pierre. La Iglesia le da impunidad a Onésimo. Pero él también es un civil, de acuerdo a nuestra Constitución. De manera que ya veremos si un juez ordena su aprehensión. Por lo pronto, estamos en la etapa de la averiguación previa... Esto apenas empieza.
Hace poco más de un mes, la PGJDF le envió un citatorio al obispo para que se presentara a declarar, en calidad de "indiciado", el 13 de noviembre ante el Ministerio Público. Pero Onésimo no se presentó. "El obispo tiene su segundo citatorio para este 22 de diciembre. Esperamos que ahora sí se presente para que diga de dónde sacó los 130 millones de dólares", dice el abogado Olea.
*En entrevista con el diario “The Washington Times”, el Presidente estadounidense George W. Bush advierte de una guerra inevitables con los cárteles de la droga “donde la primera línea de la lucha será México"
*El Mandatario declarara a los cárteles mexicanos como "la mayor amenaza del crimen organizado contra Estados Unidos"
MEXICO, D.F., 22 de diciembre (UNIVERSAL).- El presidente estadounidense George W. Bush advirtió de una guerra inminente con los cárteles de la droga "donde la primera línea de la lucha será México".En una entrevista con el diario conservador "The Washington Times", en la que pasa revista a los ocho años de su presidencia, el mandatario saliente dijo que su sucesor en la Casa Blanca, Barack Obama, necesitará enfrentar "a los cárteles de la droga en nuestro propio vecindario. Y la primera línea de la lucha será México... Los narcotraficantes continuarán buscando un flanco débil", puntualizó Bush."Y una de las cosas que futuros presidentes tendrán que hacer es asegurarse de que (los narcotraficantes) no encuentren un refugio en partes de América Central", agregó B. Los comentarios del presidente Bush se dan una semana después de que Washington declarara a los cárteles mexicanos como "la mayor amenaza del crimen organizado contra Estados Unidos" y revelara que las organizaciones criminales mexicanas dotan de drogas cuando menos a 230 ciudades estadounidenses.El Departamento de Justicia alertó además que los cárteles de la droga han instalado en México centros de comunicación en la frontera, donde utilizan alta tecnología para tener contacto permanente con sus células y garantizar el éxito de sus operaciones criminales trasnacionales.Un documento del Centro de Inteligencia Nacional de Drogas (NDIC) detalla que a pesar de los golpes que han asestado en los dos últimos años a los cárteles de la droga en México, éstos mantienen su hegemonía y representan una amenaza de seguridad en Estados Unidos, ya que controlan el tráfico y distribución de cocaína, la producción de metanfetamina y la venta de heroína, a través de socios estratégicos.El informe anual 2009 del NDIC, que es construido con la colaboración de más de una docena de agencias, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración Antidrogas (DEA), detalla que "la influencia de los cárteles mexicanos en el tráfico de drogas interno no tiene rival", ya que controlan las operaciones en al menos 230 ciudades de la Unión Americana, desplazando incluso a los colombianos.Se reconoce que la cocaína es la principal amenaza de droga en Estados Unidos y no es casual que "una gran mayoría de la cocaína disponible entre de contrabando por México (alrededor del 90%), y son los cárteles mexicanos los que tienen el control de la distribución de drogas en la mayoría de ciudades y están ganando fuerza en los mercados que aún no controlan".Los capos mexicanos mantienen el control de ese mercado, a pesar de las grandes incautaciones de cocaína, el aumento de la presión sobre ellos por parte del gobierno mexicano, la violencia interna que viven los cárteles, la ampliación de los mercados de cocaína en Europa, y la seguridad de las fronteras, aunque todos estos factores han propiciado la escasez de cocaína en Estados Unidos.Sin embargo, el NDIC sostiene que es posible que a principios de 2009 se mantenga esta escasez de la droga, ante la presión sostenida contra los cáteles mexicanos, pero "el abuso y la demanda de la droga probablemente siga siendo alta en el corto plazo".Ante esta previsión, el mercado de drogas en Estados Unidos es atractivo para los narcotraficantes mexicanos que junto con sus socios de Colombia generan y lavan recursos entre 18 mil millones y 39 mil millones de pesos al año. Alta tecnología al servicio del narcotráfico Este diagnóstico del Departamento de Justicia considera que uno de los factores que convierten a los cárteles mexicanos en una amenaza en materia de seguridad, es que "han avanzado en sus capacidades de comunicaciones".El documento del NDIC revela que estas organizaciones criminales "emplean la tecnología de comunicaciones avanzada y técnicas a fin de coordinar su tráfico ilícito de drogas".
Otro hallazgo macabro tuvo lugar el pasado domingo en el estado de Guerrero: los cadáveres de 12 decapitados, 9 de ellos militares. Los hombres de verde se han mostrado indignados por lo que consideran una ofensa a la institución y amenazan, junto con Felipe Calderón, con emplear toda la fuerza del Estado para castigar a los autores materiales e intelectuales. ¿Y los 5 mil crímenes que ha provocado su farsa de "guerra" contra el narco, no son ofensivos, no les indignan? Porque esta lucha es, sin duda ya, una farsa; también lo ha sido que los EU colaboren contra el narcotráfico y, más aún, lo fue la muerte de Amado Carrillo Fuentes o la del "acribillado" Arellano Félix.Según Calderón y sus autoridades de seguridad, han sido tan fuertes los golpes que han asestado a los mafiosos que las masacres corresponden a su reacción y, nada más fuera de la realidad.¿De cuáles golpes nos hablan? Hace tiempo que no se sabe de fuertes decomisos de droga, si acaso unos kilos de cocaína en el aeropuerto capitalino, otros kilitos por alguna entidad, unas cuantas toneladas de marihuana y de heroína, nada. Tampoco se reporta que sea detenido ningún cerebro financiero con pruebas contundentes, es decir, con los nombres de las empresas y su participación en la Bolsa Mexicana de Valores para blanquear el dinero. Además pretenden ampliar su engaño haciéndonos creer que todavía la marihuana y la cocaína son las drogas de mayor demanda, las de los miles de millones de dólares o de euros, cuando ya se ha mencionado que estas han sido sustituidas por las sintéticas que son más prácticas para todos. Para el consumidor: una pastilla o dos o tres son de más fácil consumo que buscar dónde esconderse para inhalar otras sustancias; no tienen olor, por lo tanto no hacen el escándalo de la marihuana; las esconden con mas éxito frente a la familia, etcétera.Para los países que, como los Estados Unidos, han convertido este tráfico en un puntal económico, evita ya de una vez por todas la dependencia y les resulta mucho más práctico el contubernio para importar las materias primas que se requieren para la fabricación, independientemente de que pueden instalar sus laboratorios muy cerca de los grandes centros de consumo. En fin, lo sintético les resulta de maravilla y en tanto lo ponen al 100 por ciento de operación, nos engañan con sus combates a las mafias.Ahora que, para los mafiosos, el campo no se reduce significativamente ya que tienen descendencia que han mandado a las mejores universidades del mundo a estudiar diversas especialidades y cuentan con elementos familiares, es decir a prueba de toda traición, para operar desde la fabricación de estupefacientes hasta el blanqueado de dinero en bolsas mundiales y empresas que hacen "productivas" y muy puntuales en sus pagos de impuestos.La mentada "guerra" contra el narcotráfico en México es a pistolazos, de lo más primitivo, sólo con cadáveres, con muertes absurdas, sin ton ni son, prestándose unos y otros a la gran comedia, a la gran tragedia, a la que mantiene a la población cegada, paralizada por el miedo, sin posibilidad de analizar qué es lo que verdaderamente está sucediendo. No hay estrategia real, de ataque, de decomiso, de afectación a los intereses económicos, no existen las investigaciones. Sólo hay muertos, muchos muertos y los más, del bando que dice va ganando. Tragicomedias Por si lo anterior fuera poco, nos quedamos con las versiones que no conocen final, que siguen más que vigentes. Hace unos días, doña Aurora Fuentes hizo declaraciones que obligaron a revisar la historia de Amado Carrillo Fuentes, de su supuesta muerte, de los personajes involucrados en ese fallecimiento de película. Y, si se hiciera un recordatorio de todas las que por estilo se han dado desde el 4 de julio de 1997, veríamos que no es el único desaparecido en circunstancias que dejan sembradas más certezas que dudas, ya que está en esta relación la muerte de uno de los miembros del clan de los Arellano Félix, cuyo cadáver fue incinerado apenas unas horas después de que su supuesto cuerpo fuera recogido de una banqueta en donde cayó acribillado, sin siquiera practicarle los análisis de rigor que permitieran certificar que sí era quien se dijo que era.Amado Carrillo Fuentes "el señor de los cielos", nació en Guamuchilito, poblado perteneciente al municipio de Novolato, en Sinaloa. Doña Aurora Fuentes tuvo 13 hijos, dos de ellos efectivamente han muerto, otro está preso y Amado, del que ella sostiene en el presente que está vivo. Como se recordará, el supuesto don Amado decidió internarse en el Hospital Santa Mónica, ubicado en la calle Temístocles, en la colonia Polanco, en la capital de la República.Este hospital es una maternidad. Se trata de un nosocomio pequeño, bien equipado, donde las cirugías son menores, ni siquiera aceptan operaciones de vesícula, por ejemplo, y menos en esos tiempos en los cuales seguía siendo el preferido de la mayoría de matrimonios de la comunidad judía para la llegada de sus vástagos. Es de cuatro pisos, tiene pocas habitaciones, solamente cuenta con una suite, la cafetería es pequeña, no hay más de tres consultorios en un edificio anexo, también el laboratorio de análisis clínicos es reducido y lo utiliza mayoritariamente su clientela que puede considerarse "cautiva".En el cuarto mes de ese 1997, año en el que se internó Amado Carrillo para practicarse una liposucción y cirugía facial amplia, hubo mucha inquietud entre empleados de todos los niveles, misma que llegó hasta los médicos por la llegada de un nuevo socio mayoritario: Diego Fernández de Cevallos. El "jefe" Diego era conocido por muchas de sus acciones en el Senado, porque lo relacionaban sin mayores elementos con los crímenes cometidos en el sexenio de Carlos Salinas y nadie se explicaba qué hacía ahora como accionista en un hospital. Empiezan las versiones Sin embargo, a partir del 4 de julio empezaron a ubicar muchas versiones en su lugar y a crear una verdad. En el citado Santa Mónica, dijeron que se registró un sujeto de 42 años cuyo nombre era Antonio Flores Montes, quien se dijo originario de Zacatecas, aunque dio direcciones que las investigaciones periodísticas de esas fechas reportaron como falsas; le asignaron la habitación 407 y lo intervinieron quirúrgicamente el 3 de julio. Las "operaciones": liposucción y cirugía facial amplia. Duró en el quirófano ocho horas y, 24 horas después declararon su deceso víctima de un ataque al miocardio.Este cadáver fue mostrado públicamente una semana después y, de haber sido cierto lo de la cirugía facial amplia, lo más seguro es que hubiesen tenido que rasurarle los bigotes, sin embargo el cuerpo presentado dentro del ataúd lucía un negrísimo mostacho. A decir de fuentes de información fidedignas dentro del nosocomio, ni hubo tal registro, ni se utilizó todas esas horas el quirófano, ni de ahí salió ningún cadáver y, todo el operativo policiaco montado en las afueras del mismo fue de pantalla.Y, si el tal Antonio Flores ni existió ni se registró, nos refieren que menos aún lo haría un sujeto como Amado Carrillo, como "El Señor de los Cielos", quien ni siquiera solicitó la única suite con la que cuenta el hospital sino en uno de los cuartos más sencillos. "De aquí no ha salido un difunto en muchos años y menos un adulto", nos aseguraron. Por lo tanto, no se sabe con exactitud de dónde sacan el cuerpo que es trasladado hasta la funeraria García López ubicada en la colonia Juárez y sólo se tiene como información real que el representante legal de esta agencia es el ahora titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Fallecimiento oficial Como si se tratara de cualquier sujeto, de un don nadie y no de quien escapó a varios intentos de asesinato, uno de ellos el del restaurante de mariscos ubicado en la avenida Insurgentes, propiedad de los señores Ochoa, Amaro Carrillo muere oficialmente el cuatro de julio de 1997, a las seis de la mañana, en esa habitación, en la 407, totalmente solo, sin compañía, sin nadie a su lado, ni una hermana, ni una amante, ni una querida, ni un sirviente, ni un solo guardia. Es su hermana, Aurora Carrillo Fuentes, quien dice reconocer el cuerpo del sujeto que llevaron al anfiteatro de la funeraria San Martín, en Culiacán. El cadáver fue transportado en el vuelo 100 de Aeroméxico. El primer reporte oficial, el que menciona con toda seguridad que ese cuerpo pertenece al "Señor de los Cielos", proviene de Estados Unidos donde, incluso, el segundo hombre en importancia en la DEA, Jim Milford -director administrativo--, señala que apuesta su placa a que se trata de Amado Carrillo.Esta declaración no hizo sino aumentar las versiones de que Carrillo Fuentes estaba vivo y, como se recordará, también fue manejado en los medios televisivos no sólo el entorno y el mito de la vida de este sujeto sino la velación del cuerpo, el entierro, el dolor familiar, en un afán sin logro de convencer a todos que "el Señor de Cielos", quien apenas contaba con 52 años, era el difunto. Lo conveniente sin duda, en ese momento, para la familia, era declararlo muerto ya que sobre su persona pesaban muchas ordenes de aprehensión y figuraba entre los 10 hombres más buscados por el FBI.Para quienes están dentro del hospital Santa Mónica, no hubo nunca ese deceso, jamás salió un cadáver de esas instalaciones, ni Carrillo ni el tal Antonio Flores se registraron y sí está presente don Diego Fernández de Cevallos y sus movimientos. Para los médicos, el bigote en una cirugía facial es una aberración que demuestra que el cuerpo que presentaron no tuvo una intervención de esa naturaleza.Los médicos Jaime Godoy Singh, Ricardo Reyes Rincón y Carlos Humberto Ávila, de quienes se dijo aparecieron sus cadáveres entambados y con la cabeza hacia abajo, fueron sacrificados porque al defenderse de las acusación que la PGR les hizo en noviembre de 1997 por homicidio calificado y contra la salud en la modalidad de administración de narcótico prohibido, revelaron la verdad: que nunca operaron a nadie, que fueron obligados -mediante una fuerte suma-- a hacer declaraciones alejadas de la verdad. En todo esto sobresale el nombre del hombre que le enseñó el camino a Carrillo Fuentes, el que lo entrenó en la venta de estupefacientes, el que le mostró la riqueza que generaba el narco: su tío Ernesto Barrios Alvarado, mismo que en su momento intentó hacer un pacto con el gobierno mexicano, desde la isla de Cuba, para que Amado no fuera arrestado y se le permitiera seguir trabajando. Dicen que su pacto no fue aceptado, sin embargo todo indica que sí fue él quien presentó el cadáver de un primo de "el Señor de los Cielos" pero en la funeraria, sin pasar por el hospital y menos aún por el quirófano, a partir de entonces simplemente... se esfumó. Y ¿quién es ahora, cual es el rostro de Amado Carrillo Fuentes?
Los asesinatos de militares o agentes policiacos en represalia por acciones legales contra la delincuencia es la modalidad a la que correspondería la muerte de ocho militares en GuerreroLa narcoviolencia es un fenómeno poliédrico: bandas de sicarios combaten entre sí para asegurar a sus jefes el control de rutas y de mercados; también se asesina a los adictos y distribuidores incumplidos, para evitar que cunda la insolvencia, la cultura del no pago, que no puede ventilarse ante la justicia sino sólo se enfrenta con la acción directa; se mata, igualmente, en enfrentamientos con las autoridades, cuando éstas persiguen a los delincuentes y éstos se defienden; y también se asesina a militares o agentes policiacos en represalia por acciones legales contra la delincuencia.A esta modalidad parece corresponder el asesinato y decapitación de ocho miembros del Ejército mexicano en Guerrero. Los cadáveres descabezados de siete de ellos fueron hallados anteayer domingo en Chilpancingo, la capital del estado. Uno más había sido ejecutado la semana anterior. Hubo una novena víctima en esta batida letal: un ex jefe policiaco que en la víspera fue levantado mientras presenciaba una corrida de toros. Se encontraron los cráneos de los degollados en un punto de la capital guerrerense distante del lugar donde fueron localizados los cuerpos.Si se atiende al mensaje dejado por los asesinos, se trata de una venganza: "Por cada elemento que nos maten, les vamos a matar a 10". El recado parece referido a un episodio reciente, el enfrentamiento entre militares y delincuentes en el municipio de Teloloapan, donde el viernes pasado el saldo fue desfavorable para los hampones, pues tres de ellos cayeron muertos. Miembros del 27 batallón de infantería, acuartelado en Iguala, detuvieron un vehículo con placas del estado de México, cuyos ocupantes dispararon contra los soldados.Una secuela semejante se produjo hace dos meses en Nuevo León. El 16 de octubre miembros del Ejército capturaron en los municipios de San Nicolás y Guadalupe nueve toneladas de drogas y un arsenal. En los días siguientes fueron asesinados en Monterrey hasta un total de 13 militares, a varios de los cuales también se les decapitó. La crueldad furiosa que concluye en el degüello de soldados y oficiales revela con elocuencia el propósito vindicativo de la operación. Se trata de devolver golpe por golpe.Comenzó a practicarse la decapitación el año pasado. Durante 2007 se produjeron 23 casos y la cifra se elevó exponencialmente en este agónico 2008, cuando se desprendió la cabeza a 186 personas. Tal crecimiento corresponde al del alza desproporcionada de la letalidad delincuencial. Según el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin contar este mes de diciembre, durante 2008 se realizaron 5 mil 685 ejecuciones, cifra que más que duplicó la de 2 mil 672 correspondiente a 2007, según datos oficiales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República.De esos totales, de acuerdo con el reporte de la CNDH, las bandas delincuenciales "ejecutaron en el 2007 a 56 servidores públicos, 48 militares, 5 marinos y 5 policías, mientras que en el 2008 la cifra se incrementó a 648 servidores públicos, entre ellos se encuentran 52 militares, 105 policías federales, 102 policías preventivos, 163 policías municipales, 151 policías ministeriales así como 75 servidores públicos de distintas dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno".Las bajas castrenses resultan de la intensificada participación del Ejército en el combate al narcotráfico. La Secretaría de la Defensa Nacional informó el domingo que entre enero y el 19 de diciembre sus efectivos apresaron a 5 mil 873 presuntos delincuentes. En las acciones respectivas, los militares decomisaron sobre todo mariguana (mil 500 toneladas) y cantidades menores de otras drogas (cuatro toneladas de cocaína y 12 kilogramos de heroína). Despojaron a los delincuentes de más de 57 millones de dólares y casi 36 millones de pesos. Y afectaron severamente la distribución de estupefacientes, pues destruyeron 644 pistas clandestinas y aseguraron 279 aeronaves dedicadas a ese propósito. Más de mil vehículos terrestres y 62 embarcaciones fueron también decomisados.La CNDH, que ha emitido varias recomendaciones a partir de la vulneración de derechos humanos por la actividad castrense, dedica la vigésima de las 21 conclusiones de su informe a la "militarización de la seguridad pública". Resume así su visión sobre el hecho:"La presencia militar en acciones de seguridad pública recorre el país de sur a norte; la inclusión de la milicia en los cuerpos de seguridad pública va en aumento y su intervención en la prevención del delito y el combate a la delincuencia es un hecho innegable, a pesar de que el gobierno federal ha reconocido que es necesario ir retirándolos (sic) de dichas tareas paulatinamente".A juicio de la CNDH, la descrita militarización "pone en grave riesgo el sistema de libertades públicas y los derechos humanos de los habitantes del país. Si el problema de la delincuencia exige la intervención del Ejército en tareas policiales, como parece ser el caso, entonces debería modificarse el marco jurídico y prever que los miembros de las fuerzas armadas dedicados a tareas de seguridad pública queden sujetos a condiciones jurídicas del orden civil, por los abusos que cometan, a fin de que prevalezca el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos".Revisaremos en otro momento la corrupción de la participación militar en la narcoguerra. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
áLVARO DELGADO
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