martes, diciembre 28, 2010
La guerra mediática vuelve a relacionar a Cuba y Venezuela con ETA y las FARC
http://www.youtube.com/watch?v=76gkNOfuI5Y
De CUBADEBATE
Colaboradores de Luis Posada Carriles están solicitando dinero para alquilar un avión en el que trasladarlo con su equipo legal a El Paso, donde tendrá lugar un juicio en su contra por perjurio, si el gobierno de los Estados Unidos le autoriza a volar, afirma hoy un blog en Miami. Luis Posada Carriles no puede subirse a un avión en los Estados Unidos. Su nombre está incluido en la “No Fly List”, una lista creada por el Centro de Detección de Terroristas que incluye a personas “sospechosas de atentar contra una aeronave”.
El hijo de los esposos Rosenberg afirma en un artículo que “no es casualidad que Julian Assange pudiese enfrentar un cargo de ‘conspiración’, igual que mis padres. Lo único que la fiscalía necesitaría para probar una conspiración es presentar evidencia de que por lo menos dos personas se pusieron de acuerdo e hicieron un acto para promover un plan ilegal. Pudiera ser una llamada telefónica o una conversación… Exhorto a todos los progresistas que salgan a defender a Julian Assange, si lo acusan de violar la Ley de Espionaje de 1917.”
El sitio Razones de Cuba, ha publicado nuevas traducciones literales de cables filtrados por Wikileaks con el tema Cuba, fundamentalmente aquellos enviados desde la Oficina de Intereses de Estado Unidos en La Habana (SINA) al Departamento de Estado. Revela la persecución de los EEUU a empresas españolas que comercian con Cuba, los esfuerzos por abortar una resolución en Ginebra de condena a la Base Naval de Guantánamo y un formulario elaborado por el Jefe de la Sección de Washington en La Habana.
Los militares estadounidenses están ensayando en Afganistán el fusil ХМ25, una nueva arma de alta tecnología, informa el portal Military World. El fusil tiene un alcance efectivo de 700 metros y utiliza munición de 25 mm dotada de chips electrónicos. El telémetro láser integrado ayuda a determinar con alta precisión la distancia hasta el blanco.
Al menos 100 bancos de Estados Unidos corren el riesgo de irse a la quiebra nuevamente, reveló este martes el rotativo Washington Post en su portal web. Se trata de los bancos que el año pasado recibieron una fuerte inyección de dinero proveniente de los contribuyentes. El diario Wall Street Journal estima que 98 bancos podrían quebrar a pesar de haber recibido 4.200 millones de dólares en efectivo del Gobierno de Barack Obama.
Incongruencias, contradicciones, incógnitas
Diego Fernández de Cevallos ya está donde acostumbra: ante las cámaras, frente a los micrófonos, arropado en los poderes que ha sabido cultivar durante su larga trayectoria como abogado y político. Sin embargo, al concluir el silencio impuesto por Gobernación y Televisa sobre el caso, en las versiones oficiales del secuestro comienzan a saltar las incongruencias, las abiertas contradicciones, las incógnitas…
QUERÉTARO, QRO.- Diego Fernández de Cevallos retornó a la vida pública en las mismas circunstancias en las que desapareció de su rancho La Cabaña el viernes 14 de mayo: en medio de un mar de dudas y versiones contradictorias sobre el pago del rescate y su liberación y ante el silencio del gobierno.
En las versiones surgidas del propio Fernández de Cevallos, amigos, familiares y el gabinete de seguridad, tampoco quedan claros los términos de la negociación y el pago del rescate, ni el día y la hora precisos de la liberación.
Incluso saltan preguntas sobre las verdaderas circunstancias del secuestro. Varias horas antes del momento en que se ha dicho que ocurrió, en Los Pinos había un evidente alboroto por lo que ahí ya se sabía: que Diego Fernández de Cevallos había sido secuestrado.
Hacia las 19:00 horas del 14 de mayo, un testigo –cuya exigencia de anonimato resulta obvia– aguardaba en la sala de espera de Jorge Rodríguez Ramírez, entonces asesor de Jorge Tello Peón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su cita había sido retrasada una y otra vez, y finalmente se canceló con el argumento de que el funcionario estaba “en una situación de emergencia por el secuestro del Jefe Diego”.
El presidente no estaba en Los Pinos. Al recurrir a la agenda oficial, sólo se pudo saber que esa tarde de viernes Calderón tenía programadas “actividades privadas”. ¿A qué hora y en dónde ocurrió realmente el plagio del político panista, que reiteradamente se ha situado alrededor de las 22:00 horas a la entrada de uno de sus ranchos en Querétaro?
Tello Peón dejó su cargo el 19 de agosto y fue sustituido por Alejandro Poiré. El asesor Rodríguez Ramírez había llegado a esa oficina procedente del Cisen.
También prevalece la incógnita del grupo que secuestró al excandidato presidencial, que por su trayectoria política, profesional y empresarial fue escogido como víctima, según los propios argumentos de quienes primero se identificaron como “misteriosos desaparecedores” y en el desenlace del plagio se autodenominaron “Red por la Transformación Global”.
Aunque este último membrete y los tres manifiestos difundidos en la víspera de la liberación del panista fueron dados de alta en un correo grupal de yahoo.com.mx el viernes 17, mismo día en que subieron los documentos con un minuto de diferencia: a las 21:20, las 21:21 y las 21:22 horas, el grupo ya no registra más actividad.
Incluso el anuncio de la liberación parece acomodado para una espectacular reaparición del panista: no fueron su hijo Diego ni el exprocurador Antonio Lozano Gracia quienes, como únicos voceros y responsables de la negociación, difundieron el fin del secuestro. Fue Joaquín López Dóriga quien, en un enlace telefónico cerca de las nueve de la mañana, dio la información en el noticiario matutino de Televisa.
Hasta ese momento los temas principales de esa mañana eran la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan y el homicidio de la activista Marisela Escobedo y su cuñado en Chihuahua, los cuales fueron desatendidos para dar paso a la amplia cobertura informativa que se desplegó en torno a la reaparición del abogado panista.
Después del reporte de López Dóriga, la especulación continuó alimentándose. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, comentó que “de ser verídica la versión” que ya circulaba, la dependencia reabriría la investigación sobre el secuestro.
Pasaron muchos minutos de esas primeras horas de la mañana antes de que una fuente allegada al político la confirmara. Lo hizo Lozano Gracia.
A la 1:30 de la tarde Diego Fernández –sereno, con el cabello recortado, la barba muy larga pero limpia y arreglada y con un ramo de rosas rojas– se presentó conduciendo un Mercedes Benz cuyo cláxon tocó ante las rejas de su residencia en Lomas de Virreyes, ya entre la aglomeración de reporteros, camarógrafos y fotógrafos.
“Sólo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, y que estoy fuerte, y que mi vida seguirá siendo la misma”, declaró inicialmente. Pero más tarde sorprendió:
“Uno de los temas que será capital y lo hablé con mis plagiarios (en las muchas y fuertes discusiones que dijo haber sostenido con ellos) y está el compromiso con ellos, de pensar y de luchar por grandes causas que reclama México (es el de) su pobreza, su injusticia y su impunidad. Creo que tenemos que hacer de México un país de leyes, de instituciones, no de secuestradores, de asesinos, de ningún nivel, ni de ricos ni de pobres.”
Al hablar de sus captores, Fernández de Cevallos aseguró: “Como hombre de fe, ya perdoné; y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones”.
Sin embargo, a lo largo de las entrevistas que fue ofreciendo al propio López Dóriga, a José Cárdenas y a Javier Alatorre, en TV Azteca, fue parco en comentarios sobre las características de sus secuestradores y la forma en que fue puesto en libertad:
“No quiero dar pormenores. Y es que para efectos del procedimiento que puedan tener las autoridades debo ser muy respetuoso. Fui sorprendido, secuestrado y ya estoy aquí”, le respondió a López Dóriga.
Sostuvo que fue liberado en la madrugada del lunes en un punto que se negó a precisar: “Me dejaron algunos kilómetros distantes de algún pueblo… Caminé algunos kilómetros y no quería dejar de caminar para darle gracias a Dios y ver el amanecer de un nuevo día”.
Ahí también comentó que durante su cautiverio se enteró “muy poco” de lo que pasaba afuera: “Prácticamente no tuve ningún contacto con la realidad en esos siete meses y días”.
Pero en otra de sus salidas a las rejas de la casa de Lomas de Virreyes, contradictoriamente, Diego habló de “muchos otros casos de dolor, de desgracia que no pueden quedar olvidados porque se trata de un político de la vida nacional… yo tengo mucho dolor por tantas noticias que he recibido de lo que está sucediendo en México en estos días”. Y mencionó el asesinato de Marisela Escobedo, cometido el viernes 17.
La táctica desinformativa
La ausencia de una versión oficial alimentó toda clase de especulaciones. Basta recordar que desde el 27 de noviembre –el día de la boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto– El Universal publicó que Diego ya estaba a salvo en su casa. El diario atribuyó la información a un primo de los Fernández de Cevallos perfectamente enterado de las negociaciones, y la sostuvo en días posteriores.
En la semana que empezó el lunes 20 surgieron nuevos datos y versiones extraoficiales, como la que publicaron los reporteros Gustavo Castillo y Alfredo Méndez, de La Jornada, quienes citando a “fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional” sostienen que Fernández de Cevallos fue liberado el 11 de diciembre, nueve días antes de su aparición mediática.
En la misma nota se dice que, “según las fuentes consultadas, los secuestradores cobraron 30 millones de dólares de rescate el pasado 10 de diciembre”, mismos que Diego junior y Antonio Lozano habrían entregado en un punto entre la Ciudad de México y Toluca.
“Al siguiente día, El Jefe Diego fue soltado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro, tan sólo con unos zapatos, un pantalón y una chamarra vieja que sus captores le proporcionaron. De su liberación fueron enterados primero el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, y posteriormente el presidente Felipe Calderón Hinojosa; se acordó que el tema se trataría con total hermetismo”, publicó La Jornada en su edición del jueves 23.
Otra imagen de Diego
Semanas atrás Fernández de Cevallos apareció en las fotografías de su cautiverio como un anciano desvalido, con el rostro golpeado, semidesnudo y con los ojos vendados, privado de su libertad y “no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de los mexicanos”, como se dijo en el último mensaje atribuido a los plagiarios.
Fueron estas fotografías, junto con dos cartas presentadas como de su puño y letra, las pruebas de vida conocidas y divulgadas por internet en los siete meses y días de cautiverio: la primera se conoció el 20 de mayo, a casi una semana de su desaparición; en el mensaje adjunto se afirmaba que Diego gozaba “de cabal salud” y se exigía a las autoridades mantenerse al margen de la negociación con la familia.
La segunda foto apareció el 26 de julio, acompañada por una carta en la que el político parecía desesperado: “Todo lo que puedas conseguir de ayuda, asegúrales que la pagaré. He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del tenormín y de la aspirina. Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación… He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor (...) Es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después…”.
La tercera circuló el 13 de septiembre, acompañada por un mensaje de los “misteriosos desaparecedores” y sonaba a advertencia:
“Dicen que sus últimas fotos sólo mostraron los restos del hombre intocable y poderoso que fue, y que sembrador de vientos y cosechador de tempestades no se supo si fue víctima de una banda del crimen organizado, o de algún grupo poderoso del gobierno, o de alguna organización guerrillera… gracias a la trayectoria personal y pública del ‘jefe Diego’ se seguirán diciendo muchas cosas y quizás todas quepan como líneas de investigación, desde que su familia lo abandonó y de que a sus propios amigos no les importó su suerte”.
Dos de esas fotografías fueron tomadas con Diego sosteniendo el ejemplar de Proceso que circuló en la semana posterior a su desaparición (el número 1751), una de la portada y otra del reportaje titulado Millonario litigio del poder con el poder, del reportero Carlos Acosta, en el cual destaca una fotografía del litigante panista y el expresidente Carlos Salinas de Gortari posando sonrientes.
Según la versión difundida el sábado 15 de mayo, la noche anterior Fernández de Cevallos hizo su rutinario recorrido desde la hacienda de La Barranca –en Jerécuaro, casi en los límites con Querétaro– por la carretera Coroneo-Querétaro y la autopista a la Ciudad de México, para entrar a sus dominios aledaños a la comunidad de San Clemente en Pedro Escobedo, a unos kilómetros de San Juan del Río.
Dormiría en La Cabaña, un rancho anteriormente conocido como La Bolsa, que adquirió y puso a nombre de su hija Claudia (Proceso 1332 y 1373). Al día siguiente viajaría al Distrito Federal para asistir a una comida con su amigo el también abogado Juan Collado y su prometida. Pero según esa versión sólo llegó a estacionar la camioneta mientras, a unos 500 metros, en su pequeña casita, el velador lo escuchó entrar y ya no se asomó.
“La verdad sí pasaron muchas horas desde que se cometió el delito, cuando menos unas siete, ocho horas; Diego así es, vivía totalmente tranquilo, con toda la seguridad de que no le iba a pasar nada. Llegaba solo a La Cabaña, entraba, se dormía y dejaba hasta la puerta abierta, era muy confiado. Era, porque yo creo que ya no lo va a ser tanto”, dice en entrevista el exgobernador queretano Ignacio Loyola Vera.
“La información fluye hasta las 6:30 (del sábado), cuando llega la gente del campo; se dan cuenta de que está la camioneta, hay cosas tiradas, parece que hubo una pelea y a mí me avisan. Yo le aviso al gobernador (José Calzada Rovirosa). Luego vino toda la desinformación, la prensa; que si lo vieron viajando para acá, que si allá”, recuerda Loyola.
La Procuraduría de Justicia del estado inició una averiguación previa, acudió al rancho el procurador Arsenio Durán con los peritos y se instaló un gabinete de seguridad en la XVII Zona Militar, al que se integraron el gobernador queretano Calzada Rovirosa, Loyola Vera y el exprocurador general Antonio Lozano; el procurador general de la República, Arturo Chávez, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Pero la noticia no provino de ese grupo. El exprocurador Antonio Lozano Gracia hizo público un comunicado de los hijos de Diego en el que pedían a sus secuestradores que entablaran una negociación y solicitaban a las autoridades “hacerse a un lado para no obstruir” esta posibilidad, a lo cual accedieron las procuradurías.
Desde Gobernación, Gómez Mont impuso un silencio al que de inmediato accedió Televisa, que dejó de divulgar noticias sobre el secuestro. Con todo, desde varias instancias de gobierno, como la propia PGR, se estuvieron “filtrando” versiones a columnistas y reporteros de la fuente que apuntaban a un grupo de la guerrilla –una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR)– como el autor del plagio.
De hecho el 15 de mayo, cuando el comisionado antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Luis Cárdenas Palomino, llegó a la reunión del grupo de seguridad encabezado inicialmente por el gobernador Calzada y el comandante de la XVII Zona Militar –que ese día tuvo una encerrona de 17 horas– y posteriormente acudió a revisar personalmente el rancho, sostuvo la posibilidad de que el EPR fuera el responsable del secuestro.
Aunque el EPR se deslindó de la desaparición del excandidato, esta línea de investigación no fue eliminada, y menos después del ataque que sufrió el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien colaboraba en la investigación, precisamente en la línea de un movimiento guerrillero o del narcotráfico (Proceso 1751), como lo confirmó una fuente cercana a las investigaciones.
El sábado 15 por la noche, Cárdenas Palomino planteó la posibilidad de que, en caso de que un grupo guerrillero hubiera cometido el plagio, habría trasladado a su víctima a pie por las veredas que rodean el rancho para moverse hacia San Luis Potosí o hacia el sur. Y ya había transcurrido casi un día desde entonces.
Luego de que se conoció la primera fotografía que circuló por internet, el 21 de mayo, al día siguiente la PGR admitió que se trataba de un secuestro y a partir de entonces guardó silencio. El único integrante del círculo cercano a Fernández de Cevallos que habló de los plagiarios como “un grupo muy poderoso, con una gran organización y grandes recursos” fue el abogado y socio de Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan.
Pero incluso al exgobernador Loyola Vera este secuestro y su desenlace le plantean “muchas dudas, muchas señales encontradas, mucha revoltura”. Incógnitas que, dice, espera aclarar cuando converse con Fernández de Cevallos.
“Diego siempre decía que si lo secuestraban él iba a convencer a sus plagiarios de que lo soltaran”, comenta Loyola en su despacho de la dirección general de Agroasemex.
Aclara que nunca se le pidió que aportara dinero para reunir el rescate, y que su única contribución fue “dentro de mis posibilidades, con mi cercanía, mi amistad y mis oraciones”.
“Ignoro por qué aparezco en esa lista”, dice el exgobernador, al referirse a la relación de 23 prominentes empresarios, políticos, jerarcas católicos y dirigentes sindicales, encabezados por Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim, que se mencionan en el último paquete de comunicados de la “Red por la Transformación Global” y a los que Diego les habría escrito cartas para pedir ayuda y cobrar “por sus favores y los servicios prestados”.
“La verdad no sé por qué estoy ahí, creo que es un error. A ese nivel de capacidad empresarial no (estoy). Un amigo me dijo: ‘Si tú eres de los ricos, entonces hay una gran cantidad de personas pobres en este país’. No hay forma de que yo pueda estar a ese nivel y le puedo decir que no, que no fui elegido ni contactado por la familia para aportar recursos para esto”.
La tarde del anuncio oficial de su liberación, el lunes 20, en la hacienda de San Germán –la casa familiar de los Fernández de Cevallos–, luego de verlo en la televisión, su hermana Beatriz explicaba: “Es normal, por su carácter es normal…Quería demostrar que estaba bien, cuando menos lúcido”.
Para Beatriz, Helena y María Fernández de Cevallos terminaban también siete meses de incertidumbre, de impotencia. Desde todas partes les avisaban “de cuanto cuerpo encontraban, por si era él”. Acudieron a ver a los amigos poderosos de su hermano y se dirigieron públicamente a los secuestradores cuando éstos enviaron un mensaje en el que afirmaban que el panista había sido abandonado por su familia.
María Fernández de Cevallos se niega a opinar sobre la forma en que reapareció su hermano. “Sólo él sabe y sólo él dirá lo que pasó; Dios le dio un tiempo más de vida y ojalá lo aproveche; yo nada más tengo agradecimiento para todos los que pidieron por él, para ustedes los medios porque respetaron el silencio…”.
Sin embargo, Beatriz bromea: “El peor error de los que lo tuvieron fue haberle tapado los ojos, pero no la boca… A la hora de salir… pues debe haber extrañado mucho los micrófonos, ¿no?”.
“A mí no se me hace raro verlo como salió, ya sé que parece increíble… Los primeros días sí le fue mal, (pero) él no es como esos empresarios que el miedo los mina… A Diego lo podrán acusar de todo, menos de tarugo.” l
Diego, la personificación del PAN
MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- El silencio que Diego Fernández de Cevallos ha guardado sobre la fecha real de su liberación, el 11, no el 20 de diciembre, es elocuente de su verdadera condición: La mentira.
Nadie admite ser tildado de embustero, menos aún cuando recién se ha salido del infierno del secuestro, salvo que esa sea la absoluta verdad.
Y ese es el caso de Fernández de Cevallos, alias El Jefe.
Si su teatral reaparición hace una semana, el lunes 20, concitó toda suerte de dudas --que ya existían desde su secuestro, el 14 de mayo--, el dato de su real liberación, publicado por el diario La Jornada, el jueves 23 de diciembre, con base en información del gobierno de Felipe Calderón, lo termina de desnudar.
De haber sido falsa esa información, que derrumba todo el montaje de su impostado regreso, lo procedente era desmentirla de inmediato y daba oportunidad a que emitiera, por fin, el famoso “comunicado” que prometió sobre detalles de secuestro y aun los agradecimientos que pretendía hacer.
Pero nada.
Fernández de Cevallos confirmó que la virtud no es lo suyo.
En realidad, la deshonestidad no es patrimonio exclusivo de él.
Considerado emblema del PAN, Fernández de Cevallos personifica a lo peor de ese partido.
La mentira.
La hipocresía.
La injusticia.
La corrupción.
La impunidad.
La traición a los valores supremos.
Fernández de Cevallos es, entonces, el rostro del PAN, con toda su prepotencia.
Que nadie se extrañe que lo postulen candidato presidencial…
Apuntes
Cuando, tras el fraude electoral de 2006, el filoso cartonista Helguera dibujó a Jesús Ortega con el pantalón abajo y Calderón tocándole una nalga, mientras decía: “Esta izquierda sí me gusta”, Los Chuchos y sus simpatizantes en los medios se ofendieron. El dibujo no pudo haber sido más certero. Cuando Ortega deje la presidencia del PRD, supuestamente en marzo de 2011, ese partido estará completamente podrido, un proceso de descomposición que se aceleró desde que la facción Nueva Izquierda lo asaltó para entregarlo, completito, a la derecha panista, si buen algunos trozos le fueron vendidos al PRI en varios estados. La entrega sigue en el Estado de México, donde el candidato de la derecha apoyada por el PRD será, si Calderón no decide otra cosa, Luis Felipe Bravo Mena, prominente juramentado de El Yunque… ¡Feliz Año Nuevo!
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
En riesgo de quiebra, 978 bancos “rescatados” por EU
MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- Pese a que las autoridades estadunidenses pregonan el éxito del programa de rescate bancario, mediante el cual se inyectaron 4,200 millones de dólares, al menos 98 instituciones están en riesgo de caer en una “situación de quiebra”, advirtió hoy el diario The Wall Street Journal.
De acuerdo con un estudio elaborado por el diario, basado en un análisis de los resultados financieros del tercer trimestre de los bancos que entraron al plan de rescate, dichas entidades bancarias registran “erosión de sus niveles de capital y préstamos de alto riesgo, lo que ha generado serias advertencias de las entidades reguladoras.
Conocido como Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por sus siglas en inglés), el plan de rescate incluyó la canalización de 4 mil 200 millones de dólares para su capitalización. Sin embargo, reportó el diario neoyorquino, 98 bancos enfrentan “condiciones delicadas” y advierte que “peligra” la continuidad de esos negocios.
El plan de ayuda fue aprobado por el Congreso estadunidense en 2008, durante el gobierno de George W. Bush, para que pudieran enfrentar la crisis financiera, derivada por la acumulación de activos “tóxicos”, como las hipotecas de altos riesgo.
La mayor parte de esos bancos, destaca el diario, están "plagadas de préstamos caprichosos de los que puede que no se recuperen".
El estudio afirma que a pesar de que el plan de rescate estaba dirigido a bancos con buena salud financiera, "el alcance de los problemas que tienen hoy en día estas instituciones sugiere que un buen número de ellas se encontraban en un estado lamentable desde el principio".
Ese mismo diario realizó un estudio similar en el segundo trimestre de este año en el que detectó a 86 entidades en situación "delicada", aunque hasta ahora sólo han sido siete los bancos que han entrado en bancarrota desde que se implementó el plan de ayuda hace dos años.
A mediados de este mes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, defendió el éxito del programa de rescate financiero y afirmó que "se situará como uno de los programas de respuesta a una crisis más efectivos jamás puesto en marcha".
¡Pobre México, tan lejos de Argentina!
MÉXICO, D.F., 27 de diciembre.- El general Jorge R. Videla, dictador argentino de 1976 a 1981, ha sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Ya había sido sentenciado a la misma pena en 1985, pero la lenidad del presidente Carlos Saúl Menem le concedió el indulto, además de aplicar en su beneficio las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Esas medidas fueron después anuladas por el Congreso en 2003, y esas leyes, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema apenas el 31 de agosto pasado. Entonces pudo llevarse de nuevo ante los tribunales a Videla, principal integrante de la Junta Militar que desató (y en cierto modo continuó la cruzada anticomunista dejada en manos de José López Rega por la presidenta Isabelita Perón, en 1975) la más descomunal represión ejercida por poder alguno contra su propia gente en la historia de América Latina, que se resume en la cifra de 30 mil desaparecidos.
Videla fue sentenciado el miércoles 22 de diciembre por el Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba, como “autor mediato (…) penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos, agravada por la condición de perseguido político de la víctima (32 hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real); tormento seguido de muerte (un hecho), todo en concurso real (…) imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas (…) En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Sistema Penitenciario Federal”.
El juicio se refiere a la tortura y asesinato de 31 presos políticos recluidos en el Penal de San Martín, en la misma Córdoba donde ahora ha sido sentenciado. Los hechos ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 1976, cuando Videla se estrenaba como dictador. No se le ha condenado porque se suponga que él personalmente entró en la prisión y atormentó a los presos y luego los acuchilló o disparó sobre sus cabezas. Junto con él este miércoles fueron sentenciados subordinados suyos (incluido el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, en cuya jurisdicción se cometieron los crímenes), la mayor parte de los cuales tuvieron injerencia directa en los homicidios y los tormentos mencionados.
Pero como autoridad suprema, como jefe del Estado (por más que usurpara el cargo) y como jefe del Ejército, Videla fue hallado culpable de ordenar o consentir esos delitos, tenidos como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Suerte semejante hubiera corrido su par en la Junta Militar inicial, el almirante Emilio Eduardo Massera, de no haber muerto el 8 de noviembre.
En la forma extrema de rendición de cuentas a que deben sujetarse los gobernantes, hayan sido elegidos o no, Videla pasará el resto de sus días en una prisión común. No estará allí a pesar de haber ejercido en los hechos la Presidencia de la República, sino por ello mismo, por la responsabilidad política que le corresponde al ocupante del Poder Ejecutivo.
¡Qué remota la posibilidad de que un gobernante mexicano fuera llevado a los tribunales por crímenes semejantes a los imputados a Videla! Y vaya que los ha habido, sin que el sistema judicial y la estructura política (así como sus coyunturas) permitan su enjuiciamiento.
Si a vuela pluma revisamos la historia mexicana del medio siglo reciente, encontramos hitos donde la violencia homicida del Estado contra sus enemigos (se hayan declarado así las víctimas o no) segó la vida, al margen de la ley, de innumerables ciudadanos en las más diversas circunstancias. Si hubieran sido sometidos a proceso y se les hubiera sentenciado a la pena de muerte, nadie supondría posible enjuiciar a los jefes de Estado, por más que se conociera el dominio presidencial sobre procuradores, jueces, magistrados y ministros.
Pero la represión letal ejercida por disposición directa o indirecta de los presidentes los hace responsables políticos, no ante la Constitución, sino ante la historia, de crímenes que no tendrán castigo, porque estamos lejos de poder enjuiciarlos como hicieron en Uruguay, Chile y Argentina con sus dictadores.
En una combinación de causa y efecto, muchos sucesos en que el asesinato político sería imputable al jefe del Estado son apenas conocidos, porque la lenidad social (surgida del miedo o de la inconsciencia política) pasa por alto esos crímenes. En algunos casos, como los de Luis Echeverría y Carlos Salinas, la porción de la sociedad que los detesta lo hace por su corrupción personal o por el profundo daño que infligieron a la economía, al patrimonio de la gente, a la cual suelen importarle más los bienes materiales perdidos o dejados de ganar que el respeto a la vida misma.
En 1961, a la mitad del sexenio de Adolfo López Mateos, el general Celestino Gasca, dueño de una sólida biografía de militante laborista, resolvió convocar a los Federacionistas leales a alzarse en armas. Eran una fuerza dispersa en todo el país, remanente de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (de allí su nombre) que apoyaron en 1952 la aspiración presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. Algunos sectores, los leales entre ellos, le imputaron traición a la causa cuando el candidato opositor se acomodó al triunfo de su adversario. Con gran ingenuidad, Gasca hizo convocatorias tan abiertas que reclutó no sólo a antiguos henriquistas sino a agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que hicieron abortar el movimiento. Decenas de presuntos alzados, con Gasca a la cabeza, fueron aprehendidos en la Ciudad de México y pronto dejados en libertad, sin juicio. Pero un número indeterminado de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, aun con métodos antiguos como colgarlas de los árboles, tal como ocurrió entre otros puntos en La Ceiba, en el lindero de Hidalgo, Puebla y Veracruz.
La represión de Díaz Ordaz a la movilización estudiantil, y la de Echeverría contra los propios estudiantes disidentes, son bien conocidas, y de ellas se desprenden claras responsabilidades de ambos gobernantes. Se quiso hacer valer las que tocan a Echeverría, y el esfuerzo del Comité 68 –con Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi a la cabeza– consiguió la mayor aproximación de la justicia contra un presidente. A esa colocación de Echeverría en el banquillo de los acusados sirvió de modo inequívoco el papel de la fiscalía creada por Fox para investigar los crímenes de la guerra sucia, la mayor parte de los cuales ocurrieron en los años setenta, principalmente los primeros seis. Justamente el riesgo de que ahondar en las averiguaciones dejara claras responsabilidades directas de Echeverría provocó el asedio al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y la campaña de desprestigio en medio de la cual concluyó sus funciones.
Una dependencia de esa índole debería abrirse para indagar los crímenes políticos cometidos durante el periodo presidencial de Carlos Salinas. Si bien los protomártires de esa época, Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, cayeron en julio de 1988, antes aun de que Salinas fuera elegido, su asesinato puede ser inscrito en la represión salinista porque fueron ultimados en vísperas de los comicios. Salinas fue formalmente elegido luego de que con esos homicidios se inhabilitó la defensa legal del voto.
Creado en 1989, como resultado y concreción partidaria del Frente Democrático Nacional que había sacado avante la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido de la Revolución Democrática vio marcados con sangre su nacimiento y su vida incipiente. Especialmente en Michoacán y Guerrero, donde se efectuaron las primeras elecciones locales, la represión más cruel pareció destinada a exterminar el partido que suscitó el rencor presidencial con su permanente crítica al fraude que le permitió ser investido con la máxima autoridad del Estado.
Por supuesto, no fue Salinas quien directamente apretara el gatillo para eliminar a sus enemigos, pero permite atribuirle responsabilidad en los crímenes de esos años la impunidad de que disfrutaron los asesinos, ninguno de los cuales fue llevado ante la justicia, ni la federal que dependía directamente del presidente, ni la del fuero común, a cargo de gobernadores sujetos en los hechos a la autoridad presidencial. Quien quiera ser benévolo con Salinas y ahorrarle la acusación de autoría de 250 asesinatos de perredistas documentados por la Secretaría de Derechos Humanos de ese partido, tendrá que convenir en que fue al menos un encubridor y en que debiera ser sujeto por lo tanto a juicios como el que mantendrá para siempre en la cárcel al general Jorge R. Videla.
Ahora que la memoria histórica se adelgaza y hasta tiende a disminuir por mero olvido, no por exculpación, la crítica a Salinas, causada por su corrupción y los daños que infirió a la economía de los mexicanos (que se evidenciaron al comenzar el gobierno de su heredero Ernesto Zedillo), es hora de que la sociedad le recuerde que, llevado a tribunales internacionales, podría ser considerado perpetrador de delitos de lesa humanidad, como Videla
Discrecionalidad con recursos públicos
A Juanita De Jesús, con mi solidaridad
MÉXICO, D.F., 24 de diciembre.- En entregas anteriores me he referido a este tema y he criticado y propuesto reformas respecto a los donativos gubernamentales (edición 1758) y los fideicomisos con recursos públicos (1767). La situación, sin embargo, sigue empeorando trimestre tras trimestre. Veamos.
Primero. Es importante recordar que, por la propia naturaleza jurídica del fideicomiso, se necesita un esfuerzo mayor para ejercer escrutinio social y exigir rendición de cuentas sobre el gasto público que ejercen directamente los poderes del Estado y sus organismos autónomos. Este asunto no es menor. Hasta el 30 de septiembre pasado existían 367 fideicomisos o análogos en el ámbito federal con fondos que ascendían a 384 mil 129 millones de pesos. El destino de esa cifra multimillonaria no requiere de mucha explicación: 121 mil millones 240 millones de pesos eran para el pago de pensiones, distintas a las otorgadas por el IMSS, el ISSSTE y otros sistemas de seguridad social; 22 mil 551 millones correspondían a “prestaciones laborales” de los servidores públicos, adicionales a los sueldos previstos en el Presupuesto de Egresos; 28 mil 808 millones se hallaban reservados para “subsidios y apoyos” (rubro en el que todo cabe) y 70 mil 293 millones de pesos eran para “apoyos financieros”.
De la misma manera, se han generado mecanismos para evitar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones en Materia de Seguridad. El Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves tiene fondos que llegan a 4 mil millones de pesos. ¿Usted creería como acto de fe que el secretario Genaro García Luna invertirá esos recursos con toda pulcritud pensando en el bienestar de México? ¿No será razonable pensar que haya alguna posibilidad –así sea muy remota– de que la opacidad puede permitir corrupción e impunidad al amparo de la “seguridad”?
Segundo. En materia de donativos que se otorgan con recursos públicos, la discrecionalidad prevista en la ley permite asignar parte del erario sin ningún mecanismo de evaluación, pertinencia y oportunidad. Esta circunstancia coadyuva a desnaturalizar la función del Estado. Un análisis del tercer informe trimestral del gasto público de 2010 permite, de entrada, observar que organizaciones sociales y grupos de interés reciben donativos y ayudas millonarias.
Así, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social subsidia a la Asociación de Apoyo a Jubilados y Pensionados del MUNJP, A.C., a la cual le donó en el tercer trimestre de este año 5 millones 210 mil pesos para “apoyar las funciones propias de la asociación”; en tanto que el ISSSTE sigue manteniendo relaciones inadecuadas con su sindicato, al cual le donó durante el mismo periodo 4 millones de pesos para “apoyar actividades de seguridad social”, además de otorgar un donativo de 3 millones 500 mil pesos a la Asociación Nacional de Servicio Voluntario, A.C., que preside la esposa del director general del propio ISSSTE. ¿No existe aquí en principio un conflicto de interés?
Por su parte, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) mantiene su política de apoyar a quienes tienen muchas otras formas de financiar sus actividades. En 2009 asignó un donativo de 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, A.C. (agrupación que organiza a los industriales de la radio y televisión de Jalisco), y en este 2010 dicho apoyo ascendió a 35 millones de pesos. Asimismo, Conaculta ha donado este año 10 millones de pesos a Sumando Amor, A.C., con el aparente fin de emplearlos en la remodelación de la antigua Basílica de Guadalupe.
“Sumando Amor es una asociación civil legal y transparente que busca recaudar fondos en dinero, ayuda en especie y esfuerzo por parte de la sociedad mexicana”, expresó en un boletín fechado el 12 de octubre de 2007 el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. ¿Por qué debe Conaculta regalar dinero que no es suyo a empresarios y a la Iglesia católica? ¿Dónde quedó la separación de la Iglesia y el Estado consagrada en la Constitución?
Tercero. La falta de un adecuado control de donativos y fideicomisos propicia tráfico de influencias, conflictos de interés y muchas otras formas de corrupción. De ahí, por tanto, la urgencia de que se reforme la ley para que en materia de donativos se establezcan comisiones dictaminadoras y criterios de asignación, seguimiento y evaluación de proyectos. Además, en materia de fideicomisos con recursos públicos debe eliminarse el secreto fiduciario, de tal suerte que más temprano que tarde esta figura legal pierda su sentido cuando estén en juego recursos de la sociedad. Sólo así se podrían dar, en este campo, pasos efectivos en materia de transparencia que ahora no existen. l
evillanueva99@yahoo.com
Los “aviadores” de Elba Esther en Hidalgo
Roto el pacto entre el PRI y el SNTE en Hidalgo a causa de los“maestros aviadores”, el panorama se le complica a Francisco Olvera Ruiz, quien deberá asumir como gobernador el próximo 1 de abril. Los priistas estatales le reprochan al sindicato que no haya movilizado a sus huestes para apoyar a Olvera, quien ganó la elección por sólo cuatro puntos de diferencia ante Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Hidalgo Nos Une, conformada por PAN, PRD y Convergencia. La manera de cobrarle la factura a los maestros fue negarles el pago de los 30 días de aguinaldo que les entrega la SEP…
MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (Proceso).- Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) delibera sobre las elecciones para gobernador en Hidalgo, realizadas el 4 de julio último, luego de que Xóchitl Gálvez interpuso un recurso de inconformidad por “competencia inequitativa”, afloraron las rencillas entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El asunto le estalló al “equipo de transición” a causa de los maestros “aviadores” de la sección 15 del SNTE, gremio que se coaligó al PRI para apoyar a Francisco Olvera Ruiz a través del Partido Nueva Alianza (Panal).
A menos de cuatro meses del cambio de gobierno en Hidalgo, programado para el 1 de abril de 2011, los priistas estatales reprochan al SNTE que no haya movilizado a sus huestes para apoyar a Olvera, quien ganó la elección por sólo cuatro puntos de diferencia ante Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Hidalgo Nos Une, conformada por PAN, PRD y Convergencia.
La manera de cobrarle la factura a los maestros fue negarles el pago de los 30 días de aguinaldo que les entrega la SEP y que se suma a los 60 días que les abona la Federación Democrática de Servidores Públicos (Fedesp).
Desde el 17 de noviembre los mentores realizaron una marcha para exigir esta prestación de 90 días. En respuesta, los priistas comenzaron a difundir en los medios de comunicación locales que los maestros de la sección 15 eran “aviadores” de la SEP; que aun cuando estaban en la nómina y cobraban su sueldo de manera regular, en realidad no trabajaban.
Xóchitl Gálvez dice a Proceso que el pleito PRI-SNTE es interno; incluso comenta que Olvera no quiere cumplir con su parte y entregar al gremio de la maestra Elba Esther Gordillo las cuotas pactadas en el gobierno estatal.
“Los del SNTE dicen que el gobierno los culpa… Ya ves que está la denuncia electoral en la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y no se ha resuelto. Hay voces que quieren anular la elección de Hidalgo. Eso tiene muy enojado al PRI porque, dicen sus dirigentes, la traición del SNTE fue que nunca jugaron a su favor”.
Gálvez insiste en que los maestros no apoyaron con pasión al priista Olvera. “Lo que en realidad querían era incidir en su propuesta de gobierno. “Esa es la impresión que tengo”, comenta la excandidata.
E insiste: “Antes de mí, el gobierno del estado publicó lo de los aviadores, pero sólo los del SNTE, para golpear, porque traen un pleito con ellos. Pero los aviadores no sólo están en la SEP; hay muchos funcionarios en la propia SEP que tienen sueldo federal y realizan funciones estatales. Eso es ilegal porque están usando fondos de la educación para burocracia local”.
Después de las primeras publicaciones en la prensa sobre los “aviadores”, Gálvez difundió que los priistas en el gobierno también estaban cobrando en la nómina de la SEP. Ella publicó su propia lista. En respuesta, el viernes 10 Omar Fayad, dirigente del PRI estatal, divulgó que la hermana de la excandidata, Catalina Eréndira Gálvez Ruiz, había pedido licencia como maestra para hacer campaña a favor de Xóchitl.
La exfuncionaria foxista considera que fue una estrategia del priismo, pues su hermana pidió licencia debido a que sufría depresión, pues fue acosada por el gobierno de Osorio Chong cuando supo que Xóchitl era candidata al gobierno de la entidad; incluso Fayad exhibió el oficio DGAyDP/SRH/4053/10 en el que señala la prórroga a la licencia que pidió Catalina Eréndira del 8 de octubre al 7 de marzo de 2011.
“Y está todo lo que da el pleito”, afirma Xóchitl. Dice que su hermana denunció a Fayad porque hizo público su expediente clínico. “La verdad es que mi hermana (Catalina) entró en una depresión por todas las groserías que le hicieron cuando fui candidata; le hicieron el cerco en el gobierno, la acosaron en muchos sentidos. Le recortaron presupuesto, la empezaron a acosar por el simple hecho de ser mi hermana”, sostiene.
Año de Hidalgo
En Hidalgo, además de los maestros, funcionarios estatales, legisladores, dirigentes políticos y sus familiares cobran en la SEP sin presentarse a laborar.
De un universo de 46 mil plazas docentes y 8 mil administrativas en Educación Básica, alrededor de 3 mil personas están “comisionadas” en las oficinas de Hidalgo. De ellos, otro tanto cobran sin trabajar dentro de la propia Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), de acuerdo con un documento del SNTE que contiene nombres y claves de la nómina de la dependencia estatal.
La cereza del pastel: el coordinador del equipo de transición del gobernador electo Francisco Olvera, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, están en la nómina, con un sueldo de 26 mil pesos cada mes, y Érica Cervantes Albarrán, quien labora en la Secretaría de Gobierno del estado, según un listado cuya copia tiene Proceso.
Además, se menciona al secretario de Organización del PRI, Alejandro Quintana Lazcano, quien fue secretario particular de José Luis Lima Morales, auditor superior del Congreso del estado, y al delegado del PRI, José Francisco Morales Hernández, quien cobra 23 mil pesos al mes.
En el listado se aclara que Lima Morales “apenas tiene un año con licencia. De 2003 a 2009 cobró sus plazas sin trabajar amparado por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo”.
El 12 de noviembre pasado, el periódico local Criterio publicó que secretarios particulares, familiares, expolíticos, exdirigentes de la sección 15 del SNTE y sus familiares eran “aviadores”. La propia SEP difundió una lista con la nómina de honorarios y de comisionados en su página electrónica.
Xóchitl Gálvez tomó el escándalo como estandarte y mencionó a algunos perredistas como supuestos “aviadores”. Mencionó al excandidato a la gubernatura de Guanajuato Alonso Raya, quien estudió en Pachuca y tenía una plaza que dio de baja hace como seis años, según las autoridades del SNTE.
La excandidata señaló a varios perredistas, como el dirigente de la UFIC (Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina), Celestino Ábrego Escalante, docente de profesión y fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado, con un sueldo de hasta 25 mil pesos mensuales.
También se refirió a Héctor Pedraza Martínez, hermano del actual coordinador del Congreso local, el priista Roberto Pedraza, así como el director de administración escolar de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Julio César Leines Medécigo.
No obstante, en el documento que tiene Proceso se menciona a Ricardo Ortega Ortega, excoordinador de campaña del exdiputado Jorge Rojo García de Alba por el distrito de Actopan y actual director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de la entidad. Su sueldo: 20 mil 400 pesos mensuales.
Dos “aviadores” más son Martiniano Vega Orozco, secretario particular del presidente estatal del PRI, Omar Fayad Meneses, quien cobra alrededor de 15 mil pesos mensuales por dos claves como maestro, e Ignacio Benítez Valdez, un alto funcionario de la Secretaría de Planeación del gobierno de Hidalgo; cobra 26 mil pesos mensuales.
La lista de priistas continúa: Juan Carlos López Flores, chofer de Jaime Costeira, exsecretario de la Contraloría de la entidad y exdelegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quien gana 14 mil pesos al mes; Martín Quezada Salvador, y José Francisco Morelos Fernández, delegado del PRI estatal, con sueldo de 23 mil 858 pesos.
Del PAN figura Blanca María Juárez González, exregidora en el ayuntamiento de Pachuca; Verónica Veloz Vázquez, cuñada de la diputada local María Dolores Monroy, exsecretaria de Asuntos Jurídicos del SNTE. También figura el coordinador de gobernación del municipio de Ixmiquilpan, Jorge Aldana Camargo, quien cobra un sueldo mensual de 35 mil pesos como “inspector de telesecundaria”.
Se señala también al exdiputado local priista y exdirector de Programas Estratégicos de la SEP, Valentín Zapata Pérez, así como a María del Pilar Romero Romero, hermana del diputado federal y exsecretario de Educación Pública hidalguense, Jorge Romero, quien gana 25 mil pesos al mes.
Destacan también Manuel Zamora Hernández, quien desde hace 20 años ingresó a la SEP y nunca ha dado clases como maestro. Él fue secretario de Organización del PRI e interino del partido cuando Rojo del Alba renunció a la presidencia estatal para buscar una curul en el Congreso de la Unión: Jorge Lima Morales, director general de Servicios Periciales del estado, y el exsecretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, Federico Bautista Vite, quien trabaja en el gobierno del estado y cobra con dos claves de docente casi 25 mil pesos.
Asimismo figuran los exediles de Tianguistengo, Lucio Pando Escudero, desaforado por presunto peculado y encarcelado en 2006, gana casi 25 mil pesos al mes; Moisés Serrano Pérez, de El Arenal, con sueldo de 17 mil 886 pesos, y Cristino Uribe Cano, de Chilcuauhtla, quien gana 11 mil 846 pesos.
Horacio Trejo Badillo es diputado local por el distrito de Meztitlán y cobra con tres claves como docente y directivo alrededor de 30 mil 769 pesos mensuales.
Jairo Otzaere Angulo Vargas, coordinador de giras y audiencias del gobierno del estado, también cobra alrededor de 12 mil pesos mensuales por esta plaza; Pablo Moreno Calva, exdirector de Educación Básica, quien percibe 26 mil pesos al mes.
También el exdirector de Obras Públicas de Tulancingo, Jesús Márquez Sánchez; el exdirector general de promoción turística, Salvador Navarrete Zorrilla; el secretario municipal de Tepetitlán, Ángel Olvera Jiménez; el líder campesino priista Juventino Cortés Xexni, y el expresidente municipal de San Agustín Mezquititlán, entre otros colaboradores de los diputados Jorge Romero, Jorge Rojo García de Alba y Héctor Pedraza.
Entre los exlegisladores locales que cobran sin trabajar se incluye a Delfino Quintero Rosas; Thelma Pichardo Pérez, protegida del exdiputado Joel Guerrero, y Jaciel Neri Rosas, excandidato priista a la presidencia municipal de San Bartolo.
Más casos: Manuel Díaz Gutiérrez, quien desde hace seis años cobra en la SEP y en la actualidad es representante del área educativa de la presidencia municipal de Pachuca. Él cobra con dos claves directivas alrededor de 30 mil pesos al mes; Alicia Idalid de la Rosa Zarco, a quien menciona como “colaboradora del gobierno”.Su sueldo: 22 mil 656 pesos, y Pablo Moreno Calva, exfuncionario de Educación Básica.
De parte del SNTE, se hizo público que Cosme Hernández Ortega y Moisés Jiménez Sánchez, exsecretarios de la Sección 15, perciben 50 mil 129 y 46 mil 545 pesos por una plaza, respectivamente. La dependencia también asegura que casi 700 profesores federales comisionados a esa sección magisterial perciben 7.3 millones de pesos mensuales; además, alrededor de 156 maestros reciben salarios entre 20 mil y 54 mil pesos.
La mayoría de los enlistados son maestros de profesión. Son tantos –alrededor de 46 mil– que los hidalguenses dicen que si avientan una piedra a un perro es más seguro que le peguen a un maestro.
Derivado del escándalo, Xóchitl Gálvez sostiene que en enero abrirá un blog para que la gente denuncie a los aviadores de la burocracia estatal:
“Haré un portal que se llama denunciaaviadores.com para recibir las denuncias sobre los aviadores. Será mi WikiLeaks mexicano”, ironiza.
Salinas se reúne en privado con Ivonne Ortega
MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (apro).- La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, se reunió hoy en privado con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en un hotel de Paseo Montejo, en Mérida.
Ortega confirmó la visita de Salinas de Gortari en su cuenta de twitter @IvonneOP.
Salinas habría llegado a Yucatán para pasar unas vacaciones en la entidad.
“Hoy recibí una visita muy especial... ¡Bienvenido don Carlos!”, dijo Ortega.
Más tarde, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de esa entidad envió dos fotografías del encuentro de Ortega y Salinas de Gortari.
“Esta tarde, la gobernadora del estado, Ivonne Ortega Pacheco, sostuvo un encuentro con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien se encuentra en Yucatán cumpliendo compromisos personales”, señala el comunicado.
La reunión con el expresidente se efectuó en un marco de cortesía, por invitación de este último, agrega.
Una gobernadora en apuros con el rating
MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (apro).- Son malos momentos para la gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco: Al cumplir sus primeros tres años de gobierno y después de culminar una ronda de alta exposición mediática, el conductor emblemático de Televisa, Joaquín López Dóriga, consideró al gobienrio yucateco como uno de los “dos peores” del PRI, junto con el de Chihuahua.
El golpe crítico de López Dóriga, transmitido en su noticiero de Radio Fórmula, levantó más de una ceja al interior de un gobierno que ha destinado un buen porcentaje del presupuesto público y múltiples favores a la dictadura del infomercial y de las entrevistas pagadas, tanto para Televisa, como para TV Azteca, Milenio TV y muchos otros medios electrónicos.
El duro juicio contra Ivonne se enlazó con la protesta que la semana antepasada realizaron los representantes de las cámaras empresariales de Yucatán. La iniciativa privada está molesta por la creación fast track de nuevos impuestos estatales, por el elevado nivel de endeudamiento, la solicitud de un nuevo crédito y por la falta de grandes obras que justifiquen el débito.
Sin embargo, lo que más molesta tiene a Ivonne Ortega Pacheco es la crítica mediática en medios nacionales. La farándula le está cobrando una alta factura a la gobernadora que le ha apostado todo a ser la más fotografiada, la amiga de actrices y actores, la promotora de concursos de belleza de Televisa, la donadora de más de 300 millones de pesos de recursos públicos para la construcción de un CRIT del Teletón, la anfitriona de telenovelas como Sortilegio y la productora ejecutiva extraoficial de cuanta pachanga pueda aparecer en televisión.
El problema que ahora vive Ortega Pacheco parece anticipar una lección a todos los mandatarios que, como ella o su aliado Enrique Peña Nieto, le apuestan en un 80% a la alta exposición mediática, a financiar encuestas que los favorezcan. Los mismos medios y comentaristas que los halagan, con extrema facilidad pueden defenestrarla por dos razones muy simples: por el encargo de otros clientes más poderosos o con más dinero, o por el incumplimiento de presupuestos y convenios publicitarios. Lo de López Dóriga extraña después de que el comunicador la entrevistó en Canal 2 de manera obsequiosa, mientras ella lucía una blusa con un faisán, emblema yucateco y de una empresa que lleva el megalómano nombre de Ibónica.
Ni los chiflidos de la concurrencia a una función de box, transmitida en cadena nacional, contra el extremo protagonismo de la mandataria yucateca tuvieron el efecto negativo para el rating de Ortega Pacheco, como el inesperado ataque extraoficial de López Dóriga. Quizá porque se enlazó con otros problemas políticos soterrados.
Para los conocedores de los entretelones políticos de Yucatán, las causas de este desaguisado se relacionan con el relevo de la dirigencia nacional del PRI. Al calor de la sustitución de Beatriz Paredes y de Jesús Murillo Karam, como presidenta y secretario general del PRI, se le propuso a la gobernadora yucateca que ocupara la secretaría general, en fórmula con el coahuilense Humberto Moreira.
Ortega Pacheco rechazó esta oferta porque implicaba otro trueque: dejar el gobierno de Yucatán para que el diputado federal priista Jorge Carlos Ramírez Marín ocupara la gubernatura interina y su sitio como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fuera ocupado por Beatriz Paredes, su principal madrina. El gobernador Peña Nieto favorecía este enroque para concretar su alianza con Paredes y para mantener a una aliada suya en la secretaría general, junto con Moreira.
Pero Ivonne Ortega no quiso. Se olvidó que favor con favor se devuelve, al menos en los códigos del PRI. Ella quería mantener el control del gobierno de Yucatán eligiendo a su propio interino o interina. Y no le hizo caso a su principal padrino y guía: Enrique Peña Nieto.
El berrinche de Ivonne ha tenido consecuencias. Su animadversión con el grupo de Beatriz Paredes ha llegado a niveles de teatro regional. Y como en toda puesta en escena, el productor y titiritero ya habló. Ivonne Ortega Pacheco parece estar perdiendo la gracia del rating.
Eso siempre sucede cuando se confunde comunicación política con mercadotecnia mediática, y cuando olvida que su victoria en 2007 no fue producto sólo de su carisma, sino de los recursos de sus padrinos políticos que hoy la ven con desconfianza.
Frontera sur de México, porosa: EU
La frontera entre México y Guatemala es tan “dramáticamente porosa”, que por ella trafican armas, municiones, personas y drogas.
Además, carece de infraestructura tecnológica y de personal para regular el cruce legal, por lo que facilita la entrada al país de criminales o terroristas, advirtió John Feeley, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en México en el cable 245360 dado a conocer por WikiLeaks.
El diplomático informó a su gobierno los resultados obtenidos durante un recorrido por tres cruces fronterizos entre México, Guatemala y Belice.
En su reporte asegura que ninguno de los países “trabaja con seriedad en hacer cumplir las leyes” para reforzar la seguridad en esa zona y advierte que mientras Estados Unidos vigila con 30 mil agentes los tres mil kilómetros de frontera con México, la administración de Felipe Calderón “sólo cuenta con 125 agentes para los mil kilómetros de la frontera sur”.
En el cable enviado el 25 de enero de 2010, Feeley detalla que el personal de la embajada estuvo acompañado por funcionarios de seguridad de los tres países.
De México asistieron representantes de dependencias de seguridad nacional.
Asegura que pese a que los funcionarios se esmeraron en describir la frontera como segura, “sus explicaciones revelaron graves inconsistencias en sus procesos, lo que muestra que los controles son ineficaces”.
Los datos que obtienen del cruce de personas, dice, “se almacenan en una base de datos local que no está conectado a ninguna entidad federal o internacional que contenga listas de criminales o terroristas”.
Reporta que durante el recorrido observaron que los encargados de supervisar los cruces fronterizos “tienen serias inconsistencias en el uso de su equipo de inspección y no hay coordinación entre México y Guatemala para compartir información que pueda reducir los tiempos de cruce y evitar la duplicación de inspecciones, como sí se hace en la frontera con EU”.
(más…)
Privatizan créditos a contratistas de PEMEX y CFE
*Privatizan créditos a contratistas de PEMEX y CFE
*Hijo de Francisco Gil Díaz, al frente de la operación
*Navix, el nuevo prestamista del sector energético.
*Hijo de Francisco Gil Díaz, al frente de la operación
*Navix, el nuevo prestamista del sector energético.
Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para obra pública.
En México, el Grupo Carso de Carlos Slim, a través de la constructora IDEAL, así como el grupo ICA han buscado mantener su lugar y participación en el mercado de los contratistas del sector de la energía aunque la competencia de multinacionales ha sido constante y depredadora para muchas compañías mexicanas.
Han desaparecido, de hecho, empresas como Bufete Industrial. Los contratos de PEMEX y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos ligados con influyentes políticos.
Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a lo que suceda con la economía del país. PEMEX, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369,000 millones de pesos durante los próximos nueve años y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos.
Además, los contratistas de PEMEX aún esperan las inversiones por 8,000 millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que PEMEX aplicara esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas. Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos y esa situación promete no cambiar.
Hasta ahora, sin embargo, no se había formalizado la participación privada en el financiamiento del mercado de contratistas del sector petrolero. Ese es otro gran negocio que hace a muchos frotarse las manos.
La banca comercial, al menos los seis principales bancos del sistema, habían concentrado la mayor parte de los créditos que necesitan los contratistas de PEMEX y CFE para cumplir los compromisos con estas paraestatales.
En medio de este escenario, surge la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Navix, que siendo un intermediario no regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), participa en el mercado del financiamiento de contratistas de PEMEX con más de 60 millones de pesos y que hace unos días obtuvo de las AFORES, de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, al menos 4,000 millones de pesos.
El nombre de Navix y de los fondos internacionales que la acompañan en la operación que se cerró a través de la Bolsa Mexicana de Valores pasaría prácticamente desapercibido si entre sus directivos y fundadores no figurara el nombre Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el funcionario que, desde la SHCP, impulsó, casualmente, la aprobación de la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) – que después se convirtieron en SOFOMES – con el objetivo de impulsar los créditos para el sector productivo ante las restricciones que aún enfrentaba la banca múltiple en sus políticas de financiamiento. Las SOFOMES han surgido como hongos bajo la lluvia y las señales de alerta comienzan a encenderse ante problemas de cartera vencida. En Navix, además, participa como socio minoritario Citigroup, que controla Banamex y que, en teoría, debería otorgar créditos al sector petrolero de forma directa.
Pero volviendo al caso de las SOFOMES, el propio ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha encendido la alarma sobre la presencia de actividades vinculadas con el lavado de dinero que utilizan estos intermediarios no regulados.
La cartera vencida de estas entidades también preocupa a las autoridades porque han encontrado en los créditos con descuento a nómina de gobiernos municipales y estatales un negocio seguro pero con escasos controles de riesgo. Allí está el caso de los problemas que enfrentaron varias SOFOMEX que otorgaron créditos al gobierno del Distrito Federal y que, ante los retrasos en las participaciones federales, enfrentaron problemas para cobrar los préstamos otorgados.
Fideicomiso, el sello de Gil Por eso llama la atención que Gonzalo Gil White, socio de Navix y quien en su currículo destaca su experiencia en Goldman Sachs así como en Equity Group Investments, la compañía de inversión del financiero Sam Zell, haya decidido participar en el mercado de créditos para el sector petrolero a través de una SOFOM.
Él mismo reconoció ante la prensa que esta figura permite una mayor flexibilidad frente a las políticas tradicionales de la banca. Pero, además del sello de Gil Díaz en la figura que escogió la intermediaria y fondo de su hijo para participar en el sector petrolero destaca otra coincidencia: la creación de un fideicomiso como el elemento central de la operación, se trata del Fondo Inversión en el Sector Energético (FISE), en el cual, para otorgar créditos a los contratistas de PEMEX y CFE, deben depositar derechos de tesorería que garanticen el cobro y el seguimiento de las inversiones. El equipo de Gil White tendrá derechos de tesorería para vigilar que se cumpla el contrato comprometido y que se apliquen de forma efectiva los préstamos otorgados.
La estructura de un fideicomiso permite a Navix adquirir derechos sobre los recursos obtenidos vía el mercado de valores pero también diseñar reglas convenientes para no enfrentar mayores responsabilidades en caso de incumplimiento de los contratistas. Una de las advertencias que se hace a los inversionistas – los trabajadores cuyas SIEFORES decidieron invertir en Navix – es que, en caso de problemas o retrasos en los contratos con PEMEX o CFE, no se pagarán intereses moratorios.
El llamado FISE, en sus documentos públicos enviados a los inversionistas del mercado de valores, asegura que busca optimizar la relación riesgo-rendimiento en inversiones con proyectos en el sector energético. El esquema que Navix ha diseñado permite – de acuerdo con la promesa hecha a los inversionistas – hacer más eficiente el impacto fiscal, brindar transparencia respecto de la utilización de recursos y reducir las pérdidas potenciales mediante la captura de la utilidad esperada del proyecto.
No sólo eso, durante el periodo de revolvencia, FISE advierte que, una vez que cuente con un portafolio de créditos cedidos por los contratistas lo bastante robusto, con financiamientos cuya amortización se encuentre entre 9 y 60 meses, podrá bursatilizar la totalidad o parte del portafolio de créditos cedidos con el objeto de buscar incrementar los rendimientos del vehículo. Navix promete en el largo plazo – más de 20 años – un rendimiento mínimo de 16 por ciento mientras otros fondos de inversión prometen al menos 25 por ciento con un riesgo mucho menor.
Además, hasta ahora este tipo de operaciones estructuradas – incluyendo procesos de bursatilización – no son muy comunes en el mercado mexicano y vigilar el riesgo, para velar por los recursos de los trabajadores depositados en sus pensiones, podría representar una operación altamente riesgosa.
En la aventura de Gonzalo Gil White, lo acompañan Carlos E. Williamson, director ejecutivo de Originación de Navix, quien trabajó en Videovisa, Coronado, Televicentro así como José Antonio Cañedo, quien fue director de Banco de Inversión de Nafin.
Navix presume también su red de clientes y contactos desarrollados por su equipo durante los últimos ocho años, lo que le permitirá generar un flujo constante de prospectos y transacciones. Adicionalmente, dice, ha implementado un sistema de identificación dentro del cual se encuentra la construcción de una base de datos de compañías que participan activamente en licitaciones de PEMEX y CFE. Su objetivo son contratos por al menos 6,000 millones de pesos.
¿De dónde viene Navix?
La historia que públicamente da a conocer Navix se remonta a septiembre de 2007 con la alianza entre Axis Capital Management (AXIS), Eton Park Capital Management y Stara Investments. AXIS es una firma de inversión privada fundada en 1990 especializada en inversiones de capital de riesgos y en el diseño y ejecución de estrategias financieras de alta complejidad con más de 10,000 millones de dólares en operaciones completadas.
En 2002, AXIS identificó que a pesar de la estabilización de la economía mexicana y la creciente penetración del sistema financiero, existía una importante brecha entre la oferta y la demanda por financiamiento en México, particularmente para las empresas pequeñas y medianas, donde la mayor parte del financiamiento provenía de fuentes no bancarias, principalmente proveedores.
Por ello, AXIS decidió involucrarse de manera más activa, en calidad de agente, en el diseño de financiamientos estructurados que eran fondeados de manera independiente a través de la red de relaciones con diversos fondos e instituciones, principalmente internacionales, que el equipo de AXIS fue construyendo a lo largo de los años.
Fue en 2005, dice Navix en el prospecto de colocación, en respuesta la creciente demanda, principalmente de compañías en la industria petrolera que requerían de mayor agilidad en la ejecución de financiamientos, que AXIS constituyó una serie de vehículos especializados con recursos de inversionistas privados, nacionales y extranjeros que le permitieron canalizar recursos a esta industria de manera sistemática, conforme a los cuales no sólo era responsable de la originación y estructuración de los financiamientos sino también de la administración y monitoreo de los mismos.
AXIS obtuvo compromisos de fondeo por aproximadamente 475 millones de dólares que se han utilizado para financiar más de 570 millones de dólares en proyectos dentro de la industria petrolera logrando además que ninguno de ellos, a la fecha, ha presentado quebranto.
En 2007 AXIS decidió canalizar todas sus operaciones de financiamiento estructurado a través de una compañía independiente que tuviera una base sólida de capitalización creando así a Navix que se asoció con Eton Park Capital Managemente, que administra inversiones por 14,000 millones de dólares.
Después se incorporó Stara Investments, un fondo basado en Winsconsin con 17 años de experiencia y 10,000 millones de dólares en activos bajo manejo.
A mediados de 2008 y a pesar de la crisis por la que atravesaban la mayor parte de las instituciones financieras en el mundo, Navix logró firmar un programa de cofinanciamiento con Citigroup por 250 millones de dólares, el cual continúa operando exitosamente. A raíz de esta operación Citigroup decidió adquirir una participación minoritaria y pasiva en el capital de Navix. Al 15 de octubre de 2010, Navix ha participado en más de 45 proyectos en el sector energético los cuales tienen en promedio un valor de 62 millones de pesos. Las oficinas de Navix están ubicadas en Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, Tabasco, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Sin embargo, más allá del discurso corporativo, al interior de PEMEX observan con interés la amistad de Francisco Gil Díaz con el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.
Oficiodepapel@yahoo.com.mx
Mineras arriesgan vidas de trabajadores
Más de 30 actas de inspección de seguridad e higiene revelan que en la zona carbonera del país hay minas en las que “ningún” trabajador está a salvo: peligra su integridad y su vida. En 17 de ellas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenó la suspensión de labores; no obstante, la extracción del mineral continúa. Los expedientes se encuentran en poder de la Secretaría de Gobernación para su análisis
Una “expansión repentina de aire comprimido” desprendió de inmediato el carbón de la Minera Siderúrgica de Coahuila, el 6 de agosto de 2009. También, desprendió la vida de dos hombres que ahí trabajaban: Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres. El derrumbe en la mina Lulú ocurrió justo en medio del proceso de supervisión que llevaba a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La concesión para la explotación del mineral fue avalada por la Secretaría de Economía (SE) en 2001, con vigencia hasta de 50 años, bajo el título 214430, según muestra la Dirección General de Minas, adscrita a la SE.
Un mes más tarde, la muerte de Ramón Flores Juárez ocurrió en el Pocito Ferber, de la empresa Constructora Ferber. El hombre de 23 años de edad fue víctima del desprendimiento de una roca del techo de la mina, el 11 de septiembre del año pasado.
A esta mina ya se le había realizado una inspección por parte de los funcionarios de la STPS. El 13 de agosto de 2009, la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila dictaminó que la empresa no cumplía con 59 medidas de seguridad, indica el cuarto informe Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias de Pasta de Conchos. Otros casos, otras minas, la misma muerte, editado por el Centro de Reflexión Laboral (Cereal).
Entre las observaciones, se destaca que no se cumplía con los numerales que obligan a las empresas del ramo a que “deben preverse, para cada sitio de trabajo en el interior de la mina, dos salidas, cada una de las cuales deberá estar conectada a medios distintos en la salida a la superficie”; dotar a los trabajadores de autorrescatadores y cinto de seguridad para el autorrescatador; dotar al personal responsable de hacer mediciones de gases en el interior de la mina de un metanómetro debidamente calibrado, entre otras.
Las inspecciones
Organizaciones civiles tuvieron acceso a los documentos oficiales de la STPS en los que se demuestra que la tragedia de Pasta de Conchos podría repetirse debido a que no hay condiciones “óptimas” para que los trabajadores extraigan el mineral con seguridad.
La propia STPS advierte que ha detectado “596 violaciones directas en materia de seguridad e higiene” en la zona Norte del país, según el informe Fortalecimiento de la inspección federal en seguridad y salud en el trabajo, para la región carbonífera.
El Cereal indica que, como resultado de la revisión de 32 actas relacionadas con las condiciones de seguridad e higiene de las minas del carbón, en 17 de ellas (que incluyen una mina subterránea, un tajo y todos los pocitos, excepto uno) “la STPS ordenó restringir el acceso de los trabajadores para extraer carbón debido a que las condiciones en que se está operando ponen en riesgos su integridad y su vida”. Lo anterior, en lo que va de 2010.
El informe Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias de Pasta de Conchos señala que después del siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, hasta el 11 de febrero de 2010, la organización civil ha registrado un saldo de 28 mineros muertos y 59 heridos sólo en las operaciones de extracción de carbón. “En el resto de las operaciones vinculadas a la extracción de carbón, la cifra es de 13 trabajadores fallecidos y 32 heridos”, dice.
Las inspecciones –actualmente se encuentran en una mesa de revisión en la Secretaría de Gobernación, por lo que no se ha hecho público el listado– detallan que a 14 empresas propietarias de estas minas, los inspectores les solicitan exámenes médicos de inicio y de seguimiento a la salud de los mineros: 13 no los tienen; no los hacen.
Hay otras 25 empresas, indica la información del Cereal, “a las que se les solicitó que exhibieran los contratos: una tiene contrato colectivo de trabajo; nueve, contratos individuales escritos por tiempo indefinido, temporal o por obra; y 15 tienen contratos verbales. “De las 32 empresas, sólo uno de los trabajadores está sindicalizado”.
A 19 empresas se les solicitó información sobre el reparto de utilidades: 13 de ellas no lo hacen y ocho no presentan declaraciones anuales. Además, sobre el pago de aguinaldos, vacaciones y primas vacacionales, ocho de 14 empresas dijeron no dar estad prestaciones que por derecho corresponden a los trabajadores, entre otras, indica el Cereal.
Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), critica que, en México, “hay una legislación laxa que no protege a los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo no da la posibilidad de que un trabajador pueda suspender labores en caso de que se sienta en peligro, sin que haya perjuicio para él.
En consecuencia, dice el presidente de la ANAD, “cuando una empresa recibe una multa (luego de ser inspeccionada), tiene la posibilidad de recurrir ante diversas instancias, tribunales de lo contencioso, y después de dos o tres años, las multas quedan sin efecto por no cumplir”.
La STPS
Entre las empresas que destaca la información oficial, se encuentran Rodamientos y Derivados del Norte; Laura Lres Rodela; El Fénix Tecnoservicios; Kronos Mining Proyectos Industriales y Representaciones de Coahuila; Libramientos Regenta, y Servicios Administrativos de Sabinas.
La misma Secretaría, a cargo de Javier Lozano Alarcón, indica, en su informe, que se detectaron 45 presuntas violaciones en materia de condiciones generales de trabajo. Entre las más relevantes, destacan que “no cuenta con constancia que acredite que el patrón promovió la integración de la comisión de reglamento interior de trabajo; se laboran más de nueve horas extras a la semana; no cuentan con comprobantes de fomento a las actividades deportivas y culturales. Las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores no les otorgan becas, tampoco a sus hijos.
Además, la información oficial revela que, de las empresas revisadas, se encontró que hay “contratos de trabajo a prueba por 28 días sin la firma del patrón. Contratos individuales no cuentan con cláusula de capacitación y adiestramiento; no cuentan con lista de constancias de habilidades laborales y no cuentan con comisión mixta y cuadro de antigüedades”.
Se solicitó entrevista con el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a través de Daniel Lee, jefe de Información de la dependencia. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
La industria
El Informe anual 2010, de la Cámara Minera de México (Canimex), indica que la industria minera es la cuarta en importancia para la economía del país, después de la producción petrolera, las remesas y el sector turístico.
Durante 2009, el valor de la producción minerometalúrgica fue de 9 mil 616 millones de dólares; representó, en ese año, el 1.6 por ciento del producto interno bruto, según la organización encabezada por el productor de cobre Manuel Luévanos Sánchez.
Luévanos Sánchez indica en su informe que “luego de siete años de vigoroso crecimiento, se registró una contracción anual de 8 por ciento frente a los resultados de 2008, provocada por la recesión económica global, pero también por la falta de las reformas fiscal y laboral, así como la aplicación de precios de mercado en los energéticos”.
No obstante las crisis económicas, en los próximos dos años se invertirán 13 mil 83 millones de dólares, “lo que significará que, en el periodo 2007-2012, nuestra industria habrá invertido 21 mil 753 millones de dólares, monto histórico para el sector minero”, precisa el documento.
La Canimex dice que esos más de 21 mil millones invertidos en el periodo administrativo de Felipe Calderón Hinojosa se destinarán en nuevos proyectos de exploración, ampliación de operaciones mineras, inversiones en capacitación laboral, equipo de tecnología de punta y programas de seguridad laboral, entre otros.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
