gobierno de palabras

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Espionaje triangulado
Monreal y López Obrador. Vesiones

Daniel Lizárraga

Ante los señalamientos periodísticos en el sentido de que la Secretaría de Gobernación había ordenado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que espiara a los legisladores de oposición, Juan Camilo Mouriño deslindó a la institución de esta práctica ilegal.“No, de ninguna manera”, declaró el funcionario la tarde del 29 de mayo pasado. Y así era, pues quien pagó por obtener información sobre el perfil político e ideológico de los legisladores, así como por la aplicación de un test de personalidad a los diputados y senadores, fue el equipo de transición de Felipe Calderón cuando éste ya era presidente electo.Los datos figuran en un expediente obtenido por el reportero, el cual contiene documentos oficiales que datan de hace un año y ocho meses.El 24 de junio de 2007, este semanario reveló que el equipo de transición calderonista pagó a una empresa llamada Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas para que elaborara un perfil político de los legisladores con quienes deberían negociar sus reformas estructurales (Proceso 1599).Esta compañía, dirigida por la panista Laura Ballesteros Mancilla, actuó de manera irregular. Así, por ejemplo, según el contrato 20/06 ella dio un domicilio falso, y el número telefónico proporcionado a las autoridades en realidad correspondía al de una familia de la zona sur de la Ciudad de México; además, Consultores había sido dada de alta en el Registro Público de la Propiedad apenas siete días antes de la firma del contrato y sólo 24 horas antes de entregar su proyecto de trabajo al equipo de transición calderonista.Quien firmó el cheque para Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas fue el actual jefe de la oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, en su calidad de coordinador técnico del equipo de transición. Sin embargo, quien mantenía el control político y administrativo del relevo gubernamental era Juan Camilo Mouriño.Para obtener un contrato por adjudicación directa –como sucedió en este caso–, la empresa debía contar con una amplia experiencia en la materia y demostrar capacidad profesional para desarrollar el trabajo. Pese a que no cumplía con este requisito, Consultores ganó el contrato.Sin embargo, quien se acercó a los legisladores para obtener mediante engaños su perfil político y personal fue una organización civil llamada Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo, cuya directora es, también, Laura Ballesteros Mancilla.Esta joven se graduó en ciencias políticas en el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México con alto promedio. Se afilió al PAN en 2004 y comenzó a trabajar al lado de Mariana Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, la esposa de Calderón. En 2006 se incorporó al sector juvenil durante la campaña del panista.

Las irregularidades

El 12 de septiembre de 2006, Ballesteros fundó el Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo. Bajo este membrete, junto con al menos dos personas más de su entera confianza, se apersonó en la Cámara de Diputados para encuestar a los legisladores.En 204 grabaciones obtenidas por este reportero y dadas a conocer en junio pasado (Proceso 1639 y 1640), Ballesteros dijo a los legisladores que el propósito de la entrevista era conocer sus datos y subirlos a una página de internet para que los ciudadanos siguieran de cerca su trabajo.Así mismo, les vendió la idea de que el Fondo de Cultura Económica (FCE) publicaría un libro con el perfil de cada uno de ellos; de hecho les comentó que la editorial había puesto una fecha límite a la empresa para la entrega del trabajo. Los legisladores accedieron y respondieron a un cuestionario que en realidad era un test psicológico para conocer sus fortalezas y debilidades.Hasta el viernes 4, la página de internet no tenía la información prometida a los legisladores, pues al menos una docena de ellos aseguran que nunca recibieron una clave para ingresar a sus bases de datos, como les ofreció Ballesteros. El FCE, por su parte, negó haber suscrito un convenio con Observatorio Ciudadano.Ante las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a la Secretaría de Hacienda que obligue a Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas a devolver el dinero que cobró, toda vez que no realizó el trabajo completo. La auditoría no descartó la posibilidad de presentar denuncias penales contra quien resulte responsable por este incumplimiento.No obstante esas observaciones, la firma de Ballesteros consiguió más contratos del gobierno federal. El año pasado incluso revendió al Cisen en casi 3 millones de pesos la misma base de datos que obtuvo mediante engaños al entrevistar a los legisladores antes de que Calderón asumiera como presidente. En suma, si bien el Cisen no espió directamente a los legisladores, sí se benefició de la investigación que hizo el equipo de transición de Calderón.La base de datos por la que pagaron 2 millones 990 mil pesos los calderonistas en 2006 es idéntica a la adquirida por el Cisen al año siguiente, según consta en la comparación de los dos contratos.Pero Mouriño insiste en que “no existe nada similar a ello (al espionaje); por lo tanto no tendríamos que tomar una decisión en ese sentido”. Así lo dijo el secretario de Gobernación el 12 de junio pasado ante la exigencia de los legisladores de oposición de que remueva de la dirección del Cisen a Guillermo Valdés. l

Los “padrinos”

Fernández, Salinas y Peña. Mesa de "honor"...parte del CANCER Mexicano.

Jenaro Villamil

La noche del 28 de junio, una boda bien pudo refundar una república o simplemente demostrar lo lejos que estamos de ella. El enlace matrimonial de Sylvana Beltrones Sánchez, hija del poderoso jefe de los senadores priistas Manlio Fabio Beltrones, y de Pablo Escudero Morales, oficial mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le agregó una página más a la leyenda de hombre de poder, de operador político de altos vuelos que caracteriza la trayectoria del exgobernador de Sonora y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.Sólo la incesante labor de uno de los invitados estelares, Carlos Salinas de Gortari, estuvo a punto de opacar no sólo a los novios sino al propio suegro, quien orgulloso presumió la reconciliación pública, después de 14 años de distanciamiento, entre Emilio Gamboa Patrón y el expresidente. Éste acusó de “traidor” a Gamboa, quien ya era su exsecretario de Comunicaciones y Transportes cuando Luis Echeverría lo propuso en Los Pinos como candidato sustituto tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994. Cuentan varios de los asistentes a la fiesta que Salinas quiso recuperar la década perdida fuera de los reflectores, acudiendo de mesa en mesa a saludar a cada uno de los presentes como si fuera el anfitrión o el padrino de la boda. Ávido de reconocimiento, el exmandatario se dejó fotografiar con Enrique Peña Nieto, el gobernador del rating, más pendiente de si esa noche aparecía en el infomercial acostumbrado de Canal 2 a cuenta de TV Promo; saludó a Beatriz Paredes que llegó, como paloma de la paz, con un blanquísimo vestido de una pieza, y brindó con Diego Fernández de Cevallos, el ex Jefe que tantos y tan buenos servicios le brindó en su sexenio.Pasada la medianoche, cuentan algunos asistentes, Salinas de Gortari se reunió en un privado durante no más de media hora con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Ellos dos solos, refundando tal vez la república energética.Mouriño llegó con su joven esposa campechana María de los Ángeles Escalante al festejo, que al principio parecía ser un acto de las fuerzas vivas priistas, pero se transformó en el Olimpo de la Grilla, ese sitio privilegiado al que sólo tienen acceso quienes conocen los entretelones y están enterados de los códigos y hasta de los mínimos gestos de reconciliación o desapego político.No era sólo la “república de Beltrones”, como la bautizó el periodista Joaquín López Dóriga, invitado y testigo privilegiado, junto con su esposa Adriana Pérez Román y sus dos hijas, del encuentro entre los hijos desperdigados de ese Olimpo.La boda fue para otros observadores la gran sesión de autoindulgencia que se recetaron a sí mismos los que no quieren ser como Los Soprano pero mucho se les parecen. Basta observar las fotos de los asistentes. El líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, tan poco cercano a los afectos de Beltrones, llegó con su esposa Blanca Durán, a quien cubría un abrigo gris, elegante y nada proletario. “Ya sabemos dónde quedaron los excedentes petroleros”, comentó un maledicente al ver entrar a la pareja. El excandidato presidencial priista Roberto Madrazo, rival de Beatriz Paredes, llegó sin ostentación, sin bigote y acompañado por su hija Daniela. No tenía prisa por ganar ningún maratón. También se dejó ver ahí el excandidato presidencial y ahora senador priista Francisco Labastida, quien ha presidido los debates sobre la reforma energética y promovió el acercamiento con el gobierno de Calderón. Los gobernadores priistas invitados desfilaron sin pena ni gloria: el de Veracruz, Fidel Herrera, que confundió el smoking con la gabardina; la de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; el de Chihuahua, José Reyes Baeza; el de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y el multifotografiado mexiquense Enrique Peña Nieto.Fueron pocos, pero selectos, los miembros del entorno calderonista que acudieron a la boda. Además del titular de Gobernación, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, famoso comedor de Dunkin donuts, el procurador Eduardo Medina Mora, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.Llamó la atención la buena química y los saludos afectuosos en torno de Santiago Creel, presidente del Senado y excoordinador de la bancada del PAN, quien llegó acompañado de la joven Paulina Velasco Salcido.La pluralidad en el Olimpo de la Grilla es un signo de elegancia e inclusión. El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete; el senador Graco Ramírez, viejo conocido de Beltrones, al igual que Dante Delgado, coordinador de Convergencia, estuvieron presentes en el festín de Las Vizcaínas. Navarrete evitó al máximo la foto con Salinas de Gortari o con alguno de los miembros de su familia que acudieron: Raúl Salinas, Adriana Salinas, Juan José Salinas Pasalagua y hasta Paulina Castañón (abrigadísima, como si fuera de nuevo a los Alpes suizos).Los empresarios cercanos a la órbita salinista ahí estuvieron: Carlos Hank Rohn, el hijo del profesor, y Roberto González Barrera. Ninguno de los magnates de Televisa o TV Azteca acudieron a perdonarle a Beltrones el agravio por la reforma electoral de 2007, pero sí estuvo presente Esteban Moctezuma, de Fundación Azteca. Por supuesto, no podían faltar a la convocatoria: Olegario Vázquez Raña, dueño del actual Excélsior y del Grupo Empresarial Los Ángeles; Juan Francisco Ealy Ortiz, de El Universal, y Mario Vázquez Raña, de la Organización Editorial Mexicana. l

Negociador?....mas bien SOBORNADOR!

Conflicto en ciernes…

El gobierno de Felipe Calderón trata de ensuciar a sus adversarios políticos son indicios de un “régimen fascista y dictatorial”.Dice: “Es parte de la desacreditación que intenta hacer el gobierno federal por esta vía del espionaje político y mediante la elaboración de fichas falsas para amedrentar a los opositores. Es una señal de desesperación porque sabe que el PAN no va a ganar la mayoría del Congreso por más que (sus legisladores y militantes) intenten desacreditar a la oposición”.

Materia FECAL gachupina

José Gil Olmos

Conocido por su actitud negociadora ante el gobierno de Felipe Calderón, el líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, estalló el jueves 3 al denunciar que él, su familia y algunos de sus correligionarios son espiados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Este desencuentro de Beltrones con el gobierno calderonista podría reventar las negociaciones para la reforma energética, sobre todo si se considera que el priista es uno de los más influyentes interlocutores políticos frente el actual régimen. En entrevista con este semanario, sostiene que el gobierno de Felipe Calderón está confundido porque, dice, los aparatos de inteligencia no deben ser utilizados para espiar a los opositores políticos; mucho menos para investigar su vida privada. Los señalamientos hechos el jueves 3 por el senador Manlio Fabio Beltrones contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por el presunto espionaje que este organismo realiza en torno al legislador y su familia podrían acarrear una crisis política al gobierno calderonista.Documentos obtenidos por Proceso y atribuidos al Cisen indican que no es sólo el priista quien supuestamente está en la mira del Cisen, sino también otros legisladores, algunos gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y el propio Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos. Con fichas e información personales cuya veracidad es, por su naturaleza anónima, difícil de confirmar, el propósito de los documentos mencionados es desacreditar a todos esos personajes en vísperas de las elecciones de 2009.Y aunque el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector de la empresa de encuestas GEA-ISA, rechazó el mismo jueves 3 ser el responsable del espionaje denunciado por Beltrones, otros documentos atribuidos al Cisen revelan que aun personajes ligados al propio gobierno, como el recientemente nombrado coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero, presuntamente son objeto de investigación por parte del organismo que dirige Valdés.Las fichas de los senadores del PRI, PAN y PRD, y la del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, están fechadas entre mayo y junio de este año y tienen el mismo formato: cada una incluye una carátula con la fotografía del funcionario o político en cuestión, una biografía completa que incluye datos personales, trayectoria política, administrativa y empresarial, según sea el caso, así como una lista de los negocios propios y los de sus familiares.En el expediente de López Obrador, fechado el martes 1, se incluye un análisis en el que se esbozan los posibles vínculos del tabasqueño con Barack Obama, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos. El escándalo del espionaje a los senadores reventó el jueves 3 de julio, aunque desde una semana antes Beltrones había pedido al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, una explicación al respecto.Ante el silencio oficial, el exgobernador de Sonora dio a conocer a la opinión pública que es sujeto de espionaje gubernamental; incluso amagó con romper las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón, algo que no ha hecho en lo que va del sexenio. De confirmarse, el espionaje denunciado por Beltrones indicaría que el gobierno calderonista torpedea incluso a sus aliados para la reforma energética. Llama la atención el que haya sido el coordinador del PRI en el Senado quien efectuó la denuncia pública, sobre todo porque es uno de los principales interlocutores del gobierno federal. De hecho, Beltrones ha apostado todo su capital político para que la reforma energética sea aprobada. Su primera reacción política ante el hecho que denuncia consistió en determinar que se cancelara el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el cual el gobierno y el PAN tenían prevista una discusión amplia sobre la reforma mencionada.A su vez, la fracción del PRD en el Senado, en voz de su coordinador Carlos Navarrete, insistió en que Valdés Castellanos renuncie a la dirección del Cisen, pues, afirma, con los actos de espionaje que se le atribuyen incurrió en diversas responsabilidades en demérito del servicio público.El pasado 12 de junio el senador priista Carlos Lozano presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo, firmado por todas las bancadas de oposición, en el que demandó la renuncia de Valdés Castellanos al Cisen por el presunto espionaje a los diputados federales. La denuncia de Beltrones reactivó esta petición.
Los expedientes
A raíz de la denuncia del senador Manlio Fabio Beltrones, Proceso tuvo acceso a dos expedientes fechados en mayo de este año, cada uno de 30 páginas, que incluyen la leyenda “confidencial”. El primero de estos legajos se titula Plan Ejecutivo de Acción, y el segundo Relación de Vulnerabilidades /Líneas de Acción. Ambos son atribuidos al Cisen.Contienen información sobre el sonorense desde que trabajó en la Secretaría de Gobernación bajo el mando de Fernando Gutiérrez Barrios, su paso por la gubernatura de Sonora, sus supuestos negocios, algunos aspectos de su vida privada y familiar, así como un seguimiento que presuntamente hace el Cisen a su equipo de trabajo.Los reportes referidos incluyen “recomendaciones” para que a cada uno de los colaboradores de Beltrones le sean intervenidas sus conversaciones telefónicas o por internet para tener su perfil financiero, nivel de vida, cuentas bancarias, sociedades mercantiles e inversiones.En el expediente de Relación de Vulnerabilidades /Líneas de Acción se menciona la supuesta vinculación de Beltrones con el narcotráfico, difundida en 1997 por el corresponsal de The New York Times, Sam Dillon. El sonorense desmintió entonces al periódico y a las autoridades estadunidenses. En el documento también se cita la presunta intervención de Beltrones en un interrogatorio a Mario Aburto, el homicida confeso de Luis Donaldo Colosio.De igual manera se señalan los presuntos negocios del senador del PRI con sus hermanos Alcides y Orestes, en Sonora; con Jorge Hank, en Tijuana; con dos supuestos medios hermanos de apellido Brown, en Puerto Peñasco, y se desliza una sospechosa vinculación de Beltrones con Miguel Nazar Haro y con el exsubprocurador Javier Coello Trejo.En entrevista, el senador priista asegura al respecto que el espionaje denunciado por él es un acto lamentable que indigna a cualquiera, porque un gobierno y un Estado que se dicen democráticos en realidad están actuando de manera facciosa.“Debemos cuidar que esas cosas no se repitan en el futuro, que no detengan al país en su conjunto. Debemos ver (este asunto) de manera responsable y con frialdad”, e insiste en que el documento atribuido al Cisen tiene “huellas y sellos claros de elaboración gubernamental”. Así, señala que toca al gobierno federal hacer la investigación correspondiente y dar una respuesta satisfactoria.Beltrones admite que el espionaje político practicado por los regímenes priistas “era reprobable”; pero sostiene que el gobierno de Felipe Calderón está confundido porque, dice, los aparatos de inteligencia no deben ser utilizados para espiar a los opositores políticos; mucho menos para investigar la vida privada de éstos.Expone: “Los aparatos de inteligencia tendrían que estar trabajando para detectar a los verdaderos enemigos del país, a las amenazas del exterior o al crimen organizado y al narcotráfico, no para perseguir políticamente a los adversarios”.Pero ante todo advierte que este hecho puede derivar en una crisis política porque, arguye, “se trata del espionaje de un poder, el Ejecutivo, al Poder Legislativo; no se puede desvincular este hecho del proceso electoral de 2009”.
La historia de Ebrard
La investigación sobre el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, está fechada el 21 de mayo pasado. Comienza con una breve historia familiar y a continuación desarrolla su trayectoria de 20 años en política, en la cual destaca que Manuel Camacho Solís apoyó a Ebrard desde que éste era estudiante en El Colegio de México.Según el documento, cuando Marcelo Ebrard fue designado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en 2002, además de establecer un centro de información y monitoreo de las actividades delictivas en la Ciudad de México, le propuso a López Obrador la creación de un centro de espionaje político, proyecto que aceptó el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal.Ese centro, conocido por la clave La Fábrica, supuestamente había sido instalado como una empresa “pantalla”, denominada JAV, en Avenida Reforma 76, a un costado del Hotel Fiesta Americana. Lo manejaba Miguel Amelio Gómez, hombre de confianza de López Obrador y quien hoy se desempeña como jefe de la Policía Judicial en la administración de Ebrard. Dicho centro, señala el documento, sirvió para dar seguimiento a las actividades de Roberto Madrazo en la campaña de 2006. Cuando fue descubierto, Ebrard decidió cerrarlo.El expediente asegura que algunos de los hermanos de Marcelo Ebrard, como Verónica Magdalena, quien es socia de la empresa de programas de cómputo DSS de México, S.A. de C.V., ha recibido jugosos contratos del gobierno capitalino desde la administración de López Obrador; también afirma que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal durante la administración lopezobradorista, Gabriel Regino García, dio protección al cártel colombiano Norte del Valle hasta que dejó el cargo en 2006 luego de que se descubrieron dichos vínculos.“Todas estas irregularidades cometidas por Gabriel Regino fueron siempre del conocimiento pleno de Ebrard, quien lo protegió debido a que recibió buena parte de las utilidades generadas (por esos vínculos)”, agrega.En tanto que de Ricardo MacGregor Mestre, jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina hasta finales de 2007, sostiene que tenía nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes por dinero les daba protección, de lo cual supuestamente estaba enterado el responsable de la Policía Judicial, Miguel Amelio Gómez, y el propio Ebrard.“Se tiene conocimiento de que Mac-Gregor compartía con Miguel Amelio las utilidades que le generaban estas actividades ilícitas, ignorándose si parte de las mismas llegaban hasta el procurador Rodolfo Félix Cárdenas o incluso al propio Marcelo Ebrard.”El documento de 20 páginas atribuido al Cisen no sólo pretende mostrar como verdades lo referido con anterioridad, sino que va más allá: a la intimidad y costumbres de las personas. Por ejemplo, en el texto se citan “versiones sobre la sexualidad” del jefe de gobierno capitalino, así como una lista de presuntas propiedades, y se afirma que recursos de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) son utilizados “para cubrir la mayor parte de los gastos generados por las constantes movilizaciones que encabeza López Obrador”. De acuerdo con los anónimos autores de esta investigación, cada semana se le entregan al tabasqueño 150 mil pesos y otra parte se destina a engordar el “cochinito” para la campaña de los candidatos del PRD de 2009 y la del propio Ebrard para 2012.
Los nexos de López Obrador
Entre los expedientes que se hicieron llegar al reportero se encuentra una ficha titulada “Vínculos de Andrés Manuel López Obrador con organizaciones sociales y partidos políticos de los Estados Unidos”, entre los que se menciona al candidato demócrata a la presidencia de ese país, Barack Obama.Uno de los escritos señala que hasta el momento se desconoce si ambos políticos tienen vínculos directos; sólo se indica que los contactos se hacen a través de Cuauhtémoc Figueroa, director general de Operaciones de Campo del equipo de Obama.Así mismo, destaca que para dar seguimiento a la campaña presidencial de Obama, López Obrador designó a Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, Claudia Sheinbaum, Saúl Escobar y Ricardo Monreal, quienes tienen la encomienda de reunirse con congresistas estadunidenses, pero sobre todo “buscar mecanismos efectivos de acercamiento con Barack Obama, a quien considera como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de ese país”.Cita el documento que López Obrador tiene apoyo y simpatía de algunos dirigentes de las organizaciones latinas más importantes de Estados Unidos, entre ellas Janet Murguía, líder del Consejo Nacional de La Raza; las congresistas de California Linda Sánchez e Hilda Solís; Joe Baca, presidente del Caucus Congresional Hispano; Trey Martínez Fisher, vicepresidente de ese organismo legislativo, y con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Ramón Villaraigosa.En tanto que de las organizaciones destaca la relación con la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos, la organización más antigua a favor derechos humanos de los hispanos en Estados Unidos, que actualmente preside Rosa Rosales.Pero la investigación más extensa a la que tuvo acceso este semanario es la dedicada al senador Ricardo Monreal, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador. Al igual que los otros documentos, éste incluye datos sobre la carrera del zacatecano cuando aún militaba en el PRI; también menciona un desvío de 90 millones de dólares durante su gestión como gobernador de Zacatecas y supuestos vínculos con el narcotráfico.Sobre este último aspecto, el escrito relata que el presidente Ernesto Zedillo –molesto porque Monreal renunció al PRI y se afilió al PRD para contender por el gobierno de Zacatecas– ordenó filtrar a los medios una versión según la cual la familia de Monreal tenía nexos con el narco.“Como parte de esta estrategia –sostiene el texto elaborado presuntamente por el Cisen– se solicitó al entonces embajador de los Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que simplemente confirmara ante los medios que tanto la DEA como el Departamento del Tesoro de ese país estaban llevando a cabo investigaciones que involucraban a la familia Monreal por sus nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero a nivel internacional. Esta solicitud habría sido formulada directamente por Jorge Madrazo, titular de la PGR”.Sin embargo, de acuerdo con el escrito obtenido por Proceso, el diplomático estadunidense se negó. Davidow manifestó que efectivamente “tenía conocimiento de que existían esas investigaciones, pero que él no contaba con autorización de su gobierno para publicitarlas en los medios de comunicación, debido a la confidencialidad de las mismas y a que aún no habían sido concluidas, tratándose simplemente de información preliminar”. Davidow terminó por incluir este episodio en su libro El oso y el puercoespín, en el que relata su estancia en México.El mismo documento cita también que Monreal hizo innumerables negocios durante su gobierno a través de contratos con la Constructora Grupo Plata y con el Grupo Profrezac, así como con sus hermanos Rodolfo, Cándido y David.En entrevista, el senador Monreal asevera al respecto que los documentos con los que el gobierno de Felipe Calderón trata de ensuciar a sus adversarios políticos son indicios de un “régimen fascista y dictatorial”.Dice: “Es parte de la desacreditación que intenta hacer el gobierno federal por esta vía del espionaje político y mediante la elaboración de fichas falsas para amedrentar a los opositores. Es una señal de desesperación porque sabe que el PAN no va a ganar la mayoría del Congreso por más que (sus legisladores y militantes) intenten desacreditar a la oposición”.
También a los de casa
El jueves 3, cuando estalló el escándalo del espionaje a Manlio Fabio Beltrones, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero Muñoz, negó que esa práctica haya sido auspiciada por el gobierno. Pero entre los legajos conseguidos por Proceso también hay una ficha en la que se habla de los jugosos negocios que hizo Madero durante el gobierno de Vicente Fox a través de la empresa Electronic Publishing, S.A. de C.V., de la que él es presidente.También se revelan los presuntos planes del panista para llegar a la gubernatura de Chihuahua en 2010 mediante el apoyo de empresarios locales y de políticos de ultraderecha vinculados al Yunque, “y por supuesto con la aprobación del presidente Calderón”.Fechado el 23 de junio, el expediente fue elaborado dos semanas después de que Madero tomara posesión como coordinador de la bancada panista en el Senado; incluso se retoma la información publicada el 15 de junio por el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1650) en la que se detallan los negocios irregulares de Madero a través de la venta de equipos de computación y programas de alta tecnología a dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Transportes y la Procuraduría General de la República, mediante contratos que nunca fueron licitados como se establece en la Ley de Adquisiciones.Otro dato que incluye la ficha sobre Madero indica que éste ha lucrado con su posición política, pues en mayo de 2007 “logró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le extendiera una autorización a su hijo mayor, Alejandro, como ‘apoderado para operar acciones de sociedades de inversión a nombre de intermediarios del mercado de valores, de asesores de inversión y para celebrar operaciones de arbitraje internacional’. Esa concesión fue extendida por un término de tres años”.Entre los documentos obtenidos también se encuentran “informes de inteligencia” sobre los gobernadores priistas de Campeche, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, así como del exmandatario de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.Se trata de fichas políticas que contienen datos generales sobre su vida partidista y el papel que han jugado como mandatarios en sus respectivas entidades. Incluso se citan los conflictos en que algunos de ellos se han visto inmersos: son los casos de Ulises Ruiz y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, y el de Mario Marín y sus vínculos con el empresario Kamel Nacif, acusado de pertenecer a la red de pederastia encabezada por Jean Succar Kuri.

Boletas: En la CIDH, “Proceso” gana el primer round

La demanda de Proceso ante la CIDH tuvo respuesta

Jorge Carrasco Araizaga

A dos años de la cuestionada elección presidencial, tuvo respuesta la demanda de Proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la decisión del Estado mexicano de negar el acceso a las boletas electorales de 2006. La CIDH pidió al gobierno de Felipe Calderón que impida la destrucción de esa papelería, en tanto el organismo internacional determina si en efecto se violó el derecho a la información cuando el IFE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inaccesibles esos documentos públicos.El miércoles 2, día en que se cumplieron dos años de la elección presidencial, Felipe Calderón recibió una noticia desde Washington: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a su gobierno que evite la destrucción de las boletas utilizadas en esos comicios.La CIDH dio ese primer paso ante la denuncia de hechos interpuesta por la revista Proceso en contra del Estado mexicano por violación al derecho de información, luego de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) le negaron el acceso a los paquetes de la cuestionada elección presidencial.El organismo interamericano le envió una comunicación al gobierno mexicano, fechada el 2 de julio, para solicitarle que aplique “medidas urgentes” en favor del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien alega la violación al derecho a la información pública previsto en el artículo 13.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 1969 y de la que México forma parte desde 1981. Ese instrumento internacional establece que la información es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por el Estado.La CIDH le pidió al gobierno de Calderón “suspender la destrucción de las boletas de la elección del 2 de julio de 2006 hasta que el organismo se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana”.El gobierno mexicano tiene 10 días para contestar a esa medida que, de acuerdo con las reglas de la comisión, tiene el propósito de evitar “daños irreparables” a los derechos de los afectados.De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, “en caso de gravedad y urgencia, y de acuerdo con la información disponible”, la comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate “la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”.El gobierno calderonista tiene que responder en la segunda semana de julio. Después, de forma periódica, deberá actualizar la información sobre el cumplimiento de la medida precautoria. Además, tiene dos meses, a partir de la fecha de notificación (el 2 de julio) para hacer observaciones a la denuncia presentada por Rodríguez Castañeda.Las medidas tomadas por la CIDH son apenas el inicio del trámite, pues el organismo aún debe resolver si existen elementos para darle curso a la demanda.
Las dudas y la prisa
En su anuncio sobre las medidas cautelares, la CIDH aclaró que la solicitud de información al Estado mexicano “no constituye un prejuzgamiento” de la decisión que tome sobre la solicitud de investigar la presunta violación del mencionado derecho.En la denuncia de hechos, el director de Proceso hizo ver que la adopción de medidas cautelares no implica que se prejuzgue acerca de los temas de fondo. No obstante, aseguró que el motivo de la petición “trasciende al simple acceso a las boletas solicitadas”, pues la intención es que la justicia internacional proteja en México el derecho a la información en materia electoral. Si la comisión admite la demanda, sobre todo porque en la petición de la revista ya se agotaron los recursos internos, se pasará al análisis de fondo. De ser así, las partes tendrán dos meses más para presentar sus observaciones.En caso de que la CIDH encuentre que con la negativa del IFE y de la Suprema Corte se violó el acceso a la información, podría emitir recomendaciones al Estado mexicano para que garantice ese derecho; de no cumplirse éstas, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el Estado mexicano desde 1998.En la reforma electoral del año pasado, el Congreso evitó legislar sobre la información en materia electoral al dejar intacta, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la disposición que ordena la destrucción de las boletas una vez calificada la elección, sin prever las peticiones de información.Las medidas cautelares requeridas por la CIDH al gobierno de Calderón pueden llevar a que el proceso electoral federal de 2009 inicie, en octubre próximo, con la obligación del IFE de conservar los paquetes electorales de las elecciones de 2006, contra lo que ha buscado el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.Sucesor de Luis Carlos Ugalde tras la crisis en que éste sumergió al IFE durante el proceso electoral, Zurita propuso, sin consultar con el resto del Consejo General del instituto, que antes de su destrucción las boletas fueran “exhibidas” al público. El consejero presidente, quien se dice convencido de que las boletas son documentos de información pública, no pasó de esa declaración, consciente de que no tendría ninguna consecuencia jurídica.Otro de los argumentos del IFE para apresurar la destrucción de las boletas es el costo de su conservación y vigilancia. Según estimaciones del propio instituto, cada mes gasta en promedio medio millón de pesos por el pago de renta y mantenimiento de las bodegas donde están resguardados los paquetes electorales.Efectivos de las Fuerzas Armadas se encargan de vigilarlos. En respuesta a una petición de información por medio de la Ley de Transparencia, el Ejército aseguró que de los 3 mil 144 efectivos que destinó el 6 de junio de 2006 para custodiar la papelería electoral en los 262 consejos electorales, en marzo pasado se habían reducido a mil 310 elementos. En respuesta a la misma solicitud, la Marina dijo que actualmente tenía 115 efectivos dispuestos en 14 estados para ese propósito.La denuncia de hechos por parte de Rodríguez Castañeda fue presentada ante el Secretariado Ejecutivo de la CIDH en Washington, el 24 de abril de este año, como consecuencia del fallo emitido en contra de la revista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Proceso 1643). Un mes antes, el 11 de marzo, en una votación dividida de seis a cinco, el pleno de ministros de la SCJN le negó a Rodríguez Castañeda un amparo que solicitó como vía para tener acceso a los paquetes de la elección presidencial. La mayoría de los ministros impuso el criterio de que el amparo estaba relacionado con la materia electoral y no con el derecho de acceso a la información. Al definirlo como un asunto electoral, señaló que el amparo no procede cuando se trata de esta materia. En consecuencia, la SCJN abrió la puerta para la destrucción de las boletas al considerar que el sistema de elecciones en México la prevé, una vez calificada la elección.Proceso había buscado la protección de la justicia mexicana ante la decisión del IFE de negarle desde 2006 el acceso a la papelería electoral. En una primera instancia, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó el amparo solicitado en contra de la negativa del IFE. Su argumento fue avalado por la SCJN. Agotadas las instancias en el país, Rodríguez Castañeda presentó la denuncia a través de Graciela Rodríguez Manzo, abogada del Centro de Análisis e Investigación Fundar, que se ha encargado del caso en Washington.La junta directiva de Fundar es presidida por el investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo Quezada, a quien el IFE también le rechazó una petición de acceso a las boletas electorales.Pero a diferencia de lo ocurrido con el amparo del director de Proceso, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa le concedió a Aguayo una orden de suspensión para evitar que el IFE destruya las boletas. Aún está pendiente la solución de fondo del recurso de protección.El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) José Antonio Crespo se ha topado también con la negativa de la autoridad electoral. Él solicitó únicamente acceso a las boletas de la elección presidencial en su distrito. Autor del libro 2006: hablan las actas: las debilidades de la autoridad electoral mexicana, Crespo sostiene que los resultados oficiales de la elección presidencial de hace dos años carecen de certeza, uno de los principios exigidos por el artículo 41 de la Constitución.Después de revisar cada una de las actas electorales a partir de las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró ganador a Calderón, el investigador es categórico: “No se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos”.En entrevista con Proceso (1649) explicó que el TEPJF debió declarar la nulidad de la elección porque en las propias actas electorales quedaron asentados cientos de miles de “votos irregulares”, que casi triplicaron la diferencia entre el panista Felipe Calderón y el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. l

Denuncias penales contra Fox, Sahagún y los Bribiesca

Comisión de seguimiento a la gestión del expresidente Fox

Jesusa Cervantes

El gobierno federal, lo mismo que los jefes del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, han obstaculizado eficazmente las indagaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Vicente Fox y Marta Sahagún y el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca. Con todo, los legisladores que integran las comisiones especiales para investigar estos casos encontraron la forma de que las indagaciones prosigan aun cuando su encomienda termine: denunciar penalmente a esos miembros de la familia expresidencial.Pese a que el gobierno federal y la Cámara de Diputados bloquearon el seguimiento de las investigaciones que involucran a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, del mismo modo que protegieron al expresidente Vicente Fox y a su esposa, los legisladores de las comisiones especiales para los respectivos casos están dispuestos a mantener vigentes las indagatorias, incluso mediante dos denuncias penales y otra administrativa.Diputados de la legislatura federal actual y de la pasada han investigado ambos casos; el de los Bribiesca por el presunto delito de tráfico de influencias y el de los Fox por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el trabajo de las comisiones especiales creadas para ello fue truncado por acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.Unos días antes de que concluyan formalmente los trabajos de las comisiones especiales (la de los Bribiesca el 10 del presente mes y la de Fox el 20 de agosto), el diputado priista con licencia Víctor Valencia de los Santos y el perredista Juan N. Guerra decidieron presentar este martes 8 dos denuncias penales ante la PGR: la primera contra Vicente Fox y Marta Sahagún y la segunda contra los hermanos Bribiesca.Lo anterior permitirá que ambas indagatorias se mantengan abiertas, pero ahora en el ámbito penal.Los diputados de la primera comisión especial que investigaban a los hijos de Marta Sahagún –cuando Fox todavía era presidente de la República– eran Jesús González Schmal, por Convergencia; Sofía Castro y José Alarcón Hernández, por el PRI; Martha Lucía Micher Camarena, por el PRD, y Jorge Legorreta Ordorica, por el PVEM. El 5 de abril de 2006 estos legisladores denunciaron penalmente a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, a Miguel Khoury Siman y al encargado del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Bouregard, por presunto tráfico de influencias. El caso quedó radicado en la averiguación previa UEIDCPCAJ/59/06 en la PGR.Un día antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, pretendió cerrar el caso al determinar “el no ejercicio de la acción penal”. Dos años después, el 5 de marzo de 2008, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la PGR que entregara a un particular, en versión pública, el pliego de no ejercicio en que se fundamentó la decisión, a lo que la PGR se ha negado en forma sistemática.La prueba más importante entregada por los diputados denunciantes fue la copia de un cheque emitido por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por 1 millón 133 mil pesos, con lo cual cubría la tercera parte de una subasta de créditos inmobiliarios en litigio del IPAB, en la que no estaba participando él, sino la empresa Construcciones Prácticas. Esto estaba prohibido en las bases de dicha licitación.Cinco días antes de la denuncia penal, el titular de la Auditoría Superior de la Federación –dependiente de la Cámara de Diputados–, Arturo González de Aragón, emitió su dictamen sobre la revisión de la cuenta pública de 2004 y en ella estableció que el pago de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún no fue un acto ilegal.Este documento, más la declaración de González de Aragón en el mismo sentido ante el Ministerio Público federal, fueron determinantes para exonerar a los Bribiesca Sahagún, revela el exdiputado y abogado Jesús González Schmal.Detalla que en forma “extraoficial” tuvo acceso al pliego de no ejercicio de acción penal, mismo que la PGR se niega a hacer público y que consta de cinco cuartillas. En una de ella aparece la declaración del auditor González de Aragón, quien expresó: “En la subasta del IPAB donde resultó beneficiada Construcciones Prácticas, se detectó que la tercera parte de la postura la pagó un particular y no Construcciones Prácticas; tampoco existe antecedente de que hubo la creación de un consorcio para que dos personas unificadas actuaran como uno solo en el concurso; este hecho, aun contraviniendo las bases de licitación con la que se convocó al concurso, no es un hecho ilegal sino atípico.”Después de que la ASF validó de esta manera el cheque entregado por Jorge Alberto Bribiesca, los diputados de la comisión investigadora denunciaron a González de Aragón ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el 16 de agosto de 2006 “porque no fue capaz, ni con todo su equipo de expertos en la técnica de la revisión de la fiscalización, de advertir esta irregularidad que rompe el principio de equidad en los concursos y que viola flagrantemente las bases de la licitación”.Para entonces la denuncia contra el auditor corría paralela a la denuncia contra los hermanos Bribiesca interpuesta ante la PGR, y ésta todavía no corroboraba el dictamen de la ASF.González Schmal recuerda que al denunciar al auditor, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel Padilla, le comentó que “el cheque de los Bribiesca demostraba que la subasta había sido ilegal y demostraba el tráfico de influencias”.No obstante, Michel Padilla se demoró dos años en emitir su dictamen y lo hizo en sentido contrario a lo expresado a González Schmal: respaldó a González de Aragón y calificó también como “atípica” la acción de los Bribiesca y no como “ilegal”, según consta en un documento de 13 cuartillas emitido el 28 de junio pasado, en el que el órgano de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados hace suyos los argumentos del auditor.“Lejos de corregir el dislate del auditor superior de la Federación, el encargado de la unidad de evaluación, quien debió corregir al auditor, nos expidió un documento justificando los términos absurdos e ilegales que emitió en su dictamen la ASF y que sirvió de base a la PGR para exculpar a los hermanos Bribiesca”, enfatiza González Schmal.A esta resolución se sumó, el 30 de junio, la negativa del procurador Eduardo Medina-Mora Icaza a comparecer ante los diputados de las comisiones encargadas de investigar a los Bribiesca y a los Fox. Pese a estos obstáculos, el PRD pretende reabrir la averiguación previa contra los hermanos Bribiesca Sahagún. El diputado Juan N. Guerra, integrante de la segunda comisión Fox, explicó que el “no ejercicio de acción penal” no significa que el caso sea “cosa juzgada”, y por eso demandarán nuevamente a los hermanos Bribiesca ante la PGR con las mismas pruebas que aportaron los diputados de la Legislatura pasada. “Pero se hará una nueva petición –aclara–: que el dictamen que emitió la ASF respecto al famoso cheque de Jorge Alberto Bribiesca y todo el proceso de la subasta, los revisen el Colegio de Contadores y otros peritos especializados en auditorías para que emitan un nuevo dictamen y sean ellos quienes determinen si efectivamente se trató sólo de un caso ‘atípico’ y no de una irregularidad que puede respaldar el tráfico de influencias.”La denuncia se presentará ante la PGR el martes 8, un día antes de que concluya el plazo de la comisión especial para investigar a los hijos de Marta Sahagún. Al transcurrir un mes, su presidente, el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia, deberá entregar un informe sobre su investigación.Cárdenas adelantó que no presentará denuncia penal contra los hermanos Bribiesca: “Lo que haré será presentar una denuncia administrativa ante un tribunal federal en materia civil, donde demandaremos la nulidad de las subastas debido a que los bienes no fueron entregados de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, que los procesos de subasta fueron irregulares”.
El encubrimiento
La Comisión Fox estará vigente hasta el 20 de agosto, pero la semana pasada fue decapitada. Su presidente, el diputado Víctor Valencia de los Santos, renunció al cargo en forma inesperada.El priista se caracterizó por señalar “la complicidad, amistad o el compromiso con el PAN” de los funcionarios federales que sistemáticamente se negaron a entregar la información que se les pidió. El pasado 30 de junio Valencia de los Santos anunció en conferencia de prensa que se había llamado a comparecer al procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, para el 2 de julio. Incluso, anunció que entregaría a tiempo el informe final de su comisión. El legislador aprovechó la presencia de los medios para enviarle un mensaje al procurador, que ya se había negado a comparecer dos veces: “Nadie, y menos la procuraduría, tiene el derecho o puede ser omiso a una convocatoria de este tamaño”.Ese mismo día, el presidente de la comisión Fox fue llamado a las oficinas de la PGR, donde Medina-Mora le comunicó que no comparecería. Horas después, Valencia de los Santos renunció al cargo sin comentarlo siquiera con sus compañeros de comisión.De acuerdo con un cercano colaborador de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Valencia de los Santos cayó por un acuerdo de Germán Martínez, presidente nacional del PAN, con el expresidente Vicente Fox, durante una visita del primero al rancho San Cristóbal.Según esta versión, Martínez se comprometió primero a quitar al presidente de la comisión debido a que desde que asumió el cargo se dedicó a investigar de verdad, pese al bloqueo oficial de la información. Después, dice la fuente, se buscará que el informe final –ya fuera del alcance de Valencia de los Santos– no contenga datos sustanciales.El pasado 22 de junio Germán Martínez dijo en el Centro Fox, de San Cristóbal: “Niego categóricamente que haya una persecución contra los foxistas”.“Después –agrega la fuente– Martínez habló con Héctor Larios (coordinador del PAN en la Cámara de Diputados) y éste con Gamboa, a quien sólo le comunicó que Valencia de los Santos se iría.”Horas antes de abandonar el cargo, Valencia todavía aseguró que entregaría su informe final el 20 de agosto e incluso adelantó que incluiría “las líneas de investigación, la documentación dura, es decir, los documentos probatorios que hemos referido públicamente, las líneas de investigación que todo mundo conoce, sobre todo la presunta participación en delitos de carácter administrativo y de carácter penal de los Bribiesca, de los hijastros del señor Fox, del mismo expresidente y de la señora Sahagún, entre otros funcionarios de la administración pasada”. Valencia de los Santos incluyó el caso Bribiesca porque, según el presidente de la comisión especial que investiga a los hijos de Marta Sahagún, el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia, “trabajábamos en comisiones unidas, como el caso de la comparecencia del procurador”.El diputado Juan N. Guerra opina que Valencia de los Santos renunció al cargo porque “no se sintió apoyado por Emilio (Gamboa). Cuando el procurador desacata su obligación de venir a comparecer, la Junta de Coordinación Política (donde está Gamboa) debió reconvenirlo y no hacerse omiso.“Yo desconozco si el puesto que le ofrecieron (a Valencia de los Santos: representante del gobernador chihuahuense José Reyes Baeza en Ciudad Juárez) fue más atractivo, pero me parece que podía esperar unos días. Lo único que sé es que nunca me avisó que dejaría el cargo y que estábamos preparándonos para la comparecencia (del procurador) el miércoles. Yo no dudaría que esto fue parte de un arreglo entre el PRI y el PAN”, dice el perredista.Considera también que el rechazo constante de Medina-Mora a comparecer “es porque (en el gobierno federal) quieren seguir encubriendo a los Fox, no sólo a los Bribiesca”.El diputado priista que sustituya a Valencia contará con poco tiempo para revisar la información recabada y por lo mismo se espera un informe con poca sustancia.Con todo, Guerra anuncia que el martes 9 presenta la denuncia penal ante la PGR contra Vicente Fox Quesada y Marta Sahagún de Fox por “posible tráfico de influencias, riqueza inexplicable e indebido manejo de recursos federales”. El perredista revela que el diputado, ahora con licencia, Víctor Valencia de los Santos firmó la denuncia contra los Fox la mañana del miércoles 2 de julio, minutos antes de que la Comisión Permanente lo autorizara a dejar el cargo.La denuncia de hechos, de la cual tiene copia Proceso, fue elaborada por los abogados Jesús González Schmal y Pablo Casas Lías.En ella se hace una relación de los bienes que Vicente Fox dijo tener desde que fue gobernador de Guanajuato hasta que dejó la Presidencia de la República, y se incorporan las propiedades que aparecen en las declaraciones patrimoniales de Marta Sahagún cuando era vocera de la Presidencia (entonces dijo tener tres terrenos en Celaya).Estos datos contrastan con el informe del Registro Público de la Propiedad de esa ciudad, que no tiene datos sobre posesiones de Sahagún. Las propiedades declaradas por la pareja expresidencial se contraponen también con las que presumieron en la revista Quién. “Debe resaltarse que en menos de un año el empresario Vicente Fox, al que sus propios amigos han calificado como ‘poco talentoso para los negocios’, terminó convertido en próspero terrateniente y empresario (…) Ese cambio radical de vida no puede lograse con el salario de presidente de la República, por lo que es urgente una rendición clara y transparente de cuentas”, se indica en la denuncia.En este documento, los diputados Juan N. Guerra y Víctor Valencia de los Santos piden al Ministerio Público federal que solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre las inversiones y el monto de las cuentas a nombre de Fox y Sahagún.“También debe darse vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –continúa el texto de la denuncia–, a efecto de que se investigue la procedencia y origen de la riqueza exhibida por la pareja presidencial”. Además, se pide un peritaje sobre el valor de las propiedades mostradas.
–¿Es cierto que una fracción del PRI cabildea con el PRD para ampliar un año más la vigencia de la comisión Fox? –se le pregunta al diputado Guerra.
–A mí no me han dicho nada, pero el miércoles, en el Senado de la República, Orihuela (Concepción, diputado del PRI) me dijo: “Le voy a decir a Emilio (Gamboa) que la comisión continúe, ¡tiene que seguir!”. l

Adoctrinamiento electoral

Los ratas "chuchodominguez" del PAN

Verónica Espinosa

SAN CRISTÓBAL, GTO.- Los 2 mil 500 donadores que hasta ahora han aportado 190 millones de pesos a la construcción del Centro Fox harán posible que éste se convierta en un eje de adoctrinamiento de candidatos y preparación de campañas para partidos integrantes o simpatizantes de la Internacional Demócrata de Centro (IDC), organización de la que Fox es copresidente. El 21 de junio último, un grupo de militantes del Partido Acción Nacional cursó un diplomado de la Escuela de Liderazgo y Formación Política, que se efectuó en las inconclusas instalaciones del centro, y ya la dirigencia de ese partido en Guanajuato planea talleres de marketing, coordinación de campañas y hasta de recaudación de fondos. Todo esto con miras a las elecciones de 2009.Al apoyo de Acción Nacional se suma el del gobierno del estado, del Congreso local, del gobierno del municipio de León y hasta del Partido Verde Ecologista de México, que actualmente pagan un máster en prácticas políticas para sus funcionarios, asesores y diputados. La pareja expresidencial pretende vincular al centro de estudios con la IDC por el papel que desempeña Vicente Fox en dicha organización, pero sobre todo para colocar sus cursos y diplomados con los partidos de centroderecha que la integran.El primer objetivo son los partidos de esta corriente en América Latina, a los que se ofrecerán cursos de liderazgo y coordinación de campañas, manejo de medios y de crisis electorales, estrategias de candidatos y dirigentes, así como el infaltable marketing político.El 27 de junio, el Centro Fox anunció mediante un comunicado que durante su participación en la sesión del Consejo Ejecutivo de la IDC en Francia, en la que rindió su informe como copresidente, Vicente Fox consiguió traer a San Cristóbal el Encuentro Global de Partidos de Centro, que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre próximo.Vicente Fox, presidente del centro de estudios, y su esposa Marta Sahagún, la vicepresidenta, “enganchan” cuanto evento o congreso pueden ahora que parte de las instalaciones están terminadas, aun cuando otros espacios, como el de la biblioteca digital, son sólo cascarones. Así sucedió cuando los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México pretendían celebrar su reunión anual en la ciudad de Guanajuato. Los Fox los convencieron de que se fueran a San Cristóbal, donde les ofrecieron un recorrido, una cena y una charla del expresidente el 25 de junio. Incluso, la pareja expresidencial ya amarró una asamblea nacional de médicos anestesiólogos para finales de año.Ese mismo día, en el acceso principal del centro de estudios se realizó una ceremonia con honores a la bandera –incluidas escolta y banda– ante la mirada nostálgica de Fox, quien fue saludado como “presidente” por el líder de la Canaco del Distrito Federal, Lorenzo Ysasi Martínez. El gobernador Juan Manuel Oliva acudió fuera de la agenda oficial y en su discurso presumió los avances de su administración en inversiones y educación.Ya en el recorrido que los Fox dieron a los dirigentes de la Canaco, manifestaron su intención de que el centro reciba cada mes a “10 mil niños de todo el país” e incluso de otras naciones latinoamericanas. También les mostraron la réplica de la oficina presidencial: “Igualita, con los mismos muebles, el mismo sillón… no me los robé”, dijo el exmandatario. En la sala adjunta se instaló una mesa ovalada y un enorme librero de madera, hasta ahora los únicos muebles.El expresidente confió en tener todo listo en julio –el día 2 de este mes celebró su cumpleaños, así como los aniversarios de su triunfo electoral de 2000 y de su boda con Sahagún en 2001–, pero será hasta dentro de tres meses cuando toda la instalación digital del centro esté operando plenamente.Además de contar con el archivo sexenal digitalizado, el Centro Fox se conectará al exterior mediante servicios digitales con ayuda de Televisa y TV Azteca. Así mismo, en ese recorrido Fox informó que tiene un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para tener disponible toda la información generada por éste, y particularmente las miles de encuestas que la empresa Gallup efectúa sobre diversos temas.Además, anunció que el Centro Fox aparecerá en YouTube, uno de los servicios más populares de internet: “Google nos ha donado un capítulo de YouTube para Latinoamérica”, dijo.

“Complicidad institucional”

El 21 de junio pasado, el presidente del CEN del PAN, Germán Martínez Cázares, asistió a la clausura de un diplomado de la Escuela de Liderazgo y Formación Política del PAN, a cargo de la Fundación Rafael Preciado. El curso empezó el 11 de abril en las instalaciones de esa escuela en el Distrito Federal. El último de los tres módulos, titulado “Herramientas prácticas del líder humanista”, se desarrolló en el Centro Fox durante una semana. Participaron 60 alumnos de 14 estados. Entre otros profesores, lo impartieron el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes; el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro, y el senador Juan José Rodríguez Prats.En la ceremonia de clausura, Martínez Cázares calificó a Vicente Fox como “un valor de Acción Nacional”; dijo que su centro de estudios es “un consejero del PAN” y definió su colaboración como una “complicidad institucional”. A su lado estuvo Carlos Abascal Carranza, presidente de la fundación Rafael Preciado Hernández, copatrocinadora del diplomado junto con la fundación alemana Konrad Adenauer.

Habló Martínez Cázares:

“Niego categóricamente que haya una persecución contra los foxistas. Ustedes saben, yo lo he declarado. No voy a polemizar con ninguno de los expresidentes del partido, ni con Manuel Espino, a quien aprecio y con el que tengo más diálogo del que todo mundo cree, con Luis Felipe Bravo, con Felipe Calderón y mucho menos con don Luis H. Álvarez.” Y en verdad no hay polémica ni con Fox ni con Calderón, cuyo gobierno sigue respetando su pacto de silencio con Fox y no ha respondido a las solicitudes de información de la comisión especial del Congreso que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de la pareja expresidencial, como lo ha denunciado el diputado Víctor Valencia de los Santos, que preside al grupo de legisladores.En ese ambiente de “complicidad institucional”, Fox les dijo a sus visitantes de la Canaco que a la entrada de su centro de estudios colocará una placa con los nombres de las 2 mil 500 personas que hasta ahora han aportado 190 millones de pesos.“Son donativos de México, de Estados Unidos, de Europa; fundaciones; mucha gente generosa”, expresó el copresidente de la IDC. Los montos que otorgó cada uno no aparecerán, porque “nunca hemos hecho el compromiso de hacer públicas las cantidades… no sería justo”.De acuerdo con la línea del CEN del PAN para establecer una colaboración “más rutinaria y más consistente” con el Centro Fox, el presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, Fernando Torres Graciano, informó que ya se planean varios cursos, talleres y seminarios adicionales a la capacitación partidista previa al proceso electoral de 2009.“Creo que deberíamos empezar a más tardar en octubre, para que (el inicio de los cursos) sea a fin de año o principios del próximo. Ahorita estamos conformando la estructura. El 19 de julio tendremos la visita del presidente nacional, Germán Martínez, que vendrá a tomar la protesta al movimiento ciudadano, a los coordinadores municipales de este movimiento, a los coordinadores municipales de representantes de casilla, a los de redes…”, dijo.El propio Torres Graciano está inscrito –igual que Vicente Esqueda, secretario del comité– en el máster de prácticas políticas que actualmente se imparte en las instalaciones de la exhacienda de San Cristóbal. l

“Eso nos pasó por pobres...”

Dolor y rabia por la matanza

Marcela Turati

Sobrevivientes del mortal operativo de la colonia Nueva Atzacoalco, varios jóvenes y sus parientes expresan dolor y rabia por la matanza. Cerca de las ofrendas que levantaron a sus muertos, dicen que la barbarie policiaca –que consideran cotidiana, aunque el viernes 20 de junio se salió de proporciones– se debió a la marginación y la pobreza de la zona, e inclusive proponen que se expropie y reabra la discoteca New’s Divine.Un adolescente de peinado de mohicano y flequillo decolorado mira en silencio la improvisada ofrenda de cruces, veladoras, estampas de santos y fotografías de difuntos colocada ante la puerta metálica de la discoteca donde murieron por golpes y asfixia nueve jóvenes y tres adultos.En la puerta clausurada del New’s Divine destacan la foto de Leonardo Amador, serio, en una playa, y la de Isis, una bachillera de 16 años, que posa sexy. Sobre su imagen, se lee un mensaje: “Ija, te quiero mucho (…) me dio mucho gusto que me ablaste, el último día que te bí y te dije que no fueran al disco, por algo te lo decía. Tu abuelita”. Y otro: “Hermanita, no tengo palabras pero tú sabes lo que siento”, y uno más: “Tq1ch flaca”. En seguida, unas cartulinas fosforescentes reclaman: “Alfredo es inocente, sólo queremos justicia”… “¿Adónde quedaron los demás cuerpos que sacaron por atrás?”… “Pedimos se expropie el predio del New’s Divine para tener dónde divertirnos sin peligros”.Abraham Alonso tiene 16 años, estudia en el Conalep y es de los adolescentes que sobrevivieron al mortal operativo policiaco. A él lo salvó la “lástima” que, dice, le provocó a un policía que, al verlo prensado, alzando los brazos y pidiendo ayuda a los agentes que le obstaculizaban el paso, lo sacó de la multitud y lo pasó a la calle, donde un judicial lo recibió a golpes. “Junto a mí estaba un muchacho ahí prensado, todo vomitado. Yo creo que ya estaba muerto”, cuenta el chico futbolero sin dejar de mirar la puerta metálica donde los habitantes de la Nueva Atzacoalco y las colonias aledañas recuerdan a sus muertos. A Abraham le duelen los cuerpos que dejó atrás, tirados en el piso, cuando lo montaron a un camión y lo llevaron a la delegación, así como la desaparición del New’s Divine.“Veníamos cada viernes, se ponía padre”, dice el habitante de la colonia popular que, fundada en 1954 y al norte de la delegación Gustavo A. Madero, se considera la más grande del Distrito Federal en extensión, con muchas áreas verdes sin uso, con numerosas viviendas irregulares y desbordamientos de un canal en tiempos de lluvia.
“Shock sin precedentes”
En esa zona trabaja desde hace cinco años Carlos Cruz, director general de la organización Cauce Ciudadano, que acompaña a las familias de los muertos para que superen el trauma de la tragedia y verbalicen la indignación que les causa.“Tienen la idea de que les pasó lo que les pasó por ser pobres y vivir en barrios pobres”, explica este hombre que fue líder de la pandilla Caos Estudiantil, de la Vocacional 10, y subraya que no ha evolucionado el trato de la policía con los jóvenes de las zonas marginadas. “Antes subían a los chavos a las patrullas y los llevaban a lo que ellos llamaban ‘territorio machín’, un espacio aislado, inseguro, donde te golpeaban, extorsionaban o violaban. Los que éramos líderes de bandas nos reunimos hace unos días y no recordamos que antes hubiera pasado algo tan grave como lo del Divine. Es un shock. ¿Qué pasó? ¿Por qué de esta manera?”, dice en la sede de su organización, una casa de dos pisos y paredes improvisadas. Los jóvenes de la zona, dice, no encuentran empleo formal, son hijos de madres solteras o de parejas que trabajan todo el día, viven en un contexto de violencia intrafamiliar, tienen mala alimentación por comer en la calle o a deshoras, y sólo una tercera parte de los que empezaron la prepa la terminan. “Tienen un sentimiento de que no hay futuro, de que sólo pueden ser buenos para hacer cosas malas, de que la escuela no va a dejarles nada y no les garantizará encontrar empleo. La mayoría sólo puede acceder al subempleo en el tianguis, en la venta de piratería”, agrega.En un cuarto sin muebles, reconoce que en la zona hay muchos espacios educativos, varios parques y algunos gimnasios, y que en el parque Eduardo Molina se cultiva la afición al box (dicen que de ahí salió El Macetón Cabrera), pero no son promovidos.“Son elefantes blancos, grandes figuras no utilizadas. Los jóvenes no conocen esos espacios”, lamenta. Para la asesora de la Red por los Derechos de la Infancia, Nashieli Ramírez, el acceso a la cultura, al ocio y al deporte está negado para la gran mayoría, aunque la tercera parte de los habitantes del DF son jóvenes, pues escasean los lugares seguros, accesibles y legales para convivir. Fabiola García, de 19 años, quien se dice “chica-Divine” y es una de las habitantes de la Nueva Atzacoalco que acude a Cauce Ciudadano, considera que el Divine era seguro porque en otros sitios como ese “hay exceso de alcohol”. “El Divine o El Caos son los más accesibles en cuanto a dinero. Es muy difícil que podamos transportarnos a lugares mejores, más seguros, más bonitos, porque de ellos ya no hay metro para regresar cuando uno sale y son más caros”, alterna su amiga Alejandra García, de la vecina colonia San Felipe de Jesús.No obstante, ambas afirman estar acostumbradas a ver asaltos y a quinceañeras que se emborrachan pasando ante vecindades donde se venden drogas día y noche.Pero, apunta Fabiola, “si el operativo hubiera sido en la Zona Rosa, donde hubiera gente de dinero, de nombre, los policías se hubieran comportado de manera diferente; hubieran tratado bien a los muchachos y no con la brutalidad que tuvieron aquí sin importar que hubiera más chavos adentro y que no hubiera aire. No los dejaron salir”. Desempleo y delincuencia“¿Aquí es donde dan dinero a los desempleados?”, pregunta una joven de no más de 30 años antes de entrar al módulo del gobierno del DF que cuenta con policías, trabajadoras sociales y un sociólogo. Ella y una amiga suben las escaleras hasta encarar a Antonio Vera, el encargado del programa Seguro de Desempleo del gobierno capitalino.Hacen varias preguntas, se llevan unos papeles y se van. En pocos minutos, son cinco las chicas que se presentan a llenar solicitudes en el módulo, adonde diariamente acuden de 23 a 33 personas desempleadas que buscan el subsidio, la mitad menores de 35 años. “Está muy fuerte el desempleo. Es una zona popular de nivel socioeconómico bajo, y la gente no tiene acceso a buenos empleos. Consiguen trabajos inestables o mal pagados, y por eso prefieren dedicarse a actividades informales, por su cuenta”, explica el sociólogo.A su vez, Jesús Santillán, el maestro del INEA del área, refiere que de las 160 personas inscritas en los cursos, 95% son adolescentes y jóvenes reprobados de las escuelas aldeañas.Aunque autoridades delegacionales mencionan la rehabilitación de un camellón, la habilitación del área verde del gran canal, el remplazo de 700 lámparas de alumbrado público, el mejoramiento del centro deportivo (bancas, juegos, paredes), la construcción de una ciclopista y obras en el Periférico durante la presente administración, advierten que pocos habitantes tienen empleo formal y que en la zona hay altos índices delictivos, principalmente por robos a transeúntes. Así mismo, que de la calle 326 a la 318 existe una banda de delincuentes llamada Los Negros (según los reportes ciudadanos), y que la mariguana, la cocaína y el crack son las drogas de mayor uso. Por su parte, los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina indican que la zona donde se ubica la disco tiene el primer lugar en incidencia delictiva en la delegación, en tanto que varios comerciantes del mercado contaron que sólo en las dos últimas semanas han sido asaltados dos distribuidores de leche, un quesero, dos proveedores de medicamentos y otro de baratijas.De todas las personas ingresadas a los reclusorios del DF entre enero de 2005 y junio de este año, 432 tenían su domicilio en esta zona, aunque muchos de ellos han sido liberados… Según el cronista de la delegación, Horacio Sentíes Rodríguez, el pueblo de Atzacoalco fue fundado en 1324, un año antes que la Nueva Tenochtitlan. La colonia Nueva Atzacoalco está ubicada en el ex Lago de Texcoco y era zona salinera. El 10 de agosto de 1958, la Gaceta Oficial informó que en 1954 se expropiaron 102 hectáreas a favor de 4 mil familias que invadieron la Hacienda del Risco y que habían llegado sobre todo del interior del país, de La Merced y de la Candelaria de los Patos. El expandillero Carlos Cruz, el cronista Sentíes y la señora Adela Patiño, una de las cantantes del coro parroquial de la Nueva Atzacoalco, coinciden en que a mediados de los ochenta comenzó el deterioro.La corista dice que entonces la gente dejó de salir a la calle, porque de los pleitos con botellas y cadenas los pandilleros pasaron a las batallas con navajas y pistolas, y las cervezas fueron reemplazadas por las drogas. Desde aquellas fechas, continúa, se suspendieron las tardeadas o bailes en parques y plazas públicas.En Alcohólicos Anónimos de la calle 319, un hombre que se hace llamar El Padrino Bulmaro asegura que “hoy casi no hay borracho, puro drogadicto. Es la droga la que está acabando a los jóvenes”. Mientras que, a su lado, Claudia, una joven de 15 años, relata cómo desde los 12 comenzó a consumir mariguana, cocaína y heroína, hasta que hace un año decidió pedir ayuda.
La prepotencia policiaca
Los funcionarios del gobierno capitalino que se dedican a atender los problemas de los ciudadanos, sin embargo, ven todo distinto.“Tenemos espacios para que los jóvenes convivan, tenemos todo: aquí adelante están el gimnasio, el teatro al aire libre, la biblioteca, la pista para patinaje, el centro de salud, dos lecherías, dos iglesias”, indica María Esperanza Hernández, coordinadora de Participación Ciudadana, aunque, a su juicio, el operativo “no debió haber ocurrido”. Manifiesta que ahora, con el programa Policía de Proximidad, la gente conoce a los policías que les dan servicio y atienden sus quejas de manera respetuosa. Y un volante al respecto señala: “La policía de Proximidad permite estrechar la relación del ciudadano con su policía a fin de generar confianza para conocer y atender problemas que afectan a la comunidad”.Pero Rubén Tapia, papá de Isis, la preparatoriana de 16 años que murió en el tumulto, opina: “Esos policías hacen operativos en Tepito, hacen destrozos y no agarran absolutamente a nadie, pero en este caso fueron con esas armas, se ensañaron con los niños y los chavos, no sabían ni adónde iban. Actuaron como fascistas, contra los jóvenes, contra los menores de edad. ¿Cuál Ciudad de la Esperanza?”, pregunta junto a la mesa que sirve como altar en memoria de su única hija, quien, junto con Rafael Morales, otro de los muertos, estudiaba en el CETIS 55 de la colonia vecina, la Gabriel Hernández. Omar Solano, de 17 años y sobreviviente del operativo, prefiere no estar cerca de los policías. Afirma que, si lo ven corriendo, lo detienen para revisarlo; si lo miran escuchando música afuera de su casa, lo jalonean para esculcarlo, y si lo encuentran abordo de la camioneta que maneja, lo paran e interrogan. “Siempre que hacen operativos y revisiones se portan prepotentes, agresivos, hablan con groserías, con maltrato físico y sicológico. No tienen ni la secundaria terminada. Yo los odio, los odio, mil veces los odio”, expresa por su parte la corista Adela Patiño. “Lo que vi se me quedó muy grabado –continúa–; muchos policías ayudaban sólo a policías, y a los pobres niños que gritaban y lloraban cargando a sus amigos, nadie los atendía. Los trataron como animalitos. Además, las ambulancias, en vez de ayudar, estaban para tapar el paso, y a quienes se acercaban en busca de sus hijos los sacaban de las greñas.”Pero cerca de la discoteca de la tragedia, junto a las fotos de los jóvenes fallecidos, entre las veladoras, se lee un letrero: “Pedimos que se expropie el predio del New’s Divine para tener dónde divertirnos sin peligro alguno…” l

Resistencia Americana: ¡¡¡ Perú !!!

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Policías enemigas

Ebrard, Ortega y Félix. Tensión

Gloria Leticia Díaz Y Raúl Monge

La falta de coordinación que exhibieron las policías capitalinas el pasado 20 de junio en el trágico operativo de la discoteca New’s Divine no fue circunstancial. Las rivalidades, los intereses de grupo y el dudoso perfil de muchos altos mandos prevalecieron sobre el programa Unipol, que pretendió articular la acción de las distintas corporaciones sin antes depurarlas y reestructurarlas a fondo.En la última semana de mayo pasado, unos días después de haber entrado en vigor el programa de seguridad Unipol que diseñó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, el jefe general de la Policía Judicial capitalina, Miguel Amelio Gómez, citó a unos 100 mandos de la corporación en el auditorio Francisco Sodi de la procuraduría capitalina, ubicado a unos metros del Servicio Médico Forense, en la colonia Doctores. Micrófono en mano, el funcionario policiaco que en la década de los setenta fue oreja de la Secretaría de Gobernación –trabajó en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) cuando Miguel Nazar Haro estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)– alertó a sus subalternos sobre los riesgos que entrañaba el programa diseñado por Ebrard para disminuir los índices de inseguridad y, al mismo tiempo, obligar a las policías Judicial y Preventiva a trabajar juntas contra la delincuencia:“Tengan cuidado con esos hijos de la chingada (los preventivos). Nos van a querer dar en la madre. Nos van a meter en problemas por su incapacidad. No queremos que vengan a invadir nuestra casa.”Además, pronosticó que con esa estrategia tarde o temprano habría un “pleito entre la SSP y la PGJDF”.Después de un arranque exitoso, tres semanas después de esa insólita reunión, el experimento de Ebrard enfrentó su primera crisis: una sucesión de errores y omisiones de los mandos policiacos encabezados por Guillermo Zayas provocaron la muerte de 12 personas durante un desastroso operativo efectuado el 20 de junio en la discoteca New’s Divine, en la delegación Gustavo A. Madero.Posturas como la de Amelio Gómez explican en cierto modo la actitud pasiva de los agentes del Ministerio Público (MP) y la Policía Judicial durante el desalojo de la discoteca y aun desde antes. A fin de evadir su responsabilidad, la mayoría de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) declararon ante el MP que no acataron las órdenes de Zayas y que por esa razón llegaron a la discoteca demasiado tarde, cuando ya los policías preventivos sacaban los cadáveres.Otros aseguraron que el operativo no se realizó en el marco de la Unipol y que ni siquiera estaban enterados en qué consistía ese programa.En particular, el caso del subdirector de la Policía Judicial en Gustavo A. Madero, Jesús Dávila Padilla, descubre la trama de complicidades: el funcionario negó ante el MP que estuvo presente en el operativo. Sin embargo, hay testimonios gráficos y declaraciones que lo ubican dentro de la discoteca, discutiendo con el propietario del antro, Alfredo Maya Ortiz.A pesar de que contaba con esas evidencias 24 horas después de la tragedia, el procurador Rodolfo Félix Cárdenas –quien funge como juez y parte en la investigación– encubrió a sus subalternos hasta el pasado jueves 3, cuando solicitó al Juzgado 19 Penal las órdenes de aprehensión contra igual número de elementos de la PGJDF por los presuntos delitos de falsedad en declaraciones y ejercicio indebido del servicio público. Ninguno de los dos delitos es grave, por lo que los agentes del MP y de la Policía Judicial enfrentarán el proceso penal en libertad.
Fieles a su pasado
Trabajadores de la PGJDF aseguran en entrevista que el caso New’s Divine le quitó el maquillaje a la procuración de Justicia en el Distrito Federal, pues es evidente que en la dependencia perduran viejos vicios, como el burocratismo, la improvisación y la corrupción. Y de eso no está libre ni el procurador Félix Cárdenas: de diciembre de 2007 a marzo de 2008, el funcionario promovió dispensas para dar de alta a 144 personas como agentes de la Policía Judicial sin que cumplieran los requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil de Carrera, incluidos sus escoltas, a quienes se les conoce como “los jarochos” porque provienen del estado de Veracruz.El titular de la PGJDF en el sexenio anterior, Bernardo Bátiz, no solicitó ninguna dispensa y, por el contrario, vigorizó el servicio civil de carrera al firmar un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para poder expedir títulos de Técnico Universitario en Investigación Policiaca a los egresados del Instituto de Formación Policial. Según los informantes, la mayoría de los beneficiarios de las dispensas tramitadas por Félix Cárdenas son ahora jefes de grupo y comandantes, lo que resquebrajó la disciplina, la moral y la mística de trabajo en la corporación. Por si fuera poco, Félix Cárdenas quitó “las cargas de trabajo”, una gratificación salarial que tenía la Policía Judicial. Ahora sólo la perciben los integrantes del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), los escoltas de los funcionarios públicos y la gente cercana al procurador.Otro hecho que, a decir de los informantes, demuestra que la pretendida reestructuración de la PGJDF sólo fue de palabra, es la constitución de un grupo de espionaje que opera bajo las órdenes de Amelio Gómez.Dicho grupo fue bautizado como M-3 y lo conforman jóvenes egresados de la Universidad Tecnológica de México (Unitec), de la cual Amelio fue jefe de seguridad antes de ser rehabilitado en el servicio público por Marcelo Ebrard. Provisto de tecnología de punta, inicialmente el grupo tenía su base por la glorieta Colón, después se mudó a Niños Héroes y ahora opera en un inmueble ubicado en la delegación Azcapotzalco. En los próximos días, cerca de 30 integrantes de ese grupo viajarán a Israel para capacitarse, de acuerdo con las mismas fuentes.Invitado por Ebrard y con el aval de la Presidencia de la República para ocupar el cargo, desde un principio Félix Cárdenas marcó su distancia con su antecesor, Bernardo Bátiz. Dijo en su toma de posesión: “Nadie puede negar que, con los años, la procuración de justicia ha alcanzado un grado de deterioro debido a los índices de impunidad, ineficiencia, corrupción, burocratismo y abuso que han traído en consecuencia su gran desprestigio social y la pérdida de confianza por parte de la sociedad”.Y auguró mejores tiempos: “Vengo a enfrentar con éxito a la delincuencia, a recuperar la tranquilidad de la gente, a sustituir palabras por hechos. No vengo a intentar cambios, vengo a hacerlos. Iniciaré un proceso de reestructuración de la procuraduría que se caracterizará por su eficacia, no por su resonancia”.De entrada, despidió a subprocuradores y fiscales heredados de las dos primeras administraciones perredistas y en su lugar colocó a Moisés Moreno Hernández y Héctor Carreón Rivera, ambos plenamente identificados con los exprocuradores generales de la República Ignacio Morales Lechuga y Antonio Lozano Gracia. Carreón renunció meses después por diferencias personales con Rodolfo Félix.Moreno Hernández fue director de Consignaciones en la PGR durante la gestión de Morales Lechuga. Con Lozano Gracia, en el sexenio de Ernesto Zedillo, ascendió a subprocurador de Control de Procesos. Actualmente se desempeña como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF. En el primer círculo están también Ernesto López Sauré, actual visitador general; Rafael Mateos Pouman, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, quien es socio de un despacho de abogados, y Cuauhtémoc Ruiz de Chávez Celaya, coordinador de asesores.Pero Félix Cárdenas también le abrió la puerta a personajes de dudosa reputación como Ricardo McGregor Maestre y Gustavo Salas. El primero fue jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial del DF, pero el 25 de enero de este año tuvo que renunciar después de que salieron a la luz pública sus nexos con Pedro Alonso Alatorre Damy El Piri, a quien la PGR identificó como operador financiero del cártel de Sinaloa.Según un documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), McGregor Maestre, quien ingresó a la PGJDF a solicitud de Miguel Amelio Gómez, está relacionado también con la averiguación previa PGJDF/401/1682//198-09, iniciada en 1998 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, extorsión, robo y amenazas.Prosigue el informe del Cisen: “Sobre McGregor existían indicios de que tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, y a pesar de eso Ebrard autorizó su designación”.De acuerdo con el documento, en el poco tiempo que estuvo en la PGJDF, McGregor instrumentó una extensa red de apoyo y protección para dicho cártel y otras organizaciones delictivas.El caso de Gustavo Salas es distinto, pero no menos escandaloso. El actual fiscal de Homicidios jugó un papel destacado en la trama urdida por Antonio Lozano Gracia para implicar a Raúl Salinas de Gortari en el asesinato de Manuel Muñoz Rocha.Aun así, Ebrard puso en manos de Rodolfo Félix –el abogado que lo defendió con éxito en el caso Tláhuac– la investigación de la tragedia en la discoteca New’s Divine, que lo tiene contra la pared. l

Rodolfo Félix Cárdenas es el verdadero ASESINO!...el PAN detras de todo.

Manto encubridor

Zayas. Entrampado

Gloria Leticia Díaz Y Raúl Monge

El abogado Juan Antonio Araujo, defensor de Guillermo Zayas, exjefe policiaco al que la procuraduría capitalina culpó de las 12 muertes que dejó el operativo del 20 de junio en la delegación Gustavo A. Madero, asegura que aun en caso de que su cliente hubiera incurrido por error en un delito, éste debe considerarse imprudencial, no doloso. Se trata de ocultar a quienes ordenaron el operativo, sostiene, por eso buscará que el caso se lleve fuera del control de la administración de Marcelo Ebrard y solicitará al gobierno federal un dictamen que ayude a deslindar responsabilidades.El “infierno” que vive Catalina León empezó el 27 de junio, cuando ingresó al Reclusorio Oriente su marido, Guillermo Zayas, el mando operativo del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol) en Gustavo A. Madero inculpado por las 12 muertes ocurridas en la discoteca New’s Divine.“Vivo con miedo todo el tiempo, cuando suena el teléfono me agito, corro a contestar pensando en lo peor: que me avisen que Guillermo está muerto. Tengo que llevarle hasta el agua que bebe porque tengo miedo de que lo envenenen”, cuenta entre sollozos.
De 36 años, está casada con Zayas González desde hace 14 y es madre de dos niños. Narra:
“Yo me enteré de lo que ocurrió en la discoteca por los medios de comunicación y de inmediato busqué a Guillermo. Desde ese momento se puso mal de su problema de diabetes, que sufre desde hace 15 años. El domingo (22 de junio, dos días después del fatídico operativo) su médico dictaminó que estaba a punto de sufrir un coma diabético y pedimos una ambulancia. En el camino al hospital (Ángeles Metropolitano) lo interceptaron dos carros con judiciales; lo querían bajar de la camilla, y desde ese momento empezó el acoso.
“En el hospital había como 15 judiciales, que prohibieron el paso a amigos y familiares. A mí me seguían hasta a la capilla cuando iba a rezar. Nunca nos mostraron una orden de detención. Cuando vimos en las noticias que el procurador (Rodolfo Félix Cárdenas) decía de Guillermo: ‘Él los mató’, a mi marido le subió la glucosa a 490. Desde entonces vive con insulina y es hipertenso”, asegura Catalina León.“Ya vas a venir, Zayas, te estamos esperando”, es uno de los gritos que, afirma, escucha su esposo desde el área de reos sentenciados, a muchos de los cuales él encarceló cuando era fiscal de homicidios.
Separado del resto de los internos y bajo medidas cautelares solicitadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el exjefe policiaco ocupa la celda en que estuvo José Luis Calva Zepeda, El Caníbal de la Guerrero, quien se suicidó el 11 de diciembre de 2007. Ahí también permaneció Orlando Magaña, quien cometió siete asesinatos y fue arrestado por Zayas en noviembre de 2002.
Miedo a sus jefes
Con experiencia como investigador en las procuradurías del Estado de México, General de la República y en la del Distrito Federal, Zayas es reconocido como un servidor público “decente, lo que en el ámbito de las procuradurías es excepcional”, asegura en entrevista su abogado defensor, Juan Antonio Araujo Rivapalacio.Pero el temor por la vida de Zayas no sólo se debe a las amenazas de muerte que ha recibido de reos –“hay una comisión de Santa Martha Acatitla para asesinarlo”, dice su abogado–, sino también a la reacción de las autoridades del Distrito Federal a las que sirvió. Araujo pone un ejemplo: “Me dice que por su propia seguridad no puede darme cierta información, como el nombre de quienes le ordenaron que hiciera el operativo”.El litigante considera que detrás de la consignación y formal prisión de Zayas González como responsable de homicidio doloso en agravio de nueve jóvenes y tres servidores públicos, se oculta un intento de eximir de responsabilidad a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de mayor jerarquía. Añade que también se pretende librar de responsabilidad política a quienes toman la decisión de realizar operativos de esa índole.El abogado, quien solicitó un careo entre su cliente y el procurador Rodolfo Félix Cárdenas, así como un peritaje del gobierno federal, sostiene que no pretende exculpar a Zayas de las responsabilidades en que haya incurrido por los errores del operativo que terminó en tragedia.Desde su perspectiva “hay un delito del ejercicio indebido del servicio público que establece con toda claridad que, pudiendo haber previsto (la tragedia), de acuerdo con sus funciones, no lo hizo y causa daños o alguna lesión o alguna muerte. Pero eso no quiere decir que él sea responsable de esas muertes”. Aun si este fuera el caso, añade, se trataría de homicidio imprudencial: “Hay límites en la teoría del delito para que el Estado no se exceda en la aplicación de las penas”, explica.A partir del análisis del expediente, que consta de más de 16 tomos, Araujo sostiene que se violaron las garantías de Zayas. Por ejemplo, su primera declaración ministerial la rindió en calidad de testigo, “lo que implica que no contó con el derecho de defensa que hubiera tenido si desde el principio se le considerara indiciado”. Además, asegura el abogado, a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), agentes del Ministerio Público de la agencia 50 “los obligaron a cambiar sus declaraciones para incriminarlo”.Según él, a Héctor Arturo Flores Gómez, cuyo indicativo era “Aragón”, lo obligaron a cambiar su declaración en tres ocasiones. Le dijeron que si se negaba lo iban a consignar por dolo eventual y como responsable de homicidio. Quienes no aceptaron las presiones de la procuraduría fueron consignados y encarcelados por falsedad en declaraciones, como les ocurrió a Marco Antonio Cacique Rosales y a Carlos Mario Zepeda Saavedra.En el fondo de este asunto, dice, se encuentra la responsabilidad política del Gobierno del Distrito Federal para realizar operativos como el de la discoteca New’s Divine con cuerpos policiacos “que no sé si estén preparados para el manejo de masas. En todo caso, Zayas sólo obedeció órdenes”.
Y añade: “Él cumplió una instrucción, acudió a un operativo. Los policías no pueden discutir las órdenes. Sería interesantísimo que alguien dijera quién dio la instrucción”.
–¿No se lo ha dicho?
–No, tiene pánico de que lo maten.
–¿Ni como abogado se lo ha confiado?
–Me ha dicho que algunas cosas se las reserva, por su propia seguridad.
–¿Teme que sus jefes le ocasionen algún daño si habla?
–En el reclusorio basta con voltear la cabeza media hora para que Zayas amanezca muerto. Ningún jefe de la policía ni un jefe de la procuraduría tiene que decir “mátenlo”. Allá adentro hay mucha gente que se encargaría de hacerles el favor y se quitan del problema.
Venganzas
En torno de la declaración que hizo Joel Ortega el pasado 27 de junio en una entrevista radiofónica, en el sentido de que Zayas no acató las instrucciones del operativo y pretendía hacer “algo espectacular” presentando al menos a 200 detenidos, Araujo precisa:“El de la New’s Divine formó parte de una serie de operativos realizados durante una semana. Zayas no tomaba las decisiones directas y estas acciones debían estar sujetas a una agenda muy precisa.“Quienes se querían lucir con el trabajo de Zayas eran otros. ¿Qué ganaba Zayas con realizar un operativo en un sentido o en otro? Los operativos como éste forman parte de una política general del Gobierno del Distrito Federal. Empezaron con Tepito e Iztapalapa y ahora van con los antros a donde acuden los jóvenes, y si éstos son de bajos recursos constituyen un blanco perfecto. El que se luce es el gobierno.”
–¿Marcelo Ebrard?
–Tenía que lucirse con la creación de la Unipol. Él echó a pelear a los gallos: dos mandos de la SSP y dos de la procuraduría, y la pelea era a muerte, porque estaba de por medio la dirección de la Policía Judicial.De acuerdo con el abogado, excolegas de Zayas de la procuraduría le han informado que “la verdadera intención del jefe de Gobierno era que el mejor mando de Unipol relevara al comandante Miguel Amelio, y que en la procuraduría no iban a permitir que lo sustituyera un mando de la SSP. Eso explicaría la virulencia de los ataques que el procurador ha lanzado contra Zayas”.El entrevistado agrega que en el Informe Ejecutivo del Mando Único SSP-PGJDF, de los resultados del 19 de mayo al 20 de junio pasados, se destaca que el mando con mejores resultados en el abatimiento de los delitos fue precisamente Zayas, quien estaba al frente de las operaciones en la Gustavo A. Madero, con un récord de 41.9%, seguido por el mando de la Miguel Hidalgo, con 26%, delegación a cargo de la PGJDF.Asegura que a esta versión debe añadirse una serie de desencuentros que Zayas tuvo con Rodolfo Félix Cárdenas cuando era fiscal de homicidios, “y que se los expuso en su carta de renuncia”.“Hay otras versiones que le han dado a mi cliente –prosigue Araujo–, como que hubo quien escuchó decir al maestro Félix: ‘Tumben a Zayas’, y otro que afirma que la noche de la tragedia el procurador y su gente se fueron a celebrar. Mi cliente les ha pedido (a quienes dicen esto) que lo declaren ante el juez, pero la gente tiene miedo”.
–¿No le dificulta su trabajo como defensor que Zayas no declare quién le ordenó la realización del operativo?
–Pues sí, pero yo quisiera sacar el asunto del ámbito de la justicia del Distrito Federal. Voy a pedir al gobierno federal que realice dictámenes periciales en control de mandos. Puede hacerlos, ya que cuenta con especialistas en esta materia. “A partir de los resultados, solicitaré que se establezca quién, cómo y cuándo ordenó los operativos. Alguien dio la instrucción de que se efectuaran las fallidas acciones policiacas en el New’s Divine y ello no implica responsabilidad penal, sino política.”El manejo directo del operativo podría implicar responsabilidad penal, aclara Araujo Rivapalacio. Es el caso de Zayas, quien asume que algo salió mal, pero no por homicidio doloso. Hay que recordar que constitucionalmente el mando lo lleva el Ministerio Público (MP), agrega el litigante.
Testigos aleccionados
Al ampliar su declaración ante el juzgado 19 de lo penal el 2 de julio, Zayas rechazó las imputaciones por homicidio doloso, así como las declaraciones de Jorge Heras, y Juan Pretelín, comandantes de la Policía Judicial. En estos testimonios se funda el acuerdo de detención en su contra.Dichos mandos policiacos “manifiestan que nunca les indiqué de qué se trataba (el operativo), a dónde iban, y que muchos nunca pudieron entrar al lugar”, dijo Zayas ante el juez. Y como prueba de que mintieron, presentó fotografías del operativo en las que aparecen los dos. Heras y Pretelín fueron consignados junto con otros cinco elementos de la PGJDF por falsedad de declaraciones, pero no fueron recluidos porque no se trata de un delito grave.En la declaración que Zayas rindió ante el juez Rafael Guerra –cuya copia tiene Proceso– el exjefe policiaco afirma que “con motivo de la orden general de operación de giros negros que se llevaría a varias delegaciones del Distrito Federal”, el jueves 19 de junio fue notificado del operativo que tendría que efectuar en la demarcación de Gustavo A. Madero.Esa noche, afirma, instruyó a Héctor Arturo Flores Gómez, director del Sector GAM8 Aragón, para que “designara a ocho elementos que de civil ingresarían a los puntos de reunión en la discoteca denominada New’s Divine”. Su función, dijo era que le informaran sobre las personas que estaban adentro y qué vendían.A las 15:30 horas del viernes, notificaron a Zayas sobre la presencia de menores de edad y que “en los baños estaban activando con resistol cinco mil y fumando piedra”; además le reportaron que “había un segundo piso donde había unas jaulas y bailaban jóvenes eróticamente”.Tras hacer mención de la orden de operaciones (Proceso 1652), Zayas cuenta que una vez dentro del local comentó a Jesús Dávila –comandante de la Policía Judicial también consignado por falsedad de declaraciones– y a otro más que identifica como el comandante de la GAM 4, que se encontraban “en la presencia del delito de corrupción de menores, por lo que habría que pedirle al MP que valorara dichas circunstancias para proceder penalmente en contra de los dueños y empleados del lugar”.Asegura que dio indicaciones para que se le informara de los hechos al agente ministerial Miguel Ángel Aguilar y “que se salvaguardara la integridad de los menores para entregarlos a sus padres”. Añade que les pidió a los jóvenes que salieran de manera ordenada y dio indicaciones por Nextel al indicativo Pradera, Alejandro Garniño Tejeda, para que buscara camiones en los que trasladarán a los menores, “ya que los que llevábamos no alcanzarían”.Zayas refiere que salió de la discoteca, caminó por la avenida Eduardo Molina hacia el sur para agilizar el tráfico vehicular, y a su regreso escuchó “gritos de desesperación” de los jóvenes que buscaban salir de la trampa en que se había convertido ya la discoteca.Así mismo, declaró ante el juez que buscó la manera de ayudar a los jóvenes, algunos tirados en el suelo, y que logró salvar a uno de ellos. Luego afirmó que en un taller de lubricantes consiguió una barreta para abrir una puerta que estaba en la parte superior del establecimiento, y que le fue mostrada por el dueño, Alfredo Maya Ortiz, quien está en la cárcel, acusado de corrupción de menores.En su declaración, Zayas narra que luego de liberar a los jóvenes regresó al frente del local, vio a “varias personas tendidas en el suelo” y solicitó ambulancias por radio. En ese lugar ya no se encontraba Isaías Cisneros, exdirector del cuerpo de Granaderos y “con pericia en manejo de multitudes y masas”, a quien se le encomendó el resguardo perimetral.Zayas asegura que varios jefes de sector se fueron con sus elementos y afirma: “No cometí ningún delito o ilícito, permanecí en el lugar de los hechos hasta que me ordenaron trasladarme a la delegación, y posteriormente a la fiscalía de Gustavo A. Madero, donde el agente del Ministerio Público me declaró a las cuatro de la mañana”.Catalina León y María Asunción González –respectivamente esposa y madre de Guillermo Zayas– están decepcionadas por el trato que las autoridades le han dado al oficial: “Ha sido un hombre honesto que ha servido a la ciudad. Nunca imaginé que le pagarían de esta manera, me siento impotente”, dice María Asunción.“Estoy desesperada y muy triste por mis hijos; tengo que decirles que no crean lo que dice la televisión de que su papá está en la cárcel por haber matado a 12 personas, como afirma el procurador. Nos sentimos abandonados. Hoy (miércoles 2 de julio) sufrimos mucho porque fue la misa de fin de cursos de mi niño de 12 años y no estuvo su papá”, lamenta Catalina sin poder contener las lágrimas.Comenta que en los años de matrimonio con Zayas él sacrificó a su familia por entregarse al trabajo, y dice confiar en que “la verdad saldrá a la luz”. En tanto, no tiene noticias de los jefes de su esposo:“Nadie me ha llamado, ni Joel Ortega ni sus otros jefes, para solidarizarse con nosotros, a pesar de que la desgracia ocurrió durante su trabajo. Con ello nos demuestran que lo van a dejar solo, que alguien tiene que pagar y lo escogieron a él.” l