Investigados por la PGR

J. Jesús Esquivel

El caso de corrupción que involucra a funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad –el organismo que está supliendo las funciones de la disuelta Luz y Fuerza del Centro, estigmatizada como ineficiente, y su sindicato como corrupto– arroja los primeros nombres. Una autoridad relacionada con las indagatorias que realiza la PGR en torno al caso reveló a Proceso que en la lista de los que serán investigados se encuentran Rogelio Gasca Neri, Alfredo Elías Ayub, Benjamín Contreras Astiazarán y Antonio García Luna, además de directivos y exdirectivos en México de la empresa sueca ABB.

HOUSTON.- Los actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, motivaron que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal y de la Secretaría de Energía (Sener).
Una funcionaria del gobierno mexicano, cercana a la investigación, informó que la indagatoria “será muy exhaustiva”. El objetivo es “encontrar a los funcionarios responsables de conceder contratos sin licitación a una empresa estadunidense subsidiaria de la corporación ABB de Suecia, a cambio del pago de varios millones de dólares”.
Bajo la condición de que no se revele su identidad, la funcionaria entregó a Proceso una lista de los servidores públicos que, entre otras personas, son objeto de investigación por la PGR debido a su “presunta responsabilidad” en los actos de corrupción descubiertos en el seno de la CFE:
Se trata de Rogelio Gasca Neri, exdirector de la CFE, y de Alfredo Elías Ayub, titular de la misma desde 1999 hasta la fecha; en el caso de la Sener se encuentran Benjamín Contreras Astiazarán, subsecretario de Electricidad; Antonio García Luna, encargado del Órgano de Control Interno; Aldo Flores, director de Asuntos Internacionales, y Alejandro Fleming Kauffman, jefe de Asuntos Jurídicos; además, Enrique Santacana, gerente regional de ABB México, y Armando Bassave, quien hasta hace unos meses fue gerente general de esta última firma en el país.
Sin embargo, aclaró que en las acusaciones que sigue el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay otros funcionarios identificados como “C”, “G”, “J” y “N”, cuyos nombres no pueden por ahora darse a conocer.
“Pero los que sí están en la lista –precisó contundente– serán investigados porque en algún momento, durante el periodo de 1997 a 2004, cuando de acuerdo con el Departamento de Justicia se dieron los casos de corrupción, ellos debieron estar al tanto o por lo menos saber que se habían asignado contratos a la subsidiaria de la empresa sueca.”
El 23 de noviembre pasado el Departamento de Justicia hizo públicos los encausamientos judiciales H-09-629 y H-09-325 en contra del empresario estadunidense John Joseph O’Shea y el mexicano Fernando Maya Basurto, a quienes acusa de violar el Acta de Prácticas por Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés, promulgada en 1977) al conseguir contratos por medio del cohecho con funcionarios de la CFE para beneficiar a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos.
La indagatoria federal estadunidense, que inició el FBI en 2005 contra O’Shea y Maya Basurto, utilizó también información proporcionada por el gobierno federal mexicano acerca de los contratos que consiguió la subsidiaria de ABB.
El caso criminal está a cargo de la Corte Federal del Distrito Sur (Houston) del estado de Texas; pero el expediente excluye el nombre específico de casi todos los funcionarios presuntamente corruptos de la CFE, porque al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le corresponde investigarlos ni procesarlos en las actuales circunstancias.
El gobierno de Felipe Calderón sabía de la existencia de la investigación que, desde 2005, desarrollaba el Departamento de Justicia. Aun así, permitió que la paraestatal suscribiera en 2009 otros tres nuevos y millonarios contratos con la empresa sueca, que hasta hace cinco años era representada por Maya Basurto, quien fungía como intermediario de O’Shea y como contacto directo ante la CFE.
El primero de esos contratos, signado el 10 de marzo de 2009, es por 19.2 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de un Compensador Estático de VARs de -50+150 MVAr en 230 KV, que será construido en El Palmar, Baja California Sur. Este acuerdo tiene una duración de 15 meses.
El segundo, por 29.3 millones de dólares, firmado el pasado 15 de marzo entre la CFE y ABB de México, es para la ejecución del proyecto “llave en mano” de ocho subestaciones de 138-115-34.5-13.8 KV, con una capacidad de 180 MVA y cinco líneas de transmisión de 138-115 KV con 43.7 KM-C, que darán servicio a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este contrato tiene un plazo de 13 meses.
El tercero, rubricado el 30 de abril de 2009, es por 111.7 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de dos subestaciones de 400 y 230 KV, con una capacidad de 875 MVA, incluyendo un compensador estático VARs de -300+300 MVAr en 400 KV, y un tendido en 400 KV de una línea de transmisión de 179 KM-C, que abarcarán los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán. Está previsto que la obra correspondiente sea concluida en un plazo de 18 meses.
Los encausamientos de O’Shea y Maya Basurto –copias de los cuales fueron proporcionadas a este semanario– describen los detalles de 24 transferencias bancarias internacionales –por un total de 1 millón 265 mil 428 dólares– que la subsidiaria de ABB hizo a cuatro funcionarios de la CFE. Esto, sin contar varios millones de dólares más que pidieron expresamente a O’Shea y Maya Basurto como condición para concederles al menos otros dos contratos.
Los dos casos criminales que el Departamento de Justicia presentó ante la Corte Federal en Houston, a cargo de la juez federal Lynn N. Hughes, exhiben la facilidad con la que la subsidiaria de ABB en Sugar Land, Texas, consiguió los contratos con la CFE por medio de pagos a los funcionarios mexicanos corruptos.

Expedientes y audiencias

Las más de 800 páginas que integran los expedientes de la investigación realizada por los fiscales federales Tim Johnson, Steven Tyreell y Mark F. Mendelsohn –revisadas por este corresponsal en la Corte Federal en Houston– deshilvanan la telaraña de corrupción que tejieron O’Shea y Maya Basurto con los cuatro funcionarios no identificados de la CFE.
Por ejemplo, conforme a la trascripción de la audiencia del pasado 28 de mayo ante el juez federal John R. Froeschner, Maya Basurto, por medio de sus abogados –William Rosch y Jay Kumar Aiyer–, admite haber incurrido en corrupción para conseguir los contratos con la CFE, y exhibe la facilidad con que funcionarios mexicanos acceden a pedidos de una empresa extranjera a cambio de pagos millonarios.
Los argumentos y las pruebas que han presentado los fiscales en contra de O’Shea y de Maya Basurto sustentan los cargos que formula el Departamento de Justicia, y el FBI tiene en su poder las copias con todos los datos de las transferencias bancarias que hicieron los dos acusados.
De hecho, la Corte Federal en Houston recibió el 3 y el 16 de julio de 2009 varios documentos donde aparecen los nombres de los cuatro funcionarios de la CFE que, identificados públicamente sólo como “C”, “G”, “J” y “N”, recibieron pagos de la subsidiaria de ABB a cambio de la concesión de los contratos.
Al inquirir a la oficina de la juez Hughes cuál es el contenido de esos documentos, explica al corresponsal: “Estas evidencias se encuentran en expedientes sellados y guardados en una caja fuerte de la Corte Federal, a la cual sólo tienen acceso los jueces”.
Pero de acuerdo con los encausamientos, en 1997 O’Shea, como gerente general de la subsidiaria de ABB, contrató los servicios de Maya Basurto en calidad de “intermediario”, así como de otra persona de nacionalidad mexicana a quien el Departamento de Justicia identifica como “Conspirador X”.
Ambos, en función de representantes de una firma de consultoría descrita como “Compañía Mexicana X”, se encargaron de “comprar” los buenos oficios de los funcionarios de la CFE para otorgar contratos de servicios “presuntamente licitados” a la empresa ABB.
“La subsidiaria de ABB acordó pagar a la Compañía Mexicana X un porcentaje de las ganancias que le generaran los negocios que se lograran con la CFE”, señalan.
En diciembre de 1997, la CFE concedió un contrato conocido como “Sitracen” a la subsidiaria de ABB para actualizar tecnológicamente las bases centrales de la red del sistema de distribución de electricidad en México.
“Este contrato le generó más de 44 millones de dólares a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos”, apuntan los expedientes.
El otro contrato que destaca el Departamento de Justicia para fincar los cargos a O’Shea y a Maya Basurto es el que la CFE extendió a la subsidiaria de ABB en octubre de 2003.
“Este contrato, conocido como Evergreen, le generó ganancias de más de 37 millones de dólares” a la corporación estadunidense de ABB, puntualizan los cargos que formuló la Corte Federal en Houston el pasado 16 de noviembre.
Para la elaboración de este contrato y el encubrimiento de la transacción fraudulenta, O’Shea y Maya Basurto presuntamente involucraron los servicios de otra empresa, “Compañía S”, y los del denominado “Intermediario S”, puntualizan los documentos.
De este modo, la Compañía S se habría encargado de abrir y mantener cuentas bancarias en Alemania y Panamá para hacer “transferencias bancarias con el dinero entregado por la CFE en pago por los servicios proporcionados a los contratos Sitracen y Evergreen”.

Una novela policiaca

Como en una novela policiaca, los encausamientos narran los hechos en los que presuntamente incurrieron O’Shea y sus secuaces.
Conforme a los expedientes jurídicos, los funcionarios de la CFE informaron a O’Shea que los pagos se harían utilizando como intermediario a la Compañía S, al tiempo que O’Shea tenía que autorizar a Maya Basurto y al Conspirador X para hacer llegar el dinero al funcionario J de la CFE. Estas remuneraciones se realizarían con cheques a nombre de varios familiares de J.
Los desembolsos derivados del contrato Evergreen “se acordaron entre O’Shea, Maya Basurto, el Conspirador X y los funcionarios C y N de la CFE”, apuntan los documentos, y agregan: “Los conspiradores (…) establecieron que de manera colectiva los funcionarios de la CFE recibirían aproximadamente 10% de las ganancias percibidas por el contrato Evergreen”.
Con el registro del Departamento de Justicia en el sentido de que el contrato Evergreen generó ganancias de más de 37 millones de dólares a la subsidiaria de ABB, se concluye que los funcionarios C y N de la CFE recibieron por lo menos 3.5 millones de dólares.
En este mismo acuerdo, O’Shea habría pagado “1 millón de dólares” por los servicios de intermediarios que prestaron Maya Basurto y el Conspirador X.
Para encubrir dichas operaciones, “los funcionarios de la CFE se comprometieron a someter recibos y facturas falsos a la subsidiaria de ABB y a nombre de empresas fantasma.
“Maya Basurto fue el encargado de recibir las facturas y recibos falsos de parte del funcionario C de la CFE. Los conspiradores bautizaron a estos recibos con el nombre de ‘Pago de Impuestos del Tercer Mundo’”, indican los documentos.
Para hacer las transferencias de dinero, O’Shea y Maya Basurto mantenían una “nómina” que reflejaba los conceptos de “ganancias” que dieron a “los buenos tipos” de la CFE por el concepto de “Pago de Impuestos del Tercer Mundo”.
Según la investigación, Maya Basurto, bajo la instrucción y supervisión de O’Shea, se encargó de hacer las transferencias electrónicas de bancos mexicanos a cuentas bancarias en Estados Unidos, Alemania y Panamá.
“Por instrucción del funcionario C de la CFE, Maya Basurto envió dinero por medio de transferencias electrónicas a una cuenta en la firma financiera Merrill Lynch. El funcionario C también giro órdenes para que parte de las transferencias se depositaran en una cuenta bancaria a nombre del cuñado del funcionario N”, relatan los encausamientos, los cuales establecen además que, como parte del compromiso con “los buenos tipos”, “Maya Basurto pagó al funcionario C aproximadamente 20 mil dólares en dinero en efectivo”.
La investigación del Departamento de Justicia descubrió que algunos de los pagos a los funcionarios de la CFE se justificaron con facturas falsas a nombre de la Compañía S.
Conforme a los datos manejados, los funcionarios corruptos de la CFE habrían obtenido ganancias de aproximadamente 9% del total del dinero que generaron para la empresa ABB los contratos Sitracen y Evergreen.
De ser declarado culpable, O’Shea podría recibir una sentencia máxima de 20 años de cárcel y el pago de una multa por medio millón de dólares.
El Departamento de Justicia también responsabiliza a O’Shea de la pérdida de 2 millones 30 mil 76 dólares con 76 centavos ocasionada a la empresa ABB y de haber ordenado la distribución de unos 938 mil 436 dólares para corromper a funcionarios de la CFE.
Todo empezó cuando, a mediados de 2004, ABB descubrió las transferencias de dinero a funcionarios de la CFE que, a nombre de la subsidiaria en Texas, ordenaba O’Shea por medio de Maya Basurto. La firma se puso entonces en contacto con el Departamento de Justicia para presentar su denuncia.

En la ruta de la privatización...

Rosalía Vergara

Especialistas y críticos de la administración calderonista anticipan el fin del subsidio al consumo de energía eléctrica. Como mal precedente está la intención de aumentar las tarifas del suministro hasta en cien por ciento en algunos estados. El propósito: entregar el servicio a particulares. Y si de eficiencia se trataba, antes predominaban las quejas contra Luz y Fuerza del Centro; ahora, las protestas son contra la CFE por cobros indebidos…

El costo del consumo eléctrico de 6 millones de usuarios que recibían el servicio de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en el Distrito Federal, Estado de México y algunos municipios de Puebla, Morelos e Hidalgo aumentará más de 100%, advierten especialistas.
Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, dice que la estrategia del gobierno de Felipe Calderón es mantener el aumento gradual de las tarifas iniciado en 1999 por Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El exdiputado del Partido Convergencia y coordinador del libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad. ¿Por qué son elevadas las tarifas eléctricas? explica que los usuarios deberán pagar el costo de producción de energía eléctrica, además de asumir el retiro del subsidio de 42 mil millones de pesos que recibía LFC.
Señala que la CFE no tiene liquidez suficiente para hacer frente a los gastos. “Aunque haga la manipulación contable de los recursos, éstos no son suficientes, porque además tiene el reto de mejorar el servicio, y tan sólo en la Ciudad de México se necesita una inversión multimillonaria”.
En eso coinciden David Bohen y Sergio González Broca, del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), disidencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en entrevistas con Proceso y en un ensayo titulado: Elevación furtiva de las tarifas eléctricas.
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, afirmó en conferencia de prensa el lunes 4 de enero que el usuario tenía derecho al subsidio de consumo de luz tal y como lo brindaba LFC, y “no se está aplicando a los nuevos recibos de la CFE”.
Al liquidar LFC se elimina esa aportación del gobierno, pero el costo de producción y de la luz eléctrica que asumía el gobierno ahora será cobrado a los usuarios. “Esto se operará como se ha hecho en los últimos nueve años, de manera tramposa. La única salida que tienen es el aumento de las tarifas eléctricas”, cobrando “un precio promedio” del último recibo de luz de 2009 con un supuesto subsidio, a través de la CFE, asegura Velasco Oliva.
La intención, dice, es que los usuarios de la tarifa de uso doméstico pasen a la tarifa Doméstica de Alto Consumo, creada en el sexenio de Vicente Fox, que encareció el precio de la electricidad principalmente en el norte del país.
Velasco Oliva cita una declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en la revista El Mundo del Petróleo de octubre de 2009, en la que sostiene que los subsidios se deben dirigir a personas de escasos recursos y que el resto pague el costo real de los combustibles, e incluso un poco más por el servicio público.
Según las estimaciones de la funcionaria, la mitad de los usuarios domésticos de la CFE y LFC pudieran migrar hacia la tarifa DAC.
Velasco Oliva explica que las tarifas eléctricas deberán compensar la caída de ingresos de la CFE “porque ya no puede vender energía cara a Luz y Fuerza del Centro, y adicionalmente se le redujo el presupuesto de 220 a 211 millones de pesos”.

La intención de los aumentos

El pasado 3 de enero, la CFE anunció que a partir del 1 de enero las tarifas eléctricas aumentarán mensualmente y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4%. Para determinar el monto del alza se tomará como referencia la inflación y los precios internacionales del gas natural, carbón, combustóleo y diesel.
En enero, la tarifa de uso doméstico básico aumentará 0.03%, según determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hasta 2008, los subsidios representaban 50% del cobro en el recibo de luz, según la propia Secretaría de Energía, indica Velasco Oliva.
En su opinión, mientras aumenta la tarifa de uso doméstico, disminuirán los precios en las tarifas industriales. “Esa ha sido la política de estos gobiernos, principalmente del panista Felipe Calderón, que aumentan los subsidios a los empresarios y golpean el salario de los trabajadores cobrando las tarifas eléctricas a un alto costo”.
José Antonio Almazán, exsecretario del Exterior del SME, detalla que las protestas por cobros indebidos de energía eléctrica están a la vista. Pone como ejemplo el municipio de Candelaria, en Campeche, “donde una decena de ciudadanos pobres de esas zonas rurales se organizaron para protestar por los cobros excesivos. Hay tres presos políticos acusados de secuestrar a funcionarios”.
Ese y otros casos se desahogaron en el Encuentro Nacional por una Tarifa Social y Contra los Cobros Excesivos de Luz organizado por el SME en agosto del año pasado. Ahí se informó de ese caso que data de 2006, cuando la población se inconformó porque la CFE les cobraba recibos de hasta 5 mil pesos. En noviembre fueron detenidos Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borja, acusados de privación ilegal de la libertad del delegado estatal de la CFE, Leovigildo Domínguez López.
En abril pasado, inconformes de Ixtepec, Oaxaca, fueron detenidos por supuesta privación ilegal de la libertad, luego de protestar en las oficinas locales de la CFE contra el representante Eduardo Olivares, por la misma razón: altas tarifas eléctricas. Cinco personas escaparon de las autoridades y son consideradas prófugas.
Velasco Oliva recuerda que el año pasado la CFE fue una de las empresas con más quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): 4 mil 883 de enero a septiembre del año pasado. La dependencia inició 82 procedimientos por infracciones a la ley a escala nacional y aplicó 41 multas por un monto de 1 millón 811 mil 93 pesos.
El aumento al precio doméstico y de uso residencial se realiza de manera paralela a la privatización de la industria eléctrica desde 1997, según documenta el estudio Elevación furtiva de las tarifas eléctricas, elaborado por el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE).
David Bohen, extrabajador de la CFE y fundador del SUTERM, así como Sergio González Broca, especialista en la materia, ambos miembros del FTE, coinciden en que las tarifas eléctricas se incrementarán no sólo por el retiro del subsidio al consumo: seguirán aumentando de manera independiente porque es parte del proceso de privatización del sector, que en 2008 ya había concesionado 50% de la capacidad de generación a empresas privadas de capital trasnacional.
Según Martín Esparza, Iberdrola, Techint y Repsol, e incluso Unión Fenosa son las empresas beneficiadas durante el sexenio de Felipe Calderón.
El informe hace una revisión sobre el aumento de tarifas desde 1997 a 2008. Desde la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 existían seis tarifas eléctricas que se calculaban en periodos de consumo de 58 a 62 días y de mayores de 52 o 62 días. En el quinto bimestre de 2008 apareció por primera vez el historial de consumo de seis bimestres y el promedio del cobro total, indica.
En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari impuso la modificación a la ley de servicio público de energía eléctrica por particulares para su venta, “lo que está expresamente prohibido por la Constitución”. Sin embargo, antes de 1992 ya se habían autorizado permisos para la generación privada para abastecimiento y emergencia.
Un año después se crea la Comisión Reguladora de Energía, “un organismo con autoridad para otorgar permisos a las empresas privadas”, justo lo que hacía falta “para concretar en la práctica la privatización del sector eléctrico”.
Relata que el 12 de febrero de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo dio a conocer el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000 en el que se proponía, entre otras cosas, “alcanzar una estructura de precios y tarifas eficiente y equitativa que permita la adecuada capitalización del sector”.
Se permitía fomentar la participación del sector privado impulsando una mayor participación en la generación de energía eléctrica, recurriendo a esquemas de arrendamiento y de productores independientes de energía para las plantas generadoras, y establecer una política de precios y tarifas.
El 24 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para ajustar y modificar las tarifas eléctricas para “evitar el deterioro financiero del sector”. Pero en el programa zedillista se establecen restricciones a los subsidios. En 2000, las tarifas aumentaron 50% respecto de 1997.
El 29 de diciembre de 2000, recién estrenado el sexenio foxista, se publicó en el DOF el aumento a las tarifas para evitar el deterioro de la CFE y LFC. El objetivo era “mantener la política de deslices mensuales equivalentes a la inflación esperada para las tarifas de los sectores de servicios y agrícola”, dice el reporte.
Remata: “En mayo de 2001, el gobierno vuelve a mostrar total congruencia con sus planes de incrementar las ganancias para entregarlas a los generadores privados; por primera vez en los recibos de electricidad aparecieron el costo real por suministro, el importe a pagar por energía y dos subsidios: al consumidor y por otras transferencias. El cobro de estos últimos sobrepasan las dos terceras partes del costo real del consumo de luz”. Posteriormente se creó la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) para los consumidores de más de 3 mil kwh, “elevando exageradamente el precio de la electricidad”, dice.
En el análisis se destaca que el ajuste hecho por el gobierno de Fox a las tarifas provoca que mientras menos consuma el usuario los aumentos serán mayores gracias a la tarifa DAC “diseñada para golpear a los usuarios de más bajo consumo”.
David Bohen explica en entrevista telefónica que la última versión de los planes en el Programa de Obras de la Industria del Sector Eléctrico (POISE) 2009-2018 “indica que está cerca la privatización de la industria eléctrica”.

Aumentan 500% abusos de militares: CNDH

La redacción

MEXICO, D.F., 15 de enero (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, reconoció hoy que en los últimos dos años se han incrementado los abusos cometidos por elementos del Ejército mexicano.Y en refuerzo de su dicho, comentó que en ese periodo el número de quejas contra el Ejército registran un crecimiento de 500%, situación que atribuyó a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realiza labores que no le corresponden. Abundó: “En los últimos dos años se han incrementado de manera importante las denuncias contra el Ejército,. Por ello, es muy importante realizar tareas que permitan prevenir y limitar las violaciones a los derechos humanos". En opinión del ombudsma, no existe justificación para que, “con el pretexto de la seguridad pública se violen los derechos humanos de las personas”. Agregó: "Tenemos denuncias (contra el Ejército) por presiones arbitrarias, acosos legales, maltrato y tortura, lo que es parte de un trabajo que llevamos a cabo para prevenir y evitar que esto se dé". Plascencia Villanueva dijo que el Ejército acostumbra realizar acciones policíacas, lo que viola los derechos humanos. Indicó: "Es importante que contemos con policías que cumplan con su función y evitemos que el Ejército siga haciendo la función que no le corresponde. El Ejército no es policía. Sin embargo, ha tenido que cumplir esa función ante la falta de elementos eficientemente capacitados".

Reforma fiscal con parches

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- En este año electoral ya se habla de realizar foros para la tan sobada reforma fiscal que requiere el país. Pero siendo honestos, pocos ciudadanos confían en los dichos de los políticos y ahora, difícilmente podemos tomarles la palabra de que confeccionarán una verdadera reforma fiscal, mucho menos cuando estarán en juego 13 gubernaturas.
Los partidos en la Cámara de Diputados se preparan ya para programar foros rumbo a la citada reforma, incluso, entre los rumores surgidos esta última semana en San Lázaro está el que tanto PRI como PAN pretenden modificar nuevamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Como se recordará el IVA era de 10% para las zonas fronterizas y de 15% para el resto del país. A partir del 1 de enero de este año, y como resultado de la Ley de Ingresos que aprobaron diputados y senadores del PRI y el PAN, el 15 de octubre de 2009, subió un punto. Es decir quedó en 11% y 16%, respectivamente.
La propuesta que se discute entre el PRI y el PAN, presuntamente es que el eje central de tal reforma sea la disminución del IVA a 13% y que éste sea generalizado, es decir, que incluya alimentos y medicinas, los cuales, hasta el momento, están exentos de ese gravamen.
El PRI lo ha desmentido. Tan sólo el pasado viernes, el diputado de ese partido, Sebastián Lerdo de Tejada, aclaró que lo único discutido hasta el momento es el establecimiento del marco constitucional y legal que debe tomarse en cuenta en materia recaudatoria.
Falso o no de que estos partidos pretendan utilizar como bandera política la promoción para disminuir el IVA, lo cierto es que el famoso impuesto vuelve a estar en boca de todos, mientras que del tema de quiénes pagan o dejan de pagar impuestos en este país, no se toca. Y éste, es uno de los temas centrales que tendría que incluir una verdadera reforma fiscal.
El punto aquí es la falta de transparencia fiscal de parte del gobierno. Hasta ahora no tenemos la certeza de quiénes deben al fisco y cuánto obtendría el gobierno en recursos adicionales si realmente se decidiera a cobrarles.
La coyuntura para hacerlo la abrió justamente el gobierno federal cuando en su iniciativa de Ley de Ingresos planteó modificar el régimen fiscal en el tema del “pago de impuestos diferidos”, que no es otra cosa que los impuestos que deben las grandes empresas al gobierno y que, desde el año 2004, éste les permite pagar en cómodas parcialidades.
En su iniciativa, el gobierno propuso que parte de ese dinero que se debe, las empresas liquidaran el 60% para este año. Además, ofreció cifras, dijo que, de aceptarse la propuesta, se tendrían ingresos adicionales por 27 mil millones de pesos.
Pero ambos partidos, PRI y PAN, se opusieron y la recaudación pasó de 60% a 25% por pagar.
Si los partidos quisieran entrarle de verdad a una reforma fiscal que beneficie al país, debieran empezar por anular estos regímenes especiales. En cuanto al gobierno, éste debiera iniciar, de una vez por todas, a ofrecer información certera sobre cuáles son las grandes empresas y cuánto deben al fisco.
¿Por qué las grandes empresas? Pues porque al ciudadano común y corriente no se le ofrece la posibilidad de pagar en cómodas parcialidades el IVA del 15% que se le cobra en cada producto, mientras que a los empresarios sí se les permite pagar sus impuestos a plazos.
Esta transparencia fiscal debe incluir datos certeros y no cifras como las que, por ejemplo, se dieron a conocer recientemente sobre Bachoco, empresa propiedad del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Según la información que circuló en los principales diarios hace menos de un mes, este año la empresa pagará 200 millones de pesos por impuestos diferidos. Sin embargo, si nos atenemos a las cifras que se reportan sobre esta empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, su adeudo por impuestos diferidos es de mil 700millones de pesos.
Si la ley se modificó respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal, lo que deberá pagar es el 25% de su adeudo, esto es, 425 millones de pesos. Entonces ¿por qué sólo pagará menos de la mitad?, es decir, 200 millones de pesos.
La única respuesta que se nos ocurre es que la evasión fiscal continúa.
Podemos dar otras cifras que evidencian la falta de transparencia del gobierno. Por ejemplo, en aquel octubre de 2009 se informó que si se aplicaba el 60% de cobro al adeudo de los impuestos diferidos, el gobierno obtendría 27 mil millones de pesos.
Sin embargo, si vemos las cifras que aparecen en la BMV, tan sólo por los impuestos que se adeudaban en 2004, diez empresas debían 65 mil millones de pesos y del 60% que se pretendía recuperar, la cantidad habría sido de 39 mil 382 millones de pesos, no de 27 mil millones de pesos como afirmó el gobierno federal.
Por si fuera poco, ¡las cifras anteriores son sólo de 10 empresas y no de los 422 grupos que cotizan en la Bolsa!
Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esas cifras que ofreció al Congreso de la Unión?
Las 10 empresas a las que nos referimos y que juntas consolidaron impuestos en 2004 por 65 mil 637 millones de pesos, son: Cemex, América Movil-Telcel, Femsa Embotellador de Coca Cola, Telmex, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Maseca, Wal-Mart, Coppel, Vitro y Alfa.
Todo esto viene a cuenta, en primer lugar, porque si se desea realmente hacer una reforma fiscal este 2010 los legisladores tendrían que establecer mecanismos en la ley que obliguen al gobierno federal a proporcionar información real, a ser transparente y que todo el mundo pueda conocer quiénes son los que deben al fisco y cuánto.
Segundo, si se desea una reforma fiscal verdadera, no se trata de bajar o incrementar el IVA --que de manera inevitable tenemos que pagar todos los mexicanos--; se trata de que todos, ciudadanos común y corrientes, y grandes empresarios, cumplan con sus obligaciones fiscales para que, a su vez, puedan reclamar sus derechos sobre el uso de tales recursos, sobre todo para atender problemáticas sociales.
Pero difícilmente esto ocurrirá. Tenemos el antecedente aquí descrito: PRI y PAN tuvieron la oportunidad de cobrarle 60% de sus adeudos a las empresas y no lo hicieron. Tan sólo pasaron el cobro de su adeudo de 60% a 25%.
Lamentablemente, hay elementos para pensar que esto no ocurrirá, uno de ellos es que se trata de un año electoral. ¿Usted sabe cuánto aporta cada uno de estos empresarios a las campañas políticas? Con certeza sólo los partidos lo saben; los demás mortales llegamos a tener información suelta de que, generalmente, los apoyan con varios millones de pesos, como ocurrió con Cemex y Bimbo en la elección presidencial de Vicente Fox aquel año 2000.
A la dupla PRI-PAN le aterroriza echarse de enemigos a los empresarios, por lo tanto no podemos creer que habrá un cambio que alcance la eliminación de todos los regímenes especiales.
Además, estamos en año electoral y lo que los partidos están acostumbrados a ofrecer son ilusiones a los ciudadanos, y a entregarles migajas de lo que muchos de sus políticos obtienen. Una gran migaja sería acariciar la posibilidad de disminuir el IVA, uno de los temas más sensibles para la población.
En suma, una verdadera reforma fiscal debiera incluir la eliminación de privilegios para los grandes empresarios y la entrega obligada de información real del gobierno federal al Congreso de la Unión y a la población en general.
Pero esto, en un año electoral tan importante donde se juegan 13 gubernaturas, difícilmente ocurrirá. Y sin pretender ser pesimista, la gran reforma fiscal quedará en simples foros y nuevos parches fiscales, los cuales se aplicarán en la Ley de Ingresos del 2011 que se discutirá en octubre próximo. Por cierto, un par de semanas después de que ocurra la última elección para gobernador.

Cipriana Jurado, vivir en peligro

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 14 de enero (apro).- El movimiento feminista a mediados del siglo XIX fue una larga apuesta, sin duda, para cambiar al mundo. Las iniciadoras de ese largo entramado, además de luchar por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, apoyaron el movimiento anti-esclavista, apoyaron los primeros movimientos pacifistas.
Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo promovieron en plena guerra (1914-1919) la primera conferencia internacional de Mujeres por la Paz, sabedoras de que el conflicto y la guerra sin fin, perjudicaba la convivencia humana. Probablemente hoy serian las abanderadas en denunciar cómo una guerra sin cuartel, entre hombres, afecta sobre todo a la población civil.
De esa estirpe vino a nuestro entorno contemporáneo Josefina Reyes, ultimada el 3 de enero de este año. Josefina figura ahora entre los 150 casos de abusos militares desde que se inició el operativo Chihuahua que se ha llevado, entre decenas de víctimas, a las y los defensores de derechos humanos en nuestro país.
Ahora está en peligro Cipriana Jurado Herrera, compañera de Josefina que ya percibe que ha quedado sola y que su colaboración con esa Josefina de todos los tiempos, en la elaboración de un informe sobre los crímenes en Ciudad Juárez, la señala como incómoda. Su vida en efecto peligra.
El Operativo Chihuahua, según todos los indicios, hechos y documentos rastreados por el trabajo de los periodistas que ahora también viven en peligro, ha significado toda clase de abusos a las personas, a los familiares de casa en casa, a los deudos dolientes.
La denuncia parece insuficiente. Apenas hace unos días el Felipe Calderón ratificó su decisión de continuar la guerra, es decir de mantener, a pesar de todas las críticas, su campaña de armas que nos hostiga y nos desalienta.
El domingo 10 de enero, de ocho reporteros en distintas partes del país, informan en una larga crónica publicada por La Jornada, que dio cuenta de al menos 44 ejecuciones en un fin de semana, siete eran mujeres, además de una niña baleada. Un reporte alucinante por cotidiano. De esas 44 ejecuciones, 21 correspondieron a personas en Ciudad Juárez.
Ninguna cuenta, ninguna descripción, donde se hallan datos del crecimiento de la crueldad (mutilaciones, levantamientos o secuestros inesperados, ejecuciones frente a los ojos de criaturas y mujeres) puede ser justificada en esta hora.
Lo más grave es que la documentación referida por los diarios y revistas del país, por las investigaciones de Amnistía Internacional, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y por los expedientes de queja abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han dado la pauta a las declaraciones de Judith Galarza Campos, quien dijo que se está conformando en el país un crimen de Estado, no sólo por los abusos de los militares sobre la población civil, sino porque se ha identificado a “militares vestidos de civil que son parte de un grupo paramilitar que el gobierno mexicano ha formado para sofocar cualquier foco rojo que pudiera genera inestabilidad social”.
Galarza Campos es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Familiares de Personas Desaparecidas (Fedefam), organismo con carácter de consultor en la ONU, de amplia experiencia en la identificación de abusos militares en regímenes fascistas en América Latina.
Es decir, las denuncias sistemáticamente difundidas en los tres años en que Calderón reside en Los Pinos, no solamente son producto de esa guerra “contra el crimen organizado”, sino que forman parte de una estrategia gubernamental y/o de los grupos de poder, para acallar la protesta social y resolver las demandas de la población a sangre y fuego, sin el más mínimo recato.
Y en ese fango que empieza a aprisionarnos, las mujeres luchadoras por los derechos y la integridad de las y los otros, son víctimas tanto como los hombres. Es sencillamente inaceptable.
Cipriana y Josefina a través de las organizaciones civiles que fueron sorprendidas en 1993 por la cuenta del asesinato de mujeres, el feminicidio, son como aquélla Rosa Luxemburgo que advirtió lo que significaba desatar el engranaje del uso de la fuerza como única solución para los conflictos.
Rosa tuvo razón, la primera guerra mundial no logró resolver ningún problema. Dos décadas después, el nazismo y el guerrismo de Adolfo Hitler acabarían con toda una generación de hombres y mujeres judíos y de las diversas izquierdas y resistencias europeas, dejándonos una lección que los dueños del poder en México no aprendieron.
Es por la paz y la solución pacífica de los conflictos por lo que el feminismo, en los dos últimos siglos ha luchado denodadamente, porque en la simiente de la furia humana está la desigualdad y la discriminación.
En esta hora en que se levantan todas las voces contra esta equivocada política del desgobierno de Felipe Calderón, es insoportable el cinismo y el silencio de todas y todos los que lo rodean y es inaceptable la indiferencia frente a sucesos tan repetidos y documentados, en donde es claro que a la muerte por aborto –también confinada-, a la que sucede por la falta de políticas reales a más de 4 mil mujeres cada año, por los cánceres femeninos, a las que en la marginalidad mueren por el frío por falta de proteínas, se sumen aquéllas que o viven en sitios como Ciudad Juárez o levantan la voz para acabar con la barbarie.
Nadie debería permanecer en el margen de ésta, nuestra situación.
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx

Gobierno policial

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- Entre sus afanes policiales y los compromisos con Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón no cesa en su propósito de control ciudadano.
El anuncio hecho el pasado jueves 14 por la Secretaría de Gobernación de suspender la Cédula de Identidad Ciudadana es sólo una manera de sortear las críticas a la emisión del documento.
En realidad, Calderón avanza en lo que verdaderamente le interesa: crear una base de datos con información personal de los futuros ciudadanos mexicanos.
El subsecretario de Población, Alejandro Poiré, anunció que el gobierno mexicano creará una base de datos con los menores de edad y los extranjeros.
Esa base contendrá la información biométrica de los nuevos ciudadanos: huellas dactilares y oculares; además de la historia familiar de los individuos.
Con el argumento de que la Ley General de Población previó desde hace dos décadas la creación de un registro nacional ciudadano, y uno de menores de edad y extranjeros, la Secretaría de Gobernación pretende ir más allá de esa información.
Entre las intenciones de Calderón está la de integrar a esos datos antecedentes económicos, financieros y cuanta información de las personas tienen en su poder la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra dependencia. El resultado serán verdaderas fichas de control de las personas.
Sin el consentimiento de los nuevos ciudadanos, su información será concentrada y estará a disposición gubernamental.
A diferencia de países donde antes de elaborar estas bases de datos y emitir una cédula de identidad se regula el manejo gubernamental de esa información, en México el gobierno de Calderón se adelantó, ventajosamente, a la Ley de Protección de Datos Personales, que como tantas otras están congeladas en el Senado.
Tal es su prisa que ya tiene resueltas las licitaciones para la adquisición de la tecnología y para la elaboración de las bases de datos. Una de las empresas seleccionadas, por cierto, Smartmatic, de origen holandés, fue investigada por el FBI por presunta evasión fiscal.
El debate sobre lo que iba a ocurrir con la credencial de elector ocultó esos otros propósitos del gobierno calderonista.
Al cancelar la emisión de la cédula, la credencial para votar que emite el Registro Federal de Electores (RFE) se mantendrá como el documento de identificación oficial. Pero, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación sacó ventaja, pues el Instituto Federal Electoral incluirá en las nuevas credenciales de elector la Clave Única de Registro de Población (CURP) información biométrica de los electores.
Ya en el exceso y el autoritarismo, el gobierno de Calderón llegó a pretender el padrón electoral del RFE. No lo logró, pero para este año ya dispone de mil millones de pesos para empezar a elaborar las bases de datos de futuros ciudadanos.
Alineado en la lógica estadunidense de seguridad, Calderón quiere dejar las bases de un estado policial donde todos y cada uno de los ciudadanos puedan ser controlados a partir de su información personal.
jcarrasco@proceso.com.mx

Remontar la cuesta

Olga Pellicer

MÉXICO, D.F., 14 de enero.- Las perspectivas para el lugar de México en el mundo durante el año que se inicia no son prometedoras. Hay muchas cuestas que remontar y pocos apoyos para subirlas. Vale la pena, sin embargo, reflexionar sobre lo que podría ayudar y los costos de no lograrlo. El tiempo se acaba; México se queda atorado o logra colocarse, al menos, a la mitad del camino.
Lo primero es levantar la estima por México ante la opinión pública nacional e internacional. El país tiene una imagen crecientemente negativa ante propios y extraños. Imposible ocultar los hechos dolorosos que la propician: la violencia, la corrupción, los retrocesos, la pobreza que aumenta, la economía que no crece, el sistema político que no funciona.
En consecuencia, la autoestima anda muy baja. Las encuestas nos dicen que los mexicanos tienen una pobre opinión del presente y esperan poco del futuro. Según la encuesta Mitofsky, al finalizar el 2009 los mexicanos coinciden en que la economía es peor que hace un año; en que la política está en esas mismas condiciones; en que la inseguridad ha empeorado. En resumen, se presentan “con un ánimo muy deteriorado, evaluando su situación en mal momento, con bajas expectativas y autoevaluaciones negativas”.
México trasmite al exterior ese malestar que se apodera del país. Para mejorar la imagen externa se requerirían logros internos, y esto no se alcanzará con los discursos televisivos del presidente prometiendo un futuro mejor. Sin embargo, algo podría mejorar con una buena política de comunicación, bien pensada, capaz de detectar cómo y con qué instrumentos lograr que la visión de México no esté dominada por el desánimo y la violencia. Poca esperanza queda cuando vemos la imagen que recorrió el mundo sobre la captura de un famoso narcotraficante. Cuando las fuerzas del orden adoptan actitudes similares a las del crimen organizado en su forma de capturar y agraviar, lo que se obtiene no es un sentimiento de orgullo por los fines alcanzados, sino un motivo de horror por lo que está pasando.
Ahora bien, existen otras formas de comunicación que ya no dependen del profesionalismo de las gentes del gobierno, sino de una nueva generación de comunicadores y creadores de redes sociales, la cual está surgiendo acompañada de las nuevas tecnologías. Ya no sabemos qué importa más, si los comunicados de la Presidencia, el noticiario de Televisa o los mensajes por Twitter en que participan millones de usuarios de internet. ¿Serán ellos quienes mayormente decidan sobre la imagen de México?
En el año que se inicia, México tiene oportunidad de colocar en el centro de la agenda otros temas y preocupaciones para mejorar, con ello, su mala imagen. Todo dependerá de cómo se haga y cómo se informe al respecto. Un tema es la reforma de las instituciones políticas. Existe la opinión generalizada de que éstas funcionan mal, los ciudadanos no quieren a los partidos políticos, están desilusionados de la democracia, tienen pésima opinión de sus representantes, piensan acertadamente que la transición hacia la democracia en México se pasmó.
La discusión sobre la reforma política que Felipe Calderón ha puesto sobre la mesa, pero que está en el aire desde hace muchos años por parte de numerosas fuerzas políticas, es algo que puede hacer remontar los ánimos, una oportunidad de lograr acuerdos, de mostrar que es posible mejorar, conciliar, opinar sin violencia, debatir y sentirse, al fin, orgullosos de dar un paso adelante. Se trata de negociaciones difíciles pero no imposibles. Todo depende de que los liderazgos políticos tomen conciencia de la urgencia de tener mejor gobernabilidad, y de que la ciudadanía logre incidir en llevar por buen camino los debates. Sin lugar a dudas, o al menos así lo espero, los twiteros desempeñarán un papel importante.
En los asuntos internacionales México tendrá un fuerte desafío que vencer al celebrarse aquí en el mes de noviembre la próxima conferencia mundial sobre cambio climático. Copenhague dejó muchas enseñanzas sobre las enormes responsabilidades del gobierno anfitrión desde la perspectiva de la buena diplomacia y de la actuación de las fuerzas del orden público.
Los diplomáticos mexicanos tendrán gran responsabilidad en todos los preparativos: decidir la integración de grupos de contacto; promover el equilibrio entre la diplomacia de eficiencia inmediata, que decide entre pocos, y la participación plural y amplia propia de cualquier conferencia de Naciones Unidas; redactar documentos de trabajo claves, y, desde luego, organizar toda la logística de buen funcionamiento y seguridad que supone una conferencia mundial.
Por otra parte, las fuerzas del orden tienen que estar preparadas para la presencia de la sociedad civil organizada, a veces en salones de discusión, otras en las calles, otras ante los funcionarios gubernamentales. La democracia danesa no salió bien parada de esta conferencia. La brutalidad de sus fuerzas del orden, los arrestos poco justificados, la imprevisión sobre los espacios que requerían las ONG, dejaron mala impresión de un país que, normalmente, hubiese obtenido una alta calificación por su sistema democrático y el funcionamiento de su seguridad.
Para México esa conferencia es un gran reto. Junto con muchos otros temas del ámbito internacional, al finalizar el 2010 tendrá motivos para pensar que en algo pudo remontar la cuesta, o que acabó hundiéndose en el camino.

El valor en un país desfondado

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 13 de enero.- Abrimos 2010 con acontecimientos que no sólo sobrepasan, sino que han desfondado la vida política entendida en su sentido de bien y sentido común. Diversos en su expresión –aumentos en los impuestos y los productos, desempleo, narcotráfico, criminalidad, violencia, descontento–, dichos acontecimientos guardan, sin embargo, un mismo fondo: la perversión de todo en valor. Esta palabra, usada irresponsablemente por todo tipo de consultores, sacerdotes, moralistas y políticos liberales –“hay que educar en valores”, dicen con una irresponsabilidad aterradora–, es, en su fondo, la base sobre la que se asientan la destrucción de la vida política y los grandes males que nos aquejan.
Es verdad que en la Antigüedad el valor tenía un sentido moral, que aún puede rastrearse en las acepciones de los diccionarios. Aunque, como decía Voltaire, no es “una virtud, sino una cualidad que comparten los bribones y los grandes hombres” –se puede, como un terrorista, ser cruel y valiente a la vez–, el valor –que sólo se hace virtud si se pone al servicio de otro o de una causa general y generosa– es un ingrediente fundamental de la moral. Alguien temeroso jamás puede ejercer su deber –el miedo es egoísta; la cobardía y la mentira lo son también–. El valor está, en este sentido, muy próximo a la dignidad, indica algo que moralmente es precioso y magnífico.
Por desgracia, desde inicios del siglo XVII el término comenzó a designar lo que es deseable, útil e incluso lo que se debía, para convertirse, durante el siglo XVIII, con el liberalismo económico, en el precio de venta de los objetos que se volvieron bienes. Lo que antes era la sustancia de una virtud, tocado por el mercantilismo se transformó en una realidad medible, manipulable y maximizable.
Nada, desde entonces, más contrario al bien que el valor, y, sin embargo, nada, hoy en día, más relacionado con el bien que ese mismo principio. En ética y en política, el valor ha invadido todo lo que tiene que ver con el bien, al grado de que el dinero, que tasa todos los valores, se ha convertido en el símbolo de los bienes.
Desde el momento en que es posible tasar cualquier cosa como valor y “bien” –la integridad de un ser humano, la sexualidad, el trabajo, los sacramentos, la vida política, la educación, la medicina, una botella de refresco o de agua–, la vida política se ha ido desfondando, al grado de que entramos en 2010 en una lucha intestina por el dinero que nos permite adquirir valores. Nadie, ni el presidente ni los secretarios ni las cámaras ni los partidos ni la ciudadanía –sometida a dosis tributarias y de encarecimiento de los “bienes”–, está interesado en el bien común, es decir, en la vida buena y en el valor en el sentido antiguo y moral de la palabra, sino en la búsqueda de valores que permitan obtener dinero. De allí la violencia, tanto del crimen organizado como del gobierno y de los criminales de cuello blanco; de allí la indignación de los ciudadanos, que se ven día con día despojados de su capacidad para adquirir valores; de allí también la incapacidad e insensibilidad del presidente, de su equipo, de las Cámaras y de los partidos para comprender el sentido de lo que el bien significa.
Todos, sometidos al principio del valor moderno, buscan dinero de cualquier forma para generar y obtener más valores, ya sean positivos o negativos. No importa que, contraviniendo el sentido antiguo y moral del valor, se dañe a otros. Lo que importa es hacerse de ellos. Para muestra baste ver a Calderón, al “góber precioso”, a Ulises Ruiz, a Peña Nieto, a la policía y al Ejército vulnerados por el dinero de los narcos; a Slim, a Azcárraga, a Salinas Pliego, a Elba Esther, a Esparza, a la mancuerna López Obrador-Juanito, a Onésimo Cepeda, a Norberto Rivera, las innaturales alianzas entre la Iglesia y el Estado, las componendas de los partidos, los sindicalismos corporativistas, las complicidades entre mafias legales y no legales, etcétera.
Adondequiera que volvamos el rostro, el valor prima sobre el bien y sobre el sentido de la proporción y de la vida buena. En un mundo así, ya no se trata de elecciones morales, sino de soluciones a problemas en donde no sólo los lenguajes, sino las maneras de pensar propias de los militares entran en el campo de las relaciones humanas. Así, las estrategias “purifican” el valor filtrando en él la noción de “oportunidad” y eliminando el bien de la ética.
Por ello, a inicios de 2010 el país está desfondado.
Volver al valor en su sentido antiguo y crearle de ese modo un fondo, un suelo al país, implicaría volver a la palabra gratuidad –una palabra que el cultivo de los valores desprecia–, es decir, a esos actos que carecen de utilidad objetiva o de interés, y que se realizan porque son buenos y bellos –en el sentido moral y no estético del término–. Cuando alguien da de comer a otro; cuando otro, sin interés alguno, va en su ayuda, esos actos, a diferencia de los que se gestan en los valores, no están orientados hacia nada. Son, por el contrario, pura gratuidad, pura bondad, pura vida política en su sentido original, puro sentido común. Aristóteles lo dijo mejor: un hombre de valor es aquel que actúa “por la belleza del acto (...) por amor al bien”.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

¿Y El Chapo?

José Gil Olmos

MEXICO, D.F., 13 de enero (apro).- En un reciente artículo el diario inglés The Economist hace un análisis del combate al narcotráfico en México por parte del gobierno de Felipe Calderón, y al revisar los operativos y detenciones que han realizado, da cuenta que al grupo de El Chapo Guzmán poco se le ha tocado, dando lugar a las sospechas de que es favorecido por el gobierno del PAN.

La versión de la protección gubernamental hacia el grupo de narcotraficantes de Sinaloa comandado por El Chapo no es nueva.
Desde que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se escapó de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande Jalisco, el 21 de enero de 2001, en pleno gobierno de Fox y a los pocos días de la inspección al penal que hiciera Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta sospecha de protección oficial ha ido creciendo.
Y es que, según reportes federales, al momento de su escape se dijo que El Chapo salió de su dormitorio, cruzó la terraza, el área de gobierno, la aduana y la zona restringida hasta la zona de ingreso al penal, sin que nadie lo viera. Supuestamente salió en un vehículo que nadie revisó.
Fue tan increíble el escape que hasta un corrido le hizo Valentín Elizalde – muerto por una ejecución del narco--, en el que cuenta que hasta un avión tenía preparado para llevarlo a Sinaloa.
La buena suerte ha estado desde entonces con la familia Guzmán. En junio de 2005, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario del Distrito Federal, negó a la PGR al menos 12 órdenes de aprehensión contra igual número de familiares y amigos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ese mismo juez ordenó la liberación de Iván Archivaldo Guzmán en abril de 2008, luego de que detenido el 14 de febrero del 2005 acusado de lavado de dinero. También liberó a su prima Claudia Adriana Elenes Salazar, a quien se le imputaron diversos delitos, entre ellos narcotráfico.
A pesar de la recompensa de cinco millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos puso a la cabeza de El Chapo, el jefe del cartel de Sinaloa ha vivido relativamente en calma en estos años. Tanto que el 2 de julio de 2007 se casó en el municipio de Canelas, Durango, con una joven de 18 años, Emma Coronel Aizpuru, reina de la belleza de la región.
La boda fue todo un acontecimiento. Mucha gente lo supo, y difícilmente las autoridades hicieron algo para detenerlo. Feliz, El Chapo se casó y ha estado deambulando por diversas regiones de ese estado y en otras partes del país.
El 17de abril de 2009, el arzobispo de la arquidiócesis de Durango, Héctor González Martinez, declaró a diversos medios de esa entidad, entre ellos al diario Análisis Político, que el jefe del narco sinaloense estaba en el municipio de Guanaceví. "El Chapo vive más adelante de Guanaceví, por ahí vive, todos lo sabemos menos la autoridad", dijo.
Ha sido tan evidente el halo protector del gobierno hacia Joaquín Guzmán que, a fines del año pasado, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, denunció públicamente que el cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo, recibe protección del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
El periódico británico hace alusión a la sospecha que circula, de que el gobierno de Felipe Calderón no jala parejo en su guerra contra los grupos del narcotráfico y que algunos de ellos, incluso, estarían siendo beneficiados, el de El Chapo, principalmente.
En su artículo cita un dato revelador proporcionado por el especialista Edgardo Buscaglia, quien ha sido asesor en la ONU. Según el profesor del ITAM, el cartel encabezado por El Chapo maneja el 45 por ciento del comercio de la droga en México y sólo 941 personas detenidas de las 53 mil 174 vinculadas con el narcotráfico es gente de El Chapo.
Aún más, los golpes más fuertes al narcotráfico mexicano han sido a las organizaciones adversas al cartel de Sinaloa. Esto es, a La Familia de Michoacán, los Arellano de Baja California, los Beltrán Leya del cartel de Juárez y Los Zetas.
“En el juego de la suma de cero del comercio de la droga, una pérdida representa una ganancia para el otro”, concluye el diario inglés, al hacer una observación nítida de la idea popular mexicana de que cada gobierno tiene a su cartel favorito y que en el caso de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, El Chapo es el beneficiado.

Ciudad Juárez: El poder del perro

Jenaro Villamil

A la memoria de Esther Chávez Cano

MEXICO, DF, 12 de enero (apro).- Con el título de “El poder del perro”, el guionista estadunidense Don Winslow noveló, con datos reales en algunos casos, la penetración del narcotráfico en la vida mexicana.
Winslow describe claramente que el “poder del perro” no sería posible sin la complicidad de los cuerpos de inteligencia estadunidenses y mexicanos, de las autoridades policiacas, militares, políticas y hasta eclesiásticas. Las redes alcanzan los niveles más insospechados.
Lo que en la obra de Winslow es una especie de ‘docudrama’ de la situación mexicana –teniendo como epicentro a la Tijuana de los Arellano Félix y el poder de Miguel Ángel Félix Gallardo, el otrora “jefe de jefes”-- en Ciudad Juárez, Chihuahua, el otro polo fronterizo del trasiego de drogas, armas y migrantes a Estados Unidos, se ha convertido en una auténtica tragedia.
En esta ciudad no hay lugar para los débiles ni para la justicia. La urbe de un millón 400 mil habitantes está clasificada en 2010 como la más violenta del mundo, según los datos de la organización Movimiento Blanco.
En los últimos tres años (2007 a 2009), las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado se incrementaron en 800% en esta frontera.
Tan sólo en 2009, los homicidios dolosos sumaron 2 mil 658 personas. Y en los primeros once días de este 2010, la cifra ha alcanzado cien asesinatos en menos de una quincena.
Lo peor es que estos datos no se corresponden con expedientes y seguimientos judiciales precisos de cada uno de los casos. La “segunda muerte” en Juárez es el anonimato de las propias víctimas de la ola de violencia.
El castigo brutal, inmerecido y dantesco que viven los habitantes de Juárez no tiene paralelo con ninguna otra ciudad mexicana.
Los juarenses saben bien que se trata de “el poder de la línea” lo que ha generado la espiral reciente de inseguridad, violencia y miedo.
Algunos de los más informados se atreven a aventurar que se trata de un reacomodo tremendo para entregarle esta plaza al cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo más poderoso de los sexenios panistas, enfrentado a sus adversarios del propio cártel de Juárez, del Golfo y Los Zetas, aliados, al parecer, a las redes de los Beltrán Leyva. El imperio de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, se ha convertido en el botín más preciado.
El castigo es tremendo porque desde 1992 y 1993 la negligencia de las autoridades municipales, estatales, federales y binacionales sólo ha agravado la situación.
Primero Ciudad Juárez alcanzó notoriedad mundial por la barbarie cometida contra más de 400 mujeres asesinadas. La orgía de odio, impunidad y complacencia frente a los crímenes seriales y a la violencia de género nunca ha sido aplacada por las protestas y denuncias de decenas de organizaciones locales e internacionales. Al contrario, a mayor protesta, mayor impunidad.
El expediente relacionado con los ocho cuerpos de mujeres jóvenes encontradas hace casi diez años en el lote algodonero –un sitio ubicado en el corazón de la zona maquiladora de Juárez-- llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La sentencia no tiene medias tintas: es el Estado mexicano el responsable de 17 años de feminicidio continuado. Ni los exgobiernos del PAN y del PRI en Chihuahua, ni el del presidente Felipe Calderón, se han inmutado ante el vergonzoso veredicto.
Al expediente de los crímenes de odio contra las mujeres se ha sumado el de cientos de desaparecidos. Algunos cuerpos han sido encontrados en ‘narcofosas’. Se calcula que existen más de 20 casas de seguridad donde aún están cadáveres no encontrados.
En 2003-2004, el gobierno panista de Vicente Fox quiso aminorar la presión de la opinión pública nacional e internacional con un operativo policiaco que no frenó la espiral de violencia en Ciudad Juárez.
Sólo por dar un ejemplo de la simulación que se vivió en esos meses: mientras los “muchachos” de la Policía Federal Preventiva perseguían a los delincuentes en los barrios pobres, al lado de la delegación de la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez operaba una discoteca que todo mundo sabía que pertenecía al “cártel”. Era una pirámide ostentosa que imitaba a las egipcias.
La situación se agravó en este sexenio. Desde 2007 a la fecha, el Operativo Conjunto Chihuahua abrió las compuertas del infierno. Al feminicidio, los desaparecidos y los crímenes entre sicarios y contra autoridades ministeriales, se han agregado la industria del secuestro –los capos en pugna requieren dinero en efectivo, rápido y en grandes cantidades--, así como la persecución y el asesinato de periodistas y activistas de organizaciones de derechos humanos.
Las ejecuciones recientes de Josefina Reyes, de Jesús Alfredo Portillo Santos y de Flor Alicia Gómez López sólo han incrementado una sospecha en Juárez: a la guerra entre bandas del crimen organizado se ha sumado la guerra de efectivos militares en contra de los activistas (ver reportaje de Gloria Leticia Díaz, Proceso 1732).
El gobernador saliente Jesús Reyes Baeza y el alcalde juarense José Reyes Ferriz anunciaron hace dos días que se pondrá en marcha un Plan de Intervención Juárez, con la participación de “asesores” colombianos y estadunidenses para este año.
En otras palabras, Juárez vivirá “el poder del perro” en su máxima expresión: una cabeza de playa del intervencionismo sin que existan garantías básicas para los habitantes de esta ciudad.
Ciudad Juárez seguirá siendo el termómetro de nuestro fracaso como nación, que soñó con la transición democrática y amaneció con “el poder del perro” en las entrañas.
Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

Calderón no es la patria

Álvaro Delgado

MEXICO, DF, 11 de enero (apro).- En una maniobra que busca encubrir su ineptitud y el incumplimiento de su palabra, como el aumento a las gasolinas que han generado una espiral alcista que no ven sólo los ciegos y los cómplices, Felipe Calderón se autoproclamó prócer de la nación y equiparó su infecunda gestión con la patria.
Nada menos.
Tal hazaña de Calderón tuvo lugar el viernes 8, en una extensa disertación ante personal del Servicio Exterior Mexicano, que previamente tuvo que empacharse con las exposiciones del escritor Héctor Aguilar Camín y el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, proveedores de los insumos triunfalistas.
Valiente como Hércules y astuto como Napoleón, Calderón se dijo vencedor de la “triple crisis” que México enfrentó en el 2009: Una, la influenza, que según él pudo haber costado la vida a 20 millones de mexicanos; dos, la sequía que hasta hoy informa que fue “la peor en 60 años”, y tres: “la guerra que han tenido, fundamentalmente, cárteles mexicanos en la disputa por el territorio”.
Como si todo estuviese resuelto y México se hubiese transformado en un paraíso, Calderón proclamó: “Hoy podemos reunirnos con la satisfacción del deber cumplido y, también, con la urgencia y la atingencia de las tareas por hacer en el futuro.”Enseguida, en su exposición procedió a fustigar a los mexicanos que, según él, se dedican a hablar mal de México, como él mismo ha sido testigo, pero no tuvo la valentía para identificarlos.
“Yo sé que hay quien vive y se regocija de hablar mal del país, pero a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo los mexicanos por saber distinguir dónde está el debate político, dónde está la discrepancia y dónde hay un interés superior que la República demanda y merece.”
Es obvio que Calderón se equivoca: Someter a escrutinio su gestión y criticarla por su esterilidad no equivale, como él quiere hacerlo creer, a “hablar mal de México”, ni oponerse y tener memoria histórica significa ser apátrida.
En todo caso el responsable de que en el mundo haya la percepción de que “México es un caos”, como textualmente lo admitió en su perorata, es él mismo porque nadie toma en serio a quien, una y otra vez, miente a sabiendas.
Menos aún cuando funcionarios de su gobierno se han dedicado a descalificar las opiniones y cifras que acreditan que México tuvo el peor desempeño en América Latina ante la crisis financiera y ahora, ante las alzas en las gasolinas, actúan de manera análoga.
Es muy petulante que Calderón se compare con la patria, pero eso ya no es raro. El, su gobierno y su partido se asientan en la mentira.
La más reciente, y no hay que olvidarla, es la del aumento al precio de las gasolinas que, según Calderón, se mantendrían en el mismo precio durante todo 2009, tal como se pactó en el plan anticrisis aprobado el 7 de enero de ese año.
En efecto, en el “segundo pilar” del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, firmado por Calderón, se establece textualmente: “Se congelarán los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año”.
Yo mismo le recordé a César Nava, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), ese compromiso de Calderón, pero desde el sábado 19 de diciembre, en plena temporada navideña, se materializaron tres aumentos a la gasolina, el diesel y el gas.
--¿Por qué Calderón no cumplió su palabra? ¿Por qué volvió a engañar a los mexicanos? –le pregunté.
--El gobierno federal y, por supuesto, el presidente Calderón cumplieron a cabalidad este compromiso durante 2009–respondió--.
Fue hasta finales de diciembre (sic) cuando debido precisamente al hueco de las finanzas públicas, a las insuficientes presupuestales para cerrar el ejercicio, que se hizo necesario aplicar un desliz o parte de un desliz aprobado por el Congreso.Nava dijo que el pacto anticrisis “tiene como antecedente” la Ley de Ingresos y la Ley de Impuestos Especiales de Productos y Servicios (IEPS), aprobados por el Congreso para 2009.
“De manera tal que reclamarle al gobierno federal el supuesto incumplimiento de un acuerdo ignora, ignoraría precisamente la Ley de Ingresos de 2009 y la Ley del IEPS. Ahí están los artículos en ese momento aprobados por todas las fuerzas políticas vigentes con fuerza obligatoria, lo que hizo la Secretaría de Hacienda fue aplicarlos a la letra.”
--¿Por qué Calderón se comprometió públicamente a eso si tenía conocimiento de la Ley de Ingresos y del IEPS? –insistí.
--Lo dicho: Durante todo 2009 el pacto fue honrado. A finales de diciembre las insuficiencias presupuestales, el hueco en las finanzas públicas hicieron necesarios estos deslices, que son mucho menores y que no tienen un impacto inflacionario.Nava y, claro, Calderón piensan que los mexicanos son estúpidos...
Apuntes
El jueves se cometió el primer asesinato del año de un periodista en México, Valentín Valdez, del periódico Zócalo, con lo que suman ya 60 en los gobiernos de Vicente Fox y Calderón, y unos días antes fue abatida a balazos Josefina Reyes, activista contra la represión y la defensa de los derechos humanos. Dice Calderón que es el crimen organizado el que atenta contra los periodistas y los ciudadanos. No. También es el Estado que, al no esclarecerlos y castigar a los responsables, auspicia que se sigan cometiendo… El Estado, y Calderón se dice jefe del Estado, encubre, por ejemplo, al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, vinculado con el tráfico de drogas…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

El nuevo Estado laico

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 12 de enero.-

1. Para finales del siglo XIX México estaba al frente de la evolución cultural, con las naciones que habían separado a su Estado de la Iglesia. La Iglesia católica, protestante o islámica, según el país.
Durante el siglo XX, México iría desarrollando las benéficas consecuencias de ese Estado laico. Una educación común para todos con la ciencia como norte, que fundaría una nueva identidad nacional. La no injerencia de los sacerdotes en la política y en el proyecto de salud pública. Y una libertad de cultos real.
Tal fue el Estado laico que heredamos l@s mexican@s que hoy vivimos los inicios del siglo XXI.
El nuevo Estado laico que avanza en Europa desde hace dos décadas, y que apenas los defeños empezamos a conocer los últimos tres años, nos es sin embargo intuible porque se deriva del cruce de dos ideales incorporados a nuestra cultura mexicana. El ideal de la democracia y el ideal de la libertad individual.
Ampliación del ya conocido Estado laico, el nuevo Estado laico en efecto busca aterrizar en la vida diaria de los ciudadanos la libertad y se expresa en nuevas leyes que comprometen al Estado a proteger, e incluso a alentar, esa libertad.
Estas son algunas de las libertades del nuevo Estado laico.
La libertad a no ser discriminado por el género, la raza o la preferencia sexual. La libertad de elegir el espaciamiento y número de hijos, lo que implica uso de medios anticonceptivos y abortivos. La libertad de que la reproducción pueda realizarse fuera del cuerpo de la madre biológica. La libertad para elegir el propio género sexual. La libertad para casarse con la persona que uno desee, sin importar su género. La libertad para morir como uno mejor pueda.
En una frase, la libertad para vivir como cada uno mejor pueda y desee.
2.
No es casual: cada una de las libertades antes escritas han sido legalizadas o están en vías de legalizarse en la capital de la República; y cada una de ellas ha sido vetada o está en vías de ser vetada en el resto del país.
No es casual: el PRD que gobierna el Distrito Federal y domina su Congreso, por fin se ha propuesto ejercer como una izquierda contemporánea y aterrizar el nuevo Estado laico en la capital de la República; y como reacción el PAN, que tras algunos escarceos con el liberalismo se ha redescubierto como el viejo súbdito de la Iglesia vaticana, se ha propuesto blindar la República al cambio.
Y el PRI, heredero directo de los presidentes que en el siglo XX dieron contenidos reales al Estado laico, ha hecho algo muy torpe o muy despreciable, según se le mire con laxitud moral o con dureza. Se ha desheredado a sí mismo y ha elegido figurar en este cambio como mercenario: se ha unido por inciertos cálculos electorales a la reacción.
Nada está escrito sobre el porvenir del nuevo Estado laico en México. Una parte de los priistas podría releer su acta fundacional, insubordinarse a su dirigencia y recapturar su vocación laica. Lo que impediría la intención del PAN de blindar la República a las nuevas leyes.
O un ala del PAN podría cansarse de representar al siglo XIX en la contienda, lo que es improbable. No se vislumbra por el panismo ninguna filosofía que contraste con el poco agraciado papel.
O un movimiento ciudadano y nacional, y posiblemente repleto de jóvenes, podría organizarse en pro de las nuevas libertades y podría crecer amplificado por los medios de comunicación, cambiando precisamente su valor electoral.
Lo que sí es más adivinable es el futuro inmediato. Para los siguientes tres años la Ciudad de México será una isla. Una isla de libertades en el centro de un país de prohibiciones. Será el siglo XXI europeo en el centro del siglo XIX prejuarista.
Será la isla a la que las mujeres que deseen interrumpir un embarazo accidental vengan a ser asistidas en hospitales públicos y gratuitos. Será la isla a la que l@s homosexuales enamorad@s vengan a casarse ante un juez civil y/o se enlisten en las agencias estatales para adoptar un hijo. Será el refugio para los enfermos terminales que quieran elegir un buen morir. Será el lugar para intentar fertilizaciones in vitro.
A cada prohibición en los estados del país se añadirá otro atractivo de la capital.
No está nada mal para la imagen de Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino. Ha demostrado que puede conducir a la izquierda mexicana, del autoritarismo anticuado a la modernidad democrática. Y está mostrando, en la maqueta de la Ciudad de México, lo que pasaría si un gobierno sin terror a la libertad individual gobernara al país.

¡Qué asco me dan los gays!

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 11 de enero.- La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, junto con el derecho a que adopten criaturas, ha desatado una andanada de respuestas críticas entre las que sobresalen las campañas de odio homofóbicas. Lo de los obispos era previsible, aunque no en ese nivel (el obispo de Aguascalientes, ignorando a Darwin, dijo: “Ni siquiera los perros hacen sexo con perros de su mismo sexo”). En la Ciudad de México, por lo que muestran las encuestas y la red de conversaciones, se ha alcanzado un nivel civilizatorio muy aceptable aunque no faltan los que sueltan frases del tipo de: “Yo estoy a favor de que las parejas homosexuales tengan derechos, ¡pero la verdad me da asco pensar lo que hacen en la cama!”.

Hace tiempo la antropóloga británica Mary Douglas explicó, en su famoso libro Pureza o peligro, que el asco no sólo es una reacción biológica, sino que básicamente es una construcción humana: lo que nos da asco depende de nuestra percepción de las reglas sociales, o sea, de nuestra cultura. La homofobia es una combinación de asco, miedo y odio, pero como no es políticamente correcto sentir odio por los homosexuales, y como nadie acepta tener miedo (¿a la atracción?), el asco resulta ser el sentimiento que se manifiesta más frecuentemente. Se siente asco por aquellas personas a las que se desprecia (en ocasiones también lo provocan los políticos). El asco es el sentimiento despectivo cuya siguiente etapa es un rechazo muy activo.
El problema político con el discurso del asco es que deriva en prácticas excluyentes, incluso, represivas. La antropóloga peruana Rocío Silva considera que el asco es una forma de construir una “otredad”. Las fronteras entre lo que aceptamos y lo que nos da asco crean una división entre “nosotros” y los “otros”. Silva llama basurización simbólica a una forma de organizar al otro como elemento sobrante de un sistema simbólico. La Iglesia católica acepta únicamente la heterosexualidad reproductiva, y condena la homosexualidad como motivo de abominación. Así, el dogma católico, entretejido en la cultura mexicana, alienta la basurización simbólica de las personas homosexuales. Este tipo de asco “ideológico” genera no sólo rechazo a la otredad, sino también miedo teatral a la contaminación. Por eso, además de ver a lesbianas y gays como seres degenerados o anormales, se les considera peligrosos y se teme que “corrompan” a los demás.
Los seguidores del Vaticano no se preguntan por qué varios países han borrado toda referencia al sexo en los contratos matrimoniales ni indagan por qué se permite a parejas del mismo sexo adoptar. Desconocen que sociedades preocupadas por hacer efectivo el principio de no discriminación encontraron lo negativo que era normar la ciudadanía a partir de la vida sexual, y eso condujo a cambios legales para dar igualdad jurídica a la diversidad sexual. Contar con una legislación que explícitamente vea en la homosexualidad una conducta lícita ha sido un avance democrático indudable, aunque, como bien nos explicó el obispo Lozano Barragán, esa forma de amar impide llegar al cielo.
Ahora bien, la basurización simbólica que en nuestro país se hace de las lesbianas y los gays se apoya en la ignorancia cerril de quienes desconocen los planteamientos éticos y políticos, psicoanalíticos y antropológicos que han llevado a reformular el estatuto social y jurídico de la homosexualidad. En México amplios sectores de la población aún ven en la homosexualidad una degeneración asociada con pedofilia, pederastia y prostitución. Las patéticas muestras de intolerancia de los funcionarios del Vaticano en nuestro país y el asco “moral” que expresan algunos sectores de la población hablan no sólo del desprecio por los otros, sino también de su autocomplacencia: “Te agradezco, Señor, que no me gusten los vecinos o mis acólitos”, algo no pronunciado por Marcial Maciel.
La reciente reforma en el Distrito Federal, concebida como una acción antidiscriminatoria, no va a impulsar por sí sola una mejor comprensión sobre la sexualidad humana ni tampoco va a esclarecer cómo se construye la orientación sexual. Si bien la estricta aplicación del principio de igualdad obliga al debate público sobre el tema, es muy probable que la carencia de información científica al respecto haga que se ventilen prejuicios y opiniones personales.
Como las fuerzas conservadoras van a impugnar la decisión de la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no estaría de más una discusión pública sobre el asco, la basurización simbólica, la discriminación y el principio de igualdad. Eso sí, habría que compartir un piso mínimo de conocimiento con una serie de lecturas básicas; por ejemplo, la de Mary Douglas. Ella explica que en muchas culturas lo situado en lugares inadecuados provoca asco. ¿Será por eso que las personas que piensan que las lesbianas y los gays que quieren casarse y tener una familia están “fuera de lugar” también suelen sentir asco?
¿Qué es lo opuesto al asco? ¿El amor, el respeto, la indiferencia? ¿Por qué hay gente capaz de decir: “Yo respeto que cada quién haga de su vida un papalote, pero me da asco pensar en dos hombres o dos mujeres ayuntándose”? No da asco lo que se respeta. Hay mucho sobre lo cual reflexionar y seguiré en mis próximas colaboraciones.

Desfiladero

Greg, el candidato de Dios

Jaime Avilés

Ahora que, gracias a la santa alianza PRI-PAN, en 17 estados de la República las impías mujeres pueden hacerse acreedoras a severas penas corporales si cometen el delito de abortar, que además se castiga también en el infierno; ahora que el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, en nombre de la Iglesia católica, apostólica y romana, ha proclamado la supremacía de las leyes divinas sobre la Constitución de nuestra descosida República; ahora, en suma, que lo de hoy es el conservadurismo a todo tren, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se podía quedar tan atrás.

El pasado martes destapó como candidato al gobierno de Quintana Roo a un fanático religioso llamado Gregorio Sánchez Martínez, o simplemente Greg, un chiapaneco que hace 14 años emigró al estado que ahora pretende gobernar, y que funge en la actualidad como presidente del municipio de Benito Juárez, donde se asienta Cancún. Que un predicador evangélico sea jefe de un ayuntamiento que lleva el nombre del fundador del Estado laico mexicano es la menor de las paradojas de esta historia.
Greg está a tono con el nuevo signo de los tiempos. No hace mucho, durante una entrevista de prensa, un reportero le dijo: Hablas demasiado de Dios. ¿No es muy delicado mezclar a Dios y la política? Greg respondió: Habría que preguntarle a toda la ciudadanía si cree que existe Dios. Yo te aseguro que 99.9 por ciento te va a contestar que sí. Pero a Dios se le va a ver en las iglesias..., replicó el periodista. Greg lo sacó de su error: Si Dios está en todos lados, si Dios es un espíritu supremo que habita en el corazón de los humanos y está en todos lados, yo no sé quién va a ver a Dios en las iglesias. A Dios lo sientes y lo tienes en cualquier lado.
Pero la fe está divorciada del cargo público, insistió el reportero. Greg lo refutó, categórico: “No, ¿por qué? Antes que ser funcionario soy individuo, y como individuo puedo creer en lo que quiera. Ahora, la ley se contradice. ¿Qué dice el Himno Nacional cuando dice ‘con el dedo de Dios se escribió’? ¡Y es lo más grande que tenemos los seres humanos, el Himno Nacional! Es una contradicción que se diga que están divorciadas las instituciones de Dios, cuando (en) el canto más sagrado que tenemos los mexicanos todos los días lo invocamos”.
Imbatible, el periodista volvió a la carga. La Constitución no permite a los ministros de culto participar en la política. Greg escurrió el bulto: Yo no soy un ministro de culto, no soy religioso, tengo fe. Pero mezclar a Dios en los asuntos públicos... Yo no mezclo a Dios en asuntos públicos. ¿No lo mezclas en las campañas? Por supuesto que no, a Dios se le lleva en el alma y manifestar abiertamente tu fe. Yo no tengo miedo, hay muchos políticos que tienen fe y tienen miedo de decir que tienen fe. ¿Dónde dice que está prohibido mencionar a Dios? Algún día los gobernantes de este país van a tener que jurar sobre la Biblia. (El Periódico de Quintana Roo, 14/12/09, entrevista de Gerardo García S.)
¡Este es de los nuestros!, podría quizá decirse Rivera Carrera al leer las afirmaciones antijuaristas del edil de Benito Juárez; sin embargo, para contrariedad del Vaticano, Greg es protestante y, además, todo un líder político-religioso que procura la unidad de los cristianos renacidos, cuyos templos y ritos proliferan, sobre todo, entre los campesinos más pobres de Quintana Roo y los jóvenes de los barrios marginales de Cancún y Playa del Carmen.
El pasado 25 de septiembre, por ejemplo, Greg presidió una reunión multitudinaria al pie del asta bandera del centro de Cancún, a la que acudieron 140 asociaciones religiosas, encabezadas por Aviva Cancún, organismo que preside el alcalde perredista. Miles de personas –cuenta la crónica de Angélica Pool– oraron por México, por los gobernantes de los tres niveles, y por la erradicación de problemas sociales como la drogadicción, vandalismo, violencia, alcohol, sexo (sic) y ocultismo, además de pedir que los pastores de las iglesias cristianas tengan visión y sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Luego, cantaron himnos.

Gregorio Sánchez, alcalde de Benito Juárez NotimexFoto Foto

Greg y su esposa, Niurka Sáliva de Sánchez, prosigue la crónica, en todo momento disfrutaron del concierto elevando la mano derecha al igual que el resto de los asistentes en señal de victoria y emulando a Moisés. Más tarde la pareja subió al templete y bailó una canción de alabanza en maya. Greg, “antes de tomar la palabra emitió su ya clásico saludo: ‘¿cómo está el pueblo de Dios?’”. Luego, ondeando la bandera de México (él y Niurka) bendijeron a Dios y declararon a Quintana Roo sitio del avivamiento. En la parte medular de su prédica, Greg informó: así como Moisés levantó su vara en el Mar Rojo, hoy levantamos la bandera en manifestación de fe (El Periódico de Quintana Roo, 26/09/09).
Jaranchac, en maya yucateco, significa algo hecho con descuido, al aventón. En su columna Jaranchac Político, el periodista Ismael Gómez Dantés, del citado diario, relata que Greg pertenece a una familia del sur de Chiapas, que tenía latifundios en la zona colindante con Guatemala, y que en 1982 los puso al servicio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuando miles de indígenas del vecino país se internaron en México, huyendo de la matanza desatada por otro fanático religioso, el general Efraín Ríos Montt.
Hace una década exactamente, con ideas similares a las de Greg, un fanático religioso de mayor envergadura, llamado George WC Bush, se robó la presidencia de Estados Unidos. Según encuestas de entonces, la mayor parte de los votos que recibió provino de las iglesias evangélicas diseminadas a lo largo del cinturón bíblico (Bible belt) en el centro y sur de aquel país. El año pasado, para cerrarle el paso a Greg, el PRI modificó la Constitución local y puso como requisito que todo aspirante a la gubernatura tuviera un mínimo de 20 años de residencia en la entidad.
La reforma, sin embargo, acaba de ser anulada por la Suprema Corte de Justicia. El pasado martes, horas antes de que los togados emitieran su sentencia, Greg aseguró a la prensa que los ministros van a derribar los muros de Jericó. Y entonces, una vez que esto hubo ocurrido, apareció en la ciudad de México rodeado por Jesús Ortega (PRD), Alberto Anaya (Partido del Trabajo), Luis Maldonado (Convergencia), y Manuel Camacho Solís, que coordina a los tres partidos en nombre del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, para proclamar su candidatura y vaticinar el triunfo de esta megalianza, a la que en breve, ojo, podría sumarse el PAN.
Por su atónita y desconsolada parte, los seguidores de López Obrador en Quintana Roo esperan que el máximo dirigente opositor del país ponga alto a este monumental disparate. En esta esperanza coinciden con sus compañeros del estado de Tamaulipas, donde el PRD pretende impulsar la candidatura de Lino Korrodi, el ex cerebro financiero de la campaña electoral de Vicente Fox, que está puestísimo para saltar al ruedo.
En caso de persistir esta tendencia, los partidos que coordina Camacho Solís podrían postular a Kamel Nacif al gobierno de Puebla, a Ruth Zavaleta al de Guerrero, y a Adolfo Orive al de Chiapas (aunque en ese estado no habrá comicios este año), tomando en cuenta que el ex asesor de Francisco Labastida para la guerra de baja intensidad contra el EZLN es, hoy por hoy, coordinador del PT en la ALDF. ¡Feliz Año Nuevo!

jamastu@gmail.com

Audio: Encuentro 10 enero 2010