miércoles, junio 18, 2008
Defendiendo el Agua en Cochabamba, Bolivia
Uno no puede desconfiar de las capacidades de un pueblo. Un pueblo UNIDO jamas sera vencido!.
http://www.youtube.com/watch?v=KKHHsW5upE4&eurl=http://radioamlo.blogspot.com/2008/06/defendiendo-el-agua-en-cochabamba.html
El pueblo de Cochabamba se enfrentó ante las transnacionales que privatizaron el agua en este lugar. Este video cuenta como el pueblo de Cochabamba defendió este preciado recurso vital para la vida humana. Hoy día en nuestro país en varios estados pretenden privatizar nuestra agua. NO LO PERMITAMOS.
Responde a un acto de intolerancia la resolución del IFE y deja al país sin presidente de México, afirma AMLO
Coyotepec, Estado de México, Miércoles 18 de junio de 2008* El siguiente paso del presidente pelele y del IFE es la quema de los paquetes electorales para borrar cualquier huella del fraude, señala* Afirma el presidente legítimo que Calderón sí aparece, pero como si no existiera, porque ha demostrado que no sirve para nada* Propone una renovación de las instituciones públicas, como el IFE, el Trife y la Corte, que están secuestradas por una minoría rapazComo un absurdo y un acto de intolerancia y de nerviosismo calificó Andrés Manuel López Obrador la resolución del Instituto Federal Electoral de prohibir al Frente Amplio Progresista el uso de la expresión Presidente Legítimo de México en los tiempos oficiales en la radio y televisión.De gira por municipios del estado de México, afirmó que los consejeros del mencionado órgano cometieron un grave error al votar a favor de la demanda interpuesta por el PAN para quitar dicho enunciado de los spots que se transmiten por la pantalla chica, “porque si no hay presidente legítimo, pues ya no habrá presidente de México”.Momentos después de que se aprobara, en sesión extraordinaria del Consejo del IFE, la prohibición y se impusiera una millonaria multa al PRD y PT, el presidente legítimo de México preguntó a los brigadistas en defensa del petróleo de este municipio: ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo?Luego planteó una tercera y cuarta interrogantes: ¿Existe el otro presidente? o ¿lo han visto ustedes?No, fue la respuesta que obtuvo de los ciudadanos de esta localidad.Enseguida, López Obrador aclaró que sí aparece el otro presidente, es decir Felipe Calderón. “Aparece sí, pero como si no existiera”, remató.Y explicó por qué. Desde hace 18 meses en que usurpó la Presidencia de la República, Calderón ha demostrado que “no sirve para nada”.Después de consumarse un acto de censura, López Obrador manifestó que el siguiente paso a seguir por el gobierno usurpador y los consejeros del IFE es la quema de las boletas electorales, que acreditan que Calderón perdió en la contienda presidencial de 2006.Hasta el momento no han podido tomar una decisión al respecto y analizan todas las posibilidades para “desaparecer toda la papelería electoral, para quemar los paquetes electorales del 2006, porque no quieren dejar huella, ningún rastro”, del fraude que consumaron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la complicidad de algunos medios de comunicación electrónicos, detalló.Pero, aclaró, el pueblo de México tiene pleno conocimiento de que Calderón no ganó en las urnas la Presidencia de la República y que actualmente está en calidad de “desaparecido” en el escenario nacional, que está “debajo de la cama o no sé dónde se mete”.También hizo énfasis en que representa un absurdo el fallo del pleno del Consejo del Instituto, porque los propios consejeros “saben muy bien que hubo un fraude electoral, que el IFE fue parte del fraude, al igual que el Trife y que muchos medios de comunicación fueron cómplices del fraude”, insistió.Antes, en Tecámac, el presidente legítimo de los mexicanos reiteró su inconformidad con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los intereses servidores públicos que se inconformaron con las reformas a la Ley del ISSSTE, por considerarlas inconstitucionales.Acompañado por dirigentes y legisladores locales del PRD, PT y Convergencia, destacó la necesidad de que instituciones públicas, como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte deben ser renovadas, para que dejen de estar al servicio de los potentados.Recordó que “cuando dije: Al diablo con sus instituciones, era porque tenía conocimiento de que el IFE, el Trife y la Corte están secuestrados por una minoría rapaz”.De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador se reunirá mañana con los brigadistas en defensa del petróleo de Cihuatlán, Manzanillo, Tecomán y Tlajomulco de Zúñiga.
Día mundial contra la explotación Infantil: El trabajo por la educación es la tarea de los países
Según la OIT, millones de niños realizan jornadas de trabajo y no acuden a las escuelas.Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), unos 75 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la educación primaria y menos de la mitad de los que deberían estar en la secundaria acuden a ella.
Desde el año 2002, se lleva a cabo la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año, diversos países desarrollarán un gran número de actividades para transmitir al mundo el mensaje: La educación es la respuesta acertada al trabajo infantil.
Consciente de este drama, diferentes países de América Latina y el Caribe realizan esfuerzos simultáneos para llamar la atención sobre la necesidad de conocer y reconocer la situación de explotación económica a la que se ven sometidos millones de niños y niñas del planeta.
Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), unos 75 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la educación primaria y menos de la mitad de los que deberían estar en la secundaria acuden a ella.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indica que más de 100 millones de los niños que trabajan lo hacen en la agricultura, en zonas rurales donde el acceso a las escuelas y la disponibilidad de profesores y medios es muy limitado.
El director de las OIT, Juan Somavia, expresó que la tarea de los países es "trabajar para que todo niño tenga derecho a la educación y para que no deban trabajar para sobrevivir".
"Para demasiados niños en el mundo, en particular para aquellos de familias pobres, el derecho a la educación continúa siendo un concepto abstracto, muy lejos de la realidad cotidiana", agregó Somavia.
La región del mundo con una mayor proporción de niños y niñas involucrados en actividades económicas es el África subsahariana, con un 26 por ciento, lo que equivale a unos 50 millones de niños.
Pero en términos absolutos, la región donde más niños trabajan es Asia-Pacífico, con 127 millones de niños y niñas de 5 a 14 años ocupados en distintas tareas productivas.
Tarea en avance
Según las estadísticas de la OIT, la región de Latinoamérica y el Caribe es la que más progresos ha hecho para reducir este flagelo, pues sólo un 5 por ciento de los niños de 5 a 14 años trabajan.
En el caso de Venezuela, el 7 por ciento de los niños de entre 5 y 14 años trabaja, por ello el Gobierno nacional puso en marcha en 2006 un convenio con la OIT sobre erradicación de este problema.
Brasil, el país más afectado con este problema en la región, con cerca de 5,1 millones de niños trabajadores, el Gobierno creó una normativa que obliga a los padres a inscribir a los hijos en las escuelas como condición para que sus familias puedan recibir los beneficios de programas asistenciales.
En el caso de Argentina, donde el 20, 1 por ciento de los menores de entre 14 y 17 años trabaja, el Ejecutivo creó en el año 2000 una Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil, fenómeno visible principalmente en la agricultura, industria, minería, construcción y trabajo doméstico, entre otros.
Unicef calcula que en México cerca de 3,3 millones de niños trabajan, de los cuales 40 mil desempeñan en la capital funciones prohibidas por la Constitución, una situación que la Secretaría de Trabajo ha intentando remediar con propuestas de sanciones a los responsables.
En Costa Rica, según datos de la Unicef hay cerca de 100 mil menores trabajadores, se creó el programa "Avancemos", que consiste en ayudas económicas a familias pobres, con la condición de que sus hijos permanezcan en el sistema educativo.
Como estos países, muchos otros ejecutan planes que contribuyan a eliminar este problema propio de las sociedades con una desigual distribución de la riqueza y que afecta a millones de niños y niñas.
Tres cambios fallidosDe los tres cambios que Felipe Calderón ha realizado en su gabinete desde que llegó al cargo hace 18 meses, sólo en uno, el de Germán Martínez –quien dejó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2007 para postularse a la presidencia nacional del PAN, cargo que finalmente ganó– tenía la intención de proyectar a su colaborador a un puesto de mayor visibilidad y presencia política. En las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación –donde fueron relevados Beatriz Zavala Peniche y Francisco Ramírez Acuña, respectivamente– Calderón buscó colocar al frente de estas dependencias a operadores de su primer círculo de confianza.Si bien las razones fueron diferentes en los tres cambios, la motivación del mandatario fue una sola: colocar en posiciones clave para las elecciones intermedias de 2009 a gente de su entera confianza y con la que pretende ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta hoy esos movimientos no han dado los resultados que se esperaban; incluso en uno de éstos los efectos han sido contraproducentes.En el caso de Germán Martínez, quien aún no enfrenta ningún reto electoral importante como presidente de su partido, es prematuro evaluar su desempeño en este cargo, pues no existen muchos elementos objetivos y tangibles. Empero, debe mencionarse un aspecto: hoy por hoy, el dirigente del partido en el gobierno no toma ninguna decisión trascendente sin la anuencia del presidente Calderón. Como sucedía antaño en el PRI, el PAN se ha convertido en el partido del gobierno, no en el partido en el gobierno.Por lo que atañe al sucesor de Germán Martínez en la SFP, Salvador Vega Casillas, ha pasado desapercibido; es de los miembros del gabinete menos conocido.Como contraste, en la Sedesol, donde Zavala Peniche fue sustituida por Ernesto Cordero el pasado 15 de enero, el movimiento no ha pasado desapercibido, si bien los resultados son ambivalentes. Al principio acaparó los reflectores, sobre todo el 28 de abril, con el lanzamiento del programa Vivir Mejor, que coordina todos los esfuerzos del gobierno federal en materia de política social.Pero Cordero ha tenido varios traspiés, que han sido exhibidos en los medios. Así sucedió, por ejemplo, cuando los 18 gobernadores priistas rehusaron firmar los convenios de colaboración con la Sedesol y por el retraso en el ejercicio presupuestal del sector. Lo primero tuvo su origen en una modificación que la dependencia federal intentó introducir en el convenio para marginar a los gobiernos estatales de la decisión sobre la aplicación de los recursos de los programas sociales en sus entidades.Ese cambio no era menor, pues su intención era dejarle a la federación la plena potestad para decidir el destino del presupuesto de los programas sociales. Dada la filiación panista de varios de los delegados de la Sedesol, la propuesta acusaba prácticamente una intención político-electoral. La reacción de los gobernadores priistas fue negarse a firmar dicho instrumento, con lo que obligaron al gobierno federal a dar marcha atrás y a establecer en el convenio que los gobiernos estatales sí serán tomados en cuenta.Esa reacción no fue la única consecuencia de la pretendida modificación, pues los senadores del PRI y los del PRD impulsan una propuesta de reforma legislativa cuyo propósito es establecer una serie de candados legales para evitar el uso político-electoral de dichos recursos. Elaborada por el senador perredista Graco Ramírez, la iniciativa de ley propone, otros aspectos, que los delegados de la Sedesol y de todas las dependencias que operen programas sociales no deben haber ocupado con anterioridad puestos de elección popular ni identificarse con ningún partido. Así mismo, la reforma contempla sanciones severas para los funcionarios públicos responsables de los programas sociales que hagan un uso electoral de los mismos.La intención de los legisladores era aprobar dicha reforma en el período extraordinario que inicia el próximo jueves 19, pero todo parece indicar que el tema se dejará para el período ordinario que inicia en septiembre.Por otra parte, el retraso en la firma de los convenios, según la misma Sedesol, impactó el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de las metas del primer trimestre de 2008, pues únicamente 4 de los 20 programas de la dependencia cumplieron el gasto previsto para el período enero-marzo. Algunos de éstos, como los de Empleo Temporal, Atención de Jornaleros Agrícolas y Microrregiones muestran un incumplimiento mayor a 50%. Obviamente, el impacto se refleja en el cumplimiento de metas.Por lo menos en lo que a ejercicio de gobierno se refiere, el cambio en la Sedesol no ha resultado muy favorable.En Gobernación, donde Juan Camilo Mouriño asumió un día después de Cordero, el relevo es todavía más desfavorable. Al designar a Mouriño como titular de la Secretaría de Gobernación, Calderón decidió desmantelar oficialmente la Oficina de la Presidencia, lo que en la práctica implica poner fin a la coordinación formal de las distintas funciones que se realizan a su alrededor (Secretaría Particular, Comunicación Social, etcétera) y esto se resintió particularmente en la difusión y percepción pública de los programas del gobierno. Como lo publicó Proceso en su edición 1649, las encuestas de opinión reflejan claramente el descenso de las percepciones favorables y el crecimiento de las que tienen tinte desfavorable.En los hechos, el presidente no sólo perdió un buen operador de su oficina, sino que no ganó un buen operador político. Más tardó Mouriño en sentarse en su oficina de Bucareli que Andrés Manuel López Obrador en ponerlo en jaque al revelar los contratos de prestación de servicios que el propio Mouriño firmó con Pemex–tanto como legislador como cuando era funcionario de la Secretaría de Energía– como apoderado legal de una empresa transportista propiedad de su familia.El 24 de febrero pasado en el “mitin en defensa del petróleo” López Obrador entregó copia de los contratos a los integrantes del Frente Amplio Progresista; el secretario de Gobernación tardó más de medio mes en reponerse de la sorpresa. Y aunque en una conferencia de prensa admitió las imputaciones, negó la existencia de tráfico de influencias o de cualquier otro delito.Lo cierto es que la posición de Mouriño como operador político se debilitó y su capacidad de negociar la llamada reforma energética, uno de los motivos de su nombramiento, se minimizó. En este caso los resultados son favorables.Con estos antecedentes, el presidente Calderón, a través de su personero Germán Martínez, decidió remover a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas y nombrar en su lugar a Gustavo Enrique Madero. Hasta hoy, el impacto más evidente es la división tanto entre la bancada panista en el Senado como en el interior del PAN; queda pendiente saber si Madero es más, o menos, eficiente que Creel para impulsar las iniciativas presidenciales y lograr acuerdos con los líderes de las otras fracciones. l
Otro negociante del poder
Gustavo Madero...mas Materia FECALEl senador Gustavo Madero Muñoz, nuevo encargado de sacar adelante el proyecto petrolero de la Presidencia, representa a la “nueva clase política” que elogió el líder de su partido, Germán Martínez, cuando defendió a Juan Camilo Mouriño de las acusaciones por hacer negocios privados con el Estado cuando era funcionario público. Como el secretario de Gobernación, Madero forma parte de la red de intereses que tejió Calderón como legislador, aquella que, voraz y sin escrúpulos, ve la función pública como una oportunidad de hacer negocio.Gustavo Enrique Madero Muñoz, el sustituto de Santiago Creel en la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, tiene una semejanza con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación: une la política a los negocios.Como a Mouriño, confeso de haber firmado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era servidor público del sector energético, Madero Muñoz obtuvo, siendo diputado federal, millonarias ganancias del erario federal y estatal para una de sus empresas: Electronic Publishing, S.A. de C.V.Uno de los contratos que obtuvo esa compañía de productos de computación –por 5 millones 129 mil pesos– fue de la Secretaría de Energía, en noviembre de 2003, precisamente cuando el titular era Felipe Calderón y Madero Muñoz presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.Cuando se firmó el contrato con la Secretaría de Energía, tres meses después de que Calderón asumió el cargo, un socio de Madero Muñoz, Marco Antonio Herrera García, era también servidor público: el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, con Creel como secretario, cargo que –según el directorio oficial– ostenta hasta la fecha con Mouriño. Más aún, el secretario del consejo de administración de la empresa de Madero era Arturo Chávez Chávez, quien antecedió a Herrera García en el mencionado cargo y en el momento de la firma del contrato era jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de la que fue subsecretario cuando Carlos Abascal era el titular.Madero Muñoz obtuvo ese y otros contratos para su empresa a pesar de que la Ley de Adquisiciones lo prohíbe expresamente, un caso semejante al de Mouriño, cuando, siendo presidente de la Comisión de Energía y luego funcionario de la secretaría del ramo, firmó contratos con Pemex a favor de la empresa familiar Ivancar, S.A. de C.V.El artículo 50 de la ley citada ordena a las dependencias y entidades de la administración pública federal que se abstengan de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.Esa hipótesis incluye a Madero Muñoz, quien no sólo tenía condición de servidor público como diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, sino que formaba parte de Electronic Publishing, S.A. de C.V., como socio y presidente ejecutivo, con pleno poder notarial, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua. Conforme a documentos obtenidos por Proceso, entre 2000 y 2004 Madero Muñoz tuvo ganancias por al menos 35 millones de pesos, derivadas de contratos para dotar de software a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Un ejemplo de la discrecionalidad para otorgar recursos del erario federal son siete contratos que, por adjudicación directa, le otorgó a la empresa de Gustavo Madero en 2004 el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, César Patricio Reyes Roel, diputado federal del PAN cuando Calderón fue coordinador de la bancada y quien posteriormente fue ratificado por éste en el cargo.Otro de los benefactores de Electronic Publishing fue el gobierno panista de Querétaro, que le otorgó, en mayo de 2000, dos contratos por más de 20 millones de pesos.De hecho, el año 2000 marca el ascenso de Electronic Publishing, que al ser fundada en 1995 era una modesta empresa con un patrimonio de 50 mil pesos. Con la alternancia en la Presidencia de la República las cosas cambiaron: el capital social aumentó a 15 millones de pesos.A la compañía se sumaron, además, prominentes empresarios de Chihuahua, a cuyo gobierno estatal aspira Madero Muñoz con el respaldo de la facción hegemónica del PAN en el estado, los “dhiacos”, cuyo origen es la agrupación ultraderechista Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), uno de los organismos fachada de El Yunque.Pero por ahora, junto con Mouriño y Germán Martínez, presidente del PAN, el nuevo coordinador de los senadores de este partido integra la triada responsable del “relanzamiento” de la estrategia de Calderón para hacer aprobar la reforma de Pemex, exhibida por la oposición, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, como privatizadora.
Negocios con los amigos
Exfuncionario del gobierno de Francisco Barrio, de quien fue director de Planeación entre 1992 y 1998, Madero Muñoz está estrechamente vinculado a los grandes empresarios de Chihuahua y Nuevo León que financiaron, aun ilegalmente, la campaña de Calderón.Madero fue miembro del Consejo Estratégico de la campaña de Calderón en Chihuahua en el proceso electoral de 2006, junto con Enrique Terrazas Torres, quien fue el responsable formal del financiamiento, y su hijo, Enrique Terrazas Seyffert (que orquestó la campaña televisiva contra Andrés Manuel López Obrador, a través del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, Celiderh).El senador del PAN, quien ya anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Hacienda, constituyó en 1995 Electronic Publishing, S.A. de C.V., empresa dedicada a crear, diseñar, idear, desarrollar, producir, maquilar, distribuir, comercializar y representar todo tipo de productos de software.Era una compañía modesta, según se describe en la escritura pública protocolizada el 12 de julio de aquel año en la capital de Chihuahua, de donde Madero es originario. El capital social fue de 50 mil pesos y se dividió en 50 acciones de mil pesos cada una.El consejo de administración quedó presidido por Madero Muñoz, y su único socio, Marco Antonio Herrera García, asumió la secretaría. Cada uno tenía 25 acciones de la sociedad, a la que sumaron a sus respectivas esposas: María Eugenia Falomir de Madero y Cynthia Barrera Barrón de Herrera.El primer director de la sociedad fue Herrera García, de 1995 a 2002, hasta que ingresó al servicio público federal. Antes fue director de Egresos de la tesorería municipal de Chihuahua capital, entre 1984 y 1986, cuando el alcalde era Luis H. Álvarez, actual encargado de la oficina federal de asuntos indígenas.A Herrera García lo sustituyó Alexis Tron Almaguer, quien también formó parte del gobierno de Vicente Fox: fue director de Control y Evaluación de la PGR cuando el titular era Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Gobernación.Luego, mientras era presidente ejecutivo del consejo de administración, Madero Muñoz asumió poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en 2001, justo el año en que la empresa registró el ingreso de prominentes inversionistas.El 30 de agosto de ese año, conforme a la escritura pública, se celebró una asamblea extraordinaria: se aumentó el capital social de 50 mil pesos, tal como se había fundado, a 15 millones 696 mil pesos, y se nombró a Madero Muñoz como presidente ejecutivo y a Arturo Chávez Chávez como secretario.La distribución accionaria quedó de la siguiente forma: Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V., 4 mil 348 acciones, cada una con valor de mil pesos, lo que arrojó un total de 4 millones 348 mil pesos; Río Sacramento, S.A. de C.V., con 3 mil 259 acciones (3 millones 259 mil pesos); Internacional de Cerámica, S.A. de C.V., con 2 mil 896 acciones (2 millones 896 mil pesos), y Cementos de Chihuahua, de la familia Terrazas Torres, con mil 613 acciones por 1 millón 613 mil pesos.Alonso Rafael Ramos Vaca –quien fue presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, un organismo privado que encabezó también Madero Muñoz– es otro de los accionistas, con mil 88 acciones (1 millón 88 mil pesos); Sistema Anix, S.A., con 854 acciones (854 mil pesos); Evaristo Francisco Juan Madero Porraz, con 302 acciones (302 mil pesos). Madero Muñoz y Herrera García, los fundadores de la empresa, quedaron en una posición accionaria minoritaria: el primero, con 658 acciones, con un valor de 658 mil pesos, y el segundo con 156 acciones, con valor de 156 mil pesos.Estos datos los omite Madero Muñoz en su currículo oficial de senador, aunque, eso sí, destaca ser miembro del consejo de administración del consorcio regiomontano Vitro, cuyo comité de auditoría preside y del que forman parte Jaime Serra Puche, Alejandro Garza Lagüera y Joaquín Vargas Guajardo.Exconsejero regional de Banamex, Madero Muñoz sumó a la sociedad a su cuñado, José Martín Falomir Morales, y a uno de sus hermanos, Mauricio Augusto Madero Muñoz.
“Decencia pública”
Fue a partir del año 2000 que a la empresa de Madero Muñoz le empezó a ir bien en los negocios. Ese mismo año recibió del gobierno de Querétaro, encabezado por Ignacio Loyola, dos contratos: uno por 1 millón 438 mil 235 dólares (equivalente a unos 15 millones de pesos) y otro por 7 millones 792 mil pesos.En diciembre de 2003, tres meses después de que Vicente Fox lo nombró secretario de Energía y cuando Madero Muñoz era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados –justo cuando se discutía el paquete presupuestal para 2004– esta secretaría le asignó a Electronic Publishing, S.A. de C.V., un contrato para la “implantación de un sistema de planeación de recursos gubernamentales”.En la asignación del contrato, por 4 millones 600 mil pesos, sin incluir IVA, la Secretaría de Energía presuntamente contravino la Ley de Adquisiciones, que en su artículo 50 establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias a las que se refiere esa ley con las personas que detalla la fracción II:“Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”La PGR, encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, ya había otorgado antes, en noviembre de 2002, un contrato derivado de una licitación por un total de 6 millones 100 mil pesos. En esa fecha, Herrera García, el socio de Madero Muñoz, era ya el contralor de la Secretaría de Gobernación, nombrado por Francisco Barrio.Pero la dependencia que más contratos le otorgó a Electronic Publishing fue la secretaría encabezada por Pedro Cerisola, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, cuyo titular, César Patricio Reyes Roel, le dio siete contratos por adjudicación directa con un monto de 735 mil pesos.Exdiputado federal panista por Chihuahua, justo cuando Calderón era coordinador parlamentario de la fracción, Reyes Roel asumió el cargo en la SCT el 1 de abril de 2003 y al año siguiente –de agosto a diciembre– firmó los contratos con la empresa de su amigo Madero Muñoz para instalar un modelo administrativo para el sistema de información presupuestal y contable en seis administraciones portuarias.El 20 de agosto se firmaron los contratos para actividades de consultoría, análisis de requerimientos, procesos de índole informática, administrativos contables y financieros en la Administración Portuaria Integral de Ensenada. El costo total fue de 130 mil pesos.Ese mismo día, y al mismo precio, se contrató a la empresa de Madero Muñoz para instrumentar la “Administración para el Sistema de Información Presupuestal y Contable (SIPC) en la administración portuaria Integral de Tuxpan, Veracruz”.Cuatro días después, el 24 de agosto, el SIPC se contrató para Guaymas, sólo que ahora costó 150 mil pesos. El 28 de ese mismo mes, se pagaron 100 mil pesos para elaborar un “programa de contabilidad”.El 10 de noviembre, para la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, Oaxaca, se contrataron servicios profesionales de consultoría, análisis de requerimientos en procesos de índole informática, administrativas, contables y financieras para crear un modelo de administración, sistema de información presupuestal y contable, a un costo total de 55 mil pesos.Y ese mismo día se contrató el modelo “administración para el sistema de información presupuestal y contable” para el puerto de Veracruz, cuyo costo fue de 170 mil pesos.Quince días antes de concluir 2004, Reyes Roel –ratificado en el cargo por el secretario Luis Téllez– pagó a la empresa de su amigo panista 130 mil pesos para crear un modelo para el sistema de administración presupuestal en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El costo fue de 130 mil pesos. Una vez designado coordinador de de los senadores en sustitución de Creel, Madero Muñoz parece encajar en el perfil que de la “nueva clase política” panista hizo Germán Martínez cuando defendió a Mouriño de las acusaciones de usar el servicio público para negocios personales:“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”
El efecto Creel
Santiago CreelLa decisión de relevar a Santiago Creel como coordinador de los senadores panistas causó el efecto de una implosión en el seno del PAN. Puestas al descubierto, inocultables ya, las desavenencias entre los legisladores y los dirigentes del blanquiazul no sólo ponen al borde de la crisis a esta organización derechista, sino que están descarrilando la reforma energética del presidente Calderón. La reforma energética del gobierno de Felipe Calderón se descarriló la semana pasada tras la abrupta remoción de Santiago Creel como coordinador de los senadores del PAN.Este hecho se suma a la presión desatada por la consulta ciudadana del próximo 27 de julio y a la confirmación de que los tiempos legislativos y políticos no son adecuados para que las bancadas, en especial las del PRI y las del Frente Amplio Progresista, acepten discutir y aprobar esa reforma antes del informe presidencial del 1 septiembre.Los plazos son fatales para la reforma. Ésta no podrá aprobarse antes del 22 de julio, fecha en la que culminarán los foros de debate en el Senado, ni antes del 27 de julio, cuando se realice la consulta ciudadana en la Ciudad de México, pero tampoco en un período extraordinario en agosto, pese a la opinión de los legisladores del PRI.Para los distintos actores legislativos consultados por Proceso, la discusión se extenderá hasta el período ordinario de septiembre y con una “alta probabilidad” de que el tema energético se empalme con el inicio formal del proceso electoral federal de 2009 en octubre próximo. Y todas las encuestas revelan que este tema puede afectar electoralmente al PAN.El primer indicio de crisis se produjo en la tarde del lunes 9. De manera abrupta, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, le informó a Santiago Creel que lo destituía como coordinador de los 52 senadores del PAN. El argumento: que con esta medida se “relanzaba” la reforma petrolera y se preparaba el partido para la contienda electoral de 2009.Germán Martínez quiso ofrecerle un “intercambio” a Creel: dejarlo en la presidencia del Senado a cambio de que el senador chihuahuense Gustavo Madero lo relevara en la coordinación. Creel le respondió que esa no era facultad del presidente del PAN, sino del pleno del Senado y que duraría en su encargo hasta el 31 de agosto.A pesar de la larga historia de desencuentros y diferencias entre Creel y el equipo calderonista, la medida sorprendió a los propios coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, porque en ese momento negociaban con Creel la realización del próximo período ordinario, previsto para el jueves 19, así como la construcción de una “tercera vía” o un método legislativo para replantear los puntos más rechazados y criticados de la reforma energética presidencial.A lo largo de los 10 debates realizados en la casona de Xicoténcatl ha quedado claro que no se cuenta con los votos necesarios para aprobar la “maquila” en refinación, la exploración en aguas profundas ni la apertura privada en materia de petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.“Es una medida de cierta desesperación para reencarrilar la iniciativa. Calderón cree que cambiando al coordinador van a ser más eficientes en la defensa de su reforma. Sin embargo, el problema no está en el Senado ni la eficacia o no de los legisladores del PAN. El problema es el contenido de las iniciativas”, afirma Carlos Navarrete.Entrevistado por Proceso poco después de conocerse el cese de Creel, Navarrete criticó las medidas gubernamentales:“El presidente Calderón no está leyendo bien a la opinión pública. No van a poder frenarnos ante la posibilidad de la consulta ciudadana. No van a poder reencarrilar la propuesta. Hasta mediados de agosto no podrán sacar una reforma y el PRI está a punto de definir si se van hasta septiembre para discutir las iniciativas.”Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió el mismo día del relevo en la coordinación del PAN que el trabajo realizado con Santiago Creel había sido “altamente satisfactorio” y esperaba que la designación de su sustituto no entorpeciera los acuerdos.Beltrones dijo que fue una “volada” el rumor difundido por algunos senadores del PAN que plantearon que el PRI estaba condicionando la aprobación de la reforma energética a cambio de una nueva reforma en política social. “De ninguna manera”, atajó el priista.Sin embargo, hace unos días crecieron los indicios de un mayor acercamiento entre el PRI y el PRD, sobre todo en materia de reforma energética. Carlos Navarrete señaló que existen “puntos de encuentro” con los legisladores priistas, mientras que Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía y otrora aliado inamovible del gobierno calderonista, reconoció que no se aprobarán las iniciativas tal como fueron enviadas por el Ejecutivo federal y defendió lo expresado en los foros de debate.“Sí se han tocado cosas de fondo. Lamento que no le hayan informado al presidente de la República de los asuntos de fondo que se han tratado”, afirmó Labastida en respuesta a las quejas expresadas por Calderón el jueves 12 de que los debates no han entrado a los detalles técnicos de sus iniciativas y sólo se han limitado a asuntos políticos e ideológicos.“Hemos dicho varias veces que no estamos por el ‘no absoluto’, pero estamos por una reforma que le sirva al país, y eso implica que le vamos a hacer los cambios que sean necesarios a la iniciativa que envió el presidente”, dijo Labastida en conferencia de prensa después del décimo debate.
La consulta
El creciente apoyo a la propuesta de una consulta ciudadana, según las distintas encuestas recientes, se convirtió en el principal “foco rojo” para el equipo calderonista, que considera esta medida como un intento de “descarrilar” su reforma energética.La empresa GEA-ISA, en su encuesta nacional de mayo pasado, reveló que 78% de los encuestados opinaron que sí se debería realizar una “consulta directa” a los ciudadanos. En su tercera encuesta, levantada entre el sábado 7 y el domingo 8, esta empresa, cercana al entorno presidencial, reveló que 76% opinó que debía convocarse a una consulta “antes de que los legisladores decidan sobre el tema” y 69% respondió que debía consultarse “si se acepta o rechaza una reforma en materia petrolera previamente aprobada por los legisladores”.La empresa de María de las Heras indicó en su sondeo del lunes 9, publicado en Milenio diario, que 48% de los encuestados vía telefónica está a favor de la consulta. En abril pasado este porcentaje fue de 35%.El Universal publicó el miércoles 11 otra encuesta en la que 62% de los capitalinos encuestados está a favor de realizar la consulta ciudadana. Sólo 18% consideró que ésta implica un gasto innecesario.La posibilidad de la consulta fue expresada primero por el ministro en retiro, Juventino Castro, quien argumentó en el tercer foro de debate que esta propuesta es viable, toda vez que halla fundamento en el artículo 26 constitucional. Durante su participación en los debates del 29 de mayo, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se robó los reflectores al proponer una consulta para el 27 de julio y solicitarle a las autoridades del Instituto Electoral del Distrito Federal que la organizaran.Las reacciones en contra de la propuesta fueron airadas. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, rechazaron esa posibilidad. Argumentaron que era anticonstitucional, que la ciudadanía no estaba preparada para un tema tan complejo y que la verdadera consulta se había realizado antes en las elecciones del 2 de julio de 2006.En comunicados enviados el 28 de mayo, el lunes 2 y el viernes 6, el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, conformado por Carlos Monsiváis, Lorenzo Meyer, Rolando Cordera, Elena Poniatowska, Arnaldo Córdova y David Ibarra, entre otros, apoyaron la idea de la consulta y propusieron que se extendiera a otras entidades.Ante el rechazo de los diferentes funcionarios federales, los intelectuales rebatieron: “¿A qué se enfrenta ahora la ciudadanía? A la tesis estrepitosa que ve en la ignorancia de los ciudadanos, sinónimo de la consulta, el descarrilamiento de la reforma energética (Santiago Creel). La operación ‘quirúrgica’ está a la vista: se trata de eliminar el derecho de los ciudadanos a tener un punto de vista nacional sobre su patrimonio; se quiere, sin metáforas, privatizar a la opinión pública, reducirla al juicio de un grupo autocalificado de expertos, los únicos, según repiten, autorizados para decidir el rumbo del país”.El domingo 8, el Gobierno del Distrito Federal instaló un comité promotor de la consulta del próximo 27 de julio en el que, con excepción de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, gobernadas por el PAN, participarán las demás jurisdicciones políticas, así como los presidentes de 408 municipios de 26 entidades, gobernados por alguno de los tres partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), incluyendo a municipios conurbados del Estado de México como Ecatepec.En paralelo, se formó una coordinación, encabezada por Manuel Camacho Solís, que plantea organizar otra consulta el 3 de agosto en aquellos sitios donde no se realice el plebiscito, apoyado por el gobierno capitalino y las autoridades municipales del FAP. En esta coordinación participan los seis coordinadores legislativos del frente, Claudia Sheinbaum, del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.Consultado por Proceso, Camacho asegura que este grupo busca “contribuir a disminuir las diferencias políticas”; “no queremos que los conflictos internos de los partidos limiten la capacidad de organización”.Exregente capitalino en el sexenio salinista, Camacho recuerda que el plebiscito organizado por grupos ciudadanos para definir la autonomía política en el Distrito Federal fue importante para que él pudiera convencer al gobierno federal a favor de la elección directa del jefe de gobierno.“El peso de la opinión pública me dio los argumentos para sugerirle a Salinas la reforma del Distrito Federal y tener la fuerza suficiente adentro del gabinete”, sostiene.
Los desencuentros
La remoción de Santiago Creel como coordinador de los senadores panistas no sólo fue la culminación de una serie de contradicciones y desencuentros entre el exprecandidato presidencial y el equipo calderonista, sino un reflejo de los enredos panistas provocados por la reforma energética.El primer traspié de Santiago Creel se dio a finales de enero pasado, cuando el coordinador de la bancada del PAN aceptó debatir con Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro de Petróleos Mexicanos y la reforma energética.Presionado por Los Pinos, el 28 de enero Creel reculó y descartó el debate con el excandidato presidencial porque no pretendía “abrir una puerta mediática”.“No le abriré espacios mediáticos a nadie que pudiera interferir con procesos internos de otros partidos”, afirmó Creel, en clara referencia al relevo panista en la dirigencia nacional.Antes de que el gobierno federal presentara el paquete de cinco iniciativas, Creel dejó entrever que la iniciativa no provendría del Ejecutivo, sino de las bancadas del PAN. Rechazó establecer “plazos fatales” para aprobar la reforma, a pesar de las presiones del coordinador priista, Manlio Fabio Beltrones.“El consenso ya está en este momento del lado del Congreso. El Ejecutivo presentó su diagnóstico, ahora nos toca a nosotros, quienes integramos el Congreso, hacer una propuesta”, afirmó Creel.El gobierno federal expresó su molestia por la ausencia física de Creel, presidente del Senado, durante la visita de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, para presentar las iniciativas el 7 de abril. El coordinador panista negó que buscaran aprobar fast track la reforma.El 10 de abril, la toma de la tribuna agarró por sorpresa a panistas y priistas. Pasaron cinco días para que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se comunicara con Creel y establecieran una estrategia para que el Senado sesionara en una sede alterna.La resistencia del gobierno federal a aceptar el debate petrolero contrastó con una posición más dialogante del exsecretario de Gobernación, quien negoció en el seno de la Junta de Coordinación Política la realización de los foros de consulta.El signo más visible del desencuentro entre Creel y la dirigencia panista se registró desde el 13 de mayo, primer día del debate petrolero. Germán Martínez abandonó el recinto de Xicoténcatl después de su participación, dejando solos a los panistas frente a la posición crítica que expresaron Cuauhtémoc Cárdenas y la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes.Paradójicamente, las diferencias y contradicciones entre Creel y el gobierno federal, así como el veto de las televisoras, no afectaron la imagen del panista. Por el contrario, el viejo rival de Calderón apareció como el político de Acción Nacional con mayor índice de aceptación y reconocimiento (24% en Reforma, 42% en la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica), muy arriba de Josefina Vázquez Mota (17 y 18%), de Juan Camilo Mouriño (12 y 16.5%) y del propio Germán Martínez.A pesar de este nivel de aceptación, el dirigente nacional del PAN insistió en que el cambio de Creel era necesario para “relanzar” la reforma energética y para preparar mejor al PAN con vistas a las elecciones de 2009. Involuntariamente, el mismo Germán Martínez empató así los tiempos electorales con la reforma de Pemex.
La venganza del duopolio
Televisa y TV Azteca. PresionesEl coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, y el exsenador panista, Javier Corral, aseguran a Proceso que la remoción de Santiago Creel como coordinador del grupo parlamen-tario del PAN en el Senado se debió a las presiones de Televisa y TV Azteca. Lo cierto es que los dos consorcios no le perdonan a Creel el hecho de haber participado en proyectos y decisiones que tocaron sus intereses. Su irritación es aún mayor ante el predictamen de un proyecto legislativo que podría llegar a convertirse en una ley de medios, tan temida por ellos. Un mes antes de que Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, anunciara su cese como coordinador de los senadores de ese partido, Santiago Creel, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, encabezó el 6 de mayo el último informe del Grupo Plural, conformado por 19 legisladores para impulsar una nueva ley de medios electrónicos y de telecomunicaciones.En esa ocasión, Creel saludó el esfuerzo de sus pares que durante seis meses de trabajo redactaron 22 informes técnicos. Si bien no propuso fecha ni plazo para la presentación de un dictamen, el panista afirmó que era necesario “ir a este segundo paso”: “la toma de decisiones de carácter político de cada uno de los temas que han sido estudiados, ponderados, reflexionados por el Grupo Plural”.El aval de Creel a los trabajos de ese grupo y la cercanía que mantuvo con el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, para impulsar la reforma a la ley de medios, enfureció a las televisoras, en especial a Televisa.El propio Navarrete lo confirmó así en conferencia de prensa el martes 10, cuando se confirmó el cese de Creel. El perredista acusó a los “poderes fácticos” de presionar para que el panista fuera removido a cambio de que Televisa y TV Azteca le dieran mayor cobertura en pantalla a las posiciones gubernamentales a favor de la reforma petrolera.Consultado por Proceso, Navarrete asegura que, la tarde del lunes 9, Germán Martínez le dijo a Creel: “Ya no eres funcional para defender la reforma energética, por el veto de las televisoras”. Así mismo expresa su preocupación porque, dice, el cambio de mando en la bancada del PAN fractura la alianza informal que ambos partidos habían mantenido para sacar adelante la mencionada ley.Javier Corral, exsenador del PAN y uno de los principales críticos de la Ley Televisa, coincide con Navarrete en que el veto de las televisoras fue uno de los argumentos que Germán Martínez le expuso a los poco más de 40 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional en la reunión interna realizada la noche del lunes 9, un año después de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia consideraran anticonstitucionales varios aspectos fundamentales del paquete de contrarreformas conocido como Ley Televisa.“El mensaje es desastroso. El gobierno de Calderón ha sido incapaz de enfrentar a las televisoras”, dice Corral a Proceso y cita su propio caso. Desde hace tres años y medio Televisa entabló un litigio contra él por una deuda de menos de un millón de pesos contraída durante su campaña a la gubernatura de Chihuahua. Afirma que ni el gobierno ni el PAN lo han apoyado en este litigio; en contraste, asegura, la televisora contrató a un despacho de nueve abogados para que active la demanda en su contra.La animadversión de las televisoras contra Creel se agudizó a raíz del apoyo del legislador panista a la reforma constitucional en materia electoral de 2007 y del impulso que él mismo le dio, como presidente del Senado, a los trabajos del Grupo Plural que coordinó como secretario técnico Julio Di Bella. El exdirector de Canal Once es cercano al entorno de Creel.En su conferencia de prensa del martes 10, el dirigente nacional del PAN admitió que le pidió la renuncia a Creel, pero no mencionó la presión ejercida por el duopolio televisivo para levantar el “veto” en pantalla a la reforma energética de Calderón, a cambio de que Creel dejara la coordinación de la fracción panista.“Nadie tiene poder de intromisión o de veto sobre nuestros liderazgos”, afirmó Germán Martínez. También negó que las recientes encuestas publicadas por Reforma, El Universal y las realizadas por la empresa de Liébano Sáenz, que ubican a Creel como la figura pública panista con mayor porcentaje de aceptación para la candidatura presidencial, hubieran influido en la decisión.Lo que el dirigente nacional panista sí reconoció es que este cambio se hizo para “promover nuevas estrategias” rumbo a las elecciones intermedias de 2009. Hasta ahora, Creel se ha negado a hablar sobre las causas que motivaron su cese, pero no oculta que la presión de las televisoras fue uno de los factores que determinaron su salida de la coordinación del PAN.
La reforma maldita
Ante el gobierno federal y las fracciones legislativas del PRI, PAN y PRD, los ejecutivos y representantes de las televisoras han expresado su descontento por la existencia de un documento de predictamen, de 368 cuartillas, titulado Sistematización y análisis documental para la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El texto compendia las principales propuestas de una reforma que ha sido considerada como una “amenaza” para los intereses de Televisa y TV Azteca.Dividido en 22 secciones –10 de telecomunicaciones y 12 de radio y televisión–, el documento establece desde sus primeros párrafos el problema central del sector:“La industria de la televisión mexicana se dejó en manos de grupos empresariales afines al gobierno, mientras la política del Estado se ha caracterizado por una política de laissez faire”.En su diagnóstico, reproduce los siguientes datos sobre el nivel de concentración mediática: Televisa con 243 canales de televisión y TV Azteca con 179 “controlan el 92.3% del total de las emisoras concesionadas y se convierten en las únicas cadenas con canales de cobertura nacional”.Según los datos de 2005, Televisa acaparó 68% de la audiencia televisiva y captó 71.2% de la inversión publicitaria en la televisión abierta, mientras que TV Azteca tenía 28.3% de la audiencia y captó 28.2% de la inversión publicitaria. Las otras opciones de televisión abierta (Canal Once, Canal 22, Canal 28, Proyecto 40) apenas alcanzaron 3.2% de la audiencia y menos de 2% de la inversión publicitaria.Ante este panorama, algunas de las recomendaciones que el Grupo Plural adopta como propias para la reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión son las siguientes:
–Establecer como máximo 15 años para el período de concesiones, en lugar del plazo actual de 20 años.
–Constituir un organismo regulador con la estructura institucional y las facultades adecuadas para evitar que sea “capturado” por las principales empresas dominantes del sector.
–Desaparecer la figura de “permisos” en materia de radio y televisión porque “atenta contra el principio de igualdad que protege la Constitución” y se pronuncia a favor de que todas sean “concesiones”, incluyendo a los medios de comunicación del Estado sin fines de lucro.
–Crear una reclasificación de los medios públicos para que existan medios audiovisuales culturales; medios audiovisuales educativos; medios audiovisuales indigenistas; medios audiovisuales con vocación social o comunitaria. Esta reclasificación abriría la posibilidad a nuevas alternativas en medios electrónicos, al tiempo que permitiría el financiamiento privado en estas nuevas figuras.
–Apoyar a las estaciones de radio en AM, así como a las comunitarias y a las indígenas para facilitar el proceso de digitalización.
–En materia de programación, contenidos y publicidad se proponen medidas que limitan la excesiva comercialización de la pantalla televisiva, así como la apertura y el apoyo a la producción independiente.
–Mantener el tope publicitario de 18% para televisión y 40% en radio, pero que se mida por hora y se incluya la publicidad insertada en el contenido de la programación como si fuera información o parte de los contenidos.
–Establece que “no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo de eventos deportivos o de espectáculos”, lo que derivaría en una severa limitación a la publicidad intensiva que se transmite durante los partidos de futbol, los programas musicales y de variedades”.
–Prohíbe la difusión de publicidad de bienes o servicios prohibidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
–Propone transmisiones de emisiones gratuitas diarias de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, para difundir temas educativos, culturales y de orientación social, así como 15 minutos para difundir lenguas, culturas y derechos indígenas, de acuerdo con los propios convenios signados por el Estado mexicano en esta materia.
–En materia de contenidos, establece que la regulación debe ser equilibrada. “No se debe caer en la censura, pero sí delimitar obligaciones y responsabilidades que puedan afectar derechos de terceros.”
–En materia de telecomunicaciones, una de las propuestas más novedosas es la creación de un Consejo Consultivo de Usuarios de Telecomunicaciones, una entidad independiente de la autoridad, formada por especialistas y defensores de los consumidores, con facultad para poder emitir recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta por la Profeco y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
–Eliminar las “restricciones actuales” que limitan la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones. El documento subraya que el marco vigente –que establece un tope de 49% de capital externo– “crea incentivos a la realización de actos de simulación difíciles de supervisar por la autoridad”. La apertura al capital privado no se propone en radio y televisión.
–En materia de interconexión, los legisladores proponen 13 puntos de solución para facilitar tarifas basadas en costos, evitar las prácticas de dominancia, comunes en las empresas de telefonía, y permitir la interconexión de redes convergentes.
–Otorga facultades a la Cofetel para que pueda determinar la dominancia de una empresa tanto en telecomunicaciones como en radio y televisión. El documento subraya que “el poder monopólico de algunas empresas preestablecidas ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las telecomunicaciones en México y el mundo”.
–Propone incorporar una legislación específica en materia de derecho de réplica. En específico, la modificación del artículo 38 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que regula de forma muy limitada el derecho de réplica. El análisis establece que uno de los principales problemas en esta materia es que “se deja a la estación la consideración y decisión para proceder a otorgar el derecho de réplica”.
Derecho de réplica y radiodifusoras
Con la remoción de Creel, los concesionarios frenaron la posibilidad de que la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se discuta y apruebe en el próximo período ordinario de sesiones o en un período extraordinario para cumplir con el compromiso establecido el 7 de septiembre de 2007, cuando el Senado instaló el Grupo Plural.Sin embargo, los focos de alerta se mantienen porque el propio Creel, como presidente del Senado, planteó que en el próximo periodo extraordinario, que inicia el jueves 19, el tema del derecho de réplica puede incluirse en el paquete complementario de reformas electorales.El senador Alejandro Zapata Perogordo, cercano a Creel, presentó la primera iniciativa sobre la materia el 13 de diciembre de 2007; de inmediato generó una oleada de reacciones negativas entre los comentaristas de Televisa y de TV Azteca, así como entre los especialistas, quienes consideraban ambiguos varios de sus planteamientos y violatorios a la libertad de expresión.El 25 de marzo pasado, un grupo de diputados del PAN, encabezados por José Antonio Díaz, Dora Alicia Martínez y Rocío del Carmen Morgan, presentó otra iniciativa que enmienda muchos de los puntos de las del senador Zapata Perogordo, reduce sustancialmente las sanciones, amplía hasta un año el lapso de presentación de la réplica (en lugar de los siete días de la iniciativa de Zapata) y establece que las partes podrán dirimir el conflicto de manera amigable.El 21 de abril, el grupo parlamentario del Partido Verde presentó una tercera iniciativa, mucho más favorable a los intereses de las televisoras. En ésta se elimina la posibilidad de sanciones y se propone la figura del Defensor de Audiencia, que sería nombrado por los propios medios, como responsable del cumplimiento de la réplica.Finalmente, el miércoles 4, un grupo de senadores del PRI, encabezados por su coordinador Manlio Fabio Beltrones, presentó otra iniciativa de reformas al artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir que las 859 estaciones de radio en Amplitud Modulada (AM) puedan transitar a Frecuencia Modulada (FM), sin necesidad de licitar ni pagar contraprestación al Estado.Un artículo transitorio de esta iniciativa establece que el Ejecutivo federal, a través de Cofetel, llevará a cabo un programa de reconversión tecnológica para otorgarles temporalmente las FM a las AM y permitir su tránsito a la digitalización.El dictamen recupera partes sustanciales del diagnóstico que realizó el Grupo Plural sobre la situación crítica de la mayoría de estaciones de radio en AM que han perdido competitividad ante las FM, han disminuido drásticamente sus ingresos publicitarios y tienen altos costos de operación.“Es una iniciativa justiciera”, afirmó Beltrones en conferencia de prensa el miércoles 11, pero reconoció que difícilmente se aprobará antes del período ordinario que inicia en septiembre. La iniciativa abriría la posibilidad de discutir las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, aunque sólo fuera parcialmente el tema de las radiodifusoras.Hasta ahora, las televisoras no han expresado su rechazo a la iniciativa de Beltrones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mantenido silencio, pero algunos de los grupos radiofónicos más fuertes, dominantes en FM, han señalado que esta iniciativa “no pasará”.
Protegidos 
Jorge y Manuel Bribiesca. Impunidad....primera generacion de Materia FECAL.
Después de exonerar a los hermanos Bribiesca Sahagún, la PGR no sólo incumplió la orden del IFAI de dar a conocer el expediente, sino que, tras una serie de maniobras, se convirtió en vocera y defensora de los hijos de Marta Sahagún. Advirtió al instituto que, de insistir, tendría que asumir “las consecuencias”. El IFAI presentó una nueva denuncia para que se entregue el expediente y se finquen responsabilidades de un desacato plenamente configurado. Cuando todo parecía perdido para los hermanos Bribiesca Sahagún, durante el gobierno de Felipe Calderón encontraron un aliado en la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar de impedir que se conozca cómo se libraron de las acusaciones en su contra por el presunto tráfico de influencias que ejercieron en el sexenio anterior. Desde el 30 de abril pasado, la PGR debió poner en manos de Guillermo Alfaro –un ciudadano que en octubre de 2007 hizo una solicitud de acceso a la información– la versión pública del expediente integrado sobre los hijastros del expresidente Vicente Fox, de acuerdo con una resolución –con voto unánime– del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).Los cinco comisionados del IFAI consideraron que al exonerarse oficialmente a los hermanos Bribiesca, la investigación debía ser pública, y, en consecuencia, la PGR fue emplazada a entregar –eliminando únicamente los datos personales– todo el expediente integrado tras la denuncia que presentó una comisión especial de la Cámara de DiputadosNo obstante, eso jamás sucedió.En lugar de acatar la resolución, la PGR, encabezada por Eduardo Medina Mora, pidió al presidente del IFAI, Alonso Lujambio, así como a Juan Pablo Guerrero, el comisionado encargado del caso, responder a una carta en la que los hermanos Bribiesca desautorizaron la liberación del expediente y amenazaron con denunciar al propio IFAI si eso ocurría.En un oficio fechado el pasado 29 de abril –del que Proceso obtuvo copia–, la PGR advierte que “para estar en condiciones de cumplir con la resolución” es necesario que el IFAI “se pronuncie” ante la misiva de los hermanos Bribiesca y, de paso, adelanta a los comisionados que, de confirmarse la resolución de dar publicidad al expediente, “el instituto asumiría las consecuencias jurídicas”.Ante la presión y el desacato, el IFAI respondió con una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se finquen responsabilidades administrativas y penales contra los servidores públicos de la PGR que incumplieron. Y, sin rodeos, los comisionados del instituto ventilan el menosprecio de la procuraduría:“La intención de la PGR no era proteger la información clasificada, sino ignorar una resolución que por mandato legal es definitiva, negando el acceso a información cuya publicidad es imperativa para transparentar su actuación en un caso por demás público.” El problema para la familia Fox-Sahagún no es menor ya que, al ordenarse la entrega de una versión pública sobre el caso de los hermanos Bribiesca, quedó la puerta abierta para que cualquier otra persona pueda solicitar acceso a ese archivo que la PGR ya mandó a la reserva.Pero la rebeldía de la PGR no es novedad. En los archivos del IFAI hay documentos donde se consta que ha actuado de la misma manera en casos similares. Por ejemplo, el IFAI ya había presentado una primera denuncia contra la PGR por negarse a entregar información sobre averiguaciones previas ya cerradas pero vinculadas al lavado de dinero en México. La solicitud de acceso a la información sobre este último asunto fue hecha por el coordinador del archivo de Proceso, Rogelio Flores, quien trabaja en una investigación periodística.El conflicto entre la PGR y el IFAI se desató más de un mes antes de que el presidente Felipe Calderón, en un discurso improvisado de 90 minutos, por momentos atropellado, lanzara al aire reprimendas, críticas y propósitos ante 950 funcionarios reunidos en Palacio Nacional, entre quienes se hallaba el procurador Medina Mora. Allí exigió a todos trabajar para que el actual gobierno se distinga por su honestidad, su transparencia y su lucha contra la impunidad, el influyentismo y el amiguismo.
Asimetrías de la justicia
Durante cinco años, una comisión especial de la Cámara de Diputados se dedicó a indagar la súbita riqueza de los hijos de Marta Sahagún y concentró su atención en la empresa Construcciones Prácticas. En abril de 2006, el entonces diputado por Convergencia Jesús González Schmal finalmente interpuso una denuncia ante la PGR contra los hermanos Bribiesca por tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y fraude, entre otros presuntos delitos.Mientras avanzaban las indagatorias, los hermanos Bribiesca cobraban mayor notoriedad. Sus rostros ocupaban con frecuencia espacios en las “revistas del corazón” y en la prensa que hace investigaciones periodísticas. En la actualidad, al colocar el nombre de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún en el buscador de Google aparecen en internet 11 mil 700 referencias. Aunque hace 12 años internet era un instrumento menos socorrido, lejos de los Bribiesca quedaron ya las menciones de personajes polémicos como Carlos Cabal Peniche, quien sólo tiene 5 mil 800 referencias, y Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino, quien llega allí únicamente a mil 920 ligas. Las reporteras Anabel Hernández y Arelí Quintero dedicaron un capítulo a los retoños de Marta Sahagún en el libro La familia presidencial bajo sospecha de corrupción. El diario Reforma dio cuenta de cómo el mayor de los hermanos, Manuel Bribiesca, compró un departamento de 225 mil dólares dentro de las exclusivas Four Leaf Towers, ubicadas en Houston. Proceso, por su parte, reveló que este mismo personaje desembolsó 1 millón de dólares por un jet (Lear Jet XB-JKK) para atender sus boyantes negocios. Todo esto se registró durante el sexenio en que su mamá fue la primera dama del país.
En su libro La jefa, Olga Wornat describió así el estilo de vida de Manuel Bribiesca Sahagún:
“El problema de Manuel son sus dudosos manejos empresariales. ¿A qué se dedica?, se preguntan quienes lo ven dilapidando dinero en fiestas, con una mansión recién estrenada en León, una nana para cada una de sus hijas y dos enfermeras, guardaespaldas y viajes por el mundo con sus cuates, todo pagado, y en hoteles para millonarios. Miles de dólares cuesta mantener esta vida y nadie entiende de dónde saca la plata. Todo es como una gran nebulosa. Cada vez que pregunté sobre el trabajo del primogénito de Marta de Fox, me respondieron vagamente que se dedicaba a diversos negocios. Así de simple.”El 29 de noviembre de 2006, cuando faltaban 48 horas para que concluyera el gobierno de Vicente Fox y los medios de comunicación estaban atentos a si Felipe Calderón podría o no rendir protesta como presidente ante la toma de la tribuna en el Congreso, la PGR decidió que los hermanos Bribiesca eran inocentes. Entre la presentación de la denuncia y el no ejercicio de la acción penal transcurrieron siete meses; en contraparte, la investigación que del caso hicieron dos comisiones especiales de la Cámara de Diputados había demorado alrededor de cinco años.
El desacato
Aunque los actuales diputados integraron una tercera comisión especial para el caso Bribiesca, cuando Calderón se ciñó la banda presidencial la denuncia contra los vástagos de Marta Sahagún ya estaba bajo llave en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (averiguación 598/UEIDCSPAJ/2006).No fue sino hasta el siguiente 28 de diciembre –el Día de los Santos Inocentes– cuando los nuevos legisladores reaccionaron sobre la exoneración. El perredista Juan Guerra –miembro de la nueva comisión que investiga a los hijastros de Fox– pidió citar al procurador Eduardo Medina para que diera una explicación. A la sazón, el no ejercicio de la acción penal había cumplido un mes; el responsable de cerrar el caso fue el anterior procurador, Daniel Cabeza de Vaca, y, además, su sucesor nunca se presentó en San Lázaro.Antes de que la PGR “congelara” el caso, los hermanos Bribiesca ya habían obtenido un triunfo judicial que proyectó su presunta inocencia en los medios de comunicación:Un tribunal colegiado en la Ciudad de México confirmó la sentencia de un juez local en el sentido de que la escritora argentina Olga Wornat causó un daño moral a Manuel Bribiesca al describirlo como un personaje vinculado al narcotráfico que hacía negocios al amparo del poder que tuvo su madre, así como por burlarse de su físico. Por aquellas fechas, marzo de 2006, los hijos de Marta Sahagún habían conseguido detener la denuncia de la Cámara de Diputados y estaban a un paso de que se sancionara a la periodista por el contenido de su capítulo Los hijos de la jefa. Pero en octubre de 2007, un ciudadano, sin aparente vínculo con la prensa ni relación comprobada con algún partido, pidió a la PGR una copia del expediente en el cual se decretó el no ejercicio de la acción penal.En respuesta, la PGR envió a esa persona un resumen con las fechas más importantes del caso y otros datos: cuándo se presentó la denuncia, quién la interpuso y en qué fecha se determinó no proceder contra los hijos de Marta Sahagún. En cuanto al contenido del expediente, la dependencia aseguró que era información “confidencial”. Es decir, que era imposible verla por razones de Estado (Proceso 1642).Inconforme, el peticionario solicitó la intervención del IFAI. El comisionado encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, pidió a la PGR sustentar por qué se trataba de información confidencial.Ante este requerimiento, la PGR cambió sus argumentos: esta vez pretextó que el expediente de los hermanos Bribiesca en realidad estaba bajo reserva. Lo cual significaba que ya no era asunto de Estado, sino que contenía datos personales e información supuestamente relacionada con otras averiguaciones. Sin embargo, en una audiencia convocada por Juan Pablo Guerrero, la PGR sostuvo sus alegatos, mas el IFAI ordenó a la PGR elaborar una versión pública y entregar el expediente, según la resolución 042/07.Esta resolución –aprobada por unanimidad– provocó una inesperada reaparición pública de los hermanos Bribiesca, quienes enviaron al comisionado presidente, Alonso Lujambio, y al encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, una carta donde advertían que no autorizaban la publicidad del expediente y amenazaban con denunciarlos si persistían en liberarlo.Los Bribiesca mandaron dicha misiva aun cuando no forman parte del litigo. En el expediente consta que los involucrados son la PGR y el ciudadano Guillermo Alfaro. Nadie más.Según los Bribiesca, no permitirán que por razones políticas, ajenas a la transparencia, “se les perjudique” de esa forma. La respuesta del IFAI consistió en difundir la carta de los Bribiesca y emitir un comunicado rechazando cualquier tipo de presión, además de señalar que la PGR tenía que cumplir la resolución. El 2 de abril el IFAI dio a la PGR un plazo de 10 días hábiles para elaborar la versión pública del expediente a fin de que fuera revisada por los propios comisionados y le ordenó que, en 10 días más –esto es, el 30 de abril–, pusiera el expediente en manos del solicitante. La PGR nunca cumplió. Aún más: El 18 de abril pasado, considerando que la fecha final de entrega estaba próxima y que aún no se había revisado la versión pública, el IFAI emplazó a la PGR para que acudiera a una audiencia. La cita estaba programada para el martes siguiente, el 22 de abril, a las 10:00 horas. Ningún funcionario de la PGR se presentó.Ya vencidos todos los plazos, el IFAI remitió un nuevo citatorio a la PGR. Esta vez la fecha era el martes 29 de abril, pero nuevamente nadie se presentó.Quienes sí se aparecieron de nuevo por el edificio del IFAI fueron los hermanos Bribiesca para entregar una segunda carta. Como en la ocasión anterior, negaron su aval para que se liberara su expediente y ahora exigieron a los comisionados “emitir un acuerdo” para dar marcha atrás a su resolución toda vez que, según ellos, el manejo irresponsable de esa información terminaría por perjudicarlos.“Reiteramos que dicha investigación (la de los diputados) nos produjo serios inconvenientes y, por ende, no permitiremos que por razones ajenas a la transparencia y a la rendición de cuentas, que en realidad son razones políticas, se nos perjudique todavía más”, enfatizaron en su escrito, fechado en la Ciudad de México el 16 de mayo.En lugar de acatar la resolución, como lo marca la Ley Federal de Transparencia, la PGR envió un oficio al IFAI –del que este reportero obtuvo copia– en el cual se pliega a la postura de los hermanos Bribiesca y advierte que los comisionados terminarán por asumir “las consecuencias jurídicas” si insisten en que se abra el expediente.
Nuevos feudos para el narco
Propaganda del narcoEl empecinamiento de Felipe Calderón en combatir al narcotráfico sólo con armas y en los estados donde tradicionalmente se asienta disparó la violencia en todo el territorio nacional. El alto costo para las fuerzas policiacas y militares (medio millar de muertos) no se traduce en la liberación de territorios e instituciones. En vez de ello, los narcos trasladan sus disputas a otros estados y ahí conquistan nuevos feudos.El pleito entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, modificó la configuración de los cárteles del narcotráfico.Con nuevas alianzas y una mayor cobertura de territorios, esas organizaciones no sólo refuerzan sus operaciones, sino que le dificultan al gobierno la captura de sus principales cabecillas. Muestran además una capacidad de fuego que ya preocupa a los miembros del Gabinete de Seguridad. Después de más de 500 bajas en las fuerzas federales, las autoridades se aprestan a mejorar el armamento de los policías y el blindaje de los automóviles que utilizan en los operativos.Lejos de acabar con uno de los negocios más rentables del mundo, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) genera ganancias cercanas a 300 mil millones de dólares anuales, el gobierno mexicano se enfrenta a la violencia cada vez más avasallante del narco –un conjunto de agrupaciones mejor organizadas–, pero también a otro flagelo: los feudos creados por éstas.Así lo sostiene, por ejemplo, el investigador Eduardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Experto en temas de seguridad nacional afirma que, debido al “vacío de poder” y al abandono de las políticas sociales, entre otras razones, los grupos de narcotraficantes realizan una especie de feudalización en varias regiones del país donde la fuerza del Estado no puede revertir la falta de credibilidad que arrastra.Según Buscaglia, quien junto con otros investigadores ha estudiado el comportamiento del crimen organizado en 107 países, en el caso de México el gobierno mantiene su política de contención mediante la fuerza militar, en tanto que el narco avanza en sus planes de expansión: financia campañas de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, gobernadores… Y así seguirá, afirma, hasta alcanzar el poder absoluto.
–¿Hay salida para revertir esta fuerza, que ya no sólo es armada? –se le pregunta.
–La salida es un pacto político, un acuerdo entre el presidente de la República y las fuerzas económicas dominantes del país. Ya se experimentó en Rusia, con éxito; en Colombia está funcionando y tales acuerdos van de la mano con políticas que corten los canales de supervivencia de las organizaciones criminales.Puntualiza: “Ese pacto implicaría nuevas reglas en el juego político, tales como implantar controles y autocontroles patrimoniales o clarificar los flujos financieros hacia las campañas políticas. Quien viole las reglas, pues tendrá que asumir consecuencias. Esa es la única forma de cortar los vínculos del narco con las figuras del poder”.Una de las graves fallas de México, dice el investigador, es que su política criminal camina sobre una rueda: la represión militar y policiaca. Explica: hay países que combaten a la delincuencia organizada sólo golpeando selectivamente a las cúpulas y a los brazos armados (dos de las cuatro ruedas), sin desmantelar los vínculos financieros y patrimoniales de los grupos criminales con el ámbito empresarial “lícito”, la clase política, los anillos de corrupción y de protección política (las otras dos ruedas). Esos países, dice, terminan causando mayores niveles de violencia, como ahora ocurre en México.Desde su punto de vista, los estados que más aceleradamente se precipitan hacia la llamada “feudalización” del narco son Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Colima, Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, donde los cárteles ya se fundieron con las clases política y empresarial.
–Le preguntaba si esta crítica situación tiene salida y ahora le pregunto: ¿es viable en México ese pacto político que abrió esperanzas en otros países?
–En México no.
–¿Por qué?
–El presidente Felipe Calderón no tiene liderazgo, es un hombre débil que carece de controles en el país y que, si intenta hacerlo, no tendrá éxito, al menos por ahora. El pacto tampoco es posible debido a que no existe un aglutinamiento de poder en el Congreso, y me refiero a que no hay condiciones para que crezca el poder parlamentario.
–¿Qué debe suceder en el país para que pueda fraguarse un pacto político que frene al narco?
–En las condiciones actuales es muy difícil. Quizás esos resortes puedan activarse, en dirección al pacto, cuando la violencia del narco toque a la puerta de Carlos Slim, Salinas Pliego o Azcárraga Jean. Tiene que ocurrir un secuestro como el que sufrió Ingrid Betancourt en Colombia para que el poder presidencial y estas figuras empresariales se den cuenta de que el costo de no hacer nada es más alto que el de hacer algo.
Los otros pactos
Actualmente los narcos se dispersan en una especie de retirada estratégica, pero no dejan de enfrentarse a las fuerzas federales y a sus rivales con lanzagranadas, bazucas y armas calibre .50, nunca antes vistas en los cárteles mexicanos. Por eso, entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro e Hidalgo, por citar algunas que no estaban tan contaminadas de violencia, ahora son escenario de disputas y matanzas.A su vez, los estados que históricamente han sido asiento de cárteles, como Sinaloa y Chihuahua, pasaron a ser tierra de nadie: la primera entidad, por ejemplo, ocupa el primer lugar en violencia: entre abril y mayo fueron ejecutadas 191 personas, 71 en el primer mes y 120 en el segundo. Mayo fue el mes más violento de los recientes 16 años, según la procuraduría de Sinaloa.En Chihuahua, cuna del cártel de Juárez, se han registrado cerca de 100 ejecuciones en lo que va del año. Pero además 21 agentes están sentenciados a muerte por el narcotráfico, que ya ejecutó a cuatro de ellos. Sin capacidad de respuesta y escondido tras un reiterativo discurso de que “le vamos ganando la batalla al narco”, el gobierno sufre un aumento de sus costos humanos conforme transcurre la guerra: en un año y siete meses de la administración de Felipe Calderón han caído 550 militares, marinos y policías federales.La violencia no cesa. Después de la emboscada perpetrada por Los Zetas en Carácuaro, Michoacán, en mayo de 2007, donde fueron asesinados a mansalva cinco militares, otro escándalo volvió a mostrar la vulnerabilidad del gobierno y la capacidad de fuego del narco: la muerte de siete agentes de la PFP en Sinaloa. El caso aceleró los proyectos del gobierno para dotar a los policías de armamento más potente y de vehículos con mejor blindaje.Las conclusiones de Buscaglia coinciden con la reconfiguración que impulsan algunos cárteles de la droga, como la alianza de los hermanos Beltrán Leyva con Los Zetas, quienes comenzaron a reunirse a mediados de 2006, cuando la agencia estadunidense antidrogas, la DEA, confirmó que en México se planeaba un pacto del cártel de Sinaloa con el del Golfo.Según datos consultados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la ruptura de los Beltrán Leyva con El Chapo Guzmán está confirmada, después de varias décadas de relación. Los mismos informes sostienen que este conflicto –que es a muerte– provocó que otros viejos rivales en el negocio de las drogas volvieran a encontrarse para negociar nuevas estrategias.Es el caso de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes, hermano éste del llamado Señor de los Cielos (Amado Carrillo), quienes sellaron su alianza, rota desde el año 2001, cuando El Chapo se fugó del penal de Puente Grande y fortaleció lo que ahora se conoce como cártel del Pacífico.El antagonismo entre Vicente Carrillo y El Chapo tiene historia: se recrudeció en septiembre de 2004, cuando en Culiacán, Sinaloa, fue ejecutado Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro, presuntamente por órdenes de Guzmán Loera, quien pretendía acabar con la hegemonía de los Carrillo en el negocio del narcotráfico (Proceso 1455).El asesinato de Rodolfo fue planeado cuidadosamente en Monterrey, Nuevo León, durante un encuentro al que acudieron Guzmán Loera; los hermanos Beltrán Leyva; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ismael Zambada García, El Mayo.En esa reunión clandestina, acordaron tres acciones para apoderarse del negocio y convertir a Sinaloa en la federación de narcotraficantes más poderosa de México: acabar con los Carrillo Fuentes, destruir al cártel de Tijuana y erradicar al grupo armado Los Zetas, quienes se convirtieron en una verdadera pesadilla para El Chapo y sus aliados.El plan se cumplió: Ramón Arellano Félix fue asesinado y Benjamín encarcelado, lo que puso en crisis al cártel de Tijuana; debilitaron en efecto al cártel de Juárez con el asesinato de Rodolfo Carrillo y, tal como maquinaron, le declararon la guerra al cártel del Golfo en su propio territorio hasta que vieron caer a su jefe, Osiel Cárdenas Guillén.Aunque parecían irreconciliables, los cárteles de la droga –a diferencia de los partidos políticos– muestran un pragmatismo sorprendente para mantenerse impunes: ahora que los Beltrán están fuera del cártel de Sinaloa, Los Zetas (que ya son independientes) se aliaron con ellos y aparentemente también con Vicente Carrillo, según confirmó recientemente la DEA.Por su parte, el cártel de Tijuana, descabezado desde 2003, se encuentra en etapa de rearticulación con su nuevo jefe, Francisco Rafael Arellano Félix, quien se hallaba recluido en una cárcel estadunidense y a principios de marzo de este año fue puesto en libertad por falta de pruebas. Después de permanecer casi una década preso en México, el mayor de los hermanos Arellano fue extraditado a Estados Unidos, donde sólo permaneció encarcelado ocho meses: el 3 de marzo cruzó el puente Santa Fe, de Ciudad Juárez, sin que ninguna autoridad mexicana lo detuviera. Junto con su hermana Enedina, Francisco Rafael se ocupa de reestructurar su empresa criminal.De acuerdo con un informe de la SSP, otros cárteles e importantes personajes del narco prosiguen sus operaciones dentro y fuera de México.En el informe de la SSP ya citado, titulado Radiografìa de las organizaciones de narcotraficantes, se menciona a otros narcos como piezas clave del cártel de Sinaloa. Dice el estudio: “En un segundo plano, aunque también importante, en el cártel del Pacífico participan Cándido y Valerio Palma Salazar (hermano de El Güero Palma); Humberto y Jesús Loya Pérez; Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, y Ernesto Guzmán Loera”, hermano de El Chapo.La ruptura entre Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva, que derivó en la captura de Alfredo Beltrán, El Mochomo (detenido en enero de este año), y el asesinato de Édgar Guzmán, hijo de El Chapo (durante una balacera en Culiacán, el 8 de mayo), no mermó al cártel de Sinaloa, ya que éste cerró filas con la organización de los hermanos Valencia, afincados en Michoacán.Dice el reporte de la SSP: “La familia Valencia hizo una alianza con la organización de Sinaloa y actualmente trabajan juntos en el trasiego de drogas. Los líderes del cártel de los Valencia son Luis Valencia Valencia, Óscar Orlando Nava Valencia, José Benavides Martínez, Juan Calixto Vázquez y José Silverio Martínez González.”
Poder de fuego
Fortalecidos con sus nuevos socios y con el respaldo de un buen número de policías estatales, Los Zetas siembran terror en varias regiones del país, donde ganaderos, empresarios y abarroteros, así como dueños de bares, cantinas y prostíbulos han sido secuestrados u obligados a pagar cuotas mensuales para mantenerse a salvo de los pistoleros y sus familias.Unas de las regiones más sacudidas por Los Zetas es la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, una zona productora de caña de azúcar. Incluso existe la versión de que delincuentes comunes actúan como zetas aunque realmente no lo son.En una franja de 54 kilómetros de ese estado –desde Tierra Blanca hasta Boca del Río– se han perpetrado 12 secuestros y varios “levantones”. En la mayoría de los casos no hay denuncias, salvo una carta enviada en abril pasado a la Presidencia de la República, en la que varias víctimas exigen seguridad al gobierno.El fortalecimiento de Los Zetas, que cuentan con unos 700 miembros, ha permitido su desplazamiento a un mayor número de estados donde hasta hace poco no tenían presencia, como San Luis Potosí, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Coahuila (principalmente en la Comarca Lagunera) y Tijuana, donde disputan territorios con el cártel de Sinaloa por el boyante mercado del consumo de drogas.Además de enfrentarse entre sí, Los Zetas, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa libran contra el gobierno una guerra que no parece tener fin. Los tres grupos delictivos empiezan a mostrar una capacidad de fuego que sorprendió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna: en varias entrevistas radiofónicas reconoció que el narcotráfico dispone de armamento de mayor poder que el de los policías, por lo que, dijo, se incrementará el calibre de las armas y el blindaje de los automóviles que se utilizan en los operativos.“Lo que hoy tienen los criminales (es) capacidad de fuego y este es un tema importante… Hemos asegurado armas de alto calibre, armas que eran inclusive (de) capacidades muy altas en términos de uso de fuego que calibres .50, las cuales eran usadas para tanquetas o antiaéreas”, explicó García Luna.Un dato para ilustrar el poderío del armamento empleado por los cárteles: en lo que va del sexenio, la PGR, el Ejército y la SSP han asegurado 10 mil armas, lo cual, sin embargo, no ha mermado la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. Así lo reconoce García Luna, quien afirma: “Estamos trabajando con colegas de Estados Unidos para que no entren más armas al país”. l
Cocina estilo “zeta”
El mundo criminal de Los Zetas no tiene límites. Para ellos no basta con asesinar a sus rivales, sino degradarlos más allá de la muerte, según consta en testimonios judiciales cuyas copias fueron proporcionadas a Proceso.Si sus antagonistas de Sinaloa, encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán, se caracterizan por acumular poder mediante influencias políticas y protección policiaca, Los Zetas han recrudecido su sadismo desde 2004, cuando comenzaron a publicitar las imágenes de sus ejecuciones: cuerpos decapitados, descuartizados y hasta quemados. La conducta de ese grupo armado la ilustra el testimonio ministerial de un zeta que fue detenido en Michoacán y se incorporó al programa de testigos protegidos de la PGR. Su nombre clave es Karem.En una de sus múltiples declaraciones revela detalles de la forma en que Los Zetas torturan y exterminan a algunas de sus víctimas. Cuenta que en una ocasión, estando en la “estaca” (unidad que se compone de una cabeza y tres elementos) de Daniel Velásquez Caballero, El Talibancillo o 52, fue acompañado por las estacas dirigidas por Iván Velásquez y Miguel Ángel Treviño. “Fuimos a levantar al Checo Ortiz en la colonia Viveros”.Narra Karem:“Lo levantamos y lo llevamos a un rancho conocido como La Huicha, donde después de estarlo torturando, Miguel Treviño lo mató y lo entregó ahí mismo en el rancho a los cocineros para que lo cocinaran.”Cuando Karem menciona la palabra “cocinar”, aclara que se refiere a “meter (el cuerpo) en un tanque metálico de 200 litros y después rociarlo con diesel, prenderlo y constantemente rociarle diesel para que continúe el fuego”.Mientras tanto, el cuerpo es destrozado. El testigo explica: “Hay que utilizar una pala en forma de cuadro, con mango largo, para estar destrozando el cuerpo, para que se consuma más rápido hasta que se desaparezca.”Karem precisa que Miguel Treviño entregó al Checo Ortiz “al cocinero, de nombre Miguel Ángel Ábrego, alias El Gordo, y a un tal Víctor, para que se encargaran de desaparecerlo o guisarlo. Y se le prendió fuego hasta que sólo quedaron las cenizas”.Los Zetas, con sus múltiples contactos policiacos, se enteran con rapidez cuando personas extrañas andan preguntando por ellos. Y quienes pretenden conocerlos viven una verdadera pesadilla. Al menos eso fue lo que experimentó un personaje de origen extranjero que viajó a Tamaulipas y recorrió las calles preguntando quiénes eran y dónde estaban Los Zetas.Karem narra lo que ocurrió al extranjero curioso:“Aproximadamente en el mes de noviembre de 2004, cuando pertenecí a la estaca de Mario Alberto Flores Soto, levantamos a una persona de procedencia extranjera, sin recordar si era de origen alemán, porque un informante le comentó a Mario Alberto, El Cero Dos, que andaba preguntando por Los Zetas.“Lo levantamos y después de hacerle varios interrogatorios –donde procedió Mario Alberto a golpearlo y a preguntarle por Los Zetas y quién era y para quién jalaba–, lo soltamos cerca del puente internacional número dos de Nuevo Laredo. No lo matamos, no lo cocinamos porque vimos que procedió a cruzar al otro lado.”Mario Alberto Flores Soto, El Cero Dos, “era muy apreciado por Osiel Cárdenas Guillén y Heriberto Lazcano Lazcano y respetado por todos los demás zetas viejos, ya que (por) el aprecio que le tenían en la organización criminal lo dejaban mover su mercancía y trabajar sus tienditas en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo, Tamaulipas (…) En una ocasión me comentó que él había sido rescatado por Los Zetas del penal de Loma de Nuevo Laredo”.Otra de las prácticas socorridas por Los Zetas es la decapitación, hecho brutal que le ha dado la vuelta al mundo, como aquellas imágenes que muestran cómo un grupo de sicarios irrumpió en una discoteca de Uruapan, Michoacán y, sobre la pista de baile, hicieron rodar cinco cabezas humanas recién cortadas, que –según los testigos– todavía mostraban signos de palpitaciones en sus tejidos nerviosos… (Ricardo Ravelo) l
Guerra por la Condesa
Restaurantes. InvasiónOrganizaciones vecinales y miembros de la comunidad intelectual se oponen al proyecto Recreando avenida Michoacán, que pretende cerrar toda o en parte esta calle capitalina para cederla a la plaga restaurantera y antrera. El problema, dicen, es que nunca se consultó a los vecinos, quienes se verán sometidos al trajín de los valets parkings y los camiones, así como a un aumento del caos vehicular. El pasado jueves 12, un operativo retiró de la zona algunos vehículos en doble fila y a estacionadores. Paliativos, pues.Con el proyecto Recreando avenida Michoacán, el gobierno capitalino intenta cerrar –parcial o totalmente– el kilómetro y medio que mide esa avenida, con lo que afectaría varias colonias tradicionales de la Ciudad de México, como la Condesa, Hipódromo, Hipódromo Condesa y Roma.El proyecto está levantando protestas entre organizaciones vecinales, las cuales aseguran que es impulsado realmente por los restauranteros que empezaron a invadir la zona desde hace una década. Ahora serán los únicos beneficiarios del “cierre” de la avenida, programado para que expandan sus negocios y para asestar el “golpe mortal” a los colonos. Matilde Villagómez, presidenta de la organización vecinal Amigos de los Parques México y España, exclama categórica:“¡Nunca se nos consultó a los vecinos! ¡Jamás! Es un proyecto de los restauranteros y para beneficio exclusivo de ellos. A través de él, se intenta hacer de avenida Michoacán un corredor eminentemente comercial.“Es además contradictorio: por un lado se propone abrir más y más comercios, así como plazoletas, baños públicos y un estacionamiento subterráneo, que aumentará el tráfico vehicular y el terrible caos de la zona; pero por otro lado se nos dice que este concepto urbanístico es para andar a pie y disfrutar las bellezas del paisaje, al más puro estilo europeo.”
Eliana Menassé, vicepresidenta de la misma asociación de colonos, la secunda: “Hará unos 10 años que empezó en nuestras colonias la invasión de restaurantes, bares y antros de todo tipo. Desde entonces protestamos infructuosamente ante las autoridades capitalinas, que, por corrupción, han privilegiado a los restauranteros. Ahora, el proyecto Recreando avenida Michoacán representa el golpe mortal contra los vecinos. Esa es la verdad de las cosas.”
–¿El proyecto afecta sólo el área de esa avenida?
–¡No! Afecta a por lo menos cuatro colonias: Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo y Roma, que constituyen un área importantísima del centro de la ciudad. La larga avenida Michoacán es uno de los accesos principales a ella. El proyecto intenta cerrarla y ampliar sus banquetas para que los restauranteros saquen sus mesas a la calle. Imagínese el caos vehicular que esto provocará en una zona ya de por sí saturada. José Nuño, presidente de la Asociación de Residentes de las Colonias Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa, afirma molesto:“Aparte de que se hizo a nuestras espaldas –ya que no se consultó a los vecinos–, ese proyecto no resuelve los problemas de congestionamiento vehicular y deterioro ambiental. Al contrario, los agudizará, pues su objetivo es que lucren los responsables de estos problemas: los comerciantes. Es además un proyecto tramposísimo porque, pese a lo anterior, se nos dice que gracias a él viviremos como en Europa.” De 54 páginas, Recreando avenida Michoacán señala que se inspira en dos importantes paseos turísticos de interés mundial: la Quinta Avenida de Nueva York y Las Ramblas de Barcelona, así como en otros “lugares maravillosos” de ciudades como “París o Copenhague”…Y es que –agrega el documento– el anhelo es transformar la avenida Michoacán en “la mejor calle del mundo”… Ni más ni menos. Para conseguir tan ambicioso objetivo –que colocaría esa avenida defeña por encima de la parisiense Campos Elíseos– se necesita que “los espacios y comercios se mezclen”, que se “complementen el ámbito público con el privado”.De ahí la necesidad de “aumentar el ancho de la banqueta”, incluso de “continuar las banquetas sin interrupciones a lo largo de los mil 500 metros de Michoacán”, que conecta a Insurgentes sur con Circuito Interior. Esta medida haría “mucho más humano y amable el tratamiento para todas las personas, en especial para los más vulnerables, como niños, ancianos y discapacitados”. A lo largo de la calle podría dejarse “un solo carril angosto de tránsito de vehículos”, o de plano que “se cierre Michoacán a los automotores para organizar eventos en diferentes puntos. En ocasiones muy especiales, puede ser toda la vía”, pues se trata de que en ese espacio se tenga “un ambiente vital y vibrante”.Señala que “una cuarta parte” de la avenida Michoacán podría convertirse en “calles plaza”, donde se realizarán “eventos especiales como festivales, cine, conciertos, entre otros… En el caso del segmento frente al Parque México, éste siempre estaría cerrado al tránsito vehicular en sábados y domingos”.Estos espacios, agrega, “benefician económicamente a las ciudades al fomentar la creación de negocios de pequeña escala, la propiedad local, la creación de trabajos más atractivos, el incremento de la plusvalía de los inmuebles y de la recaudación de impuestos…“Un buen espacio debería estar lleno de actividades propias que funcionen como elemento de unión e integración de sus comunidades, atrayendo a las personas a relajarse y estar en compañía. Un mercado, un parque con juegos, un bar o un café ubicado en la acera son buenos ejemplos de lo anterior.”Indica que “estas comunidades deben diseñarse para desincentivar el uso del automóvil y promover la movilidad no motorizada (como caminar o andar en bicicleta) y el transporte público”.De ahí que el documento –ilustrado con profusión de fotos de plazoletas europeas– prevea la construcción de “calles-plaza”, sanitarios públicos, un estacionamiento subterráneo y “biciestacionamientos”, mejorando todos los servicios urbanos de la zona.Por parte del gobierno capitalino, el proyecto es impulsado por la delegación Cuauhtémoc y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Mientras que por el lado de los comerciantes está la asociación civil Bienestar, Imagen y Desarrollo de la Condesa (BID Condesa), que agrupa a 16 miembros activos y a 25 afiliados de comerciantes y restauranteros.Intervienen además organizaciones especializadas en “espacios públicos” y “movilidad peatonal”, como Project for Public Spaces (PPS), representada por Ethan Kent y Walk & Bike for Life, cuyo director ejecutivo, Guillermo Peñalosa, está participando muy activamente. Lo mismo la embajada británica en México, que “actúa como cofinanciadora del proceso de participación comunitaria”.
Sin consulta
Aunque el documento Recreando avenida Michoacán afirma que hubo un “taller de participación comunitaria” en el que los vecinos avalaron estos planes, ellos niegan que haya existido tal consulta. Matilde Villagómez y Eliana Menassé sostienen que por el “pitazo” de una vecina se dieron cuenta de los acuerdos entre restauranteros y funcionarios capitalinos, quienes después no tuvieron más salida que hacer público su proyecto.
Recalcan las lideresas vecinales:
“Es un plan de los restauranteros, quienes hoy prometen llegar a acuerdos con nosotros. Sus promesas dan risa, pues durante años nunca han respetado un solo acuerdo. En un tiempo prometieron, por ejemplo, quitar los toldos fijos que tienen en las calles, los cuales son totalmente ilegales. Nunca lo hicieron porque sólo les interesa el negocio.“Poco a poco y sin ningún control de las autoridades, los pequeños locales donde antes había una tintorería o una estética se convierten en restaurantes y bares que sacan sus mesas a las banquetas, obstruyendo el paso de los peatones y poniendo música a todo volumen. “Los restauranteros contratan compañías de valet parking que no tienen estacionamientos, por lo que ocupan todas las calles para estacionar los automóviles de sus clientes. Los valets son un problema gravísimo que se ha multiplicado; son jóvenes prepotentes que suelen agredirnos y bloquear las entradas de nuestros garajes particulares.”Fabricio Gaxiola relata un caso grave: su madre, María Dolores Moraila, una anciana de 73 años y vecina de la Condesa, fue atropellada por un valet apenas el pasado 27 de mayo:“Mi mamá iba cruzando la calle Vicente Suárez, cuando el joven valet Óscar Pichardo Rojas, que trabaja para la Crepería de La Paz, la arrolló con un vehículo que manejaba en reversa y a toda velocidad. Luego de ser proyectada, mi madre cayó sobre el asfalto. Sufrió dos fracturas craneales y también se fracturó la muñeca derecha. Está hospitalizada en Médica Sur, con una placa de titanio.”
–¿La compañía de valet parking paga por lo menos sus gastos médicos?
–¡Nada de eso! Ni siquiera he podido dar con el domicilio de esa compañía, que se llama Operadora Eli Base, S.A. de C.V. Al principio, me dijeron que acudiera a la calle de Atlixco número 117, en la misma Condesa, que ahí estaban sus oficinas. Pero me engañaron. En esa dirección sólo hay un pequeño estacionamiento desvencijado, donde unos acomodadores me dicen que debería hablar con un tal César Ríos, que es el gerente operativo de la empresa… Tampoco he podido dar con él ni con otras personas que me mencionan como directivos de Eli Base… Estoy desesperado. El mismo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, alertó a la ciudadanía contra las 17 organizaciones de valet parking que operan en la Condesa, pues –dijo el pasado 15 de mayo– algunos de sus empleados suelen dedicarse al robo: “Hurgan dentro de las cosas que la gente deja (en el vehículo), abren las guanteras, revisan si dejan dinero, cometen robo hormiga”.José Nuño aclara, sin embargo, que es el propio gobierno perredista de la ciudad el que protege a los restauranteros y a las empresas de valet parking: “La mecánica es la siguiente: Para abrir un restaurante o bar se necesita, entre otras cosas, una licencia de estacionamiento. Pero ésta se sustituye con el solo hecho de que el restaurantero contrate a una empresa de valet parking, que le cobra unos 3 mil 500 pesos mensuales. Aparte, la empresa le viene cobrando a cada cliente entre 20 y 30 pesos por estacionar su coche en la calle. Un negocio redondo.“Y obviamente que esas empresas de valet parking, muchas de las cuales ni tienen domicilio fiscal ni pagan impuestos, operan con permisos muy sospechosos que les otorga la delegación política. Así, por debajo de la mesa, se mueven muchísimos sobornos.” Nuño calcula que, actualmente, habrá unos 200 bares y restaurantes operando en la Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo, cuya población asciende aproximadamente a 27 mil habitantes.La apertura de una casa de apuestas Caliente y la aparición de varios bares after –abiertos sólo de madrugada– preocupan al líder vecinal, ya que son “señales” de que el área se transforma en otra Zona Rosa, con sus problemas de prostitución y venta de drogas.
Como en La Merced
Destacados miembros de la comunidad intelectual y artística viven en la zona: José Emilio Pacheco, Federico Campbell, Paco Ignacio Taibo II, Arturo Ripstein, Paz Alicia García-Diego, Juan Gelman, Fernando Vallejo, Mario Lavista, Humberto Musacchio, Iván Restrepo, Julieta Egurrola, Daniel Giménez Cacho, Ilán Semo…Años llevan los colonos juntando firmas y enviando cartas a las autoridades para que se frene la creciente comercialización de la zona. Sin ningún resultado. Hoy, el caso de la avenida Michoacán atizó la movilización ciudadana. Se reparten volantes de protesta, se organizan juntas y cierres de avenidas; en las fachadas de las casas se colocan carteles que rezan: “Yo amo a la Condesa. No al cierre de avenida Michoacán. Ninguna modificación”.A través de un correo electrónico –vecinocondesa@yahoo.com.mx–, la gente se comunica y se mantiene al tanto de las acciones a emprender.Participante del movimiento es la guionista García-Diego –esposa del director de cine Arturo Ripstein–, quien comenta:“Soy como un soldado raso que lucha por la Condesa, donde tengo 25 años de vivir. Mi marido nació aquí. Hoy la colonia es un botín de restauranteros, funcionarios públicos y empresas constructoras que están arrasando con los valiosos edificios art deco que la caracterizaban. Llevamos años protestando, sin ningún resultado.”
–¿Qué opina sobre el proyecto de avenida Michoacán?
–A los vecinos no se nos consultó sobre ese proyecto. Está hecho para traer a otra horda de restauranteros. Propiciará más antros y vendedores ambulantes. De por sí ya no aguanto el centro de apuestas Caliente que pusieron cerca de mi casa. El escritor Federico Campbell vive en una casa de la calle Jojutla. En el primer piso, la ventana de su estudio –forrado totalmente de libros– mira a esa angosta calle arbolada. Era un lugar limpio y apacible.…Pero de pronto, el dueño del restaurante Mamá Rosas compró la casa de enfrente –marcada con el número 81– y la transformó en una enorme bodega. La quieta calle se convirtió en una ruidosa zona de descarga. Desde su estudio, Campbell ve todo el día el trajín de cargadores subiendo y bajando mercancías; hasta camiones repletos de leña llegan a veces. Y algunas noches arriban pipas de agua con sus gruesas mangueras, debido a que ahí se instaló además una fábrica de hielo. Un poco más adelante, en el número 53-B, acaba de abrirse un expendio de ropa al mayoreo.
El escritor comenta desesperado:
“Esto se puso peor que el mercado de La Merced. Los vecinos no hemos podido hacer nada… Lo mejor será irme a otra parte…”
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
