PAN: 10 años de NO PODER.....

Una década de fracasos... con ineptos que detentan el poder, insensibles e inhumanos. Funcionarios que juegan a ser empresarios, un Ejecutivo jugando a la guerrita contra el narcotráfico.

En 2012, con la izquierda YO SÍ!

El decenio trágico

Calderón quiere quitarle la bandera a los altermundistas “exigiendo” que países le bajen al cambio climático

Por: Pedro Echeverría V.

1. Felipe Calderón, el presidente ilegítimo de México, que precisamente hoy primero de diciembre cumple cuatro años de estar en la Presidencia, busca lucirse en la Cumbre del Clima en Cancún. Ante el terrible fracaso de las anteriores reuniones internacionales y ante la oposición de los gobiernos de EEUU a firmar compromisos para evitar que el mundo estalle en mil pedazos por la contaminación ambiental y la descomposición del clima, en su discurso inaugural del lunes lanzó críticas contra los países poderosos queriendo con ello pasar como líder en la lucha por salvar la ecología. Pero nadie en el mundo le cree porque saben que los gobiernos de México, por lo menos desde 1982, han sido simples cachorros falderos del imperio. ¿Qué tanto puede estar preocupado Calderón por los terribles cambios climáticos que ponen al mundo en el despeñadero sino no tiene autoridad para hablar por su funesto desgobierno en México?

2. Han transcurrido dos días (29 y 30 de noviembre) y Cancún sufre un imponente Estado de Sitio; la realidad es que se ve como una fortaleza impuesta por el Ejército y la Marina mexicanos, así como policías de la Federal Preventiva, de Caminos, Estatal y Municipal. No hay calle, glorieta o carretera donde no anden en grupos de a pie, en camionetas y vehículos blindados; participan en rondines permanentes o se mantienen en los retenes o puestos de revisión mixtos. Es brutal la intimidación con la presencia militar vestidos de negro, algunos con el rostro cubierto o con uniformes militares, cargan con todo el armamento posible en sus cuerpos y en sus manos, siempre listas a ametrallar. Se comenta y confirma que también los centros turísticos de Solidaridad, Isla Mujeres, Tulum y, sobre todo, Benito Juárez se han convertido en búnkeres o fortalezas policíaco-militares, para cuidar a turistas internacionales.

3. Hay unos 10 mil efectivos policiales y militares que se encargarán de frenar cualquier protesta o, según dicen, algún golpe del llamado “crimen organizado” o de la “insurgencia” que amenaza al gobierno de Calderón. Se mantienen muchos puestos de revisión en lugares claves de la ciudad de Cancún y Puerto Morelos, de manera particular en el aeropuerto internacional cancunense. Cuando alguien lleva pelo largo y barbas –como yo- las fuerzas represivas los observan de pies a cabeza y en cada cuadra exigen identificación. En cualquier momento te levantan y te acusan de “llevar mucha droga y tener una metralleta escondida”. Da la impresión que este Estado de Sitio fue preparado por los miles de asesores yanquis que ahora dominan en los departamentos de “seguridad” de México. Se prevé que a esta Cumbre de 12 días participen “de 25 mil a 40 personas de 192 países, tanto en los eventos oficiales como en los foros alternos”.

4. A partir del viernes 3, con el arribo de los jóvenes anarquistas y altermundistas que no se dejan intimidar por las botas y las armas de los militares, Cancún se puede calentar –no con la contaminación que produce el capitalismo- sino con las protestas y batallas en las calles. ¿No se recuerda acaso las grandes batallas que dimos en septiembre de 2003 contra aquella terrible reunión en la que los subsidios agrícolas del imperialismo a sus agricultores no pudieron echarse abajo provocando el suicidio del campesino coreano Lee? ¿Quiénes son los culpables del gran aumento de los fatales ciclones, inundaciones, desbordamientos de ríos, derrumbes y destrucciones de pueblos miserables? ¿Dios, el destino, los pecadores, las otras religiones, la desobediencia?- quién sino los que mantienen al mundo en la miseria y la opresión? Que no nos jodan por los funestos medios de información al servicio de empresarios y gobierno.

5. El Estado Mayor Presidencial es quien dirige la jugada trayendo de aquí para allá al ejército, que al parecer ya no tiene nada de mexicano porque obedece órdenes yanquis, es decir, extranjeras; en realidad son los yanquis que han invadido el país a petición de la Presidencia de la República, con sus estrategias represivas. Y en Cancún los “cheles”, como dicen en maya, es decir los “güeritos” o rubios no dan la cara porque prefieran dirigir a control remoto y mandar sus estrategias militares por radio o celulares desde helicópteros que permanentemente están jodiendo con sus ruidos. Por cierto hay que subrayar que la policía y el ejército obtuvieron más armas y patrullas para la intimidación en Cancún a cuenta de la llamada “Iniciativa Mérida”. A muchos nos da vergüenza que a Mérida la escojan como sede de reuniones y acuerdos con presidentes imperialistas y asesinos aprovechándose de que la izquierda es muy débil; pero pronto seremos más combativos y numerosos, a pesar de nuestra historia.

6. El presidente Calderón sólo ha permanecido en el gobierno –y le faltan dos años para seguir destruyendo la economía del país- porque los del PRI, que al parecer recuperará la Presidencia, si López Obrador no hace nada radical significativamente distinto. Busca Calderón salir fortalecido de esta reunión de Cancún usando hábilmente la demagogia discursiva que acostumbra; sin embargo no podrá esconder que su fracasada estrategia de “combate contra el narcotráfico” ha provocado la muerte de 35 mil mexicanos, la mitad de ellos inocentes; ni tampoco esconder que su gobierno ha creado más desempleo y miseria que ningún otro gobierno en la historia. Nuestra bronca nacional ha sido la debilidad de las luchas de la izquierda y de los trabajadores y, asimismo la integración de la socialdemocracia a los proyectos capitalistas. Pero no hay mal que dure mil años y retontos que lo agüanten.

7. Necesitamos que los mexicanos, los “altermundistas” extranjeros”, o por lo menos los quintanarroenses, yucatecos, campechanos, tabasqueños más combativos, se concentren en Cancún para hacer la fiesta de la protesta mundial contra todos aquellos gobernantes que siguen destruyendo el mundo por apoyar políticas empresariales que cada día provocan que los cambios climáticos sigan poniendo al mundo al borde de su desaparición temprana. Hagamos retroceder a esos miles de militares que en vez de estar con el pueblo que lucha, sirven a sus amos burgueses e imperialistas que les arrojan como a los perros sus salarios mientras sus jefes cobran 100 veces más sin arriesgar nada. Ni en Cancún, ni en ningún lugar hay posibilidades de diálogo; los burgueses e imperialistas nunca lo han conocido cuando de trabajadores explotados se trata. Tenemos que ganar nuestras batallas en las calles y en las plazas o, de lo contrario lloraremos como cobardes nuestras derrotas.

pedroe@cablered.net.mx

http://pedroecheverriav.wordpress.com

LA MARCHA anti-COP

Sombras en la COP 16 de Cancún

Por Jorge A. Franco Cáceres

Ha iniciado la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16) en Cancún. Representantes de cerca de 200 estados deliberan en torno a los impactos climáticos a nivel planetario sobre los patrimonios natural y cultural. Lo hacen, debe lamentarse, con precauciones diplomáticas y activos policiales acaso para que no se cuestione el modelo económico global de las potencias industriales, principales responsables de las emisiones de gases de efecto de invernadero y de proyectos y tratados “internacionales” que amenazan con profundizar las condiciones de desastre planetario. A decir verdad, no esperamos que la conferencia de los jefes de Estado de la COP 16 consiga algún protocolo que signifique el inicio de una revoluci�.. [+] Ver mas

Siendo que en Cancún se "celebra" una cumbre climática bajo el absurdo de que son las naciones neoliberales las que deciden de que manera "van a proteger" el planeta que sobre-explotan, el día de hoy se llevó a cabo una marcha en contra de todas las nefastas políticas que han generado ecocidios diversos: desde deforestación, hasta la introducción de alimentos transgénicos. Incluso la violación a los derechos de los pueblos indígenas a auto-gobernarse forma parte de ese sinfín de ecocidios, pues mucha de su sabiduría y de su visión respecto a la relación que tienen con la naturaleza en general se contrapone a un sistema que no conoce de desarrollo sustentable y que ve en un simple árbol el producto que se puede comercializar de manera masiva e incontrolada, sin importar la manera en como se interrelacionan todos los seres en un ecosistema, así como sus consencuencias.

Las inconformidades ya son tantas, que en una manifestación como la de hoy no solo se lavantó la voz en contra de la cumbre climática, sino que también se suman gremios demandando sus derechos laborales, vecinos de colonias que se ven afectados por la imposición de una super-vía, campesinos demandando la propiedad de sus tierras y por supuesto: no podían faltar los estudiantes y diversas agrupaciones político-sociales.

Las imágenes de la tarde:














La presencia de diversos medios internacionales se dejó sentir en esta ocasión. Aquí, entrevistando a un agremiado desempleado... en el sexenio del empleo, ni más, ni menos...



No solo es simpático, no solo es agradable, su agachonería también nos ha sometido a acatar políticas ambientales que nada tienen que ver con nosotros y que al ajustarse a los deseos del FMI, el Banco Mundial y Coca-cola, por ello también es...



... y obvio: adiós soberanía de nuestros pueblos.

***

Honestamente, creo que no somos pocos los que nos preguntamos: ¿y estos para qué se presentan? ¿?... No informan: desinforman; no se apegan a la realidad: generan una realidad; no liberan mentes: las esclavizan porque las manipulan...

CONDONES EN LA RED

Operación Mouriño: El contacto Los Pinos-El Chapo

http://www.youtube.com/watch?v=GPBuD27zWyA

Misión 2008: pactar con el narco

La debilidad del gobierno de Felipe Calderón ante los cárteles de la droga obligó a la Presidencia de la República a lo que numerosas veces rechazó: pactar con los capos para atenuar la violencia asociada al narcotráfico. Con este propósito reivindicó a un militar de alto rango que había caído en desgracia al encomendarle la pacificación de los cabecillas del crimen organizado. El general, de 65 años y quien acordaba con Juan Camilo Mouriño en Los Pinos, se entrevistó incluso con El Chapo Guzmán… Pormenores de esta encomienda son narrados por la reportera Anabel Hernández en el libro Los señores del narco, de próxima aparición con el sello Grijalbo. Con permiso de la autora y de la editorial reproducimos aquí un fragmento del Capítulo 10.

Anabel Hernández

Corrían los primeros meses de 2008 y el general X,¹ disciplinado, perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El jefe de la Oficina de la Presidencia –el hombre más cercano a Calderón– le había encargado una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008, Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente.

Si el general que sabía más por viejo que por diablo no podía lograrlo es que entonces nadie lo haría. El militar estuvo preso durante casi siete años acusado de presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Hubo muchos testimonios en su contra pero quedó el velo de la duda, como casi siempre ocurre en esos tortuosos procesos de la milicia. Le faltaban todavía otros siete años de cárcel pero en el primer año del gobierno de Felipe Calderón fue puesto en libertad. Su encarcelamiento fue un asunto político, dicen sus cercanos, y su liberación también.

Nueve meses después de haber salido de la cárcel, ante el azoro de sus compañeros, fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, por su “patriotismo, lealtad y abnegación”. El gobierno federal tenía que hacerlo visible y creíble ante sus interlocutores: los narcos. El general X ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional también tenía conocimiento de la encomienda encargada por Mouriño.

Nunca fue remilgoso en las tareas difíciles que le encomendaron, en muchas de ellas había tenido que entablar relación con los diferentes grupos del narcotráfico, por lo que en 2008, cuando comenzó a tocar a la puerta de los protagonistas de la guerra entre los narcos, la gran mayoría se la abrió, como ocurrió con El Chapo.

“La libertad no tiene precio”, le dijo Joaquín Guzmán Loera al militar en su encuentro. La declaración sonaba un poco cínica incluso viniendo de un cínico como El Chapo. La frase del capo obligó al general X a preguntarle cómo había logrado salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande aquel 19 de enero de 2001. Guzmán Loera fue directo, lo habían comenzado a ayudar desde 1995, cuando lo trasladaron de la prisión de La Palma a Puente Grande, por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Directamente de su “fuga” el capo responsabilizó a tres hombres, figuras de la política y seguridad pública en México.

Uno de ellos es el teniente coronel y ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Dice El Chapo que él lo ayudó cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación. El único cargo que Hendricks tuvo en esa dependencia fue en el sexenio de Ernesto Zedillo como director de Ejecución de Sentencias en la Dirección General de Prevención y Readaptación (1996-1997), cuando Francisco Labastida era el titular de la dependencia.

En 1999 Hendricks Díaz se convirtió en el gobernador de uno de los estados con mayor desembarque de droga en México, y por ende, una de las principales bases de operaciones de la organización del Pacífico. Recibió el gobierno de manos de Mario Villanueva Madrid, El Chueco, extraditado en 2010 por sus presuntos vínculos con la organización de Amado Carrillo Fuentes, de la cual El Chapo fue integrante.

En febrero de 2001, a unos días de la “fuga” de Guzmán Loera y sin ninguna petición de explicación de por medio, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Trinidad Larrieta, afirmó que no estaba realizando ninguna investigación “respecto al presunto involucramiento del gobernador constitucional de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán”. “Ningún funcionario de la UEDO –precisó– realiza investigaciones al respecto en esa entidad federativa, ni en otro estado de la República”.² Es hasta la confesión de El Chapo cuando ese boletín de la PGR toma su justa dimensión en un país como México, donde generalmente lo que niega la autoridad es la realidad. Tras su salida de Puente Grande, Guzmán Loera estuvo escondido principalmente en Nayarit y Quintana Roo.

Seis años después, alejado del servicio público, Trinidad Larrieta fue uno de los abogados contratados por la primera dama Marta Sahagún antes de que terminara el mandato de su esposo, para proteger a sus hijos Manuel y José Alberto Bribiesca Sahagún, así como a su hermano Guillermo Sahagún,³ de todos sus oscuros enjuagues presuntamente relacionados con el narcotráfico, según investigaba la DEA.

El otro implicado en la fuga de El Chapo, que el propio narcotraficante le reveló al general X, fue el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien –junto con Jorge Tello Peón– estuvo al frente del operativo realizado después de la evasión de Guzmán Loera, y le dio órdenes a Genaro García Luna de investigar la salida del capo del penal de máxima seguridad.

A principios de 2005 Macedo de la Concha renunció a su cargo de procurador y fue enviado por el presidente Vicente Fox como agregado militar de la embajada de México en Roma, donde el general permaneció en el exilio durante el resto del sexenio. Al inicio de la administración de Felipe Calderón, Macedo regresó a México y fue instalado como magistrado del Tribunal de Justicia Militar, desde donde se conduce con un riguroso bajo perfil.

El tercer nombre de sus principales cómplices, según contó El Chapo, fue Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la SSP federal, quien incluso el mismo día de la fuga de Guzmán Loera visitó el penal de máxima seguridad como si hubiera ido para ultimar los detalles de la salida del capo. Durante los últimos dos años (2008-2010) este hombre, a quien el narcotraficante acusa sin aspavientos de haberlo liberado, ha sido asesor de cabecera del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Tello Peón fue el mentor de Genaro García Luna en el Cisen, él mismo lo impulsó ante Juan Camilo Mouriño para que se convirtiera en el titular de la SSP del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de todas las malas referencias y pruebas que el Ejército Mexicano le mostró a Mouriño sobre García Luna, éste ocupó el codiciado cargo.⁴

Enviado directamente por el presidente Calderón, Tello Peón trabajó con García Luna en la SSP federal como secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional. En enero de 2010 se fue a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por supuestas diferencias con García Luna, quien ahora tenía más poder y quería demostrarle a su maestro que el alumno lo había superado. Tello Peón tampoco pudo sobrevivir en ese nuevo cargo y terminó únicamente como asesor del presidente Calderón.

No cabe duda de que El Chapo es un hombre perverso, vaya broma que le jugó al destino. El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad.

Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales.

Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y exsocios. Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, el pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como “un pillo”.“El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el general X.

Actualmente Ulises Ramírez aspira a ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2011.

Fuentes de información vinculadas con Mouriño confirmaron la versión, pero aseguraron que supuestamente el secretario de Gobernación ignoraba el acuerdo que Ulises Ramírez había hecho a su nombre.

Guzmán Loera le contó al enviado de la Presidencia que él y su clan acordaron con el gobierno federal que éste combatiera a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva. El general X debió de sentirse muy desconcertado ante las afirmaciones que el capo le hacía cara a cara. Entendió, quizá tarde, que Mouriño lo había mandado a encontrar un arreglo a su propia falla, metiéndolo a él mismo en un callejón sin salida.

Por razones obvias, la reunión del general X con el narcotraficante fue breve, y por su propia seguridad el militar no ha contado el lugar donde se llevó a cabo. Cuando se despidieron, el enviado de Los Pinos tuvo una certeza: El Chapo hacía lo que se le venía en gana y no estaba dispuesto a perder su libertad por nada, costara lo que costara. ¿Y quién podía criticarlo? Él había hecho un negocio con alguien que le había puesto precio al país, lo único que el capo tuvo que hacer fue pagarlo, como es uso y costumbre desde hace décadas en México.

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Desde el inicio de su gobierno, la estrategia de Calderón contra los capos fue diseñada para favorecer a El Chapo Guzmán y a sus principales socios: El Mayo Zambada, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno.

Hay evidencia documental de que la guerra de Felipe Calderón ha sido dirigida no contra los “narcotraficantes” en general, sino contra los “narcotraficantes” que son enemigos de El Chapo o que representan un riesgo para su liderazgo en el jugoso negocio. Desde 2007, su gobierno tenía información precisa sobre los domicilios de los principales narcotraficantes de México y sus familiares. En algunos casos incluso números telefónicos y de radio, cuentas bancarias y otros datos valiosos para asestar golpes certeros. Así lo prueban las fichas de cada capo elaboradas por la SSP federal, con el apoyo del Cisen, cuyo titular es Guillermo Valdés Castellanos.¹¹ Pero por los muy escasos resultados de esa “guerra contra el narcotráfico” pareciera que esos datos fueron empleados sólo para dar golpes de inútil propaganda política en los momentos de mayor cuestionamiento al gobierno federal.

La SSP planteó la estrategia contra el narcotráfico basada en unas “líneas de investigación” que definieron las prioridades en el combate a los capos durante el sexenio de Calderón. Esas prioridades fueron avaladas en reuniones en la Secretaría de Gobernación y la PGR. De acuerdo con la información de esas fichas, la SSP determinó como “prioridad estratégica 1” capturar al líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén –hermano de Osiel Cárdenas Guillén–, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, su segundo al mando. Los únicos capos de La Federación con “prioridad estratégica 1”, señalados desde el inicio del sexenio, fueron: Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.

En cuestión de poder, de todos sus socios el que representaba más riesgos para El Chapo era Marcos Arturo Beltrán Leyva y su grupo. El Barbas estaba comenzando a tener demasiada fuerza por cuenta propia. A Guzmán Loera tampoco le gustaba que las lealtades de su primo fueran más cercanas a Vicente Carrillo Fuentes que a él.

El asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por El Mayo Zambada y consentido por El Chapo, fue una herida que nunca cicatrizó. La relación de los líderes del cártel de Sinaloa con El Viceroy pendía de alfileres, y les daba temor la estrecha relación que El Barbas tenía con él. Aunque los Beltrán Leyva todavía eran parte de La Federación en 2007, todo indica que desde principios del sexenio de Calderón ya se olía la traición, sólo era cuestión de tiempo.

En contraste, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno estaban catalogados como “prioridad estratégica 2”, pese a que desde entonces ellos encabezaban a la organización de narcotráfico más poderosa del continente americano y con mayor presencia delictiva en Estados Unidos.

En un documento desclasificado del Comando Norte del Departamento de Defensa estadunidense, elaborado en 2009, se afirma categóricamente que entre los cárteles mexicanos, el de Sinaloa es el más peligroso.Y lo califican como “cártel de granujas” que son la fuente de violencia en las ciudades fronterizas. Con preocupación advirtieron que el cártel de Sinaloa controla el corredor del Pacífico, y no tiene oposición para asumir el control del corredor que pertenecía a la organización de los Arellano Félix.¹²

En consecuencia con la dudosa estrategia, la mayoría de los narcotraficantes detenidos por el gobierno federal son de bandos contrarios a la organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera. Edgardo Buscaglia, uno de los principales críticos de la guerra fallida del gobierno de Calderón, tiene las cifras claras: el experto en seguridad señala que de las 53 mil 174 detenciones realizadas durante los últimos cuatro años, ligadas ya sea con asociación delictuosa o delincuencia organizada, sólo 941 corresponden al cártel de El Chapo Guzmán.

Por si fuera poco, de esas detenciones, la mayoría de los casos se cae, o sea que la situación es aún peor, afirma Buscaglia: “Cuando dicen que detuvieron al hijo o al abuelo de El Mayo Zambada, o a quien sea, yo pregunto qué se deriva de esa detención. ¿Una sentencia condenatoria? ¿Un mapeo patrimonial de El Chapo, El Mayo o El Azul Esparragoza?” los hechos avalan al incómodo asesor de la ONU. La protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera se palpa, se siente, y el mismo capo ha hecho alarde de esta situación.

Los primeros días de julio de 2007, El Chapo decidió “casarse” a plena luz del día, teniendo a elementos del Ejército Mexicano como guaruras, y a narcos y políticos del PAN y el PRI como invitados. l

1 Por las implicaciones que tiene esta información narrada por
fuentes vivas directas se decidió omitir el nombre del militar.

2 Boletín 058/01 de la PGR, 1 de febrero de 2001.

3 Anabel Hernández, Fin de fiesta en Los Pinos, México, Grijalbo, 2006.

4 Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, México, Grijalbo, 2008.

11 La autora tiene en su poder copia de las fichas elaboradas por las
dos instituciones, las cuales, de acuerdo con las propiedades informáticas
de los documentos, fueron hechas en el Cisen, la Segob y la SSP.

12 La autora tiene copia de dicho documento.

‘Los Señores del Narco’

Explicación no oficial del fenómeno de la delincuencia en México durante los últimos 30 años

Hace cinco años, la periodista Anabel Hernández, colaboradora de Reporte Indigo, inició en el llamado “Triángulo Dorado” de las borrascosas tierras de la Sierra Madre Occidental, una investigación sobre Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

La investigación arrancó mucho antes de que este narcotraficante se convirtiera en el tema que atraería el interés de periodistas nacionales y extranjeros.

El libro “Los Señores del Narco”, publicado por Random House Mondadori bajo su sello de Grijalbo, es el resultado de la ardua investigación en la que se fue adentrando la periodista para conocer ese mundo oscuro, lleno de trampas, mentiras, traiciones y contradicciones por parte de todos los involucrados.

A lo largo de todo ese tiempo tuvo acceso a un cúmulo de testimonios, expedientes y fotografías que le permitieron reconstruir hechos inéditos que explican las verdaderas razones por las que hace casi 10 años se desató una guerra entre narcotraficantes que ya ha cobrado la vida de más de 40 mil personas.

“Los Señores del Narco” es la explicación no oficial del fenómeno de narcotráfico en México durante los últimos 30 años. Describe la forma en que ha ido evolucionando su interrelación con los gobiernos de Estados Unidos y México.

En su investigación, Anabel Hernández obtuvo de primera mano testimonios de policías, militares, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, curas, sicarios y miembros del crimen organizado.

A través de esos testimonios y de documentos inéditos revela con nombre y apellido quiénes son los verdaderos señores del narco en México. No sólo los que aparecen en los carteles de la PGR, la DEA y el FBI como los más buscados, sino los otros, los que dan protección a Guzmán Loera y su clan del Cártel de Sinaloa.

Se trata de empresarios, políticos, policías y militares que públicamente se muestran como personas honorables, pero en realidad integran el círculo de poder y complicidad del cártel más poderoso del continente.

Entre ellos el controvertido narcocírculo del equipo más cercano del secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.

Anabel Hernández también habló con conocedores del narcotráfico, como el doctor Edgardo Buscaglia, y con gobernantes que en su momento fueron acusados de ser parte de la red de protección del crimen organizado, como el general Jorge Carrillo Olea, quien concedió una entrevista exclusiva para el libro.

En la investigación se obtuvieron documentos de la CIA y la DEA, desclasificados apenas en la última década, que explican cómo los narcos mexicanos pasaron de ser simples sembradores de mariguana y amapola a sofisticados traficantes de cocaína y drogas sintéticas.

Se rescataron copias de expedientes eliminados de los archivos de la PGR sobre dos empresarios que guardaban en su hangar los aviones de “El Chapo” Guzmán, Amado Carrillo Fuentes y Héctor “El Güero” Palma a principios de los años 90. Hoy son ilustres dueños de cadenas hoteleras, hospitales y periódicos.

Y la periodista se enteró de otra versión sobre el avionazo en el que murió el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño el 4 de noviembre de 2008. Se afirma que no fue un accidente, sino una venganza del narco por acuerdos no cumplidos.

Además, a través de los cientos de fojas que integran el expediente de la fuga de “El Chapo”, se pudo comprobar que el capo no se “fugó” de Puente Grande en el famoso carrito de lavandería, como el gobierno federal hizo creer a la opinión pública.

El más poderoso jefe de jefes del narcotráfico, convertido en uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo según la revista “Forbes”, fue sacado del penal la mañana del 20 de enero de 2001 vestido de policía por funcionarios públicos del más alto nivel del gobierno de Vicente Fox.

Con la autorización de la editorial Random House Mondadori/Grijalbo y de la autora, Reporte Indigo presenta en exclusiva un fragmento del libro “Los Señores del Narco”. Aquí te entregamos “La Fuga”.

Los nueve del gran escape

Leonardo Beltrán Santana

Como director del penal de alta seguridad de Puente Grande permitía que Los Tres –El Chapo Guzmán, El Güero Palma y El Texas- lograran privilegios como fiestas navideñas de hasta tres días con el ingreso de familiares. A las 22:30 del 19 de enero del 2000 se enteró de la fuga del Chapo y no la reportó a su superiores sino hasta la una de la mañana del 30. A las dos de la mañana lo notificó a la delegación de la PFP y media hora después, a las tres de la mañana. A la zona militar y a la delegación de la PGR. Fue condenado a 18 años y 9 meses de prisión, que le fueron reducidos a 11 años, cuatro meses y 29 días. El 24 de junio del 2010 fue liberado del Reclusorio Oriente por órdenes del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por órdenes de Genaro García Luna.

Joaquín “El Chapo” Guzmán

Recluido en Puente Grande, comenzó a difundir la version de que en poco tiempo saldría del penal y de acuerdo al testimonio de custodios, comenzó a reclutar sicarios entre los mismos celadores y funcionarios de Puente Grande. De acuerdo a su propia versión, contada a personajes cercano a él y a funcionarios que lo han contactado, su fuga no se dio la noche del 19, sino la mañana del 20, cuando Tello Peón volvió a Puente Grande y en la confusión de entrada de los elementos de la PFP el habría salido disfrazado como uno de ellos para ser trasladado en auto hasta un punto en donde un helicóptero lo esperaba para llevarlo a Nayarit.

Jorge Tello Peón

Como subsecretario de Seguridad Pública visitó el Penal de Puente Grande el mismo día en que se escapó El Chapo. Oficialmente iba a investigar asuntos de Derechos Humanos. Su estadía fue de 41 minutos. Su única instrucción fue reubicar a Los Tres en el Centro de Observación y Clasificación del penal. Conoció de la fuga de El Chapo a las tres de la mañana y volvió a Puente Grande a las 7 de la mañana del 20 de enero. Todos los videos de su visita al penal fueron borrados. Felipe Calderón le ofreció la secretaría de Seguridad Pública pero terminó apadrinando la llegada de Genaro García Luna.

Wilfrido Robledo Madrid

Como director de la Policía Federal Preventiva relevó al Cisen de las labores de “inteligencia” dentro de Puente Grande. De las gentes de Wilfrido Robledo dependían los sistemas de las cámaras y micrófonos que monitoreaban la seguridad del penal. Su confrontación con el secretario Alejandro Gertz Manero obligó su relevo pero dejó a un incondicional.

Miguel Ángel Yunes

Como director general de Prevención y Readaptación Social el comandante Antonio Aguilar Garzón lo señala como uno de los encubridores de los privilegios a Los Tres recluidos en Puente Grande. Testimoniales de reos advierten que hacia finales del sexenio de Ernesto Zedillo el funcionario les habría ofrecido facilidades para fugarse del penal.

Genaro García Luna

Como director de la Policía Judicial Federal tomó el control de Puente Grande la madrugada en que se conoció la fuga de El Chapo. Siempre trabajó al servicio de Tello Peón y de Wilfrido Robledo. Cuando Tello Peón declinó la secretaría de Seguridad en el gobierno calderonista, García Luna fue su recomendado.

Antonio Aguilar Garzón

Como comandante declaró ante el Ministerio Público que era testigo de una historia de complicidad, corrupción y encubrimiento desde la subsecretaría de Seguridad Pública encabezada por Jorge Tello Peón, involucrando también al director de Prevención y Readaptación Social, Miguel Angel Yunes y al director de Puente Grande, Leonardo Beltrán Santana. Murió en un extraño accidente carretero en la carretera México –Cuernavaca, cuando todavía no concluían las investigaciones que sus denuncias despertaron.

Juan Carlos Sánchez Carrillo

Era el responsable de las cámaras de seguridad en Puente Grande. Al terminar la visita de Tello Peón al penal se le pidió que se convirtiera en chofer y que llevara a a un funcionario de la PFP a la central camionera de Guadalajara. Los videos de esos días fueron desaparecidos.

Guadalupe Morfín

Como comisionada de los Derechos Humanos en Jalisco conoció de las denuncias de celadores que hablaban de violencia y malos tratos de quienes como funcionarios de Puente Grande servían a los intereses de Los Tres, Los Fontaneros y Los Sinaloas. Denunció los hechos ante el consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinzer, quien instruiría la visita de Tello Peón.

El gran centro de espionaje de Washington

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El gran espía

Desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica. Tras varios años de negociaciones hoy, con la venia del presidente Calderón y pese a las reticencias del Ejército y la Marina, ya operan abierta y libremente en territorio mexicano los agentes de nueve instituciones de espionaje del vecino país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de Washington funciona desde agosto pasado en un edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, muy cerca de la embajada estadunidense.

Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel

Con el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos logró lo que siempre ambicionó: establecer en la Ciudad de México un centro de espionaje. Y fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de inteligencia estadunidenses, predominantemente militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos.

El establecimiento de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) fue autorizado por Calderón, luego de las negociaciones con Washington, que inició su predecesor, Vicente Fox Quesada. En los encuentros participó el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, sin tomar en cuenta las objeciones de las Fuerzas Armadas.

A través de la OBI, Calderón dio entrada ya a los agentes de inteligencia estadunidenses para que investiguen sin problemas a las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico. Además, pueden vigilar a las mismas dependencias gubernamentales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así como las representaciones diplomáticas acreditadas en México.

Las instalaciones del cuartel general de los agentes del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro se localizan en el edificio comercial ubicado en el número 265 de avenida Paseo de la Reforma, a unos 250 metros de la embajada de Estados Unidos.

En la OBI es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues desde ahí operan la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Le sigue el Departamento de Justicia, también con tres agencias: el FBI, la agencia federal antinarcóticos (DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Con dos servicios está el Departamento de Seguridad Interior: Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE); mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI).

Además, la OBI abrió dos oficinas “satélites”: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadunidenses comandan “fuerzas de tarea” contra el narcotráfico, con el apoyo de personal mexicano.

Se desconoce el número de elementos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que trabajan en territorio mexicano con la autorización del gobierno federal a partir de la apertura de la OBI, anunciada el 31 de agosto pasado, pues las autoridades mantienen esa información como “clasificada”.

El edificio que ocupa la OBI en el Distrito Federal está a un lado de la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de lo que los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos definen como el área de “blancos suaves”, en referencia a la eventualidad de un ataque a intereses de Estados Unidos en México.

En ese punto del Distrito Federal, estratégico para Washington, además de la legación de Estados Unidos y de la OBI se ubican representaciones de empresas trasnacionales, como la Ford, American Airlines y los hoteles Marriot y Sheraton, entre otras.

El edificio donde operan los servicios de inteligencia de Estados Unidos parece un inmueble más en esa zona que alberga bancos, aseguradoras, oficinas de telecomunicaciones y comerciales y despachos privados. Lo único que llama la atención es la entrada y salida de ciudadanos estadunidenses.

En el directorio del edificio aparecen los nombres de las firmas ocupantes hasta el piso 21. Pero a partir del 22 y los tres niveles de penthouse aparece solamente la leyenda “ocupado”. Y en la azotea se observan una veintena de platos satelitales colocados justo encima del logotipo de la empresa de telecomunicaciones Axtel. “Es la mejor cobertura para la operación de las agencias”, dijo una fuente al proporcionar la ubicación de la OBI. La apariencia ordinaria del inmueble es la manera con la cual Estados Unidos suele disfrazar sus centros de inteligencia en todo el mundo.

La recepción y el estacionamiento están resguardados por servicios de seguridad privados, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal brindan apoyo en el entorno urbano. Además, en las inmediaciones de la OBI el gobierno capitalino colocó cámaras especiales de vigilancia que cuentan con sirenas de alarma para observar los movimientos de peatones y vehículos.

El edificio de Reforma 265 es el más alto del lugar, lo que impide que desde lo alto se pueda auscultar el modus operandi y el despliegue tecnológico de ese cuartel de inteligencia.

El alcance y poder de la OBI en México es similar al del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC), que data de 1974 y opera exclusivamente para combatir el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero en la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde el EPIC se han diseñado estrategias contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de México. Entre las más exitosas están la Operación Tigre Blanco, que sirvió para investigar las actividades de la familia Hank Rhon en 1997; la captura y extradición, un año antes, de Juan García Ábrego, líder del cártel del Golfo, y el descubrimiento de las narcofosas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1998.

Subordinación

Rebasado por el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón aceptó el establecimiento de la OBI en México a propuesta del entonces titular de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (ODNI), el almirante Dennis Blair, quien en marzo pasado acompañó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante su visita de trabajo a México.

Según el acuerdo formal, en la nueva oficina los agentes estadunidenses interactúan con sus contrapartes mexicanos bajo la coordinación del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

No obstante, en el Ejército y la Marina, donde se considera que la Iniciativa Mérida ha resultado muy costosa para el país, aún se cuestiona la apertura de la OBI aquí.

Para el Pentágono, la marcada presencia de sus agentes en territorio nacional tiene como propósito fusionar los servicios de inteligencia y espionaje de los dos países para identificar y explotar las vulnerabilidades de las organizaciones del narcotráfico y de las bandas de la delincuencia organizada.

Bajo esa directiva, dada a conocer el 18 de marzo último por el general Víctor Eugene Renuart, entonces jefe del Comando Norte, en México se han efectuado varios operativos exitosos contra narcotraficantes.

Desde entonces, las principales acciones contra los capos de la droga han sido las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas; Ignacio Nacho Coronel, y Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; además de las detenciones de otros capos, como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

Desde la ejecución del Barbas en diciembre de 2009, los servicios de inteligencia estadunidenses, principalmente la DEA, han mencionado su participación en distintos operativos: contra el propio Arturo Beltrán Leyva; La Barbie; Teodoro García Simental, El Teo –quien disputaba en Tijuana el control de lo que queda de la organización de los Arellano Félix–; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio o El Chayán, operador de los Beltrán Leyva, y Carlos Ramón Castro, El Cuate, un narcotraficante que trabajaba para varias organizaciones.

Como parte de la necesidad del gobierno mexicano de justificar la militarización de la lucha contra el narcotráfico, el Pentágono ha fortalecido su cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas, especialmente en lo que hace a la inteligencia militar. A principios de 2009, justo cuando el Departamento de Estado y la SRE afinaban los detalles sobre el establecimiento de la OBI en México, el Departamento de Defensa de Estados Unidos intensificó el adiestramiento de militares mexicanos, tanto en México como en varias bases militares estadunidenses.

El entrenamiento ha constituido un hecho sin precedente en la historia de las relaciones militares entre los dos países. Por primera vez, el Pentágono ha desplazado desde Irak y Afganistán al centro de México a sus oficiales especializados en ataques a grupos insurgentes y terroristas.

Los cursos que imparte el Departamento de Defensa se concentran en operaciones de inteligencia y ataque al narcotráfico, aplicando tácticas contrainsurgentes y antiterroristas, como lo ha hecho en los dos países asiáticos.

Además de los cursos que se imparten aquí, se ha incrementado el número de efectivos de Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina que asiste a cursos de capacitación especializada en labores de inteligencia en bases militares estadunidenses. El propósito es que a su regreso a México ese personal pueda entrenar a más elementos.

Los enlaces

La principal muestra de esa cooperación es la presencia, por primera vez en la relación bilateral, de un miembro del Ejército Mexicano como “enlace” entre las Fuerzas Armadas en la base central del Comando Norte, en el estado de Colorado, según confirmó a Proceso la oficina de prensa de ese comando.

El diario The Washington Post publicó el miércoles 10 en su primera plana una nota en la que informaba que ese enlace también opera como comandante adjunto del Instituto para la Seguridad y la Cooperación del Hemisferio Occidental en el Fuerte Benning, en el estado de Atlanta. De los sesenta a los ochenta, esas instalaciones albergaron a la llamada Escuela de las Américas, que pasó a la historia como centro surtidor de dictadores latinoamericanos, que se caracterizaron por la sistemática violación a los derechos humanos.

Un funcionario estadunidense, quien declaró al Post bajo condición de anonimato, afirma que, ante la gravedad de la narcoviolencia en México, “hemos recibido la instrucción directa del presidente (Barack Obama) y al más alto nivel, de realmente analizar qué más se puede hacer en esta cooperación antinarcóticos” con México.

El establecimiento de la OBI implica que, por primera vez en la historia de México, la vigilancia, supervisión y calificación del trabajo contra la delincuencia organizada de dependencias del gobierno federal, incluidas las Fuerzas Armadas, recae en parte en funcionarios extranjeros.

De acuerdo con el documento que dio a conocer la Casa Blanca el 25 de marzo de 2009 sobre la creación de la OBI, la oficina también se encarga de vigilar el buen uso de los recursos que Washington proporciona al gobierno de Calderón para combatir el narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida.

“Estaremos coordinando regularmente nuestros esfuerzos con el gobierno de México por medio del Grupo de Contacto de Alto Nivel (conformado por los gabinetes de seguridad de los países), que a su vez se relacionará con los nueve servicios de inteligencia responsables de supervisar la aplicación de la Iniciativa Mérida”, se dice en el documento difundido por la Casa Blanca (Proceso 1693).

Y agrega que, por el lado mexicano, forman parte de la OBI el Cisen, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Un año más tarde, el 23 de marzo de 2010, Hillary Clinton anunció durante su visita de trabajo al Distrito Federal, en el marco de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida, el establecimiento de dos “programas pilotos” en los corredores Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso.

Los dos gobiernos informaron en un comunicado conjunto que, en el caso de Ciudad Juárez, el programa considera el desarrollo de “un modelo del gobierno mexicano de recolección y análisis táctico de inteligencia” para “tomar acciones contra el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades delictivas”.

Sin embargo, en la práctica de la operación de la OBI, los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos están subordinados a los de Estados Unidos. Las agencias de ese país desplegaron expertos para “guiar” los trabajos de inteligencia, además de que cuentan con “un asesor de tiempo completo” para “aumentar la capacidad de México en el uso de las fuentes de información sobre las operaciones de los cárteles y las pandillas”.

Su contraparte en El Paso, Texas –el EPIC–, cuenta con una oficina de polígrafos, donde trabajan “de 10 a 15 especialistas mexicanos bajo la asistencia de supervisores de control de calidad estadunidenses”.

En esa ciudad texana también hay una oficina con un número similar de agentes mexicanos para “trabajar y guardar los archivos de antecedentes” de los efectivos policiales de Ciudad Juárez. En el caso de procuración de justicia, funciona entre las dos ciudades “un sistema de comunicación transfronteriza (de voz, datos y video) para intercambiar información”. De acuerdo con los gobiernos de México y Estados Unidos, todas esas actividades tienen “vínculos directos” con el EPIC.

La fuerte presencia de las agencias de espionaje estadunidense en México fue “condicionada” por Calderón en tres puntos:

–La cooperación bilateral debe realizarse con estricto respeto a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado mexicano.

–Las actividades de los agentes estadunidenses se limitarán a servir de enlace para el intercambio de información con las autoridades mexicanas, derivada de los diferentes aspectos de cooperación internacional.

–La estancia temporal y las actividades de esos agentes se estipulan en los programas específicos de cooperación bilateral que convengan a cada país, pero sin que realicen tareas reservadas a las autoridades mexicanas. l

Estadunidenses desplegados en México no frenan tráfico de armas

Pertenecen a distintas agencias estadunidenses de seguridad e inteligencia, aunque su número y ubicación permanecen en secreto. A pesar de que su misión se centra en capacitar y asesorar a los agentes mexicanos para prevenir el tráfico de armas y de sustancias ilícitas, ambos delitos han aumentado en México en los últimos dos años. La academia y el gobierno estadunidense proponen aumentar su número y margen de acción en territorio mexicano.

Nydia Egremy

Los agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, como se le conoce en Estados Unidos), que jerárquicamente pertenecen al Departamento de Justicia estadunidense, operan en México desde hace años para “ayudar” a las autoridades de este país a contener el tráfico de armas. Hasta ahora, 16 elementos de esa agencia están desplegados en varios estados y próximamente se sumarán 26 más, advierten Colby Goodman y Michel Marizco en su investigación Tráfico de armas estadunidenses hacia México: nuevos datos y elementos que dan luz sobre las tendencias clave y nuevos retos.

Ahí se muestra que, actualmente, hay dos agentes de la ATF en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10 en la ciudad de México; dos en Monterrey, Nuevo León; y dos en Tijuana, Baja California. En el futuro, se planea desplegar a dos agentes en cada una de estas ciudades: Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Nogales y Nuevo Laredo. Sólo en la ciudad de México, operarían 14 elementos, con lo que el total planeado suma 26 elementos.

Los hombres de la ATF tienen la misión de rastrear el origen de las armas que utilizan las organizaciones delictivas en México. Particularmente las que causaron la muerte de más de 28 mil personas entre 2007 y agosto de 2010. De acuerdo con datos oficiales mexicanos consultados por Goodman y Marizco, en ese mismo periodo fueron asesinados por bandas criminales 915 policías municipales, 698 policías estatales y 463 agentes federales.

La mayoría de esos crímenes se cometió con fusiles semiautomáticos tipo AK-47 y clones de ametralladoras AR-15, que cruzaron la frontera con Estados Unidos de forma ilegal. Ambos investigadores estadunidenses siguieron el rastro de las armas producidas y comercializadas en ferias y armerías estadunidenses que adquieren los traficantes de armas para introducirlas en México de forma clandestina.

Bajo la cooperación que mantiene con México, el gobierno estadunidense entregó recientemente a las autoridades mexicanas cuatro Sistemas de Identificación Balística Integrada (IBIS, por sus siglas en inglés) para utilizarlos en sus laboratorios. Se prevé que México recibirá dos más. Los IBIS son un “sistema de cómputo que hace fotografías digitales de balas disparadas y cartuchos”. Esas imágenes se almacenan en una base de datos y se comparan electrónicamente con otras.

El personal de las agencias puede usar esa información para determinar si un arma de fuego específica ha sido usada en un crimen. La ATF también considera la posibilidad de proporcionar acceso a las autoridades mexicanas a la Red Nacional de Información Balística Integrada, que le permitiría ver esa información a las jurisdicciones de ambos países.

Con ese recurso, se podría, por ejemplo, constatar si la misma arma fue usada en México y Estados Unidos. La Protección Fronteriza y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés) también entrenó, en abril de 2010, a 14 agentes aduanales mexicanos en el uso de perros para detectar drogas, armas, municiones y dinero.

Goodman y Marizco obtuvieron información sobre la forma en que el gobierno estadunidense capacita y equipa al gobierno mexicano en relación con el tráfico de armas en la hoja informativa del Departamento de Estado Combatiendo el tráfico de armas, que divulga la embajada estadunidense en México.

El trabajo de estos dos investigadores integra el informe conjunto Responsabilidad compartida: EU-México opciones políticas para confrontar al crimen organizado, redactado por el Centro Woodrow Wilson y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego. Los editores Eric I Olson, David A Shirk y Andrew Selee hicieron público este informe en octubre pasado.

Las otras agencias

Elementos de otras agencias estadunidenses también operan en territorio nacional, aunque los gobiernos mexicano y estadunidense no transparentan a qué instituciones pertenecen, su número, la misión que realizan ni la zona en que trabajan. Una fuente con información reciente es la hoja informativa de la Embajada de Estados Unidos en México: Fronteras y aplicación de la ley bajo el Proyecto Gunrunner (traficante de arma, en inglés).

Ahí se detalla que “agentes especiales” se han desplegado en Monterrey para apoyar el trabajo de los ya agregados en la oficina de la ATF en México. Su trabajo consiste en asistir a las autoridades mexicanas en su lucha contra la violencia relacionada con armas de fuego. El documento agrega que “se planea destacar a tres especialistas en inteligencia de la ATF adicionales y a un analista investigador del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés)”.

Esos elementos apoyarían a sus colegas del Proyecto Gunrunner, además de un especialista investigador en inteligencia en cada una de las cuatro divisiones de campo en la frontera Suroriental (Phoenix, Dallas, Houston y Los Angeles).

La hoja informativa explica que el rastreo en inteligencia de armas de fuego “es crítica” porque permite a la ATF y a sus socios identificar los corredores de tráfico, patrones y esquemas de operación que siguen los traficantes, así como a sus cómplices de ese delito. Ese rastreo puede, incluso, identificar a los compradores minoristas y a las redes de traficantes, con lo que sería posible desmantelar la infraestructura que surte de armas de fuego a las bandas delictivas de México.

El gobierno federal aumentó su colaboración con Estados Unidos “para hacer frente al tráfico de armas”. Esto condujo a que el Departamento de Seguridad de la Patria, a través de la oficina de Aplicación de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzara en 2008 la Operación Armas Cruzadas.

Contra el tráfico

Durante una inspección de rutina en una tienda de armas en Houston, Texas, en enero de 2007, un agente de la ATF observó una tendencia sospechosa: numerosos individuos habían comprado gran cantidad de armas de fuego estilo militar en un periodo de tiempo relativamente corto.

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PF “extravía” casi 500 armas y compra autos de lujo

En plena “guerra” contra el narcotráfico, la Policía Federal desconoce la ubicación de casi 500 armas; compra vehículos de lujo y unidades médicas que no corresponden a su labor, y se muestra incapaz de sustentar la adquisición de armamento, municiones y otros bienes para la seguridad nacional. La institución que encabeza el comisionado Facundo Rosas no pudo solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y ahora podría enfrentar una investigación del Congreso.

Isabel Argüello

La Policía Federal (PF) no localizó 462 armas adquiridas durante 2008, señala el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La Dirección General de Instalaciones Estratégicas y de Servicio de la PF –área responsable de la recepción, registro y resguardo de las municiones y armamento– confirmó al órgano de supervisión federal la adquisición de 1 mil 55 armas y municiones por 8 millones 214 mil 100 pesos. Sin embargo, no pudo localizar el 43.8 por ciento de ellas, cuyo costo asciende a 3 millones 296 mil 700 pesos.

“El posible destino de las armas es la delincuencia organizada o común”, lamenta Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

El panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, señala que el problema no es que se pierdan las armas en una acción contra la delincuencia, sino que no se sepa dónde se extraviaron. Explica que ante la pérdida de un arma, se levanta un acta con el número de serie, fecha y nombre del responsable inmediato.

—Solamente hay un atenuante: cuando asaltan, inmovilizan o matan al policía y le quitan el arma. El delito fuerte no es que se pierda, el problema es cuando aparece en un hecho ilícito, pues afecta a la corporación y a quien la perdió. En el caso de estas 462 armas que se están reportando, forzosamente tienen que estar respaldadas: a quién se le perdieron y en qué fecha –señala el senador.

Barrón Cruz, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología, subraya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el ente proveedor de armas para la seguridad pública y nacional, por lo cual debe contar con una base de datos. Además, insiste en que la cantidad monetaria que precisó la ASF en cuanto a la inversión de municiones y armamento es “onerosa”.

La diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, califica de “preocupante” la falta administrativa.

Opacidad, la divisa

De acuerdo con información entregada por la Unidad de Enlace de la PF, durante el ejercicio fiscal de 2008 la dependencia ejerció un presupuesto estimado en 1 mil 200 millones de pesos al año únicamente para gastos de seguridad pública y nacional. Para materiales y suministros se destinaron 760 millones 600 mil pesos. En servicios generales se erogaron 2 mil 186 millones 300 mil. El gasto en premios, recompensas y pensiones de gracia ascendió a 9 millones 700 mil; el de bienes muebles e inmuebles, 646 millones 211 mil; y el de obras públicas, 81 millones 20 mil pesos.

Las municiones y el armamento corrieron a cargo de las partidas presupuestales 2802, “Materiales de seguridad pública”, y 5801, “Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública”, por 31 millones 603 mil 300 pesos y 213 millones 907 mil 800, respectivamente. La ASF requirió las facturas originales; no obstante, de los 245 millones 508 mil 100 pesos declarados a la Cuenta Pública, sólo fueron proporcionadas facturas por 5 millones 851 mil 100 pesos.

Otros faltantes

El órgano dependiente de la Cámara de Diputados también pidió información sobre las transferencias bancarias, facturas y actas de entrega-recepción de los bienes adquiridos con la Sedena durante 2008. Encontró que de los 11 millones 814 mil 343 bienes pagados, se habían recibido 9 millones 74 mil 654. La diferencia fue del 23.2 por ciento.

Sin embargo, el panista González González asegura que la PF ya “integró la facturación que ampara el total de las compras, como comprobación del gasto y soporte de los registros contables”. Agrega que “se han facilitado expedientes técnicos que dan sustento de la entrega de bienes a partir de los términos convenidos por la Sedena”.

Al respecto, la diputada Teresa Incháustegui considera “lamentables” los faltantes y reconoce que la Comisión de Seguridad Pública debería “revisar” los gastos.

Autos de lujo

La ASF también encontró que la PF adquirió más de 1 mil patrullas con “accesorios innecesarios para el cumplimiento de sus funciones”, y dos unidades médicas que “no corresponden a la garantía de la seguridad nacional”.

En la partida 5301 “Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” se ejercieron 347 millones 688 mil 300 pesos, de los cuales la ASF analizó 79 por ciento (274 millones 776 mil 200 pesos). Se firmaron cuatro contratos y dos convenios modificatorios.

El convenio modificatorio SSP/PFP/CNS/005-1/2008 demuestra la compra de 20 camionetas Suburban. Dos no fueron presentadas. El costo de las dos unidades asciende a 1 millón 103 mil 800 pesos. Sólo se tuvo noticia de una: fue asignada al enlace administrativo del Estado Mayor.

La Auditoría determina que las 20 camionetas “no son para trabajo pesado”: cuentan con reproductor de DVD región cuatro con control remoto; dos pantallas abatibles; entradas auxiliares para audio y video; nueve bocinas con amplificador; espejos exteriores eléctricos sensibles a la luz; consola de lujo en toldo; viseras con “espejos de vanidad” iluminados; aire acondicionado con control electrónico de temperatura; asientos de piel; control electrónico de velocidad; primicia para garaje; espejo retrovisor sensible a la luz; radio; MP3; entrada USB; limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

El contrato SSP/PFP/CNS/043/2008 ampara la compra de 1 mil 163 patrullas de origen, modelo 2008, ocho cilindros, con equipo policial integrado. De éstos, 163 fueron adquiridos con recursos autorizados por la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros de la PF, por un importe de 75 millones 561 mil 100 pesos. El resto fue producto del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública.

Con el convenio modificatorio SSP/PFP/CNS/043-1/2008, se adquirieron 215 autopatrullas con Comercial Crymex, SA de CV. El proveedor entregó dos carros como bonificación, pero no fueron presentados para ser auditados.

Mediante los contratos SSP/PFP/CNS/101/2008 y SSP/PFP/CNS/102/2008 se adquirieron 34 camionetas Suburban de lujo. Las particularidades de los vehículos no se justificaron porque el objetivo de la PF es “la seguridad pública y nacional”. Cuatro “están intactos y en excelentes condiciones”, puntualiza el Informe.

—Son de motor grande y algunas son blindadas, ya que son utilizadas en los operativos. La policía traía unos vehículos que les daba risa a los delincuentes, por eso la autoridad debe comprar elementos con capacidad de persecución, argumenta Felipe González.

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Diez años perdidos

Los fallidos gobiernos panistas

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 1 de diciembre (apro).- Hace diez años se consumó uno de los hechos políticos más importantes de la historia contemporánea del país: el fin del poder hegemónico del PRI, con 71 años de gobierno ininterrumpido.
Al mismo tiempo dio inicio lo que entonces se esperaba: una nueva etapa marcada por la transición democrática, el combate a la corrupción, la disminución de la pobreza y el impulso a la justicia. Es decir, un avance en el desarrollo nacional.
Una década después no sólo no hemos avanzado en estos y otros aspectos de la vida nacional, sino que incluso hemos retrocedido, creando una generación de jóvenes que ni estudian ni trabajan; un clima de violencia exacerbada por la lucha ciega contra el narcotráfico, que ha provocado más de 30 mil muertos, y el aumento de la población marginada, rebasando la mitad de la población nacional.
Quizá en la historia queden registrados los dos sexenios seguidos, gobernados por el PAN, como la “etapa azul”, pero a diferencia de la concepción que se tiene en las artes de épocas fructíferas para los creadores, en el caso de la política mexicana será sinónimo de una época perdida por los mínimos avances para el progreso nacional.
En los hechos, la llegada de Acción Nacional a la presidencia de la República significó muy poco o casi nada en cuanto a la transformación de la estructura del poder y de las instituciones y personajes que actúan de manera determinante en ella. Incluso en algunos casos fue todo lo contrario.
Por ejemplo, con el PAN en Los Pinos, la maestra Elba Esther Gordillo tuvo más poder que nunca. Vicente Fox y Martha Sahagún encumbraron a la dirigente magisterial hasta llegar a tener cotos de poder en el gobierno y en los órganos electorales, en tanto que Felipe Calderón le siguió dando todas las facilidades para mantenerla a su lado como una aliada, en pago a aquella acción en la que a pocos días de la elección de 2006, cuando no podía legitimarse, Gordillo le levantó la mano Calderón en señal de triunfo, adelantándose incluso al propio PAN.
Los presidentes panistas repitieron las mismas formas de negociación que el Partido Revolucionario Institucional en las cámaras de Diputados y Senadores, es decir mayor presupuesto a cambio de posiciones e iniciativas de ley a cambio de prebendas. Y como aportación empoderaron más a los gobernadores concediéndoles más presupuesto, sin pedir a cambio una rendición de cuentas.
El autoritarismo presidencial se exacerbó con Felipe Calderón, como en los tiempos del salinismo. Si en su tiempo Carlos Salinas de Gortari puso y quitó a funcionarios de primer orden y enfrentó crisis políticas y económicas con una voluntad propia de los caudillos mesiánicos, el panista ha tratado de remedar al priista con una actitud de soberbia, que ha llevado al país a una de sus peores situaciones.
Con este ánimo mesiánico, Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, sin tomar en cuenta que no es un problema que se pueda resolver únicamente con la fuerza, sino con inteligencia y con acciones de inclusión a la sociedad.
Sin la inteligencia de Salinas, Calderón ha tratado también de manipular a su partido imponiendo a los últimos presidentes –Germán Martínez y César Nava–, reeditando aquella vieja práctica priista del “dedazo”. Ahora intenta repetirlo con Roberto Gil, quien ha sido impugnado por la mayoría de los candidatos a la dirigencia nacional del PAN, principalmente por el senador Gustavo Madero.
Ha sido tal la ingerencia de Calderón en el PAN que el exdirigente nacional de ese partido, Manuel Espino, lo conminó a ser el presidente de la República y no del panismo. Las declaraciones fueron el preámbulo para que lo expulsaran de su partido, bajo el pretexto de que apoyó al PRI en las elecciones de Durango.
Lo más increíble es que acusaron a Espino de “exceso de libertad de expresión”, y eso que podría parecer una mala broma es una señal preocupante del perfil autoritario que tiene el gobierno de Calderón y las contradicciones que hay con su discurso de democratización de la vida política mexicana.
Sólo en los regímenes dictatoriales se dan este tipo de casos, en los que se castiga el “exceso de libertad de expresión” y la disidencia.
A últimas fechas Calderón ha iniciado una campaña preelectoral lanzando una tanda de acusaciones en contra del PRI, aduciendo que sería “una tragedia” que se regresara al pasado, porque sería el retorno del autoritarismo, la corrupción y la deficiencia del gobierno.
Calderón tiene razón en considerar que sería una verdadera tragedia el regreso del PRI y, sobre todo, si es el grupo Atlacomulco quien sostiene y apuntala Enrique Peña Nieto, junto con el poder de Televisa. Sin embargo, el panismo no representa una opción distinta a la del PRI, porque en los hechos es una expresión más de la cultura política mexicana, la del autoritarismo representado en el presidencialismo y en el ejercicio absoluto del poder.

La legalidad criminal

Impunidad gubernamental

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 1 de diciembre (Proceso).- Cada vez se hace más claro que lo único que distingue a la clase política del crimen organizado es la impunidad. Mientras que al criminal se le asesina o –en el caso de que el Ministerio Público y el juez cumplan con su tarea– se le procesa y sentencia, el político no sólo puede cometer durante su estancia en el poder todo tipo de ilícitos, sino que a su salida queda tan impoluto como una virgen. Nadie, a pesar de la documentación en su contra, osa destituirlo; nadie tampoco osa hacerlo comparecer ante la justicia cuando ha dejado el encargo. Se trata del ancestral método que señoreó la vida política del país cuando la revolución se institucionalizó y procedió como una dictadura, sólo que ahora de manera cínica y cobijada bajo el argumento de la democracia, el fuero y la “salud” de la vida partidista.

Donde volvamos el rostro, sea al PAN (Calderón, Molinar Horcasitas, por nombrar sólo a quienes tienen evidencias claras en su contra), al PRI (Mario Marín, Eduardo Bours, Arturo Montiel, Salinas de Gortari) o al PRD (Amalia Hernández, Zeferino Torreblanca), vemos con profundo horror que el poder y sus intereses están por encima de la ley y que sus actores son tan criminales como los políticos que los cobijan.

El caso más claro, por las evidencias documentadas en su contra, es el de Ulises Ruiz. Durante su gobierno, como lo ha mostrado Pedro Matías (Proceso 1776), se asesinó a 200 personas, entre “luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas”, se realizaron “600 detenciones” ilegales, “siete desapariciones forzadas”, innumerables secuestros, 380 torturas y una creciente espiral de violencia. Ahora que lo deja –en medio de spots apologéticos con cargo al erario, es decir, a la ciudadanía que tanto agravió, y un informe de gobierno triunfalista– se agregan a esos delitos el no cumplimiento de las “mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros”, “nueve solicitudes de juicio político [y] 40 controversias constitucionales por la destitución de funcionarios [y] discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios”. Ulises Ruiz, como muchos de nuestros políticos, gobernó como un criminal impune y se va como tal.

Lo más grave de todo es que Ruiz no es –como la Iglesia ha tratado de hacer con Marcial Maciel– un criminal solitario. Detrás de su impunidad está la complicidad de los funcionarios de su partido que no lo llaman a cuentas, de los partidos opositores que, tratando de evitar lo que a los suyos les corresponde, callan y del Poder Judicial que, en estos casos, siempre mira hacia otra parte. En suma, detrás de Ruiz está el contubernio mafioso de todos para mantener el cascarón roto y vacío de la vida institucional. Su rostro entre nosotros es el del crimen legalizado, la imagen invertida del otro crimen que cínicamente dicen perseguir.

Con ello, el mensaje que lanzan a los jóvenes es el mismo que el de los narcocorridos o el de los reportajes que exaltan la vida de lujo de los capos: el del poder, al que se llega mediante la malversación de la ley y que da derecho a todo.

Desde el instante en que Ruiz salió impune del gobierno –una continuación de la manera en que Calderón llegó al gobierno, ha gobernado y saldrá de él; una continuación también de lo que sucede con Mario Marín y otros tantos– las instituciones políticas se pusieron al margen de la ley.

Se me puede objetar que las instituciones son útiles y que para que existan y pueda haber cierto orden y justicia debe haber componendas. Ciertamente habría mucho que decir sobre esos asuntos, pero lo que es seguro es que nada de lo que perpetúa la mentira puede ser útil. Después de todo, las instituciones políticas pasan –son construcciones históricas– y la justicia y la ley –que son explicitaciones jurídicas de lo que debe ser el amor que, cuando existe, no necesita de ellas– permanecen. La justicia no desaparecerá porque a las organizaciones de la alta política del país se les denuncie en lo que son. La verdadera justicia vive de la verdad y muere con la mentira. Sigue viviendo –una larga y añeja enseñanza de la historia—lejos de los palacios de gobierno, de las instituciones burocráticas del Estado y de los partidos, es decir, en las márgenes de lo que el poder –sea legal o ilegal– privilegia, vive en quienes son capaces de hablar con verdad y actuar con ella.

Esto quiere decir también que en las márgenes de la vida institucional existen ese tipo de hombres y mujeres, pero sólo serán dignos de ella si, contra la injusticia disfrazada de necesidad, las cobardías de las democracia burguesa y sus partidarismos hipócritas, contra la impunidad de los Ulises Ruiz, de los Marín, de los Molinar Horcasitas, de los Montiel, de los Bours, de los Torreblanca… y sus cómplices, realizan la justicia que la sociedad reclama.

Sólo allí, en actos que pongan a los criminales de la vida política en el lugar que la justicia reclama, quienes aún amamos a este país volveremos a creer en las instituciones. Mientras tanto nos sentimos rehenes no sólo del crimen organizado, sino de nuestros propios políticos y gobernantes. Una política sin ética es sólo la perpetuación, por otros caminos, del crimen.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l