martes, julio 24, 2012
DE PANZAZO - Documental completo
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Ackermann, propuesto como líder ético para defender elecciones
Ackermann, propuesto como líder ético para defender elecciones: REDES SOCIALES.- Manuel Guerrero Ramos, militante de izquierda e indignado por la actuación de las autoridades electorales en México ha propuesto públicamente a John Mill Ackermann, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, como representante ético en la defensa del proceso electoral por los diferentes foros internacionales de derechos humanos. Por medio de una carta abierta dirigida a Los Ángeles Press, da los argumentos y señala la necesidad de la defensa de la democracia con representantes con autoridad moral en todos los foros posibles de los defensa de los derechos políticos de los mexicanos.
La propuesta de Guerrero surge en medio del cerco informativo que se ha creado en México con la complicidad de las autoridades electorales para ocultar un proceso plagado de irregularidades y delitos electorales. La denuncia sobre estas irregularidades abarca desde la compra y coacción de votos hasta el lavado de dinero para financiar campaña del PRI, lo que han puesto al país en crisis política con riesgo de estallido social si los jueces del Tribunal Electoral insisten en favorecer la imposición de Enrique Peña Nieto.
HSBC lavó más de 100 millones de dólares en Sinaloa, reporta El Universal
Este martes, el diario El Universal
publica en su portada que funcionarios estadunidenses de HSBC
detectaron una transferencia hecha en 2007 por más de 100 millones de
dólares desde Sinaloa, estado donde opera el cártel de Joaquín Guzmán
Loera.
De acuerdo con
el rotativo, en diciembre de ese año, John Root, responsable de la
división latinoamericana antilavado, alertó y demandó mediante cartas a
las autoridades de HSB poner “extrema atención” en la transacción.
Otros correos y
comunicados internos recopilados por el Senado estadounidense señalan
que la transferencia de más de 100 millones de dólares desde Sinaloa en
2007 encendió la alarma en las oficinas centrales de HSBC en Londres.
Los documentos de Honestidad Valiente y las acusaciones del PRI
 |
| En junio pasado, durante la Mesa de Coordinadores de Noticias MVS, primera emision, los coordinadores de campaña del PRI y de la izquierda entregaron documentos relacionados con el financiamiento de la organización. |
El 21 de junio,
la campaña de Andrés Manuel López Obrador entregó a Noticias MVS,
primera emisión, las declaraciones de impuestos de Honestidad Valiente,
AC., luego que el PRI había cuestionado la “falta de transparencia” de
la asociación, insinuó evasión fiscal y financiamiento proselitista
paralelo.
BONOS DE MEDIO MILLON..para magisNARCOS del TEPJF!
Ademas de haberles BLINDADO las instalaciones y otorgado camionetas JEEP blindadas...vayan dandose una idea de por quien sera su fallo!
Óscar Naranjo, la pieza de la continuidad de la “guerra” contra el narcotráfico
A 16 días de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto,
abanderado del PRI, anunció que en caso de salir triunfador emplearía al
colombiano Óscar Naranjo Trujillo, el “mejor policía del mundo” y
general de “cuatro estrellas”, como consultor externo en materia de
seguridad. Víctimas de violación a derechos humanos y organizaciones no
gubernamentales denuncian supuestos nexos del también miembro de la DEA
con grupos criminales. Advierten que contribuyó a la consolidación del
“terrorismo de Estado” en Colombia y que cuenta con un proceso abierto
en Ecuador por el asesinato de 25 personas, entre ellas cuatro
estudiantes mexicanos. De acuerdo con especialistas, Óscar Naranjo es la
pieza de la continuidad de la política de seguridad ejercida por Felipe
Calderón, estrategia impulsada desde Washington.
El pasado 1 de julio inició formalmente la cuenta regresiva de los
gobiernos panistas luego de 12 años de ocupar la Presidencia de la
República. No así de la política de seguridad ejercida por Felipe
Calderón Hinojosa: la “guerra” contra el narcotráfico.
Enrique Peña Nieto –quien según los primeros conteos del Instituto
Federal Electoral, y de no prosperar la impugnación hecha por el
candidato Andrés Manuel López Obrador, sería el próximo presidente de
México– presentó el 14 de junio a Óscar Naranjo Trujillo, exdirector
General de la Policía Nacional Colombiana, como su consultor externo en
materia de seguridad, en caso de salir triunfador del proceso electoral.
La historia del este personaje lo coloca como el policía más
vitoreado del mudo: un general de “cuatro estrellas”, de acuerdo con el
nombramiento que le confirió Juan Manuel Santos Calderón, presidente de
Colombia. Entre sus hazañas, que le han valido una cuarentena de
honores, destacan el desmantelamiento de cárteles del narcotráfico y el
combate a la guerrilla.
“A partir de esta experiencia, de este éxito y del reconocimiento
que hay a su trayectoria profesional, no sólo en su país sino en el
ámbito internacional, es que solicité amablemente que aceptara asesorar a
un servidor a partir de llegar a la Presidencia y de ganar esta
elección”, expresó en aquel momento el abanderado del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Paralelo a esta versión, las víctimas, defensores de derechos
humanos y académicos críticos aseguran que el expolicía colombiano es
pieza clave en la consolidación del “terrorismo de Estado” en en el país
suramericano:
“Se trata de una política de ‘seguridad’ que data de la década de
1960, pero se fortaleció durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
[presidente de Colombia de 2002 a 2010], y con Óscar Naranjo a cargo de
las labores de inteligencia”, explica Clemencia Correa González,
profesora del posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México.
Señala que sus principales características son la violación
sistemática de los derechos humanos, la militarización, el
involucramiento de la sociedad civil en tareas militares, el
fortalecimiento del paramilitarismo, la aplicación de políticas de
terror por parte del Estado o con su aquiescencia y la legitimación de
este régimen desde los medios de comunicación.
A finales de junio pasado, Carlos Fazio dedicó su colaboración en el diario La Jornada
a Naranjo Trujillo. En su artículo “Basada en corrupción y mentiras, la
historia del colombiano Óscar Naranjo”, el periodista de origen
uruguayo recuerda que el exgeneral tiene una orden de arresto por
asesinato ante un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y que ha sido
incriminado por sus nexos con el excapo Wílber Varela, del cártel del
Norte del Valle, en el juicio que se ventila en la corte del distrito
del Este de Virginia, en Estados Unidos.
Además, destaca su participación, en la década de 1990, en el
llamado Bloque de Búsqueda, unidad especializada de la Policía Nacional
de Colombia, al que se le atribuye la ejecución del traficante de drogas Pablo Escobar Gaviria, dirigente del cártel de Medellín.
La organización a sueldo de las agencias de seguridad
estadunidenses, en las que Naranjo fungía como jefe de inteligencia,
reeditó viejas tácticas de las guerras sucias de contrainsurgencia y
estableció alianzas estratégicas con el cártel de Cali y con el grupo
paramilitar Los Pepes. Este último habría sido pionero del
narcoparamilitarismo colombiano y responsable de unas 300 ejecuciones.
El
Bloque sería aplaudido después por el desmantelamiento y la
“espectacular” captura de los líderes del cártel de Cali, acción a la
que Carlos Fazio se refiere como un mito: “No existió una limpia y
exitosa operación policial, sino una entrega negociada”. En 1997, en la
corte federal de Miami, Estados Unidos, el excontador de ese grupo
criminal, Guillermo Palomari, confesó el acuerdo con Ernesto Samper
Pizano, entonces presidente de Colombia: la detención pactada de los
hermanos Rodríguez Orejuela.
Respecto de la asesoría en materia de seguridad, que el priísta
Peña Nieto ha requerido al policía colombiano, el también profesor de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifiesta: “El fichaje
de Naranjo por el PRI se produjo después de las presiones de Estados
Unidos sobre Peña Nieto ante un eventual cambio de política respecto de
los grupos criminales mexicanos”.
Quien pensó que al no votar por el PAN pondría fin a la política de
seguridad que aplicó Calderón, se equivocó. Para Clemencia Correa,
quien desde 2011 es perita en impactos sicosociales para la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Óscar Naranjo, actual miembro de la
DEA (agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a
la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas), es la pieza que marcará la continuidad de tal política.
Se trata de una estrategia de inteligencia regional dictada desde Washington
que, en el contexto del Plan Colombia, aprobado en 1997, “ha utilizado
al país suramericano para exportar conocimiento en materia de seguridad,
especialmente a México y Centroamérica”, precisa Carlos Fazio.
En enero pasado, por ejemplo, el diario estadunidense Washintong
Post reveló que, con el apoyo de Estados Unidos, Colombia ha entrenado
ya a más de 7 mil policías mexicanos para, supuestamente, enfrentar a
los cárteles de la droga.
El objetivo estratégico, además del mantenimiento del estatu quo,
es el control territorial y económico de la región. Aunque en ambos
países, en México, con la Iniciativa Mérida, y en Colombia, con el Plan
Colombia, la “bandera” es el combate al narcotráfico, la sociedad civil
ha denunciado y documentado que el verdadero blanco de los ataques es el
pueblo.
Clemencia Correa recuerda una conferencia en el Centro de Cultura
Casa Lamm, en la que participó en 2007. Entonces había personas, incluso
investigadores, que aún eran escépticos respecto de la injerencia de
Colombia en México. ¿Por qué ahora se hace pública esta relación? La
asesora de organizaciones de derechos humanos y de víctimas explica que
cuando algo se hace público es porque se sabe que “ya no hay ningún
costo político”.
Uno de los primeros consejos de Óscar Naranjo a Peña Nieto fue la
creación de grupos de choque, conformados por integrantes del Ejército
Mexicano, la Armada de México y cuerpos policiales, para combatir
narcotraficantes y bandas de sicarios.
Especialistas advierten un debate en torno a la posible violación
del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece que “los extranjeros no podrán de ninguna
manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
Sucumbíos. Denuncia por asesinato en contra de Naranjo
Mes con mes, integrantes y solidarios de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, se manifiestan frente a la embajada de Colombia en México. Claman justicia: el 1 de marzo de 2008, cuatro estudiantes mexicanos fueron asesinados y una más fue herida de gravedad en una operación militar odel gobierno colombiano, en contra de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los responsables no han sido castigados.
Leer mas AQUI.
Sedena, bajo escrutinio por ocho contratos de 5.6 mil MDP
Ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense
provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en
México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de
la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las
oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría
de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Los
productos y servicios adquiridos son para uso de las secciones Segunda y
Séptima del Estado Mayor, y se utilizarían para espiar y contener los
movimientos armados y desarticular los cárteles del narcotráfico. La
disputa por la sucesión al interior de las Fuerzas Armadas deja al
descubierto las capacidades tecnológicas adquiridas por la inteligencia
militar en los últimos dos años de gobierno de Felipe Calderón. Una
nueva indagatoria ahora inicia la Policía Militar: busca descubrir
quiénes filtraron los documentos.
El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se
encuentra bajo el escrutinio de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. El motivo:
ocho contratos y seis convenios modificatorios de los mismos celebrados
por la dependencia garante de la salvaguarda de la nación con una
empresa privada de capital estadunidense, por un monto total que alcanza
los 5 mil 628 millones de pesos. Se espera que los restantes 10
contratos, de un total de 18 celebrados para adquirir equipos y
servicios de inteligencia entre 2010 y 2012, sean auditados en los
próximos días.
Las pesquisas son encabezadas en las oficinas castrenses por los
titulares de las dependencias fiscalizadoras, quienes han tenido que
despachar en estas semanas desde la Sedena: Rafael Morgan Ríos, de la
SFP; Juan Manuel Portal Martínez, de la ASF, y el general de división
Diplomado de Estado Mayor Marco Antonio González Barreda, de la
Inspección y Contraloría militar.
Los equipos y servicios adquiridos mediante estas adjudicaciones
directas –a través de la Dirección General de Administración, a cargo
del general de división Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García
Ochoa– son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor
de la Sedena, cuyo jefe es el general de división Diplomado de Estado
Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las
actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano.
La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.
Los ocho contratos auditados –asignados sin licitación de por
medio, “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, a decir del
director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier
Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo– se celebraron con la
empresa Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron
signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV.
Ambas compañías son representantes en México de corporativos
estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y
aeronáutica, respectivamente.
El objetivo de los ocho contratos fiscalizados fue incrementar las
capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia
de la Sedena. De acuerdo con las copias de los mismos –proporcionadas a Contralínea
por fuentes que tuvieron acceso a ellos en el proceso de revisión– el
Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de
Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control,
sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.
De
los contratos se desprende que el proyecto se denominó “Sistema de
Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2
[Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa
Nacional]”. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos
contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033,
4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron
con la misma empresa también para adquirir productos y servicios
relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718,
4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos
ocho contratos asciende a 5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos.
El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana es de tal
capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización
de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la
Sedena.
Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del
Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir
cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a
distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos
espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de
teléfono “inteligente” o smartphone.
En entrevista con Contralínea, el general de división
Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, director de
Comunicación Social de la dependencia, dice que el equipo adquirido se
utilizará contra “determinados grupos criminales. Contra delincuentes en
general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con
nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la
seguridad interior”. Las otras son, de acuerdo con el artículo 1 de la
legislación citada por el general: “Defender la integridad, la
independencia y la soberanía de la nación; auxiliar a la población civil
en casos de necesidades públicas; realizar acciones públicas y obras
sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre,
prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y
sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Señala que el “monitoreo” que realizan “es apegado a derecho, con
la autorización de un juez, el cual determina, con base en las pruebas
que se le presenten, si se autoriza o no una intervención en las
comunicaciones; además, por cuánto tiempo y qué tipo de comunicación.
Eso está dentro de lo que la ley nos permite”.
Con respecto del procedimiento con que se firmaron los contratos
agrega: “todo está conforme a derecho; no hay nada irregular. Ya se han
auditado y no han encontrado nada. Y no van a encontrar porque todo ha
sido apegado al procedimiento”.
Leer articulo completo AQUI.
25 años tardaría el gobierno en pagar nuevo avión presidencial (¿Tanto dinero para estos flojos?)
SEDENA pretende gastar 9 mil 840 millones de pesos en la compra y mantenimiento de un nuevo avión presidencial. El esquema de arrendamiento bajo el que se busca adquirirlo contempla un financiamiento por un cuarto de siglo.
La
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) pretende gastar 9 mil 840
millones de pesosen la compra y mantenimiento de un avión nuevo para
evitar que el Presidente y sus acompañantes puedan viajar a Europa sin
escalas.
De acuerdo con información del diario Reforma, sólo para evitar contratiempos al mandatario se pretende destinar el equivalente a 757 millones de dólares.
Actualmente,
Presidencia cuenta con el TP-01, un Boeing con capacidad para 66
pasajeros que data de 1987 pasajeros que data de 1987, y el TP-02, otro
Boeing con capacidad para 68 pasajeros, de 1989.
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La inversión que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proyecta realizar en la compra de un avión para vuelos trasatlánticos del presidente de la República y militares de alto rango, es 3.4 veces el Presupuesto de Egresos de Juárez y también casi tres veces lo que el Gobierno federal gastó en la reconstrucción de esta ciudad durante el 2010, dice El Diario esta mañana.
El avión que quiere comprar Sedena para que el Presidente no haga escalas es 3 veces el gasto de Juárez
La inversión que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proyecta realizar en la compra de un avión para vuelos trasatlánticos del presidente de la República y militares de alto rango, es 3.4 veces el Presupuesto de Egresos de Juárez y también casi tres veces lo que el Gobierno federal gastó en la reconstrucción de esta ciudad durante el 2010, dice El Diario esta mañana.
La Sedena
solicitó a la Secretaría de Hacienda comprar un avión nuevo que oscila
en los 9 mil 840 millones 132 mil 481 pesos, incluido el gasto de
mantenimiento y operación por un periodo de 25 años, de acuerdo con
información difundida ayer a nivel nacional por varios medios de
comunicación.
En busca del petróleo perdido
Coincidiendo con los tiempos electorales, se triplicó la merma de Pemex: la diferencia entre el petróleo extraído y el distribuido. Esto significaría un quebranto por unos mil millones de dólares en los primeros cinco meses del año. ¿A dónde fueron a parar? Conoce la historia
Hay que encontrarlo, porque se perdió. Es
una gran cantidad de petróleo reportada como merma y que representa al
menos 70 mil barriles diarios en cinco meses o, mejor dicho, más de mil
millones de dólares.
De acuerdo a un informe de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos perdió 2.8 por ciento de
su producción en los primeros cinco meses del año.
Es la merma más alta en la última década, y coincide con los meses del proceso electoral.
El hallazgo más importante de combustible robado fue en Minatitlán,
Veracruz, donde fueron encontrados 1.3 millones de litros de hidrocarburos
No existe hasta el momento una explicación oficial sobre este asunto. El informe fue dado a conocer hace 15 días, pero no ha habido reproches, ni inconformidades.
Desde el año 2000, la merma del crudo se había mantenido por debajo de uno por ciento. Fue hasta el tercer trimestre de 2011 cuando se dio un primer disparo y alcanzó 2.7 por ciento, para luego bajar a rangos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos considera normales.
Pero de enero a mayo de 2012, el incremento del indicador fue notable. En enero, la pérdida promedio fue de 2.6 por ciento (66 mil barriles diarios); en febrero subió a 2.9 por ciento (74 mil barriles diarios) y en marzo bajó a 2.4 por ciento (60 mil barriles diarios).
El informe detalla que en abril se reportó la merma más alta: 3.2 por ciento, es decir, 89 mil barriles de petróleo al día. Una cifra histórica para Petróleos Mexicanos.
El promedio descendió en mayo a 2.7 por ciento, que equivale a 69 mil barriles diarios.
Para los primeros cinco meses de 2012, la Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó una merma mensual promedio de 2.8 por ciento, que significa una pérdida de 70 mil barriles cada 24 horas.
La merma
La
difererencia entre el petróleo producido y el distribuído es normal en
cualquier proceso de extracción en todo el mundo. Como porcentaje del
total producido, esta diferencia nunca rebasó el 1 por ciento durante
más de una década.Pero en abril de 2012 llegó a 3.2 por ciento. Y el promedio de enero a abril se ubicó en 2.8 por ciento.
El informe no precisa las causas del incremento de las mermas, lo que sí aclara la Comisión Nacional de Hidrocarburos es que el indicador promedio aceptable debe ser menor a un dígito.
Según este reporte, la pérdida mensual promedio fue de 2 millones 100 mil barriles de enero a mayo, lo que da un total de 10 millones 500 mil barriles en ese lapso. Si se multiplica esta cantidad por un precio promedio de 100 dólares por barril, la pérdida alcanzaría mil 50 millones de dólares.
Las coincidencias
El alza de las mermas coincide con el inicio de las precampañas de los partidos para el proceso electoral 2012.En los dos primeros meses del año, se definieron los aspirantes del PRI (Enrique Peña Nieto) y del PAN (Josefina Vázquez Mota). El PRD decidió hasta marzo que su candidato sería Andrés Manuel López Obrador. Y el 31 de marzo iniciaron formalmente las campañas presidenciales.
De acuerdo a las cifras que difundió la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fue en abril, en plena campaña electoral, cuando se presentó el déficit más alto entre producción y distribución.
HAY MÁS DECOMISOS
Justamente en los primeros cinco meses de este año, la Marina hizo grandes decomisos de hidrocarburo.
Y no solo eso, también detectó instalaciones para almacenar el combustible robado.
El hallazgo más importante fue a finales de mayo en el ejido Tacoteno, en Minatitlán, Veracruz. Ahí fueron encontrados 1.3 millones de litros de hidrocarburos, entre crudo y algunos derivados, como diésel, en diferentes presentaciones.
En el lugar había cisternas y pipas especiales para transportar este tipo de productos.
Este descubrimiento permite concluir que el hidrocarburo robado, principalmente por grupos delictivos como Los Zetas, es sometido a un procesamiento para luego venderlo como combustible pirata.
Además, es en Veracruz donde han sido detectadas la mayoría de las tomas clandestinas para robar petróleo.
En la página de Internet de la Marina, los boletines ofrecen información sobre las acciones realizadas. Y esos documentos señalan que se hicieron al menos dos descubrimientos de robo de hidrocarburos en cantidades industriales. Y se precisa que el material fue transportado en barco.
Leer mas AQUI.
Coincidiendo con los tiempos electorales, se triplicó la merma de Pemex
http://youtu.be/H6nUoM89HOg
Show me the Monex!
Las tarjetas de Monex ya tienen un hilo conductor que las vincula con el PRI. Es la familia de Gabino Fraga, allegado a Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto. Y el caso ya unió al PRD y el PAN en una exigencia conjunta a la PGR para que investigue el presunto lavado de dinero en la campaña presidencial tricolor
El caso Monex se ha convertido en el epicentro del conflicto postelectoral en México. Y dos hechos lo ratificaron el jueves.
Uno,
las revelaciones de la periodista Carmen Aristegui y su equipo exhiben
el eslabón que hacía falta: la conexión entre el PRI y las cuestionadas
tarjetas de Monex.
El otro, la aparición pública de los
presidentes del PRD y el PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero, para
demandar conjuntamente a las autoridades que esclarezcan de dónde
proviene el dinero ilícito utilizado en la campaña de Enrique Peña
Nieto.De acuerdo a la investigación revelada en el espacio noticioso de MVS que conduce Aristegui, la empresa Operadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. movió más de 90 millones de pesos a través de las tarjetas de Monex para “pagar la estructura priista”.
EFRA tiene sus orígenes en la familia de Gabino Fraga, un personaje con fuertes vínculos priistas, relacionado con el gabinete del ex presidente Miguel de la Madrid y con el equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Estas revelaciones cobran mayor importancia porque se dan en el contexto de un cisma en la clase política mexicana.
Y es que la denuncia de las irregularidades en la elección del primero de julio ha provocado posiciones encontradas, incluso al interior de los partidos, como es el caso del PAN.
En las filas albiazules, las señales de dirigentes, candidatos y militantes han sido cruzadas. Y los mensajes confusos.
Por un lado, el presidente Calderón abrió las puertas de Los Pinos al candidato que todavía no recibe la constancia de presidente electo.
En cambio, el dirigente nacional blanquiazul, Gustavo Madero, sorprendió ayer al pactar una alianza con el PRD. Ambos partidos suman 57 por ciento de la elección presidencial. Y esto representa una mayoría moral.
Y por otro lado está el tema del lavado de dinero, que ya se apoderó del debate político.
Quizá lo que empujó este asunto es el escándalo en que está inmerso el banco HSBC. Sin embargo, para muchos es una verdad incontrovertible que el lavado de dinero siempre ha sido parte de los procesos electorales. La diferencia es que hoy existen evidencias claras y contundentes.
Por lo pronto, el PAN y el PRD exigen que la presunción de lavado de dinero en la campaña peñanietista sea investigada por las autoridades.
Y lo que es más importante, que las denuncias se desahoguen antes de que el Trife dé su veredicto.
Ahora más que nunca hay que seguirle la huella al dinero.
REVELA ARISTEGUI VÍNCULO PRI-MONEX
Por Félix ArredondoLa investigación fue impecable. Los resultados contundentes. Carmen Aristegui y sus colaboradores Olga Carranco, Sheila Amador, Daniel Lizárraga y Juan Carlos Alarcón llevaron a cabo una investigación que debería servir de ejemplo a las autoridades del IFE, la FEPADE y hasta el TRIFE.
Sin arraigos ni torturas, este equipo pudo llegar a la verdad. Y es que en menos de 15 días, los periodistas identificaron a una parte de los probables responsables de la presunta comisión de diversos delitos electorales que en un país democrático ya habrían provocado la anulación de los comicios.
No son especulaciones. Son hechos.
No se puede tapar el sol con un dedo. Y menos después de escuchar los relatos de los periodistas que descubrieron que Operadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. es “una fachada detrás de la cual está una familia priista de viejo cuño de apellido Fraga”.
Familia estrechamente vinculada a personajes como el ex presidente Miguel de la Madrid, Alfredo del Mazo y Emilio Chuayffet, por un lado. Y por el otro, involucrada en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, según la investigación realizada por los periodistas de MVS Radio.
Operadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. “movilizó más de 90 millones de pesos para pagar a la estructura priista a nivel nacional utilizando miles de tarjetas bancarias conocidas como Monex, Recompensas Sí Vale”, dijeron los periodistas.
En el programa matutino de noticias que dirige y conduce Carmen Aristegui en MVS Radio, la periodista y sus colaboradores dieron ayer una amplia explicación del avance de sus indagatorias, así como de los fundamentos en los que basan sus primeras conclusiones.
Las 43 facturas
Todo empezó
en la segunda quincena de junio, cuando fueron detectadas unas tarjetas
de Monex en Guanajuato, las cuales habrían servido para pagar a los
miembros de la estructura electoral priista. Los panistas denunciaron
los hechos ante el IFE.Tres días antes de las elecciones, el 27 de junio, el problema se agudizó. El IFE reconoció que había casi 10 mil tarjetas en circulación y que su valor total era de 70 millones de pesos, pero rehusó tomar medidas para congelar el dinero.
Transcurrió la jornada electoral. Estallaron más escándalos relacionados con tarjetas. Unas emitidas por Soriana y otras por Monex. Las escenas de la corrupción recorrieron el mundo.
El 4 julio, apenas tres días después las elecciones, Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, acudió al programa de Carmen Aristegui y exhibió la copia de 43 facturas digitales expedidas por Monex a dos empresas por la compra de 141 millones de pesos en tarjetas. Dos empresas que nadie conoce y que no han salido a dar la cara.
Leer mas AQUI. http://youtu.be/HSytz__NbTo
Por la Sedena se vale de todo
Atrincherados en el seno de la institución castrense, los militares que aspiran a sustituir al general Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional urden sus estrategias. Asesinado Mario Arturo Acosta Chaparro y detenido y puesto bajo arraigo el divisionario Tomás Ángeles Dauahare, los generales Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen toman posiciones en una batalla de intrigas donde se valen de todo. Los patrones de sucesión en la Sedena cambiaron ante el enorme poder que los militares adquirieron a partir de la decisión presidencial que los puso al frente de la guerra contra el narcotráfico.
El ambiente sucesorio en la fuerza armada más poderosa del país puede todavía ser peor. El general detenido –Tomás Ángeles Dauahare– sigue en la mira de sus detractores dentro del Ejército y algunos de sus familiares han sido amenazados. Aunque dice no temer por su vida, el divisionario arraigado desde hace dos meses por la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió en un elemento incómodo para algunos militares por su relación con el asesinado general de brigada Mario Arturo Acosta Chaparro.
La disputa por la Sedena es intensa por la creciente importancia política y económica que representa. A pesar de haber sido desplazada parcialmente por la Marina ante la desconfianza hacia algunos mandos del Ejército debido a su supuesta relación con el narcotráfico, la Sedena se convirtió en el sexenio que termina en una de las dependencias con más recursos.
En los seis años del gobierno de Felipe Calderón recibió 268 mil 930 millones de pesos, casi la mitad del gasto del gobierno saliente en seguridad nacional. Entre otros oficiales de alto rango, aspiran al poder que representa la Sedena los generales Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen.
En perspectiva de un gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejército puede adquirir aún más fuerza al convertirse en el proveedor de los 50 mil hombres para la Gendarmería Nacional, el proyecto con el que el candidato priista prevé el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico.
“En la sucesión de la Sedena, desde 2010 los patrones de comportamiento institucional se modificaron. Los generales en retiro que en el priismo autoritario ya no figuraban, ahora participan en el esquema sucesorio. Juegan y se dejan ver”, dice el investigador Erubiel Tirado, coordinador del diplomado en seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana.
Es el caso de los generales Acosta Chaparro y Ángeles Dauahare. Desde finales de 2010 y hasta el asesinato del primero, el pasado 20 de abril, ambos se encaminaban a participar en el juego sucesorio de la Sedena. A su favor, de acuerdo con distintas fuentes consultadas por Proceso, tenían una estrecha relación con la Administración Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), información sobre la penetración del narcotráfico en el Ejército y el acercamiento con Peña Nieto.
Otro factor los identificaba: su separación crítica del Ejército y de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Acosta Chaparro incluso estaba compartiendo información con la Marina.
Pero ambos generales tuvieron también un mal común: Mateo, el apelativo con el que la PGR identificó a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, exintegrante del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva que en noviembre de 2010 declaró contra Acosta Chaparro y en mayo pasado contra Ángeles Dauahare.
A las pocas horas de declarar contra el general de división en retiro, El Grande fue extraditado por la PGR a Estados Unidos. La DEA mandó un avión al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llevarlo a Texas.
Las acusaciones de Mateo sobre la supuesta protección de ambos generales al Cártel de los Beltrán Leyva no han sido probadas. En una declaración ministerial del 26 de noviembre de 2010 dijo haber conocido a Acosta Chaparro desde 2006 por medio de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien supuestamente le pagó 500 mil dólares al general de brigada para que le diera protección y lo pusiera en contactos con oficiales del Ejército.
En esa declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Villarreal habló de una segunda reunión a mediados de 2007 entre El Barbas y Miguel Ángel Treviño, El Z-40, uno de los cabecillas de Los Zetas, para que Acosta Chaparro se reuniera con Heriberto Lazcano, El Lazca, principal jefe de esa organización. Pero en ambas fechas el general de brigada todavía estaba detenido, acusado de proteger al Cártel de Juárez.
El desacato de la SIEDO
En el
caso del general Ángeles Dauahare la SIEDO enfrenta ahora una acusación
de desacato judicial por negarle a la defensa del general retirado Tomás
Ángeles la posibilidad de desacreditar la acusación de Mateo y de otro
testigo protegido identificado como Jennifer sobre la supuesta
protección del divisionario a los Beltrán Leyva.El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana logró que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal resolviera que la SIEDO cometió el desacato judicial de corroborar las acusaciones contra el divisionario. El fallo, que fue impugnado por la PGR, señala que la SIEDO violó una suspensión definitiva que la obligaba a verificar las imputaciones contra Ángeles.
“La resolución es una muestra clara de la parcialidad con la que se ha conducido la representación social al no contestar a las peticiones de la defensa ni desahogar los escritos de ofrecimiento de pruebas. Cuando el juez decida sobre una eventual orden de aprehensión, sólo tendrá los elementos de cargo de la autoridad y no los de descargo, que demuestran la falsedad de las acusaciones”, dice a Proceso Sánchez Reyes Retana.
Conforme se acerca el 3 de agosto, fecha límite para mantener bajo arraigo al general en retiro y consignarlo ante la justicia o liberarlo por falta de elementos, las presiones se incrementan. El sábado 14 el periódico Reforma dio a conocer amenazas y hostigamiento contra la familia del militar por parte de la SIEDO y del propio Ejército.
Este semanario confirmó amenazas no sólo contra familiares, sino el temor de una agresión contra Ángeles Dauahare, como ocurrió con el general Acosta Chaparro.
En diciembre de 2010 ambos militares en retiro se encontraron por primera vez desde que en 2002 Ángeles Dauahare había presidido el Consejo de Guerra contra Acosta Chaparro por su supuesta protección al Cártel de Juárez en los noventa.
El encuentro fue en el restaurante del hotel Radisson, frente al centro comercial Perisur de la Ciudad de México. Acosta Chaparro había salido de la cárcel en junio de 2007, cuando un juez revocó la sentencia de 15 años a la que había sido condenado por el Consejo de Guerra. Antes, la justicia militar lo había exonerado de los delitos de lesa humanidad que le imputó la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por su papel durante la represión a la guerrilla en los setenta y ochenta, sobre todo en Guerrero.
Por esas fechas Acosta Chaparro ya se había distanciado de su excompañero de generación en el Colegio Militar, el general Galván Galván. El titular de la Sedena no sólo lo sacó de la cárcel en 2007, también le devolvió sus insignias, le dio el reconocimiento de “héroe” del Ejército y, ya en el retiro y con el consentimiento de Calderón, lo tuvo como asesor para el combate al narcotráfico.
“No soy traidor”
La primera misión de Acosta
Chaparro fue en septiembre de 2008 para detener a los supuestos
responsables del narcoatentado con granadas que dejó más de 100 heridos y
12 muertos en el centro histórico de Morelia, Michoacán, cuando las
autoridades celebraban el Grito de Independencia. Fue el inicio de sus
contactos con los distintos grupos del narcotráfico como emisario del
gobierno de Calderón para que bajaran la violencia en el país (Proceso
1768).El desencuentro con Galván ocurrió cuando el general secretario le pidió que se pusiera un chip localizador para su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán. “No, Guillermo. Yo facilito acuerdos. No soy un traidor” –le dijo Acosta Chaparro a su interlocutor–. Se quejó también con sus allegados de no recibir ningún pago por parte del gobierno de Calderón: “Ni las gracias me dieron”.
Poco después, en mayo de 2010, sufrió un primer atentado justo cuando empezaba a investigar el secuestro del exsenador del PAN Diego Fernández de Cevallos. Después de medio año de convalecencia, el general se reincorporó a sus actividades de investigación. Fue cuando se encontró con el general Ángeles Dauahare.
En sus recorridos encubiertos con los distintos jefes del narcotráfico en México, Acosta Chaparro recolectó información sobre la protección institucional que reciben, incluida la del Ejército.
Congelada su relación con la institución a la que perteneció, el militar se acercó a la Marina. Pocas semanas antes de ser asesinado se reunió en un hotel de Polanco, en el Distrito Federal, con uno de los jefes de la DEA en México y mandos operativos de la Marina. También estuvo un gobernador que las fuentes consultadas evitaron identificar. Ahí hablaron sobre un operativo.
“Prefiero trabajar con la Marina porque con el Ejército no se puede. Hay muchos intereses y corrupción. Está muy infiltrado”, dijo, según refieren testigos del encuentro.
Al mismo tiempo estrechaba su relación con Ángeles Dauahare con miras a la sucesión en la Presidencia y en la Sedena, en el entendido de que la Ley Orgánica de esta dependencia no impide que un general de división en retiro sea el jefe del Ejército y la Fuerza Aérea.
Acosta Chaparro estaba en contacto con Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador de la campaña del candidato priista en la circunscripción II, que abarca ocho estados, y quien fuera secretario de Transportes del Estado de México durante la gestión de Peña Nieto, mientras que Ángeles mantenía relación con otro colaborador del mexiquense, un sobrino del extitular de la Sedena, el general retirado Enrique Cervantes Aguirre, a cuyo grupo dentro del Ejército perteneció el divisionario ahora bajo arraigo.
Acosta Chaparro estaba haciendo varias propuestas “para fortalecer al Ejército” cuando lo mataron. Sus ejecutores seguían sus pasos desde hacía días. La fotografía publicada en la prensa sobre su encuentro con el general Ángeles Dauahare en el restaurante del Lago, en el Bosque de Chapultepec, la víspera de su asesinato, es sólo una de las varias que le tomaron, dicen a este medio fuentes cercanas al general.
Muerto Acosta Chaparro, Ángeles decidió hacer público su acercamiento con Peña Nieto. El 9 de mayo, una semana antes de su arraigo, estuvo con el candidato presidencial en un foro sobre seguridad nacional organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí.
Ángeles había salido de forma intempestiva del Ejército en marzo de 2008 en medio de especulaciones de que sustituiría al general Galván al frente de la Sedena. Era subsecretario de la Defensa Nacional, cargo en el que quedó en diciembre de 2006, cuando no pudo llegar al despacho principal del Ejército.
Fresco aún el asesinato de Acosta Chaparro, Ángeles Dauahare fue detenido en su casa de la Ciudad de México la noche del 15 de mayo. En diversas ocasiones ha dicho que su detención fue para sacarlo del relevo en la Sedena.
Los prospectos
Mandos del Ejército aseguran que el general Galván se enteró de la detención una vez que la Policía Judicial Militar lo llevó al Campo Militar Número 1 y luego a la SIEDO. “Al secretario lo están haciendo a un lado o le quieren ganar el juego sucesorio”, dicen al reportero.
Incluso la atribuyen al subsecretario de la Sedena, el general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, uno de los prospectos a suceder al general Galván y a quien se le adjudica la propuesta de transferir 50 mil hombres del Ejército y la Fuerza Aérea a la Gendarmería Nacional que quiere Peña Nieto.
De 63 años, el general Gaytán es uno de los cuadros más experimentados de la Sedena tanto en el mando operativo como en su funcionamiento burocrático. Formalmente está a cargo de la administración de la secretaría, pero el control administrativo de la dependencia pasa también por el oficial mayor, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, quien también tiene trayectoria operativa y desde el sexenio pasado es mencionado como candidato a la Sedena.
Gaytán Ochoa fue ascendido a general de división en noviembre de 2006 por el entonces saliente secretario de Defensa, el general Clemente Vega. A partir de su ascenso fue designado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el cargo operativo más importante del Ejército. Los dos años anteriores fue subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena.
En la Escuela de las Américas, en Panamá, recibió del ejército de Estados Unidos el curso de administración de recursos, aunque su experiencia internacional está limitada a la agregaduría militar de México en Perú. En su hoja de servicios destaca su participación como comandante de agrupamiento en la Fuerza de Tarea Arcoiris, creada para sofocar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en 1994.
En la disputa por la sucesión, el lunes 16 el periódico El Universal y el noticiario matutino de MVS Radio, conducido por Carmen Aristegui, informaron que de marzo de 2011 a marzo de 2012 la Sedena gastó casi 5 mil millones de pesos en la compra de “equipos de espionaje político”.
El dardo fue directo contra el director general de Administración de la Sedena, el general de división Augusto Moisés García Ochoa, otro de los prospectos para llegar al despacho del secretario.
García Ochoa también tiene fuerza dentro de la Sedena. Fue secretario particular del anterior secretario, Clemente Vega. También formado en la Escuela de las Américas, donde tomó el curso operaciones en selva, tiene experiencia operativa en funciones de Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La filtración a la prensa de los contratos por adjudicación directa a la empresa Security Tracking Devices busca repetir lo ocurrido hace seis años con el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, ahora en retiro, quien se hacía al frente de la Sedena cuando se supo que metió en un problema legal internacional a la dependencia por modificar sin permiso un arma de una empresa alemana proveedora del Ejército mexicano y que se conoce como el Xiuhcóatl 5 (Proceso 1572).
A la lista de aspirantes se suma el general de división Luis Arturo Oliver Cen, el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, el hombre responsable de la operación del Ejército y que al inicio de este sexenio fue designado subjefe operativo.
Exagregado militar adjunto en la embajada de México en Washington, es el encargado de hacer cumplir las órdenes en la Sedena, pero también es el encargado de las relaciones del Ejército con las dependencias gubernamentales para la protección de las instalaciones de seguridad nacional, así como con el Senado y los gobiernos extranjeros.
El socio español de Televisa
Con esta ironía el periodista y autor del libro Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles (Foca, 2010) se refiere al editorial Obrador es un lastre que el diario español publicó el domingo 15, donde afirma que “la izquierda mexicana debería replantearse el liderazgo de su candidato presidencial derrotado”.
Desde esa postura editorial el matutino sostiene que “es muy improbable que prospere el recurso de la izquierda mexicana” para invalidar las elecciones presidenciales por las acusaciones de compra y manipulación del voto. Estima que la ventaja de 3 millones de votos del priista Enrique Peña Nieto sobre el perredista Andrés Manuel López Obrador es “un argumento contundente sobre un proceso en el que no hay evidencia de irregularidades a gran escala”.
Considera que las protestas contra el regreso del PRI al poder “no pueden ocultar el hecho de que el populista Obrador ha sido siempre un mal perdedor”. Para fundamentar su argumento alude a las acciones “desestabilizadoras” que emprendió en el proceso poselectoral de 2006.
En opinión de El País “parece llegado el momento de preguntarse si les conviene como líder un hombre dos veces derrotado, con tendencia al victimismo conspiratorio y cuyo estilo abrasivo y anquilosado le ha enajenado una parte de su voto natural”.
Serrano plantea que no está totalmente de acuerdo con la respuesta que López Obrador dio al mencionado editorial, al tuitear: “A El País: dejen la manía de hacer periodismo colonizante. Mejor hagan la autocrítica por su responsabilidad en el desastre de España”.
Dice el periodista: “Yo creo que se sigue haciendo (en América Latina) referencia a España con su historia colonizadora y eso libra de las actuales culpas a los nuevos colonizadores. Es decir, no piensen más en (Cristóbal) Colón, mejor piensen en Telefónica o Repsol; que no les preocupe tanto Hernán Cortés y que les preocupe más Juan Luis Cebrián (consejero delegado del Grupo Prisa y presidente de El País)”.
Grupo Televisa, el socio
El entrevistado sostiene que varios editoriales y artículos de opinión sobre el proceso político en México, publicados por El País antes y después de los comicios, “definieron su interés real, que son sus posibilidades de negocio, de privilegio y de connivencia con los potenciales vencedores”, en este caso el PRI.
Agrega: “En esa definición editorial, el grupo legitima una elección pese a estar siendo recurrida en tribunales, sanciona a determinados candidatos como adecuados o no adecuados. Y aunque quizá fueron más discretos durante la campaña (electoral), ahora ya han abierto su postura a favor del PRI y contra López Obrador”.
Sostiene que detrás de todo se encuentran los intereses de Prisa y los de su sociedad con Televisa. Desde 2005 esa televisora puso en marcha un plan de marketing político para llevar a Peña Nieto a la Presidencia, como lo documentó Jenaro Villamil en Proceso y en su libro Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto (Grijalbo, 2009).
En octubre de 2001 Grupo Prisa firmó un acuerdo con Televisa –Vicente Fox actuó como testigo de honor– para adquirir 50% de Radiópolis, consorcio radiofónico del que Televisa tiene la otra mitad.
Con una inversión de 60 millones de dólares el grupo español de medios buscaba afianzarse –ya había entonces una edición de El País en México– y con esta alianza buscó potenciar el mercado radiofónico en México, tal como lo señalaron en su comunicado ambos grupos mediáticos.
“Es clarísimo, ese es el parámetro para definir a Prisa. No tiene que ver con ideologías, son sólo negocios, como reza la célebre frase de Vito Corleone. Esto se traduce en que el futuro de Prisa en México está ligado al de Televisa; y los intereses de Televisa están ligados a los del Grupo Prisa”, explica el también autor de Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo.
Por lo que toca a los vínculos de Televisa con Peña Nieto, Serrano apunta: “En la medida en que ustedes han sabido detectar los intereses que ha extendido Televisa (con el eventual gobierno priista) es fácil identificar los intereses de Prisa”.
En su editorial del martes 3 –dos días después de los comicios– titulado Más allá del PRI, El País daba por válido el triunfo del PRI y fijaba su posición frente a los candidatos: “Tras 12 años alejado de Los Pinos el PRI volverá el 1 de diciembre a situar a un presidente en la residencia oficial de Los Pinos. Enrique Peña Nieto ha ganado con una ventaja nítida en las elecciones del pasado domingo, aunque menor que la vaticinada. A sus 45 años, como él mismo ha recordado, representa otra generación y otro Partido Revolucionario Institucional distinto al que gobernó México con mano de hierro de 1929 hasta 2000”.
Para llevar a cabo las reformas necesarias, opina El País, Peña Nieto “va a tener que abrirse al apoyo de otros partidos y muy esencialmente del derechista PAN… Esta vez López Obrador carece de toda razón para cuestionar los resultados de las presidenciales. Pese a que obtuvo un resultado mejor del esperado, probablemente ya no forma parte del futuro político de este país”.
Vocero de “la reconquista”
En
su libro Traficantes de información Serrano consigna que El País se
presenta como un “periódico liberal, independiente, con clara vocación
internacional y defensor de la democracia pluralista”. En la página
electrónica del Grupo Prisa se asienta que ese diario no es portavoz de
“ningún partido, asociación o grupo político, financiero o cultural”.No obstante, sostiene el especialista, su fuerte implantación en América Latina convierte a Prisa “en un agente político de primer orden y explica su alto nivel de intencionalidad informativa respecto a las acciones de los gobiernos de la región. Todo hace pensar que los cambios de accionariado y socios ocurridos en 2010 se reflejan en esta intencionalidad. Su nueva relación con Telefónica y con los fondos de inversión de Nueva York Liberty Acquisition Holdings en su accionariado suponen una influencia de esos intereses económicos en la línea editorial de los medios de Prisa”.
En entrevista vía telefónica el miércoles 18, el periodista afirma que “El País y el resto de medios de Prisa se han convertido en el mayor portavoz de las grandes multinacionales españolas, de tal manera que cuando se intuya que un gobierno va a querer recuperar el control de sus recursos naturales –en países donde opere una multinacional española–, entonces Prisa le atacará en defensa de esas empresas. Ante un gobierno que se plantee la recuperación de sectores estratégicos, como la energía, los hidrocarburos o la telefonía, Prisa se convertirá en el defensor de Endesa, Iberdrola, Repsol o Telefónica”.
Recuerda el caso de Prisa con Repsol-YPF en Argentina; Repsol en Venezuela o Bolivia con la nacionalización de la filial de Red Eléctrica de España, donde el grupo mediático arreció en sus críticas editoriales.
“Yo creo que es un buen barómetro para saber si un gobierno está defendiendo los intereses de su país frente a las multinacionales españolas, cuando empiezas a ver publicados los editoriales negativos de El País.
“Es esa su vocación de integración política fundamental que, contra lo que se suele pensar, es puramente empresarial. Este grupo ha fundamentado la viabilidad y la rentabilidad de su empresa en la connivencia y en los privilegios con respecto a gobernantes y políticos con poder. A partir de ahí los contenidos de sus medios y sus maniobras están dirigidos a crear esa simbiosis con los gobernantes, con los cuales se pueden ver beneficiados.”
Tras la muerte de Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián ocupó un papel preponderante en las operaciones para recuperar el balance de este grupo de medios, marginando a los herederos del patriarca del grupo, quienes de poseer 70% de Prisa quedaron en 30% (Proceso 1790).
Desde entonces, explica Serrano, se han ido posicionando en el grupo poderosas instituciones bancarias y de telecomunicaciones que influyen en la política editorial.
El pasado 30 de junio el consejo de administración de Prisa aprobó la integración de Telefónica como nuevo socio estratégico para impulsar su “transformación digital”, donde la sociedad que dirige César Alierta suscribió bonos convertibles en acciones por valor de 100 millones de euros. Una vez concluida la operación, Telefónica tomará posesión de 6% o 7% del accionariado, según escribió Daniel Toledo en el diario digital El Confidencial.
Entre los accionistas más significativos de Telefónica se encuentran BBVA, CaixaBank y Blackrock.
En la misma junta, celebrada en Madrid, el grupo Prisa aprobó una serie de operaciones de capital con sus acreedores HSBC, Santander y CaixaBank para la conversión de parte de su deuda en acciones por 334 millones de euros.
Este acuerdo –adelantado por Daniel Toledo el pasado 14 de junio– supone que “las entidades acreedoras del grupo de medios alcanzarán un porcentaje que rondará 20% en 2014, año en el que harían efectivos los convenios”.
El empresario Carlos Slim –quien controla 0.2% de CaixaBank—adquirió de forma directa 3.2% del capital del Grupo Prisa a través de Inmobiliaria Carso el 15 de noviembre pasado. El País citó la operación en su edición del 18 de noviembre del año pasado.
“El grupo aún mantiene una deuda tremenda (de unos 3 mil millones de euros) y fuertes compromisos con bancos, con lo cual nos podemos preguntar si éstos no van a influir en la política editorial”, apunta Serrano.
“Por eso, no me sorprende que el diario sea cada vez más obvio en su política editorial en Venezuela, Argentina y ahora México. Lo hace con una tremenda soberbia, con la prepotencia que ni siquiera los gobiernos de España se atreven a hacerlo, y mira que se atreven a muchas cosas”, remata.
EPN y la corrupción que quiere importar
Documentos de la DEA señalan que durante el gobierno del colombiano Álvaro Uribe varios de sus colaboradores apoyaron las actividades de tráfico de drogas de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, del grupo criminal Oficina de Envigado y del Cártel del Norte del Valle. Uno de los señalados por la agencia estadunidense es el general Óscar Naranjo, a quien el candidato priista Enrique Peña Nieto nombrará asesor en materia de seguridad en caso de que asuma la Presidencia de México.El general colombiano Óscar Adolfo Naranjo Trujillo –a quien Enrique Peña Nieto anunció como su próximo asesor en materia de seguridad, en caso de llegar a la Presidencia de México– tenía relaciones con narcotraficantes y paramilitares de su país y estuvo implicado en sobornos y otros actos de corrupción.
Agentes de la DEA también interrogaron a Rafael García, exfuncionario del Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia de Colombia.
García reveló que Jorge Noguera Cotes, director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el apoyo logístico y la infraestructura de esa institución para que las AUC traficaran drogas a Estados Unidos a través de Venezuela y México y que incluso el propio Noguera “fue responsable de los contactos iniciales” con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Los memorándums de la DEA –cuyas copias tiene Proceso– tienen como propósito documentar “la corrupción de funcionarios públicos de Colombia”. Están fechados entre marzo de 2010 y marzo de 2011, y tienen como destinatario a Jay Bergman, director regional de la División de los Andes de la DEA, cuyas oficinas están en Bogotá.
En el paquete de documentos hay también un “reporte de investigación” fechado el 4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agentes de la oficina de la DEA en Nueva York.
En todos ellos aparecen nombres de funcionarios, jefes policiacos y militares, legisladores y empresarios supuestamente vinculados con las actividades de las AUC. De hecho, cuando los agentes de la DEA preguntaron a Mancuso sobre la corrupción de los políticos en Colombia, éste contestó que “según las propias estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002 tuvieron algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo”, con esa organización.
“Entonces –apunta el documento– Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Rosso José Serrano Cadena, y le pidió ayuda. Serrano a su vez llamó a Óscar Naranjo con instrucciones de sacar de la cárcel a Mancuso y a Tovar Pupo. Éste (Naranjo) por su parte envió al coronel Danilo González Gil, quien rentó un avión que lo trasladó a La Guajira con el propósito de resolver la situación judicial (de los paramilitares). Ambos fueron puestos en libertad después de pagar un soborno.”
Como parte del llamado Proceso de Justicia y Paz –que permitió la desmovilización de los paramilitares a cambio de reducir sus sanciones por los delitos que cometieron, entre ellos matanzas de civiles–, Mancuso compareció en 2006 y 2007 ante fiscales colombianos. Según el memorándum de la DEA, Mancuso afirmó que cuando inició esas comparecencias Naranjo lo calificó ante los medios como “un mentiroso” y que el propio general “instruyó a Diego Murillo Bejarano, Don Berna (narcotraficante, jefe de la organización criminal de Envigado y luego uno de los voceros de las AUC), para que callara” a Mancuso.
En ese entonces Don Berna y Mancuso estaban en la misma prisión en el municipio de Itagüí, Antioquia. Según el documento, el primero le dijo al segundo “que guardara silencio sobre la corrupción en la policía o ellos podrían herir a su familia”. Mancuso afirmó que a consecuencia de sus declaraciones “hubo intentos de asesinatos contra su familia, al mismo tiempo que el gobierno colombiano retiró los dispositivos de seguridad que protegían” a ésta.
Mancuso dijo a la DEA que el coronel de la policía Danilo González –a quien calificó de “hijo favorito de Naranjo”– “solía ser visto en reuniones con miembros del Cártel del Norte del Valle”, a las que incluso acudía “con su uniforme de policía”.
González era subalterno de Naranjo en la Policía Nacional de Colombia y colaborador cercano de la DEA. Fue asesinado en marzo de 2004 en una oficina de abogados de capos de la mafia. Para esas fechas el gobierno de Colombia lo había dado de baja en la policía y las autoridades de Estados Unidos lo habían incriminado por sus relaciones con el Cártel del Norte del Valle.
El memorándum señala que cuando los agentes de la DEA le preguntaron a Mancuso “quién más podría verificar sus afirmaciones sobre la corrupción de la policía”, éste respondió que Don Berna y Luis Gómez Bustamante, Rasguño –otro exdirigente de las AUC también extraditado a Estados Unidos–, “eran conscientes de la extendida corrupción del general Naranjo”. Incluso mencionó que “la relación entre Gómez Bustamante y Naranjo se inició cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado para asesinar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria”.
Según el documento, Mancuso recordó que en 2003 la policía arrestó en Bogotá al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo que mientras éste se encontraba en custodia de la policía, Murillo Bejarano envió a su entonces subalterno Carlos Aguilar Echeverri con Naranjo y le pagó “500 mil dólares como soborno para que lo dejara ir (a Agredo)”. Afirmó que “Agredo fue arrestado en otras dos ocasiones con el solo propósito de extorsionarlo”.
Otro memorándum de la DEA, también fechado el 25 de marzo de 2010, reseña el interrogatorio a Carlos Mario Jiménez Naranjo, Macaco, exintegrante del Cártel del Norte del Valle, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 a 2006 y también extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico.
Macaco dijo a los agentes de la DEA que Wilber Varela, jefe del Cártel del Norte del Valle, estuvo “largamente asociado” con Naranjo. Afirmó que el propio Varela “una vez le dijo que había comprado ocho celulares con dispositivos de intercepción y que le dio tres de ellos a la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) para que los usara el general Naranjo”.
Varela fue asesinado en Mérida, Venezuela, en enero de 2008. Tras su muerte –y en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Caracas–, Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, ofreció el 4 de marzo de ese año una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno colombiano de ser autor del asesinato.
El funcionario mostró una computadora que los investigadores venezolanos encontraron en el lugar donde murió Varela y que le habría pertenecido. Sostuvo que en dicha computadora había información que establecía “lazos de afinidad consanguíneos y, más que eso, de negocios” entre el narcotraficante y Naranjo. Y añadió que Varela “fue asesinado antes de que lo capturáramos para que no revelara información importante” (Proceso 1859).
El citado memorándum de la DEA del 25 de marzo de 2010 asienta:
“Mancuso sostuvo que Santos y el resto de la oligarquía de Bogotá estaban molestos por la corrupción y la ineficacia de la administración de Samper y decidieron unir fuerzas con el Cártel del Norte del Valle y las AUC con el propósito de remplazar a Samper por un político popular de su elección (…)
“El presidente interino debería ser Álvaro Gómez Hurtado. Mancuso afirmó que Santos y el resto de los conspiradores querían información sobre sobornos que el Cártel del Norte del Valle había pagado a la administración de Samper y que con esta información y el apoyo de los militares colombianos ellos desestabilizarían al gobierno de Samper, al cual remplazarían por un gobierno interino encabezado por Gómez Hurtado.”
El documento sigue: “Mancuso dijo que Santos y otros 20 individuos volaron a la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y de ahí tomaron un helicóptero perteneciente a Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño, uno de los principales capos del Cártel del Norte del Valle) que los transportó a San Pedro de Uraba, Antioquia, donde planearon el golpe de Estado. Desafortunadamente para los conspiradores, resultó que Gómez Hurtado no quiso ser presidente y amenazó con exponer el plan. Según Mancuso, Danilo González Gil y Naranjo estuvieron involucrados en el asesinato de Gómez Hurtado para cubrir la conspiración”.
Gómez Hurtado fue diputado, senador y tres veces candidato a la Presidencia de Colombia. Su asesinato ocurrió el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
En realidad las declaraciones de Mancuso a la DEA sobre la participación de Santos en un complot para derrocar a Samper no eran nuevas. Ya las había hecho el 15 de mayo de 2007 ante fiscales de Colombia, durante el Proceso de Justicia y Paz. Sólo que entonces no mencionó que dicho complot hubiera derivado en la muerte de Gómez Hurtado.
Según una nota de Radio Caracol publicada en mayo de 2007, Santos, entonces ministro de Defensa, negó las acusaciones que Gómez Bustamante hizo en su contra durante el Proceso de Justicia y Paz. Admitió: quería que Samper dejara el gobierno, pero nunca propuso derrocarlo.
Sin embargo por este supuesto complot, por un escándalo de escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia de la policía y por haber hecho declaraciones que tensaron las relaciones con Venezuela, en mayo de ese año los partidos de oposición al gobierno de Uribe y el Partido Cambio Radical (de la coalición uribista) propusieron en el Congreso colombiano una moción de censura contra Santos. El 13 de junio de ese año el Congreso rechazo la moción debido a que Cambio Radical dio marcha atrás.
Como publicó la revista Semana el 20 de enero de 2010, Gómez Bustamante –extraditado a Estados Unidos en julio de 2007– declaró ante una comisión judicial colombo-estadunidense que el expresidente Samper y su ministro del Interior, Horacio Serpa, habrían sido autores intelectuales de la muerte de Gómez Hurtado y que el coronel Danilo González se habría valido de dos suboficiales de la Policía Nacional de su entera confianza para cometer el asesinato. Tanto Samper como Serpa negaron cualquier implicación en el homicidio y calificaron las declaraciones de Gómez Bustamante de “fantasiosas”.
Uno de ellos: el general retirado Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe de 2002 a 2005.
Jiménez Naranjo afirmó que Santoyo recibía “un salario” de las AUC y que un cuñado de éste era el jefe de seguridad del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, El Loco Barrera.
Otro de los interrogados por la DEA, Francisco Flórez Upegui, Don Pancho –exdirigente de la Oficina de Envigado–, sostuvo que Santoyo tenía vínculos con la Oficina de Envigado y que Pedro Gallón Henao –ligado a actividades de narcotráfico– “había tenido acceso a oficiales corruptos del más alto nivel en la policía colombiana, los cuales recibían ‘favores especiales’ a través de Santoyo”.
Dichas declaraciones ante la DEA –realizadas en marzo y mayo de 2010, respectivamente– al parecer tenían fundamento: la prensa colombiana publicó que el pasado lunes 2 Santoyo se entregó a la DEA en el hangar de esta agencia en el aeropuerto militar de Bogotá. La razón: enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal en Alexandria, Virginia.
De acuerdo con la acusación estadunidense, las AUC y la Oficina de Envigado pagaron sobornos a Montoya para que éste colaborara en operaciones de tráfico de drogas y les entregara información secreta sobre operativos de la DEA y de las autoridades colombianas.
Óscar Rodríguez, abogado de Santoyo, dijo que éste “se declaró inocente” durante una audiencia realizada el viernes 13 en la corte federal de Alexandria, según publicó el miércoles 18 el diario colombiano El Espectador.
Según ese documento, García afirmó que durante las elecciones presidenciales de 2002 “Raúl Montoya Flores, un rico empresario que era amigo de Gilberto Molina, exmiembro del Cártel de Medellín durante los noventa, proveyó de grandes cantidades de dinero para financiar la campaña presidencial” de Uribe. Sostuvo que “cuentas bancarias de Molina fueron utilizadas para pagar el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano”.
García cuenta que cuando en 2002 Uribe ganó la elección presidencial, éste designó a Jorge Noguera Cotes como director del DAS. Lo hizo por solicitud de Sergio Araujo Castro, testaferro del comandante del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. En esas fechas Noguera nombró a García jefe de los Sistemas de Información del DAS.
García señaló que su trabajó consistió en “apoyar a las AUC”, lo cual incluía obtener secretos de inteligencia y manipular o alterar información judicial para beneficiar a las AUC y a importantes narcotraficantes. Dijo que, para hacer esto, el DAS era apoyado por colaboradores ubicados dentro de varias entidades judiciales del gobierno colombiano.
Por ejemplo: “El exprocurador general y luego embajador de Colombia en México, Juan Camilo Osorio, proveía al DAS de información sobre incautaciones de activos que se encontraban pendientes, órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición, lo cual facilitaba al DAS la tarea de alterar o borrar archivos criminales”.
García expuso que el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe, era “el receptor” de la información obtenida ilegalmente por el DAS y que a veces éste le solicitaba al organismo “investigar a individuos los cuales posteriormente eran objeto de amenazas de muerte o de atentados contra sus vidas”.
García contó que proveyó a las AUC de información sobre una operación en su contra que la Policía Nacional de Colombia iba a realizar en el departamento de Magdalena. Esta corporación se dio cuenta y empezó a investigarlo. En ese momento el DAS recibió información sobre una operación contra las AUC que debía informar a éstas: La Operación Ciclón, que llevaría a cabo la Unidad Antilavado de Dinero de la Procuraduría General de la Nación. García declinó ofrecer la información a la organización paramilitar. Confesó que temió por su seguridad y la de su familia. Habló con su jefe Noguera.
“Noguera dijo a García que el presidente Uribe y el procurador Osorio tenían conocimiento de cada cosa que ellos (Noguera y García) estaban haciendo y concertó una cita con el mandatario en la cual éste aprobó la entrega de la información secreta”, asienta el reporte de la DEA.
Y añade: “García entregó la información a las AUC, lo cual resultó en el fracaso de la Operación Ciclón”.
García indicó que en 2003 Noguera creó un grupo clandestino para infiltrarse en Venezuela y proveer apoyo al Bloque Democrático (BD), organización opositora al presidente Chávez. Afirmó que el BD permitió que ese grupo clandestino utilizara territorio y áreas costeras venezolanas para traficar drogas a cambio del apoyo del DAS y las AUC para derribar a Chávez.
García comentó que el DAS empezó a ser conocido como “el cártel de las tres letras” debido a que, en su apoyo a las AUC, se implicó directamente en actividades de narcotráfico.
Contó: “Los narcóticos eran transportados de Colombia a Venezuela y luego a Guatemala y México a través de lanchas rápidas que llevaban toneladas de cocaína. El exgobernador del departamento de César, Hernando Molina Araujo, estableció las rutas y facilitó los contactos en Guatemala para recibir las cargas de cocaína”.
El documento de la DEA añade: “Noguera fue el responsable de iniciar los contactos con la organización mexicana de los Beltrán Leyva. García también viajó a México y en representación de Noguera se reunió con miembros de los Beltrán Leyva, con quienes negoció cargamentos de drogas”.
García ya había denunciado a Noguera en 2006 en Colombia. Un año después la justicia colombiana lo detuvo e inició en su contra un juicio que escaló hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual en septiembre de 2011 lo condenó a 25 años de prisión por aliarse con los paramilitares de las AUC y facilitarles información privilegiada.
El general Óscar Naranjo y el virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Así quedó asentado en documentos de la
Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en
inglés) elaborados a partir de interrogatorios a exdirigentes del grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes afirmaron que
políticos y funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe
(2002-2010) les otorgaron apoyo para sus actividades militares y de
tráfico de drogas.
Salvatore Mancuso Gómez –uno de los
exdirigentes de las AUC, extraditado en 2008 a Estados Unidos acusado de
narcotráfico– fue más lejos y le dijo a la DEA que Juan Manuel Santos,
ministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente
colombiano, participó en un complot para derrocar en 1995 al entonces
mandatario Ernesto Samper. Explicó que ese complot derivó en el
asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado y afirmó incluso que en ese
homicidio “estuvieron involucrados” el general Naranjo y uno de sus
oficiales, Danilo González Gil.Agentes de la DEA también interrogaron a Rafael García, exfuncionario del Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia de Colombia.
García reveló que Jorge Noguera Cotes, director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el apoyo logístico y la infraestructura de esa institución para que las AUC traficaran drogas a Estados Unidos a través de Venezuela y México y que incluso el propio Noguera “fue responsable de los contactos iniciales” con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Los memorándums de la DEA –cuyas copias tiene Proceso– tienen como propósito documentar “la corrupción de funcionarios públicos de Colombia”. Están fechados entre marzo de 2010 y marzo de 2011, y tienen como destinatario a Jay Bergman, director regional de la División de los Andes de la DEA, cuyas oficinas están en Bogotá.
En el paquete de documentos hay también un “reporte de investigación” fechado el 4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agentes de la oficina de la DEA en Nueva York.
En todos ellos aparecen nombres de funcionarios, jefes policiacos y militares, legisladores y empresarios supuestamente vinculados con las actividades de las AUC. De hecho, cuando los agentes de la DEA preguntaron a Mancuso sobre la corrupción de los políticos en Colombia, éste contestó que “según las propias estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002 tuvieron algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo”, con esa organización.
Los contactos del general
Según
un memorándum de la DEA fechado el 25 de marzo de 2010, Mancuso relató
que en 1997 la policía lo arrestó junto con Rodrigo Tovar Pupo,
comandante del Bloque Norte de las AUC, debido a que se encontraban en
posesión de armas automáticas y granadas. La policía los recluyó
temporalmente en una prisión del departamento de La Guajira. Pidieron
ayuda a Carlos Castaño, en ese momento dirigente máximo de las AUC.“Entonces –apunta el documento– Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Rosso José Serrano Cadena, y le pidió ayuda. Serrano a su vez llamó a Óscar Naranjo con instrucciones de sacar de la cárcel a Mancuso y a Tovar Pupo. Éste (Naranjo) por su parte envió al coronel Danilo González Gil, quien rentó un avión que lo trasladó a La Guajira con el propósito de resolver la situación judicial (de los paramilitares). Ambos fueron puestos en libertad después de pagar un soborno.”
Como parte del llamado Proceso de Justicia y Paz –que permitió la desmovilización de los paramilitares a cambio de reducir sus sanciones por los delitos que cometieron, entre ellos matanzas de civiles–, Mancuso compareció en 2006 y 2007 ante fiscales colombianos. Según el memorándum de la DEA, Mancuso afirmó que cuando inició esas comparecencias Naranjo lo calificó ante los medios como “un mentiroso” y que el propio general “instruyó a Diego Murillo Bejarano, Don Berna (narcotraficante, jefe de la organización criminal de Envigado y luego uno de los voceros de las AUC), para que callara” a Mancuso.
En ese entonces Don Berna y Mancuso estaban en la misma prisión en el municipio de Itagüí, Antioquia. Según el documento, el primero le dijo al segundo “que guardara silencio sobre la corrupción en la policía o ellos podrían herir a su familia”. Mancuso afirmó que a consecuencia de sus declaraciones “hubo intentos de asesinatos contra su familia, al mismo tiempo que el gobierno colombiano retiró los dispositivos de seguridad que protegían” a ésta.
Mancuso dijo a la DEA que el coronel de la policía Danilo González –a quien calificó de “hijo favorito de Naranjo”– “solía ser visto en reuniones con miembros del Cártel del Norte del Valle”, a las que incluso acudía “con su uniforme de policía”.
González era subalterno de Naranjo en la Policía Nacional de Colombia y colaborador cercano de la DEA. Fue asesinado en marzo de 2004 en una oficina de abogados de capos de la mafia. Para esas fechas el gobierno de Colombia lo había dado de baja en la policía y las autoridades de Estados Unidos lo habían incriminado por sus relaciones con el Cártel del Norte del Valle.
El memorándum señala que cuando los agentes de la DEA le preguntaron a Mancuso “quién más podría verificar sus afirmaciones sobre la corrupción de la policía”, éste respondió que Don Berna y Luis Gómez Bustamante, Rasguño –otro exdirigente de las AUC también extraditado a Estados Unidos–, “eran conscientes de la extendida corrupción del general Naranjo”. Incluso mencionó que “la relación entre Gómez Bustamante y Naranjo se inició cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado para asesinar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria”.
Según el documento, Mancuso recordó que en 2003 la policía arrestó en Bogotá al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo que mientras éste se encontraba en custodia de la policía, Murillo Bejarano envió a su entonces subalterno Carlos Aguilar Echeverri con Naranjo y le pagó “500 mil dólares como soborno para que lo dejara ir (a Agredo)”. Afirmó que “Agredo fue arrestado en otras dos ocasiones con el solo propósito de extorsionarlo”.
Otro memorándum de la DEA, también fechado el 25 de marzo de 2010, reseña el interrogatorio a Carlos Mario Jiménez Naranjo, Macaco, exintegrante del Cártel del Norte del Valle, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 a 2006 y también extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico.
Macaco dijo a los agentes de la DEA que Wilber Varela, jefe del Cártel del Norte del Valle, estuvo “largamente asociado” con Naranjo. Afirmó que el propio Varela “una vez le dijo que había comprado ocho celulares con dispositivos de intercepción y que le dio tres de ellos a la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) para que los usara el general Naranjo”.
Varela fue asesinado en Mérida, Venezuela, en enero de 2008. Tras su muerte –y en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Caracas–, Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, ofreció el 4 de marzo de ese año una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno colombiano de ser autor del asesinato.
El funcionario mostró una computadora que los investigadores venezolanos encontraron en el lugar donde murió Varela y que le habría pertenecido. Sostuvo que en dicha computadora había información que establecía “lazos de afinidad consanguíneos y, más que eso, de negocios” entre el narcotraficante y Naranjo. Y añadió que Varela “fue asesinado antes de que lo capturáramos para que no revelara información importante” (Proceso 1859).
Complot
Durante
el interrogatorio al que fue sometido por la DEA, Salvatore Mancuso
afirmó que Juan Manuel Santos, exministro de Defensa del gobierno de
Uribe y actual presidente de Colombia, “mantuvo vínculos con las AUC y
con traficantes de cocaína”. Más aún, dijo que Santos “estuvo
involucrado en la planeación de un golpe militar contra la
administración de (Ernesto) Samper” (1994-1998).El citado memorándum de la DEA del 25 de marzo de 2010 asienta:
“Mancuso sostuvo que Santos y el resto de la oligarquía de Bogotá estaban molestos por la corrupción y la ineficacia de la administración de Samper y decidieron unir fuerzas con el Cártel del Norte del Valle y las AUC con el propósito de remplazar a Samper por un político popular de su elección (…)
“El presidente interino debería ser Álvaro Gómez Hurtado. Mancuso afirmó que Santos y el resto de los conspiradores querían información sobre sobornos que el Cártel del Norte del Valle había pagado a la administración de Samper y que con esta información y el apoyo de los militares colombianos ellos desestabilizarían al gobierno de Samper, al cual remplazarían por un gobierno interino encabezado por Gómez Hurtado.”
El documento sigue: “Mancuso dijo que Santos y otros 20 individuos volaron a la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y de ahí tomaron un helicóptero perteneciente a Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño, uno de los principales capos del Cártel del Norte del Valle) que los transportó a San Pedro de Uraba, Antioquia, donde planearon el golpe de Estado. Desafortunadamente para los conspiradores, resultó que Gómez Hurtado no quiso ser presidente y amenazó con exponer el plan. Según Mancuso, Danilo González Gil y Naranjo estuvieron involucrados en el asesinato de Gómez Hurtado para cubrir la conspiración”.
Gómez Hurtado fue diputado, senador y tres veces candidato a la Presidencia de Colombia. Su asesinato ocurrió el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
En realidad las declaraciones de Mancuso a la DEA sobre la participación de Santos en un complot para derrocar a Samper no eran nuevas. Ya las había hecho el 15 de mayo de 2007 ante fiscales de Colombia, durante el Proceso de Justicia y Paz. Sólo que entonces no mencionó que dicho complot hubiera derivado en la muerte de Gómez Hurtado.
Según una nota de Radio Caracol publicada en mayo de 2007, Santos, entonces ministro de Defensa, negó las acusaciones que Gómez Bustamante hizo en su contra durante el Proceso de Justicia y Paz. Admitió: quería que Samper dejara el gobierno, pero nunca propuso derrocarlo.
Sin embargo por este supuesto complot, por un escándalo de escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia de la policía y por haber hecho declaraciones que tensaron las relaciones con Venezuela, en mayo de ese año los partidos de oposición al gobierno de Uribe y el Partido Cambio Radical (de la coalición uribista) propusieron en el Congreso colombiano una moción de censura contra Santos. El 13 de junio de ese año el Congreso rechazo la moción debido a que Cambio Radical dio marcha atrás.
Como publicó la revista Semana el 20 de enero de 2010, Gómez Bustamante –extraditado a Estados Unidos en julio de 2007– declaró ante una comisión judicial colombo-estadunidense que el expresidente Samper y su ministro del Interior, Horacio Serpa, habrían sido autores intelectuales de la muerte de Gómez Hurtado y que el coronel Danilo González se habría valido de dos suboficiales de la Policía Nacional de su entera confianza para cometer el asesinato. Tanto Samper como Serpa negaron cualquier implicación en el homicidio y calificaron las declaraciones de Gómez Bustamante de “fantasiosas”.
El guardaespaldas
En
los interrogatorios con la DEA, Mancuso y Jiménez Naranjo señalaron que
varios colaboradores cercanos al expresidente Uribe recibieron dinero
de las AUC y de organizaciones del narcotráfico a cambio de ofrecerles
apoyo.Uno de ellos: el general retirado Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe de 2002 a 2005.
Jiménez Naranjo afirmó que Santoyo recibía “un salario” de las AUC y que un cuñado de éste era el jefe de seguridad del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, El Loco Barrera.
Otro de los interrogados por la DEA, Francisco Flórez Upegui, Don Pancho –exdirigente de la Oficina de Envigado–, sostuvo que Santoyo tenía vínculos con la Oficina de Envigado y que Pedro Gallón Henao –ligado a actividades de narcotráfico– “había tenido acceso a oficiales corruptos del más alto nivel en la policía colombiana, los cuales recibían ‘favores especiales’ a través de Santoyo”.
Dichas declaraciones ante la DEA –realizadas en marzo y mayo de 2010, respectivamente– al parecer tenían fundamento: la prensa colombiana publicó que el pasado lunes 2 Santoyo se entregó a la DEA en el hangar de esta agencia en el aeropuerto militar de Bogotá. La razón: enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal en Alexandria, Virginia.
De acuerdo con la acusación estadunidense, las AUC y la Oficina de Envigado pagaron sobornos a Montoya para que éste colaborara en operaciones de tráfico de drogas y les entregara información secreta sobre operativos de la DEA y de las autoridades colombianas.
Óscar Rodríguez, abogado de Santoyo, dijo que éste “se declaró inocente” durante una audiencia realizada el viernes 13 en la corte federal de Alexandria, según publicó el miércoles 18 el diario colombiano El Espectador.
El cártel de las tres letras
Un
“reporte de investigación” elaborado por la oficina de la DEA en Nueva
York, con fecha 4 de agosto de 2009, da cuenta del interrogatorio que
realizaron miembros de esa agencia a Rafael García, jefe de los Sistemas
de Información del DAS de septiembre de 2002 a enero de 2005. El
interrogatorio se efectuó en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de julio
de 2009.Según ese documento, García afirmó que durante las elecciones presidenciales de 2002 “Raúl Montoya Flores, un rico empresario que era amigo de Gilberto Molina, exmiembro del Cártel de Medellín durante los noventa, proveyó de grandes cantidades de dinero para financiar la campaña presidencial” de Uribe. Sostuvo que “cuentas bancarias de Molina fueron utilizadas para pagar el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano”.
García cuenta que cuando en 2002 Uribe ganó la elección presidencial, éste designó a Jorge Noguera Cotes como director del DAS. Lo hizo por solicitud de Sergio Araujo Castro, testaferro del comandante del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. En esas fechas Noguera nombró a García jefe de los Sistemas de Información del DAS.
García señaló que su trabajó consistió en “apoyar a las AUC”, lo cual incluía obtener secretos de inteligencia y manipular o alterar información judicial para beneficiar a las AUC y a importantes narcotraficantes. Dijo que, para hacer esto, el DAS era apoyado por colaboradores ubicados dentro de varias entidades judiciales del gobierno colombiano.
Por ejemplo: “El exprocurador general y luego embajador de Colombia en México, Juan Camilo Osorio, proveía al DAS de información sobre incautaciones de activos que se encontraban pendientes, órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición, lo cual facilitaba al DAS la tarea de alterar o borrar archivos criminales”.
García expuso que el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe, era “el receptor” de la información obtenida ilegalmente por el DAS y que a veces éste le solicitaba al organismo “investigar a individuos los cuales posteriormente eran objeto de amenazas de muerte o de atentados contra sus vidas”.
García contó que proveyó a las AUC de información sobre una operación en su contra que la Policía Nacional de Colombia iba a realizar en el departamento de Magdalena. Esta corporación se dio cuenta y empezó a investigarlo. En ese momento el DAS recibió información sobre una operación contra las AUC que debía informar a éstas: La Operación Ciclón, que llevaría a cabo la Unidad Antilavado de Dinero de la Procuraduría General de la Nación. García declinó ofrecer la información a la organización paramilitar. Confesó que temió por su seguridad y la de su familia. Habló con su jefe Noguera.
“Noguera dijo a García que el presidente Uribe y el procurador Osorio tenían conocimiento de cada cosa que ellos (Noguera y García) estaban haciendo y concertó una cita con el mandatario en la cual éste aprobó la entrega de la información secreta”, asienta el reporte de la DEA.
Y añade: “García entregó la información a las AUC, lo cual resultó en el fracaso de la Operación Ciclón”.
García indicó que en 2003 Noguera creó un grupo clandestino para infiltrarse en Venezuela y proveer apoyo al Bloque Democrático (BD), organización opositora al presidente Chávez. Afirmó que el BD permitió que ese grupo clandestino utilizara territorio y áreas costeras venezolanas para traficar drogas a cambio del apoyo del DAS y las AUC para derribar a Chávez.
García comentó que el DAS empezó a ser conocido como “el cártel de las tres letras” debido a que, en su apoyo a las AUC, se implicó directamente en actividades de narcotráfico.
Contó: “Los narcóticos eran transportados de Colombia a Venezuela y luego a Guatemala y México a través de lanchas rápidas que llevaban toneladas de cocaína. El exgobernador del departamento de César, Hernando Molina Araujo, estableció las rutas y facilitó los contactos en Guatemala para recibir las cargas de cocaína”.
El documento de la DEA añade: “Noguera fue el responsable de iniciar los contactos con la organización mexicana de los Beltrán Leyva. García también viajó a México y en representación de Noguera se reunió con miembros de los Beltrán Leyva, con quienes negoció cargamentos de drogas”.
García ya había denunciado a Noguera en 2006 en Colombia. Un año después la justicia colombiana lo detuvo e inició en su contra un juicio que escaló hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual en septiembre de 2011 lo condenó a 25 años de prisión por aliarse con los paramilitares de las AUC y facilitarles información privilegiada.
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