WikiLeaks Latest Document Dump Is Largest Intel Leak in US History

The US government is racing to prepare for the fallout.

At 5pm EST Friday 22nd October 2010 WikiLeaks released the largest classified military leak in history. The 391,832 reports ('The Iraq War Logs'), document the war and occupation in Iraq, from 1st January 2004 to 31st December 2009 (except for the months of May 2004 and March 2009) as told by soldiers in the United States Army. Each is a 'SIGACT' or Significant Action in the war. They detail events as seen and heard by the US military troops on the ground in Iraq and are the first real glimpse into the secret history of the war that the United States government has been privy to throughout.

The reports detail 109,032 deaths in Iraq, comprised of 66,081 'civilians'; 23,984 'enemy' (those labeled as insurgents); 15,196 'host nation' (Iraqi government forces) and 3,771 'friendly' (coalition forces). The majority of the deaths (66,000, over 60%) of these are civilian deaths.That is 31 civilians dying every day during the six year period. For comparison, the 'Afghan War Diaries', previously released by WikiLeaks, covering the same period, detail the deaths of some 20,000 people. Iraq during the same period, was five times as lethal with equivallent population size.

Please donate to WikiLeaks to defend this information.

http://www.youtube.com/watch?v=z1pTl8KdREk

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“Un baño de sangre” en Irak

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, al defender la revelación de 400 mil documentos secretos del Pentágono sobre Irak, advirtió que no tolerará los ataques contra la libertad de prensa y aseguró que la finalidad es mostrar la verdad de esa guerra, que en todos los rincones “fue un baño de sangre”. Al conocerse los abusos de tropas estadunidenses hacia civiles, el relator de la ONU sobre Tortura demandó a Washington investigar las denuncias.

Con los archivos se muestra “la verdad del baño de sangre en Irak”: Wikileaks

El Pentágono conminó al portal a destruir los 400 mil documentos publicados: Julian Assange

La incorporación de mercenarios en la guerra agravó el caos en el país ocupado: New York Times

El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, ayer durante la conferencia de prensa del sitio de Internet realizada en Londres

Afp, Dpa, Reuters, Pl y The Independent

Londres, 23 de octubre. El fundador del sitio en Internet Wikileaks, el australiano Julian Assange, defendió hoy la publicación de 400 mil documentos secretos del Pentágono sobre la guerra en Irak al señalar que el objetivo es “corregir algunos ataques contra la verdad que se dieron antes de la guerra, durante la guerra y que continúan mucho después de terminada la guerra”.

Advirtió que no “tolerará los ataques contra la libertad de prensa” y denunció las amenazas “estadunidenses de procesar a quienes difunden textos confidenciales del ejército sobre la tortura en Irak.

Durante una rueda de prensa en Londres, Assange aseguró querer mostrar “la verdad” de la guerra en el país petrolero que fue “en todos los rincones un baño de sangre”.

“La primera víctima de la guerra es la verdad; esperamos corregir algunos ataques a la verdad antes de la guerra, durante la guerra y que han continuado desde que oficialmente concluyó”, afirmó.

“El Pentágono, de forma extraordinaria, pidió (a Wikileaks) hace unas cuatro semanas que ese material fuera destruido”, dijo Assange refiriéndose a los 400 mil documentos sobre la tortura en Irak del Departamento de Defensa de Estados Unidos divulgados el pasado viernes en su portal de Internet.

“El Pentágono quería destruir totalmente esta información a fin de privar de ella a la población, a fin de que las víctimas sean privadas de justicia. Esa amenaza de atacar en justicia (a Wikileaks) en virtud de la ley sobre el espionaje ha sido proferida contra la prensa del mundo entero. Nosotros no toleraremos ese tipo de violación de la libertad de la prensa”, declaró.

Adormecer la memoria pública

“El Pentágono y Hillary (Clinton, la secretaria de Estado) deben volver a entrar en su caparazón”, agregó. “Quizá existieron razones para mantener secretos esos documentos en la época que fueron escritos, pero ahora eso pertenece al pasado. Los documentos no tienen ninguna consecuencia táctica. En realidad, los intentos de mantenerlos secretos son una tentativa de adormecer la memoria pública e impedir que el gobierno (estadunidense) sea criticado”, recalcó.

Assange afirmó que la selección de los papeles secretos se hizo con cuidado para no poner en peligro la vida de personas, en referencia a las presiones que Clinton hizo para impedir las revelaciones.

Los papeles muestran información, desde el punto de vista del ejército de Estados Unidos, sobre abusos, torturas, violaciones y todo tipo de excesos practicados sobre presos iraquíes por autoridades iraquíes y soldados estadunidenses, y que los oficiales de ambas partes estaban al tanto de ello.

También apoyados en evidencias médicas, los documentos describen a prisioneros maniatados y los ojos vendados que son torturados por las fuerzas de ocupación.

Wikileaks, cuyo servidor tiene su base en Suecia, ha trabajado con Irak Body Count, grupo dirigido por académicos y activistas en favor de la paz que siguen las bajas iraquíes, y calculó que los archivos muestran unas 15 mil muertes de civiles desconocidas hasta el momento, agregó Assange.

“Añadiendo las muertes de combatientes de las que se informa en estos documentos, podemos decir que más de 150 mil personas han muerto en total desde 2003, de las cuales cerca de 80 por ciento eran civiles”, señaló John Sloboda, cofundador de Irak Body Count.

De los archivos revelados se desprende además que la acción de las empresas de seguridad privadas agravó el caos bélico en Irak, indicó el diario The New York Times.

No hubo suficiente coordinación con los militares, señaló el rotativo, que evaluó los 400 mil documentos. Los mercenarios “solían disparar, sin realizar grandes diferencias, a civiles iraquíes desarmados, soldados estadunidenses e incluso a otros guardias privados, prácticamente sin consecuencias”, según los archivos, dijo el Times.

En la misma rueda de prensa, el abogado Phil Shiner, de Public Interest Lawyers, aseguró que los documentos confidenciales demuestran que se podría comprobar la presencia de fuerzas británicas en acciones ilegales que podrían ser objeto de un proceso judicial.

Por su parte, Kristinn Hrafnsson, colega de Assange, anunció la próxima publicación de 15 mil nuevos textos de la guerra de Afganistán, que se suman a los publicados en julio, que habían sido vetados para su publicación.

Hrafnsson precisó que estos nuevos documentos secretos fueron editados y “no contienen información que pudiera resultar peligrosa para los implicados”.

Irak fue invadido el 20 de marzo de 2003 con el pretexto de que el gobierno de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que nunca fueron encontradas.

La vergüenza de EU al descubierto

Imagen de archivo captada el 14 de noviembre de 2005 en el hospital Yarkouk de Bagdad, en donde aparece un policía iraquí que muestra las huellas causadas por la tortura

Robert Fisk

Como de costumbre, los árabes sabían. Sabían todo de las torturas en masa, del promiscuo tiroteo de civiles, del escandaloso uso del poderío aéreo contra viviendas de familias, de los despiadados mercenarios estadunidenses y británicos, los cementerios de muertos inocentes. Todo Irak lo sabía. Porque ellos eran las víctimas.

Sólo nosotros podíamos fingir que no sabíamos. Sólo nosotros en Occidente podíamos rechazar cada acusación, cada afirmación contra los estadunidenses o británicos, poniendo a algún digno general –vienen a la mente el pavoroso vocero militar estadunidense Mark Kimmitt y el terrible jefe del estado mayor conjunto Peter Pace– a rodearnos de mentiras. Si encontrábamos un hombre que había sido torturado nos decían que era propaganda terrorista; si descubríamos una casa llena de niños muertos en un bombardeo aéreo estadunidense también era propaganda terrorista, o “daño colateral”, o una frase simple: “No tenemos información de eso”.

Desde luego, siempre sabíamos que sí la tenían. Y el océano de memorandos militares que se reveló este sábado lo volvió a demostrar. Al Jazeera ha llegado a extremos para rastrear a las familias iraquíes cuyos hombres y mujeres fueron asesinados en retenes estadunidenses –yo he identificado a alguna porque la reporté en 2004, el carro acribillado, los dos periodistas muertos, hasta el nombre del capitán local estadunidense– y fue The Independent on Sunday el primero en alertar al mundo sobre las hordas de pistoleros indisciplinados que eran llevados a Bagdad para proteger a diplomáticos y generales. Estos mercenarios, que se abrieron paso asesinando en las ciudades de Irak, me insultaron cuando les dije que estaba escribiendo acerca de ellos, allá en 2003.

Siempre es tentador desentenderse de una historia diciendo que “no es nada nuevo”. La idea de la “vieja historia” es usada por los gobiernos para enfriar el interés periodístico, pues sirve para cubrir la inactividad periodística. Y es cierto que los reporteros ya han visto antes algo de esto. La “evidencia” de la participación iraní en la fabricación de bombas en el sur de Irak fue filtrada por el Pentágono a Michael Gordon, del New York Times, en febrero de 2007. La materia prima, que ahora podemos leer, es mucho más dudosa que la versión generada por el Pentágono. Por todo Irak había material militar iraní de la guerra Irak-Irán de 1980-88, y la mayoría de los ataques contra los estadunidenses fueron llevados a cabo en esa etapa por insurgentes sunitas. Por cierto, los informes que sugieren que Siria permitió el cruce de insurgentes por su territorio son correctos. He hablado con familias de los atacantes suicidas palestinos cuyos hijos llegaron a Irak desde Líbano a través de la villa libanesa de Majdal y luego por la ciudad norteña siria de Aleppo para atacar a los estadunidenses.

Pero, aunque escrita en escueto lenguaje militar, aquí está la evidencia de la vergüenza estadunidense. Es un material que puede ser usado por abogados en tribunales. Si 66 mil 81 –me encantó ese “81” – es la cifra más alta disponible de civiles muertos, entonces la cifra real es infinitamente más alta, pues este registro sólo corresponde a los civiles de los cuales los estadunidenses tuvieron información. Algunos fueron llevados a la morgue de Bagdad en mi presencia, y fue el oficial a cargo quien me dijo que el Ministerio de Salud iraquí había prohibido a los médicos practicar autopsias de los civiles llevados por soldados estadunidenses. ¿Por qué se dio esta orden? ¿Tendría algo que ver con los mil 300 reportes independientes estadunidenses sobre tortura en las estaciones policiales iraquíes?

Los estadunidenses no tuvieron mejores resultados la última vez. En Kuwait, soldados de Estados Unidos podían oír cómo los kuwaitíes torturaban a palestinos en los cuarteles de policía después de que la ciudad fue liberada de las legiones de Saddam Hussein, en 1991. Incluso un miembro de la familia real kuwaití participó en las torturas. Los estadunidenses no intervinieron y solamente se limitaron a quejarse ante la familia real. A los soldados siempre les dicen que no intervengan. Después de todo, ¿qué le dijeron al teniente del ejército israelí Avi Grabovsky cuando reportó a su superior, en septiembre de 1982, que falangistas aliados de Israel acababan de asesinar a mujeres y niños? “Ya lo sabemos, no nos gusta, no intervenga.” Eso fue durante la masacre en el campo de refugiados de Sabra y Chatila.

La cita viene del informe de la comisión Kahan de Israel de 1983; sabe Dios qué leeríamos si Wikileaks lograra echar mano a los archivos del Ministerio de Defensa israelí (o la versión siria, para el caso). Pero, claro, en aquellos días no sabíamos cómo usar una computadora, ya no digamos escribir en ella. Y eso, desde luego, es una de las lecciones importantes de todo el fenómeno Wikileaks.

En la Primera Guerra Mundial, en la segunda o en Vietnam, uno escribía sus informes militares en papel. Tal vez los presentaba por triplicado, pero podía numerar las copias, rastrear cualquier espionaje y evitar filtraciones. Los documentos del Pentágono estaban realmente escritos en papel. Pero el papel siempre se puede destruir, mojar, hacer trizas hasta la última copia. Por ejemplo, al terminar la guerra de 1914-1918, un teniente segundo inglés mató a uno de los trabajadores chinos que habían saqueado un tren militar francés. El chino había amenazado con un cuchillo al soldado. Pero durante la década de 1930 el expediente de los soldados británicos fue tachado tres veces, por lo que no queda del incidente más rastro que un diario de guerra de un regimiento que reporta el saqueo del “tren francés de provisiones” por los chinos. La única razón por la que estoy enterado de esa muerte es porque mi padre era el teniente británico y él me contó la historia antes de morir. En ese tiempo no había Wikileaks.

Sin embargo, sospecho que esta masiva revelación de material de la guerra de Irak tiene serias implicaciones para periodistas y ejércitos por igual. ¿Cuál es el futuro de los Seymour Hershes y del periodismo de investigación de vieja escuela que el diario Sunday Times solía practicar? ¿Qué caso tiene enviar equipos de reporteros a investigar crímenes de guerra y reunirse con gargantas profundas militares si de pronto casi medio millón de documentos secretos van a acabar flotando frente a uno en una pantalla?

Aún no hemos llegado al fondo de la historia de Wikileaks, y más bien sospecho que hay más de unos cuantos soldados estadunidenses implicados en esta última revelación. ¿Quién sabe si no llega hasta lo más alto? En sus investigaciones, por ejemplo, Al Jazeera encontró un extracto de una conferencia de prensa de rutina del Pentágono en noviembre de 2005. Peter Pace, el nada inspirador jefe del estado mayor conjunto, informa a los periodistas cómo deben reaccionar los soldados ante el tratamiento cruel de prisioneros, señalando con orgullo que el deber de un soldado estadunidense es intervenir si ve evidencia de tortura. Luego la cámara se mueve hacia la figura mucho más siniestra del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien de pronto interrumpe casi en un murmullo, para gran consternación de Pace: “No creo que quiera usted decir que los soldados están obligados a detenerla físicamente. Su deber es reportarla”.

Desde luego, la significación de este comentario –crípticamente sádico a su modo– se perdió en los diarios. Pero ahora el memorando secreto Frago 242 arroja mucho más luz sobre esa conferencia de prensa. Enviada presumiblemente por el general Ricardo Sánchez, la instrucción a los soldados es: “Supuesto que el reporte inicial confirme que las fuerzas estadunidenses no tuvieron que ver en el abuso contra detenidos, no se realizará mayor investigación, a menos que lo ordene el alto mando”. Abu Ghraib ocurrió bajo la supervisión de Sánchez en Irak. Fue también Sánchez, por cierto, quien no pudo explicarme durante una conferencia de prensa por qué sus hombres dieron muerte a los hijos de Saddam Hussein en un tiroteo en Mosul, en vez de capturarlos.

El mensaje de Sánchez, según parece, debió haber tenido el visto bueno de Rumsfeld. Del mismo modo, el general David Petraeus –tan amado por los periodistas estadunidenses– fue presuntamente responsable del dramático incremento en los ataques aéreos estadunidenses en el curso de dos años: de 229 sobre Irak en 2006 a mil 447 en 2007. Resulta interesante que los ataques aéreos de Estados Unidos en Afganistán se han elevado 172 por cierto desde que Petraeus asumió el mando militar allá.

Todo esto hace aún más asombroso que el Pentágono ahora se desgarre las vestiduras porque Wikileaks podría tener sangre en las manos. El Pentágono ha estado manchado de sangre desde que dejó caer una bomba atómica sobre Hiroshima en 1945, y para una institución que ordenó la invasión ilegal de Irak en 2003 –¿acaso la cifra de civiles muertos no fue allí de 66 mil, según sus propias cuentas, de unos 109 mil registrados?– resulta ridículo afirmar que Wikileaks es culpable de homicidio.

La verdad, por supuesto, es que si este vasto tesoro de informes secretos hubiera demostrado que la cifra de muertos era mucho menor de lo que la prensa proclamaba, que los soldados estadunidenses nunca toleraron la tortura por policías iraquíes, que rara vez dispararon a civiles en retenes y siempre llevaron a los mercenarios asesinos ante la justicia, los generales estadunidenses habrían entregado estos expedientes a la prensa sin cargo alguno en las escalinatas del Pentágono. No sólo están furiosos porque se haya roto el secreto o porque se haya derramado sangre, sino porque los han pescado diciendo las mentiras que siempre supimos que decían.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

¿“Europa multipolar” o “eje París-Berlín-Moscú”?

Bajo la lupa

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un acto en Minnesota

Alfredo Jalife-Rahme

Antecedentes:

El Consejo de Relaciones Exteriores Europeo (ECRF, por sus siglas en inglés) –formado en 2007, a imagen y semejanza de su gemelo estadunidense con sede en Nueva York–, publicó un reporte de 80 páginas: “El espectro de una Europa multipolar”.

Perturba su sede matricial (Londres) y su paraguas intelectual excesivamente británico, de corte paleoatlantista neoliberal, tanto de su autor principal, Mark Leonard, como de varios de sus controvertidos miembros (Robert Cooper, Timothy Garton Ash, Anthony Giddens, Chris Patten, George Robertson, etcétera), además de israelíes filobritánicos (George Soros, Dominique Strauss-Kahn, Daniel Cohn-Bendit, etcétera) y otros fanáticos unimundialistas (Vaclav Havel, Dominique Moisi, Joschka Fischer, Wolfgang Munchau, etcétera).

El reporte gozó de relativa cobertura en la prensa británica: desnudamente favorable en The Financial Times (20/10/10) y levemente crítica en The Guardian (Simon Tisdall, 19/10/10).

Hechos:

Mark Leonard e Ivan Krastev, autores principales del reporte de marras, exploran “el fin del movimiento unipolar de la Unión Europea (UE)”, que “deberá edificar un triálogo informal de seguridad entre la UE, Rusia y Turquía”.

Consideran que “una guerra entre las grandes potencias es improbable” (sic). Se infiere que se trata de la superpotencia nuclear: Rusia –con quien Estados Unidos celebró la exitosa perezagruzka (“reactivación”, ver Bajo la Lupa 11/3/09 y 24/2/10)–, y, más distantemente, China, consagrada a ganar la “guerra geoeconómica”, pero sin llegar a un conflicto bélico con Estados Unidos.

Aceptan a regañadientes que Estados Unidos y Rusia practican –a partir de la insonora pero muy efectiva perezagruzka– una “compartamentalización” de papeles respecto a Europa, lo que equivale a su marginalización de facto. Pues sí.

Aducen que el problema nodal de la UE reside en “las instituciones existentes de seguridad”, que fueron “incapaces de prevenir la crisis de Kosovo en 1998-99 (Nota: que estuvo a punto de detonar una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN), desacelerar la carrera armamentista en el Cáucaso, prevenir los recortes del abasto de gas a Europa en 2008, prevenir la guerra ruso-georgiana o detener la inestabilidad en Kirguizia en 2010 –sin contar la ausencia de avances en la resolución de los conflictos congelados del continente”.

¿Por qué le incumbe la inestabilidad de Kirguizia a los europeos, que es más un asunto de Rusia y China, es decir, del grupo de Shanghai y/o del BRIC?

Cabe recordar que Bajo la Lupa (20/8/08) se atrevió a lanzar la hipótesis audaz de que “el mundo había cambiado en Osetia del Sur” –la cual resultó premonitoriamente correcta.

Refieren que “los europeos fueron rápidos (sic) en saludar el ascenso del mundo multipolar, pero mucho más lentos (sic) en fijarse en la emergencia paralela de diferentes polos en su propio continente. Rusia, que nunca estuvo confortable con la expansión de la OTAN o la UE, es ahora suficientemente (sic) poderosa para reclamar abiertamente una nueva arquitectura europea de seguridad. Turquía, frustrada (sic) por la miopía de algunos miembros de la UE que bloquearon las negociaciones de su acceso, todavía (sic) desea integrarse a la UE, pero prosigue incrementalmente una política exterior independiente y busca un papel mayor”.

¿Qué tan “europeas” son Rusia y Turquía? ¿No son, acaso, más bicéfalamente “euroasiáticas”?

Más que pretender europeizar a Rusia y Turquía, ¿no se estarán asiatizando los europeos?

Juzgan que “Estados Unidos ha cesado (sic) de ser un poder europeo (sic) de tiempo completo”, debido a que “tiene las manos llenas lidiando con Afganistán, Irán y el ascenso de China”.

Recalcan el desdén de Obama por la “seguridad interna” de Europa cuando no asistió al aniversario 20 de la caída del muro de Berlín.

Aseveran que “aunque los europeos temen la marginalización en un mundo de potencias ascendentes” –que los colocaría en “la periferia” cuando fueron el centro de la acción durante dos guerras mundiales y la guerra fría– “dan por consumada la paz y se preocupan más por los riesgos a sus niveles de vida que a las amenazas tradicionales”.

Pues este género de hiperpragmáticos europeos (paleoatlantistas neoliberales) más vale que relean su agitada historia, repleta de balcanizaciones, porque se pueden llevar algunas desagradables sorpresas ante las nuevas turbulencias del siglo XXI.

Esta cosmogonía muy sui generis de los paleoatlantistas neoliberales de la “Europa posestadunidense”, ¿claudica a defenderse y preferir en su lugar la protección militar de Rusia y Turquía?

¿A qué costo aceptarán Rusia y/o Turquía proteger a esta UE claudicante?

Ante la inexorable “evolución multipolar” juzgan que “el precio (¡súper-sic!)” se epitomiza en “conservar unida (sic) a Europa, así como a una Rusia posimperial y a una Turquía europea” cuando el momento es óptimo, ya que la penúltima “desea modernizarse (sic)” mediante su westpolitik y la última aspira a “un papel regional”.

El británico Simon Tisdall, de una escuela laborista diferente a la de sus connacionales paleoatlantistas neoliberales, evoca el problema álgido del blindaje misilístico (contra la supuesta “amenaza iraní”): “puede detonar tensiones entre la UE y una OTAN” en busca de redefinición y misión durante su próxima “cumbre crucial” en Lisboa.

Antes de sentarse al triálogo invocado por ECFR ya empezaron los problemas semánticos aparentemente insalvables sobre las definiciones de “amenazas” (como “la iraní”) tanto de Estados Unidos como de la UE.

Simon Tisdall cita al canciller turco Ahmet Davotoglu, quien no percibe amenaza alguna de Irán contra la OTAN.

Semih Idiz, comentarista del rotativo Hurriyet, citado por Simon Tisdall, coloca en relieve la “brecha ideológica” entre Estados Unidos y la UE (“en menor grado”) con Turquía respecto a Irán.

¿Limitaría Turquía su cooperación con Irán a cambio de su ingreso a la UE, como recomienda el analista otomano Sertac Aktan?

Por cierto, Gran Bretaña no fue convocada a la cumbre tripartita de Francia, Alemania y Rusia, celebrada en Deauville.

¿Se gesta tras bambalinas un eje París-Berlín-Moscú sin Turquía, ya no se diga sin Gran Bretaña ni el resto de “Europa”?

Stratfor (19/10/10), centro de pensamiento texano-israelí, considera que la cumbre tripartita de Deauville de complementariedad energética, económica y de seguridad rememora el Concierto de Europa, “el sistema de Congreso diplomático” entre 1815 y 1914 que, guste o disguste, proveyó al viejo continente de un siglo de paz.

Conclusión:

Se desprenden tres situaciones del polémico reporte ECFR: 1) la angustiosa orfandad de la UE, desdeñada por Obama; 2) la petición tardía para una nueva arquitectura de su seguridad bajo la protección de Rusia y Turquía; y 3) la notable ausencia de inversión militar europea propia para defender su hipermaterialismo hedonista, con el corolario de su claudicación.

El proyecto y trayecto de “Europa” se definirán entre Berlín (más proclive al eje tripartita) y Londres (más inclinado a la “multipolaridad europea”, que incorpora a Rusia y Turquía).

Ambos proyectos gozan con la insustituible Rusia como común denominador.

Al corte de caja de hoy, parece prevalecer el eje tripartita. Pero todo será más diáfano en la cumbre de la agónica OTAN en Lisboa.

SFP investiga irregularidades en Pemex por 13 mil MDP

Pemex “invirtió” más de 13 mil millones de pesos en valores, que originalmente la Cámara de Diputados había asignado para inversión en infraestructura. La operación –que ya investiga la Función Pública– fue avalada por Georgina Kessel, secretaria de Energía; Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Agustín Carstens, gobernador del Banxico, y Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente. El dinero salió del Fondo Ingresos Excedentes, señalado por su opacidad.

Nancy Flores

La secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, autorizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) “invertir” 13 mil 68 millones 800 mil pesos en valores, con dinero extraído del Fondo Ingresos Excedentes (Fiex), revela un acta del Consejo de Administración de la paraestatal.

La operación se dio a pesar de que los recursos están destinados únicamente a la inversión en infraestructura de la petrolera y cuatro de sus cinco subsidiarias, como lo establece la Cámara de Diputados en los presupuestos de egresos.

Además de Kessel, Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, y Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, figuran entre los servidores públicos de alto nivel que avalaron la transacción.

Así lo demuestra el acta de la sesión extraordinaria 776 del Consejo de Administración de Pemex, de la cual Contralínea tiene copia. A solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga, desde finales de 2009, la multimillonaria operación realizada al margen de la ley.

La historia de esta transacción inició en febrero de 2007, cuando Pemex Corporativo canalizó los más de 13 mil millones de pesos a una cuenta de inversiones en valores, también conocidas en el mundo financiero como “reservas secundarias de dinero”.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, documenta que en el siguiente ejercicio continuaron las irregularidades relacionadas con ese capital.

Los recursos “permanecieron para 2008 en disponibilidades, sin ser aplicados en gastos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en contravención del artículo 25, fracción I, inciso N, tercer párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006”.

El máximo órgano de fiscalización del país indica que la sustracción de los recursos fue posible por el acuerdo CA/005/2007, signado por el Consejo de Administración de la petrolera del Estado.

De acuerdo con el acta 776 –obtenida por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, la secretaria Kessel presidió aquella sesión del 27 de febrero de 2007.

Con base en el acuerdo, Pemex “invirtió” el capital en valores y no en infraestructura como lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las reglas del propio fideicomiso público y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El acuerdo CA/005/2007 implicó que, de los 45 mil 592 millones 800 mil pesos derivados de los excedentes de la venta del petróleo, 13 mil 68 millones 800 mil pesos (el 28.66 por ciento) se invirtieran en valores. Con ello, el dinero etiquetado a la inversión en infraestructura de cuatro subsidiarias se redujo a 32 mil 524 millones de pesos en ese ejercicio.

A fines de 2009, la Auditoría Superior de la Federación denunció la multimillonaria e irregular operación ante el Órgano Interno de Control en la SHCP, que depende de la Secretaría de la Función Pública.

Esa transferencia de recursos del Fiex no es la única en la que estarían involucrados funcionarios de primer nivel de este gobierno. El 23 de julio de 2009, la ASF comprobó, por medio del oficio DCF-SPP-GCP-0664/2009, que otros 161 millones 580 mil pesos del Fondo Ingresos Excedentes se mantuvieron en inversiones en valores.

Ello contravino “el punto 6.1 de las Reglas de Operación del Contrato de Comisión Mercantil del fondo Fiex, el cual señala que la Gerencia de Presupuestación de Pemex dará a conocer, previo al inicio de cada ejercicio fiscal, a los organismos subsidiarios y a la Gerencia de Tesorería de Pemex el importe que le corresponde de los recursos que se tienen en la subcuenta de Comisión Mercantil”, acusa la Auditoría.

Excedentes se usan en pago de deuda

El acta de la sesión extraordinaria 776, rubricada por Kessel Martínez, revela también que los recursos que la Cámara de Diputados asigna a la petrolera para inversión en infraestructura se destinan al pago de la deuda derivada de los Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva a largo plazo).

http://www.contralinea.com.mx/

Para leer articulo completo AQUI.

COPALA, OAXACA. Emergencia Humanitaria

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Oaxaca: violencia y responsabilidades

El asesinato del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido ayer en la ciudad de Oaxaca, es la más reciente expresión del recrudecimiento de la violencia en esa entidad. Cabe recordar que, menos de 24 horas antes de este homicidio, en Tuxtepec fue asesinado otro líder social: Catarino Torres Pereda, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien padeció una persecución política del actual gobierno estatal, al grado de ser encarcelado en 2006, en el contexto de la revuelta popular que se desarrolló en la capital oaxaqueña.

El telón de fondo de estos crímenes es una sucesión conflictiva y accidentada en el gobierno estatal, marcada por la crisis interna del priísmo oaxaqueño –consecuencia, a lo que puede verse, de la derrota electoral de julio pasado– y por acusaciones como las que pesan contra el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y varios de sus familiares, por presunto lavado de dinero.

El clima de tensión creciente que impera en la entidad, agravado por los recientes homicidios, dificulta, a querer o no, las condiciones en que habrá de asumir funciones el gobierno entrante de Gabino Cué Monteagudo, quien tendrá como reto principal procurar orden y gobernabilidad en una entidad donde en el sexenio reciente han privado las características opuestas.

Por otro lado, acerca de la violencia que se desarrolla en la región triqui, el asesinato viene a enrarecer más un conflicto que, en meses recientes, ha cobrado decenas de vidas, entre las que destacan las de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, acaecidas el 27 de abril pasado, y la del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI, escisión del MULT), Timoteo Alejandro Ramírez, ocurrida en mayo pasado.

No deja de ser significativo que, al igual que hizo el MULTI tras el asesinato de Timoteo Ramírez, la representación del MULT en esta capital calificó el homicidio de Pazos como crimen de Estado. Al margen de la complejidad que ha adquirido el conflicto en la región triqui –donde además del MULT y del MULTI disputa el poder la organización priísta de corte paramilitar Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort)–, es claro que existe responsabilidad ineludible de las autoridades oaxaqueñas, las cuales han exhibido una actitud omisa, por decir lo menos, ante la multiplicación de signos de violencia en la región. Desde que el gobierno de Ulises Ruiz decidió lavarse las manos ante el bloqueo del municipio autónomo de San Juan Copala, y el posterior ataque a la caravana de solidaridad que buscó romper el cerco paramilitar impuesto a esa localidad, se otorgó una patente de impunidad que terminó por potenciar –hoy es meridianamente claro– el recrudecimiento de la violencia que lacera la resistencia histórica del pueblo triqui.

Igualmente sorprendente es que el asesinato de Heriberto Pazos haya ocurrido a pesar de que lo escoltaban elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a su seguridad, así como su guardia personal.

Los recurrentes intentos del oficialismo por minimizar el conflicto y atribuirlo a una lucha intestina han tenido el efecto contrario: sellar en la opinión pública la percepción de una voluntad gubernamental de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados, y del designio de utilizar y fomentar la división del pueblo triqui para minar las reivindicaciones autonómicas de sus integrantes.

En tal circunstancia, el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes sociales oaxaqueños adquiere un peso mayúsculo y un carácter de obligatorio para la administración saliente en la entidad.

Los atacantes burlaron a 3 policías estatales; triquis bloquean carreteras y avenidas de Oaxaca

Ejecutan a Heriberto Pazos, líder del MULT

Vehículo en que fue ejecutado Heriberto Pazos

Octavio Vélez Ascencio y Agustín Galo Samario

Oaxaca, Oax., 23 de octubre. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, fue ejecutado la mañana de este sábado en la agencia municipal de Cinco Señores, ubicada al oriente de esta ciudad, informó María de la Luz Candelaria Chiñas, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Casi a las 11:15 horas, el presidente del Consejo Político Comunitario del MULT viajaba en una camioneta Chevrolet, Colorado LT, negra, placas RV-57629 de Oaxaca, cerca del puente El Rosario, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se le emparejaron al vehículo, que llevaba la ventanilla abierta, y dispararon a la cabeza de Pazos Ortiz.

El chofer, Catalino Mendoza Cortés, y Mauro Hernández Ramos, ambos elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a la seguridad del líder, así como el guardia personal Heriberto Cid Mariscal, se percataron de la agresión cuando el dirigente se recostó del lado izquierdo, pues aparentemente las pistolas de los asesinos tenían silenciadores, dijo la procuradora.

Los atacantes huyeron, aunque el chofer, añadió la funcionaria, intentó alcanzarlos, pero por las reparaciones del pavimento y por chocar con el taxi 321 del sitio Presidente se detuvieron sobre la calle 5 de Mayo; ahí se percataron que Pazos Ortiz había fallecido.

Los policías declararon haber disparado a los agresores, incluso con un arma larga, pero no acertaron. “Se les aplicará la prueba de rodizonato de sodio para determinar si fue así”, asentó Candelaria.

La funcionaria consideró que Pazos pudiera haber sido asesinado por ser dirigente del MULT, pues había pedido seguridad al gobierno estatal ante el riesgo de un atentado. “Desconozco si fue amenazado de muerte, porque no lo había manifestado ante el Ministerio Público”, indicó.

Dijo confiar en que el asesinato pueda ser esclarecido antes de terminar el sexenio, el 30 de noviembre, pero la posibilidad de dar con los agresores “dependerá de los vecinos, de la sociedad, de que estén dispuestos a dar testimonios. Esto es un delito, no importa el color”.

Durante la necropsia de ley, los médicos localizaron tres orificios en la cara derecha del cuello y uno de salida en la izquierda.

La investigación está a cargo de la Subprocuraduría General de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Sergio Cruz Ruiz, de la dirigencia colectiva del MULT, dijo que no se puede “ser irresponsable y señalar a alguien como culpable de la muerte”, pero sí exigir a las autoridades que “hagan su trabajo y encuentren a los culpables. Pero nos preguntamos qué pasó, si iba custodiado por tres agentes. Nos extraña, nos molesta y nos encabrona”, afirmó.

Para exigir justicia, miembros del MULT y del Partido Unidad Popular bloquearon tramos de las carreteras Internacional Cristóbal Colón y Ciudad Alemán-Puerto Ángel, así como avenidas y cruceros importantes de la ciudad.

El gobernador Ulises Ruiz reprobó toda expresión de violencia que vulnere la estabilidad social en la entidad y aseguró que la procuraduría indagará hasta las últimas consecuencias.

El gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, se pronunció por un “alto a la violencia”.

Flavio Sosa Villavicencio, diputado local electo por el Partido del Trabajo, calificó el asesinato de “crimen de Estado”, del que “el único responsable se llama Ulises Ruiz”.

Monopolio

Medio país bajo el poder del narco

Desde 2001, el gobierno de Vicente Fox, que recién iniciaba su gestión, fue advertido de que el narcotráfico estaba posicionándose en los municipios, pero sus colaboradores no hicieron nada. Esa tendencia creció y ahora las bandas del crimen organizado controlan poco más de la mitad de territorio nacional, según revela un estudio reciente divulgado por la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores.

Los cárteles Imponen su ley

Ricardo Ravelo

En septiembre pasado, un grupo de legisladores del PRI visitó al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para pedirle información sobre el estado en que se hallaban las investigaciones de su correligionario Rodolfo Torre Cantú, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas que fue ejecutado en vísperas de los comicios de julio anterior.

El funcionario les mostró videos y les explicó que entre los posibles móviles del crimen estaba el robo. Uno de los diputados increpó a Chávez y le reclamó por qué no había avances en el caso de Torre y cuál era la razón por la cual muchas de las muertes nunca son aclaradas.

De acuerdo con un testigo de ese encuentro, Chávez escuchó con atención a su interlocutor y le respondió: En el país hay territorios “a los que no puedo entrar… sin el apoyo del Ejército”. Y uno de esos territorios es precisamente Tamaulipas; otros son Sinaloa, Guerrero, Chihuahua…

La respuesta de Chávez sólo corrobora lo que investigadores y exfuncionarios del gabinete federal vienen diciendo desde hace tiempo: que el Estado mexicano no sólo ha perdido fuerza en cientos de municipios, sino que el crimen organizado disputa el control territorial a las autoridades en más de la mitad de las entidades del país.

Y aun cuando un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) elaborado en 2001 daba cuenta de los problemas que enfrentaban los funcionarios de esa dependencia para trabajar con los programas sociales en diversos estados del país, ninguna autoridad se ocupó del tema.

Las voces de alerta sobre la expansión del narcotráfico en México y el control territorial y político que ejercen los cárteles de la droga en decenas de municipios arreciaron en 2007, a raíz de que el gobierno calderonista emprendió la guerra contra el crimen organizado utilizando al Ejército como instrumento.

“La guerra comenzó tarde, el narco ya controla territorios, promueve y financia candidatos a alcaldes y diputados y mantiene secuestrada la estructura municipal del país”, dijo entonces Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Un año después, en 2008, cuando en el país se contabilizaban 6 mil bajas a causa de los enfrentamientos entre los sicarios de las organizaciones antagónicas y de éstos contra las fuerzas federales, el entonces procurador, Eduardo Medina Mora, advirtió:

“El Estado mexicano ha perdido potestad en buena parte del país, los grupos criminales se han apoderado de territorios y ejercen fuerza y violencia para imponer su voluntad, cobran impuestos a través de las extorsiones y se han convertido en una verdadera amenaza para el Estado.”

Las voces de alarma llegaron al extranjero. El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, declaró en julio de 2008 al diario británico Financial Times que el narcotráfico estaba ya involucrado en las campañas de algunos legisladores.

Los cárteles de la droga han cooptado a muchos agentes regionales, integrantes del Poder Judicial y del gobierno federal, quienes brindan protección a los narcotraficantes, dijo Valdés. Y agregó: “El Congreso de la Unión no está exento”.

El 30 de agosto pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó una radiografía sobre el narcotráfico en México. En sus conclusiones, los legisladores establecen, por ejemplo, que los capos de la droga controlan grandes extensiones territoriales en las que el Estado ya no puede gobernar a través de sus instituciones.

El estudio aporta un dato revelador: las redes del narcotráfico mantienen bajo su control 71% del territorio nacional.

Ramón Galindo, presidente de la comisión legislativa que elaboró el análisis, asegura que “el narco ejerce total hegemonía en 195 municipios y tiene fuertes influencias (políticas y económicas) en otras mil 500 demarcaciones”. Admite también que los capos han impuesto su voluntad mediante sobornos y amenazas a la clase política.

Elaborado por un grupo de expertos contratados por el Senado de la República, el documento detalla la forma en que las células de la delincuencia penetraron la estructura de los municipios: “En la mayoría de las alcaldías existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y tráfico de drogas y la extorsión”.

Feudalización galopante

De acuerdo con la radiografía del narco, los municipios son “el eslabón más débil” de la cadena del poder político. Los funcionarios de los ayuntamientos tienen contacto directo y cotidiano con la gente, aun con los presupuestos raquíticos con los que operan, las políticas económicas y sociales erráticas y el desinterés de los gobiernos estatales y federal.

“Los cárteles –indica– sí que han sabido la fórmula de la ecuación. Han entendido que el municipio, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, es el que había que echarse a la bolsa particularmente para las operaciones de narcomenudeo, una de las fuentes de ingreso más importantes del crimen organizado.”

Hoy, las redes criminales cuentan con infraestructura, cooperación política y con el silencio cómplice de las autoridades municipales; además, operan “bajo el resguardo de la corrupción, con protección política y con apoyo logístico de la policía”, destaca el estudio legislativo.

La Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores expone también en el estudio que las autoridades municipales –alcaldes, síndicos y regidores– se quejan de falta de apoyo e insisten que no quieren ser meras figuras decorativas, menos aun cuando las amenazas que reciben son cada vez más frecuentes. En los últimos tres años han sido asesinados 41 funcionarios municipales.

En julio de 2006, meses antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos, tenía información sobre la penetración del narco en los municipios. La PGR le entregó un amplio diagnóstico, según el cual los capos de la droga controlaban 80 presidencias municipales a lo largo del país.

A cuatro años de distancia, los territorios que el gobierno considera “perdidos” incluyen Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Morelia, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán; Culiacán y Guamuchilito, en Sinaloa; Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero. En esas plazas los sicarios cobran a las empresas el “derecho de piso” para que sigan funcionando, e incluso controlan la prostitución.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, este fenómeno es una feudalización: “En todos los países (se da) la infiltración de la delincuencia organizada. Primero, mediante relaciones personales, sobornos o extorsiones a las autoridades; luego crean feudos, cuando el personaje al que financian se transforma en diputado, alcalde o gobernador”.

Buscaglia menciona que un grupo de expertos de la ONU realizó una investigación en varios estados de la República en la que se detectó que México está sufriendo una feudalización, que del ámbito municipal se está yendo a las gubernaturas. Y alude al caso de Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo, quien fue encarcelado al término de su gestión como gobernador de esa entidad por sus vínculos con el cártel de Juárez. “Su caso no es el único”, comenta el investigador.

Define como afganización al proceso mediante el cual el narco ha penetrado los municipios a lo largo de la administración calderonista, precisamente la que declaró la guerra a la delincuencia organizada y que, hasta ahora, ha dejado alrededor de 30 mil muertes.

Autor de innumerables libros y ensayos sobre seguridad nacional, Buscaglia señala que el crimen organizado le ha arrebatado al gobierno 982 bolsones territoriales donde no hay gobernabilidad, y este caso, dice, es muy similar al que enfrenta Afganistán, en donde no hay autoridad formal del Estado, pues la autoridad es el grupo criminal o bien el gobierno municipal que trabaja o forma parte del grupo criminal.

“El proceso de afganización, es decir, de ausencia del Estado en esas 982 zonas, se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos tres años. En 2007 contabilizábamos solamente 353 municipios; en 2009 eran 650 y ahora son 982”, dice el investigador del ITAM.

Los feudos del narco

La administración calderonista admite que hay territorios donde el Estado ya perdió potestad. Fue la Sedesol la que detectó la penetración del narcotráfico en el ámbito municipal en 2001, una vez que llegó el PAN a Los Pinos con Vicente Fox.

Ese año, la dependencia publicó el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, en el que advertía sobre la invasión del narcotráfico en distintas zonas del país, lo que significaba un obstáculo para aterrizar los programas sociales del gobierno federal.

De acuerdo con el documento, algunos municipios de Jalisco, Durango y Nayarit con población indígena mayoritaria eran lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en la zona rural como en la actividad política.

Para los analistas de la Sedesol, otros feudos del narco eran las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y la Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, ubicada entre los estados de Durango y Sinaloa, el llamado “triángulo dorado del narco”.

En esas demarcaciones la producción y trasiego de estupefacientes es elevada. La presencia del narco es tan poderosa que durante el sexenio foxista los empleados de la Sedesol tuvieron problemas para desarrollar el programa Contigo, Manos a la Obra. La razón: los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.

La titular de la Sedesol en el sexenio pasado, Josefina Vázquez Mota, supo desde el principio que la feudalización era un hecho, aunque lo ocultó. Sin embargo, semanas antes de abandonar el cargo, la funcionaria declaró: “Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo (Consejo Nacional de Población), de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes”.

En septiembre de 2008, ante la cúpula de su partido, el propio Calderón declaró que el crimen organizado cuenta con operadores en el ámbito político; incluso advirtió sobre el peligro de que algunas campañas sean infiltradas con dinero del narcotráfico. “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano” (Proceso 1664).

El crecimiento del poder criminal, que ahora controla más de la mitad del territorio nacional, llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos, país que sigue con detalle el desarrollo de la guerra emprendida por la administración calderonista contra el crimen organizado.

El martes 5 de octubre, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos (CNAS, por sus siglas en inglés), divulgaron en Washington un reporte que analiza el poder del narcotráfico y del crimen organizado en general en su lucha contra el Estado, lo que ellos llaman “insurgencia criminal”.

Conocedores del fenómeno de la penetración del narcotráfico en municipios y regiones de México, los analistas sostienen que el país enfrenta una metástasis a causa de la nueva insurgencia criminal organizada.

Las redes amenazan a los gobiernos y sociedades civiles del hemisferio occidental y cada vez más a Estados Unidos, dicen Killebrew y Bernal. Ambos sostienen que el narco intenta “debilitar o impedir las funciones del gobierno”. Para ilustrar lo que dicen, mencionan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las comparan con los cárteles mexicanos y con algunas redes trasnacionales del crimen.

Por su parte, el senador republicano Dick Lugar dijo que la violencia en México ha adquirido características de una narcoinsurreción porque los cárteles intentan limitar el control del gobierno federal en gran parte del territorio nacional.

El estudio de Killebrew y Bernal levantó polémica en Estados Unidos. En contraste, aquí el gobierno calderonista se niega a reconocer que el de México es un Estado fallido, como lo llama el investigador del ITAM Edgardo Buscaglia.

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Ejército, obstáculo a la democracia

Felipe Calderón. Encubrimiento

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. 23 de octubre (Apro).- La reforma al Código de Justicia Militar propuesta al Congreso por Felipe Calderón es una vergüenza internacional.

Y lo es por partida doble. Primero, porque pretende hacer creer al sistema interamericano de justicia que el Estado mexicano se encamina a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla cometida por efectivos militares en 1974, como una de las prácticas de agentes estatales durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta.

Segundo, porque expone a nivel internacional el fracaso de la llamada transición a la democracia, luego de siete décadas del régimen autoritario priista definido y echado a andar, precisamente, por los militares al término de la Revolución Mexicana.

Por casi tres décadas, los militares controlaron la presidencia de México. Hasta 1946, con la llegada de Miguel Alemán Valdés, comenzó la sucesión de civiles en la presidencia del país.

Pero los generales dejaron la presidencia de la República reservándose grandes espacios de poder: el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gubernaturas, posiciones en el Congreso y otros cargos en la administración pública. Incluso se dieron instituciones para administrar sus propios recursos como si fueran un ente aparte.

La existencia del Banco del Ejército (Banjército) sorprende a los propios militares de otros países, incluso de aquellos que estuvieron bajo el control de los militares.

En ese sistema político mexicano la presencia de los militares en la vida civil era considerada como algo normal, sobre todo en momentos en que abundaban los regímenes castrenses en Asia, África y América Latina.

El mundo se democratizó y la mayoría de los militares regresaron a sus cuarteles. Pero en muchos países, las Fuerzas Armadas fueron sometidas a escrutinio por los actos abusivos que sus efectivos cometieron contra la población civil mientras estuvieron en el poder.

La transición de las dictaduras militares a la democracia pasó por la revisión de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.

En México, ese imperativo moral sencillamente no existió. La simulación de Vicente Fox sobre la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército se quedó corta con lo que ha hecho Felipe Calderón.

El Código de Justicia Militar (CJM), que ha sido criticado por la comunidad internacional no sólo en el sistema interamericano, sino en la Organización de las Naciones Unidas, fue concebido como parte de la institucionalidad que se dieron los militares para gobernar en México. Data de 1931, en pleno ejercicio del poder político por parte del Ejército.

Casi un siglo después, se sigue aplicando para casos de delitos cometidos por militares en los que hay civiles involucrados. Eso es lo que cuestiona la comunidad internacional y lo que tiene a México en deuda con la democratización del mundo.

La propuesta de Calderón, que en realidad es de los militares, de reformar el CJM está concebida para seguir protegiendo a los efectivos de las Fuerzas Armadas que cometen delitos graves como el homicidio, que ha sido una práctica presente en la llamada guerra de Calderón contra el narcotráfico.

La reforma, centrada en el artículo 57 del CJM, sólo da paso a la intervención de la justicia civil en los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual. Deliberadamente, la cúpula castrense y Calderón dejaron fuera los casos de ejecuciones extrajudiciales y de tratos crueles e inhumanos que agravian la dignidad de las personas.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy claro: México debe reformar el código de justicia castrense para evitar que los tribunales militares investiguen a sus propios elementos, lo que además de una “justicia” previsible ha estado marcado por la opacidad, pues el proceso judicial sólo lo conocen ellos mismos.

La resolución de la Corte nada tiene que ver con la disciplina militar, como de forma manipuladora muchos han querido hacer ver a la población. En ese sentido, el código debe existir porque es necesaria para la vida al interior de los cuarteles.

Pero su jurisdicción debe ser dentro de los campos militares y no como ahora sucede, no sólo en el caso del famoso artículo 57, sino en otros de franca intimidación a la población civil.

Afuera de los campos militares en los que hay un constante ingreso de civiles, el Ejército tiene colocados letreros, en plena jurisdicción civil, con el artículo 281 del CJM, según el cual, “el que injurie o maltrate a un policía (militar, obviamente) que esté en ejercicio de sus funciones, será castigado con nueve meses de prisión. O si lo desobedece o resiste a la orden que le haya dado en uso de sus facultades o ejerza violencia contra él, la pena será de un año y seis meses de prisión”.

Es claro que la advertencia está puesta para los civiles, a pesar de que está concebida para la vida castrense. Es claro, también, que Calderón responde al esquema diseñado hace casi un siglo por los militares para México. Habría sido un buen presidente de ese viejo priismo autoritario.

jcarrasco@proceso.com.mx

La divina comedia mexicana

Mensajes del narco.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 20 de octubre (apro).- El periodismo mexicano, quizá como nunca, es observado con interés en el extranjero. Sin embargo, lamentablemente no es foco de atención por las investigaciones que están llevando a cabo los informadores mexicanos, sino por la crítica situación por la que atraviesa el gremio: 68 muertos y 11 desaparecidos en una década es el reflejo del peligro que hoy representa ejercer el oficio reporteril en México.

Hace unas semanas, dos periodistas mexicanas que trabajan en la revista Proceso, Marcela Turati y Cynthia Rodríguez, fueron invitadas a participar en el Congreso Internacional de Periodistas auspiciado por la organización Libera y que se llevó a cabo en la ciudad de Ferrara, al norte de Italia.

Las dos reporteras expusieron --ante un numeroso público que se concentró en la explanada del castillo medieval, una de las sedes del encuentro que duró tres días y al que asistieron destacados periodistas como Robert Fisk-- la grave situación por la que atraviesa México.

Cerca de mil 500 personas abarrotaron ese espacio para escuchar el testimonio de ambas reporteras sobre la forma en que el crimen organizado se ha adueñado de la vida social de México.

El interés de los asistentes, la mayoría jóvenes, era evidente. Algunos sabían de las dificultades por las atraviesa el país, pero cuando escucharon que en sólo cuatro años ha habido más de 28 mil muertos por la “guerra” contra el narcotráfico en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, la sorpresa fue mayúscula.

No era para menos. Desde 1960 a la fecha, en Italia han muerto sólo nueve periodistas y las muertes de civiles se cuentan por decenas, no por miles como en México.

Experta en el impacto social que ha tenido la guerra contra el crimen organizado declarada por Calderón, la reportera Marcela Turati habló de las viudas y los niños huérfanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no son atendidos por ninguna autoridad, del terror en Tamaulipas, de los silencios comprensibles que la prensa ha establecido en ciertas regiones del país donde publicar una nota significa la muerte. Quizá a los italianos se les vino a la mente la omerta, el pacto de silencio que en Sicilia se estableció para no hablar de la mafia.

Cynthia Rodríguez, autora del libro Contacto en Italia, en el que revela las conexiones de los cárteles mexicanos con la ‘Ndrangheta en Calabria --que junto con la Camorra en Campania y Cosa Nostra en Sicilia, encabezan el crimen organizado en la península--, describió el violento escenario que cotidianamente vivimos los mexicanos y que parece no tener fin.

Los italianos saben bien de estas historias violentas, sobre todo por los asesinatos de los jueces Giovani Falcone (Palermo, 23-05-1992); Paolo Emanuele Brosellino (Palermo, 19-07-1992), ambos asesinados con explosivos por la Cosa Nostra luego del ‘maxiproceso’ que llevó a la cárcel a varios capos importantes, así como de Francesco Fortugno (Locri, 16-10-2005) y Carlo Alberto Della Chiesa (Palermo, 03-09-1982), ejecutados por comandos por su lucha contra la mafia. Sin embargo, estaban asombrados por los altos niveles de violencia y el poderío que tienen los cárteles mexicanos.

“Ya nos dicen que somos la primera generación de corresponsales de guerra en nuestro propio país”, sentenció Turati ante el asombro del público italiano.

Una situación similar de sorpresa se repitió días después en Roma, cuando las dos reporteras y el autor de este artículo tuvimos dos encuentros con periodistas italianos: el primero en la sede de corresponsales y el segundo en la embajada mexicana.

Aunque estaban enterados de las duras circunstancias que se sufren en México y de la matanza de migrantes en Tamaulipas, cuando escucharon de viva voz las terribles historias del poder del crimen organizado, de los secuestros, extorsiones, asesinatos, masacres y el miedo extendido por todo el país, el gesto ya no fue sólo de asombro, sino de preocupación e inquietud.

Las preguntas giraron en torno a lo que está haciendo el gobierno mexicano y el de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado y la venta de armas; de las medidas para proteger a los emigrantes; de la situación de los periodistas y de la sociedad mexicana en general. “¿Qué podemos hacer desde acá?”, soltó preocupada una joven periodista que colabora con la organización Libera.

“Estén atentos de lo que pasa en México, volteen a ver lo que nos pasa”, fue una de las respuestas que les dimos.

Al narrar en Italia muchas de las cosas que ocurren en México, también pudimos darnos cuenta de que la violencia cotidiana nos está ganando a los mexicanos, que nos estamos acostumbrando a ver diariamente ejecutados, decapitados, desaparecidos y cuerpos disueltos en ácido, y que, como sociedad, no actuamos a la medida de las circunstancias y estamos muy sosegados ante la ineficacia, corrupción e impunidad de las autoridades.

Habría que ver no sólo lo que se hace en Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, sino mirar con atención las acciones sociales que se efectúan en Italia, donde tienen décadas, sino es que un siglo, de experiencia en la materia.

Ver cómo opera la organización social Libera, que integra a mil 500 organizaciones de diferente tipo (sindicales, vecinales, sociales y religiosas) que desde hace más de 15 años combaten a la mafia italiana de diferentes maneras, algunas de ellas con las leyes que han impulsado (la más destacada es la confiscación de los bienes de la mafia que pasan a bienes sociales, como cooperativas de trabajo), así como en la asistencia a las familias de los asesinados por los mafiosos.

Tal vez sea tiempo de buscar un haz de luz en otro lado, en la manera que una parte importante de la sociedad italiana se organizó a sí misma y reaccionó realizando movilizaciones callejeras multitudinarias y la recolección de firmas para empujar cambios en la forma en que se combatía un problema que en México se ha convertido en un infierno que ni el mismo Dante Alighieri pudo descrito en la Divina Comedia.

Frases del bicentenario

Salinas en el IFE

Carlos Salinas, expresidente de México.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 20 de octubre.- Durante su mandato presidencial (1988-1994), Carlos Salinas de Gortari pretendió modernizar el autoritarismo mexicano, pero nunca transitar a la democracia o siquiera liberalizar el espacio político y/o social, aunque sí lo hizo en el ámbito económico. Y aunque creó los organismos constitucionales autónomos (Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Banco de México) como vía para legitimarse sin redistribuir el poder, lo hizo como parte de un proceso liberalizador o democratizador.

Por otra parte, durante su sexenio 17 gobernadores interinos o sustitutos directamente designados por él, rindieron protesta en 15 entidades de la República Mexicana, con lo cual, si se toma en cuenta que en ese entonces el presidente también designaba al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la mitad de las entidades y, seguramente casi las dos terceras partes de la población, estuvo gobernada por un delegado presidencial en algún momento de su administración, cifra sin parangón en la historia contemporánea del país.

Todo comenzó cuando, con su escaso respeto (o total desprecio) al voto ciudadano, arribó al poder mediante el fraude electoral del 6 de julio de 1988, cuando se cayó el sistema de cómputo de votos en el momento en que empezaban a llegar los resultados que otorgaban, al menos hasta esos momentos, el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas.

Hoy, parecía una broma de mal gusto que el IFE lo invitara a participar en los eventos de celebración del vigésimo aniversario de su creación, y más para hablar en el panel “La democracia del siglo XXI”.

El su libro, Organismos autónomos y democracia: El caso de México, publicado en 2007, John M. Ackerman demuestra fehacientemente que durante el periodo gubernamental de Salinas dos de los organismos constitucionales autónomos (IFE y CNDH) sirvieron precisamente para simular un compromiso, pues las prácticas del gobierno autoritario mexicano no cambiaron en lo fundamental y esos organismos fueron usados únicamente como instrumentos de legitimación.

Ackerman explica que, desde su diseño, dichas instituciones fueron debilitadas por los reformadores del PRI, puesto que representaban un peligro potencial para la permanencia del partido en el poder. No fue sino hasta 1996, en el caso del IFE, y hasta 1999, en el de la CNDH, ya durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se transformaron en “instituciones realmente fuertes y eficaces”.

En consonancia con la explicación de Salinas, en su aparición de la semana pasada, Ackerman destaca que el IFE surgió como una medida ante la crisis de legitimidad de las elecciones anteriores, pues el partido en el poder debía hacer evidente su interés en realizar “elecciones limpias”. Así, se legitimaría y, al mismo tiempo, tendría en sus manos el poder que le conferiría el establecimiento de tal institución, como era el control y la dirección del mismo, ya que la presidencia del instituto recaía en el secretario de Gobernación y los miembros con voto estaban predominantemente “controlados por el PRI y el gobierno”.

Durante el sexenio salinista se confirmó la teoría de connotados politólogos en el sentido de que los organismos constitucionales autónomos son una opción “utilizada exclusivamente por regímenes autoritarios para simular su compromiso con la rendición de cuentas”, pues su creación no busca realmente una redistribución del poder, sino simplemente simularla precisamente para poder mantener y ejercer ese poder abusivamente.

Por otra parte, de los 17 interinos o sustitutos que tomaron protesta durante la gestión de Salinas, seis lo hicieron porque los mandatarios constitucionales fueron invitados a ocupar cargos en el equipo presidencial (Veracruz, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala y Chiapas); uno, porque hubo una reforma de la Constitución estatal para homologar la fecha de las elecciones de gobernador con las federales (Sonora); otro, porque el entonces gobernador interino renunció para pretender convertirse en candidato del PRI a la misma gubernatura (San Luis Potosí, 1994); otro, por la explosión de una tubería de gas en Guadalajara; y uno por el alzamiento armado en Chiapas, el 1 de enero de 1994.

Los demás fueron obligados a renunciar por conflictos postelectorales –Michoacán, 1992; San Luis Potosí, 1991, y Guanajuato, como los más emblemáticos– o porque los resultados de las elecciones no favorecieron al PRI y, aunque no hubo conflictos postelectorales, Salinas consideró que no eran útiles como ejecutivos estatales –Estado de México, Michoacán, Tabasco y Yucatán–.

En octubre de 1992, Pascal Beltrán del Río, en un reportaje publicado en Proceso, señalaba: “…de los 41 procesos electorales de carácter estatal que se han celebrado desde julio de 1989, en 23 ha estallado la violencia o, cuando menos, se han dado fuertes muestras de inconformidad con el desarrollo y los resultados oficiales”. Ese fue el sello de un gobierno que prefirió recurrir a las concertacesiones antes que respetar la voluntad popular.

Ahora, en su reaparición, Salinas puntualizó que “no era necesario que el PRI perdiera para mostrar el avance en la democracia”; destacó que “…si la alternancia es la prueba de la democracia, más que sus instituciones, bienvenida la alternancia para el 2012”, y mostró su preocupación porque “en Baja California, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México hace muchos años que no hay alternancia”. Sin embargo, olvidó señalar que en otros 10 estados jamás la ha habido: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Fiel a su vocación, Salinas aprovechó el foro para justificar su mandato, atraer los reflectores y celebrar la alternancia, siempre que ésta beneficie al PRI. Pero no tiene la culpa Salinas, sino el IFE que lo invita y le monta el escenario.