miércoles, julio 10, 2013

Asilo Humanitario, por @FBuenAbad

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Fernando Buen Abad Domínguez Nueva Doctrina Diplomática Bolivariana
No hace falta escarbar las bibliotecas de la jurisprudencia burguesa para fundamentar las razones de un Asilo Humanitario a cualquier persona que siente sus derechos y su vida amenazados. Especialmente cuando esa persona ha sido victimada internacionalmente por una andanada demencial de acusaciones, acechanzas, amenazas y acosos sin un “debido juicio”, sin derecho a la legitima defensa. Un caso claro de “Linchamiento Mediático”.
Edward Snowden es señalado como responsable de los más inimaginables delitos con los más irracionales argumentos… (más…)

Golpe de estado en Egipto – Visión Siete

Evo Morales en entrevista con Russia Today – Completa

El pasado martes Francia, España, Italia y Portugal cancelaron los permisos de sobrevuelo y aterrizaje del avión presidencial de Bolivia, donde viajaba Evo Morales de Moscú a La Paz, tras difundirse un rumor de que podría estar a bordo Edward Snowden, exagente de la Agencia de la Seguridad Nacional de EE.UU, acusado de revelar que su país espía a ciudadanos estadounidenses y del mundo. Luego de la prohibición de vuelo sobre el espacio aéreo de los países mencionados, el mandatario boliviano se vio obligado a permanecer por más de 13 horas en Viena, capital de Austria, hasta que se levantaron las restricciones y pudo volver a su país, donde fue recibido por decenas de personas.

Rafael Correa – The Guardian

Alfredo Jalife – La privatización de PEMEX un retroceso

Dr. Alfredo Jalife entrevistado por Luis Bravo Navarro coordinador de Comunicación Social del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión.

Pablo Moctezuma Barragán - Petróleo: ¡MÉXICO puede y debe!


Elecciones costosas en las que nadie vota, ¿democracia?


(10 de julio, 2013).- En las pasadas elecciones, más de la mitad de las personas registradas en el padrón electoral en México no salieron a votar. El abstencionismo electoral se dejó ver en los 14 estados de la República en los cuales se eligieron representantes populares, para los congresos locales, ayuntamientos y en el caso de un estado, gobernador.
En promedio, sólo un 48 por ciento de la ciudadanía emitió su voto el pasado 7 de julio, 4 puntos porcentuales menos que en las elecciones del 2010, donde hubo una participación ciudadana de alrededor del 52 por ciento.
En el estado en el que más participaron los votantes fue en Durango, donde un 60 por ciento de la población salió a emitir su voto en las elecciones para los ayuntamientos. Luego, le sigue el estado de Zacatecas en el que un 57 por ciento de la ciudadanía salió a votar.
El estado que menos participación tuvo fue Quintana Roo, en el cual únicamente el 32 por ciento emitió su voto. La segunda entidad con el porcentaje de abstencionismo electoral más alto fue Chihuahua que tuvo una participación ciudadana de 36 por ciento, seguido de Baja California con el 39.4 por ciento.
La participación ciudadana en Sinaloa descendió en más de 10 puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2010, donde el 58.3 por ciento emitió su voto a diferencia del 46.9 por ciento en los recientes comicios electorales.
El mismo fenómeno ocurrió en Veracruz, donde el 48.8 por ciento de la ciudadanía emitió su voto a diferencia de las pasadas elecciones donde el 59.3 por ciento acudió a las urnas.
Aunado al abstencionismo, también se puede observar que en esta elección la población incluso postuló a candidatos no humanos para que compitieran por un espacio como representantes ciudadanos.
El más popular fue el Canadigato Morris, cuya campaña aseguraba que “Ante la cantidad de ratas que acechan esos puestos solo un gato podrá poner orden. El candigato no promete nada más que los demás candidatos: Descansar y retozar”.
Un grupo de jóvenes inició una campaña por este gato, que en un mes se dio a conocer a nivel nacional. A pesar de ser un candidato a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, su campaña llegó a los 14 estados de la república que tuvieron elecciones. El equipo de trabajo del gato señaló que se emitieron votos por Morris, en el espacio en las boletas destinado a candidatos no registrados en todos estos estados.
Otro animal que participó en las elecciones fue el Burro Chon, el cual compitió por la presidencia municipal de Ciudad Juárez, con el lema de campaña “es mejor tener un burro presidente, que un  presidente burro”.
Puebla y Oaxaca no se quedaron atrás en las candidaturas animales:  candigata Maya  y el CANdidato Titán, respectivamente.
Por otra parte, también dio inicio a su campaña la “Gallina Tina”, que aunque no participó en estas elecciones, ya tiene a un equipo de trabajo que la postulará para las elecciones para el ayuntamiento de Tepic, Nayarit, en el año 2014.
El doctor en derecho Jaime Cárdenas señaló que el surgimiento de animales como candidatos ficticios a una elección de esta envergadura es una señal del hartazgo de la población de los políticos y la falta de credibilidad en las instituciones.
“Esta es la manera que ha encontrado la ciudadanía para demostrar su inconformidad con las elecciones y las instituciones del país”, señaló Cárdenas, ex Consejero del Instituto Federal Electoral, a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
En este mismo sentido, podemos mencionar que, únicamente en el sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se gastaron 75.8 millones de pesos en 8 estados. En el caso de Veracruz, que gastó 22 millones de pesos en dicho sistema, tuvo una falla a las 22 horas del domingo 7 de julio, cuando se cayó el sistema por más de 40 minutos. En el caso de Baja California, en el que se invirtió 5.2 millones, tuvo tantas fallas que el mismo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado desconoció.
El Instituto Federal Electoral señaló que el presupuesto destinado a las elecciones de este año fue de  11 mil 19 millones 800 mil pesos: siete mil 277 millones de pesos para el gasto de operación y tres mil 742 millones 800 mil pesos para el financiamiento público a los partidos políticos.
En los comicios electorales del año 2013 en México  más de la mitad de la población inscrita en el padrón electoral no salió a votar.

Los dos Miguel Ángel: el pobre y el amigo de Peña Nieto


(10de julio, 2013).- Miguel Ángel tiene 49 años y es padre de tres hijos; vive en el Estado de México a pesar de haber nacido y trabajado toda su vida en el Distrito Federal. En muchas ocasiones no puede regresar a dormir a su casa  –con su esposa e hijos– pues su día laboral arranca a las 8 de la mañana y algunas veces termina a las 3 de la madrugada.
Miguel Ángel también tiene 49 años y es padre de dos hijos. Actualmente vive en el Distrito Federal, aunque es originario de Hidalgo. Es muy probable que en ocasiones tampoco regrese a dormir a su casa por las responsabilidades que tiene en su trabajo.
Sin embargo, a pesar de las similitudes que pareciera que existen entre estas dos personas del mismo nombre, edad y sexo, la brecha que los separa es gigantesca: el primero gana 3 mil 600 pesos al mes y el segundo 145 mil 200 en el mismo periodo de tiempo.
El segundo  gana 40 veces más que su homólogo, tiene prestaciones de ley que le cubren gastos médicos mayores, seguro de vida, caja de ahorro que le duplica la cantidad juntada, le dan un monto mensual para un vehículo, le pagan 4 equipos celulares, tiene vacaciones pagadas y aguinaldo, entre muchas otras ventajas laborales.
La diferencia es que el primer Miguel Ángel es mesero y el segundo es Secretario de Gobernación y ha sido político durante toda su vida.
La vida de élite del gabinete de Peña Nieto
El gobierno de la República gasta en la nómina del gabinete y gabinete ampliado de Enrique Peña Nieto 5 millones 275 mil 177 pesos mensuales en un equipo que no rebasa las 26 personas, incluyendo al presidente.
Ese gasto contrasta con el de los 3.7 millones de mexicanos que ganan menos de un salario mínimo al día, que equivale a cerca de mil 680 pesos mensuales.
Es decir, un secretario de Estado del gobierno mexicano gana 86 salarios mínimos al mes, lo cual significa que son parte de esa élite mexicana de un millón 800 mil personas en el país que perciben más de 10 salarios mínimos al día.
El sueldo o salario original de éstos funcionarios es de 32 mil 800 pesos, a lo cual se le suma una compensación garantizada de 172 mil 308 pesos, que da como total 205 mil 122 pesos mensuales, a parte de las prestaciones de ley. Por lo tanto, después de los descuentos respectivos de impuestos y prestaciones, a un secretario de estado le quedan 145 mil pesos al mes.
Dentro de estas prestaciones se encuentran beneficios como un seguro que puede ascender a 68 meses de percepción bruta, lo cual equivale a 13 millones 948 mil pesos, aproximadamente. También cuenta con un seguro de gastos médicos mayores que es la suma de 333 salarios mínimos mensuales, es decir aproximadamente 350 mil pesos mensuales.
Asimismo, cuentan con un beneficio que se denomina Separación Individualizada mediante el cual el servidor público puede aportar el 2, 4, 5 o 10 por ciento de su percepción ordinaria bruta mensual y el gobierno federal aportará el mismo monto para un fondo que le será dado cuando se separe del puesto.
Cuenta con 20 días de vacaciones divididas en dos periodos, para lo cual se le otorgará una prima vacacional del 50 por ciento de sueldo de 10 días y también cuenta con primas de antigüedad que varían de 46 a 136 pesos mensuales. Asimismo, también tiene acceso a pagas de defunción que equivalen a hasta 4 meses de la percepción ordinaria mensual, o sea 580 mil pesos y un vale de despensa por 77 pesos.
El gobierno federal realiza las debidas aportaciones de su trabajador al ISSTE, FOVISTE y SAR. Esta última es una aportación extra para la cesantía y vejez sobre el sueldo básico de cotización.
Y por último, lo apoyan económicamente con 11 mil 460 pesos cada mes para un vehículo y le proporcionan 4 celulares con un monto máximo asignado de hasta 10 mil pesos al mes.
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Empieza la rendición de cuentas

En un hecho inédito, un militar del más alto rango, el exsecretario de la Defensa Guillermo Galván Galván, deberá comparecer ante un tribunal civil. Tan insólita diligencia obedece a la petición de la defensa del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, preso desde 2009, quien desea deslindar responsabilidades sobre los excesos cometidos por el “pelotón de la muerte” en Ojinaga durante la guerra calderonista contra el narcotráfico.

El titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, general de división retirado Guillermo Galván Galván, ha sido llamado a declarar ante la justicia federal por la tortura, muerte y desaparición de presuntos narcotraficantes durante el Operativo Chihuahua, en el que participó el Ejército como parte de “la guerra contra el narcotráfico” emprendida por el mandatario panista.
El exfuncionario fue citado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde el próximo 6 de agosto deberá rendir declaración como testigo dentro de la causa penal 53/2012 abierta por los delitos contra la salud, acopio de armas y robo, pero que forma parte de una investigación más amplia relacionada con la desaparición de personas a manos de militares durante 2008.
El citatorio está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.
Se trata de la primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a causa de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón. El citatorio coincide con la liberación, decretada el viernes 5 por otro juzgado federal, de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército a quienes no se les pudo comprobar la acusación fincada por el anterior gobierno de que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva.
El testimonio de Galván fue requerido por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, interno en la prisión militar de Mazatlán desde agosto de 2009, acusado inicialmente por robo, posesión de arma y posesión de droga, pero después de casi cuatro años de prisión, apenas el 13 de junio pasado, fue encausado penalmente en una alegada desaparición forzada.
Juárez Ramírez, un oficial con 29 años de servicio en el Ejército al momento de su detención, pidió la declaración de Galván y de otros jefes y exjefes del Ejército para desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar la actuación por consigna de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), asegura su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano.
En la prueba testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua y lo que le fue informado por los comandantes de la zona en respuesta a sus instrucciones de actuar con mano dura durante los operativos ordenados por Calderón.
En septiembre u octubre de 2008, refiere la defensa del teniente coronel, Galván se reunió con los generales a cargo del operativo iniciado por el Ejército en Chihuahua medio año antes. Galván llegó a la base aérea militar de Chihuahua, donde se encontró con los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, aunque abarca también a Chihuahua. Juárez Ramírez era comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), ubicada a siete kilómetros del cuartel general de la guarnición militar de Ojinaga.
La instrucción de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación para combatir a los narcotraficantes. El cumplimiento quedó a la interpretación de los jefes militares, comandantes de regiones, zonas, guarniciones y unidades no sólo en Chihuahua, sino en todo el país. Lo que siguió fue la fuerza desmedida y, en el caso del Operativo Chihuahua, prohijó al llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889).
“Ese tipo de medidas son correctas para los superiores cuando se tienen resultados adecuados, pero cuando hay un error, los encargados de cumplir las órdenes quedan en una situación muy endeble, los dejan solos. Eso es lo que ha pasado con quienes ejecutaron esas órdenes, que van desde clases, oficiales y hasta comandantes de unidades operativas.
“Cuando algún jefe preguntaba qué iba a pasar si ocurriera algún error y quién respaldaría a los implicados, la respuesta era simple: ‘Platique con su comandante’”, refiere el litigante, quien sirvió al Ejército entre 2000 y 2009.

Los citatorios

Egresado de la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado en la Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tadeo Solano pretende también la presentación ante la justicia civil del general de división Marco Antonio González Barreda, quien al momento de los hechos era comandante de la XI Región Militar.
El divisionario concluyó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército. Hoy es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, designado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena.
El abogado busca además la declaración judicial del entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Demetrio Gaytán Ochoa, quien después de los sucesos en Chihuahua fue designado subsecretario de la Sedena. El año pasado encabezó una de las más fuertes disputas en la secretaría para suceder a Galván. Ahora es el director del Banco del Ejército (Banjército), también por decisión del general secretario.
El litigante también citó al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien en 2008 era comandante de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del Operativo Chihuahua. De acuerdo con la defensa, ambos estuvieron en la reunión con Galván, lo mismo que los comandantes de las zonas militares Sexta, con sede en Saltillo, Coahuila, y 42, con base en Parral, Chihuahua.
El actual comandante de la Quinta Zona Militar es el general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa –hermano del director del Banjército– quien se niega a una inspección judicial de esas instalaciones solicitada por el abogado y autorizada por los juzgados Segundo y Décimo de Distrito Civil en Chihuahua. Según el comandante, el ingreso sólo puede ser autorizado por el titular de la Sedena.
Tadeo Solano, quien litiga el caso entre la Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua, asegura que la defensa ha recibido amenazas de muerte por parte de “personal de la Quinta Zona Militar”. Ello lo motivó a enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabiliza al general secretario y a la PGJM de cualquier acto en su contra.
En el documento se queja también de la procuraduría militar porque, expone, se ha negado a presentar durante el juicio a los elementos de la Policía Judicial Militar (PJM) que participaron en la captura de los militares y están acusados de tortura para involucrar a jefes que participaban en el Operativo Chihuahua. La PGJM asegura que no los puede presentar por seguridad personal.
En entrevista, el abogado asegura que sin ser parte en los juicios, el agente del Ministerio Público de la Quinta Zona Militar y personal del Juzgado de la III Región Militar, en Mazatlán, solicitan informes a los juzgados Segundo y Décimo de Distrito con sede en Chihuahua.
Ambos juzgados radicaron las causas penales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios respecto al fuero militar y estableció que el caso Ojinaga debía pasar a la jurisdicción civil. Y aun cuando desde septiembre y octubre de 2012 fijó los criterios para limitar el fuero militar, fue en enero pasado cuando se resolvió en definitiva el conflicto competencial a favor de los juzgados civiles, por lo que durante más de tres años la instrucción estuvo a cargo de la justicia castrense.

El encuentro de 2008

Entre los asistentes a la reunión con Galván en la base aérea de Chihuahua estuvo el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, donde, según las acusaciones en la causa penal 49/2012 que se instruye en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, ocurrieron las muertes de por lo menos un civil y adonde fueron llevados tres presuntos delincuentes antes de ser torturados, asesinados y calcinados en poblados aledaños a Ojinaga, entre junio y agosto de 2008. Los desaparecidos son José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos.
Moreno Aviña es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar. Apenas el 27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente. Esa irregularidad no fue tomada en cuenta por el juez militar Gonzalo Corona González, quien inicialmente conoció la causa antes de que declinara a favor de la justicia civil.
Moreno Aviña asegura además que fue declarado antes de que existiera una petición oficial del Ministerio Público militar adscrito a la comandancia de Ojinaga. La justicia militar falseó documentos, asegura, para ocultar esa arbitrariedad, también cuestiona los peritajes de la PGJM sobre los supuestos restos óseos de los desaparecidos y que la procuraduría militar no ha querido aportar como prueba.
El mismo día de la detención del general Moreno Aviña, el 19 de agosto de 2009, ocurrió la del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y la de otros oficiales y soldados. El operativo estuvo a cargo del entonces coronel y ahora general brigadier David Eduardo Velarde Sigüenza, director de la PJM.
También participó el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, como investigador de la PJM. Todos los detenidos, excepto uno, alegan haber sido torturados para incriminarse.
En el caso del teniente coronel Juárez Ramírez, quien tiene diferentes cursos de instrucción en México, Chile y Estados Unidos, efectivos de la PJM llegaron al cuartel donde se alojaba en la CINE.
Según el parte oficial, en un cajón del buró de Juárez Ramírez le encontraron dosis de cocaína y mariguana que, alega el acusado, eran utilizadas para el adiestramiento del personal bajo su cargo por órdenes del general Moreno Aviña. Los policías militares lo acusaron de flagrancia en el delito de posesión de enervantes con fines de comercio.
Lo interrogaron hasta las 11 de la noche del siguiente día. Por la mañana lo llevaron en un avión del Ejército a la prisión militar de la III Región, en Mazatlán, donde está preso desde entonces.
Los militares detenidos fueron entregados al mayor Rivera Medeles, quien asentó en el acta ministerial haber interrogado al teniente coronel sobre una caja de madera escondida fuera de la CINE y cerca de la mina La Perla, rumbo a la ciudad de Camargo. Según el mayor, la caja contenía armas de fuego, dinero nacional y extranjero, cartuchos de diferentes calibres y joyas de oro, y dio con ella por las declaraciones del sargento conductor hojalatero Andrés Becerra Vargas, uno de los señalados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”.
El ministerial dijo que el teniente coronel respondió que las armas eran de las que se aseguraban a los civiles y no se ponían a disposición de las autoridades porque las utilizaba para sembrarlas a otros civiles que se detenían y a los que no se les encontraba nada. En la versión asentada por el Ministerio Público militar Juárez Ramírez señaló que el general Moreno Aviña le daba dinero, también asegurado a civiles, para gastos de operaciones militares y que el comandante de la Guarnición era quien en complicidad con dos civiles ordenaba la ejecución de otros civiles.
En sus primeras declaraciones ministeriales el sargento Becerra Vargas y el mayor Alejandro Rodas Cobón, señalado como uno de los jefes del “pelotón de la muerte”, acusaron a Juárez Ramírez de quedarse con droga y dinero y de estar relacionado con el asesinato de varias personas, entre ellas un policía municipal y una empleada de la PGR.
No fueron los únicos que declararon contra el comandante de la Guarnición y el de la CINE. También lo hicieron los demás integrantes del “pelotón de la muerte” y otros efectivos de la Guarnición. Pero en sus declaraciones ante el juez casi todos, a excepción de Becerra Vargas, alegaron que fueron presionados y torturados por la Policía Militar para declarar contra el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez.
El juez castrense de las causas penales abiertas contra los elementos de la Tercera CINE, el general Corona, desechó las acusaciones de tortura y dio como válidas sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público militar.
Uno de los principales inculpados, Rodas Cobón, asegura que fue torturado por la justicia militar para inculparse del homicidio de Rojas Lemus y Samaniego Rey, y responsabilizar al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez. El 16 de abril pasado, en un testimonio que dio a petición de Moreno Aviña, Rodas Cobón identificó a quienes, alega, lo torturaron.
Después de su traslado a la Ciudad de México desde Ensenada, Baja California, el 26 de agosto de 2009 fue llevado a Ojinaga, donde fue entregado al mayor Rivera Medeles en una cabaña dentro de las instalaciones militares: “Me ordenó… que me sentara. Al sentarme, el capitán Héctor Raúl Salgado Urióstegui me propinó bofetadas, y al quererme levantar fui sujetado por ambos brazos por el mayor Rivera Medeles y el capitán Román Rodríguez…
“Dime ya de muertos y ejecutados ordenados por el general Moreno Aviña, no te hagas pendejo… Nosotros como agentes de la Policía Federal Militar estamos protegidos y recibimos órdenes directas del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y mientras él esté en el poder no nos van a hacer nada, así se quejen ante quien se quejen…
“Me dijeron que me dejarían descansar 20 minutos para que descansara e inculpara al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez”, tal y como aparece en su primera declaración ministerial firmada 18 días después de su detención en Baja California, periodo en el que, según su dicho, no lo dejaron bañarse ni cambiarse de ropa.
Aunque ahora nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón. Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna, quienes estaban en prisión desde el año pasado acusados por el gobierno de Calderón de fomento al narcotráfico.
En abril pasado la justicia federal liberó al general de división en retiro y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR se desistiera de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Calderón de proteger desde los más altos niveles del Ejército al Cártel de los Beltrán Leyva.

Calderón quiso implicar a AMLO con el narco

En el ocaso del sexenio pasado al menos uno de los mandos militares falsamente señalados de tener vínculos con el crimen organizado –y que ya está libre– fue presionado para inculpar a Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte. Un Ministerio Público federal lo “invitó” a que dijera que ambos estaban implicados con los cárteles de la droga. Querían manchar a la oposición a como diera lugar. El militar se negó, pese a que lo amenazaron con que perdería a su familia.

Durante las campañas electorales del año pasado el entonces presidente Felipe Calderón –en la debacle de su gobierno– quiso que la Procuraduría General de la República (PGR) inventara cargos de narcotráfico y crimen organizado contra el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, su contendiente en la elecciones de 2006 y quien competía también en 2012.
Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara.
Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.
También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo “apoyarían” en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con “la pérdida” de su familia.
Hernández Soto se negó, y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.

Acabar con López Obrador

Todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel importante en la consignación de los seis militares. A él se le acusaba de trabajar –a partir de septiembre de 2006– con la delincuencia organizada.
“Decidió integrarse al cártel de los Beltrán Leyva”, afirmaba la PGR en la causa penal 44/2012, que llegó a su fin el viernes 5 a la 1:40 de la madrugada, con el reconocimiento de la PGR de no haber acreditado ninguna de las acusaciones en su contra.
Fue trasladado del Centro Federal de Arraigo a la SIEDO en la Ciudad de México, donde fue entregado a un agente del Ministerio Público (MP) federal. El propósito era ofrecerle un trato, de acuerdo con información corroborada por diversas fuentes. Le propusieron que ayudara a la PGR a fabricar algunos expedientes contra la oposición a cambio de integrarlo al programa de testigos protegidos, al mismo nivel que Roberto López Nájera, conocido como Jennifer: el testigo que con declaraciones falsas había provocado su detención.
El agente del MP quería que acusara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de tener vínculos con el narcotráfico. Le dijeron que le hacían ese ofrecimiento sólo porque era policía federal, ya que cuando fue detenido –el 18 de mayo de 2012– estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales. El teniente coronel se negó.
Entonces comenzaron las amenazas. Se le advirtió que si no cooperaba iba a “perder” familia, trabajo y libertad.
Le volvieron a ofrecer “ayuda”: Si aceptaba ser testigo protegido tendría muchos beneficios. A cambio, Hernández Soto sólo debía ayudar a la PGR a incriminar a políticos de oposición. Ahora le ampliaron la exigencia: debía lanzarse contra integrantes del PRD, comenzando con López Obrador. Volvió a negarse.
Después de fracasar en el intento lo regresaron al Centro de Arraigo. El 1 de agosto los seis militares fueron trasladados al penal federal de El Altiplano, donde les dieron “la bienvenida”.

Tortuoso proceso

Una implacable lluvia y un enjambre de paraguas afuera del penal de máxima seguridad fueron el escenario del fin de una pesadilla que duró 13 meses y medio. A la 1:40 de la madrugada del viernes 5 salieron libres cuatro militares implicados en el caso. Sus nombres protagonizaron el mayor escándalo de supuesta penetración del narcotráfico en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tomás Ángeles Dauahare ya había sido liberado en abril pasado y el mayor Reyna aún espera terminar un proceso por un delito menor en Querétaro, a donde será trasladado en los próximos días.
Vestidos con pants azul marino deslavado y visiblemente afectados, Escorcia, Dawe, Pérez y Hernández Soto pasaron la aduana de tres rejas con filosas serpentinas, y dieron los pasos que dividen la vida de un preso y un hombre libre.
El lunes 1 se dictó el cierre de instrucción de la causa penal. La defensa y la parte acusadora –la PGR– debían presentar sus conclusiones. El miércoles 3 la Procuraduría envió el oficio de correspondencia interna 8897, en el que presentaba conclusiones “no acusatorias” contra los cinco militares que permanecían en prisión. Es decir, la PGR admitía que nunca pudo comprobar ni una sola de las imputaciones hechas en el sexenio pasado contra los militares. El juez ordenó sobreseer la causa penal y se decretó la absoluta e inmediata libertad de los acusados.
Desde el inicio del caso Proceso pudo documentar las diferentes presiones que la PGR ejerció para crear un caso falso. Primero fueron las amenazas al mayor Reyna, quien se encontraba recluido en un penal de Querétaro, para que declarara contra Dauahare, Escorcia y cinco militares más, entre ellos Moisés García Ochoa, quien era un fuerte aspirante a encabezar la Sedena (Proceso 1860).
Luego se ofrecieron canonjías y se amenazó al narcotraficante Édgar Valdés Villarreal La Barbie para que hiciera imputaciones contra los seis militares detenidos. Valdez Villarreal se negó porque dijo que ni siquiera los conocía (Proceso 1881).
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal, el 26 de septiembre de 2012, al juez Raúl Valerio Ramírez, que llevaba la causa penal.
Luego de presentar un pliego de consignación con 195 “elementos de prueba” basados en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, la PGR obtuvo del juez Valerio Ramírez los autos de formal prisión y los militares fueron encarcelados.
Al final ni uno de esos elementos probó la supuesta complicidad de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva. Durante los ocho meses que duró el proceso, la PGR –encabezada por Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán– no desahogó ni siquiera 20% de los 195 elementos de prueba y siempre puso obstáculos para que jamás se realizara el careo que los militares acusados exigían mantener con Jennifer y Mateo (Sergio Villarreal Barragán), los dos principales testigos de cargo.

Trato degradante

Cuando el exsubsecretario de la Defensa Nacional Ángeles Dauahare cruzó la puerta de ingreso a El Altiplano –que entonces estaba controlado por la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna– tenía 69 años cumplidos. El general de división Escorcia Vargas, 65; el general de brigada Dawe, 60; el general de brigada Pérez, cerca de 60; el teniente coronel Hernández, 54; y Reyna, 41 años.
En el ingreso al penal los militares fueron rapados, se les desnudó, los esposaron y pusieron de rodillas. Les azuzaron a los perros de guardia y los golpearon con puños y patadas a todos por igual, incluyendo a los de mayor edad. Había de dos a tres atacantes por militar, de acuerdo con los testimonios recibidos.
Los hechos fueron admitidos y corroborados por fuentes vinculadas a tres de los seis militares encarcelados, aunque se afirma que el trato fue el mismo para todos.
Durante varios días los encerraron en celdas de castigo herméticas, sin que mediara ninguna sanción. Incomunicados. Les arrojaban la comida en platos sin cubiertos para que comieran con las manos. En la celda de castigo no había sanitario. Entre la misma inmundicia dormían, comían y trascurrían las horas de su encierro.
“Nos desnudaron, nos golpearon y nos hicieron cosas tan terribles que es mejor ni siquiera mencionarlas”, contó uno de los militares a sus familiares. La versión fue corroborada por otros dos.
Además del maltrato físico estaba el maltrato verbal. Los humillaban e insultaban. “Aquí no son generales ni nada, aquí son aguilitas caídas”, se burlaban. “Aquí no valen nada”, les decían.
Familiares que iban a las audiencias de los militares fueron notando el cambio. Rostros desgajados, con repentina pérdida de peso. Los querían acabar, derrumbar. Gracias a que se mantuvieron unidos lograron conservar su humanidad y su decoro.
La consigna duró hasta octubre de 2012, cuando cambió la dirección del penal y fue nombrada Marissa Quintanilla. A partir de la entrada del nuevo gobierno, en diciembre pasado, el cambio de trato fue más notorio.
El jueves 4, horas antes de la liberación de los cuatro militares, una funcionaria de la SEIDO fue a El Altiplano. Les dijo que ya se iban a ir. Que les iban a liberar sus bienes. Les pidió que públicamente agradecieran a la Sedena por su liberación. Ninguno de los cuatro lo ha hecho, pero sí agradecieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El abogado Gabriel Baeza, quien defendió al mayor Iván Reyna y al teniente coronel Silvio Hernández Soto, señaló que las conclusiones no acusatorias “son un reconocimiento por parte de la PGR de que no se acreditó ningún tipo de culpabilidad. (…) La PGR sabía que iba a tener sentencias contrarias, y era menos costoso reconocer que no había delito que una sentencia absolutoria. Para evitar mayor desprestigio optaron por reconocer el mal trabajo que se hizo en la administración anterior”.
En el proceso de defensa, aseguró, la institución que puso más trabas para admitir la inocencia fue la Sedena, cuando estaba al frente Guillermo Galván Galván.
El defensor asegura que ciertas pruebas y testimonios hubieran mostrado rápidamente la inocencia. Sin embargo, explica: “Percibí en unos militares la idea de no meterse. Pensaban que las cosas se iban a resolver y que mis clientes estaban entrenados para soportar la situación. Creo que no querían intervenir y dar la documentación que ayudaría a probar su inocencia, por su propio miedo de ser involucrados con ellos. Fueron muy pocos los que se acercaron para apoyar a las familias”.
Pese a la situación adversa, pudo acreditar las presiones contra el mayor Reyna y demostrar que el caso del teniente coronel era el más endeble. No había motivo siquiera para que un juez determinara el auto de formal prisión. Jennifer lo acusaba de trabajar para la organización de los Beltrán Leyva y de ayudarles a “arreglar” el aeropuerto de Cancún, pero se negó a dar el nombre de la persona que supuestamente los presentó.
“Estamos contentos de haber obtenido profesionalmente este éxito. Todos ellos son inocentes, se hizo justicia. Yo sé que en una sentencia íbamos a tener una resolución favorable. Finalmente prevalece la justicia sobre el derecho”, señaló.
A su salida, el general Rubén Pérez dijo: “Yo estoy muy molesto, me siento agraviado, fue una villanía la que se hizo… Y bueno… qué bueno que se está haciendo justicia”.
Magaly, esposa del mayor Reyna –quien seguirá en prisión pero no por ese delito– afirmó que su marido volverá pronto a casa. Afirmó que dos de los coacusados de la extorsión por la que se le acusa ya salieron, y en unas semanas su esposo también será liberado.
“Que mi marido quede libre de esta acusación de delincuencia organizada para mí es un triunfo. Estoy igual de agradecida que como si lo hubiera visto salir de ahí”, señaló.
Entrevistado, el general Ricardo Escorcia dijo irse sin resentimientos: “La venganza no es mía, la venganza es de Dios”.
–¿Quién fue responsable de este encarcelamiento y de las invenciones de los testigos protegidos? –le preguntó Proceso.
–Realmente comenzamos por el expresidente de la República y la exprocuradora.
–¿Debe haber sanción para ellos?
–La sanción yo no la puedo decir, tiene que haber justicia. ¿Y quién imparte la justicia? Yo no, pero tiene que haber justicia.
Sobre el papel de la Defensa Nacional señaló: “La Sedena es gente que recibe órdenes, y las órdenes las dio el expresidente de la República”.

El truculento enredo del caso Heaven

Conforme avanzan las indagatorias en torno a los 12 jóvenes tepiteños desaparecidos el pasado 26 de mayo, las cosas se le complican a las autoridades capitalinas. Hoy las pistas no sólo implican a las bandas criminales enquistadas en el barrio de Tepito, sino también a los propietarios de bares y antros donde se expenden drogas. Y los presuntos implicados lejos de aclarar la situación empañan el panorama para ocultar lo evidente: la presencia de los cárteles en el corazón de la Ciudad de México.

La muerte de Dax Rodríguez Ledezma –copropietario del bar Heaven After, quien apareció calcinado junto con su novia Heydi Fabiola Rodríguez Velasco y la prima de ésta– y el silencio de los detenidos despejó las dudas sobre la presunta participación del crimen organizado en la desaparición de los 12 jóvenes de Tepito en ese antro el pasado 26 de mayo.
Los cuerpos fueron abandonados en un camino de terracería en la comunidad de Tajumulco, municipio de Huitzilac, en Morelos, zona dominada por la organización Guerreros Unidos, un remanente del Cártel de los Beltrán Leyva. Estaban con las manos atadas y presentaban huellas de tortura. Los peritos no encontraron perforaciones producidas por arma de fuego en ninguno de ellos; tampoco había ningún narcomensaje.
Inmediatamente después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó a buscarlo para pedirle su declaración sobre los hechos del 26 de mayo, Dax salió con su novia  del Distrito Federal y viajó a Acapulco. Ahí, la pareja estuvo varios días; luego se fue a Iguala a la casa de la familia de Dax.
En éste y otros municipios de la franja norte de Guerrero, se disputan el territorio los cárteles de Guerreros Unidos, con Mario Casarrubias al frente, y La Familia Michoacana-Estado de México, comandado por Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish, y José María Chávez Magaña, El Pony, así como Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez Martínez, La Tuta.
La pareja permaneció en Iguala hasta el 20 de junio. Ese día por la tarde, Dax, Heydi y su prima Diana Guadalupe Velasco Peña fueron al cine, sin percatarse de que eran vigilados por varios individuos, quienes se desplazaban en dos autos. Al salir de la función los interceptaron y se los llevaron.
La madrugada del día 22 los tres cuerpos calcinados fueron localizados cerca del ayuntamiento de Huitzilac. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos reportó el hallazgo a su par del Distrito Federal. Al día siguiente, el 23 de junio, agentes capitalinos se trasladaron a la morgue de Morelos para tomar las muestras necesarias e intercambiar información con el propósito de detectar si tenían relación con los tepiteños levantados un mes antes.
Tras cotejar las muestras recabadas con los ADN de los desaparecidos el resultado fue negativo. El 28 de junio la madre de Diana Guadalupe se presentó en la morgue morelense luego de una semana sin saber dónde estaba su hija. Ahí reconoció los cuerpos de Heydi y Diana Guadalupe.
La PGJDF cotejó el ADN de Dax con el de su hermano Mario Alberto, El ­Moshino, quien se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde el martes 2 por el presunto delito de secuestro agravado. Junto con él fueron consignados Gabriel Carrasco Ilizaliturri, El Diablo, y Andrés Estuart Hononet González, El Andresote, jefe de seguridad y empleado del bar Heaven, respectivamente. Los resultados fueron positivos en 99.98%.
En su declaración preparatoria ante el Juzgado 25 Penal, con sede en el Reclusorio Oriente, ninguno de los tres internos aportó datos concretos sobre lo sucedido en el antro el 26 de mayo último. Según Mario Alberto, copropietario del Heaven, supo del levantón a través de Ismael García Polo, El Polo, su gerente, y negó tener participación en ese evento.
No obstante, cuando se entregó a la justicia tras la captura de su esposa Brenda, quien ya fue liberada, sí aportó detalles: admitió la venta de drogas en su negocio porque el grupo La Unión –cuyo ámbito de operación está en Tepito– lo tenía amenazado; reveló también que Horacio Vite Ángel, El Chaparro, distribuía droga en su negocio.
Según El Andresote, también chofer del Moshino, el día de los hechos salió del bar a las ocho de la mañana y pasó el resto del día con su familia. Sólo El Diablo, el jefe de seguridad del Heaven, se reservó su derecho a declarar.
Sin embargo, cuando dio su testimonio ante el Ministerio Público sí inculpó abiertamente a los hermanos Dax y Mario Alberto, quienes, dijo, tenían problemas con Jerzy Ortiz Ponce, de 16 años y líder de Los Tepis, una organización dedicada al narcomenudeo y la extorsión.
Con base en las declaraciones ministeriales del Moshino, El Diablo y El Andresote, la PGJDF pudo capturar a otros tres presuntos implicados en el secuestro de los tepiteños, entre ellos a Armando Hernández Gómez, El Ostión, quien confesó que el plagio múltiple fue en represalia por el asesinato del Chaparro en el bar Black de la colonia Condesa el 24 de mayo, dos días antes de los hechos del Heaven.
De 34 años, El Ostión, uno de los principales distribuidores de droga en el barrio de Tepito, responsabilizó a Ernesto Espinosa Lobo, socio del Heaven, quien se encuentra arraigado; a Jesús Carmona, El Chucho, y a un sujeto identificado como El Javi. Los dos últimos –prófugos–, dijo, son los presuntos líderes de La Unión.
Junto con El Flaquito, El Camaleón, El Calabozo, El Leinad Chuta, El Hummer y Beto Broncas, según el detenido, El Chucho y El Javi secuestraron a los tepiteños.

Testigo clave

Al igual que el gerente del Heaven, Ismael García Polo, quien está prófugo, Dax Rodríguez era una pieza clave para la PGJDF. Ambos, según la dependencia, participaron de manera directa en la desaparición de los 12 jóvenes, la mayoría de los cuales pertenecen a Los Tepis. Ese día habían llegado al bar, del que eran asiduos, a las 8:30 horas. Iban en dos grupos.
Ese día Zoé Pedraza Aguilar, El Toñín –el testigo que rindió su declaración en el Centro de Atención a Personas Extraviadas– saludó a Dax, quien estaba con El Diablo, El Andresote y El Polo. Fue este último el encargado de introducirlos al bar. Incluso les asignó mesas en la parte alta del establecimiento de la calle Lancaster 27, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.
Una hora después El Polo alertó a su patrón vía telefónica, quien en ese momento desayunaba en un restaurante de la colonia Roma, de una disputa dentro del bar entre integrantes de La Unión Insurgentes –cuyo ámbito de operaciones comprende el corredor Roma-Condesa-Insurgentes y es protegido por Los Caballeros Templarios– y Los Tepis, liderado por Ortiz Ponce y Said Sánchez García.
Jerzy, de 16 años, es hijo de Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, quien purga una condena en el penal de máxima seguridad en Hermosillo. Hasta su detención, hace 10 años, era el principal distribuidor de droga en el barrio de Tepito y otras zonas de la Ciudad de México. Actualmente, se encuentra recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Said es hijo de Alejandro Sánchez Zamudio, El Papis, también preso por delincuencia organizada y extorsión.
Dax le ordenó al Polo entretener a los tepiteños, mientras los miembros de La Unión Insurgentes pedían refuerzos. “Los Tepis están enfiestados y los pendejos no se han dado cuenta de que los de La U están entrando y saliendo. Yo creo que esto va a valer madre”, dijo un empleado del bar.
Cuando llegaron los refuerzos de La Unión Insurgentes –Chucho Carmona, El Javis, Hummer, Calabazo, Flaquito, Camaleón, Leinad Chuta y Panqué, entre otros–, El Polo ordenó al dj apagar la música y encender las luces. “Me acaban de avisar que va a haber un operativo, tenemos 20 minutos para desalojar”, justificó.
Así, sin aparente violencia de por medio, salvo porque un testigo vio que uno de los de La U llevaba una arma, la agrupación de narcomenudistas apadrinada por Los Caballeros Templarios se llevó a Alan Omar Atiencia Barranco; Eulogio Fonseca Arreola; Guadalupe Karen Morales Vargas; Gabriela Téllez Zamudio; Montserrat Loza Fernández; Rafael Rojas Marines; Jennifer Robles González, El Toñín; Zoé Alberto Osorio Sansón, El Zoé; Luis Ramón Rodríguez Morales, El Chupón; Jerzy Ortiz Ponce; José Piedra Moreno, El Chupetes; Aarón Piedra Moreno; Gabriela Ruiz Martínez, y Said Sánchez García. De ellos, 12 no aparecen aún.
El pasado 6 de junio, un presunto miembro de La Unión Insurgentes, cuya identidad no se dio a conocer, declaró a la agencia EFE que a los 12 tepiteños “se lo quebraron”. Los ejecutores, dijo, son sicarios de Los Caballeros Templarios.
El motivo, según el confidente: vengar la muerte del narcomenudista Horacio Vite, quien trabajaba para dicho grupo en el bar Black. “Lo dejaron como a un perro en un árbol con un balazo”, dijo a la agencia española. Asimismo afirmó que Los Caballeros Templarios dominan el negocio de la droga en la Zona Rosa.
Una testigo declaró a la PGJDF que durante el desalojo los tepiteños fueron heridos con arma blanca. “Alcance a escuchar al Javi y El Chucho cuando decían que el asunto del Heaven ya había valido verga”. A varios de los desaparecidos “ya los habían picado”; a dos de ellos, incluso, comentó, se los habían llevado para “darles una lección”.
Aparte de la disputa por el corredor urbano que concentra la mayoría de los antros de la Ciudad de México, donde cientos de jóvenes suelen acudir los fines de semana a “reventarse”, un presunto desencuentro entre Jerzy Ortiz y Horacio Vite por la venta de drogas derivó en la ejecución de este último la madrugada del 24 de mayo.
Horas antes Vite sacó del bar a Ortiz. Le advirtió que era él quien controlaba la venta de drogas en ese lugar. Luego del altercado, cuatro sujetos encabezados por Bryan Enrique Torres Razo, vecino de Tepito, ingresaron al bar Black con la orden de “darle piso” a Vite.
El narcomenudista no estaba en el lugar, por lo que decidieron esperarlo en la calle. Cuando llegó, Vite entró al antro, detrás de él iban Torres Razo y sus acompañantes. Lo cercaron y lo sacaron a empellones. En el forcejo uno de los agresores hurgó en sus bolsillos. Luego le ataron las manos y se lo llevaron a la calle Mexicali, donde lo tundieron a golpes y le pegaron un tiro en la nuca con una pistola .9 mm.
Al final colocaron el cuerpo junto a una jardinera y huyeron en dos autos. La policía encontró en la bolsa del pantalón de la víctima seis bolsitas de cocaína. Horacio Vite, El Chaparro, tenía su domicilio en Tultitlán, Estado de México, una de las plazas controladas por La Familia Michoacana.

El mayor tianguis

A pesar de contar con la mayor fuerza en el territorio nacional –74 mil efectivos, sin contar las corporaciones federales y militares–, las autoridades de la Ciudad de México no pudieron impedir el asentamiento de cárteles mexicanos y colombianos en el corazón político, económico y social del país.
Desde hace poco más de dos décadas, células de los cárteles de Juárez, Los Arellano Félix, Los Valencia, del Golfo, Culiacán y de Cali tienen una activa presencia en el Distrito Federal y su zona conurbada; más recientemente, Los Zetas, Los Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios también han dejado sentir su presencia.
Esos grupos criminales han dejado sus huellas por todos lados: ejecuciones, decapitaciones, introducción de todo tipo de drogas, operaciones de lavado de dinero, ajustes de cuentas, levantones y atentados contra jefes policiacos federales y locales. Su prolongada estancia en la capital, además de la creciente violencia, ha convertido el entorno y a los 17 municipios conurbados en el tianguis de estupefacientes más grande de país.
Buena parte de la droga que entra a la capital y solía tener como destino final el mercado estadunidense, ahora se comercializa en al menos 10 mil puntos de la megaurbe; 4 mil 500 son narcotienditas. La razón: en el Distrito Federal se concentra casi 50% de la población adicta del país, alrededor de 500 mil personas según datos de la Secretaría de Salud.
Y aun cuando las autoridades capitalinas niegan su existencia, el Cártel de Tepito no ha desaparecido; sólo han cambiado su denominación y sus socios.
Surgió en los ochenta, cuando integrantes de la familia Arias –David y Víctor Arias Pérez, Narciso y Ulises Arias Solorio y Héctor y Gustavo Arias Orozco– unieron fuerzas y comenzaron a comercializar cocaína, mariguana y psicotrópicos en ese cuadrante formado por 57 calles. La venta de grapas de cocaína y mariguana se extendió luego a colonias de la delegación Gustavo A. Madero, en el norte de la Ciudad de México.
La familia Arias se alió con otro grupo de Tepito dedicado a la venta de droga a gran escala liderada por el padre de Jerzy Ortiz, Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, y Fidel Camarillo Salas, El Papirín, y Juan Carlos Rodríguez, El Colombiano. De esa fusión surgió el Cártel de Tepito.
En abril de 2001 el entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, aludió a esa organización a raíz de la detención de un operador de Los Arellano Félix, quien en esa época se alió con los principales distribuidores de ese barrio.
El gobierno capitalino puso en marcha un operativo gracias al cual logró capturar al Tanque, al Papirín y al Colombiano. El Cártel de Tepito se atomizó y surgió una docena de grupos (Proceso 1274).

Alianzas tepiteñas

Según de las investigaciones derivadas del caso Heaven, Jerzy Ortiz intentaba seguir los pasos de su padre, aun cuando él aseguró la semana antepasada al diario español El País no saber a qué se dedicaba su hijo. Señaló, sin embargo, que las autoridades capitalinas saben perfectamente bien quién controla la venta de droga en Tepito.
El caso de Jerzy no es el único. De acuerdo con datos obtenidos por Proceso, una buena parte de los jóvenes desaparecidos andaba en malos pasos. Gabriela Téllez Zamudio y Jennifer Robles González, por ejemplo, tenían nexos con una persona identificada como El Grande, a quien testigos del bar Black involucran en el crimen de Horacio Vite.
De acuerdo con la PGJDF, El Grande se dedica a la extorsión (cobro de piso) en Tepito y otras zonas de la ciudad. Sus operadores son, entre otros: los hermanos Josué y Aarón Piedra Moreno, Luis Antonio González Torres y Alán Omar Atiencia Barranco –este último fungía como dealer en el corredor Condesa-Roma-Insurgentes y está casado con Guadalupe Karen Morales Vargas–.
El 26 de mayo Aarón iba acompañado de Gabriela Ruiz Martínez; González Torres mantenía una relación sentimental con Monserrat Loza Fernández. Rafael Rojas Marines, otro de los desaparecidos, dealer de Los Tepis y familiar de El Lobo y El Quick, quienes operan el centro nocturno El Deep, ubicado en el perímetro de la delegación Gustavo A. Madero.
El barrio de Tepito está formado por 57 calles, la mayoría de ellas invadidas por más de 20 mil ambulantes, quienes contravienen la ley, pues no aportan sus cuotas a la Tesorería capitalina.
La pobreza aparente que reina en ese histórico espacio urbano colindante con el Centro Histórico es pura fachada. Muchas de las vecindades construidas después de los sismos de 1985 y viviendas semiderruidas en realidad son bodegas y están repletas de mercancía, gran parte de la cual es ilegal.
El comercio formal también opera en la ilegalidad: más de 50% de los establecimientos formales no tienen permiso para operar y tres unidades habitacionales construidas en anteriores administraciones no existen legalmente pues carecen de escrituras.
Las más de 60 organizaciones de ambulantes fijos y semifijos reconocidas por las autoridades forman parte del submundo de la ilegalidad y de los negocios turbios de Tepito, cuna de grandes deportistas, convertido ahora en semillero de sicarios que se venden al mejor postor.

Cautivos en el infierno

Con el desbordamiento de la violencia del narco en el país también se potenciaron los secuestros y los levantones. Aunque las autoridades federales automáticamente dan por muertas a las víctimas de esos delitos, las familias y organizaciones que buscan a personas desaparecidas recaban cada día más testimonios de sobrevivientes de casas de reclusión o campos de trabajo esclavo. Por eso piden que, además de los restos de los muertos, las autoridades indaguen la pista de los que pueden seguir vivos.

“Mi hermano desapareció cuando tenía 19 años. Trabajaba en el pueblo, en una carpintería, y un día unos amigos le dicen que los acompañe a llevar una troca a la sierra, llegando allá con un mueble les dicen: ‘Ustedes se van a quedar aquí a trabajar’, y les dan armas poderosas y trocas y los ponen a cuidar al pueblo. Estaban bajo las órdenes de un comandante, entre la gente, matando. Porque los ponían a matar. Pero mi hermano nunca mató.”
El testimonio es de una joven de Chihuahua. No es un relato más de los que se susurran durante las reuniones de familiares dedicados a la búsqueda de uno de los suyos –extraviados, levantados, secuestrados o desaparecidos–, de esos que dan cuenta de que no todos los desaparecidos están muertos, algunos están vivos, esclavizados; esta historia contiene datos, nombres de pueblos, descripción de criminales.
“Llegaban a las casas y así nomás apuntaban con sus armas, violaban a señoras. Los trataban muy mal, duraban 15 días sin bañarse, de comida les daban puras Maruchan, los traían robando, armados, dando vueltas por el pueblo.”
–¿Y cómo sabes eso? –se le pregunta.
–Mi hermano nos lo contaba.
–¿Cómo?
–Un día logró ir a un cerro y desde arriba le llamó por teléfono a mi papá para decir que estaba bien, pero que los trataban muy mal. Otro día apareció en casa… aprovechó que hubo una balacera… Escapó.
La joven, aunque habla en voz baja, no se ve nerviosa. Parece que tiene necesidad de contar su historia. Está en un encuentro de familias de todo el país que también buscan a uno de los suyos. Aquí supo que su caso no es aislado y acaba de prometerse que nunca dejará de buscar a ese hermano mayor que regresó del infierno y se lo describió, pero tuvo que regresar a él, por su propio pie, para salvar a su familia de ser sometida a un purgatorio, lento, cruel, salvaje, en esta vida.
“Cuando escapó, ellos llamaban a mi hermano para decirle que se regresara para que no nos mataran a nosotros. Mis papás lo mandaron a Chihuahua con un tío, pero él estaba intranquilo. Duró allá unos días, regresó a la casa, creemos que para entregarse, y de inmediato vinieron por él y se lo llevaron a la sierra. La última vez que supimos de él fue un día que habló llorando, decía que no quería estar ahí, que no aguantaba, que veía cosas, que hacían muchos delitos. Llevamos dos años sin noticias.”
El infierno que ella describe es el de una prisión sin rejas. Una cárcel a campo abierto; su hermano vivía con puros jóvenes, unos reclutados a la fuerza, otros estaban ahí por su voluntad, en una casa abandonada a las afueras del pueblo. Se turnaban para dar rondines y vigilar que no llegaran otros a balear. “Ellos eran la policía del lugar”, dice.
Esos “policías” estaban armados, patrullaban en camionetas robadas, no tenían horarios de descanso, comían lo que podían, vivían “bien locos”, estimulados por mariguana o cocaína y sus excesos con frecuencia terminaban con balazos y asesinatos entre ellos. No recibían paga y tampoco podían renunciar al trabajo, ya que sus captores conocen a sus familias.
“De aquí son muchos jóvenes que los linieros (integrantes de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez) se han llevado así. A unos los llevan a trabajar a Cuauhtémoc, Guachochi, San Juanito, Creel, La Junta, Guadalupe y Calvo, Batopilas, a diferentes lugares, o andan cerca de ahí. Unos se han escapado, pero si regresan, se los llevan.”
El acuerdo para esta entrevista es no revelar datos que puedan ayudar a ubicar a la informante, quien ya vive en otra región del país. Aunque dice que son tantos los jóvenes reclutados a la fuerza, con la misma historia, que cualquiera podría haberla narrado.
La posibilidad de que algunas personas consideradas desaparecidas estén con vida, prisioneras, trabajando como esclavas, es una certeza para muchas familias que se han dedicado a investigar el paradero de los suyos y también para organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, la Ciudad de México y Guanajuato; personal de los albergues de migrantes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y hasta el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.
La reportera ha constatado que las familias aportaron a los actuales titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación estos datos, que apuntan a la existencia de ranchos, casas de seguridad y bodegones donde los grupos del crimen organizado tienen esclavos, en su mayoría hombres en edad productiva. Muchos migrantes.
El procurador Jesús Murillo Karam pidió tiempo a las familias para crear una unidad especializada en búsqueda, que tuviera un área de inteligencia y otra de fuerza, para liberar a los prisioneros de los cárteles de la droga en operativos sin muertos. Las familias siguen esperando.
Raúl Vera está convencido de que las personas desaparecidas no son huesos: “Hay indicios muy fuertes de que estas personas pueden estar en campos de concentración, donde están haciendo trabajos forzados. Hemos sabido de gente que dice: ‘me escapé’ y que estuvieron en campos, los estaban preparando para usar armas. Por migrantes sabemos que estuvieron secuestrados en casas de seguridad”.
Según reportes de las organizaciones civiles, son forzados a trabajar en el halconeo, el sicariato, la pizca de mariguana, la extorsión, la construcción de túneles, la limpieza de las casas de seguridad y la alimentación de sus prisioneros, la esclavitud sexual o la instalación de equipos de comunicación. O a fungir como policías de regiones tomadas por el narcotráfico.
“Es muy probable que estén caminando entre nosotros, sueltos, pero vigilados porque tienen un trabajo que cumplir”, dice Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, albergue al que han llegado sobrevivientes de esa tragedia que la PGR ha calificado como “crisis humanitaria”.
En México el reporte preliminar de desaparecidos el sexenio pasado es de 27 mil personas y el registro se sigue engrosando en éste.
Juan López, abogado de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), estima que una tercera parte de esas personas forzadas a ausentarse pueden haber sido esclavizadas.
Los hallazgos de la Marina o del Ejército en las “casas de seguridad” atiborradas de prisioneros –la mayoría migrantes– confirman que el fenómeno va en aumento. Sólo el 4 de junio fueron rescatados 165 migrantes en un solo operativo.

Nadie contesta

El fenómeno de la desaparición de personas comenzó a evidenciarse a partir de 2007 en los lugares disputados entre bandas del crimen organizado y las fuerzas federales. Al poco tiempo, organizaciones de derechos humanos escucharon los primeros relatos sobre personas arrancadas de sus hogares y que luego fueron vistas con vida.
Uno de esos testimonios es el del mexicano-estadunidense José Esparza Cháirez, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien dijo a la periodista Carmen Aristegui que al buscar a sus tres hermanos desaparecidos en enero de 2009 en Cuencamé, Durango, varias personas le informaron que los habían visto trabajando como sicarios por la región, disfrazados con uniformes de la Policía Judicial.
Datos como ese eran difíciles de creer y los defensores los atribuían a la esperanza de las familias de que sus seres queridos estuvieran vivos. La hipótesis era que los cárteles mataban pronto a quien levantaban. Con el tiempo, conforme más familias comenzaron a agruparse y detectaron tipologías similares en los casos, la teoría cambió.
Blanca Martínez, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que cobija a la organización de familiares de Fundem/Fundec, creada en 2009 en Coahuila, señala: “Tardamos un rato para llegar a esta hipótesis del trabajo forzado. Fuimos muy cuidadosos de no fomentar una utopía. Sabíamos que las familias, en su dolor, tienen que aferrarse a cualquier esperanza, pero después tuvimos algunos indicios de que es posible”.
–¿Cómo cuáles?
–Las familias reciben llamadas telefónicas en fechas íntimas muy significativas, como el cumpleaños de la madre, algún aniversario. Suena el teléfono y nadie contesta del otro lado. Las madres comienzan a charlar, porque creen que son sus hijos que se están reportando aunque no hablen, porque los tienen de manera forzada, y lo hacen así para no arriesgar a la familia.
En varios casos algún familiar dice haber visto en la calle al pariente considerado desaparecido, con quien sólo puede hacer contacto visual para no ponerlo en peligro. A la par, la red nacional de albergues de migrantes ha tomado testimonios de personas fugadas de esos lugares.
“Decían que estuvieron en casas de seguridad, en el campo, en espacios poco urbanizados, junto a otras personas capturadas y sin permiso de hablar entre ellos. A diario los sacaban a trabajar. Unos duraron seis meses, otros un año, en un estado de terror porque cada semana juntaban a todos y asesinaban a uno. Pudieron escaparse cuando había un operativo de la Marina, en la confusión podían correr”, relata Alberto Xicoténcatl.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró testimonios similares en 2010, en su informe sobre el secuestro de migrantes. Sólo de 2009 a 2013, la Sedena liberó en 531 operativos a 2 mil 352 personas cautivas, 855 de ellos migrantes, según un reporte obtenido mediante la ley de transparencia. La mayoría de los municipios-prisiones donde se encontraron decenas de secuestrados están en Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán y principalmente en Tamaulipas.

Doblemente desaparecidos

El abogado Juan López dice que aunque han sabido de personas que “aparecen” en otros estados, no han podido entrevistar a ninguna: “La gente que escapa queda descompuesta, psicológicamente rota. Se sabe que aparecieron, pero no dónde están. Es tan estrujante la experiencia que alcanzan a llegar a sus casas, toman sus cosas y huyen. Se fuerzan a desaparecer y empezar su vida lejos”.
El sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo, quien sí ha tratado con los sobrevivientes de ese infierno, los describe:
“Llegan flacos, maltratados, horrorizados porque los tuvieron ‘trabajando’. No siempre pueden hablar, y si lo hacen es con terror de lo que vivieron en esos hoteles, bodegas o almacenes donde los tienen, donde veían llegar a la policía. Algunos fueron torturados, otros llegan casi con pérdida de personalidad.”
Es tal el trauma de estos hombres y mujeres que debió crear un área de salud mental para atenderlos.
Las organizaciones de derechos humanos del país registran que la mayoría de los desaparecidos en las zonas disputadas por los cárteles son hombres en edad productiva (de 19 a 35 años) y muchos de ellos hacían un trabajo especializado. Un ejemplo son los 12 técnicos dedicados al mantenimiento e instalación de antenas de telecomunicación desaparecidos, 10 de ellos en Tamaulipas y dos en Coahuila.
“Entre los que buscamos hay ingenieros, y lo piensas cuando ves que descubrieron los llamados narcotúneles con trabajo de ingeniería. También hay veterinarios, albañiles, y varios con habilidades que los hacen susceptibles de trabajar en una gran empresa como la delincuencia organizada”, dice Blanca Martínez.
Alfonso y Lucía, padre y madre del ingeniero en sistemas defeño Alejandro Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 tras pasar la caseta de Sabinas Hidalgo rumbo a Texas, comparten la hipótesis de muchas familias: “Ellos (los criminales) necesitan de todo tipo de gente para que la maquinaria funcione. Es por lógica. Necesitan médicos, enfermeras, ingenieros, obreros, albañiles, por eso se los llevan”.
La pareja descubrió que los tripulantes de otros cuatro autos desaparecieron en el mismo tramo carretero. Pero no fue sino hasta agosto de 2011, a partir de que dos policías federales fueron degollados en la zona, que el Ejército y la Policía Federal realizaron operativos en esos municipios nuevoleoneses colindantes con Tamaulipas y encontraron un campamento donde entrenaban unos 200 futuros sicarios, ranchos ocupados por zetas, 38 antenas en Escobedo y 43 repetidoras en Saltillo. Tuvieron un enfrentamiento en El Vallecillo, donde 20 “sicarios” fueron asesinados y 40 escaparon.
Mientras muestra esas noticias, Alfonso Moreno reflexiona: “Alguien tiene que estar operando las antenas que usa la delincuencia organizada, no sabemos si ahí traen a los jóvenes, obligados a trabajar, o si a mi hijo lo obligaron a ser sicario y es uno de los que la nota dice que escaparon”.
No lo dice, pero deja claro ese miedo que expresan muchas familias: “¿Y si uno de ellos es mi hijo y el Ejército dispara a matar sin darle tiempo de decir nada?”.
El 5 de junio pasado, tras varios meses de entrevistas con familiares de Fundec, el gobernador Rubén Moreira, quien ha reconocido que en su estado han desaparecido 2 mil personas, anunció que su gobierno busca también a los vivos. Contra la lógica nacional, no sólo busca restos.
Los indicios se manifiestan en todo el país. En el Distrito Federal, Carlos Cruz, director de la organización Cauce Ciudadano, que acompaña a jóvenes en riesgo, relata que en un tutelar de menores (se reserva la ubicación por seguridad) encontró un grupo de adolescentes de 15 años que fueron levantados de sus barrios en Nuevo Laredo y durante 90 días llevados de pueblo en pueblo hasta terminar en un campo de entrenamiento en armas de Los Zetas.
La defensora Malú García, de la organización chihuahuense Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dice que a partir de 2008, cuando el Ejército y la Policía Federal ocuparon Ciudad Juárez, los integrantes de la pandilla Los Aztecas, al ver mermado el narcomenudeo, se dedicaron también a la trata de mujeres. Al menos 30 de ellas han desaparecido y la organización presume que mientras sean negocio, las mantendrán vivas.
Teresa Ulloa, directora en México de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dice que en todas las regiones disputadas por narcotraficantes se registra la desaparición de jovencitas que probablemente sean usadas como esclavas sexuales de los capos o sus tropas.
Un defensor de derechos humanos, que pide no ser identificado, recrea el testimonio de un sobreviviente de la reclusión en Tamaulipas: “Dice que les daban camioneta y armas y los ponían a cobrar. Tenía que entregar una cantidad mensual de dinero y hacerle como pudiera si quería vivir. Entonces ellos extorsionaban a todos y obligaban a los de la gasolinera a llenarles el tanque. Y aunque traían camionetas y armas, no estaban libres, estaban en una cárcel abierta y tenían que pagar cuota al presidente municipal y la policía. La gente los consideraba parte de los malos. ¿Cómo iba a escapar?”.
Un defensor de Chihuahua consultado para este reportaje mencionó que han tenido noticias sobre jóvenes enganchados para trabajar en la pizca de legumbres en Sinaloa. Ahí mismo los hicieron prisioneros y los obligaron a sembrar mariguana. Pocos tienen la oportunidad de escapar en esos campos vigilados por matones armados.
Otro defensor que pide no ser identificado cita el relato de una persona que para buscar a su hijo entró disfrazado a una bodega en las afueras de una ciudad, también del norte, donde vio personas hacinadas (“a más de 200”), escuchó sus lamentos, respiró ese olor concentrado de orines, excrementos y sudores. Quedó traumado.
Un integrante de la red nacional de albergues de migrantes dice que este año tomaron la declaración a un hombre que dijo haber estado en un rancho en Tamaulipas donde tenían retenidas a personas en jaulas hechas con mallas “como de gallinero, donde los tenían día y noche, hiciera sol o lloviera, comiendo pan y agua una vez al día, hasta que sus familiares pagaran rescate”. Él escapó una noche que sus guardias estaban demasiado drogados.
Testimonios como esos son recibidos cada vez con más frecuencia por las organizaciones de derechos humanos, pero nadie se atreve a decir “yo estuve desaparecido” por miedo a los victimarios, que sí están protegidos.

¡Viva la inmundicia! ¡Viva el Pacto por México!

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