(Audio sin comerciales)jueves, diciembre 17, 2009
Columna Asimetrías (5,864). Reforma Política: Debate Falso
17 diciembre 2009
“Es obvio que la preocupación más grande de los políticos de todos los partidos es que no les “truene el cuete” a ellos, pero en vez de eliminar las causas del “tronido” las acentúan”.
Carlos Manuel Alvarez.
I
La llamada reforma política propuesta por Felipe Calderón e inspirada en gran medida en una formulada por Manlio Fabio Beltrones exhibe con elocuente nitidez cuáles son las prioridades de los personeros del poder político del Estado mexicano.
Y esas prioridades no son, ciertamente, las de salirle al paso al enorme e insoslayable peligro que para México –el Estado y sus elementos constitutivos—es, en los hechos, la inviabilidad de la forma de organización económica (o modelo) prevaleciente.
Esa inviabilidad es un verismo objetivamente discernido por la inmensa mayoría del total de mexicanos y definida precisamente por las dramáticas consecuencias antisociales –violencia económica—de dicha forma de organización de la economía.
Señálese que el desempleo –unos seis millones de mexicanos—como un vector activo de la pobreza es expresión de una brutal violencia económica desatada por el poder político del Estado en aras de un proyecto experimental fallido. Terriblemente fallido.
Cierto. En vastos segmentos de la ciudadanía persiste la percepción de que México es un cuyo o cobaya de laboratorio en un experimento del capitalismo imperial que se sustenta sobre una base de prácticas inicuas del poder económico y político.
II
Esas prácticas inicuas son lo que se ha dado en llamarse capitalismo salvaje. El experimento ha sido exitoso para sus promotores y beneficiarios –las oligarquías trasnacionales y criollas locales—pero de consecuencias desastrosas para los mexicanos.
Es posible que los promotores de ese experimento –el de establecer en México el neoliberalismo económico hasta sus últimas consecuencias—hayan previsto pero desestimado criminalmente esas consecuencias desastrosas.
El experimento mismo –que se remonta al sexenio de Miguel de la Madrid y acelerado en los de los notorios agentes del imperialismo estadunidense llamados Carlos Salinas y Ernesto Zedillo-- está en riesgo dada su evidente inviabilidad.
Así es. Está en riesgo el experimento incluso para sus propios promotores –el Consenso de Washington y el TLCAN-- pues su aliado mercenario (el poder político del Estado mexicano) muestra síntomas claros de descomposición que derivaría en su desintegración.
La descomposición del poder político es causa y efecto de una crisis severa que se manifiesta en las propuestas que don Felipe le copió a don Manlio y en otras expresiones espectaculares, como los casi 17 mil muertos en la narcoguerra, cuya causal es política.
III
Menciónese, sin desviarnos del tema, que si bien el grueso de esos miles de muertos es secuela las pugnas entre los cárteles de la droga, también es cierto que el Ejército ha cometido un cúmulo impresionante de violaciones flagrantes a los derechos humanos.
El poder político ha militarizado al país; las Fuerzas Armadas se han desgastado al extremo de que la población ya no las ve con simpatía, sino con temor. El Ejército y la Armada se han vuelto contra el pueblo, la población civil, que no las apoya ya.
Además, la pobreza ha aumentado, al igual que la inseguridad social y, no se diga, la pública. La pequeña y mediana burguesía sufren una modificación estructural de clase pues se han proletarizado al tratar de vender, inútilmente, su fuerza de trabajo.
En ese contexto, es obvio que la reforma política tiene por fines (1) crear un debate falso –distractor—y (2) reforzar el poder político para que éste rescate al experimento del capitalismo salvaje y, ergo, antisocial, móvil de desempleo y pobreza. Es una socaliña.
ffponte@gmail.com
Carlos Manuel Alvarez.
I
La llamada reforma política propuesta por Felipe Calderón e inspirada en gran medida en una formulada por Manlio Fabio Beltrones exhibe con elocuente nitidez cuáles son las prioridades de los personeros del poder político del Estado mexicano.
Y esas prioridades no son, ciertamente, las de salirle al paso al enorme e insoslayable peligro que para México –el Estado y sus elementos constitutivos—es, en los hechos, la inviabilidad de la forma de organización económica (o modelo) prevaleciente.
Esa inviabilidad es un verismo objetivamente discernido por la inmensa mayoría del total de mexicanos y definida precisamente por las dramáticas consecuencias antisociales –violencia económica—de dicha forma de organización de la economía.
Señálese que el desempleo –unos seis millones de mexicanos—como un vector activo de la pobreza es expresión de una brutal violencia económica desatada por el poder político del Estado en aras de un proyecto experimental fallido. Terriblemente fallido.
Cierto. En vastos segmentos de la ciudadanía persiste la percepción de que México es un cuyo o cobaya de laboratorio en un experimento del capitalismo imperial que se sustenta sobre una base de prácticas inicuas del poder económico y político.
II
Esas prácticas inicuas son lo que se ha dado en llamarse capitalismo salvaje. El experimento ha sido exitoso para sus promotores y beneficiarios –las oligarquías trasnacionales y criollas locales—pero de consecuencias desastrosas para los mexicanos.
Es posible que los promotores de ese experimento –el de establecer en México el neoliberalismo económico hasta sus últimas consecuencias—hayan previsto pero desestimado criminalmente esas consecuencias desastrosas.
El experimento mismo –que se remonta al sexenio de Miguel de la Madrid y acelerado en los de los notorios agentes del imperialismo estadunidense llamados Carlos Salinas y Ernesto Zedillo-- está en riesgo dada su evidente inviabilidad.
Así es. Está en riesgo el experimento incluso para sus propios promotores –el Consenso de Washington y el TLCAN-- pues su aliado mercenario (el poder político del Estado mexicano) muestra síntomas claros de descomposición que derivaría en su desintegración.
La descomposición del poder político es causa y efecto de una crisis severa que se manifiesta en las propuestas que don Felipe le copió a don Manlio y en otras expresiones espectaculares, como los casi 17 mil muertos en la narcoguerra, cuya causal es política.
III
Menciónese, sin desviarnos del tema, que si bien el grueso de esos miles de muertos es secuela las pugnas entre los cárteles de la droga, también es cierto que el Ejército ha cometido un cúmulo impresionante de violaciones flagrantes a los derechos humanos.
El poder político ha militarizado al país; las Fuerzas Armadas se han desgastado al extremo de que la población ya no las ve con simpatía, sino con temor. El Ejército y la Armada se han vuelto contra el pueblo, la población civil, que no las apoya ya.
Además, la pobreza ha aumentado, al igual que la inseguridad social y, no se diga, la pública. La pequeña y mediana burguesía sufren una modificación estructural de clase pues se han proletarizado al tratar de vender, inútilmente, su fuerza de trabajo.
En ese contexto, es obvio que la reforma política tiene por fines (1) crear un debate falso –distractor—y (2) reforzar el poder político para que éste rescate al experimento del capitalismo salvaje y, ergo, antisocial, móvil de desempleo y pobreza. Es una socaliña.
ffponte@gmail.com
Detrás de la Noticia. Reforma tun tun
17 diciembre 2009
Si algo hay que reconocerle a Calderón es que maneja sus tiempos: estiró hasta donde pudo la propuesta de Agustín Carstens para dirigir el Banco de México a fin de acortar el plazo del pataleo; ahora llegó a la rayita del límite del periodo ordinario de sesiones en el Congreso para enviar una iniciativa de reforma política que —él mismo asegura— se inscribe en una “agenda de cambios para transformar a México”.
No estoy convencido de ello. Y sigo pensando que, dada la gravedad de los acontecimientos de 2006 a la fecha, el país requiere de una reconstrucción completa. Que la casa de la nación tiene todavía los cimientos sólidos de su historia y su cultura. Pero que la corrupción y la ineficiencia de estas décadas recientes han erosionado sus estructuras y que por ello está a punto de derrumbarse. No le sirven ya los arreglos cosméticos: una pintadita por aquí, una resanadita por allá le son inútiles.
Sigo creyendo también que esta gran casa común requiere de tres grandes esfuerzos: una gran reforma del Estado, que incluya reformas políticas y electorales; una gran revolución educativa que nos permita tener acceso al futuro; y una reconfiguración a fondo del modelo económico que disminuya la brutal desigualdad y el lastre insoportable de la pobreza. Tengo la convicción de que cualquier otra cosa es necesariamente parcial y un hecho aislado; como si le diéramos un retoque a la fachada mientras nos revientan las cañerías.
De cualquier modo, sería insensato no reconocer que hay propuestas estimulantes en la iniciativa calderonista: yo por lo pronto me quedo con todo lo que tiene que ver con darle a los ciudadanos de este país reivindicaciones que se han peleado por años, como la facultad de proponer iniciativas de ley y la inauguración de la figura de candidaturas independientes. En cambio no veo por ningún lado iniciativa alguna para recuperar lo que los partidos, sus legisladores y el propio Ejecutivo nos han quitado como el IFE, la CNDH, el IFAI y otros organismos que nacieron con una supuesta representatividad ciudadana y que se han convertido en botín de los poderosos.
Lo de las reelecciones de alcaldes, diputados y senadores hasta por 12 años, más parece un gigantesco guiño a un Congreso sobre el que el Presidente ya no tiene ni mayoría ni control. Como la iniciativa no habla de fechas habría que considerar la tentación de los actuales legisladores por seguir en sus cargos hasta que la muerte los separe.
Otro riesgo ya advertido es que se trate del primer paso para la reelección a otros niveles. ¿Y por qué no los gobernadores? ¿Y por qué no el Presidente?
Calderón aseguró en su discurso que su propuesta es “un punto de inflexión en el devenir político del país”. No creo que sea pa’ tanto. Más bien me recuerda el pasito de baile aquel de mis años tepiteños. De cualquier modo no estará por demás asumirla como una tarea para las vacaciones decembrinas.
No estoy convencido de ello. Y sigo pensando que, dada la gravedad de los acontecimientos de 2006 a la fecha, el país requiere de una reconstrucción completa. Que la casa de la nación tiene todavía los cimientos sólidos de su historia y su cultura. Pero que la corrupción y la ineficiencia de estas décadas recientes han erosionado sus estructuras y que por ello está a punto de derrumbarse. No le sirven ya los arreglos cosméticos: una pintadita por aquí, una resanadita por allá le son inútiles.
Sigo creyendo también que esta gran casa común requiere de tres grandes esfuerzos: una gran reforma del Estado, que incluya reformas políticas y electorales; una gran revolución educativa que nos permita tener acceso al futuro; y una reconfiguración a fondo del modelo económico que disminuya la brutal desigualdad y el lastre insoportable de la pobreza. Tengo la convicción de que cualquier otra cosa es necesariamente parcial y un hecho aislado; como si le diéramos un retoque a la fachada mientras nos revientan las cañerías.
De cualquier modo, sería insensato no reconocer que hay propuestas estimulantes en la iniciativa calderonista: yo por lo pronto me quedo con todo lo que tiene que ver con darle a los ciudadanos de este país reivindicaciones que se han peleado por años, como la facultad de proponer iniciativas de ley y la inauguración de la figura de candidaturas independientes. En cambio no veo por ningún lado iniciativa alguna para recuperar lo que los partidos, sus legisladores y el propio Ejecutivo nos han quitado como el IFE, la CNDH, el IFAI y otros organismos que nacieron con una supuesta representatividad ciudadana y que se han convertido en botín de los poderosos.
Lo de las reelecciones de alcaldes, diputados y senadores hasta por 12 años, más parece un gigantesco guiño a un Congreso sobre el que el Presidente ya no tiene ni mayoría ni control. Como la iniciativa no habla de fechas habría que considerar la tentación de los actuales legisladores por seguir en sus cargos hasta que la muerte los separe.
Otro riesgo ya advertido es que se trate del primer paso para la reelección a otros niveles. ¿Y por qué no los gobernadores? ¿Y por qué no el Presidente?
Calderón aseguró en su discurso que su propuesta es “un punto de inflexión en el devenir político del país”. No creo que sea pa’ tanto. Más bien me recuerda el pasito de baile aquel de mis años tepiteños. De cualquier modo no estará por demás asumirla como una tarea para las vacaciones decembrinas.
Plan B. Lecciones para Calderón
17 diciembre 2009
El Estado mexicano recibió dos sentencias ejemplares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una inmensa victoria para la sociedad, porque permite abrigar la esperanza de que no todo está perdido ante el marasmo de la impunidad.
Rosendo Radilla era maestro en Guerrero, un activista que creía en la equidad y en el reparto de tierras. En 1974, en un ambiente en que la izquierda era aniquilada por el Estado, el Ejército mexicano lo secuestró, despareció su cuerpo y se dedicó a desacreditarlo para que nadie se atreviera a defenderlo.
Además de reivindicar su caso, 25 años después, la Corte también sentenció a México por tres feminicidios en Chihuahua. Las pruebas contundentes que mostraban la responsabilidad de agentes judiciales y federales precipitaron este fallo, pese a los intentos de este gobierno federal por exculpar a los responsables.
Durante décadas millones de personas hemos marchado contra la desigualdad, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, las redes de pornografía, las masacres, las violaciones de militares y los encarcelamientos injustos. Marchamos contra los abusos de poder y por nuestro deseo real de vivir en paz y en libertad. Y cada marcha lleva el sentimiento oculto de su inutilidad y el deseo expreso de que esta vez, ante la evidencia, el resultado será justo porque sólo así reivindicará el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales, el de sus familiares a saber que la batalla no fue en vano, el de la comunidad para saber que sí se puede trabajar en favor de la equidad aunque a veces cueste la vida; marchamos por el derecho a rebelarnos, a ejercer una ciudadanía comprometida con causas sociales protegidas por la Constitución.
México debe sanar sus heridas del pasado, lejano y reciente. La CIDH les recuerda a los gobernantes que no podrán coludirse impunemente con criminales, jueces y Generales, que cuando las instancias judiciales de México dejan indefensas a sus víctimas, una comunidad internacional les vigila.
Efectivamente Calderón no es responsable de estos casos en particular, pero es el jefe de un Estado que debe mostrarse capaz de reconocer y corregir errores del pasado. Si no lo hace, sus aparatos de seguridad seguirán cometiendo los mismos delitos y en el futuro será su gobierno el condenado por la comunidad internacional.
Rosendo Radilla era maestro en Guerrero, un activista que creía en la equidad y en el reparto de tierras. En 1974, en un ambiente en que la izquierda era aniquilada por el Estado, el Ejército mexicano lo secuestró, despareció su cuerpo y se dedicó a desacreditarlo para que nadie se atreviera a defenderlo.
Además de reivindicar su caso, 25 años después, la Corte también sentenció a México por tres feminicidios en Chihuahua. Las pruebas contundentes que mostraban la responsabilidad de agentes judiciales y federales precipitaron este fallo, pese a los intentos de este gobierno federal por exculpar a los responsables.
Durante décadas millones de personas hemos marchado contra la desigualdad, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, las redes de pornografía, las masacres, las violaciones de militares y los encarcelamientos injustos. Marchamos contra los abusos de poder y por nuestro deseo real de vivir en paz y en libertad. Y cada marcha lleva el sentimiento oculto de su inutilidad y el deseo expreso de que esta vez, ante la evidencia, el resultado será justo porque sólo así reivindicará el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales, el de sus familiares a saber que la batalla no fue en vano, el de la comunidad para saber que sí se puede trabajar en favor de la equidad aunque a veces cueste la vida; marchamos por el derecho a rebelarnos, a ejercer una ciudadanía comprometida con causas sociales protegidas por la Constitución.
México debe sanar sus heridas del pasado, lejano y reciente. La CIDH les recuerda a los gobernantes que no podrán coludirse impunemente con criminales, jueces y Generales, que cuando las instancias judiciales de México dejan indefensas a sus víctimas, una comunidad internacional les vigila.
Efectivamente Calderón no es responsable de estos casos en particular, pero es el jefe de un Estado que debe mostrarse capaz de reconocer y corregir errores del pasado. Si no lo hace, sus aparatos de seguridad seguirán cometiendo los mismos delitos y en el futuro será su gobierno el condenado por la comunidad internacional.
Engaños
Manuel BartlettESCUCHAR AL AUTOR AQUI.
Calderón afecto a los decálogos nos recetó “10 cambios para transformar a México” en su último Informe de Gobierno, como él mismo lo recuerda al anunciar otros 10, sin reparar que ninguno se cumplió. Esa primera propuesta de cambios, coincidió con su derrota electoral, el paso del “catarrito” al shock carstensiano y el avance de lo fallido de su estado. Sólo fue una útil aunque efímera cortina de humo.
Ahora, en ocasión del arribo a la mitad de su desastroso mandato, catalogado como el peor en el mundo frente a la crisis, la escalada del crimen, la descalificación de nuestra economía por las calificadoras internacionales, propone una nueva reforma “la más profunda en muchos años”. Nueva cortina de humo.
Sin embargo, los motivos de la reforma son ciertos: “Los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme distancia entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes”. “El eje de la reforma es que el ciudadano participe y perciba que sus órganos de representación están más atentos a sus demandas y necesidades”, que “el ciudadano sea quien premie o castigue un ejercicio irresponsable e insensible del poder”, al reelegir o eliminar, urge que “el poder se someta a la opinión de los electores”.
Ahora, para superar estos problemas, el proyecto recoge temas desechados. Algunos, como la reelección legislativa y municipal, por el peligro de entronizar cacicazgos y la perpetuación de intereses, otros, por contrariar ventajas que se reservan los partidos, empezando por el de Calderón, algunos simplemente inocuos, y destacan los aparentemente democratizadores como la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, el referéndum y la elección presidencial en dos vueltas, que de ser aprobados estarían anulados por la operación del mecanismo antidemocrático y oligárquico que no toca mínimamente el nuevo decálogo.
Los partidos son controlados por “líderes” con enormes recursos de los que no rinden cuentas y que seleccionan las candidaturas que serían, en su caso, sujetas a reelección, todo de acuerdo a sus intereses. El Congreso está igualmente controlado por “coordinadores” que someten a legisladores con recursos millonarios. No existe oposición, las cúpulas del PRI y del PAN se arreglan y las televisoras imponen los intereses de esta oligarquía a la que pertenecen, con su enorme poder manipulador. Es en este marco de poder real que habría que analizar cómo operarían estas reformas. Igual que la elección, la reelección de legisladores y alcaldes estaría en manos de estos intereses, no de los ciudadanos desinformados. Las candidaturas independientes en estas condiciones sólo prosperarían si dependieran de poderes económicos capaces de competir con la partidocracia. Las iniciativas ciudadanas entrarían a un Congreso cupularmente controlado que maneja a las comisiones, que elimina debates que pudieran esclarecer los problemas, que decide entre unos cuantos qué pasa y qué no.
La reforma real requiere del control de los recursos que manejan los dirigentes de los partidos y los coordinadores en el Congreso e inevitablemente el control efectivo de las televisoras para evitar que manipulen al electorado. De otra manera, independientemente de la validez de las reformas propuestas, los problemas reales que apunta Calderón no se resuelven, los ciudadanos seguirán sin ser tomados en cuenta, el elector no tendría una participación real, salvo su voto desinformado, el poder no se someterá a la opinión de los electores. El decálogo de Calderón es otro engaño.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
LO QUE QUIEREN LOS POLÍTICOS
Por: Francisco RodríguezDESDE QUE DON JOSÉ López Portillo instrumentó la gran Reforma Política de 1978, cada inquilino de la casa presidencial ha emitido la propia. Se ha llegado al exceso, incluso, de calificar a la de turno como “definitiva”, cual lo hizo Ernesto Zedillo en su momento. Ya vimos que no fue así.
Para trascender, Felipe Calderón no se podía quedar atrás de sus antecesores. Ayer presentó a los medios –antes que a los legisladores— su propuesta.
La iniciativa, empero, no es de él. Fue originalmente lanzada a la palestra por el líder de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, y después “adoptada” por el ocupante del palacete de los Covián, Fernando Gómez Mont.
Originalmente, Beltrones hizo ocho proposiciones:
“1. Ratificación de los integrantes del gabinete por parte del Senado. Asegurar que al frente de las instituciones se encuentren los mexicanos más aptos y honestos, no solamente los más cercanos y leales. (No lo contempla la iniciativa de Calderón).
“2. Reducción del tamaño de las Cámaras legislativas, sin lista nacional en el Senado y 100 diputados de representación proporcional menos. (Con sus asegunes, la retoma FCH).
“3. Reelección inmediata de legisladores y munícipes, para hacer políticos de carrera y acercar a los representantes a sus electores. (La presenta Calderón)
“4. Reorganización del Gobierno Federal, para reducir el dispendio, evitar duplicidades y que el gobierno funcione mejor y cueste menos. (Ni por asomo es contemplada en el paquete del ocupante de Los Pinos)
“5. Referéndum en reformas constitucionales de trascendencia, para integrar la participación ciudadana en los asuntos nacionales. (Tampoco se contempla).
“6. Revocación de mandato, lo suficientemente acotado para evitar el uso abusivo de este instrumento ciudadano y se devuelva a la gente la capacidad de exigir cuentas y responsabilidades a los gobernantes. (¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! No le toquen ese vals al licenciado Calderón).
“7. Rendición de cuentas, es necesario que sea la Auditoría Superior de la Federación, con más facultades, la única instancia responsable de combatir la impunidad, negligencia y corrupción gubernamentales. (Una contradicción de Beltrones, pues con sus senadores se negó a desaparecer la onerosa e inútil Secretaría de la Función Pública, cuyas funciones debieran ser de la ASF).
“8. Regulación económica moderna, con autonomía funcional y operativa de Cofetel, Cofeco y Cofemer, para recuperar la capacidad rectora del Estado. (Quizá para la próxima Reforma Política, allá por el 2015… si es que esto funciona todavía igual).
En su propuesta, en cambio, Calderón incluye la adopción de la segunda vuelta electoral, para evitar que se repita la incredulidad que todavía anima a más de la mitad de los mexicanos sobre la legitimidad de su ascenso a la silla presidencial, lo que él mismo calificó en algún momento con el ya célebre “haiga sido como haiga sido”.
Plausible, asimismo, que se presente como iniciativa aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro. El porcentaje necesario pasaría de 2% a 4%. También, el agregar la figura de "iniciativa ciudadana" para que las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se encuentren en la agenda legislativa. Y, finalmente, incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular.
Esa es la Reforma Política de Calderón.
Eso es lo que quieren los políticos.
No es, en definitiva, lo que quieren los contribuyentes: empleo, salarios remunerativos, seguridad pública, mejores servicios públicos.
Para eso, ¿habrá que esperar hasta el 2053?
Índice Flamígero: Ayer se soltó el rumor: Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se casarán el 23 de diciembre. Que ya hubo boda civil, en noviembre, y que se celebró en Acapulco.
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WIKIO
Fuente: Indice Político
Monopolio, competencia y regulación
Si tuviéramos un concurso para coronar la disposición constitucional más violentada y atropellada, entre las finalistas no podría faltar el artículo 28 de la Carta Magna, que a la letra señala: “…quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos…”.
Carlos Slim controla más de 80% del mercado de la telefonía fija y 70% de la telefonía móvil; Televisa, 70% de la televisión abierta; Cemex, 80% de la producción de cemento, y Grupo Modelo, 63% del mercado de cerveza. Los mercados de leche, huevo, tortilla, pan blanco y servicios financieros también son controlados por dos o tres empresas cada uno. No es por nada que nuestro país ha recibido una calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de 7 puntos) en materia de política antimonopolios por parte del Foro Económico Mundial.
En México el “neoliberalismo” ha resultado ser todo menos “liberal”, ya que, en lugar de fomentar un mercado competitivo, las reformas económicas de las últimas dos décadas han estado basadas en el fortalecimiento de grandes consorcios empresariales que controlan sus respectivos ramos de la economía.
Si Felipe Calderón realmente estuviera interesado en reactivar la economía nacional, en lugar de orquestar sus andanadas en contra de supuestos “privilegios” para los trabajadores, como en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, se preocuparía más por desarticular el control monopólico que ejerce ese puñado de conspicuos empresarios.
En tal contexto habría que celebrar la multa que, por más de 47 millones de pesos, la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso recientemente al Grupo Televisa debido a sus prácticas monopólicas. Si bien esta cantidad es apenas un rasguño para las utilidades de Televisa, también representa una señal positiva de que la autoridad no está dispuesta a hacerse de la vista gorda ante todos los casos de evidente competencia desleal que ocurren a diario en el país. El hecho de que la CFC se haya atrevido a multar a una firma con tanto poder habla igualmente bien de la congruencia de los tres comisionados que votaron a favor de la sanción: Eduardo Pérez Motta (presidente), Miguel Flores y Rodrigo Morales.
La multa fue por el intento de Televisa de eliminar de la competencia a una empresa de televisión por cable, Tele Cable Centro Occidente, negándose a proporcionarle acceso a los canales de televisión abierta de Televisa (2, 4, 5 y 9) entre 2006 y 2008. Esta práctica discriminatoria se hizo con el fin de beneficiar a Sky, controlada por Televisa, que buscaba proporcionar servicios de televisión de paga en la misma zona geográfica que Tele Cable.
Sin embargo, aunque la multa representa un hito histórico, no queda claro hasta dónde pueda tener efectos preventivos o hasta qué punto contribuya a resolver el problema de fondo de la concentración económica. Pasaron más de dos años entre la presentación de la queja y la resolución de la CFC, y todavía se espera un largo proceso judicial de impugnación. Asimismo, el reducido monto de la sanción podrá ser asimilado fácilmente por Televisa. Tal y como ha ocurrido con las minimultas impuestas por el Instituto Federal Electoral (IFE) a los medios de comunicación, la lección al final de la historia es que resulta muy barato violar la ley.
En consecuencia, como parte de la agenda para la reforma del Estado, urge dotar de mayores facultades y autonomía a la CFC. Como bien ha señalado el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su propuesta para la reforma del Estado que presentó al Senado de la República, así como la doctora Irma Eréndira Sandoval en su nuevo libro, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, Siglo XXI/IIS-UNAM, 2009, la construcción de un nuevo Estado democrático necesariamente pasa por el fortalecimiento de nuestros órganos reguladores de mercado.
En primer lugar, habría que modificar la fórmula para el cálculo de las multas máximas. Actualmente se fija un tope de 82 millones de pesos, independientemente de la gravedad de la práctica monopólica o del tamaño de la empresa sancionada. Una mejor fórmula sería que la multa máxima fuera un porcentaje de las ventas anuales de la empresa correspondiente, como ocurre en la Unión Europea y en países como Sudáfrica, Brasil o la India.
Otra reforma importante, propuesta por la propia CFC, consiste en modificar el Código Penal para permitir fincar responsabilidades penales en contra de empresarios que violen de manera flagrante la legislación. Actualmente, la redacción del Código Penal hace prácticamente imposible este tipo de sanciones, cuando en naciones como Estados Unidos e Inglaterra existen penas de cinco a 10 años de cárcel para delitos en contra de la competencia económica.
Finalmente, sería necesario transformar todos los órganos reguladores del Estado mexicano (como la CFC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la CNBV y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros), con el fin de que los órganos “desconcentrados” pasen a ser “descentralizados autónomos” que funcionen con mayor independencia respecto del titular del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos que deben regular. Una reforma de esta naturaleza también permitiría al Senado de la República intervenir de manera plena tanto en el nombramiento de los titulares de estas comisiones como en la vigilancia de su desempeño.
Afortunadamente, ya existen iniciativas que abordan estos temas y que han sido presentadas por el hasta hace poco diputado federal Alejandro Sánchez Camacho (PRD) y por los senadores Santiago Creel y Juan Bueno Torio (PAN). Sin embargo, falta pasar de los buenos propósitos a la acción si queremos salir del hoyo en que nos encontramos actualmente en materia de competencia económica.
"Pura faramalla", la reforma política de Calderón: AMLO
La redacciónMÉXICO, DF, 16 de diciembre (apro).- El político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador calificó de “pura faramalla” la reforma política presentada la víspera por el presidente Felipe Calderón, pues la propuesta, acusó, no desmonta la “estructura caciquil de poder”.
En entrevista, el autodenominado “presidente legítimo” denunció que “no hay nada serio ni se está resolviendo el problema económico, tampoco se está planeando desmontar toda esta estructura caciquil de dominio de un solo grupo”.
Luego de reunirse con simpatizantes de las delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztacalco, López Obrador aseguró que Calderón sólo busca “distraer la atención de la gente, porque no dudo que detrás del anuncio estén posibles aumentos a servicios públicos”.
Sostuvo que el proyecto para una segunda vuelta en elecciones presidenciales, reducir el número de legisladores y ampliar el mandato de alcaldes “es secundario para la mayoría de los mexicanos, quienes están preocupados por el alza de precios a gasolina, gas, energía eléctrica e impuestos, así como del IVA y los depósitos en efectivo”.
En su reciente decálogo, añadió el excandidato presidencial, Calderón omitió mencionar que se liberará al pueblo y al país, actualmente “secuestrados por una mafia del poder”.
Fuente: Proceso
Iztapalapa: Crónica de un fallo torcido
La resolución emitida el 12 de junio último por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que anuló 47 casillas y revirtió el triunfo de Clara Marina Brugada Molina a favor de Silvia Oliva Fragoso en la selección interna del candidato del PRD por sólo 771 de los 205 mil 183 votos emitidos– fue el detonante de la crisis de gobernabilidad en la delegación Iztapalapa.
Ese fallo es cuestionable en por lo menos dos aspectos: uno, los criterios que siguieron los magistrados para ejercer la facultad de atracción, y, dos, el instrumento que utilizaron para probar la “militancia” de los funcionarios de las mesas directivas de casilla.
Por principio, la resolución del caso Iztapalapa era competencia de la Sala Regional, con sede en el Distrito Federal. Sin embargo, la Sala Superior utilizó un procedimiento oficioso para ejercer su facultad de atracción (no actuó a petición de parte) con el argumento de que se trataba de un caso trascendente.
Entre sus premisas para justificar el ejercicio de la facultad de atracción, la Sala Regional expuso que “se deben acreditar, conjuntamente, las siguientes exigencias”:
1. La naturaleza intrínseca del caso ha de permitir apreciar que reviste un interés especial, reflejado en el carácter excepcional o complejo del tema, es decir, en la posible elucidación, afectación o alteración de los valores o principios tutelados por las materias de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionados con la administración o impartición de justicia en los asuntos de su competencia; y
2. El caso ha de revestir un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico relevante para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.
Asimismo, al resolver el expediente SUP-SFA-16/2009, relativo a este asunto, la autoridad precisó: … si a criterio de esta Sala Superior no se estima satisfecho el cumplimiento de ambos requisitos, la resolución que se pronuncie será en el sentido de declarar improcedente la solicitud planteada…
A juicio de tribunal, sí se cumplía el requisito de importancia, incluso enumeró tres de las motivaciones que guiaron su decisión de atraer los juicios ciudadanos:
1) porque una de las demandas planteaba que la violación a su derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional “le generó “una violación seria a su derecho de acceso a la justicia, por lo que el caso reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; es decir, en la posible afectación o alteración de los valores o principios tutelados por el tribunal, relacionados con la administración o impartición de justicia en los asuntos de su competencia;
2) porque era preciso dilucidar si el Tribunal Electoral del Distrito Federal actuó conforme a derecho o no, al “no entrar al análisis de la procedencia de una eventual nulidad de la elección, en razón de que no fue planteada por las partes, o si bien, como lo alega la actora, tenía la obligación de entrar a dicho estudio, conforme al principio de legalidad”; y
3) porque lo altamente competido de una elección en la que se emitieron 183 mil 340 votos válidos y la diferencia entre el primero y el segundo lugares fue de apenas 3 mil 938 votos…
El requisito de trascendencia se cumplía pues se estaba impugnado el 24.84% de las casillas instaladas, según el expediente. Por tanto, existía la posibilidad de que se rebasara el 20% previsto en los reglamentos del PRD como una de las causales para anular la elección.
Frente a ese escenario, el tribunal optó por “el criterio relativo a la determinancia para anular una elección interna”, según el cual “cuando la consecuencia de dicha anulación no es la reposición de todo el procedimiento democrático mediante la convocatoria a una elección extraordinaria, de conformidad con el artículo 125, inciso a), sino la designación del candidato por la Comisión Política Nacional, conforme con el artículo 30, inciso 2) (del Reglamento general de elecciones y consultas del PRD); es decir, por la cúpula del partido y no por los miembros del mismo”.
Sin embargo, los argumentos del TEPJF en el caso de Iztapalapa se derrumban frente a lo que la misma Sala Superior estableció al rechazar las solicitudes de atracción de los expedientes de las elecciones constitucionales de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
Las contradicciones
En el caso de Cuajimalpa –expediente SUP-SFA-75/2009 y acumulado–, los recurrentes (Carlos Orvañanos, candidato del PAN a jefe delegacional, y el mismo partido) solicitaron a la Sala Superior atraer el caso por la presunta violación de los topes de gastos de campaña del candidato del PRD en esa demarcación, Adrián Ruvalcaba.
Por lo tanto, pedían a los magistrados establecer el criterio para definir “en qué medida la violación a los topes de gastos de campaña puede tener un efecto determinante en el resultado de la elección como para que provoque su nulidad…”
Y argüían que, en caso de que se llegase a anular la elección por ese motivo, debería definirse la constitucionalidad de la norma que prohíbe al candidato (Adrián Ruvalcaba) y al partido que incurrieron en dicha infracción “participar en la elección extraordinaria, circunstancia que, afirmaron, afecta los valores sociales, políticos y democráticos.”
Asimismo, Orvañanos y el PAN subrayaron la trascendencia del caso pues, dijeron, entrañaba “la fijación de un criterio jurídico relevante para situaciones futuras”.
Y aun cuando estos tres elementos eran muy similares a los que la propia sala esgrimió en el caso Iztapalapa el tribunal los rechazó. Su argumento fue que para dilucidar si la exclusión de un partido político y su candidato de una elección extraordinaria es contraria a la Constitución, primero se tenía que “establecer si efectivamente existió la infracción que la responsable consideró acreditada”; es decir, si se rebasaron o no los topes de gastos de campaña.
Ese criterio era aplicable a tres de los cuatro argumentos del tribunal en el caso de Iztapalapa –dos de manera contundente y otro partir de los antecedentes del propio tribunal–. El único que resistía ese argumento es el relativo a la cerrada competencia en la elección interna del PRD.
El primero de los argumentos del tribunal, sobre la posible violación del artículo 8 constitucional, la misma sala sabe que el criterio seguido en esos casos es que si el recurrente puede demostrar que presentó la solicitud de información, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de allegarse dicha información, haciendo uso de sus facultades.
Para ilustrarlo, conviene transcribir fragmentos del expediente del mismo tribunal relativo a la elección de gobernador en Sinaloa durante 2004:
“Por lo que se refiere al argumento consistente en que el pleno del tribunal no requirió a las empresas de comunicación le informaran sobre los precios otorgados al Partido Revolucionario Institucional en los promocionales contratados, cabe decir que no le asiste la razón, pues no resulta válido trasladar la carga de la prueba a la responsable, pues el enjuiciante debió acreditar de manera fehaciente haber realizado dicha solicitud en la etapa procesal correspondiente y, de ser el caso, la negativa de dichas empresas de proporcionarle la información requerida.”
En otras palabras, en el caso de Iztapalapa el TEPJF estableció que si el “concurrente” acreditaba haber hecho la solicitud y la negativa de las empresas, el tribunal procedería a allegarse la información. Si esto es válido en el caso de particulares, con más razón lo sería en el caso de autoridades (aun si son de los partidos); y si no hubiese negativa, bastaría el acuse de recibo de la solicitud y la ausencia de respuesta.
Tan era válido este razonamiento, que en su resolución sobre el caso el tribunal estableció: “… la autoridad responsable (el TEDF) tomó en cuenta las solicitudes que se hicieron de la prueba referida, pero concluyó que carecía de relevancia la solicitud de dicho medio de prueba, de modo que sí se tomó en cuenta la falta de respuesta a los escritos de petición, pero se consideró como una irregularidad irrelevante… la conclusión a la que arribó al tribunal responsable es adecuada en atención a la naturaleza instrumental de la petición referida.”
Y, finalmente, en un intento de justificarse, el tribunal concluyó: “Con lo anterior, esta Sala Superior no avala la conducta irregular observada por los órganos internos del Partido de la Revolución Democrática que se tradujeron en que ni la actora ni el tribunal responsable hubieran podido allegarse de los listados de votantes, que son parte de la documentación que debía estar integrada con motivo de la elección, porque ese tipo de conductas resultan contrarias al sistema democrático al que dicho partido pertenece y que postula en sus documentos básicos pues, al margen de la instrumentalizada de la petición, lo ideal hubiera sido que tales constancias se remitieran e integraran al expediente de la impugnación, desde su fase intrapartidista, lo que no se cumplió”.
Es decir, recriminó al partido (el PRD) por no lograr “lo ideal”, aunque no estableció ninguna sanción, ni argumentó si se había violado algún principio constitucional, lo cual era obvio desde el inicio porque los órganos jurisdiccionales (TEDF o TEPJF) lo hubieran subsanado, como queda demostrado.
Argumentos endebles
Por lo que atañe a la dilucidación sobre la nulidad de la elección interna del PRD en Iztapalapa únicamente a petición de parte, el tribunal conocía perfectamente el texto del artículo 83 de la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal, según el cual “cuando en la sección de ejecución, por efecto de la acumulación de las resoluciones de los distintos juicios, se actualicen los supuestos de nulidad de una elección, el tribunal decretará lo conducente, aun cuando no se haya solicitado en ninguno de los juicios resueltos individualmente”.
Dicho de otra manera: el único caso en el que la autoridad electoral debió haber dilucidado sobre el asunto sin que se lo hubieran solicitado, es si se cumplía alguno de los supuestos de nulidad de una elección. Sin embargo, en esos momentos no se cumplía ninguno, pues apenas se habían anulado 34 de las 471 casillas instaladas (7.2%).
Además, la misma sala señaló en la resolución del expediente SUP-JDC-497/2009:
El agravio es infundado (porque) el citado artículo de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal no es aplicable al caso concreto, porque sólo obliga al tribunal cuando se trata de la nulidad de elecciones constitucionales en el Distrito Federal y, en el caso, la nulidad de casillas propuestas por Silvia Oliva Fragoso y Clara Marina Brugada Molina en los juicios identificados con los números TEDF-JLDC-082/2009 y TEDF-JLDC-107/2009 corresponden a una elección interna del Partido de la Revolución Democrática, la cual se rige bajo las normas contenidas en los ordenamientos intrapartidistas.
El argumento de la trascendencia –es decir, establecer los criterios para definir la determinancia de la anulación de un porcentaje de casillas superior al 20% en el resultado de la elección– es el más endeble. Para poder aplicarlo, era necesario anular primero las casillas. Lo paradójico es que ese argumento fue el que utilizó el tribunal para rechazar la atracción en los casos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa: primero, dijo, se tenían que rebasar los topes de gastos de campaña.
Resulta también discutible el criterio utilizado por el tribunal para atraer el caso Iztapalapa al anular 46 de las 47 casillas. Lo decisivo era establecer si los funcionarios de casilla que recibieron y contaron los votos eran o no militantes del partido, requisito establecido en los reglamentos internos del PRD.
Pero el TEDF utilizó el encarte que el propio partido publicó en varios periódicos para informar sobre la ubicación de las casillas y los nombres de los ciudadanos que fungirían como funcionarios de las mesas directivas de las casillas. Y así lo expuso en su resolución:
“Es así que este órgano jurisdiccional considera que al constar en el encarte los nombres de las personas que integraron las respectivas mesas directivas de casilla, dichos ciudadanos fueron autorizados por el órgano partidista interno competente, para fungir como funcionarios de casilla, previo análisis de los requisitos correspondientes, razón por la cual se parte de la premisa de que dicho órgano verificó previamente la militancia de las mismas.”
Sin embargo, el TEPJF consideró insuficiente el argumento, por lo que decidió confrontar los nombres de los funcionarios de casilla que recibieron la votación directamente con el padrón de afiliados del PRD. En 46 casillas actuaron los funcionarios señalados en el encarte; es decir, los que habían sido designados por el órgano partidista interno pero no aparecían en el padrón como militantes.
El mismo tribunal federal precisa: “Es pertinente enfatizar que la inclusión en el padrón de afiliados es sólo una de las formas de acreditar la militancia, porque existen otras que también podrían reputarse como idóneas y directas, tales como la exhibición de la credencial de militante o la constancia de afiliación debidamente sellada, por mencionar algunas; pero esas formas posibles de acreditar tal aspecto, dentro de este expediente únicamente se cuenta con el padrón de afiliados.”
A 92 de los ciudadanos que fungieron como presidentes y secretarios de casilla, designados previamente por el órgano interno del PRD, el tribunal no les dio ninguna oportunidad alternativa de acreditar su militancia. Pudo haberlo hecho, solicitando al partido, en un plazo perentorio, que presentara alguna de las otras dos constancias que el mismo tribunal reconoce.
Por lo que atañe a los funcionarios que no se encontraban en el encarte previo, era indispensable verificar su militancia mediante la confrontación con el padrón de afiliados del perredista, por dos razones: primero, porque es la única forma de hacerlo; y segundo, porque los precandidatos pueden manipular la presencia de sus simpatizantes en la fila para controlar las casillas.
Pero en el caso de los que fueron designados por el órgano interno, se debió dar por bueno el procedimiento; y ante la impugnación de una de las dos precandidatas, debió revisarse la realización de la jornada electoral, o por lo menos acreditar la militancia por una vía alternativa.
No obstante, la Sala Superior de TEPJF optó por forzar la interpretación: poner en duda la actuación del órgano interno, el único verdaderamente enjuiciado, en el que, se supone, ninguna de las dos precandidatas (Clara Brugada y Silvia Oliva Fragoso) tenían nada que ver. El resultado: una de las ellas, Brugada, fue la perjudicada, aun cuando no tuvo ninguna responsabilidad en la violación del procedimiento.
En síntesis: los argumentos del tribunal en el caso de Iztapalapa son endebles y refutables; peor aún, los magistrados tampoco imparten justicia, pues pagan justos (Clara Brugada) por pecadores (Comisión Técnica Electoral) en el supuesto de que el órgano interno haya designado como funcionarios de casilla a ciudadanos que no militan en el PRD.
Más allá de las omisiones y torpezas del tribunal federal, también cabe subrayar la errática política de alianzas del PRD que, imposibilitado para controlar a las corrientes internas, optó por impulsar la candidatura del candidato del PT, Rafael Acosta Ángeles, Juanito, quien se comprometió a delegar el cargo a Brugada si el voto le favorecía.
Sin embargo, luego de ganar los comicios del 5 de julio último, el imprevisible Juanito desconoció el compromiso y quiso quedarse con el cargo. El jueves 10, luego de varios bandazos, terminó por retirarse. Al día siguiente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombró a Clara Brugada como titular de la demarcación.
Fuente: Proceso
Peña Nieto en el Vaticano
MÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).- ¿Cuánto le costará al erario mexiquense la santificación del copete más popular del priismo? Todo parece indicar que el exceso en los gastos y el oportunismo telegénico no disminuirán en la aventura de Enrique Peña Nieto por convertirse no sólo en el precandidato priista con mayor rating, sino en el “adelantado” de Televisa para su transmisión especial Ángeles de Navidad, el próximo sábado 19, desde el Vaticano.
Peña Nieto utilizó de pretexto la donación de 2 mil 500 artesanías mexiquenses al aula Paulo VI de El Vaticano para trasladarse, al estilo de un jeque árabe, con una delegación de 11 familiares, más funcionarios, que iniciaron su visita a la Santa Sede el pasado lunes 14 y permanecerán hasta el sábado 19, día de la transmisión del programa especial de Televisa.
Tan sólo una muestra del dispendio: el gobernador mexiquense estará hospedado en el Hotel Columbus, una antigua mansión medieval, con más de 500 años de antigüedad, considerado uno de los más exclusivos de la llamada ciudad santa. El precio en la habitación más lujosa es de 890 euros, casi 18 mil pesos, según el portal cibernético del propio hotel. Por supuesto, Peña Nieto hospedará ahí a su señora madre, a su novia Angélica Rivera, a los seis hijos compartidos por ambos, a su cuñada y a sus dos hermanos.
El ostentoso gasto del mandatario del estado de México parece tener varios objetivos, más allá de la promoción turística y la actividad diplomática.
En primer lugar, servirá para reiterar su devoción y filiación hacia el Opus Dei, la corriente católica conservadora de donde más apoyos ha obtenido el Golden Boy. No en balde, Peña Nieto estudió en la Universidad Panamericana, de la Ciudad de México, perteneciente a “la obra”.
En segundo lugar, el proyecto de la boda con la actriz de Televisa, que se ha convertido en un auténtico guión de telenovela y de reality show, buscará la fotografía y la bendición del papa Benedicto XVI. No le vendría mal en momentos que los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre él y Rivera son parte de la chismografía política cotidiana de Toluca.
Y, el más importante, su relanzamiento como candidato predilecto de Televisa, gracias a la utilización del fervor católico y de las fiestas navideñas, que llevarán a la televisora a realizar una especie de teletón religioso. La compañía de Azcárraga Jean prepara una transmisión especial el sábado 19, con la conducción de su corresponsal Valentina Alazraki, quien hará enlaces desde El Vaticano con varias ciudades del país.
Como todos los televidentes y los ciudadanos mexicanos se han dado cuenta, nada en este paquete de promoción personal de los políticos en busca del 2012 es gratis. ¿Cuánto le costará al erario mexiquense la “feliz coincidencia” de Peña Nieto en El Vaticano con el programa de Televisa?
Este viaje también se realiza en un contexto de dispendio: El Congreso mexiquense autorizó un gasto de mil 500 millones de pesos para la difusión mediática del gobernador durante 2010. Según el diputado panista Jorge Inzunza, se trata del mayor incremento al presupuesto mediático de Peña Nieto.
La mayoría peñista en el Congreso mexiquense (formada por el PRI, Nueva Alianza, PVEM, Convergencia, PT y PSD) se impuso el pasado lunes 14 para aprobar este presupuesto, que tuvo una disminución global de 29 millones al monto original propuesto. El único rubro en el que los gastos continuarán viento en popa es en la promoción mediática de Peña Nieto. Con todo y la bendición del papa.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
Fuente: Proceso
PRI y PRD rechazan reforma política de Calderón
La redacciónMÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).-El PRI y el PRD rechazaron la propuesta de reforma política enviada al Congreso por el presidente Felipe Calderón, mientras que el PAN y la iniciativa privada, elogiaron la iniciativa.
El gobernador Enrique Peña Nieto se pronunció en contra de la reelección. Entrevistado en el Vaticano, donde realiza una visita oficial, el gobernador mexiquense afirmó que no es el momento para la reforma política planteada por Calderón.
La fracción del PRI en el Senado, que coordina Manlio Fabio Beltrones, criticó que la propuesta de 10 puntos de reforma política enviada por Calderón no incluya cambios para modernizar la institución presidencial, como es la ratificación de los miembros del gabinete, al tiempo que el coordinador del PAN, Gustavo Madero advirtió que un mecanismo de este tipo “caería en chantajes, cuotismo”.
A su vez, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Carlos Rojas, restó importancia a la iniciativa, ya que, a su juicio, es de mayor prioridad combatir el problema del desempleo y los impactos de la crisis económica.
“Hay de prioridades a prioridades; una fundamental es la reforma económica y hacendaria para que el país pueda recuperar su ritmo de crecimiento”, señaló.
Aunque reconoció que desconocía a fondo la propuesta, Rojas afirmó que “estarían faltando algunas propuestas sobre reformas al propio gobierno federal, que dé eficiencia y eficacia a un aparato administrativo, más delgado en sus estructuras, para que funcione bien y cueste menos”.
En sentido contrario, el presidente nacional del PAN, César Nava, respaldó la propuesta de Calderón y afirmó que su partido está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas para enriquecerla. “Es una propuesta muy ambiciosa que superó por mucho las expectativas que se habían generado”, afirmó.
En conferencia de prensa, el también diputado federal pronosticó que si se aprueba la iniciativa “cambiará la faz del Estado mexicano y el rostro de nuestra democracia”.
Dijo que se trata de una de las propuestas más ambiciosas de los últimos años y que se podría facilitar el “el tránsito del sufragio efectivo a la democracia efectiva”.
Con esta iniciativa, se trata de darle “más poder a los ciudadanos al establecer la reelección legislativa por ejemplo, se le daría a la gente la posibilidad de premiar o castigar a los buenos o malos legisladores, igualmente ocurriría con los alcaldes que podrían ser premiados con una reelección o castigados con el retiro a su casa". En el mismo sentido se pronunció la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.
La coordinadora panista en San Lázaro del PAN en la Cámara de Diputados llamó a apoyar la propuesta, ya que, a su juicio, “será la plataforma para la modernización del sistema político” mexicano.
Vázquez Mota dijo que la iniciativa representa el “empoderamiento de los ciudadanos, en el ejercicio de la política”.
Por su parte, la iniciativa privada le dio la bienvenida a la propuesta gubernamental, en particular la reelección de legisladores, la cual consideró un mecanismo de rendición de cuentas.
En tanto, el presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, advirtió que el paquete de reformas constitucionales se discutirá hasta el periodo ordinario que inicia en febrero de 2010. “Si el presidente esperó hasta el último momento para mandar su iniciativa, ahora que el presidente espere a que el Congreso sesione en febrero para entrar en materia, es una elemental actitud recíproca”, afirmó Navarrete.
Para el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, la iniciativa es un “proyecto pobre, regresivo y contrario al pluralismo” que ha sido la base de la estabilidad política de México desde los años 70.
Encinas aseguró que la iniciativa de Calderón “no es una reforma política”, ya que sus propuestas son limitadas y sólo destacan dos puntos: las candidaturas ciudadanas y la iniciativa ciudadana, las cuales, recordó, el PRD ha impulsado desde hace 20 años.
Sin embargo, agregó, que la iniciativa ciudadana no es suficiente; “Quedan pendientes el plebiscito, referéndum, revocación de mandato y la rendición de cuentas."
Encinas coincidió con el presidente de su partido, Jesús Ortega en el tema de la segunda vuelta. Aunque ambos calificaron de positiva la propuesta, consideraron que ésta inducirá al bipartidismo, ya que actualmente no hay garantías democráticas plenas en el país.
En rueda de prensa y después a través de un comunicado, Beltrones afirmó que la iniciativa da la pauta para iniciar la reforma pospuesta desde hace tres años, pero criticó que no se incluyan cambios a la institución presidencial.
“Vemos que esta iniciativa solamente abarca el aspecto del Congreso, pero no que el presidente de la República en turno también se vea sujeto a una serie de controles adicionales que, sin mermar su autoridad, ayuden a resolver el tema de la calidad de los integrantes de un gobierno que deben presentar mejores resultados a los que hasta ahora han tenido”, afirmó Beltrones.
Polemizó con el senador Gustavo Madero, del PAN, quien consideró un “chantaje” la ratificación de los miembros del gabinete. “Creo que este mecanismo no debe iniciarse con chantaje alguno para discutirlo. La ratificación de los miembros del gabinete funciona y muy bien en presidencialismos maduros”, abundó Beltrones y citó el caso de Estados Unidos.
Por su parte, el senador Pablo Gómez, del PRD, destacó como positiva la propuesta de las candidaturas independientes, pero expresó su desacuerdo con disminuir de 500 a 400 el número de diputados y de 128 a 96 el de los integrantes del Senado.
Gómez defendió también su iniciativa para incorporar la figura de la revocación de mandato del Ejecutivo federal, presentada en septiembre de 2006. “¿Cómo es posible que un gobernante malo tenga que estar ahí seis años? El juicio político no opera, la revocación de mandato que es un derecho del pueblo para quitar al gobernante tampoco existe”, argumentó.
A nombre de la fracción del PRI, el senador Pedro Joaquín Coldwell leyó un comunicado para “saludar” el envío de las iniciativas de reforma constitucional, pero destacó la “omisión” de las reformas al Poder Ejecutivo y consideró como “discutible e insuficiente” la propuesta de la segunda vuelta electoral.
Otra “omisión” destacada por Coldwell es la ausencia de mecanismos de sustitución del presidente, en caso de falta absoluta. “Tampoco vemos el planteamiento de la creación de una fiscalía autónoma que permita despolitizar la procuración de justicia y evitar la impunidad”, agregó.
Para Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la mejor manera que haya rendición de cuentas es con la reelección, “porque van a tener que reportar los legisladores qué hicieron y cuáles son los argumentos para volver a votar por ellos”.
En conferencia de prensa, el presidente de la Concamin se pronunció por reducir el número de diputados de 500 a 400. “Sería un buen inicio”, aunque lo ideal sería reducirlo a la mitad. En el mismo sentido se manifestó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), ya que la reelección de presidentes municipales permitiría detonar proyectos de infraestructura locales de largo plazo.
El presidente del organismo, Pedro Núñez Rodríguez, señaló que muchos proyectos de infraestructura rebasan el periodo de gobierno de los presidentes municipales, por lo que de aprobarse esta propuesta habría una mejor planeación, ejecución de obras y, por ende, mayor generación de empleos. (Con información de Jenaro Villamil).
Fuente: Proceso
Cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, práctica común del Cisen
Jorge Carrasco AraizagaMÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).- Con el argumento del combate a la delincuencia organizada, el gobierno de Felipe Calderón hizo de los cateos, arraigos e intervenciones telefónicas una práctica común con el aval del Poder Judicial.
En el primer año de la puesta en marcha de los juzgados especializados para este tipo de acciones, el Poder Judicial concedió al gobierno de Calderón, en promedio, 12 órdenes al día para que las fuerzas federales realizaran, sobre todo, cateos en domicilios particulares.
De acuerdo con el informe anual de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal le hizo al Poder Judicial cuatro mil 40 solicitudes en los siete juzgados especializados que empezaron a operar en enero de este año.
En su tercer informe anual, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que el Poder Judicial concedió “más del 90%” de esas solicitudes, de las cuales tres mil 457 fueron peticiones de cateos, 556 arraigos, 26 intervenciones de comunicaciones y una autorización para requerir información a compañías telefónicas.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es el encargado de hacer este tipo de solicitudes.
Los juzgados, creados como resultado de la reforma penal de 2007, operan las 24 horas los 365 días del año y tienen jurisdicción en todo el país para conceder las órdenes en cuestión de horas.
Según Ortiz Magagoitia, las órdenes concedidas por esos jueces “salvaguardan los derechos y libertades constitucionales de todos los mexicanos”.
“La tecnología permite que las peticiones se envíen electrónicamente de forma segura, reduciendo los riesgos de fuga de información”, señaló el presidente de la Corte ante el propio Calderón, quien ha centrado su gobierno en la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
Ortiz Mayagoitia indicó también que 66% de un total de 55 mil 823 de los procesos penales federales consignados durante este año tuvieron que ver con la delincuencia organizada.
En relación con los inculpados, precisó que 35% fueron por delitos contra la salud; 26%, Por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 5%, por otros de delincuencia organizada.
Además de Calderón, al informe de Ortiz Mayagoitia –quien en 2010 culminará su presidencia en el máximo tribunal del país– acudió el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tras el informe, el Poder Judicial de la Federación entró en su segundo receso vacacional del año.
Fuente: Proceso
Corte Interamericana condena a gobierno de México por guerra sucia
Gloria Leticia DíazMÉXICO, DF, 15 de diciembre (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por elementos del Ejército durante la guerra sucia encaminada al exterminio de los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Como parte de la sentencia, la CoIDH decretó que el gobierno mexicano deberá reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, por el que actualmente se juzga en tribunales castrenses violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército, para compatibilizar la jurisdicción militar a los estándares internacionales que limitan el fuero castrense.
Entre las modificaciones legislativas, el gobierno mexicano también se obliga a adoptar los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas; en específico, lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Por esa razón se tendrá que reformar el artículo 215 A del Código Penal Federal.
A ello se suma la indicación de aplicar “programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en relación con los límites de la jurisdicción militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de los hechos constitutivos de desaparición forzada de personas”.
Una vez que se conoció el contenido de la sentencia condenatoria, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Segob, difundió un comunicado en el que reconoce que el fallo del tribunal interamericano es “definitivo e inapelable”, por lo que “llevará a cabo todas las acciones necesarias” para acatarlo.
Por unanimidad, los ministros de la CoIDH declararon que México es culpable de la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, en agravio de Rosendo Radilla, así como responsable por la violación de los derechos a las garantías y a la protección judicial en contra de Radilla y su familia.
En las conclusiones, se destaca además que “el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas”.
En 18 puntos, la sentencia de la CoIDH exige al gobierno de Calderón concluir las investigaciones de la detención y desaparición de Rosendo Radilla y sancionar a los responsables, así como continuar en la búsqueda y localización del luchador social o, en su caso, de sus restos mortales.
Para reparar el daño, se indica la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en los hechos; llevar a cabo una semblanza de la vida de Rosendo Radilla; brindar atención psicológica o psiquiátrica de forma inmediata a los familiares, así como pagar 240 mil dólares por concepto de reparación de daño material y moral, así como por costas y gastos a los familiares de Radilla Pacheco y a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), organización de la que es vicepresidenta Tita Radilla Martínez.
También se señala la obligación del gobierno de Calderón de publicar, en un plazo de seis meses, parte del documento en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional; en tanto, el fallo completo deberá aparecer dos meses en la página web de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el próximo año el gobierno mexicano deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de la sentencia, la cual dará por concluida una vez que “haya dado cabal cumplimiento” al fallo.
Por su parte, la Afadem y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), representantes legales de los familiares de Radilla Pacheco, calificaron la sentencia de un “logro del movimiento de familiares y víctimas de delitos del pasado que durante décadas han luchado y dan una luz para poner fin a la impunidad en la búsqueda de sus seres queridos”.
En un comunicado, se indica que el fallo demuestra que se mantiene “la impunidad estructural y los obstáculos legales a los que las víctimas se han enfrentado históricamente, obstáculos que hoy la Corte ordenó superar”.
Fuente: Proceso
Como parte de la sentencia, la CoIDH decretó que el gobierno mexicano deberá reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, por el que actualmente se juzga en tribunales castrenses violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército, para compatibilizar la jurisdicción militar a los estándares internacionales que limitan el fuero castrense.
Entre las modificaciones legislativas, el gobierno mexicano también se obliga a adoptar los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas; en específico, lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Por esa razón se tendrá que reformar el artículo 215 A del Código Penal Federal.
A ello se suma la indicación de aplicar “programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en relación con los límites de la jurisdicción militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de los hechos constitutivos de desaparición forzada de personas”.
Una vez que se conoció el contenido de la sentencia condenatoria, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Segob, difundió un comunicado en el que reconoce que el fallo del tribunal interamericano es “definitivo e inapelable”, por lo que “llevará a cabo todas las acciones necesarias” para acatarlo.
Por unanimidad, los ministros de la CoIDH declararon que México es culpable de la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, en agravio de Rosendo Radilla, así como responsable por la violación de los derechos a las garantías y a la protección judicial en contra de Radilla y su familia.
En las conclusiones, se destaca además que “el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas”.
En 18 puntos, la sentencia de la CoIDH exige al gobierno de Calderón concluir las investigaciones de la detención y desaparición de Rosendo Radilla y sancionar a los responsables, así como continuar en la búsqueda y localización del luchador social o, en su caso, de sus restos mortales.
Para reparar el daño, se indica la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en los hechos; llevar a cabo una semblanza de la vida de Rosendo Radilla; brindar atención psicológica o psiquiátrica de forma inmediata a los familiares, así como pagar 240 mil dólares por concepto de reparación de daño material y moral, así como por costas y gastos a los familiares de Radilla Pacheco y a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), organización de la que es vicepresidenta Tita Radilla Martínez.
También se señala la obligación del gobierno de Calderón de publicar, en un plazo de seis meses, parte del documento en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional; en tanto, el fallo completo deberá aparecer dos meses en la página web de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el próximo año el gobierno mexicano deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de la sentencia, la cual dará por concluida una vez que “haya dado cabal cumplimiento” al fallo.
Por su parte, la Afadem y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), representantes legales de los familiares de Radilla Pacheco, calificaron la sentencia de un “logro del movimiento de familiares y víctimas de delitos del pasado que durante décadas han luchado y dan una luz para poner fin a la impunidad en la búsqueda de sus seres queridos”.
En un comunicado, se indica que el fallo demuestra que se mantiene “la impunidad estructural y los obstáculos legales a los que las víctimas se han enfrentado históricamente, obstáculos que hoy la Corte ordenó superar”.
Fuente: Proceso
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