Boletín 162 - Mayo 25 de 2007
Comunicaciones ONIC - ONIC 2007: 25 AÑOS DE RESISTENCIA
MÁS DE 1.500 INDÍGENAS KATÍOS EN EL CHOCÓ TEMEN SER DESALOJADOS VIOLENTAMENTE ESTE FIN DE SEMANA DE LA TOMA PACIFICA EN DOS PUNTOS EN LA PANAMERICANA
En comunicado público, las autoridades de la OREWA, ratifican su preocupación de "que el gobierno esté dilatando las decisiones tratando de quebrantar nuestra voluntad y capacidad de resistencia y exponernos a un eventual desalojo violento este fin de semana o en otro momento".
En este caso el temor latente en los dos sitios de la toma pacífica, ya que a los más de 700 indígenas Emberas Katios en el Chocó, que desde el pasado 21 de mayo mantienen la toma pacífica a la panamericana, en el lugar denominado "el dieciocho", localizado en el Municipio del Carmen de Atrato a 42 kilómetros de la capital del Chocó, se sumaron más indígenas en la vía que conduce a Pereira.
Se trata de más de 900 indígenas Emberas Katios, que desde hoy, debido a que el gobierno no ha respondido a sus requerimientos, contemplados en el acta 02 del 27 de abril, decidieron unirse a la toma pacífica en el punto denominado La UNION, cerca de Santa Cecilia, a 4 horas equidistante tanto de Quibdó como de Pereira.
Pese a que el gobierno anunció una reunión para el 29 y 30 de junio, en Quibdo con los Alcaldes del Chocó, las autoridades indígenas manifestaron en comunicado público que en ella sólo se abordará el tema de Salud, pero el tema de etnoeducación no se ha contemplado, por lo que "ante la desidia y el desgobierno nuestros pueblos han decidido continuar en Asamblea Permanente, bloqueando las carretera Quibdo Medellín y Pereira, hasta que se cumplan nuestras exigencias de manera real y seria, basado en la sentencia de la Honorable Corte Constitucional, que reconoce derechos a nuestros pueblos".
"De llegar a padecer un desalojo violento, como situación extrema, reiteramos nuevamente la responsabilidad del gobierno nacional y departamental frente a lo que le pueda suceder a 186 niños y niñas, 15 mujeres embarazadas, 30 personas enfermas, un centenar de ancianos y adultos que esperan solución a derechos viables, sustentados en normas constitucionales y legales, y para los cuales hay recursos asignados, pero hasta ahora no hay es VOLUNTAD POLITICA POR PARTE DEL GOBIERNO", así lo ratificó el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.
La toma pacífica de la carretera, se debe al incumplimiento de los acuerdos que se firmaran en el acta 002 por parte de los representantes del Gobierno Nacional y Departamental con autoridades indígenas, donde las autoridades indígenas dejaron constancia que "se mantendrían en asamblea permanente hasta que se llegue a acuerdos en los puntos que han quedado pendientes en el tema de educación, dejando como plazo 15 días", plazo que se agotó y mientras el gobierno pide PACIENCIA, los indígenas ya se les ACABO!!!.
"Urgimos en estos momentos al gobierno nacional que utilice la vía de diálogo y se abstenga de ordenar acciones represivas contra nuestras comunidades ubicadas en la carretera".
Solicitamos una vez más, a las entidades de control a que se investigue y se castigue debidamente los atropellos y delitos cometidos por el gobierno contra nuestra población, en materia educativa, de salud, territorio y derechos humanos. Y que respondan a los requerimientos de los pueblos indígenas en DERECHO. Igualmente invitamos a los medios de comunicación alternativos y masivos a visibilizar lo que está sucediendo, para que no quede registrado solamente las escenas de cómo el gobierno llega con caldos de huevo y bienestarina, respondiendo mediaticamente, pero el problema sigue latente, porque es de fondo, es de incumplimiento a derechos fundamentales y humanos", concluyó Andrade Casama.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC.
¡¡¡¡LEVANTAMIENTO INDIGENA, YA!!!! ¡¡¡¡A DESALAMBRAR!!!!
viernes, mayo 25, 2007
Declaración del III Foro Nacional en Defensa del Maíz Nativo
Rebelión
Para pensar juntos cómo enfrentar y resistir las agresiones que hace muchos años vivimos las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas y campesinas y organizaciones de la sociedad civil nos reunimos por tercera vez (del 14 al 17 de mayo de 2007) en Cenami delegados, representantes, comuneros, ejidatarios y miembros de organizaciones procedentes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Puebla, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guerrero, el Distrito Federal, Perú y Brasil, en torno a la defensa de nuestros maíces, territorios y comunidades.
Tenemos varios años de estar al pendiente de las amenazas que se ciernen sobre nuestro maíz y nuestras comunidades. Primero acordaron la liberación del maíz y frijol en el TLCAN, dejando a los campesinos mexicanos en el olvido, a expensas de las grandes transnacionales de semillas y alimentos. Después hicimos los análisis y los diagnósticos en nuestras milpas para confirmar la contaminación del maíz transgénico a algunos de nuestros maíces nativos, que el gobierno se empeñó en negar. Hemos visto también cómo desde las leyes como la Ley de Bioseguridad y la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, junto con otras iniciativas en agua, bosques, minas y medio ambiente, buscan crear un marco jurídico favorable a la agricultura comercial y a las nuevas tecnologías, olvidándonos a los pequeños productores y a nuestras formas tradicionales de hacer la milpa.
En estos días hemos visto que se viene un horizonte nuevo y más agresivo para nuestros pueblos: quieren abrir el campo mexicano a la experimentación transgénica porque así tendrían la posibilidad de introducir violentamente la tecnología Terminator y los agrobiocombustibles. Con la tecnología Terminator buscan sembrar la muerte, impidiendo que guardemos nuestras semillas y nos volvamos a reproducir; quieren que cultivemos biocombustibles para alimentar a las máquinas, aunque esto signifique que las comunidades dejemos de comer y vivir del maíz.
Estamos preocupados en las comunidades porque cada vez es más difícil entender las lunas, las aguas, los animales y el territorio como lo hacíamos antes con nuestros saberes y conocimientos tradicionales. Vemos ahora que el cambio climático lo han hecho discurso y excusa para justificar su ambición y para amenazarnos nuevamente. Las transnacionales, apoyadas por el gobierno, dicen que la única manera de solucionar el cambio climático y la crisis energética es sembrar agrobiocombustibles y transgénicos en todo el mundo. Las industrias energética, automotriz y agrícola, que son las culpables del calentamiento del planeta, quieren ahora que cultivemos agrobiocombustibles para ellos tener más ganancias a costa de nuestra alimentación, nuestra autonomía y de nuestras historias y costumbres.
Todas estas amenazas forman parte de un modelo más grande, el neoliberalismo, que sólo reconoce a los agroindustriales y cuyo objetivo es destruir la cultura del maíz. Los pueblos vivimos esto como un atentado porque atacar al maíz significa atacar a las comunidades. El maíz es la base de nuestra alimentación y de nuestras tradiciones. Los campesinos e indígenas que cultivamos el maíz le estorbamos al sistema, porque el que siembra comunitariamente consume lo que cultiva, pero ellos quieren que no seamos autosuficientes en nuestra alimentación, quieren que no sintamos el territorio y el maíz como sagrados. Quieren que olvidemos que el maíz, el territorio y la comunidad son la vida de los pueblos y que nos integremos a la cultura del dinero. Y si no lo hacemos, pretenden desaparecernos como pueblos y como campesinos.
Nos damos cuenta que los gobiernos entienden el territorio como una tabla rasa, sin diferencias, y buscan dos maneras de acabarlo: hacerlo producir por producir o no tocarlo ni vivirlo. Para los gobiernos es más útil el territorio deshabitado y por eso buscan que la gente salga de sus comunidades: porque así pueden aplicar proyectos carreteros, turísticos, programas de mejoramiento de la ganadería y de “semillas mejoradas” o transgénicas y proyectos productivos para el mercado, no para los pueblos. Luego premian a los que se van fuera con programas como el “Casa Digna al Jornalero” y engañan con miserias a los que quedan, como el “Oportunidades”. Enseñan a nuestros jóvenes en otros modos con sus programas educativos para que ya no quieran vivir en las comunidades, en el campo, para que ya no quieran sembrar y que rechacen su origen y sus costumbres; no les enseñan a responder a las inquietudes de nuestras comunidades, con nuestros conocimientos y tradiciones. A todo esto, le dicen desarrollo y progreso, pero nosotros sólo vemos miseria, migración y muertes como resultado.
Estamos claros por nuestra reflexión y nuestra experiencia que con un poquito de mazorcas resistimos y que la mejor manera de defender el maíz es sembrarlo. Hemos decidido que la autosuficiencia, el tener maíz para comer las comunidades, es más importante que el dinero, por lo que decimos nuestra palabra:
1. Reiteramos nuestro rechazo a la apertura a la experimentación transgénica, así como a la tecnología Terminator.
2. Exigimos la salida total de los transgénicos de México y por lo tanto la prohibición tajante de la tecnología Terminator en nuestro país.
3. Rechazamos enérgicamente los agrobiocombustibles en el campo mexicano por muchas razones: porque no resuelven ni el cambio climático ni la crisis energética; porque mantienen el mismo modelo que destruye la naturaleza; porque sólo sirven para beneficio de unos pocos y son una estrategia para vender más autos; porque convierten los cultivos en máquinas y a los campesinos en trabajadores asalariados; porque no responsabilizan a los verdaderos culpables del cambio climático; porque quieren impedir que sembremos para comer y así hacernos dependientes y esclavos; porque buscan que en el campo nos hagamos de ciudad y consumamos alimentos enlatados, despensas transgénicas y comida de fuera que está contaminada.
4. Reivindicamos que la producción para el autoconsumo de nuestras familias y nuestras comunidades es la mejor alternativa para la defensa de los pueblos y la construcción de nuestra autonomía.
5. Pedimos respeto a nuestros tiempos de siembra, nuestras fiestas, nuestras ceremonias y celebraciones y nuestras costumbres de cuidar y vivir con el maíz y la naturaleza.
Hemos acordado que, al interior de nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, vamos a tomar las medidas de:
1. Fortalecer la producción del maíz sólo para autoconsumo, sin vender lo que sobre porque no sabemos qué trato le van a dar los comerciantes. 2. Reforzar nuestras asambleas comunitarias y ejidales, así como a nuestras autoridades y cargos tradicionales para cuidar nuestros territorios.
3. Darles ánimos a los jóvenes para quedarse en las comunidades y ponerse al servicio de las asambleas, en vez de esperar a que los ricos vengan a darles trabajo o salgan a buscarlos en las ciudades.
4. Atender y cuidar al maíz para que esté en todas las ceremonias, en todas las familias, en todas las comunidades.
5. Promover los intercambios de semillas entre familias y comunidades.
6. Recuperar técnicas y herramientas tradicionales y agroecológicas de nuestras comunidades.
7. Dejar de usar fertilizantes, pesticidas y químicos que dañan la tierra.
8. No vender terrenos a gente de afuera y someter las ventas a acuerdos de asambleas.
El maíz sigue siendo el centro de la vida, de la inteligencia y de la sabiduría. Si seguimos haciendo nuestro cultivo como nosotros sabemos sin meternos en la otra tecnología, la práctica de la agricultura tradicional va a seguir adelante en la historia y nosotros seguiremos también adelante con la ayuda del maíz.
Mexico, DF, a 17 de mayo de 2007
Para pensar juntos cómo enfrentar y resistir las agresiones que hace muchos años vivimos las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas y campesinas y organizaciones de la sociedad civil nos reunimos por tercera vez (del 14 al 17 de mayo de 2007) en Cenami delegados, representantes, comuneros, ejidatarios y miembros de organizaciones procedentes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Puebla, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guerrero, el Distrito Federal, Perú y Brasil, en torno a la defensa de nuestros maíces, territorios y comunidades.
Tenemos varios años de estar al pendiente de las amenazas que se ciernen sobre nuestro maíz y nuestras comunidades. Primero acordaron la liberación del maíz y frijol en el TLCAN, dejando a los campesinos mexicanos en el olvido, a expensas de las grandes transnacionales de semillas y alimentos. Después hicimos los análisis y los diagnósticos en nuestras milpas para confirmar la contaminación del maíz transgénico a algunos de nuestros maíces nativos, que el gobierno se empeñó en negar. Hemos visto también cómo desde las leyes como la Ley de Bioseguridad y la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, junto con otras iniciativas en agua, bosques, minas y medio ambiente, buscan crear un marco jurídico favorable a la agricultura comercial y a las nuevas tecnologías, olvidándonos a los pequeños productores y a nuestras formas tradicionales de hacer la milpa.
En estos días hemos visto que se viene un horizonte nuevo y más agresivo para nuestros pueblos: quieren abrir el campo mexicano a la experimentación transgénica porque así tendrían la posibilidad de introducir violentamente la tecnología Terminator y los agrobiocombustibles. Con la tecnología Terminator buscan sembrar la muerte, impidiendo que guardemos nuestras semillas y nos volvamos a reproducir; quieren que cultivemos biocombustibles para alimentar a las máquinas, aunque esto signifique que las comunidades dejemos de comer y vivir del maíz.
Estamos preocupados en las comunidades porque cada vez es más difícil entender las lunas, las aguas, los animales y el territorio como lo hacíamos antes con nuestros saberes y conocimientos tradicionales. Vemos ahora que el cambio climático lo han hecho discurso y excusa para justificar su ambición y para amenazarnos nuevamente. Las transnacionales, apoyadas por el gobierno, dicen que la única manera de solucionar el cambio climático y la crisis energética es sembrar agrobiocombustibles y transgénicos en todo el mundo. Las industrias energética, automotriz y agrícola, que son las culpables del calentamiento del planeta, quieren ahora que cultivemos agrobiocombustibles para ellos tener más ganancias a costa de nuestra alimentación, nuestra autonomía y de nuestras historias y costumbres.
Todas estas amenazas forman parte de un modelo más grande, el neoliberalismo, que sólo reconoce a los agroindustriales y cuyo objetivo es destruir la cultura del maíz. Los pueblos vivimos esto como un atentado porque atacar al maíz significa atacar a las comunidades. El maíz es la base de nuestra alimentación y de nuestras tradiciones. Los campesinos e indígenas que cultivamos el maíz le estorbamos al sistema, porque el que siembra comunitariamente consume lo que cultiva, pero ellos quieren que no seamos autosuficientes en nuestra alimentación, quieren que no sintamos el territorio y el maíz como sagrados. Quieren que olvidemos que el maíz, el territorio y la comunidad son la vida de los pueblos y que nos integremos a la cultura del dinero. Y si no lo hacemos, pretenden desaparecernos como pueblos y como campesinos.
Nos damos cuenta que los gobiernos entienden el territorio como una tabla rasa, sin diferencias, y buscan dos maneras de acabarlo: hacerlo producir por producir o no tocarlo ni vivirlo. Para los gobiernos es más útil el territorio deshabitado y por eso buscan que la gente salga de sus comunidades: porque así pueden aplicar proyectos carreteros, turísticos, programas de mejoramiento de la ganadería y de “semillas mejoradas” o transgénicas y proyectos productivos para el mercado, no para los pueblos. Luego premian a los que se van fuera con programas como el “Casa Digna al Jornalero” y engañan con miserias a los que quedan, como el “Oportunidades”. Enseñan a nuestros jóvenes en otros modos con sus programas educativos para que ya no quieran vivir en las comunidades, en el campo, para que ya no quieran sembrar y que rechacen su origen y sus costumbres; no les enseñan a responder a las inquietudes de nuestras comunidades, con nuestros conocimientos y tradiciones. A todo esto, le dicen desarrollo y progreso, pero nosotros sólo vemos miseria, migración y muertes como resultado.
Estamos claros por nuestra reflexión y nuestra experiencia que con un poquito de mazorcas resistimos y que la mejor manera de defender el maíz es sembrarlo. Hemos decidido que la autosuficiencia, el tener maíz para comer las comunidades, es más importante que el dinero, por lo que decimos nuestra palabra:
1. Reiteramos nuestro rechazo a la apertura a la experimentación transgénica, así como a la tecnología Terminator.
2. Exigimos la salida total de los transgénicos de México y por lo tanto la prohibición tajante de la tecnología Terminator en nuestro país.
3. Rechazamos enérgicamente los agrobiocombustibles en el campo mexicano por muchas razones: porque no resuelven ni el cambio climático ni la crisis energética; porque mantienen el mismo modelo que destruye la naturaleza; porque sólo sirven para beneficio de unos pocos y son una estrategia para vender más autos; porque convierten los cultivos en máquinas y a los campesinos en trabajadores asalariados; porque no responsabilizan a los verdaderos culpables del cambio climático; porque quieren impedir que sembremos para comer y así hacernos dependientes y esclavos; porque buscan que en el campo nos hagamos de ciudad y consumamos alimentos enlatados, despensas transgénicas y comida de fuera que está contaminada.
4. Reivindicamos que la producción para el autoconsumo de nuestras familias y nuestras comunidades es la mejor alternativa para la defensa de los pueblos y la construcción de nuestra autonomía.
5. Pedimos respeto a nuestros tiempos de siembra, nuestras fiestas, nuestras ceremonias y celebraciones y nuestras costumbres de cuidar y vivir con el maíz y la naturaleza.
Hemos acordado que, al interior de nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, vamos a tomar las medidas de:
1. Fortalecer la producción del maíz sólo para autoconsumo, sin vender lo que sobre porque no sabemos qué trato le van a dar los comerciantes. 2. Reforzar nuestras asambleas comunitarias y ejidales, así como a nuestras autoridades y cargos tradicionales para cuidar nuestros territorios.
3. Darles ánimos a los jóvenes para quedarse en las comunidades y ponerse al servicio de las asambleas, en vez de esperar a que los ricos vengan a darles trabajo o salgan a buscarlos en las ciudades.
4. Atender y cuidar al maíz para que esté en todas las ceremonias, en todas las familias, en todas las comunidades.
5. Promover los intercambios de semillas entre familias y comunidades.
6. Recuperar técnicas y herramientas tradicionales y agroecológicas de nuestras comunidades.
7. Dejar de usar fertilizantes, pesticidas y químicos que dañan la tierra.
8. No vender terrenos a gente de afuera y someter las ventas a acuerdos de asambleas.
El maíz sigue siendo el centro de la vida, de la inteligencia y de la sabiduría. Si seguimos haciendo nuestro cultivo como nosotros sabemos sin meternos en la otra tecnología, la práctica de la agricultura tradicional va a seguir adelante en la historia y nosotros seguiremos también adelante con la ayuda del maíz.
Mexico, DF, a 17 de mayo de 2007
Peperos (del PP) corruptos y podridos
ANTES Y DESPUÉS DEL “DINERO NEGRO” DE ANTÓN COBRÓ MÁS DE 15.000 EUROS EN 2003 Y CASI 5.000 EN 2006
Factura y registro contable. (CANARIAS AHORA) Los pagos al diputado Jorge Rodríguez quedaron registrados en Grupo Europa
ALEXIS GONZÁLEZ
Los pagos que percibía el portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, del administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, para introducir a la promotora en los ayuntamientos canarios dominados por el PP, han quedado registrados en parte en las cuentas de las empresas del grupo promotor madrileño, tanto Gestión de Cooperativas Europa SAU como Gardenkit SL, en 2003 y 2006.
Figura en la abundante documentación aportada en la investigación, sobre el gran fraude de la política de vivienda protegida en municipios gobernados por el PP en Gran Canaria (Telde, Mogán, Santa Brígida, Arucas) durante el actual mandato, que durante 2003, año en que Jorge Rodríguez Pérez salió del ostracismo político tras su dimisión como concejal de Urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria, en 1999, para convertirse en diputado autonómico y portavoz del grupo de José Manuel Soria en el Parlamento de Canarias, el consultor de empresas popular percibió del promotor Antón Marín al menos 15.686,88 euros.
La relación de Jorge Alberto Rodríguez Pérez y José Manuel Antón Marín data de finales de 2001, cuando a a través del arquitecto contratado por la filial canaria de Antón, GC Europa SAU, Fernando Pons Bordes, el empresario madrileño conoció al alto cargo orgánico del PP de Gran Canaria, para que intermediara ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidido por José Manuel Soria, para solucionar ciertos problemas burocráticos surgidos en la parcela 50 de Ciudad del Campo, donde la Cooperativa Canaria de Funcionarios, dominada por Antón a través de GC Europa SAU desde agosto de 2001, promovía los residenciales Laurisilva y Villarreal, como ya ha publicado este diario.
El cobro de los 15.686,88 euros por parte de Jorge Rodríguez se contempla en el Libro Mayor de Gestión de Cooperativas Europa SAU, un año en que Antón Marín todavía no ha puesto en marcha su plan de introducirse de lleno en los ayuntamientos gobernados por el PP, que haría en 2004 primero en Telde, con éxito, y Arucas, sin cuajar como en Telde el contrato de asistencia técnica para promover viviendas de protección oficial, a las cuales imputaba un gasto ficticio al suelo gratuito municipal, y ya en 2005 en Mogán, donde también cerró el mismo acuerdo y planificó un pelotazo al igual que en Telde.
En 2003, las gestiones de Jorge Rodríguez se limitaban al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde sus concejales de Vivienda, Carmen Guerra, y del Distrito de Tamaraceite, Alejandra Fabre, participaban en la promoción publicitaria de las viviendas -en régimen de cooperativa privada- de Ciudad del Campo, tiempo en el que se recoge en el LIbro Mayor de Gc Europa SAU ese pago al que se convirtiera ese mes de junio en diputado autonómico del PP por la circunscripción de Gran Canaria.
Una factura de 4.706, 10 euros para un trabajo en Moya
Existe otro registro físico de la relación pecunaria entre Jorge Alberto Rodríguez Pérez y José Manuel Antón Marín, esta vez a través de la mercantil Gardenkit SL, que como ya publicó CANARIASAHORA en marzo pasado, cerró una venta irregular con el Ayuntamiento de Pájara y un posterior acuerdo particular con el concejal socialista de Urbanismo, Blas Acosta.
En el caso del portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Gardenkit SL, cuyo apoderado es José Manuel Antón Marín, pagó mediante una factura fechada el 5 de junio de 2006 4.706, 10 euros a Jorge Rodríguez Pérez, consultor de empresas, por unos supuestos trabajos realizados por el diputado autonómico del Partido Popular cuyo concepto, literalmente, es Estudio de antecedentes y elaboración de propuesta de Convenio Urbanístico para suelos ubicados en el municipio de Moya-Gran Canaria.
El total de la factura a Jorge Rodríguez, cobrada , según obra en la documentación, un mes después, el 4 de julio de 2006, es de 5.229 euros, de los que se detrae el 15% de IRPF (784, 35 euros) y se aplica el 5% de IGIC (261,45 euros), un pago en teoría legal, ya que desde finales de 2005, como ha publicado ya CANARIAS AHORA, Antón Marín había dejado de traer dinero negro de sus promociones de Madrid y Guadalajara, con las que pagaba los favores políticos en Telde.
El promotor madrileño empezaba a reclamar facturas tanto en Mogán como en este caso al portavoz del PP en el Parlamento, que durante esas fechas del supuesto estudio de suelos moyenses, había intercedido ya dos veces por Antón Marín ante el alcalde de Telde, Paco Valido, y la nueva consejera delegada de Urvitel, Sonsoles Martín, tras la detención de Toñi Torres el 1 de marzo de 2006.
Noticias relacionadas con el diputado del Partido Popular pueden encontrarse:
Jorge Rodríguez cobraba 6.000 euros al mes en 'dinero negro' de Grupo Europa
Jorge Rodríguez intercedió ante Valido por Grupo Europa con Torres en prisión
El portavoz del PP en el Parlamento cobró comisiones de Grupo Europa
El portavoz del PP en la Cámara llevó a GC Europa a Telde y Arucas en 2004
Jorge Rodríguez Pérez, un concejal de Urbanismo 'pillado in fraganti' en 1999
Noticias relacionadas con Grupo Europa y ayuntamientos del PP en Gran Canaria
El PP de Mogán ordenó pagar a Grupo Europa los gastos de un mitin de Rajoy
Antonio Reyes representó a Ciuca en el amaño del concurso de Grupo Europa
El gerente de Urvitel también cobró al menos 30.000 euros de Grupo Europa
El jefe de Patrimonio de Telde también cobró 30.000 euros de Grupo Europa
El pelotazo de las viviendas de Mogán superaba los dos millones de euros
El PP de Mogán cobró 95.000 euros en comisiones ilegales de Grupo Europa
El concejal del PP Luis Troya entregó el catastro de Santa Brígida a GC Europa
Una ''golosina'' de 30.000 euros con el objetivo final de dominar el Plan General
El pelotazo de Telde superaba los dos millones sólo en las 71 VPO de El Goro
El 'dinero negro' pagado por GC Europa en Telde alcanza los 240.000 euros
El pelotazo ideado por Grupo Europa y el PP consistía en imputar gastos a suelo gratuito
El jefe de Urbanismo cobró 30.000 euros para conceder dos licencias de obra a Grupo Europa
Noticias publicadas entre el 14 y el 20 de marzo de 2007 en bajo los siguientes encabezados:
Telde concedió licencias de obra en suelo no urbano a Grupo Europa
Guillermo Reyes cedió suelo inservible para las viviendas protegidas de Telde
Grupo Europa infló las facturas a Urvitel en al menos dos millones de euros
Telde reconoció una deuda de cuatro millones de euros a Grupo Europa
Casualidades de Faycan y el ''vacío de poder'' en Telde
Grupo Europa no obtuvo el 'visado' del Gobierno para sus viviendas protegidas
Factura y registro contable. (CANARIAS AHORA) Los pagos al diputado Jorge Rodríguez quedaron registrados en Grupo Europa
ALEXIS GONZÁLEZ
Los pagos que percibía el portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, del administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, para introducir a la promotora en los ayuntamientos canarios dominados por el PP, han quedado registrados en parte en las cuentas de las empresas del grupo promotor madrileño, tanto Gestión de Cooperativas Europa SAU como Gardenkit SL, en 2003 y 2006.
Figura en la abundante documentación aportada en la investigación, sobre el gran fraude de la política de vivienda protegida en municipios gobernados por el PP en Gran Canaria (Telde, Mogán, Santa Brígida, Arucas) durante el actual mandato, que durante 2003, año en que Jorge Rodríguez Pérez salió del ostracismo político tras su dimisión como concejal de Urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria, en 1999, para convertirse en diputado autonómico y portavoz del grupo de José Manuel Soria en el Parlamento de Canarias, el consultor de empresas popular percibió del promotor Antón Marín al menos 15.686,88 euros.
La relación de Jorge Alberto Rodríguez Pérez y José Manuel Antón Marín data de finales de 2001, cuando a a través del arquitecto contratado por la filial canaria de Antón, GC Europa SAU, Fernando Pons Bordes, el empresario madrileño conoció al alto cargo orgánico del PP de Gran Canaria, para que intermediara ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidido por José Manuel Soria, para solucionar ciertos problemas burocráticos surgidos en la parcela 50 de Ciudad del Campo, donde la Cooperativa Canaria de Funcionarios, dominada por Antón a través de GC Europa SAU desde agosto de 2001, promovía los residenciales Laurisilva y Villarreal, como ya ha publicado este diario.
El cobro de los 15.686,88 euros por parte de Jorge Rodríguez se contempla en el Libro Mayor de Gestión de Cooperativas Europa SAU, un año en que Antón Marín todavía no ha puesto en marcha su plan de introducirse de lleno en los ayuntamientos gobernados por el PP, que haría en 2004 primero en Telde, con éxito, y Arucas, sin cuajar como en Telde el contrato de asistencia técnica para promover viviendas de protección oficial, a las cuales imputaba un gasto ficticio al suelo gratuito municipal, y ya en 2005 en Mogán, donde también cerró el mismo acuerdo y planificó un pelotazo al igual que en Telde.
En 2003, las gestiones de Jorge Rodríguez se limitaban al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde sus concejales de Vivienda, Carmen Guerra, y del Distrito de Tamaraceite, Alejandra Fabre, participaban en la promoción publicitaria de las viviendas -en régimen de cooperativa privada- de Ciudad del Campo, tiempo en el que se recoge en el LIbro Mayor de Gc Europa SAU ese pago al que se convirtiera ese mes de junio en diputado autonómico del PP por la circunscripción de Gran Canaria.
Una factura de 4.706, 10 euros para un trabajo en Moya
Existe otro registro físico de la relación pecunaria entre Jorge Alberto Rodríguez Pérez y José Manuel Antón Marín, esta vez a través de la mercantil Gardenkit SL, que como ya publicó CANARIASAHORA en marzo pasado, cerró una venta irregular con el Ayuntamiento de Pájara y un posterior acuerdo particular con el concejal socialista de Urbanismo, Blas Acosta.
En el caso del portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Gardenkit SL, cuyo apoderado es José Manuel Antón Marín, pagó mediante una factura fechada el 5 de junio de 2006 4.706, 10 euros a Jorge Rodríguez Pérez, consultor de empresas, por unos supuestos trabajos realizados por el diputado autonómico del Partido Popular cuyo concepto, literalmente, es Estudio de antecedentes y elaboración de propuesta de Convenio Urbanístico para suelos ubicados en el municipio de Moya-Gran Canaria.
El total de la factura a Jorge Rodríguez, cobrada , según obra en la documentación, un mes después, el 4 de julio de 2006, es de 5.229 euros, de los que se detrae el 15% de IRPF (784, 35 euros) y se aplica el 5% de IGIC (261,45 euros), un pago en teoría legal, ya que desde finales de 2005, como ha publicado ya CANARIAS AHORA, Antón Marín había dejado de traer dinero negro de sus promociones de Madrid y Guadalajara, con las que pagaba los favores políticos en Telde.
El promotor madrileño empezaba a reclamar facturas tanto en Mogán como en este caso al portavoz del PP en el Parlamento, que durante esas fechas del supuesto estudio de suelos moyenses, había intercedido ya dos veces por Antón Marín ante el alcalde de Telde, Paco Valido, y la nueva consejera delegada de Urvitel, Sonsoles Martín, tras la detención de Toñi Torres el 1 de marzo de 2006.
Noticias relacionadas con el diputado del Partido Popular pueden encontrarse:
Jorge Rodríguez cobraba 6.000 euros al mes en 'dinero negro' de Grupo Europa
Jorge Rodríguez intercedió ante Valido por Grupo Europa con Torres en prisión
El portavoz del PP en el Parlamento cobró comisiones de Grupo Europa
El portavoz del PP en la Cámara llevó a GC Europa a Telde y Arucas en 2004
Jorge Rodríguez Pérez, un concejal de Urbanismo 'pillado in fraganti' en 1999
Noticias relacionadas con Grupo Europa y ayuntamientos del PP en Gran Canaria
El PP de Mogán ordenó pagar a Grupo Europa los gastos de un mitin de Rajoy
Antonio Reyes representó a Ciuca en el amaño del concurso de Grupo Europa
El gerente de Urvitel también cobró al menos 30.000 euros de Grupo Europa
El jefe de Patrimonio de Telde también cobró 30.000 euros de Grupo Europa
El pelotazo de las viviendas de Mogán superaba los dos millones de euros
El PP de Mogán cobró 95.000 euros en comisiones ilegales de Grupo Europa
El concejal del PP Luis Troya entregó el catastro de Santa Brígida a GC Europa
Una ''golosina'' de 30.000 euros con el objetivo final de dominar el Plan General
El pelotazo de Telde superaba los dos millones sólo en las 71 VPO de El Goro
El 'dinero negro' pagado por GC Europa en Telde alcanza los 240.000 euros
El pelotazo ideado por Grupo Europa y el PP consistía en imputar gastos a suelo gratuito
El jefe de Urbanismo cobró 30.000 euros para conceder dos licencias de obra a Grupo Europa
Noticias publicadas entre el 14 y el 20 de marzo de 2007 en bajo los siguientes encabezados:
Telde concedió licencias de obra en suelo no urbano a Grupo Europa
Guillermo Reyes cedió suelo inservible para las viviendas protegidas de Telde
Grupo Europa infló las facturas a Urvitel en al menos dos millones de euros
Telde reconoció una deuda de cuatro millones de euros a Grupo Europa
Casualidades de Faycan y el ''vacío de poder'' en Telde
Grupo Europa no obtuvo el 'visado' del Gobierno para sus viviendas protegidas
Defensa de la Vivienda en México
GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y VIVIENDA
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA
sábado 2 de junio de 2007 a las 10:00 horas
Auditorio de los Tranviarios, Mexico D.F.
1.- LLAMAMIENTO A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA
El Gobierno Legítimo de México reivindica el derecho constitucional que tienen los mexicanos a contar con una vivienda digna y decorosa. De igual manera reconoce que la carencia de este bien es uno de los problemas más graves que enfrentan los sectores de más bajos ingresos en nuestro país. El rezago habitacional estimado es de 5.3 millones de viviendas, además de las nuevas necesidades derivadas del incremento demográfico, que están proyectadas en 6.7 millones para el período 2007-2012, es decir 12 millones de viviendas para el final del sexenio.
La Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda (SAHUVI) considera que es inaplazable un programa de vivienda social, que atienda prioritariamente a la población de bajos ingresos. Para lo cual se debería impulsar dentro de las modalidades de construcción, la política de producción social contenida en la Ley Federal de Vivienda. Por ello, uno de los compromisos del Gobierno Legítimo es la construcción de 500 mil acciones de vivienda de interés social al año, independientemente de las que se deben realizar por organismos nacionales como el INFONAVIT y el FOVISSSTE.
No obstante el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2007 contempla solamente 7 mil millones de pesos de recursos fiscales entre FONHAPO y CONAVI para la aplicación de subsidios dirigidos a la oferta de vivienda para dar el enganche de un crédito en UDIS a pagar durante 25 años. Es decir la deuda se incrementaría por encima de la inflación.
Aunado a lo anterior existen miles de familias en todo el país que están siendo víctimas del terrorismo jurídico del INFONAVIT y otras instancias federales a través de despachos particulares, con el objeto de despojarlas de su patrimonio y venderlo nuevamente, y así concretar lo que se denomina acumulación de riqueza por despojo. Muchas familias ya han sido desalojadas de su vivienda y muchas más enfrentan demandas judiciales. Sólo para este año el INFONAVIT contempla recuperar 110 mil viviendas.
Por ello se considera urgente el establecimiento de una estrategia de defensa jurídica efectiva que dé apoyo y certeza a estos núcleos habitacionales, así como la inaplazable reforma a las diversas leyes y ordenamientos en la materia que logren una transformación a fondo del actual esquema financiero. Sólo así se podrá apuntalar el establecimiento de un Estado de Bienestar en el que el derecho a una vivienda digna y decorosa sea una realidad.
Ante la gravedad de los efectos de la política habitacional del gobierno espurio, se considera necesaria la conformación del Consejo de Defensa de la Vivienda, órgano de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas, articule los esfuerzos y pueda delinear el rumbo a seguir para hacer frente a esta voracidad financiera del régimen espurio que pretende disfrazar de política social su verdadero proyecto de acumulación por despojo y abonar a la construcción de una alternativa de vivienda popular, que concibe el derecho al hábitat como un derecho humano y no mercantil.
2.- PLAN DE ACCIÓN
El Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, hace suyos los resolutivos de la la mesa de trabajo de Asentamientos Humanos y Vivienda correspondiente a la mesa 2, El Derecho a la felicidad, de la Segunda Asamblea de la Convención Nacional Democrática.
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Se convoca a la Conformación del Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, el sábado 2 de junio de 2007 a las 10:00 horas en el Auditorio de los Tranviarios ubicado en la calle Dr. Lucio 29 esquina Dr. Río de la Loza (Fray Servando), junto a la Arena México, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc a dos cuadras del metro Cuauhtémoc, Línea 1.
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Construir la red por el derecho al hábitat y a una vivienda digna con el objeto de establecer enlaces y vínculos vía Internet para difundir información, mantener comunicación permanente y promover acciones colectivas.
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Retomar y desarrollar la Campaña Cero Desalojos acordada en el Foro Social de Mumbay, India, en enero de 2004, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra Carta Magna y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Emprender la jornada nacional por el derecho a una vivienda digna, a partir de la cual se definan, entre otros aspectos, los criterios mínimos de bienestar para las viviendas, en el marco del Día Internacional del Hábitat que se celebra en el mes de octubre
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Apoyar la iniciativa de las organizaciones sociales para impulsar la Universidad Popular Urbana que aborde especialmente temas relacionados con la vivienda, el desarrollo urbano, el medio ambiente, y los derechos económicos, sociales y culturales.
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Hacer un llamamiento a los gobiernos estatales y municipales encabezados por los partidos del FAP para que adopten plenamente en sus políticas y programas los compromisos internacionales para una vivienda y un hábitat adecuado.
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Impulsar el intercambio de experiencias, cursos y talleres para el desarrollo de alternativas autogestivas en producción social de vivienda y en las partes que componen dicho proceso como: adquisición de suelo, financiamiento y producción de materiales, entre otros.
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Impulsar una campaña por el derecho y defensa del agua y en contra de su privatización.
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Establecer el desarrollo urbano sustentable como uno de los ejes fundamentales de la política habitacional, tomando en consideración los preceptos de la Agenda XXI de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, y promoviendo la participación ciudadana.
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Realizar foros en todo el país donde se siga abordando esta problemática de forma abierta y colectiva.
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Establecer una estrategia de defensa jurídica efectiva que dé apoyo y certeza a los derechohabientes del INFONAVIT y demás organismos nacionales de vivienda. Dicha tutela legal ya se brinda a través de talleres que organizará la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda impartidos por el Movimiento Nacional El Barzón Jurídico, dos veces al mes.
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Presentar un paquete de iniciativas de reformas legislativas en materia de asentamientos humanos y vivienda a través del FAP que contemple:
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La protección de familias de bajos ingresos que se encuentran en imposibilidad de continuar el pago de los créditos de vivienda otorgados por el INFONAVIT, FOVISSSTE, la banca privada u otros organismos financieros.
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Que los recursos federales para vivienda sean destinados a la producción social y el hábitat.
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Aspecto inquilinario
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- Info sobre Campaña Desalojos Cero pulsando aquí
- Info sobre la Universidad Popular Urbana pulsando aquí
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Para la Agenda...
ENVIAN INVITACION DE LA RED CIUDADANA FLORIDA:
LES INVITAMOS
A LA CHARLA:
MÉXICO- EEUU: EL ESTADO POLICIACO
CON LA PRESENCIA DE
GUSTAVO IRUEGAS
SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
DEL GOBIERNO LEGÍTIMO
Domingo 27 de mayo del 2007 a las 11:30 a.m. AUDITORIO BENITO JUÁREZ Ubicado en Av. Juárez N.39 Fracc. El Mirador a un costado del Edificio de Regidores Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, Edo. de México
NOTA: A los asistentes, envien fotos y reseña del evento. NO FALTEN.
BOICOTS
Si estás interesado en consumir y/o vender el sabroso y nutritivo pan de caja Mi General, puedes comunicarte directamente con Maru a su correo electrónico: boicompro@yahoo.com.mx
Lo elaboran los miércoles, viernes y domingos y se debe pedir con anticipación.
La caja que contiene 15 barras cuesta $187.50, o sea que una sale en $12.50, la cual se recomienda vender a $15.00
Conviene refrigerarlo, ya que no contiene conservadores.
Ojalá puedan apoyar este esfuerzo haciendo sus pedidos.
Intelectuales, contra el "poder sin control" de los grandes medios de comunicación
Concluye encuentro en Bolivia; plantean crear una agencia informativa de AL
Proponen asegurar el acceso a la información como un "derecho humano fundamental"
ROSA ROJAS
La Paz, 24 de mayo. El quinto Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad concluyó en Cochabamba con la recomendación de crear una agencia informativa latinoamericana, un observatorio de medios y un tribunal que sancione moralmente a los medios de comunicación que mientan u oculten la verdad en su cobertura informativa.
En el cónclave de dos días participaron cerca de un centenar de intelectuales y periodistas provenientes de 25 países, entre los que destacaron el sociólogo brasileño, Theotonio dos Santos; el filósofo y teólogo belga, François Houtart; el argentino Atilio Borón; así como los ministros de Cultura de Cuba, Abel Prieto; de Venezuela, Francisco Sesto, y de Ecuador, Antonio Preciado, que en su declaración final se inclinaron por asegurar el derecho a la información como un derecho humano fundamental.
En el documento, que recibió esta mañana el presidente boliviano Evo Morales en la sede de gobierno, los integrantes de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad se manifestaron "contra el poder sin control, no democrático e impune de los grandes medios de comunicación que intentan imponer su visión de la realidad y sus valores", acorde a "intereses económicos y políticos de accionistas, financieros y anunciantes". Sin embargo, "las trasnacionales mediáticas están perdiendo credibilidad y se ha echado por tierra el mito de la invulnerabilidad de los medios".
"En América Latina hay dos polos equidistantes: por un lado el refuerzo a la soberanía, y por otro, la renuncia al espacio público. Por ejemplo, mientras México está renunciando a ese ámbito para entregarlo a perpetuidad a dos consorcios mediáticos, en Venezuela se está recobrando una concesión que imponía la dictadura de la palabra y la imagen únicas (RCTV). Como dijo el presidente Hugo Chávez, ahora no estamos luchando contra la libertad de prensa, estamos restableciendo esa libertad", cita el texto.
Se plantea que es "de primer orden demostrar la ilegitimidad del sistema actual donde los medios están al servicio de los poderosos", en medio de "una enorme concentración antidemocrática y es abrumador el control del capital financiero sobre los grandes medios". Además, se denunció a instituciones y grupos de prensa "que en nombre de un distorsionado concepto de la libertad de expresión sirven a estructuras económicas imperialistas, como Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa".
Asimismo, se condena el asesinato, la persecución y la exclusión de los medios de comunicación, de periodistas que han hecho y hacen de su ejercicio una tradición de lucha por los mejores intereses de sus pueblos, y asientan que los estados tienen el deber de garantizar el derecho a la información y la democratización de los medios y el acceso a todos los sectores sociales.
Aclaran que el modelo de comunicación que defienden no es "el del 'socialismo real', controlado por una elite política que renunciaba a la pluralidad y a la comunicación verdadera con sus pueblos. Reconocemos que la neutralidad y la imparcialidad no existen: toda información tiene una intencionalidad oculta o manifiesta".
Entrevistado por los medios después del acto con Morales, el ministro venezolano Francisco Sesto negó que la cancelación de la concesión al canal televisivo RCTV a partir del próximo domingo atente contra la libertad de expresión, y comparó a esta televisora con "un mal inquilino" al que se le cancela un contrato de arrendamiento.
A su vez, el presidente Morales reiteró su queja respecto de que uno de los "principales enemigos" de su gobierno son "algunos medios de comunicación", si bien destacó que esto no es responsabilidad de los trabajadores de los medios sino de "sus propietarios" que buscan mantener sus privilegios.
El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, destacó en entrevista con La Jornada, que de este encuentro haya surgido un plan de acción en el que resaltan la creación de una agencia informativa, un diario digital que se buscaría sea mundial, el Observatorio de Medios y el Tribunal. Este último, dijo, podría aliarse a otros ya existentes, como el Tribunal de los Pueblos.
El observatorio, comentó, "cuando se compruebe una mentira flagrante, que el medio está haciendo una campaña de propaganda, cuando esté aplicando, eso decía Chomsky, un modelo de propaganda, (podría) llevar todas esas pruebas ante un tribunal moral y juzgar a esos medios. La idea es que la mentira no quede impune, de que haya una base ética a la hora de informar".
Proponen asegurar el acceso a la información como un "derecho humano fundamental"
ROSA ROJAS
La Paz, 24 de mayo. El quinto Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad concluyó en Cochabamba con la recomendación de crear una agencia informativa latinoamericana, un observatorio de medios y un tribunal que sancione moralmente a los medios de comunicación que mientan u oculten la verdad en su cobertura informativa.
En el cónclave de dos días participaron cerca de un centenar de intelectuales y periodistas provenientes de 25 países, entre los que destacaron el sociólogo brasileño, Theotonio dos Santos; el filósofo y teólogo belga, François Houtart; el argentino Atilio Borón; así como los ministros de Cultura de Cuba, Abel Prieto; de Venezuela, Francisco Sesto, y de Ecuador, Antonio Preciado, que en su declaración final se inclinaron por asegurar el derecho a la información como un derecho humano fundamental.
En el documento, que recibió esta mañana el presidente boliviano Evo Morales en la sede de gobierno, los integrantes de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad se manifestaron "contra el poder sin control, no democrático e impune de los grandes medios de comunicación que intentan imponer su visión de la realidad y sus valores", acorde a "intereses económicos y políticos de accionistas, financieros y anunciantes". Sin embargo, "las trasnacionales mediáticas están perdiendo credibilidad y se ha echado por tierra el mito de la invulnerabilidad de los medios".
"En América Latina hay dos polos equidistantes: por un lado el refuerzo a la soberanía, y por otro, la renuncia al espacio público. Por ejemplo, mientras México está renunciando a ese ámbito para entregarlo a perpetuidad a dos consorcios mediáticos, en Venezuela se está recobrando una concesión que imponía la dictadura de la palabra y la imagen únicas (RCTV). Como dijo el presidente Hugo Chávez, ahora no estamos luchando contra la libertad de prensa, estamos restableciendo esa libertad", cita el texto.
Se plantea que es "de primer orden demostrar la ilegitimidad del sistema actual donde los medios están al servicio de los poderosos", en medio de "una enorme concentración antidemocrática y es abrumador el control del capital financiero sobre los grandes medios". Además, se denunció a instituciones y grupos de prensa "que en nombre de un distorsionado concepto de la libertad de expresión sirven a estructuras económicas imperialistas, como Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa".
Asimismo, se condena el asesinato, la persecución y la exclusión de los medios de comunicación, de periodistas que han hecho y hacen de su ejercicio una tradición de lucha por los mejores intereses de sus pueblos, y asientan que los estados tienen el deber de garantizar el derecho a la información y la democratización de los medios y el acceso a todos los sectores sociales.
Aclaran que el modelo de comunicación que defienden no es "el del 'socialismo real', controlado por una elite política que renunciaba a la pluralidad y a la comunicación verdadera con sus pueblos. Reconocemos que la neutralidad y la imparcialidad no existen: toda información tiene una intencionalidad oculta o manifiesta".
Entrevistado por los medios después del acto con Morales, el ministro venezolano Francisco Sesto negó que la cancelación de la concesión al canal televisivo RCTV a partir del próximo domingo atente contra la libertad de expresión, y comparó a esta televisora con "un mal inquilino" al que se le cancela un contrato de arrendamiento.
A su vez, el presidente Morales reiteró su queja respecto de que uno de los "principales enemigos" de su gobierno son "algunos medios de comunicación", si bien destacó que esto no es responsabilidad de los trabajadores de los medios sino de "sus propietarios" que buscan mantener sus privilegios.
El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, destacó en entrevista con La Jornada, que de este encuentro haya surgido un plan de acción en el que resaltan la creación de una agencia informativa, un diario digital que se buscaría sea mundial, el Observatorio de Medios y el Tribunal. Este último, dijo, podría aliarse a otros ya existentes, como el Tribunal de los Pueblos.
El observatorio, comentó, "cuando se compruebe una mentira flagrante, que el medio está haciendo una campaña de propaganda, cuando esté aplicando, eso decía Chomsky, un modelo de propaganda, (podría) llevar todas esas pruebas ante un tribunal moral y juzgar a esos medios. La idea es que la mentira no quede impune, de que haya una base ética a la hora de informar".
Concentran manos privadas casi 80% de estaciones de TV en Venezuela
En el uso del espectro radioeléctrico, el sector público está en grave desigualdad: estudio
Se tersgiversa la "decisión soberana" de no renovar la concesión a RCTV: ministro de Información
STELLA CALLONI
Caracas, 24 de mayo. La agitación internacional de medios de comunicación masiva contra la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión otorgada desde hace más de 50 años a Radio Caracas Televisión (RCTV), intenta evitar "que cambie la grave desigualdad en el uso del espectro radioeléctrico en Venezuela, a pesar de ser considerado un bien de dominio público en el país" señalaron funcionarios venezolanos a este periódico.
También advirtieron sobre el carácter desestabilizador de la campaña "tergiversando la naturaleza constitucional de la decisión", como dijo el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), Willian Lara.
Sostuvo también que se "tergiversa una decisión soberana y se intenta cuestionar la administración del Estado en áreas estratégicas, tal y como lo establece el texto constitucional en el mantenimiento de nuestra soberanía nacional".
De acuerdo con los datos del ente regulador de La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) del pasado 27 de enero, 78 por ciento de las estaciones de televisión en VHF son utilizadas por el sector privado, mientras que sólo 22 por ciento por el sector público; y en la banda UHF 82 por ciento son operadas por privados; 7 por ciento por el sector público y 11 por ciento por operadores de servicios comunitarios.
El poder mediático
En el Libro Blanco sobre RCTV publicado por el Minci un grupo de investigadores demuestran la enorme concentración en manos privadas de los medios radioeléctricos de Venezuela, como se vio en el llamado "golpe mediático" (de Estado) el 11 de abril de 2002.
Gustavo Hernández, citado en ese libro, advierte que no se puede llamar "mixto" al sistema de radiofusión que impera en el país, cuando hay una "coexistencia en desigualdad" del régimen privado-competitivo y del público gubernamental.
Esto sucede desde que los gobiernos de Eleazar López Contreras (1936-1941) y Marcos Pérez Jimenes (1946-1958) otorgaron 27 permisos de radiodifusión sonora y cuatro de televisión a sectores privados, respectivamente.
Los dueños reales del espectro radioeléctrico venezolano son las plantas RCTV y Venevisión que "concentran 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios de comunicación en el país, tienen 66 por ciento del poder de transmisión, dominan las redes transmisoras y de difusión de la señal y controlan 80 por ciento de la producción y elaboración de mensajes y contenidos que se difunden en Venezuela", señala Hernández.
La investigación revela la estructura interna de los principales grupos del poder mediático encabezados largamente por la Organización Cisneros (ODC) Venevisión "un holding con tendencia global e inversiones en distintas áreas económicas". Sólo la industria del espectáculo, le reportó ganancias de cinco mil millones de dólares anuales.
ODC "tiene participación importante en Chilevisión (Chile), Caracol (Colombia), el Caribe (Caribean Communication Network) además de Venevisión, y es el mayor accionista de la cadena estadunidense Univisión y la señal de Galavisión para el público de habla hispana en Estados Unidos.
También en Aol Latinoamérica, junto con América On Line, uno de los principales proveedores de Internet, controlando importantes portales. Además es dueño de 80 empresas a nivel nacional e internacional en sectores todos estratégicos.
Conformado por Gustavo, Ricardo y Marion Cisneros la mayoría de sus empresas "no posee accionistas directos, sino que a través de razones sociales amplía enormemente el espectro de compañías que maneja" que van desde productoras de discos, Pepsi Cola, cosméticos, Pizza Hut, y otra cantidad en todas las cuales posee más de 50 por ciento de acciones.
El grupo Cisneros controla además 47.5 por ciento del canal de señal abierta Vale en su relación con capitales extranjeros, participando así en otras empresas, como FM Center Concesionaria, cuya Junta directiva forma parte de ODC.
En segundo lugar se ubica 1BC.RCTV que -señala el informe- se conoció como grupo Phelps en los años 20. En 1929 se constituía como holding empresarial Sindicato Phelps. En 1930 incursionó en comunicaciones, apoyado por RCA -productora de aparatos radiofónicos que Phelps distribuía en Venezuel- fundando la 1Broadcasting Caracas (1BC), la primera emisora comercial en el país. En 1936 asume la nominación de Radio Caracas Radio (RCR) y en 1953 aparece Radio Caracas Televisión (RCTV).
El grupo, encabezado por Peter Bottone, principal accionista, Marcel Granier Haydon, integrantes de la familia Phelps y otros "posee más de 80 por ciento del capital Social de cinco empresas que operan en Venezuela" como RCTV, FM, RCR, Recorland y Linea Aérea Aerotuy.
Las empresas donde el grupo no posee el ciento por ciento, están asociadas a la razón jurídica extranjera Coral Sea Inc. "Coral Pictures, ubicada en Miami, comercializa a nivel mundial 1BC y en menor potencia posee la misma estructura de concentración de propiedad que ODC".
En el tercer puesto se cita al Grupo Nuñez, Zuluaga, Mezerhane&Ravell, Globovisión. Sus dueños encabezados por Luis Teófilo Nuñez Arismendi y otros poseen 89.9 por ciento del capital social del operador de señal abierta Globovisión y Monserrt S.A el resto. Inició operaciones en 1994 y es el primer operador especializado en información en Venezuela, además vinculado con prensa escrita, nexos bancarios, turísticos, cuyas acciones pertenecen a la empresa extranjera Humboldt Internacional Limited, con una cantidad de agencias de publicidad asociadas.
En el cuarto lugar los investigadores ubican al Bloque de Armas Meridiano TV -encabezados principalmente por Andrés Armando y Martín De Armas Silva- cien por ciento operador de TV del mismo nombre que tiene además un fuerte poder en las industrias de entretenimiento, siendo el resto del capital social de Overseas Trading Investment. S.A. que a su vez tiene periódicos y revistas de deportes, entretenimiento y la empresa editorial Primavera SA que imprime textos escolares y revistas varias.
Siguiendo este esquema está el Grupo Imagen La Tele, encabezado por Fernando Fraíz Trapote, Elías Tarbay Assad y otros cuatro socios, varios de los cuales están, a su vez, en la Junta Directiva de la Operadora Cablevisión SA, "a pesar de que cien por ciento de las acciones pertenecen a la extranjera Telecom Trading Corporation , vinculada a Airtel".
Este grupo "es operador de TV señal abierta UFH la Tele que inició operaciones en diciembre de 2002" y está vinculado a diversas empresas, entre ellas de publicidad.
Finalmente se cita al Grupo Camero Televen integrado por Inversiones Cuatro Treinta CA, registrada en el estado de Guárico con 94.4 por ciento y asociada a Marbrid empresa con sede en Panamá (3. 5 por ciento). Tiene relaciones con el periódico Quinto Día, entre otros.
Aunque resumido este es el esquema del poder mediático que impera en Venezuela, que forman parte del poder económico con multimillonarias ganancias incrementadas ahora con aportes desde Washington en la guerra sucia informativa contra el gobierno venezolano.
Se tersgiversa la "decisión soberana" de no renovar la concesión a RCTV: ministro de Información
STELLA CALLONI
Caracas, 24 de mayo. La agitación internacional de medios de comunicación masiva contra la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión otorgada desde hace más de 50 años a Radio Caracas Televisión (RCTV), intenta evitar "que cambie la grave desigualdad en el uso del espectro radioeléctrico en Venezuela, a pesar de ser considerado un bien de dominio público en el país" señalaron funcionarios venezolanos a este periódico.
También advirtieron sobre el carácter desestabilizador de la campaña "tergiversando la naturaleza constitucional de la decisión", como dijo el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), Willian Lara.
Sostuvo también que se "tergiversa una decisión soberana y se intenta cuestionar la administración del Estado en áreas estratégicas, tal y como lo establece el texto constitucional en el mantenimiento de nuestra soberanía nacional".
De acuerdo con los datos del ente regulador de La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) del pasado 27 de enero, 78 por ciento de las estaciones de televisión en VHF son utilizadas por el sector privado, mientras que sólo 22 por ciento por el sector público; y en la banda UHF 82 por ciento son operadas por privados; 7 por ciento por el sector público y 11 por ciento por operadores de servicios comunitarios.
El poder mediático
En el Libro Blanco sobre RCTV publicado por el Minci un grupo de investigadores demuestran la enorme concentración en manos privadas de los medios radioeléctricos de Venezuela, como se vio en el llamado "golpe mediático" (de Estado) el 11 de abril de 2002.
Gustavo Hernández, citado en ese libro, advierte que no se puede llamar "mixto" al sistema de radiofusión que impera en el país, cuando hay una "coexistencia en desigualdad" del régimen privado-competitivo y del público gubernamental.
Esto sucede desde que los gobiernos de Eleazar López Contreras (1936-1941) y Marcos Pérez Jimenes (1946-1958) otorgaron 27 permisos de radiodifusión sonora y cuatro de televisión a sectores privados, respectivamente.
Los dueños reales del espectro radioeléctrico venezolano son las plantas RCTV y Venevisión que "concentran 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios de comunicación en el país, tienen 66 por ciento del poder de transmisión, dominan las redes transmisoras y de difusión de la señal y controlan 80 por ciento de la producción y elaboración de mensajes y contenidos que se difunden en Venezuela", señala Hernández.
La investigación revela la estructura interna de los principales grupos del poder mediático encabezados largamente por la Organización Cisneros (ODC) Venevisión "un holding con tendencia global e inversiones en distintas áreas económicas". Sólo la industria del espectáculo, le reportó ganancias de cinco mil millones de dólares anuales.
ODC "tiene participación importante en Chilevisión (Chile), Caracol (Colombia), el Caribe (Caribean Communication Network) además de Venevisión, y es el mayor accionista de la cadena estadunidense Univisión y la señal de Galavisión para el público de habla hispana en Estados Unidos.
También en Aol Latinoamérica, junto con América On Line, uno de los principales proveedores de Internet, controlando importantes portales. Además es dueño de 80 empresas a nivel nacional e internacional en sectores todos estratégicos.
Conformado por Gustavo, Ricardo y Marion Cisneros la mayoría de sus empresas "no posee accionistas directos, sino que a través de razones sociales amplía enormemente el espectro de compañías que maneja" que van desde productoras de discos, Pepsi Cola, cosméticos, Pizza Hut, y otra cantidad en todas las cuales posee más de 50 por ciento de acciones.
El grupo Cisneros controla además 47.5 por ciento del canal de señal abierta Vale en su relación con capitales extranjeros, participando así en otras empresas, como FM Center Concesionaria, cuya Junta directiva forma parte de ODC.
En segundo lugar se ubica 1BC.RCTV que -señala el informe- se conoció como grupo Phelps en los años 20. En 1929 se constituía como holding empresarial Sindicato Phelps. En 1930 incursionó en comunicaciones, apoyado por RCA -productora de aparatos radiofónicos que Phelps distribuía en Venezuel- fundando la 1Broadcasting Caracas (1BC), la primera emisora comercial en el país. En 1936 asume la nominación de Radio Caracas Radio (RCR) y en 1953 aparece Radio Caracas Televisión (RCTV).
El grupo, encabezado por Peter Bottone, principal accionista, Marcel Granier Haydon, integrantes de la familia Phelps y otros "posee más de 80 por ciento del capital Social de cinco empresas que operan en Venezuela" como RCTV, FM, RCR, Recorland y Linea Aérea Aerotuy.
Las empresas donde el grupo no posee el ciento por ciento, están asociadas a la razón jurídica extranjera Coral Sea Inc. "Coral Pictures, ubicada en Miami, comercializa a nivel mundial 1BC y en menor potencia posee la misma estructura de concentración de propiedad que ODC".
En el tercer puesto se cita al Grupo Nuñez, Zuluaga, Mezerhane&Ravell, Globovisión. Sus dueños encabezados por Luis Teófilo Nuñez Arismendi y otros poseen 89.9 por ciento del capital social del operador de señal abierta Globovisión y Monserrt S.A el resto. Inició operaciones en 1994 y es el primer operador especializado en información en Venezuela, además vinculado con prensa escrita, nexos bancarios, turísticos, cuyas acciones pertenecen a la empresa extranjera Humboldt Internacional Limited, con una cantidad de agencias de publicidad asociadas.
En el cuarto lugar los investigadores ubican al Bloque de Armas Meridiano TV -encabezados principalmente por Andrés Armando y Martín De Armas Silva- cien por ciento operador de TV del mismo nombre que tiene además un fuerte poder en las industrias de entretenimiento, siendo el resto del capital social de Overseas Trading Investment. S.A. que a su vez tiene periódicos y revistas de deportes, entretenimiento y la empresa editorial Primavera SA que imprime textos escolares y revistas varias.
Siguiendo este esquema está el Grupo Imagen La Tele, encabezado por Fernando Fraíz Trapote, Elías Tarbay Assad y otros cuatro socios, varios de los cuales están, a su vez, en la Junta Directiva de la Operadora Cablevisión SA, "a pesar de que cien por ciento de las acciones pertenecen a la extranjera Telecom Trading Corporation , vinculada a Airtel".
Este grupo "es operador de TV señal abierta UFH la Tele que inició operaciones en diciembre de 2002" y está vinculado a diversas empresas, entre ellas de publicidad.
Finalmente se cita al Grupo Camero Televen integrado por Inversiones Cuatro Treinta CA, registrada en el estado de Guárico con 94.4 por ciento y asociada a Marbrid empresa con sede en Panamá (3. 5 por ciento). Tiene relaciones con el periódico Quinto Día, entre otros.
Aunque resumido este es el esquema del poder mediático que impera en Venezuela, que forman parte del poder económico con multimillonarias ganancias incrementadas ahora con aportes desde Washington en la guerra sucia informativa contra el gobierno venezolano.
Exigen mineros castigo penal a Germán Larrea por la muerte de 65 trabajadores
Durante una manifestación entregan un texto con sus demandas a Gobernación
PATRICIA MUÑOZ RIOS
Marcha de trabajadores mineros en protesta por la impunidad de que goza el dueño de Industrial Minera México, Germán Larrea Foto: María Meléndrez Parada
Trabajadores marcharon ayer a la sede del Grupo México y a la Secretaría de Gobernación para exigir castigo penal contra el dueño de este consorcio, Germán Larrea Mota, por la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, y para que no se permita al empresario detener el rescate de los cuerpos; además exigen que pague una indemnización digna a cada viuda y no "migajas", como los 180 mil pesos que quiere dar a los familiares por cada uno de los fallecidos.
Acompañados de viudas y familiares de los caídos, trabajadores de varias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) caminaron de su sede hasta las oficinas del consorcio, en avenida Baja California, donde le gritaron al empresario "¡asesino! ¡asesino!" y le demandaron que ya no se entrometa en la vida sindical y pare la campaña mediática contra su organización y su secretario general Napoleón Gómez Urrutia.
Ahí, Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia y justicia de la organización, dijo que "ningún dinero va a doblegar a los trabajadores". Los obreros, en tanto, coreaban: "¡Ni un muerto más, no a la impunidad, castigo para los asesinos de los mineros!", mientras hacían pintas en las oficinas, pegaban pancartas en las que señalaban a Germán Larrea como "el sicópata" y le demandaban que ya los dejara trabajar en paz y respetara su autonomía sindical.
En el mitin tomó la palabra Jesús Jiménez, delegado en el estado de Zacatecas, quien denunció que Larrea ha querido dividir a la sección 17 y por medio de Elías Morales, hace algunos años, les impuso un convenio para que no tomaran descansos obligatorios como marca la ley y les compactó las categorías; luego los enfrentó con los supervisores, pero no los ha podido doblegar ni dividir. "Germán Larrea, los mineros nunca te olvidaremos, ni las viudas de Pasta de Conchos, ni las de Lázaro Cárdenas", dijo mientras los trabajadores lanzaban la consigna: "Germán culero, asesino de mineros".
Sergio Beltrán, representante de las secciones de Durango, exigió que "no quede en la impunidad el asesinato de los trabajadores, producto de la negligencia de Grupo México, el cual sólo cuidó sus intereses personales valiéndole madre la seguridad de los trabajadores".
Al término del mitin, los obreros se encaminaron a la Secretaría de Gobernación, donde entregaron un escrito al titular de la dependencia, Francisco Javier Ramírez Acuña, en la cual le demandan que no quede en la impunidad el responsable de la muerte de los mineros y se le cancele a Industrial Minera México, no sólo la concesión para la explotación de carbón de la mina Pasta de Conchos, sino también se le retiren las concesiones de otras minas que explota en varios estados, como San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Guerrero, por las pésimas condiciones de seguridad e higiene en que se encuentran y por continuas violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Ahí, Carlos Pavón, secretario de acción política del sindicato, dijo que el principal inversionista de Grupo México ha gastado más de 100 millones de dólares en la campaña de desprestigio, utilizando los servicios de dos agencias de publicidad nacionales y una trasnacional para tratar de impedir que retomara su liderazgo Gómez Urrutia; "no lo logró y ahora patrocina en Televisa una serie de promocionales denostándolo".
Pero es mentira, añadió, que los mineros de las secciones 6 de Charcas, San Luis Potosí y 11 de Santa Bárbara puedan pagar los espots tan caros para Televisa: "es más, ni siquiera quienes hicieron los videos los hicieron bien porque nombraron la localidad como 'Characas', dijo Pavón y apuntó que su lucha y movilización va a continuar hasta que se castigue a Larrea por los "crímenes" y se logre una indemnización decente para las viudas.
PATRICIA MUÑOZ RIOS
Marcha de trabajadores mineros en protesta por la impunidad de que goza el dueño de Industrial Minera México, Germán Larrea Foto: María Meléndrez ParadaTrabajadores marcharon ayer a la sede del Grupo México y a la Secretaría de Gobernación para exigir castigo penal contra el dueño de este consorcio, Germán Larrea Mota, por la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, y para que no se permita al empresario detener el rescate de los cuerpos; además exigen que pague una indemnización digna a cada viuda y no "migajas", como los 180 mil pesos que quiere dar a los familiares por cada uno de los fallecidos.
Acompañados de viudas y familiares de los caídos, trabajadores de varias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) caminaron de su sede hasta las oficinas del consorcio, en avenida Baja California, donde le gritaron al empresario "¡asesino! ¡asesino!" y le demandaron que ya no se entrometa en la vida sindical y pare la campaña mediática contra su organización y su secretario general Napoleón Gómez Urrutia.
Ahí, Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia y justicia de la organización, dijo que "ningún dinero va a doblegar a los trabajadores". Los obreros, en tanto, coreaban: "¡Ni un muerto más, no a la impunidad, castigo para los asesinos de los mineros!", mientras hacían pintas en las oficinas, pegaban pancartas en las que señalaban a Germán Larrea como "el sicópata" y le demandaban que ya los dejara trabajar en paz y respetara su autonomía sindical.
En el mitin tomó la palabra Jesús Jiménez, delegado en el estado de Zacatecas, quien denunció que Larrea ha querido dividir a la sección 17 y por medio de Elías Morales, hace algunos años, les impuso un convenio para que no tomaran descansos obligatorios como marca la ley y les compactó las categorías; luego los enfrentó con los supervisores, pero no los ha podido doblegar ni dividir. "Germán Larrea, los mineros nunca te olvidaremos, ni las viudas de Pasta de Conchos, ni las de Lázaro Cárdenas", dijo mientras los trabajadores lanzaban la consigna: "Germán culero, asesino de mineros".
Sergio Beltrán, representante de las secciones de Durango, exigió que "no quede en la impunidad el asesinato de los trabajadores, producto de la negligencia de Grupo México, el cual sólo cuidó sus intereses personales valiéndole madre la seguridad de los trabajadores".
Al término del mitin, los obreros se encaminaron a la Secretaría de Gobernación, donde entregaron un escrito al titular de la dependencia, Francisco Javier Ramírez Acuña, en la cual le demandan que no quede en la impunidad el responsable de la muerte de los mineros y se le cancele a Industrial Minera México, no sólo la concesión para la explotación de carbón de la mina Pasta de Conchos, sino también se le retiren las concesiones de otras minas que explota en varios estados, como San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Guerrero, por las pésimas condiciones de seguridad e higiene en que se encuentran y por continuas violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Ahí, Carlos Pavón, secretario de acción política del sindicato, dijo que el principal inversionista de Grupo México ha gastado más de 100 millones de dólares en la campaña de desprestigio, utilizando los servicios de dos agencias de publicidad nacionales y una trasnacional para tratar de impedir que retomara su liderazgo Gómez Urrutia; "no lo logró y ahora patrocina en Televisa una serie de promocionales denostándolo".
Pero es mentira, añadió, que los mineros de las secciones 6 de Charcas, San Luis Potosí y 11 de Santa Bárbara puedan pagar los espots tan caros para Televisa: "es más, ni siquiera quienes hicieron los videos los hicieron bien porque nombraron la localidad como 'Characas', dijo Pavón y apuntó que su lucha y movilización va a continuar hasta que se castigue a Larrea por los "crímenes" y se logre una indemnización decente para las viudas.
Paradigma de la injusticia, el caso de Ernestina Ascensión, afirman expertos
Hubo impunidad y discriminación por razones culturales y de género, advierten
EMIR OLIVARES ALONSO
El caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada por militares-- se ha vuelto paradigmático, ya que -se haya o no cometido un crimen en su contra- representa la "impunidad" del sistema jurídico por variables culturales o de género, pues se trató de una mujer pobre, vieja y monolingüe, advirtió la directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marisa Belausteguigoitia.
La académica alertó que el hecho de que el presidente Felipe Calderón haya adelantado un juicio al respecto cuando aún estaban en proceso las investigaciones, "enreda" el caso y marca el principio del problema, debido a que a partir de dicha declaración comienzan a darse irregularidades.
"El Presidente establece la causa de la muerte, pero adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad", advirtió.
Durante la mesa de análisis ¿Verdad y justicia?: el caso de Ernestina Ascensión, organizado por el PUEG, la directora de este programa hizo una reflexión sobre las limitaciones la justicia cuando una institución pública se adelanta a un juicio o a investigaciones de la autoridad competente, "sobre todo si el caso se vincula con lenguas 'menores' (en este caso el náhuatl) y sujetos 'marginales'".
Para ejemplificar, recordó la época del descubrimiento de América y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos, hechos en los que Cristóbal Colón y los cronistas españoles narran desde su propia visión lo que encontraron en el nuevo continente, lo que definió como un "secuestro" de la realidad. La especialista refirió que el caso de la anciana de la sierra de Zongolica "sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones".
Belausteguigoitia denunció que con el cierre del caso el pasado martes, fecha límite para que la familia impugnara la resolución de que la anciana murió por causa natural, y no por una violación sexual, se imposibilitó a la víctima y sus deudos tener acceso a la justicia.
Además, agregó, la sociedad fue testigo de la imposibilidad de la verdad, debido a que ésta "no puede ser descubierta porque su presencia descalifica a los órganos de gobierno y justicia".
Por ello, subrayó, el caso "conlleva fragilidades, al enfrentar varias vertientes: oralidad contra escritura, mujer versus hombre, vejez-juventud, monolingüismo-español, indígena-ejército, y la palabra de estos pueblos frente a la del presidente".
Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, señaló que una de las violaciones a los derechos de la anciana fue que se le dio más peso a las investigaciones e indagatorias clínicas que al propio testimonio de la víctima y a la presunción de violación sexual.
El legislador destacó que en los pasados diez años la Organización de las Naciones Unidas ha enviado al menos ocho misiones de observación a México por las "constantes" violaciones a derechos humanos por el Estado.
Recordó la visita de la relatora sobre Violencia contra la Mujer, que en 2005 documentó "incidentes alarmantes" por la presencia de militares en estados sureños, debido a que habían cometido violaciones y agresiones sexuales contra indígenas.
En su turno, el periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que en este caso se han presentado múltiples irregularidades, "como el hecho de que un subsecretario de Gobernación haya visitado a la familia de una mujer que (presuntamente) murió de causa natural", con el propósito de "exculpar" al Ejército.
Agregó que pese a que la procuraduría estatal ya emitió su resolución, en la que se exonera a los elementos castrenses, "el caso no está cerrado", pues aún falta el fallo de la justicia militar y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que la comunidad indígena "puede apelar por medio de un amparo contra la conclusión de la justicia veracruzana".
EMIR OLIVARES ALONSO
El caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada por militares-- se ha vuelto paradigmático, ya que -se haya o no cometido un crimen en su contra- representa la "impunidad" del sistema jurídico por variables culturales o de género, pues se trató de una mujer pobre, vieja y monolingüe, advirtió la directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marisa Belausteguigoitia.
La académica alertó que el hecho de que el presidente Felipe Calderón haya adelantado un juicio al respecto cuando aún estaban en proceso las investigaciones, "enreda" el caso y marca el principio del problema, debido a que a partir de dicha declaración comienzan a darse irregularidades.
"El Presidente establece la causa de la muerte, pero adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad", advirtió.
Durante la mesa de análisis ¿Verdad y justicia?: el caso de Ernestina Ascensión, organizado por el PUEG, la directora de este programa hizo una reflexión sobre las limitaciones la justicia cuando una institución pública se adelanta a un juicio o a investigaciones de la autoridad competente, "sobre todo si el caso se vincula con lenguas 'menores' (en este caso el náhuatl) y sujetos 'marginales'".
Para ejemplificar, recordó la época del descubrimiento de América y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos, hechos en los que Cristóbal Colón y los cronistas españoles narran desde su propia visión lo que encontraron en el nuevo continente, lo que definió como un "secuestro" de la realidad. La especialista refirió que el caso de la anciana de la sierra de Zongolica "sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones".
Belausteguigoitia denunció que con el cierre del caso el pasado martes, fecha límite para que la familia impugnara la resolución de que la anciana murió por causa natural, y no por una violación sexual, se imposibilitó a la víctima y sus deudos tener acceso a la justicia.
Además, agregó, la sociedad fue testigo de la imposibilidad de la verdad, debido a que ésta "no puede ser descubierta porque su presencia descalifica a los órganos de gobierno y justicia".
Por ello, subrayó, el caso "conlleva fragilidades, al enfrentar varias vertientes: oralidad contra escritura, mujer versus hombre, vejez-juventud, monolingüismo-español, indígena-ejército, y la palabra de estos pueblos frente a la del presidente".
Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, señaló que una de las violaciones a los derechos de la anciana fue que se le dio más peso a las investigaciones e indagatorias clínicas que al propio testimonio de la víctima y a la presunción de violación sexual.
El legislador destacó que en los pasados diez años la Organización de las Naciones Unidas ha enviado al menos ocho misiones de observación a México por las "constantes" violaciones a derechos humanos por el Estado.
Recordó la visita de la relatora sobre Violencia contra la Mujer, que en 2005 documentó "incidentes alarmantes" por la presencia de militares en estados sureños, debido a que habían cometido violaciones y agresiones sexuales contra indígenas.
En su turno, el periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que en este caso se han presentado múltiples irregularidades, "como el hecho de que un subsecretario de Gobernación haya visitado a la familia de una mujer que (presuntamente) murió de causa natural", con el propósito de "exculpar" al Ejército.
Agregó que pese a que la procuraduría estatal ya emitió su resolución, en la que se exonera a los elementos castrenses, "el caso no está cerrado", pues aún falta el fallo de la justicia militar y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que la comunidad indígena "puede apelar por medio de un amparo contra la conclusión de la justicia veracruzana".
El fallo
Luis Javier Garrido
El debate que se ha profundizado en el país sobre la inconstitucional ley Televisa y el poder de carácter fascistoide que se está dando al duopolio televisivo en México no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lejos de entrarle al fondo del asunto busca regresarle el problema a los legisladores y sacar partido de su débil fallo intentando así lavar su imagen teñida por décadas de sometimiento a los más oscuros intereses.
1. La controversia constitucional, presentada por 47 senadores en relación a las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobadas al vapor en 2006 por el Congreso con el objetivo de consolidar el dominio del duopolio Televisa y Tv Azteca sobre los medios masivos de comunicación a cambio de que estos consorcios continuaran sirviendo al grupo panista-priísta en el poder, en particular en las elecciones de 2006, era una oportunidad única para que la Corte pudiese asumir sus responsabilidades, pero lejos de ello este tribunal se está saliendo por la tangente y trata de utilizar el asunto en provecho propio.
2. El contenido de la ley Televisa y la forma en que se aprobó son ya plenamente conocidos y fueron recordados por el escándalo suscitado por las declaraciones del senador panista Santiago Creel, sobre las presiones ejercidas por el duopolio sobre los legisladores y sus partidos, olvidándose que él mismo, como titular de Gobernación de Fox, fue uno de los instrumentos utilizados para doblegar a los legisladores, y sin embargo nada impacta al Poder Judicial.
3. El papel de la Suprema Corte luego de su reconversión en 1994, al inicio del gobierno de Zedillo, en un tribunal constitucional, no ha sido otro que el de actuar de manera vergonzosa como un poder legitimador del proyecto trasnacional de la globalización neoliberal, que supone la cancelación de los derechos de la nación y de los mexicanos, reconocidos en la Constitución de 1917 como una vía para propiciar el dominio de las corporaciones trasnacionales en la vida nacional, y en esta ocasión no está siendo diferente.
4. El desprestigio de la Corte viene no sólo de su negligencia para fungir como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración, de su sumisión indigna al Ejecutivo o de sus fallos vergonzosos, sino también del perfil político y la conducta bochornosa de sus miembros, todos ellos oscuros abogados ultraderechistas, que han tenido una enorme desvergüenza para actuar, desde el indigno Mariano Azuela, quien fungió como asesor de Fox en su designio de cerrarle el camino a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, hasta José Ramón Cossío, quien al excusarse en este caso argumentó sus vínculos con los consorcios televisivos y el poder trasnacional, o Sergio Valls, quien sin pudor está haciendo publicidad de un sarao en su residencia para hacer evidentes sus nexos con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos (Milenio Diario, 21/5/07).
5. La transmisión televisiva de las sesiones del pleno de la Corte (21 al 24 de mayo), lejos de generar confianza en el tribunal ha propiciado, por el contrario, una enorme desconfianza hacia los ministros por el rechazo de éstos a abordar el fondo del asunto, por la seudo discusión que han tenido rehuyendo el fondo de la controversia, e incluso por su ignorancia en materia jurídica.
6. El ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano llegó, por ejemplo a afirmar el lunes 21 que el problema fundamental en materia de concesiones era determinar hasta dónde llegaban "los derechos del Estado", desconociendo que la Constitución Mexicana habla de "los derechos originarios de la nación".
7. La Corte, como las otras instancias del Poder Judicial, está sirviendo a los intereses más espurios y este asunto no es la excepción, por lo que crece la convicción de que este supremo poder conservador, creado en 1994 a imagen de la Corte Suprema de Estados Unidos como un "candado de seguridad" de los intereses neoliberales, no puede tener cabida en un México democrático sustentado en el derecho. Así lo reclaman muchas agrupaciones de juristas y así lo planteó el miércoles 23 el Frente Patriótico Nacional en su propuesta de reforma del Estado.
8. El escándalo generado por Televisa ante la decisión tomada en estos días conforme a derecho por el gobierno venezolano de no renovar la concesión a la cadena Radio Caracas Televisión (RCT) del empresario golpista Marcel Granier plantea, por el contrario, el fondo de la cuestión. No es posible que un consorcio como Televisa, que al igual que RCT durante más de medio siglo ha llenado de basura las pantallas negándole de paso al pueblo los derechos a la información, a la educación y a la cultura, pretenda que las concesiones que recibe sean "para la eternidad".
9. El gobierno de facto de Calderón se ha caracterizado por tener un desdén, que raya en el desprecio, por el marco constitucional del país, lo que ha entrañado en estos seis meses una sistemática violación a los derechos fundamentales de los mexicanos. En las cárceles del país hay decenas de presos políticos, las Fuerzas Armadas han cometido todo género de tropelías en diversos estados, los derechos sociales a la salud y a la seguridad social se están cancelando y ahora quiere "institucionalizar", es decir, "hacer nulos", los derechos a la información, a la educación y a la cultura.
10. Las amenazas son cada vez mayores a este respecto, y al margen de la posición que adopten los integrantes de la "clase política" tras el escándalo suscitado por esta legislación inconstitucional, resulta urgente desde la sociedad expresar un mayor rechazo a quienes se han adueñado espuriamente de un espacio estratégico que es, y debe seguir siendo, de la nación.
El debate que se ha profundizado en el país sobre la inconstitucional ley Televisa y el poder de carácter fascistoide que se está dando al duopolio televisivo en México no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lejos de entrarle al fondo del asunto busca regresarle el problema a los legisladores y sacar partido de su débil fallo intentando así lavar su imagen teñida por décadas de sometimiento a los más oscuros intereses.
1. La controversia constitucional, presentada por 47 senadores en relación a las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobadas al vapor en 2006 por el Congreso con el objetivo de consolidar el dominio del duopolio Televisa y Tv Azteca sobre los medios masivos de comunicación a cambio de que estos consorcios continuaran sirviendo al grupo panista-priísta en el poder, en particular en las elecciones de 2006, era una oportunidad única para que la Corte pudiese asumir sus responsabilidades, pero lejos de ello este tribunal se está saliendo por la tangente y trata de utilizar el asunto en provecho propio.
2. El contenido de la ley Televisa y la forma en que se aprobó son ya plenamente conocidos y fueron recordados por el escándalo suscitado por las declaraciones del senador panista Santiago Creel, sobre las presiones ejercidas por el duopolio sobre los legisladores y sus partidos, olvidándose que él mismo, como titular de Gobernación de Fox, fue uno de los instrumentos utilizados para doblegar a los legisladores, y sin embargo nada impacta al Poder Judicial.
3. El papel de la Suprema Corte luego de su reconversión en 1994, al inicio del gobierno de Zedillo, en un tribunal constitucional, no ha sido otro que el de actuar de manera vergonzosa como un poder legitimador del proyecto trasnacional de la globalización neoliberal, que supone la cancelación de los derechos de la nación y de los mexicanos, reconocidos en la Constitución de 1917 como una vía para propiciar el dominio de las corporaciones trasnacionales en la vida nacional, y en esta ocasión no está siendo diferente.
4. El desprestigio de la Corte viene no sólo de su negligencia para fungir como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración, de su sumisión indigna al Ejecutivo o de sus fallos vergonzosos, sino también del perfil político y la conducta bochornosa de sus miembros, todos ellos oscuros abogados ultraderechistas, que han tenido una enorme desvergüenza para actuar, desde el indigno Mariano Azuela, quien fungió como asesor de Fox en su designio de cerrarle el camino a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, hasta José Ramón Cossío, quien al excusarse en este caso argumentó sus vínculos con los consorcios televisivos y el poder trasnacional, o Sergio Valls, quien sin pudor está haciendo publicidad de un sarao en su residencia para hacer evidentes sus nexos con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos (Milenio Diario, 21/5/07).
5. La transmisión televisiva de las sesiones del pleno de la Corte (21 al 24 de mayo), lejos de generar confianza en el tribunal ha propiciado, por el contrario, una enorme desconfianza hacia los ministros por el rechazo de éstos a abordar el fondo del asunto, por la seudo discusión que han tenido rehuyendo el fondo de la controversia, e incluso por su ignorancia en materia jurídica.
6. El ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano llegó, por ejemplo a afirmar el lunes 21 que el problema fundamental en materia de concesiones era determinar hasta dónde llegaban "los derechos del Estado", desconociendo que la Constitución Mexicana habla de "los derechos originarios de la nación".
7. La Corte, como las otras instancias del Poder Judicial, está sirviendo a los intereses más espurios y este asunto no es la excepción, por lo que crece la convicción de que este supremo poder conservador, creado en 1994 a imagen de la Corte Suprema de Estados Unidos como un "candado de seguridad" de los intereses neoliberales, no puede tener cabida en un México democrático sustentado en el derecho. Así lo reclaman muchas agrupaciones de juristas y así lo planteó el miércoles 23 el Frente Patriótico Nacional en su propuesta de reforma del Estado.
8. El escándalo generado por Televisa ante la decisión tomada en estos días conforme a derecho por el gobierno venezolano de no renovar la concesión a la cadena Radio Caracas Televisión (RCT) del empresario golpista Marcel Granier plantea, por el contrario, el fondo de la cuestión. No es posible que un consorcio como Televisa, que al igual que RCT durante más de medio siglo ha llenado de basura las pantallas negándole de paso al pueblo los derechos a la información, a la educación y a la cultura, pretenda que las concesiones que recibe sean "para la eternidad".
9. El gobierno de facto de Calderón se ha caracterizado por tener un desdén, que raya en el desprecio, por el marco constitucional del país, lo que ha entrañado en estos seis meses una sistemática violación a los derechos fundamentales de los mexicanos. En las cárceles del país hay decenas de presos políticos, las Fuerzas Armadas han cometido todo género de tropelías en diversos estados, los derechos sociales a la salud y a la seguridad social se están cancelando y ahora quiere "institucionalizar", es decir, "hacer nulos", los derechos a la información, a la educación y a la cultura.
10. Las amenazas son cada vez mayores a este respecto, y al margen de la posición que adopten los integrantes de la "clase política" tras el escándalo suscitado por esta legislación inconstitucional, resulta urgente desde la sociedad expresar un mayor rechazo a quienes se han adueñado espuriamente de un espacio estratégico que es, y debe seguir siendo, de la nación.
Posada Carriles, un peligro para la humanidad
Jaime Martínez Veloz
La vasta trayectoria delictiva del asesino anticomunista Luis Posada Carriles es un fiel reflejo de la genocida política oficial de grupos recalcitrantes de Estados Unidos, empecinados en su criminal objetivo de impedir el desarrollo igualitario del modelo cubano y la subsecuente institucionalización del proceso en la región.
Posada Carriles forma parte de esa suerte de perros de la guerra, entrenados y equipados por los estadunidenses para aterrorizar de modo sistemático al pueblo isleño desde el principio mismo de la revolución. Este mercenario fue una de las creaciones con las que el imperio sentó precedentes para advertir a sociedades inconformes de los riesgos de pretender consolidar una alternativa a los modelos de sumisión y explotación coincidentes con los intereses de Estados Unidos.
Entre la infinidad de atrocidades que ha cometido por encargo de Estados Unidos, bastarían algunos de sus crímenes para condenarlo a prisión perpetua. Si bien fue el pueblo cubano el objeto principal de su carrera terrorista, otras naciones, como Venezuela, también padecieron la aplicación in situ de sus experiencias criminales.
Además de las técnicas propias de la doctrina militar, el terrorista Posada Carriles se regodeaba por las prácticas delictivas del propio Estado venezolano en los años 60. Como él mismo confiesa en su libro Los caminos del guerrero, la insurgencia social venezolana se reprimía de manera exitosa, gracias a que el Poder Judicial "autorizaba cientos de allanamientos diarios y no se preocupaba mucho por los derechos legales de los detenidos".
Las instituciones del Estado habían perdido toda dimensión de legalidad, como él mismo describe: "la policía... detenía, allanaba e interrogaba utilizando los métodos más duros de persuasión". Todo ello con la justificación de frenar la amenaza comunista, patraña enarbolada por los gobiernos estadunidenses, cuyos principales asesores desde la época de Kennedy admitían en privado que era una mentira, muy conveniente para despertar la histeria en los timoratos y generar el consenso alrededor de las políticas terroristas de Estado contra la revolución.
De hecho, los principales consejeros políticos estadunidenses coincidían en que la verdadera amenaza del modelo cubano era el ejemplo exitoso que demostraba a sociedades vecinas la posibilidad de tomar en sus manos el destino suyo y el de sus seres queridos, tal como estaban haciendo los isleños. Para evitar esa "contaminación" era preciso entonces atacar, secuestrar, bombardear, mutilar, herir, asesinar, de cuyos ejemplos está plagado el libro del terrorista Posada Carriles. Si en esos años el pretexto era frenar el comunismo, después lo serían los derechos humanos, luego la democratización, la presencia de armas de destrucción masiva (¿el criminal bloqueo económico a la isla no lo es?), la guerra contra el terrorismo, entre otros argumentos igual de cretinos, que no dejan de explotar los apologistas del sistema de exclusión que padecemos.
Posada Carriles asesinó con una bomba a más de 70 pasajeros de un avión, crimen por el cual el actual gobierno venezolano exige su extradición de Estados Unidos, adonde llegó cruzando desde México, en cuyo territorio transitó sin problemas en el gobierno panista de Vicente Fox.
Hipócrita como es, Estados Unidos protege al mercenario, tal vez consciente de que entregarlo a la justicia significaría que saliera a relucir la complicidad abierta de su gobierno con el terrorismo de Estado como política oficial.
De cierta manera, Bush es consciente de que entregar a Posada Carriles a la justicia es una admisión tácita de la perversidad de su gobierno en la infinidad de crímenes que comete ahora, bajo pretexto de la "guerra contra el terror". El sicópata mandatario estadunidense bien puede torturar y asesinar en Guantánamo, de lo cual hay evidencia, al tiempo que protege a criminales como Posada.
En nosotros está denunciar estas atrocidades y llamar a Bush como lo que es: un terrorista, así como las intenciones del mequetrefe para involucrarnos en las actividades criminales del imperio.
México no es, ni puede ser ajeno a las atrocidades que ha cometido el terrorista Luis Posada Carriles, protegido por el gobierno estadunidense, mucho menos cuando está comprobado que es un peligro para la humanidad.
La vasta trayectoria delictiva del asesino anticomunista Luis Posada Carriles es un fiel reflejo de la genocida política oficial de grupos recalcitrantes de Estados Unidos, empecinados en su criminal objetivo de impedir el desarrollo igualitario del modelo cubano y la subsecuente institucionalización del proceso en la región.
Posada Carriles forma parte de esa suerte de perros de la guerra, entrenados y equipados por los estadunidenses para aterrorizar de modo sistemático al pueblo isleño desde el principio mismo de la revolución. Este mercenario fue una de las creaciones con las que el imperio sentó precedentes para advertir a sociedades inconformes de los riesgos de pretender consolidar una alternativa a los modelos de sumisión y explotación coincidentes con los intereses de Estados Unidos.
Entre la infinidad de atrocidades que ha cometido por encargo de Estados Unidos, bastarían algunos de sus crímenes para condenarlo a prisión perpetua. Si bien fue el pueblo cubano el objeto principal de su carrera terrorista, otras naciones, como Venezuela, también padecieron la aplicación in situ de sus experiencias criminales.
Además de las técnicas propias de la doctrina militar, el terrorista Posada Carriles se regodeaba por las prácticas delictivas del propio Estado venezolano en los años 60. Como él mismo confiesa en su libro Los caminos del guerrero, la insurgencia social venezolana se reprimía de manera exitosa, gracias a que el Poder Judicial "autorizaba cientos de allanamientos diarios y no se preocupaba mucho por los derechos legales de los detenidos".
Las instituciones del Estado habían perdido toda dimensión de legalidad, como él mismo describe: "la policía... detenía, allanaba e interrogaba utilizando los métodos más duros de persuasión". Todo ello con la justificación de frenar la amenaza comunista, patraña enarbolada por los gobiernos estadunidenses, cuyos principales asesores desde la época de Kennedy admitían en privado que era una mentira, muy conveniente para despertar la histeria en los timoratos y generar el consenso alrededor de las políticas terroristas de Estado contra la revolución.
De hecho, los principales consejeros políticos estadunidenses coincidían en que la verdadera amenaza del modelo cubano era el ejemplo exitoso que demostraba a sociedades vecinas la posibilidad de tomar en sus manos el destino suyo y el de sus seres queridos, tal como estaban haciendo los isleños. Para evitar esa "contaminación" era preciso entonces atacar, secuestrar, bombardear, mutilar, herir, asesinar, de cuyos ejemplos está plagado el libro del terrorista Posada Carriles. Si en esos años el pretexto era frenar el comunismo, después lo serían los derechos humanos, luego la democratización, la presencia de armas de destrucción masiva (¿el criminal bloqueo económico a la isla no lo es?), la guerra contra el terrorismo, entre otros argumentos igual de cretinos, que no dejan de explotar los apologistas del sistema de exclusión que padecemos.
Posada Carriles asesinó con una bomba a más de 70 pasajeros de un avión, crimen por el cual el actual gobierno venezolano exige su extradición de Estados Unidos, adonde llegó cruzando desde México, en cuyo territorio transitó sin problemas en el gobierno panista de Vicente Fox.
Hipócrita como es, Estados Unidos protege al mercenario, tal vez consciente de que entregarlo a la justicia significaría que saliera a relucir la complicidad abierta de su gobierno con el terrorismo de Estado como política oficial.
De cierta manera, Bush es consciente de que entregar a Posada Carriles a la justicia es una admisión tácita de la perversidad de su gobierno en la infinidad de crímenes que comete ahora, bajo pretexto de la "guerra contra el terror". El sicópata mandatario estadunidense bien puede torturar y asesinar en Guantánamo, de lo cual hay evidencia, al tiempo que protege a criminales como Posada.
En nosotros está denunciar estas atrocidades y llamar a Bush como lo que es: un terrorista, así como las intenciones del mequetrefe para involucrarnos en las actividades criminales del imperio.
México no es, ni puede ser ajeno a las atrocidades que ha cometido el terrorista Luis Posada Carriles, protegido por el gobierno estadunidense, mucho menos cuando está comprobado que es un peligro para la humanidad.
¿Sexo sin máscaras?
Gabriela Rodríguez
El trato sexual hacia las mujeres está desenmascarando categóricamente las políticas públicas que sigue el gobierno federal en contraposición al de la capital del país.
El jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, ha detenido la publicación del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no obstante que el plazo se cumplió el pasado 2 de mayo, y mientras los operativos de la Federación destacan por un excesivo uso de la fuerza y de violaciones contra las mujeres por parte del Ejército y los cuerpos policiacos en Oaxaca, en Zongolica (donde ya aislaron a los familiares de Ernestina Ascensión), en Michoacán, además de Ciudad Juárez y San Salvador Atenco.
En cambio, en el Distrito Federal se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas como un acto de gran compromiso de los asambleístas y una determinación -con fuertes riesgos políticos- del jefe de Gobierno y de funcionarios capitalinos para colocar al sector salud y los programas educativos del gobierno de la ciudad de México al servicio de las mujeres que tienen vida sexual.
Hay que hacer un especial reconocimiento a los médicos de los hospitales de la ciudad que están asumiendo un compromiso profesional con las mujeres. Galenos y galenas están desempeñando un nuevo papel en América Latina al superar las presiones de los jerarcas católicos para ejercer su libertad de conciencia y ayudar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Son prestadores de servicios de salud que hoy se colocan a la altura de sus colegas en Francia, en España, en Italia, por señalar tres países eminentemente católicos, donde todas las mujeres tienen acceso al aborto legal. Se trata de un cambio de identidad, de quitarse la venda de los ojos que les impedía mirar a todas las muertas por complicaciones de aborto, de desenmascararse frente a un problema grave de salud pública: una forma de dar menos importancia a aquellas actividades, hechos y motivos que componen una versión idealizada del médico y de sus obras. Son médicos y médicas que muestran una nueva faceta del servidor público, mejor a la anterior y en armonía con su autoestima y congruencia, al incorporar en su práctica cotidiana el valor a la salud y a la vida digna, aunque el aborto no esté acreditado por toda la sociedad. Son médicos y médicas que se reafirman con valores más altos, que toman el riesgo y se asumen pioneros de causas sociales, que aportan a la construcción de una historia menos injusta para las mujeres más pobres del siglo XXI, quienes no han tenido acceso a ese servicio.
Tal como quedó incluida en la reforma legal, realizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el derecho a decidir sobre el cuerpo va más allá del acceso al aborto seguro: implica una política pública que garantiza una educación sexual y dispositivos de prevención de la salud sexual y reproductiva. Información, condones y anticonceptivos para todos los habitantes de la ciudad de México, para que sólo se recurra al aborto como última medida y la tasa de éstos sea mínima. En ello trabajan coordinadamente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Vale la pena recordar un importante estudio que el doctor Douglas Kirby realizó en 2001 sobre programas de educación sexual en el mundo y sus hallazgos, que han demostrado éxito en la disminución de embarazos no deseados y VIH/sida son aquéllos cuyos servicios comunitarios combinan reuniones grupales y reflexivas; el uso de anticonceptivos se incrementa en el corto plazo si los centros de salud ofrecen material educativo de calidad, si se abren discusiones con los adolescentes y con las mujeres sobre conducta sexual y uso de anticonceptivos; si se difunde un mensaje claro y si se impulsa un programa intensivo que combine educación sexual, salud integral y tutoría individual.
En posición opuesta, la Secretaría de Salud está negando el servicio de aborto en sus instalaciones hospitalarias de la ciudad de México; aun cuando está despenalizada la práctica en este territorio, las mujeres serán rechazadas y no tendrán mucho que agradecer a esos funcionarios.
Pero la Secretaría de Educación Pública cuenta con el beneficio de la duda. Josefina Vázquez Mota ha reiterado su compromiso con la educación laica, la equidad de género y la educación sexual, en tanto la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, afirmó esta semana que no cederá a las presiones de los grupos conservadores para echar atrás el libro de texto de Ciencias de primero de secundaria, en el cual se habla de lo inocuo de la masturbación, de la diversidad de las prácticas sexuales y de los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. En esos textos tendría también que hablarse del aborto legal, de todas las causales despenalizadas que existen en las entidades del país desde hace 70 años, así como del acceso a la interrupción legal antes de las 12 semanas en el Distrito Federal.
El nuevo libro de texto, que está por aprobarse en la SEP, será ocasión para que el gobierno federal defina su verdadero compromiso ante la equidad de género, su posición ante el derecho a decidir de las mujeres y adolescentes para resolver el problema de quienes viven un embarazo no deseado, y también para evitar que lleguen a esa penosa situación porque estarán suficientemente informadas y tendrán acceso a la más alta tecnología anticonceptiva.
Estamos frente a una oportunidad única para desenmascarar a los políticos conservadores modernos, ver si son capaces de tomar una nueva identidad y asumir un compromiso moral al servicio de todos, por encima de sus creencias religiosas. De que nos demuestren que no van a ceder a las presiones de los jerarcas católicos, sino a impulsar la educación sexual y defender la educación laica.
El trato sexual hacia las mujeres está desenmascarando categóricamente las políticas públicas que sigue el gobierno federal en contraposición al de la capital del país.
El jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, ha detenido la publicación del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no obstante que el plazo se cumplió el pasado 2 de mayo, y mientras los operativos de la Federación destacan por un excesivo uso de la fuerza y de violaciones contra las mujeres por parte del Ejército y los cuerpos policiacos en Oaxaca, en Zongolica (donde ya aislaron a los familiares de Ernestina Ascensión), en Michoacán, además de Ciudad Juárez y San Salvador Atenco.
En cambio, en el Distrito Federal se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas como un acto de gran compromiso de los asambleístas y una determinación -con fuertes riesgos políticos- del jefe de Gobierno y de funcionarios capitalinos para colocar al sector salud y los programas educativos del gobierno de la ciudad de México al servicio de las mujeres que tienen vida sexual.
Hay que hacer un especial reconocimiento a los médicos de los hospitales de la ciudad que están asumiendo un compromiso profesional con las mujeres. Galenos y galenas están desempeñando un nuevo papel en América Latina al superar las presiones de los jerarcas católicos para ejercer su libertad de conciencia y ayudar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Son prestadores de servicios de salud que hoy se colocan a la altura de sus colegas en Francia, en España, en Italia, por señalar tres países eminentemente católicos, donde todas las mujeres tienen acceso al aborto legal. Se trata de un cambio de identidad, de quitarse la venda de los ojos que les impedía mirar a todas las muertas por complicaciones de aborto, de desenmascararse frente a un problema grave de salud pública: una forma de dar menos importancia a aquellas actividades, hechos y motivos que componen una versión idealizada del médico y de sus obras. Son médicos y médicas que muestran una nueva faceta del servidor público, mejor a la anterior y en armonía con su autoestima y congruencia, al incorporar en su práctica cotidiana el valor a la salud y a la vida digna, aunque el aborto no esté acreditado por toda la sociedad. Son médicos y médicas que se reafirman con valores más altos, que toman el riesgo y se asumen pioneros de causas sociales, que aportan a la construcción de una historia menos injusta para las mujeres más pobres del siglo XXI, quienes no han tenido acceso a ese servicio.
Tal como quedó incluida en la reforma legal, realizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el derecho a decidir sobre el cuerpo va más allá del acceso al aborto seguro: implica una política pública que garantiza una educación sexual y dispositivos de prevención de la salud sexual y reproductiva. Información, condones y anticonceptivos para todos los habitantes de la ciudad de México, para que sólo se recurra al aborto como última medida y la tasa de éstos sea mínima. En ello trabajan coordinadamente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Vale la pena recordar un importante estudio que el doctor Douglas Kirby realizó en 2001 sobre programas de educación sexual en el mundo y sus hallazgos, que han demostrado éxito en la disminución de embarazos no deseados y VIH/sida son aquéllos cuyos servicios comunitarios combinan reuniones grupales y reflexivas; el uso de anticonceptivos se incrementa en el corto plazo si los centros de salud ofrecen material educativo de calidad, si se abren discusiones con los adolescentes y con las mujeres sobre conducta sexual y uso de anticonceptivos; si se difunde un mensaje claro y si se impulsa un programa intensivo que combine educación sexual, salud integral y tutoría individual.
En posición opuesta, la Secretaría de Salud está negando el servicio de aborto en sus instalaciones hospitalarias de la ciudad de México; aun cuando está despenalizada la práctica en este territorio, las mujeres serán rechazadas y no tendrán mucho que agradecer a esos funcionarios.
Pero la Secretaría de Educación Pública cuenta con el beneficio de la duda. Josefina Vázquez Mota ha reiterado su compromiso con la educación laica, la equidad de género y la educación sexual, en tanto la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, afirmó esta semana que no cederá a las presiones de los grupos conservadores para echar atrás el libro de texto de Ciencias de primero de secundaria, en el cual se habla de lo inocuo de la masturbación, de la diversidad de las prácticas sexuales y de los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. En esos textos tendría también que hablarse del aborto legal, de todas las causales despenalizadas que existen en las entidades del país desde hace 70 años, así como del acceso a la interrupción legal antes de las 12 semanas en el Distrito Federal.
El nuevo libro de texto, que está por aprobarse en la SEP, será ocasión para que el gobierno federal defina su verdadero compromiso ante la equidad de género, su posición ante el derecho a decidir de las mujeres y adolescentes para resolver el problema de quienes viven un embarazo no deseado, y también para evitar que lleguen a esa penosa situación porque estarán suficientemente informadas y tendrán acceso a la más alta tecnología anticonceptiva.
Estamos frente a una oportunidad única para desenmascarar a los políticos conservadores modernos, ver si son capaces de tomar una nueva identidad y asumir un compromiso moral al servicio de todos, por encima de sus creencias religiosas. De que nos demuestren que no van a ceder a las presiones de los jerarcas católicos, sino a impulsar la educación sexual y defender la educación laica.
México, paraíso para capitales foráneos
Carlos Fernández-Vega
Retorna el discurso foxista de "la confianza" (en "el gobierno y sus instituciones"), y una vez más atiborra el ambiente, para celebrar (Calderón dixit) que "en ningún" trimestre de la historia nacional el río de dólares había irrigado al país en forma de inversión extranjera directa como lo hizo en el primero de este 2007.
Como el de las ideas cortas y la lengua larga, Felipe Calderón "olvidó" algo elemental: si la inversión extranjera se mantiene no es precisamente por "confianza" ni por "solidez" económica, sino porque México se ha convertido en uno de los paraísos más preciados para los capitales foráneos, y de ello dan cuenta los 26 mil millones de dólares que en el sexenio foxista remitieron a sus respectivos países de origen en forma de utilidades netas, sin considerar los casi 18 mil millones reinvertidos, por igual concepto en territorio nacional, ni las jugosas exenciones fiscales de las que gozan, ni mucho menos los excesos e impunidad que ese "gobierno" y esas "instituciones" les toleran y garantizan. Tampoco incluye las ganancias especulativas (léase mercado de valores), que se cocinan aparte.
El hecho es que en Durango el inquilino de Los Pinos estaba en plena advertencia de que "ni un paso atrás" en eso de que el Ejército regrese a los cuarteles (porque el que va pa'tras es él), cuando se acordó de la buena noticia y del discurso de la "confianza", que su antecesor elevó a grado de nembutal (va choro completo, con todo y sintaxis):
"Miren, hace un año, que fue buen año en inversión para México, el 2006. México recibió en los tres primeros meses del año 3 mil millones de dólares de inversión extranjera en México. Hoy me están dando la noticia de que México en los tres primeros meses de este año recibió 6 mil 554, es decir, más del doble de la inversión extranjera del año pasado. Creo que esta cifra es superior a la de cualquier trimestre, primer trimestre de un año y no contamos unas operaciones de compra de bancos que se hicieron en alguna ocasión, es el mayor flujo de inversión hacia nuestro país en todo lo que se tiene de registro para un trimestre. ¿Qué significa esto, duranguenses? Que hay confianza en el país, que se nos está viendo en el mundo que tenemos con qué y traemos ganas de salir adelante. Estas son buenas noticias, buenas noticias de que hay confianza en México, que hay confianza en el país. Así que, excluyendo aquellos trimestres en que se realizaron compra-venta de bancos, éste es el trimestre de mayor captación de inversión extranjera en toda la historia del país, casi el doble o más del doble de los primeros tres meses del 2006 es un buen augurio, ¿saben por qué? Porque eso va a significar a la larga más empleos y mejor pagados para los duranguenses y para los mexicanos". (Dos acotaciones: a) hasta ahora la presencia de inversión extranjera directa en el país no se ha traducido en "más empleos y mejor pagados" para los mexicanos; b) en 2006, de acuerdo con la Cepal, el flujo de capitales foráneos al país cayó 4 por ciento con respecto al monto de 2005).
Contento, pues, el inquilino de Los Pinos porque el primer trimestre de 2007 es el más bonito de la historia económica del país (con todo y 2.6 por ciento de "crecimiento" en el PIB y su 4 por ciento desempleo), porque oficialmente ingresaron 6 mil 553.6 millones de dólares en inversión extranjera directa, un monto 66.4 por ciento mayor con respecto a igual periodo de 2006.
El problema empieza cuando se desmenuzan esos 6 mil 500 y pico de millones de dólares que motivan la felicidad gubernamental y la "confianza" de los capitales foráneos: inversión nueva, lo que se llama nueva (ergo, billetes frescos) sólo llegaron mil 918.4 millones. El resto, son trucos contables, vestidos de reinversión de utilidades, cuentas entre compañías, e importación de activo fijo por empresas maquiladoras con inversión extranjera, renglones que representan poco más del 70 por ciento del total.
Cuando la información se desgrana, entonces la cacareada "confianza" ya no es tanta, y esa es la historia que registra la inversión extranjera directa en el país, porque de los poco más de 161 mil millones de dólares reconocidos oficialmente (1999-2007) como ingreso de capital foráneo productivo, sólo la mitad realmente corresponde a dinero fresco (incluidas fusiones y adquisiciones, como la de Banamex por parte de Citigroup y la de Bancomer por BBVA), y la otra mitad a los descritos trucos contables.
Para el caso del histórico primer trimestre de 2007, la propia Secretaría de Economía presenta el balance: de los 6 mil 553.6 millones de dólares, 29.3 por ciento (mil 918.4 millones) corresponde a nuevas inversiones; 36.9 por ciento a reinversión de utilidades (obtenidas en México y que sumaron 2 mil 421.1 millones); 23.3 por ciento a cuentas entre compañías (mil 524 millones) y 10.5 por ciento (690.1 millones) a importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras.
Ese es el grado de "confianza" real, que empeora cuando se conoce (información de la Secretaría de Economía) que de los mil 918.4 millones de dólares de inversión realmente nueve, sólo el 7.27 por ciento (139.6 millones) ha sido notificado al Registro Nacional de Inversión Extranjera. El resto, son estimaciones sobre flujo de inversión (mil 700 millones) y fusiones (78 millones).
Ese es el alegre motivo del inquilino de Los Pinos, y ese el tamaño real de la "confianza".
Las rebanadas del pastel
En Yucatán, Juan Camilo Mouriño creyó que negociaba más gasolineras para su Grupo Energético del Sureste, pero le salieron más respondones que cabezones, porque lo que estaba en juego era el gobierno de la entidad. Se quedó sin unas y sin otra, y ahora sólo falta la denuncia por delito electoral.
Retorna el discurso foxista de "la confianza" (en "el gobierno y sus instituciones"), y una vez más atiborra el ambiente, para celebrar (Calderón dixit) que "en ningún" trimestre de la historia nacional el río de dólares había irrigado al país en forma de inversión extranjera directa como lo hizo en el primero de este 2007.
Como el de las ideas cortas y la lengua larga, Felipe Calderón "olvidó" algo elemental: si la inversión extranjera se mantiene no es precisamente por "confianza" ni por "solidez" económica, sino porque México se ha convertido en uno de los paraísos más preciados para los capitales foráneos, y de ello dan cuenta los 26 mil millones de dólares que en el sexenio foxista remitieron a sus respectivos países de origen en forma de utilidades netas, sin considerar los casi 18 mil millones reinvertidos, por igual concepto en territorio nacional, ni las jugosas exenciones fiscales de las que gozan, ni mucho menos los excesos e impunidad que ese "gobierno" y esas "instituciones" les toleran y garantizan. Tampoco incluye las ganancias especulativas (léase mercado de valores), que se cocinan aparte.
El hecho es que en Durango el inquilino de Los Pinos estaba en plena advertencia de que "ni un paso atrás" en eso de que el Ejército regrese a los cuarteles (porque el que va pa'tras es él), cuando se acordó de la buena noticia y del discurso de la "confianza", que su antecesor elevó a grado de nembutal (va choro completo, con todo y sintaxis):
"Miren, hace un año, que fue buen año en inversión para México, el 2006. México recibió en los tres primeros meses del año 3 mil millones de dólares de inversión extranjera en México. Hoy me están dando la noticia de que México en los tres primeros meses de este año recibió 6 mil 554, es decir, más del doble de la inversión extranjera del año pasado. Creo que esta cifra es superior a la de cualquier trimestre, primer trimestre de un año y no contamos unas operaciones de compra de bancos que se hicieron en alguna ocasión, es el mayor flujo de inversión hacia nuestro país en todo lo que se tiene de registro para un trimestre. ¿Qué significa esto, duranguenses? Que hay confianza en el país, que se nos está viendo en el mundo que tenemos con qué y traemos ganas de salir adelante. Estas son buenas noticias, buenas noticias de que hay confianza en México, que hay confianza en el país. Así que, excluyendo aquellos trimestres en que se realizaron compra-venta de bancos, éste es el trimestre de mayor captación de inversión extranjera en toda la historia del país, casi el doble o más del doble de los primeros tres meses del 2006 es un buen augurio, ¿saben por qué? Porque eso va a significar a la larga más empleos y mejor pagados para los duranguenses y para los mexicanos". (Dos acotaciones: a) hasta ahora la presencia de inversión extranjera directa en el país no se ha traducido en "más empleos y mejor pagados" para los mexicanos; b) en 2006, de acuerdo con la Cepal, el flujo de capitales foráneos al país cayó 4 por ciento con respecto al monto de 2005).
Contento, pues, el inquilino de Los Pinos porque el primer trimestre de 2007 es el más bonito de la historia económica del país (con todo y 2.6 por ciento de "crecimiento" en el PIB y su 4 por ciento desempleo), porque oficialmente ingresaron 6 mil 553.6 millones de dólares en inversión extranjera directa, un monto 66.4 por ciento mayor con respecto a igual periodo de 2006.
El problema empieza cuando se desmenuzan esos 6 mil 500 y pico de millones de dólares que motivan la felicidad gubernamental y la "confianza" de los capitales foráneos: inversión nueva, lo que se llama nueva (ergo, billetes frescos) sólo llegaron mil 918.4 millones. El resto, son trucos contables, vestidos de reinversión de utilidades, cuentas entre compañías, e importación de activo fijo por empresas maquiladoras con inversión extranjera, renglones que representan poco más del 70 por ciento del total.
Cuando la información se desgrana, entonces la cacareada "confianza" ya no es tanta, y esa es la historia que registra la inversión extranjera directa en el país, porque de los poco más de 161 mil millones de dólares reconocidos oficialmente (1999-2007) como ingreso de capital foráneo productivo, sólo la mitad realmente corresponde a dinero fresco (incluidas fusiones y adquisiciones, como la de Banamex por parte de Citigroup y la de Bancomer por BBVA), y la otra mitad a los descritos trucos contables.
Para el caso del histórico primer trimestre de 2007, la propia Secretaría de Economía presenta el balance: de los 6 mil 553.6 millones de dólares, 29.3 por ciento (mil 918.4 millones) corresponde a nuevas inversiones; 36.9 por ciento a reinversión de utilidades (obtenidas en México y que sumaron 2 mil 421.1 millones); 23.3 por ciento a cuentas entre compañías (mil 524 millones) y 10.5 por ciento (690.1 millones) a importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras.
Ese es el grado de "confianza" real, que empeora cuando se conoce (información de la Secretaría de Economía) que de los mil 918.4 millones de dólares de inversión realmente nueve, sólo el 7.27 por ciento (139.6 millones) ha sido notificado al Registro Nacional de Inversión Extranjera. El resto, son estimaciones sobre flujo de inversión (mil 700 millones) y fusiones (78 millones).
Ese es el alegre motivo del inquilino de Los Pinos, y ese el tamaño real de la "confianza".
Las rebanadas del pastel
En Yucatán, Juan Camilo Mouriño creyó que negociaba más gasolineras para su Grupo Energético del Sureste, pero le salieron más respondones que cabezones, porque lo que estaba en juego era el gobierno de la entidad. Se quedó sin unas y sin otra, y ahora sólo falta la denuncia por delito electoral.
Democracia según Elba Esther
Julio Hernández López
Tal como es obligado en toda creación gordillista, el llamado cuarto Congreso Nacional de Educación fue un descarado acto de simulación. Alrededor de 4 mil personas de todo el país fueron reunidas los pasados 21 y 22 en Tonatico, estado de México, para darle marco de presunta participación democrática a conclusiones previamente establecidas por la elite sindical.
La farsa comenzó con un "comité evaluador" que seleccionó de entre unas 34 mil ponencias las que a su juicio merecían ser llevadas al escenario de mala teatralidad de un "congreso" nacional (fueron dos, en realidad: el cuarto sobre educación y el segundo de "padres y maestros") en el que no hubo auténtica discusión ni análisis, más interesados los organizadores en hacer que el tiempo corriera en asuntos protocolarios que en verdaderas sesiones de trabajo, la vista puesta más bien en evitar posibles protestas públicas de los opositores al charrismo de la profesora Elgang Ster (el juego de palabras, al estilo Chicago, es una cortesía de Jaime Muñoz, el notable articulista de La Opinión Milenio, de Torreón, Coahuila).
Los dos días de reunión se consumieron en inaugurar y clausurar el supuesto congreso. El primer día, los viajeros fueron instalados en el centro deportivo de Tonatico, tres horas antes de que llegaran Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, quienes consumieron casi una hora y media en la ceremonia de elogios mutuos y compromisos a cuenta de favores intercambiados. De allí fueron llevados a una comida en el hotel Marriot y en la hacienda San Diego, donde luego hubo largas filas para el registro y la emisión de credenciales de los delegados. Enseguida se acomodaron en las "mesas" donde, luego de la toma de fotografías que daban testimonio de que se estaba "trabajando", fueron planteados los temas de discusión, proceso que duró no más de una hora, pues había llegado el momento de la cena y el fin del primer día de actividades.
En el segundo día hubo desayuno, reinstalación de las míticas mesas de trabajo, presentación de un "documento prelaborado de sistematización" que sobre las ponencias redactó la cúpula del SNTE y, una hora después, el "debate y análisis" terminó. Los delegados fueron llevados al centro deportivo de Tonatico, donde, a las 12.30 horas, comenzó la ceremonia de clausura en la que ¡se leyó una relatoría de las 'conclusiones de las mesas de trabajo'!
En realidad, el "congreso" sirvió de escenografía para los discursos inaugurales de Calderón y Gordillo. Los delegados fueron circunscritos a la trascendente tarea de desayunar, comer, cenar, dormir y hacer como que comenzaban a discutir lo que ya estaba impreso y empastado. Pero de lo que se trataba era de preservar el poder, pues el "congreso" sienta las bases para las próximas elecciones sindicales. Y, desde luego, el escenario de simulación sirvió para que Felipe y Elba Esther confirmaran en público sus amoríos políticos (que procrearon, entre otras linduras, las del 2 de julio de 2006) y sentaran las bases de una "reforma educativa" que, como las modificaciones a la Ley del ISSSTE, ha sido pensada en función de los intereses del grupo que domina al SNTE y, en especial, de su democrática y honesta dirigente, la vicepresidenta B Gordillo (el A es Mouriño).
Astillas
En el feudo de Carlos Herrera Arluce, quien ha sido el jefe de jefes de Gómez Palacio, Durango, una de las ciudades que conurbadas forman la Comarca Lagunera, Felipe Calderón se mostró subrayadamente enérgico (con golpes de dedo en el atril) en defensa de la cruzada militar contra el narcotráfico, que el Congreso federal le ha pedido constreñir a lo civil. Herrera Arluce fue atacado en días pasados por pistoleros que dispararon contra su camioneta blindada. La larga hegemonía del priísta Herrera Arluce (dos veces presidente municipal de Gómez Palacio, precandidato a gobernador, padre de la diputada federal Leticia Herrera) pretende ser ocupada por una nueva clase empresarial y política panista, en la que destacan personajes emparentados políticamente -compadrazgos- con el nuevo poder federal o prestadores de servicios legislativos que ahora buscan la corresponsalía diplomática mexicana en las oficinas centrales del Hola! No es a la lucha contra el narcotráfico a lo que se oponen ciudadanos e incluso diputados y senadores, sino al uso del Ejército en tareas que no le competen y que acabarán desgastando y comprometiendo a las fuerzas armadas, y al uso de la violencia institucional para instalar nuevos gerentes de la riqueza ilegal. Por lo demás, mal hace el Presidente LegaL (PLL) al tachar casi de traidores a la patria a quienes no piensan como él. Los heroísmos a cuenta de muertes ajenas no son signo de valentía ni es republicano el azuzar a los "ciudadanos" para que le digan a los legisladores del PRD y el PRI lo mucho que han sufrido a causa del narco, porque en esa división social alentada por Los Pinos (y, desde antes, en la campaña presidencial) bien podrían toparse los panistas con el rosario de reclamos por lo que están haciendo en terrenos oscuros en aquella región lagunera... Rocío Hernández Maldonado es voluntaria del Jardín Botánico de la UNAM, en especial de la Unidad de Propagación de Cactáceas y, con esa autoridad que este tecleador le reconoce, protesta porque aquí se ha escrito sobre Manuel Espino asociándolo con tales especies vegetales en cuyo nombre ella se permite hablar: "Así como la (...) ingada niega ser la madre de políticos y ex presidentes, las cactáceas reniegan de cualquier parentesco y similitud que se haga entre ellas y Manuel Espino; ya no lo hagas, Julio, por favor. Sería conveniente intentar la analogía con las espinas de los pescados que se encuentran en los basureros, quizás ellas no tengan quién las defienda ante tremenda ofensa". Tiene razón Rocío: perdón, cactáceas...Y, mientras la fiscalía Televisa de delitos electorales sigue ignorando las acusaciones de Espino (de pescado) contra Mouriño-Los Pinos, ¡feliz fin de semana, sin deditos golpeadores!
Tal como es obligado en toda creación gordillista, el llamado cuarto Congreso Nacional de Educación fue un descarado acto de simulación. Alrededor de 4 mil personas de todo el país fueron reunidas los pasados 21 y 22 en Tonatico, estado de México, para darle marco de presunta participación democrática a conclusiones previamente establecidas por la elite sindical.
La farsa comenzó con un "comité evaluador" que seleccionó de entre unas 34 mil ponencias las que a su juicio merecían ser llevadas al escenario de mala teatralidad de un "congreso" nacional (fueron dos, en realidad: el cuarto sobre educación y el segundo de "padres y maestros") en el que no hubo auténtica discusión ni análisis, más interesados los organizadores en hacer que el tiempo corriera en asuntos protocolarios que en verdaderas sesiones de trabajo, la vista puesta más bien en evitar posibles protestas públicas de los opositores al charrismo de la profesora Elgang Ster (el juego de palabras, al estilo Chicago, es una cortesía de Jaime Muñoz, el notable articulista de La Opinión Milenio, de Torreón, Coahuila).
Los dos días de reunión se consumieron en inaugurar y clausurar el supuesto congreso. El primer día, los viajeros fueron instalados en el centro deportivo de Tonatico, tres horas antes de que llegaran Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, quienes consumieron casi una hora y media en la ceremonia de elogios mutuos y compromisos a cuenta de favores intercambiados. De allí fueron llevados a una comida en el hotel Marriot y en la hacienda San Diego, donde luego hubo largas filas para el registro y la emisión de credenciales de los delegados. Enseguida se acomodaron en las "mesas" donde, luego de la toma de fotografías que daban testimonio de que se estaba "trabajando", fueron planteados los temas de discusión, proceso que duró no más de una hora, pues había llegado el momento de la cena y el fin del primer día de actividades.
En el segundo día hubo desayuno, reinstalación de las míticas mesas de trabajo, presentación de un "documento prelaborado de sistematización" que sobre las ponencias redactó la cúpula del SNTE y, una hora después, el "debate y análisis" terminó. Los delegados fueron llevados al centro deportivo de Tonatico, donde, a las 12.30 horas, comenzó la ceremonia de clausura en la que ¡se leyó una relatoría de las 'conclusiones de las mesas de trabajo'!
En realidad, el "congreso" sirvió de escenografía para los discursos inaugurales de Calderón y Gordillo. Los delegados fueron circunscritos a la trascendente tarea de desayunar, comer, cenar, dormir y hacer como que comenzaban a discutir lo que ya estaba impreso y empastado. Pero de lo que se trataba era de preservar el poder, pues el "congreso" sienta las bases para las próximas elecciones sindicales. Y, desde luego, el escenario de simulación sirvió para que Felipe y Elba Esther confirmaran en público sus amoríos políticos (que procrearon, entre otras linduras, las del 2 de julio de 2006) y sentaran las bases de una "reforma educativa" que, como las modificaciones a la Ley del ISSSTE, ha sido pensada en función de los intereses del grupo que domina al SNTE y, en especial, de su democrática y honesta dirigente, la vicepresidenta B Gordillo (el A es Mouriño).
Astillas
En el feudo de Carlos Herrera Arluce, quien ha sido el jefe de jefes de Gómez Palacio, Durango, una de las ciudades que conurbadas forman la Comarca Lagunera, Felipe Calderón se mostró subrayadamente enérgico (con golpes de dedo en el atril) en defensa de la cruzada militar contra el narcotráfico, que el Congreso federal le ha pedido constreñir a lo civil. Herrera Arluce fue atacado en días pasados por pistoleros que dispararon contra su camioneta blindada. La larga hegemonía del priísta Herrera Arluce (dos veces presidente municipal de Gómez Palacio, precandidato a gobernador, padre de la diputada federal Leticia Herrera) pretende ser ocupada por una nueva clase empresarial y política panista, en la que destacan personajes emparentados políticamente -compadrazgos- con el nuevo poder federal o prestadores de servicios legislativos que ahora buscan la corresponsalía diplomática mexicana en las oficinas centrales del Hola! No es a la lucha contra el narcotráfico a lo que se oponen ciudadanos e incluso diputados y senadores, sino al uso del Ejército en tareas que no le competen y que acabarán desgastando y comprometiendo a las fuerzas armadas, y al uso de la violencia institucional para instalar nuevos gerentes de la riqueza ilegal. Por lo demás, mal hace el Presidente LegaL (PLL) al tachar casi de traidores a la patria a quienes no piensan como él. Los heroísmos a cuenta de muertes ajenas no son signo de valentía ni es republicano el azuzar a los "ciudadanos" para que le digan a los legisladores del PRD y el PRI lo mucho que han sufrido a causa del narco, porque en esa división social alentada por Los Pinos (y, desde antes, en la campaña presidencial) bien podrían toparse los panistas con el rosario de reclamos por lo que están haciendo en terrenos oscuros en aquella región lagunera... Rocío Hernández Maldonado es voluntaria del Jardín Botánico de la UNAM, en especial de la Unidad de Propagación de Cactáceas y, con esa autoridad que este tecleador le reconoce, protesta porque aquí se ha escrito sobre Manuel Espino asociándolo con tales especies vegetales en cuyo nombre ella se permite hablar: "Así como la (...) ingada niega ser la madre de políticos y ex presidentes, las cactáceas reniegan de cualquier parentesco y similitud que se haga entre ellas y Manuel Espino; ya no lo hagas, Julio, por favor. Sería conveniente intentar la analogía con las espinas de los pescados que se encuentran en los basureros, quizás ellas no tengan quién las defienda ante tremenda ofensa". Tiene razón Rocío: perdón, cactáceas...Y, mientras la fiscalía Televisa de delitos electorales sigue ignorando las acusaciones de Espino (de pescado) contra Mouriño-Los Pinos, ¡feliz fin de semana, sin deditos golpeadores!
Insinuaciones improcedentes
Editorial
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, declaró ayer, en respuesta al exhorto emitido el miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que se le instó a capacitar a las instituciones civiles de seguridad pública y a frenar el despliegue de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, que no dará marcha atrás en el empleo del Ejército para hacer frente al crimen organizado, y se preguntó si los legisladores opositores pretenden, con la divulgación del mencionado exhorto, un panorama nacional dominado por la delincuencia.
Tal insinuación muestra una deplorable falta de civismo político, resulta ofensiva para el espíritu republicano y sienta un mal precedente en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entre éste y la sociedad: los disensos en torno de las estrategias gubernamentales no deben dar lugar a la expresión de sospechas como mero recurso de descalificación de los argumentos contrarios. El llamado del Legislativo, al igual que muchos otros que se han hecho desde diversos sectores de la sociedad civil, no busca -como lo sugirió Calderón Hinojosa- que el gobierno renuncie a combatir el crimen organizado, ni dejar el país a merced de las organizaciones delictivas, ni tolerar la violación de las leyes. La demanda de los legisladores es que éstas se apliquen de manera inteligente, realista y con perspectivas de éxito.
Salta a la vista que la estrategia del gobierno federal ha carecido de estas perspectivas: los alardes de poderío militar en las zonas controladas por el narcotráfico parecen más una simulación con tintes mediáticos que, sin embargo, han acarreado un costo inaceptable en vidas, violaciones a los derechos humanos, incertidumbre y terror de la población. Se ha visto, además, por parte de la autoridad federal, un entendimiento muy pobre de los alcances, implicaciones y complejidades sociales, económicas y políticas de este fenómeno delictivo, y ha sido patente la falta de un trabajo de inteligencia, de criminalística y de acciones de desarrollo social en las regiones afectadas. Asimismo, ha resultado pasmosa la movilización casi bélica contra los cárteles sin haber preparado antes a las fuerzas públicas con miras a la confrontación: hasta el discurso oficial da por hecho que las corporaciones policiales, responsables centrales de perseguir a los delincuentes, no son capaces de cumplir con esa tarea por la corrupción en sus filas y por la infiltración de que han sido objeto por parte de la delincuencia organizada.
El buen sentido indica que los grupos dedicados al trasiego de estupefacientes habrían sido debilitados con medidas mucho más simples -aunque tal vez de menor alcance mediático- que el uso de la artillería en centros urbanos: por ejemplo, realizar una vigilancia efectiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -por donde entra buena parte de la droga procedente de Sudamérica-, emprender una limpia profunda en las aduanas y mantener una supervisión más estricta de las carreteras nacionales.
Desde otro punto de vista, el actual celo gubernamental es poco verosímil si no va acompañado de un deslinde, de una ruptura incluso, con los gobiernos del pasado reciente. De ser cierta la afirmación, repetida una y otra vez en el discurso oficial, de que el Ejército es la única institución capaz de enfrentar a los narcotraficantes y a sus grupos armados, entonces resulta obligado concluir que la creación y el mantenimiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) ha sido un dispendio enorme e injustificable, por el cual los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox tendrían que ser llamados a rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad. Es desolador que el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, admita sin tapujos que los delincuentes "nos arrebataron a nuestros policías", habida cuenta de que él fungía como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego como secretario federal de Seguridad Pública en los años en que -cabe suponer- ocurrió tan alarmante expropiación.
Otro motivo de preocupación es la confusión que parece haber en el Ejecutivo federal entre soberanía y estado de derecho. Las organizaciones delictivas han invalidado al segundo en grandes regiones del territorio nacional, pero resulta un exceso referirse a ese fenómeno como "arrancar a los mexicanos la soberanía". Si ha de hablarse de vulneraciones a la soberanía habría que empezar por la que se comete al aplicar aquí una estrategia de militarización de la lucha contra las drogas que ha sido diseñada por el gobierno de Estados Unidos, y sería pertinente mencionar también la extradición a ese país de delincuentes mexicanos que cometieron delitos en territorio nacional y que aún tenían pendientes procesos penales en tribunales mexicanos; esas entregas de reos fueron una confesión tácita de la incapacidad de las instituciones judiciales y carcelarias nacionales para juzgar y castigar a los imputados.
Para concluir, la respuesta presidencial al exhorto legislativo, lejos de demostrar claridad de dirección en la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado, exhibe confusión y debilidad argumentativa, muestra una vez más la incapacidad del Poder Ejecutivo para hacer frente al problema, y evidencia, para colmo, preocupantes rasgos de intolerancia, cerrazón y autoritarismo.
Desde que inició el mandato espurio, las declaraciones del pelele son testimonio de su falta de conocimiento y experiencia política y diplomática, pero a todo esto lo que más subyace es su falta de sensibilidad humana lo cual es un PELIGRO constante en el que coloca al país.
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, declaró ayer, en respuesta al exhorto emitido el miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que se le instó a capacitar a las instituciones civiles de seguridad pública y a frenar el despliegue de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, que no dará marcha atrás en el empleo del Ejército para hacer frente al crimen organizado, y se preguntó si los legisladores opositores pretenden, con la divulgación del mencionado exhorto, un panorama nacional dominado por la delincuencia.
Tal insinuación muestra una deplorable falta de civismo político, resulta ofensiva para el espíritu republicano y sienta un mal precedente en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entre éste y la sociedad: los disensos en torno de las estrategias gubernamentales no deben dar lugar a la expresión de sospechas como mero recurso de descalificación de los argumentos contrarios. El llamado del Legislativo, al igual que muchos otros que se han hecho desde diversos sectores de la sociedad civil, no busca -como lo sugirió Calderón Hinojosa- que el gobierno renuncie a combatir el crimen organizado, ni dejar el país a merced de las organizaciones delictivas, ni tolerar la violación de las leyes. La demanda de los legisladores es que éstas se apliquen de manera inteligente, realista y con perspectivas de éxito.
Salta a la vista que la estrategia del gobierno federal ha carecido de estas perspectivas: los alardes de poderío militar en las zonas controladas por el narcotráfico parecen más una simulación con tintes mediáticos que, sin embargo, han acarreado un costo inaceptable en vidas, violaciones a los derechos humanos, incertidumbre y terror de la población. Se ha visto, además, por parte de la autoridad federal, un entendimiento muy pobre de los alcances, implicaciones y complejidades sociales, económicas y políticas de este fenómeno delictivo, y ha sido patente la falta de un trabajo de inteligencia, de criminalística y de acciones de desarrollo social en las regiones afectadas. Asimismo, ha resultado pasmosa la movilización casi bélica contra los cárteles sin haber preparado antes a las fuerzas públicas con miras a la confrontación: hasta el discurso oficial da por hecho que las corporaciones policiales, responsables centrales de perseguir a los delincuentes, no son capaces de cumplir con esa tarea por la corrupción en sus filas y por la infiltración de que han sido objeto por parte de la delincuencia organizada.
El buen sentido indica que los grupos dedicados al trasiego de estupefacientes habrían sido debilitados con medidas mucho más simples -aunque tal vez de menor alcance mediático- que el uso de la artillería en centros urbanos: por ejemplo, realizar una vigilancia efectiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -por donde entra buena parte de la droga procedente de Sudamérica-, emprender una limpia profunda en las aduanas y mantener una supervisión más estricta de las carreteras nacionales.
Desde otro punto de vista, el actual celo gubernamental es poco verosímil si no va acompañado de un deslinde, de una ruptura incluso, con los gobiernos del pasado reciente. De ser cierta la afirmación, repetida una y otra vez en el discurso oficial, de que el Ejército es la única institución capaz de enfrentar a los narcotraficantes y a sus grupos armados, entonces resulta obligado concluir que la creación y el mantenimiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) ha sido un dispendio enorme e injustificable, por el cual los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox tendrían que ser llamados a rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad. Es desolador que el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, admita sin tapujos que los delincuentes "nos arrebataron a nuestros policías", habida cuenta de que él fungía como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego como secretario federal de Seguridad Pública en los años en que -cabe suponer- ocurrió tan alarmante expropiación.
Otro motivo de preocupación es la confusión que parece haber en el Ejecutivo federal entre soberanía y estado de derecho. Las organizaciones delictivas han invalidado al segundo en grandes regiones del territorio nacional, pero resulta un exceso referirse a ese fenómeno como "arrancar a los mexicanos la soberanía". Si ha de hablarse de vulneraciones a la soberanía habría que empezar por la que se comete al aplicar aquí una estrategia de militarización de la lucha contra las drogas que ha sido diseñada por el gobierno de Estados Unidos, y sería pertinente mencionar también la extradición a ese país de delincuentes mexicanos que cometieron delitos en territorio nacional y que aún tenían pendientes procesos penales en tribunales mexicanos; esas entregas de reos fueron una confesión tácita de la incapacidad de las instituciones judiciales y carcelarias nacionales para juzgar y castigar a los imputados.
Para concluir, la respuesta presidencial al exhorto legislativo, lejos de demostrar claridad de dirección en la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado, exhibe confusión y debilidad argumentativa, muestra una vez más la incapacidad del Poder Ejecutivo para hacer frente al problema, y evidencia, para colmo, preocupantes rasgos de intolerancia, cerrazón y autoritarismo.
Desde que inició el mandato espurio, las declaraciones del pelele son testimonio de su falta de conocimiento y experiencia política y diplomática, pero a todo esto lo que más subyace es su falta de sensibilidad humana lo cual es un PELIGRO constante en el que coloca al país.
De Gutiérrez Rebollo a Gia Joe
Victor G. Ayluardo
Muchos seguimos viendo con asombro, molestia y desagrado, en las páginas de los diarios y diversos noticiarios, las imágenes de elementos militares circulando en convoyes de tres o cuatro vehículos las carreteras, avenidas y barrios de prácticamente todas las ciudades del país, con el fin de realizar una cruenta lucha contra las mafias del narcotráfico, esto, según la versión oficial.
La sospecha cabe aquí para quienes seguimos dudando y nos hemos convertido, como dice el dicho popular en "mulas ariscas" y continuamos poniendo en tela de juicio la honorabilidad de muchos de los diversos mandos castrenses frente a los cárteles del narcotráfico, así como la de los niveles medios e incluso los más bajos, que muchas de las veces es sabido por medio de notas aparecidas en los diversos diarios de circulación en el país, que denuncian el control que tienen y el abasto que los mismos hacen de los diversos lugares en donde se realiza el narcomenudeo.
Las dudas no son infundadas, recordemos aquel año del 97, cuando el ex comisionado del extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido precisamente por tener estrecha relación con el cártel de Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como "el señor de los cielos".
Gutiérrez Rebollo tenía fama de incorruptible, se sabía expresar perfectamente bien frente a las cámaras de televisión, con un discurso siempre enérgico, duro y contundente. Tras varias sonadas detenciones de algunos narcotraficantes de segunda calaña, fue nombrado máximo responsable de la lucha contra los cárteles de la droga en México.
La DEA lo apoyaba y pensaba que él era el hombre perfecto que se necesitaba para combatir a los narcos. Pero algunos meses después, se descubrió que Gutiérrez Rebollo estaba a sueldo de Amado Carrillo y que había sido el propio "Señor de los cielos" el que le había facilitado las detenciones anteriores para aumentar así sus éxitos y de esa forma ayudarle a subir puestos en el escalafón de los mandos castrenses.
Durante el proceso penal y militar contra Gutiérrez Rebollo, algunos de los testigos declararon abiertamente ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), que a ellos sus superiores les decían que la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) tenía conocimiento amplio de los movimientos del general Rebollo e incluso uno de los testigos refirió en una de las diversas audiencias, que el general Gutiérrez Rebollo y sus cómplices ordenaban torturar a los detenidos bajo su responsabilidad en la V Región Militar, de la cual era titular el multicitado general Gutiérrez Rebollo, cosa que siempre fue negada por el alto mando castrense y la propia PGR, como consta en el boletín N°237/97 expedido en México, D.F., el 13 de agosto del 1997, pero la duda sobre las relaciones que el mismo narcotráfico ha tejido dentro de los diversos mandos militares, el poder que este ejerce e incluso, el uso que este hace de elementos, ha sido siempre latente, hay que mencionar también, que la corrupción existente en las altas esferas del poder político - recordemos el asesinato de Colosio y Ruiz Massieu- y los jugosos intereses económicos que se juegan dentro del negocio del narco, pone a todas luces entre dicho cualquier operativo militar en contra de los cárteles del narcotráfico, que se hace "nomas por encimita" sin hacerlo directamente donde se fortalece este poder, en los diversos altos mandos tanto militares como políticos.
Si a todo lo anterior le sumamos las más de mil ejecuciones que van hasta la fecha en todo el país como ajuste de cuentas entre los diversos cárteles, importándoles un comino hacerlo a una cuadra de los retenes militares, deja claro dos cosas, Una, que el poderío con el que cuentan estos grupos, ha puesto en jaque desde el primer día de operativo, a las fuerzas militares –dándoles el beneficio de la duda de que la lucha es en contra de los amos de la droga-. Dos, que la gradual militarización del país no tenga como fin específico el afrontar al narco, pero si, el de poco a poco y bajo el pretexto de tal operativo, esparcir cuerpos militares que den un hondo respiro al gobierno fraudulento de Felipe Calderón frente a lo que todos sabemos es su primordial interés, la aprobación de las reformas estructurales que beneficien a los diversos capitales extranjeros, tales como la reforma fiscal, la reforma a la ley del trabajo y la que seria el botín mas jugoso a los intereses privados, la privatización a la CFE y PEMEX, todas las anteriores de llevarse a cabo, explotarían en las calles con protestas por todo el país contra la aprobación como en la actualidad se hace contra la reciente ley del ISSSTE, por parte del amasiato político-ideológico "PRIAN", ¿que mejor forma de acallar y controlar las protestas sociales si ya se tiene desplegado por todo el país un buen numero de efectivos militares?.
Mas sospechoso resulta, cuando el pasado lunes 20 de mayo, La arquidiócesis primada de México consideró "acertada" e "inaplazable" la decisión presidencial de luchar contra las mafias del narcotráfico por conducto de las fuerzas armadas y lamentó que "algunos sectores" del país, "lejos de apoyar este combate", se dediquen a "denostar al ejército, a hacer acusaciones inverosímiles y difamatorias" -ouch me dolió la pedrada-. Cuando todos sabemos de sobra, que la iglesia católica siempre ha jugado un papel primordial como aval para legitimar a los gobiernos de derecha ante el pueblo; la clase media y alta católica y sus sacerdotes, léase -Norberto Rivera, Onésimo Cepeda, Sandoval Iñiguez y demás integrantes de la cúpula clerical- sirve como una de las fuerzas vivas de control social aunado al bombardeo mediático de "spots" en radio y televisión por parte del gobierno federal, donde uno de ellos presenta a una familia exaltando la notable y valerosa función que están cumpliendo las fuerzas armadas frente a las malvadas bandas del narcotráfico, todo en un tono patético, tanto así que en uno de ellos, la niña que protagoniza el "spot" regala su muñeca a un militar, porque los cuida...oraleeeeee ni a la misma Yolanda Vargas Dulche, se le hubiera ocurrido tal situación llena de melaza y dulzura.
Esperemos ver llegar por estos días la imagen de algún operativo de nuestras gloriosas fuerzas armadas llenas de artilugios lúdicos adornando con muñecas, peluches de Barney y uno que otro rayado que recibió como obsequio un Gia Joe, sus tanquetas y metralletas móviles, mientras tanto nosotros seguiremos gritando...
¡No a la militarización del país!.
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son los mismos de siempre..son los mismos que nos mataron ayer..quien sobra aqui..? los pobres somos muchos mas..!! van a pagar..
Muchos seguimos viendo con asombro, molestia y desagrado, en las páginas de los diarios y diversos noticiarios, las imágenes de elementos militares circulando en convoyes de tres o cuatro vehículos las carreteras, avenidas y barrios de prácticamente todas las ciudades del país, con el fin de realizar una cruenta lucha contra las mafias del narcotráfico, esto, según la versión oficial.
La sospecha cabe aquí para quienes seguimos dudando y nos hemos convertido, como dice el dicho popular en "mulas ariscas" y continuamos poniendo en tela de juicio la honorabilidad de muchos de los diversos mandos castrenses frente a los cárteles del narcotráfico, así como la de los niveles medios e incluso los más bajos, que muchas de las veces es sabido por medio de notas aparecidas en los diversos diarios de circulación en el país, que denuncian el control que tienen y el abasto que los mismos hacen de los diversos lugares en donde se realiza el narcomenudeo.
Las dudas no son infundadas, recordemos aquel año del 97, cuando el ex comisionado del extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido precisamente por tener estrecha relación con el cártel de Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como "el señor de los cielos".
Gutiérrez Rebollo tenía fama de incorruptible, se sabía expresar perfectamente bien frente a las cámaras de televisión, con un discurso siempre enérgico, duro y contundente. Tras varias sonadas detenciones de algunos narcotraficantes de segunda calaña, fue nombrado máximo responsable de la lucha contra los cárteles de la droga en México.
La DEA lo apoyaba y pensaba que él era el hombre perfecto que se necesitaba para combatir a los narcos. Pero algunos meses después, se descubrió que Gutiérrez Rebollo estaba a sueldo de Amado Carrillo y que había sido el propio "Señor de los cielos" el que le había facilitado las detenciones anteriores para aumentar así sus éxitos y de esa forma ayudarle a subir puestos en el escalafón de los mandos castrenses.
Durante el proceso penal y militar contra Gutiérrez Rebollo, algunos de los testigos declararon abiertamente ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), que a ellos sus superiores les decían que la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) tenía conocimiento amplio de los movimientos del general Rebollo e incluso uno de los testigos refirió en una de las diversas audiencias, que el general Gutiérrez Rebollo y sus cómplices ordenaban torturar a los detenidos bajo su responsabilidad en la V Región Militar, de la cual era titular el multicitado general Gutiérrez Rebollo, cosa que siempre fue negada por el alto mando castrense y la propia PGR, como consta en el boletín N°237/97 expedido en México, D.F., el 13 de agosto del 1997, pero la duda sobre las relaciones que el mismo narcotráfico ha tejido dentro de los diversos mandos militares, el poder que este ejerce e incluso, el uso que este hace de elementos, ha sido siempre latente, hay que mencionar también, que la corrupción existente en las altas esferas del poder político - recordemos el asesinato de Colosio y Ruiz Massieu- y los jugosos intereses económicos que se juegan dentro del negocio del narco, pone a todas luces entre dicho cualquier operativo militar en contra de los cárteles del narcotráfico, que se hace "nomas por encimita" sin hacerlo directamente donde se fortalece este poder, en los diversos altos mandos tanto militares como políticos.
Si a todo lo anterior le sumamos las más de mil ejecuciones que van hasta la fecha en todo el país como ajuste de cuentas entre los diversos cárteles, importándoles un comino hacerlo a una cuadra de los retenes militares, deja claro dos cosas, Una, que el poderío con el que cuentan estos grupos, ha puesto en jaque desde el primer día de operativo, a las fuerzas militares –dándoles el beneficio de la duda de que la lucha es en contra de los amos de la droga-. Dos, que la gradual militarización del país no tenga como fin específico el afrontar al narco, pero si, el de poco a poco y bajo el pretexto de tal operativo, esparcir cuerpos militares que den un hondo respiro al gobierno fraudulento de Felipe Calderón frente a lo que todos sabemos es su primordial interés, la aprobación de las reformas estructurales que beneficien a los diversos capitales extranjeros, tales como la reforma fiscal, la reforma a la ley del trabajo y la que seria el botín mas jugoso a los intereses privados, la privatización a la CFE y PEMEX, todas las anteriores de llevarse a cabo, explotarían en las calles con protestas por todo el país contra la aprobación como en la actualidad se hace contra la reciente ley del ISSSTE, por parte del amasiato político-ideológico "PRIAN", ¿que mejor forma de acallar y controlar las protestas sociales si ya se tiene desplegado por todo el país un buen numero de efectivos militares?.
Mas sospechoso resulta, cuando el pasado lunes 20 de mayo, La arquidiócesis primada de México consideró "acertada" e "inaplazable" la decisión presidencial de luchar contra las mafias del narcotráfico por conducto de las fuerzas armadas y lamentó que "algunos sectores" del país, "lejos de apoyar este combate", se dediquen a "denostar al ejército, a hacer acusaciones inverosímiles y difamatorias" -ouch me dolió la pedrada-. Cuando todos sabemos de sobra, que la iglesia católica siempre ha jugado un papel primordial como aval para legitimar a los gobiernos de derecha ante el pueblo; la clase media y alta católica y sus sacerdotes, léase -Norberto Rivera, Onésimo Cepeda, Sandoval Iñiguez y demás integrantes de la cúpula clerical- sirve como una de las fuerzas vivas de control social aunado al bombardeo mediático de "spots" en radio y televisión por parte del gobierno federal, donde uno de ellos presenta a una familia exaltando la notable y valerosa función que están cumpliendo las fuerzas armadas frente a las malvadas bandas del narcotráfico, todo en un tono patético, tanto así que en uno de ellos, la niña que protagoniza el "spot" regala su muñeca a un militar, porque los cuida...oraleeeeee ni a la misma Yolanda Vargas Dulche, se le hubiera ocurrido tal situación llena de melaza y dulzura.
Esperemos ver llegar por estos días la imagen de algún operativo de nuestras gloriosas fuerzas armadas llenas de artilugios lúdicos adornando con muñecas, peluches de Barney y uno que otro rayado que recibió como obsequio un Gia Joe, sus tanquetas y metralletas móviles, mientras tanto nosotros seguiremos gritando...
¡No a la militarización del país!.
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son los mismos de siempre..son los mismos que nos mataron ayer..quien sobra aqui..? los pobres somos muchos mas..!! van a pagar..
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