Sobrino de Arévalo Gardoqui, vinculado al cártel de Cali

Informes de inteligencia de la Procuraduría General de la República señalan al piloto aviador Jorge Gustavo Arévalo Kessler, sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, como transportista de cargamentos de cocaína a México y de dinero en efectivo a Sudamérica. Ello, supuestamente en complicidad con Roberto Larsen García o Agustín Romero Villa y Luis Raúl Rivera Crespo, miembros del cártel de Cali, Colombia

José Reyez

De acuerdo con el oficio C1/C4/ZP/4852/07, suscrito el 26 de octubre de 2007 por Carlos Anselmo Lugo Félix, director general de información contra el secuestro y delitos vinculados del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (PGR), “(por) información de inteligencia se sabe que Agustín Romero Villa y Jorge Gustavo Arévalo Kessler están involucrados en el decomiso de 3 toneladas 750 kilogramos de cocaína, mismos que pretendían trasladar de Ecuador al aeropuerto de Toluca, Estado de México”.
El 20 de octubre de 2007 autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima al teléfono 01800 drogas, en la que se les manifestaba que la finca ubicada en Recinto Colope estaría sirviendo como centro de acopio del alcaloide. Un agente fiscal, el grupo táctico Gir y el servicio aeropolicial intervinieron la propiedad, incautaron la droga, armas y vehículos, y detuvieron a siete supuestos narcotraficantes que se encontraban en su interior.
Mario Federico Livas Lara, director general de información contra el narcotráfico de la misma dependencia, dio cuenta de que el 27 de octubre de 2007 la avioneta Aeromander –presuntamente propiedad de la empresa mexicana Transportes Ejecutivos Ilimitados, matrícula N382AA, procedente de la provincia de Chiriqui, Panamá, piloteada por Arévalo Kessler y Miguel Carrillo Cabrera– aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Panamá, donde fue abandonada. Al ser revisada, la policía de ese país encontró 3 millones 300 mil dólares ocultos en los tanques de reserva del combustible.
El sobrino del extinto general Juan Arévalo Gardoqui –secretario de la Defensa Nacional durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y quien fue señalado por agentes antidrogas de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico– está relacionado con la averiguación previa PGR/UEDO/044/2003. Estuvo preso en el reclusorio norte con el número de control 100808. Fue detenido el 7 de abril de 2008; se le decretó arraigo por tres meses y el 11 de julio se le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada.
La investigación de la PGR señala que Arévalo Kessler, quien se encuentra sujeto a proceso bajo la causa penal 64/2008-VIII, operaba desde 2005 en el trasiego de drogas de Panamá, de Venezuela y de Ecuador a Acapulco (Guerrero), Cancún (Quintana Roo) y Toluca (Estado de México), bajo las órdenes de Antonio Aguilar, cuyo nombre real es Pedro Antonio Bermúdez Suazo, alias el Arquitecto, líder de un grupo delictivo colombiano vinculado al cártel de Cali, del que también forman parte Salvador González Farrera, Roberto Larsen García, Omar Jácome del Valle, Carlos Gaona, Luis Raúl Rivera Crespo y Edic Muñoz Sánchez.
Este último, al rendir su declaración ministerial el 13 de diciembre de 2007, involucró a Arévalo Kessler en el tráfico de drogas: “…Yo laboraba para la organización encabezada por el Arquitecto, que se dedica al transporte de cocaína de Sudamérica hacia México, la mayoría de las veces de las ciudades de Medellín, Río Negro, en Colombia, y con destino final México, precisamente el aeropuerto internacional de Toluca…”.
El 7 de abril de 2008, añadió: “Su nombre es Jorge Gustavo Arévalo Kessler, a quien conocí en 2003, cuando laborábamos en la empresa Allegro. Él tenía el cargo de comandante del avión Boeing 727, mismo que transportaba droga hacia México…”
Y el 3 de julio de 2008, manifestó que “la organización criminal en que yo laboraba, encabezada por el Arquitecto, es la misma a la que pertenece el Flaco, célula a la que pertenece Jorge Gustavo Arévalo Kessler”.
Operación Esmeraldas-México
El 20 de octubre de 2007, Arévalo Kessler iba a trasladar cocaína desde Esmeraldas, Ecuador, a México, a bordo del avión jet Grumman, matrícula XB-KIV. Según la oficina antinarcóticos ecuatoriana, la droga era propiedad de los hermanos Jefferson, Édison y Miguel Ostaiza. Las investigaciones preliminares determinaron que ellos tuvieron varias reuniones con Ignacio Chauvín, exasesor del ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, y dirigente del gobiernista Alianza País en Pichincha.
El avión, propiedad de la supuesta empresa Operadora del Calzado, SA de CV, llegó de Acapulco el 7 de octubre de 2007, pasadas las 17:00 horas. En la nave llegaron el piloto Jorge Arévalo y el copiloto Agustín R, quienes además operaban cinco naves Golfexten G2 o Grumman 2, tres de ellos resguardados en el hangar de Servicios Aéreos Estrella, en el aeropuerto de Toluca, y los otros en los aeropuertos de Querétaro, Acapulco, Guerrero, Puebla y Cancún.
Según las pesquisas de la PGR, resulta que la razón social Operadora del Calzado, SA de CV, no existe, pues su domicilio fiscal, ubicado en bulevar Adolfo López Mateos 1300, colonia Martinico, León Guanajuato, corresponde a la empresa Automóviles del Bajío, SA de CV, concesionaria de Ford Motor Company, y registrada ante el gobierno municipal de León como Centro de Verificación Autorizado.
Confesiones y retractaciones
En su declaración ministerial, Jorge Gustavo Arévalo Kessler, de 43 años de edad, originario de Heidelberg, Alemania –hijo de Jorge Arévalo Gardoqui, quien a su vez era hermano del exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui–, confesó haber participado en el traslado de droga de Sudamérica a México, y de llevar dinero en efectivo al extranjero.
“Una vez que se me han hecho saber los hechos que se me imputan, quiero manifestar que sí son ciertos (…) En mayo de 2006 me habló Arturo, diciéndome que fuera al aeropuerto de Acapulco, ahí subieron cuatro maletas con dólares americanos, y volamos hacia el aeropuerto de Valencia, Venezuela…
“A finales de enero de 2007, Arturo me dijo que debía trasladarme a Guadalajara, donde al llegar me encontré con el piloto Fernando Acosta, con quien trabajé en Taesa, y de allí trasladamos el avión a Toluca. En el interior de la nave había tres llantas con dólares americanos que deberíamos de llevar a Cali, Colombia (…) El tres de octubre de 2007 recibí una llamada de Agustín Larcen, quien me dijo que íbamos a volar de Toluca a Acapulco y de ahí a Esmeraldas, Ecuador; que íbamos a llevar a cuatro personas y tres llantas que contenían dólares americanos…
“El 24 de octubre de 2007 regresamos al aeropuerto de Toluca, estacionamos (sic) el avión en el hangar de CEA y posteriormente me enteré que el avión había sido decomisado por la PGR, porque en un análisis había dado positivo a cocaína”.
Ese mismo día, Aurelio Villanueva Aguilar, subcoordinador de servicios adscrito a la Dirección General Adjunta de Servicios Técnicos de la PGR, informó que “en el aeropuerto de Toluca se procedió a hacer la revisión del avión jet Grumman, matrícula XB-KIV; se utilizó equipo GT200, usando las tarjetas de explosivos, municiones y de cocaína, dando positivo con la tarjeta de cocaína en la parte central del lado izquierdo, en la zona de carga y atrás de esta zona”.
Sin embargo, al rendir su declaración preparatoria ante el juez de la causa, el 9 de julio de 2008, Arévalo Kessler negó los cargos que se le imputan. Argumentó maltrato físico y moral por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI); dijo desconocer si se llevaba dinero o drogas en los aviones que piloteaba; negó la existencia de una organización criminal y su participación en los hechos; rechazó lo dicho por Edic Muñoz Sánchez, al señalar que en 2003, cuando dijo haberlo conocido, él se encontraba en China, y que nunca volaron juntos. Expresó que no se le permitió leer su supuesta declaración ministerial, la cual, dijo, es una copia de la declaración hecha por Edic Muñoz, y reconoce como suya la firma que aparece al calce de dicho documento.
El Arquitecto, para quien supuestamente trabajaba Arévalo Kessler, tenía en Salvador González Farrera al responsable de reclutar a los pilotos. A sus colaboradores y pilotos los citaba en el centro comercial Santa Fe para planear los detalles de cada uno de sus vuelos que partirían de Colombia o Venezuela, cargados con un mínimo de 3 toneladas de cocaína y un máximo de seis. Durante esta década, la organización introdujo con toda facilidad decenas de vuelos con cocaína a México, procedentes de Cali y Río Negro, Colombia, e Isla Margarita, Venezuela.
“Los aviones eran guardados en el hangar de Servicios Aéreos Estrella, posteriormente en otro hangar que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, teniendo conocimiento que la organización criminal contaba con varias aeronaves y que en Toluca había tres que resguardaban en el hangar de SEA”, declaró Edic Muñoz en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, el 28 de septiembre de 2007.
En casos de urgencia, los aviones volaban a Manzanillo o Puerto Vallarta, donde la Policía Federal brindaba cobertura a los narcotraficantes. Para que los vuelos llegaran sin contratiempos a Toluca, los colombianos incluyeron en su nómina a funcionarios de seguridad del Aeropuerto Internacional de Cancún. Todos los aviones hacían escala en la terminal para cargar combustible.
José Luis Soladana Ortiz, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil en la terminal aérea, y su brazo derecho José Luis Ortiz Navarro, inspector verificador aeronáutico, eran parte de esta maquinaria de corrupción, según el testimonio de este último.
El Arquitecto fue detenido el 3 de octubre de 2008 en el Distrito Federal, pero su hijo Felipe Bermúdez Durán, el chofer César Antonio Flores Estrada, los pilotos Sánchez Martell y Jácome del Valle, los empleados del Aeropuerto de Cancún Ortiz Navarro y Gómez Soto, el agente de la AFI Sergio Rosas y Sebastián Jiménez Alvarado habían sido capturados desde fines de 2007. En la calle solamente quedan Luis Raúl Rivera Crespo y Raúl Francisco Quevedo Martínez, exfuncionario de la PGR, según la investigación.
Durante las pesquisas, todos los sospechosos fueron interrogados sobre el colombiano Fernando Gaona Parada, acusado en la década pasada junto con Luis Carlos Herrera Lizcano, de la compra de aviones militares que introdujeron cocaína a Estados Unidos.
Los interrogatorios*
Interrogatorio del Ministerio Público federal a Gustavo Arévalo Kessler el 9 de julio de 2008
—Que diga el indiciado cuándo fue la última vez que vio a Edic Muñoz Sánchez.
—Debió haber sido más o menos en 2005 o 2006, en Isla Margarita, al norte de Venezuela. Él estaba con un avión y yo con otro, era tiempo de vacaciones.
—Quién fue la persona que lo contrató para volar la nave relacionada con los presentes hechos.
—El que me habló fue Roberto Larsen y la empresa CEA provee los gastos, el hecho de que una empresa sea propietaria de una nave no significa que la explote.
—Aproximadamente con qué frecuencia realizaba vuelos a Ecuador.
—Fue la segunda vez en mi vida. La primera, lo hice estando en la Presidencia de la República en 1989 y la segunda fue en octubre de 2007.
—Que diga el indiciado si puede referir el nombre de la persona que fungió como copiloto en los vuelos que acaba de mencionar en la respuesta que antecede.
—Para el vuelo de Presidencia yo era copiloto, el piloto era de la Fuerza Aérea (Mexicana). Creo que ya falleció, era el capitán Ramírez, así lo recuerdo. Y en el segundo vuelo fuimos el capitán Roberto Larsen y yo.
Preguntas del representante social de la federación a Arévalo Kessler, formuladas el 7 de abril de 2007
—Que diga el compareciente si sabe que el pertenecer a una organización criminal es un delito que se castiga con cárcel.
—Sí, sí sé.
—Que diga el compareciente si sabe que el traficar o extraer del país narcóticos es un delito que se castiga con cárcel.
—Sí, sí sé.
—Que diga el compareciente si sabe que sacar del país dinero en grandes cantidades sin haberlo manifestado o reportado es un delito que se castiga con cárcel.
—Sí, si sé.
*Fragmentos extraídos de la averiguación previa (JR)

Triquis, bajo amenaza de desalojo

Sesenta familias triquis asentadas en el Estado de México son amenazadas por inmobiliarias que les disputan sus tierras, a las que llegaron en busca de refugio hace más de una década. Las constructoras utilizan maquinarias y grupos de choque para limpiar terrenos que no son suyos

Érika Ramírez

Le dieron cinco minutos para recoger todas sus pertenencias y salir de su casa. Apenas pudo sacar a sus cuatro hijos y ponerlos en resguardo. Dentro de la cabaña de madera con piso de tierra que habitaban Felícitas Santiago y su familia se quedó todo: dos camas, una parrilla, una pequeña mesa de madera, mochilas, ropa de vestir y los uniformes escolares de sus hijos.
El 26 de noviembre de 2008, un grupo de hombres vestidos de civil llegó con máquinas demoledoras para destruir las chozas de 60 familias triquis, asentadas desde hace 12 años en una parte del predio Paraje de Lago de Guadalupe –ubicado en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México–. Los sujetos amedrentaron a mujeres y niños. Era el medio día de un miércoles, y la mayoría de los hombres había salido a su jornada de trabajo.
Codiciado por un grupo inmobiliario que pretende ampliar la construcción de casas de interés social, el terreno había sido el refugio de los emigrantes de la comunidad triqui alta –municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, que llegaron a la región mexiquense con la esperanza de superar las paupérrimas condiciones de vida que padecían, y aún padecen.
Después del desalojo, las familias se dispersaron. Algunas tuvieron oportunidad de rentar un cuarto, otras se quedaron en las calles resistiendo el frío invernal de aquel año. Todo dependía de sus ingresos. Dos meses después pudieron reubicarse en otro extremo del paraje, donde no pagan renta y tienen la promesa de obtener algunas hectáreas de tierra, una vez concluido el proceso judicial entre los dueños del predio y la constructora Casas Beta del Centro (ahora propiedad de la Desarrolladora de Vivienda Homex).
A cambio, los triquis permanecen vigilantes de que no se intente otro despojo de tierras o que organizaciones como la de Antorcha Campesina –de filiación priista– invadan el predio, como se ha venido amenazando en los últimos días.
El estudio Triquis, pueblos indígenas del México contemporáneo, editado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indica: “Pese a que es un grupo étnico pequeño, pues apenas supera los 25 mil habitantes, la problemática sociopolítica por la que ha atravesado a lo largo de su historia lo ha colocado en la atención de la opinión pública nacional e internacional desde hace varias décadas”.
El documento añade que “los conflictos sociales y políticos, la violencia y la persistente lucha por la defensa de su territorio son los aspectos más sobresalientes que dieron visibilidad a la presencia triqui en el marco de la diversidad cultural del país”.
La pobreza a cuestas
Mientras recuerda el momento en que perdió todo lo que había podido adquirir en más de 10 años, Felícitas extiende su mano y da un taco de arroz a su pequeña de cinco años. La mujer no tiene más que ofrecer a su familia. “Mañana, dios dirá”, dice. Su esposo Pablo Antonio Merino se quedó sin el trabajo que tenía como auxiliar de albañil apenas el viernes pasado, y su hija mayor fue despedida hace unos meses de la guardería donde se empleaba.
Felícitas es una de los 1 mil 722 indígenas triquis que emigraron a la región mexiquense, indican las cifras del más reciente Censo Nacional de Población, elaborado en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nació en el pueblo de San Andrés Chicahuaxtla. Ahí dejó su casa y su parcela, de la que ya no podía echar mano porque carecía de recursos para la compra de fertilizante y semilla. También dejó a sus padres y hermanos, a quienes llega a ver una vez al año. “Allá casi no hay trabajo y uno quiere superarse, por eso salimos del pueblo, pero ahora vemos que estamos igual”, dice.
Cuando llegaron al Estado de México, su esposo Pablo Antonio Merino y otras 10 personas firmaron un contrato de comodato (del que Contralínea posee copia) con los dueños del lugar. En el documento, sellado por el juez décimo primero de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, se especifica que los integrantes de la comunidad “reciben gratuitamente el uso del terreno rústico, obligándose a usarlo única y exclusivamente para cultivo, crianza de animales y vivienda, sin que puedan darlo en arrendamiento, prenda o conceder el uso de terceros”.
Así habían vivido por más de una década, pero la urbanización los alcanzó. A inicios de 2000, los triquis se vieron rodeados por fraccionamientos que contaban con agua potable, pavimentación, luz eléctrica, pensaron que algún beneficio llegaría para ellos, pero ocurrió todo lo contrario: el progreso de aquellas colonias se convirtió en una amenaza.
El estudio de la CDI indica que “las necesidades económicas, la violencia social y los conflictos políticos, sobre todo en la parte baja (de la zona triqui), han motivado la residencia temporal o permanente de los triquis en la capital del estado y en otras entidades de la república mexicana”.
De de todo Oaxaca –dice el estudio elaborado por Pedro Lewin Fischer, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Fausto Sandoval Cruz, profesor de educación indígena, originario de San Andrés Chicahuaxtla, municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca–, los triquis “son el tercer grupo porcentual con presencia en diversos estados del país, especialmente en la zona norte (Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur), en el Estado de México y el Distrito Federal”.
El destino migratorio y la actividad laboral de los triquis varía de acuerdo con su origen en Oaxaca: los emigrantes de Copala se desempeñan en el norte del país en actividades agrícolas, mientras que los de Chicahuaxtla radican en el Distrito Federal y en el Estado de México como miembros del Ejército o en la policía bancaria, explica el estudio.
La brecha económica
Contrario al modelo de vivienda que tienen a sólo unos metros de distancia –estructuras de dos niveles en pleno funcionamiento, construidas de concreto, con pisos aplanados, herrería en ventanas y puertas, muebles de baño y una fachada arquitectónica que simula confort y modernidad–, los triquis carecen de todo servicio.
Cada tercer día, una pipa de agua atraviesa las mallas de protección que bordea el predio. Dota por 13 o 15 pesos, depende de la compañía que les surta, cada uno de los tambos viejos y oxidados que se enfilan a las afueras de sus casas. Los recipientes permanecen cercanos a las letrinas, expuestos al sol, tierra e insectos. De esa misma agua, beben, lavan trastes, se bañan.
También carecen de luz eléctrica y de drenaje. A veces, recurren a los llamados “diablitos” para poder “colgarse” de los postes de electricidad, que abastecen de energía a los fraccionamientos vecinos. Pero cuando los servidores de la Compañía de Luz se dan cuenta, arrancan y destrozan los metros de cable que llevan luz al predio.
La falta drenaje y el espacio terroso en el que viven han provocado enfermedades epidérmicas y estomacales. Los niños son los más vulnerables: “Les salen granitos por todo el cuerpo. Los llevamos al centro de salud y les mandan pomaditas que nada más se los quita un rato. Pero si se las dejamos de poner, les vuelven a salir”, dice una de las mujeres triquis que, ataviada con su huipil de colores, carga a su pequeño hijo.
Mientras, otros niños corren entre los matorrales, comen las plantas y flores que encuentran a su paso, ríen, se divierten entre la maleza. María, una pequeña de unos cuatro años de edad, arranca una flor de pétalos rosas y tallo delgado. Alza la mirada y pregunta a su madre si la puede comer. La mujer susurra en su lengua y de inmediato la niña se sacude de la mano la planta que a la vista se figura inocente.
Parece que es venenosa, dice Daniel Hernández, uno de los triquis que se alistó en el Ejército hace 24 años y que ahora vive en el lugar. También hay que estar al pendiente de otros animales ponzoñosos como los alacranes, arañas y víboras que hay en el predio, advierte. El hombre entró como soldado con la idea de que en la milicia tendría oportunidad de seguir con sus estudios en preparatoria, mismos que no tuvo oportunidad de concluir.
En alimentación, la dieta de los triquis no ha cambiado del todo con la migración: el frijol, la tortilla y los quelites son su principal alimento, como lo era en su pueblo. Huevo, leche y carne apenas una o dos veces por semana. Carecen de todo apoyo gubernamental, pese a que han acudido a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Del campo a la milicia
Margarito González llegó hace 25 años al municipio de Naucalpan. Como Daniel, formó parte de las filas castrenses de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tenía 17 años, y a esa edad, su doctrina fue “amar a la patria, defenderla ante todo y todos, eso significaba pertenecer al Ejército, ser un buen soldado”. Eso le decían en el Campo Militar Número 1 donde vivía y lo entrenaban.
A su ingreso le ofrecieron salario, comida y techo. Así se mantuvo por seis años, hasta que ya no pudo resistir y dejó el servicio militar: ya no veía a su familia, no sabía de ella, los trabajos eran arduos y sin descanso, el pago no alcanzaba para vivir mejor, y “a veces me encuartelaban por ocho, 15 días y hasta un mes; yo era joven y quería mi libertad; por eso deserté”.
Margarito fue militar como su padre. Siguió la tradición porque no había mayores opciones, el campo ya estaba en el abandono. Además, “también me metí porque nada más terminé la secundaria y no había dinero para seguir estudiando. Lo mismo hacen varios de mi comunidad, vemos al Ejército como una oportunidad de empleo”.
Ahora tiene 42 años, vive con su esposa –que durante la mañana ofrece sus servicios como trabajadora doméstica en las colonias aledañas– y sus cinco hijos. La familia ocupa unos tres metros cuadrados del Paraje del Lago de Guadalupe. Después de desertar de las tropas de la Sedena, ingresó como policía a una empresa privada de seguridad que le ofrece un salario de 5 mil pesos mensuales sin prestaciones sociales, excepto el seguro médico que pagan de forma particular.
Margarito lleva 15 años prestando sus servicios a la compañía y sabe que nunca obtendrá un crédito hipotecario para hacerse de una vivienda como las que tiene frente a su choza de madera. No cuenta con la prestación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por eso se empeña en defender el predio, quizá algún día tenga un terreno y un techo seguro que ofrecer a sus hijos.
Una triqui mexiquense
Adriana Betancio tiene cuatro años viviendo en el terruño y enfrenta los mismos problemas de desalojo que los triquis. También cuida del predio en busca de obtener una porción para poder edificar su hogar.
Tiene 37 años y un mal que la acaba poco a poco. Padece lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmunitaria, es decir que no protege a su cuerpo de sustancias dañinas. En las mismas condiciones de pobreza que sus compañeros triquis, vive con su esposo de 53 años de edad y sus hijos de 18 y 11 años.
Su marido es barrendero y todos los días sale a las cuatro de la madrugada a limpiar las calles del municipio. Sus ingresos apenas les alcanzan para susbsistir y a veces para comprar los medicamentos y pagar la consulta de Adriana en el Hospital General de México.
“Vivimos de la pura barrida. Mi esposo gana entre 80 y 150 pesos diarios, pero no nos alcanza”. Por eso, Adriana aprendió de los triquis a sembrar la tierra. Ahora obtiene de ella frijol, maíz, espinaca, calabacita. En el Paraje del Lago de Guadalupe se hizo campesina. “Mientras, mi esposo se metió a estudiar, a una escuela de oficios, plomería, a ver si así podemos ganar otro poquito. Hay que pagar entre 500 y 800 pesos en medicamentos cada que voy al doctor, y no nos alcanza”, relata.
La mujer dejó de trabajar como “checadora” de las salidas de los microbuses en el paradero del metro Toreo a causa de su enfermedad. Apenas el año pasado tuvo una crisis y quedó paralizada por más de un mes, sus extremidades se inflamaron tanto que no podía moverse, tampoco podía hablar, sus riñones no funcionaban. Sus vecinos fueron quienes se hicieron cargo de ella la mayor parte del tiempo, mientras su marido salía a trabajar y sus hijos a la escuela. Eso los hace compañeros de lucha.
Los juicios
Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), asegura que las escrituras correspondientes al Paraje de Lago de Guadalupe acreditan la posesión de tierras de Arcadio Martínez Olivera, Adrián Ortiz Barrios, Raúl de los Santos Cruz, Fernando López Hernández, Raymundo Hernández Jiménez, Efraín Vallejo Reyez y Felipe Miranda Medrano.
Suárez Treviño explica que Arcadio, originario de Oaxaca, fue quien ofreció a los triquis un espacio para vivir y cosechar. Pese a ello, desde 2004 se han llevado a cabo los desalojos, indica. Ante esta situación ya hay una demanda en contra de Casas Beta, Desarrolladora Homex y María Ángela Mequel, quienes presuntamente los despojaron de 138 hectáreas aproximadamente.
Derivado de eso se iniciaron dos juicios civiles en el Juzgado Décimo Tercero en el distrito de Tlalnepantla, con los expedientes 173/006 y el 600/2004, en los que se exige la posesión. Ambos continúan en proceso.
El abogado del CAZ dice que una vez concluido el juicio, los dueños del predio están comprometidos con los triquis a entregar ocho hectáreas del terreno, en las que los miembros de la comunidad emigrante podrían edificar sus casas y, ahora sí, tener un espacio en donde vivir sin temor a ser desalojados nuevamente.
Lo que están viviendo los indígenas en este movimiento “es reflejo de la falta de empleo, oportunidades, escuelas y salud en sus comunidades de origen. Se ven obligados a salir, pero llegan aquí y son maltratados por las propias autoridades que no respetan su contrato de comodato con los dueños del predio.
Se solicitó entrevista con Javier Romero Castañeda, director jurídico del corporativo de la Desarrolladora Homex, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

Conapred discrimina indígenas

Más de 9 millones de indígenas viven en constante discriminación; sin embargo, el Conapred –organismo encargado de garantizar el trato igualitario y el acceso de oportunidades– carece de programas dirigidos a esta población, observa la ASF. Representantes de organizaciones indígenas ni siquiera conocen de la existencia de la institución. La dependencia federal asegura que no se le han otorgado recursos para desempeñar su trabajo con la población indígena.

Érika Ramírez

“¡Quítate el sombrero cuando entres, indio!” Fue la orden que un funcionario público de la agencia municipal de Huahutla, en Hidalgo, espetó a Ramiro Díaz Baltasar, un indígena nahua que apenas había pisado las oficinas gubernamentales. El joven se negó a despojarse de una de las prendas que lo identifican como campesino.
Integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, Ramiro había acudido a realizar gestiones administrativas para tramitar los apoyos que entrega el gobierno a través de programas de desarrollo social para algunas organizaciones campesinas e indígenas.
De la burocracia no obtuvo ninguna atención. No hubo secretaria ni oficinista que le diera indicaciones de lo que debía hacer para realizar el proceso administrativo; tampoco hubo a quién dirigirse para asentar una queja.
Ramiro es uno de los 9 millones 533 mil 126 indígenas registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que viven expuestos a las prácticas de discriminación en diversos sectores.
La marginación en la que subsisten estos pueblos es el resultado “de siglos de explotación y discriminación, pero se ha acentuado y se ha hecho más visible en las últimas décadas, afectando, sin duda, a los grupos indígenas de nuestro país y dificultándoles el desarrollo”, dice el estudio Pueblos indígenas del México contemporáneo, elaborado por el investigador Federico Navarrete Linares para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ante esta situación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reprobó la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El organismo al que se le asignaron 93 millones 87 mil 600 pesos en 2007 para desempeñar su trabajo “no avanzó en la consecución del objetivo de la política pública de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de los indígenas”, indica el dictamen del órgano encargado de fiscalizar y revisar la aplicación de los recursos públicos.
La ASF precisó en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 que el Conapred “careció de programas y acciones específicas para atender a la población indígena contra los actos discriminatorios de que son sujetos”.
Hablar de discriminación, dice Ramiro, “es hablar de algo que siempre ha existido para nuestras comunidades. Desde la conquista, en que vinieron los españoles a saquear, robarnos y hacernos esclavos, nos han considerado objetos sin derechos.
“Después de que algunas organizaciones pudimos recuperar nuestras tierras de las manos de los hacendados, vemos que el mismo trato lo cometen hoy las autoridades. Del Conapred yo no sé nada”, comenta el joven nahua.
De huaraches y sombrero
“¡Pata rajada!”, “¡pinche indio!”, son, por lo menos, dos de los motes escuchados por Pedro Hernández Flores a lo largo de su vida. Él es originario del municipio de Atlapexco, Hidalgo. Dice: “Ésos son los menores agravios que conozco”.
Pedro también es indígena nahua. A sus 55 años, es presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental. El hombre estuvo preso en el expenal de la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz.
En la Fortaleza careció de todas las garantías que debería tener por ser mexicano: en el inicio de su juicio no tuvo acceso ni traductor ni defensa. Expresarse en su lengua se convirtió en una limitante y motivo de desprecio, incluso por parte de los mismos reos con los que tenía que convivir.
Los cargos por homicidio en su contra no fueron sustentados y después de dos años de encierro injustificado (de 1996 a 1998) fue liberado sin recibir ninguna indemnización. Dentro del penal veracruzano, ser indígena fue motivo de maltrato físico y verbal.
“Afuera no es tan diferente. Cuando llegamos a las dependencias de gobierno y nos ven con nuestros huaraches o sombrero, nos hacen hasta atrás, de plano no nos atienden. En los centros de salud pasa lo mismo. Mientras, en las fuentes de empleo no hay seguridad social y se cometen muchos abusos relacionados con la jornada laboral, el salario y la agresión verbal”.
El hombre dice desconocer el trabajo que ha hecho el Conapred: “Lo único que conozco son unos folletos”.
Trabajo insuficiente
Según la evaluación de la ASF, las actividades realizadas por el Conapred fueron insuficientes para “contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país”, y “coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación”, como señala el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Y es que el informe de la ASF señala que la institución, que actualmente encabeza la exatleta paralímpica Perla Bustamante, propuso en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación, con el indicador “Acciones contra la discriminación”.
No obstante, las cifras revelan que de las 73 actividades para “Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país”, sólo el 4.1 por ciento, es decir tres actividades, estuvieron enfocadas a los pueblos originarios, y de las 4 mil 531 acciones, sólo el 3.6 por ciento (162) tuvieron el enfoque para prevenir la discriminación hacia los indígenas.
Sin especificar cada una de las cifras relacionadas con los resultados anteriores, la ASF muestra que las acciones corresponden a la participación en eventos nacionales, informes de programas institucionales, organización de eventos internacionales, reclamaciones, medidas administrativas, instalación de módulos, quejas, verificaciones, asesoría, orientaciones y cursos, entre otros; todas relacionadas con otros grupos en riesgo de ser discriminados.
También, la coordinación con otras entidades federativas para prevenir la discriminación en la población indígena fue casi nula; las actividades registradas sólo fueron tres de las más de 4 mil que realizó el Conapred. Con respecto de las acciones, apenas se llevaron a cabo 35. En este rubro se identifican procesos administrativos, actos de juicio laboral, civil y penal, y otros.
La ineficacia
Juana Guadalupe Gómez llegó de la región indígena de Oventic al único hospital regional de los Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con peritonitis. Después de tres días de permanecer postrada en una cama del nosocomio, murió sin siquiera ser auscultada por un médico. El reportero Hermann Bellinghausen del periódico La Jornada dio a conocer –el 27 de abril de 2008– que “racismo y negligencia” en el hospital coleto causaron la muerte a la indígena de 72 años.
En abril de ese año, “la coordinación de la clínica zapatista La Guadalupana, del caracol de Oventic, denunció que el 90 por ciento de los pacientes que ha canalizado en las semanas recientes –en su propia ambulancia– al único hospital regional de los Altos, en San Cristóbal, recibe mala o nula atención”.
Tzeltales, choles, zoques, tzotziles, tojolabales, mochó, todos ellos son tratados con la misma discriminación en la capital chiapaneca. En esta región, los actos de racismo persisten como en la época de la colonización, dice Daniel Luna, integrante del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste.
“En Chiapas, como en todo México, hay un racismo profundo de la sociedad mestiza y del régimen. El grupo de personas oriundas de la principal ciudad chiapaneca (San Cristobal), los llamados coletos, manifiestan el desprecio por los indígenas en todo momento; los tachan de ignorantes, creen que el indígena no debe tener acceso al manejo de vehículos y mucho menos a pisar la acera por donde pisan ellos”, dice el activista social.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la atención del Conapred se circunscribe a “toda acción que tenga por objeto hacer distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, el Conapred –entonces dirigido por Gilberto Rincón Gallardo– estableció que promovería la protección de los derechos humanos y la no discriminación, para lo que desempeñaría actividades que supuestamente permitirían el desarrollo de una cultura a nivel nacional sobre los derechos humanos, así como fomentar una cultura contra la discriminación. Su meta programada fue de 2 mil 827 acciones.
No obstante, la ASF determinó que la meta para prevenir y eliminar la discriminación “no se definió con base en un propósito estratégico que reflejara un compromiso concreto por parte del Conapred”.
Lo anterior incumplió con el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de fine como meta al “propósito estratégico que refleja el compromiso concreto que asumen las dependencias y entidades para lograr el cumplimiento anual de los objetivos de los programas presupuestarios”.
Andrés Solís, subdirector de información del Conapred, indicó que el Órgano Interno de Control en el organismo continúa en el proceso de solventación de observaciones hechas por la ASF.
El funcionario justificó la falta de acciones a para prevenir la discriminación hacia los grupos indígenas, debido a que durante 2007, 2008, 2009 no se contempló la asignación de presupuesto a este rubro.
Anunció que será hasta los próximos meses cuando se inicie una campaña en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y será hasta 2010 cuando se proyecte un presupuesto específico para los pueblos indios.
La discriminación en el DF
Ocho de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal reconocieron no contar con programas de atención a población indígena, revela el informe La ciudad pluricultural. La política indígena del gobierno del Distrito Federal y su armonización con los mecanismos internacionales 2008, elaborado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos:
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, entre las que niegan la atención a la comunidad indígena. El resultado se logró después de diversas consultas realizadas a través del sistema acceso a la información Infodf
Gloria Ramírez, presidenta de la organización, dice que el Estado mexicano no ha dado la categoría de ciudadano pleno a los pueblos indígenas; no están reconocidos sus derechos colectivos y ha creado paradójicamente mecanismos de exclusión por los que debe haber responsables y sancionados
Álvaro Obregón. No presentan ningún programa, o cuando menos acción específica, orientado a la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Esta delegación registra 19 mil 58 indígenas. Las etnias que habitan en esta zona son nahua, otomí y mixteco
Azcapotzalco. No cuenta con ningún área, dirección o departamento de asuntos indígenas. A través del Infodf justifican: “No se puede determinar si existe personal indígena trabajando, debido a que los trabajadores de nuestra demarcación han transitado por un proceso de urbanización”
Benito Juárez. No existe un programa o área específica sobre asuntos indígenas. Dicen que “se busca promover una cultura de no discriminación a los grupos vulnerables y atender sus peticiones; sin embargo, en cuanto a la atención a este grupo durante 2007 y 2008 no se ha recibido ninguna solicitud por parte de alguna persona o grupo residente en la delegación Benito Juárez para la atención de asuntos indígenas”
Coyoacán. Cuenta con la Unidad Departamental de Equidad que desarrolla el programa de atención a población indígena residente en Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos. Respondió: “En esta delegación política no existen pueblos indígenas por lo que… no tiene programas al respecto”
Cuauhtémoc. Es quizá una de las delegaciones con mayor presencia indígena migrante, pues en ella convergen indígenas triquis, mixes, zapotecos, entre otros, que en busca de un mejor nivel de vida migran a la ciudad. Aquí se desarrolla el Programa de Atención a Población Indígena 2008, elaborado a través de la Subdirección de Atención Comunitaria que depende de la Dirección General de Desarrollo Social
Iztacalco. Reconoce la presencia de la población indígena. Las colonias registradas con mayor presencia de habitantes que hablan alguna lengua indígena son: “Agrícola Pantitlán, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, La Cruz Coyuya, Campamento 2 de Octubre, y la Reforma Iztaccíhuatl Sur”. Desarrolla programas de servicios de gratuidad médica, asesorías jurídicas y psicológicas, albergues y actividades de carácter deportivo, político
Iztapalapa. Cuenta con el Programa de Atención a Grupos Indígenas, a través del cual se “han realizado talleres de diversidad cultural, enfocado directamente en los asentamientos de grupos indígenas que se encuentran en la demarcación, además ha realizado actividades lúdico y recreativas para incrementar los lazos de convivencia familiar y comunitaria”
En esta demarcación hay un total de 20 mil 502 indígenas. Las principales lenguas que se hablan en la delegación son: mixteco, otomí, mazahua, mazateco y triqui
Magdalena Contreras. La Dirección General de de Desarrollo Sustentable, a través de su Subdirección de Desarrollo Rural, refirió tener a su cargo el Consejo de Pueblos Originarios de la Magdalena Contreras; asimismo manifestó que “dichos pueblos ostentan tal calidad por ser propios o nativos del la construcción histórica de esta delegación, no así porque deriven de raíces propiamente indígenas, en tal caso, a dichos pueblos se les proporciona un tratamiento a fin de la conservación o preservación de sus actividades y tradiciones inherentes, lo cual no implica directamente un reconocimiento a la calidad indígena, ya que en la demarcación no se tienen identificados asentamientos propios de esta calidad, lo cual no permite su tratamiento en lo particular como grupo social. Esto a su vez se encuentra sumado a la visión de que la delegación atiende de manera general y congruente a la población contrerense, y a la fecha no a individualizado u enfocado tareas a la promoción o preservación de la población indígena”
Miguel Hidalgo. “La delegación no entra en los polígonos de pueblos indígenas”
Milpa Alta. Los programas, proyectos y/o acciones que la delegación son los siguientes: “El programa de fortalecimiento de la lengua náhuatl en las distintas casas de cultura y Museo Regional, además la difusión de danzas tradicionales (aztecas, vaqueros y danzas prehispánicas), muestras gastronómicas, medicina tradicional, herbolaria, baño de temascal”
Tláhuac. La Dirección General de Desarrollo Económico y Rural indicó: “En esta demarcación no existen programas, proyectos y/o acciones encaminadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Federal, toda vez que no existen como tales. A la fecha, perviven tradiciones y costumbres en los siete pueblos y los barrios que los conforman, pero su población es mestiza. Dichos pueblos y barrios son de origen prehispánico, en donde viven personas ancianas que hablan el idioma náhuatl”
Tlalpan: no se consideraron competentes, sugiriendo turnar la petición a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Xochimilco. Se encuentran asentados pueblos indígenas que se ubican en los diferentes barrios de la delegación y continúan llevando a cabo sus costumbres y tradiciones. No obstante, la Dirección General de Administración declaró que “no cuenta con un presupuesto específico para atención a indígenas”

Ante el fracaso económico, estado de excepción

Marcos Chávez

El floreciente estado de excepción impuesto gradualmente por Felipe Calderón, con la complicidad de la mayoría de los priistas y panistas del Congreso, quien decidió abandonar sus deberes como Ejecutivo de la “democracia” a la mexicana para convertirse en el jefe del Estado militar-policiaco, ofrece una amplia gama de beneficios a los seducidos por la satrapía.

Por ejemplo, le permite a Calderón gobernar por medio de la ilegalidad y la anticonstitucionalidad; fabricar el espectáculo del terror con la creciente montaña de cadáveres que cotidianamente deja como saldo la cruzada en contra del narcotráfico, con el objeto de someter a la población a través del miedo; aprovechar la alteración de la realidad como sucedió con la epidemia de influenza para experimentar por primera vez, a escala nacional, el control social; impávidamente, que los militares combatan de manera ilegal con la ilegalidad, asalten el espíritu federalista de la Carta Magna o agredan con toda impunidad a los ciudadanos que nada tienen que ver en el asunto, sin que sean sancionados civilmente, hecho que los ha convertido en los líderes de la violación de los derechos humanos y de las legítimas denuncias de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones, ante la indiferencia oficial. Al cabo esos atropellos no se cotizan en el mercado de valores ni son tomados en cuenta por las empresas des-calificadoras del llamado “riesgo-país”. También posibilita cercenar las libertades civiles y los derechos ciudadanos con inconstitucionales leyes patrióticas, de estilo bushoniano, que abrieron las puertas al inescrupuloso manejo político o de otra naturaleza del espionaje telefónico, las detenciones o el arraigo con argumentos de dudosa calidad jurídica, endebles o artificiales creados, sin la protección consagrada por las leyes, y que son operados por autoridades de oscura reputación, desde los altos mandos del Estado policiaco-militar y sus subordinados, hasta los jueces. Sólo basta la presunción o la invención de algún eventual indicio que sea considerado dentro del catálogo de ilícitos para que sea aplicado el puño de hierro. Las tentaciones sediciosas no dejan indemne a cualquier ciudadano. Puede suceder lo que alguna vez escribió el poeta Blas de Otero: “Bien lo sabéis / vendrán por ti, por mí, por todos / (…) Escrito está / tu nombre está ya listo / temblando en un papel / aquel que dice Abel o yo, tú, él”.
El manto protector de la excepción sirve, asimismo, para manejar caprichosamente el gasto público, desmantelar al Estado, su sistema de salud, subrogar guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social a la depredación empresarial y de familiares, u otorgar contratos para Petróleos Mexicanos por encima de la ley. Los muertos de la influenza y los infantes calcinados en Sonora, víctimas de la privatización del Estado y la voracidad de los hombres de presa, entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, tía en segundo grado de Margarita Zavala de Calderón, son consecuencia del genocidio neoliberal; los “ahorros” presupuestales a costa de los muertos.
Según Manlio Fabio Beltrones, el Congreso está “preocupado” porque Calderón abusa del arraigo, “una figura de buena fe, que costó mucho trabajo dársela al Ejecutivo”, que si las próximas detenciones asociadas al narcotráfico no son acompañadas de las consignaciones directas del Ministerio Público “se estará lastimando [la] figura [del arraigo], que fue elemental y que nunca se la habíamos dado a otro gobierno. Utilizarla políticamente va en contra del Estado mexicano” (La Jornada, 4 de junio de 2009). ¿Atribulados? ¿“Buena fe”? ¿Temor porque su empleo “político” atenta en contra del “Estado mexicano”? Manlio, como Calderón y la elite política, supone que los mexicanos son un hatajo de retrasados mentales.
Si de algo no se puede acusar al priista es de ingenuo. Tampoco de actuar de “buena fe”. No se llama Cándido. No se necesita tener una dilatada carrera política como él ni conocer las turbias catacumbas de los laberintos del poder donde se mueve con alegre soltura para saber los riesgos que implica otorgar jurisdicciones excepcionales a quien pueda ejercerlas, tengan o no tentaciones autoritarias, sin establecer los límites legales e institucionales. Quien tiene al menos dos dedos de frente sabe que no es necesario otorgar más atribuciones. Por el contrario, lo fundamental no sólo es obligar a los príncipes a ajustarse a la Constitución, sino recortar las atribuciones que le concede el sistema político presidencialista para establecer un verdadero y democrático equilibrio de poderes. Con los instrumentos que legalmente dispone el Ejecutivo, es más que suficiente para hacer una limpieza del sistema en todos sus ámbitos, desde los relacionados con el narcotráfico hasta con los que usufructúan de sus parcelas de poder, medran y se enriquecen a costa del Estado y la sociedad. Como bien sabe, lo esencial es ceñir a los grupos dominantes y los aparatos represivos del Estado al imperio de las leyes. El “pulcro” desempeño de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o la policía política no admite el lujo del equívoco. Lo testifica el lúgubre destino de los militantes de la guerrilla desaparecidos entre sus fauces. Con ello se hubiera evitado involucrar al Ejército en tareas ajenas a las claramente señaladas por la Constitución que han redundado es su mayor descrédito.
Desde su campaña, Calderón manifestó nítidamente sus pavlovianos estímulos despóticos como para darle más facultades. Tampoco se precisaba darle la oportunidad de que las manifestara descaradamente, si es que el panista michoacano alguna vez hizo el mínimo esfuerzo para ocultarlos. En la pantomima de la “democracia” mexicana, los priistas contribuyeron al albazo de Calderón para encumbrarlo y legalizarlo. Manlio y los congresistas conocen perfectamente hasta dónde llegaron los excesos cometidos por los gobiernos priistas, al carecerse de los controles que los restringiera o que existiendo los poderes Legislativo y Judicial se volvieron los cómplices de sus tropelías. Vicente Fox actuó como los ejecutivos priistas, al igual que lo hace Calderón, aunque han tenido que negociar cuotas de poder con los priistas para alcanzar sus fines personales, conservadoras y teocráticas. Los gobernantes estatales y municipales se ajustan a esa norma, independientemente del ropaje partidario. Manlio apela a la “buena fe”, pero quien puede dudar que los asesinatos de los priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, en 1994, cuando era gobernador de Sonora, no fueron más que suficientes para terminar con su “inocencia” y entender que el Cronos mexicano también devora impíamente a sus hijos.
Pero aún bajo el supuesto de que el sistema político mexicano fuese impoluto, un ave raris de la historia, ocho años de gobierno de nuestro “socio” George Bush fueron suficientes para demostrar hasta dónde pueden llegar tanto las “guerras infinitas” como el terrorismo de Estado contenido en la “ley patriótica”, similar a la que la mayoría de los legisladores aprobaron para México. El apoyarse en los militares para legitimarse, para compensar la debilidad política y falta de credibilidad, también tiene históricamente sus experiencias siniestras. María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel o Isabelita Perón, que gobernó Argentina entre el 1 de julio de 1974 y el 24 de marzo de 1976, quiso afianzarse en los militares para combatir la guerrilla y el ascendente movimiento social. Para salir a las calles e intervenir arbitrariamente, éstos exigieron y obtuvieron poderes excepcionales. José López Rega, el Brujo para sus enemigos y Daniel para sus cómplices de la ultraderecha, se encargó de la otra parte de la Guerra Sucia, de los otros secuestros, torturas, asesinatos, con los paramilitares de la Alianza Anticomunista Argentina o “Triple A”, que recuerdan a los Tecos, el Muro o la Guía en México, orígenes del famoso Yunque y los diferentes grupos de la ultra mexicana que llegaron con Fox y Calderón al gobierno. Los militares se comprometieron en esa tarea como un paso táctico en su estrategia: tomar sangrientamente el poder con el grupo encabezado por Jorge Rafael Videla, y llevar a cabo su “proceso de reorganización nacional”, el cual duró hasta su derrumbe en 1981, dejando una estela de decenas de miles de muertos y exiliados. Alberto Fujimori también obtuvo poderes excepcionales, antes de asaltar el Congreso e imponer el Estado de excepción.
Manlio Fabio no puede apelar a la “buena fe” porque mentiría descaradamente. Puede sentirse engañado, traicionado por el nuevo Huitzilipoztli sediento de sangre y dispuesto a emplear cualquier medio para tratar de asegurar una mayoría legislativa para su gobierno mesiánico y ultra. La “preocupación” de Manlio y los legisladores priistas no es por las consecuencias del huevo de la serpiente que ayudan a incubar y sus perversos costos para la sociedad. Si fuera así, ya estarían legislando para enmendar su desmesura. Su temor se debe a que, en su asalto a la razón, Calderón declaró que no distingue partidos, que como al doctor Víctor Frankenstein, el monstruo que ayudaron a crear y que creían tener acorralado se les escape de su control y con su odio y la sed de venganza los destruya; que inicie una persecución en contra de ellos y los someta por su turbio y dinosáurico rabo, o que les invente anomalías. Su acobardada respuesta después del asalto michoacano es sospechosa. Que se les difumine la Presidencia que ya sienten entre sus manos; que demuela las ambiciones presidenciales del sonorense.
Las evidencias indican que Calderón liberará a los funcionarios que ha apresado ilegalmente después de las elecciones. Pero el daño sociopolítico ya está hecho sin que lo conmueva.

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Campeonato subrogado

Germán bajo presión

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Colima están en la cuerda floja para el PAN. Conflictos internos y descalabros públicos de sus candidatos podrían modificar las expectativas electorales que tiene el partido en el poder. Sólo un golpe político podría revertir lo que ya amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para los blanquiazules…..

Las restricciones de la Ley Electoral no son un obstáculo para los políticos y candidatos que andan en plena promoción.
Tampoco para los funcionarios que simplemente buscan lavar su imagen difundiendo todo lo bueno que hay en su vida personal. No importa que tengan que compartir espacios con los escándalos de la farándula.
TVyNovelas, Hoy, Todo Mundo Cree que Sabe, el Show del Cepy Boy y demás programas y revistas de entretenimiento, se han convertido en espacios electorales. Son foros en los que un partido, un político, un candidato o un líder charro pueden violar la Ley Electoral, especialmente en lo que se refiere a asignación de tiempos en medios.
¿Cómo lo hacen? Ocultando, manipulando, informando de manera amañada. Y, por supuesto, debe ser a cambio de algo. O como pago de un favor atrasado.
De no ser así, ¿cómo es posible que el Partido Verde gaste poco más de 1.6 millones de pesos semanales para anunciarse en TVyNovelas?
O que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aparezca en Televisa como un asesor pedagógico ejerciendo atribuciones que en realidad competen a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Lo que más llama la atención es la descarada promoción que hace el gobernador del Estado de México a través de Televisa. El pacto de Enrique Peña Nieto con la televisora ya fue documentado por los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil.
Y a pesar de que es difÍcil no toparse con Peña Nieto al hojear una revista o sintonizar el Canal de las Estrellas, ambos comunicadores ya fueron acusados, mediante un desplegado, de publicar falsedades.
Tal parece que las reformas de la Ley Electoral cambiaron el modus operandi de algunos miembros de la clase política, pero no su objetivo.

Los políticos faranduleros aprendieron muy pronto a identificar dónde están los votos. Más del 80 por ciento de los mexicanos pertenece a estratos sociales medios y bajos, que es el público meta de revistas como TVyNovelas.
Así, el gusto por los reflectores con fines electorales ha orillado a los políticos a pelear los espacios con Niurka Marcos y Latin Lover.
La idea es siempre estar frente al ojo público. La meta es ganar votos y poder.
Una bronca bien Perroni
El Partido Verde sabe muy bien qué tipo de publicidad le servirá para las elecciones del 5 de julio: la de la farándula.
El partido que dice representar las causas de los ambientalistas montó una campaña mediática basada en dos figuras de Televisa: Maite Perroni, cantante de RBD, y Raúl Araiza, el actor que dejó de ser conocido como "el negro" para transformarse en "el verde".
De la noche a la mañana, el Partido Verde convirtió a estos dos artistas en ecologistas.
Sin embargo, ellos no fueron los únicos que se tiñeron de verde para esta campaña electoral. Resulta que también es el color favorito de TVyNovelas, la revista de chismes que se convirtió en la plataforma ideal para las causas en pro del medio ambiente.
En su edición del 15 de junio, TVyNovelas dedica 11 páginas de publicidad al Partido Verde. Esto representa 12 por ciento de las páginas comerciales de esa publicación. Esto sin contar la contraportada desplegable con publicidad del Verde y dos reportajes sobre Maite Perroni, quien también aparece en portada.

Cada página de publicidad en TVyNovelas cuesta 150 mil pesos, por lo que el Partido Verde tuvo que desembolsar 1 millón 650 mil pesos, tan sólo para la promoción de una semana en ese medio. Este gasto es una inversión invaluable si se considera que el tiraje semanal de dicha revista es de 302 mil 241 ejemplares, cifra que supera en 128 mil 955 ejemplares a Proceso, Milenio Semanal, Vértigo, Siempre! y Emeequis juntos.
Además, la publicidad en TVyNovelas está dirigida a los estratos socioeconómicos medio y bajo, que representan 85.4 por ciento de la población mexicana.
Esto convierte a la revista editada por Juan José Origel en una opción más atractiva que las publicaciones políticas.La edición del 15 de junio fue la segunda -y consecutiva- que dedicó su nota principal a los actores del verde. En la del lunes 8 de junio, y en su spot televisivo correspondiente, Raúl Araiza contaba por qué apoya las propuestas del Partido Verde.
Este tipo de publicidad electoral enmascarada hizo que el IFE exigiera el retiro de esos anuncios.

Armados con celulares y computadoras portátiles, los iraníes están demostrando al mundo la utilidad de Internet en los movimientos sociales de nueva generación.

Se debilitó por la crisis. Incluso se pensó en sustituirla por otra más fuerte. Pero finalmente la moneda de EU recuperó valor, y será muy difícil destronarla como referencia internacional.

A la falta de infraestructura e inseguridad en Sudáfrica, habrá que
sumarle la indiferencia de la gente al futbol...y estamos a un año del
Mundial.

PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

El video de la mentira / Artimañas electorales

PARA VER Índigo Brainmedia AQUI.

Confesiones de un vendedor de mota

FABRIZIO MEJíA MADRID

Esta crónica está basada en una serie de testimonios que Ricardo Valderrama, asesinado el pasado martes 2 en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, le proporcionó entre marzo y junio de 2008 a la doctora Nuria Araiza para la preparación del coloquio Tráficos: cultura y subjetividad, que se realizó en la Ciudad de México el 19 de junio de 2008, organizado por 17, Instituto de Estudios Críticos. El miércoles pasado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal anunció la captura de León Tagore Ponce Jiménez, alias El Patrañas, quien presuntamente asesinó a Valderrama por el control de la venta de estupefacientes en el campus universitario. Fabrizio Mejía Madrid.

En abril de 2008 El Valde salió de la cárcel y se puso a llorar. Era la una de la mañana y estaba solo afuera del Reclusorio Sur. La ciudad le daba miedo, se había olvidado de que existían coches, luces, espacios abiertos, el sonido de tus propios pasos en la noche. “Cuando salí, no sabía ni para dónde, ni qué hacer. Lo único que hacía era llorar, pero ya nada más me volteaba para el otro lado y se me salían las lágrimas”. El Valde había ingresado a la prisión cuando tenía 21 años y salía 10 años después. Adentro había dejado sus veintes y rara vez estuvo ante un espejo que, en el encierro, son considerados armas. En la revisión de cinco horas que los custodios te hacen para salir –revisan que seas el mismo y no otro que te secuestró y te dejó amarrado en un ducto para intentar una fuga fácil– miró la fotografía de su ingreso: “Me encontré con el chavito que había entrado. Con el pelo largo, sin tantos tatuajes”. El Valde no se echó de menos, simplemente no se reconoció.Regresó a casa de su madre –no conocía otra– en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en Copilco, donde ya su hermanastro estudiaba en el CCH Sur y los sábados ayudaba a poner jardines hidropónicos en las azoteas de la ciudad. El Valde volvió, después de una década, en un taxi y con el dinero que había ganado en la cárcel, haciendo lo único que sabía: vender drogas. El capo del Reclu-Sur, Don Lalo, le dio 100 pesos para que se las arreglara afuera y le pidió que le hiciera algunos “favores” ahora que estaba libre. No –dice El Valde que le contestó al jefe de los tráficos dentro de la prisión–. Aquí los que quiera. Afuera es otra cosa.Su madre, que a finales de los años setenta trabajaba en Levi’s de México y había conocido al papá de El Valde, Ricardo Valderrama Elizalde, quien había administrado los baños portátiles sani-rent, ahora vendía ropa en el ambulantaje: saldos. Su madre, que se lo había llevado a los Estados Unidos para vivir en casa de Nancy que ayudaba a los niños con síndrome de Down, ahora bregaba por los tianguis para vender sudaderas. A su padre no lo veía desde los 12 años. El Valde tenía el nombre de su padre y el de su padrino, Eduardo, el de los jeans Edoardo’s y los trajes Kurian. Pero tampoco lo veía ya. Él creía que su padrino también había caído en la cárcel por un fraude pero había salido bajo fianza. Nada de eso lo tenía claro. Quizá eran cosas que inventaba para no sentirse tan mal de su paso por los reclusorios Norte y Sur, en 10 años. El Valde, tratando de acostumbrarse de nuevo a la libertad, buscó a su padre por internet pero sólo encontró a un primo, en una constructora. No se dijeron nada porque la secretaria insistió en saber el motivo de la llamada. Él colgó.El Valde tiene un recuerdo de niño. Estudiaba la primaria en La Salle y venía el Día del Padre. Todos dibujaban sus tarjetas cuando, de pronto, uno de sus compañeros, Iván, se acerca a preguntarle si “Valderrama” se escribe con “b” o con “v”.
–¿Y tú para qué quieres saber? –respondió El Valde.
Acabaron a golpes y en la dirección. “Yo les decía: ‘es que éste me está quitando a mi papá’. Y lloré y lloré y me acuerdo mucho de eso”. La escena final es que, al siguiente día, La Salle manda llamar a los papás de ambos niños. Él llega con su mamá. Iván, con la secretaria del licenciado Valderrama. A quien El Valde sí encontró fue a una de sus exnovias, Jessica. Cuando la conoció en Ciudad Universitaria, ella estudiaba letras Italianas y tenía una niña de tres años. Ahora está casada con Alfonso y su hija es una adolescente; viven en Coacalco. A ella le confesó: “Me da miedo la ciudad, me da miedo cruzar una avenida”. Es Jessica la que lo ayudará a reconocerse, de nuevo, en los sitios que frecuentaba. Al Valde le surge otro recuerdo: a los 15 años lo corrieron de la escuela Erasmo de Rotterdam, en Avenida Universidad, por retarse a golpes con una banda de los alrededores, de las unidades habitacionales, de esa clase media de Copilco, siempre entre la educación universitaria y el desempleo. “Nos vemos a la salida”, les dijo en 1992. Quién le hubiera dicho que, más de una década después, él saldría y tendría miedo.En 2008 Jessica lo lleva a Ciudad Universitaria, al punto exacto donde la policía lo tacleó de la motocicleta, lo esposó, lo encapuchó y lo subió a una Suburban a la una de la tarde del 1 de abril de 1998. “Nos agarraron a tres. A mí; al Jimmy, que traía una mochila con coca y pastillas, y al Sabino, que se trató de tragar unos gramos de cocaína, pero le hicieron escupirlas”. Al Sabino lo golpean con una pistola en la cara. Los llevaron a la Fiscalía de Delitos contra la Salud, en el Monumento a la Revolución. Ahí fueron separados. A la mañana siguiente, El Valde recuerda que un guardia le grita al Sabino: “‘Órale, cabrón, toma tu desayuno, ¿o quieres que te lo dé en la boca?’. Y sale y le dice al oficial que nos estaba cuidando: ‘Oye, ¿sabes qué? Que ese cabrón está muerto’. El MP de turno dijo que se había suicidado”. Nunca se investigó por qué Sabino se había registrado con un nombre que jamás habían escuchado: Jorge Estrada López. A los sobrevivientes, Jimmy y El Valde, los llevan al Reclusorio Norte.“Me llevaron primero al COC, el Centro de Observación y Clasificación, donde te hacen pruebas psicológicas. Hay presos que entran ahí porque le dan una lana a los custodios para que ‘los deje entrar por sus tenis’. Y te roban los tenis. La ropa no porque el uniforme es igual para todos: beige”. Al ingresar a la cárcel, El Valde es interceptado por unos reclusos que tienen acceso a los expedientes de los recién llegados. Lo meten a una celda, le enseñan navajas y cuchillos. “Si no nos das 20 mil para nuestro refresco, una de estas te va a entrar”. Eran la banda de extorsionadores del reclusorio: El Güicho, El Vagui, El Soto, Negro Reséndiz y los hermanos Tornel que habían intentado una fuga del penal de Santa Martha. Como las acusaciones contra El Valde eran de narcotráfico (la UNAM tenía videograbaciones de sus tráficos en Las Islas, junto a la Rectoría) y robo (unas computadoras en la Facultad de Derecho), además de posesión (38 gramos le costaron 10 años de prisión), los extorsionadores creyeron que era rico. Pero no. El Valde ganaba mucho pero lo gastaba casi todo. El dinero se le iba en fiestas, idas a la playa, drogas. Ahí sus compañeros de celda fueron El Toby, que era un homicida de la colonia Gabriel Hernández, en Insurgentes Norte, que se divertía orinando desde su litera de arriba, y El Licenciado, un profesional del barrio de Tepito, serio, que salió al poco tiempo. Así que El Valde decidió defenderse con la única arma que dominaba: vender mota. Desde su llegada, conocía a algunos de los dealers de tachas en Coyoacán, a Rodrigo, que le presentó al capo de la prisión, Don Ramón, un hombre de San Luis Potosí que vendía las rutas del estado a los cárteles. Él lo protegió y, a su salida de la cárcel, Don Servando, el que había sido el contador de Don Ramón, se hizo cargo del negocio. La forma de introducirlo a los demás presos como su protegido es, por lo menos, curiosa: hizo que El Valde comprara 10 balones de futbol. Entonces pasó de celda en celda: “Este es El Valde y les regala estos balones para que salgan a hacer ejercicio. Él ya va a estar aquí conmigo”. Desde ese momento y ya con 30 kilos de mariguana qué vender –concesionados por Don Ramón–, El Valde se hizo de una labor en la cárcel. El tamaño de la venta es sólo discernible a través de un incidente: un motín de presos en 1999. Cuando los custodios les preguntan qué quieren, los amotinados responden: “Queremos mota”. Resulta que los controles para el ingreso se habían puesto más estrictos y había una eriza generalizada. “Fue el director, que era Leyva Peralta (Miguel Enrique), el que nos consiguió unos kilos y nos exigió a La Chiquita y a mí que vendiéramos”.
Tras el motín, El Valde “se enferma de los nervios”, tiene pánico de salir a vender. En 2000 es trasladado al Reclusorio Sur.Las cosas no son muy distintas ahí: El Güero y Don Lalo, respectivamente, un narco de Cancún y el comandante que se lo permitía, se pelean por el control de los tráficos dentro de la cárcel. Pero El Güero pierde por default: es trasladado a Puente Grande y, luego, extraditado a Estados Unidos. Es para Don Lalo que El Valde trabajará vendiendo unos 250 kilos de mota a la semana, que se convierten en casi 4 millones de pesos al mes, menos los 120 mil pesos semanales que se le pagan al comandante general, al jefe de Apoyo y al supervisor, quienes permiten la venta. Durante sus ocho años en el Reclu-Sur, El Valde recibirá por vender y llevar las tablas de ingresos y egresos 120 pesos al día y comida gratis con cerveza. Duerme en el dormitorio cuatro pero trabaja en el nueve: “Es como un hotel, ahí están los capos con su jacuzzi, su cocinero. El enganche es de 100 mil y la renta por vivir ahí es de 20 mil”. La mariguana entra por medio de las mujeres, en visita conyugal o en prostitución, dentro de sus vaginas envaselinadas en las que esconden los llamados “aguacates”, paquetes de drogas hilvanados en cinta canela. El Valde espera que salgan del baño las mujeres, laven sus paquetes, los pesa y los tasa. Como en las calles, El Valde compra barato y vende caro.Pero ahora, en 2008, cuando Jessica lo lleva al exacto punto de la Facultad de Filosofía y Letras en donde lo atrapó la policía, El Valde recuerda los piojos de la cárcel que te carcomen la ropa y la carne; el agua que saca ámpulas al bañarse, los huevos verdes de los desayunos hervidos; la antena de televisión para fumar la piedra de coca; al violador de Coyoacán que vio fundando una iglesia de Testigos de Jehová para protegerse de las consabidas represalias; a Manuel Sánchez, de la ETA; a Enrique y Adrián Aranda, uno profesor de una universidad privada de donde secuestraban a sus alumnas; al que se disfrazaba de Miguel Hidalgo los 15 de septiembre o de “ahorcado” cuando alguien se ahorcaba en la cárcel; a los travestis inyectándose aceite en los pechos; al Pajarito, un señor que nadie quería en su celda y se paseaba con un costalito con sus cosas. Ese Pajarito le pegó una vez y le abrió la boca. Hasta la fecha, El Valde puede sentirse con la lengua la cicatriz que le dejó adentro de los labios. Es por eso que le dice a Jessica:–¿Tú sabes lo que estoy sintiendo cuando me traes hasta aquí?–Pues qué bueno que sientas algo –le responde ella–. Eso quiere decir que sigues vivo.Tras una charla en el Parque de La Bombilla de San Ángel, Jessica deja a El Valde para irse con su familia. Son las cuatro de la mañana y El Valde debe caminar hasta la casa de su madre y hermanastro. Les tiene miedo ahora. Recorre las calles donde todo empezó, tan fácil. Insurgentes, Miguel Ángel de Quevedo, Universidad, Copilco. Son las mismas que yo recorría cuando iba a la Universidad. Conocí a decenas como él. Para ellos, como para El Valde, todo resultó simple, una especie de destino: en un parque hay una preparatoria Juan Escutia donde hay un punk, El Charlie, que vive en la unidad habitacional del Altillo. Charlie, de 19 años, y El Valde, de 14, van al Chopo los sábados. “Me empezó a llevar al punto donde vendían mariguana, que era en la Facultad de Ingeniería, con Apolinar Delgado, El Poli. El señor veía que éramos una bandita como de ocho que cada tercer día llegábamos a comprarle que sus 20, 30 pesos, a la salida, a las 10 de la noche. Y nos pide que no vayamos tantas personas, y entonces nosotros le pedíamos la lana a los demás y por comprarle unos 300 pesos, ya me daba mi pilón gratis, para mí. Al rato yo ya no ponía dinero, hasta me sobraba”. Matan al Poli en la Facultad de Derecho. Él tenía un 18, es decir, uno que le echaba aguas con la policía universitaria. Se llamaba Enrique Gavilán. Después de que matan a balazos al Poli, Gavilán “me lleva al espacio escultórico donde, entre las rocas, tenían unas bolsotas de mariguana. Mira, mitad para mí, mitad para ti. Me la llevé en la bicicleta. Parecía yo Santa Claus”. Así de fácil El Valde se hace vendedor de mota.“Él me empezó a recomendar con la banda: si quieres 20, te los vende El Valde, si quieres un kilo, yo te lo vendo. Empezaron a bajar a Las Islas de la UNAM unos con pastillas, otros con ácidos, tachas, hasta hongos y peyote. Éramos como ocho. Me empecé a meter en Coyoacán, frente al Hijo del Cuervo, debajo de la palmera. En El Chopo, los sábados, 5 mil pastillas en unas horas. Ya vendía unas pastillas de Rohypnol que me vendía una señora de Copilco El Bajo que trabajaba en los laboratorios Roche en control de calidad y se quedaba con las medicinas defectuosas. Empezó a llegar un señor de Oaxaca que me daba cinco o seis bolsitas con jalea de opio. Y alguien me dijo que debería ir a Guerrero, en la sierra de Atoyac, donde tienen los secaderos de mariguana. Y fui con un señor que era trailero y me dejaba los kilos en el Puente de Perisur”.El Valde busca la mayor ganancia, ahora, hoy, hoy, hoy –como nos enseñan los exitosos–, y acaba por ir a Cuernavaca. Lleva a sus novias a Tepoztlán –“tienes dinero, eres popular, muchas chicas se te acercan y quieren andar contigo y todo”– y recogen los cargamentos en Cuernavaca. Un día, El Tor de Naucalpan le pide que lo lleve a su fuente inagotable de mariguana. “Cuando llegamos, que veo unos boquetes en el zaguán de la puerta, boquetes como de balas. Y que se me ocurre asomarme por uno y veo que las señoras a las que les compraba están, así, muertas”.Y en 2008, El Valde recuerda caminando hasta la casa de su madre los tiempos en que creyó que “todo mundo quería verme, que la gente estaba satisfecha conmigo”, y ahora, a sus 32 años, 10 de ellos en la cárcel, se da cuenta de que “realmente no querían estar conmigo, sino con lo que les vendía”. Esa soledad sin siquiera un laberinto. “Mi trabajo siempre fue vender drogas, y ahora que ya no las vendo, pues no sé hacer nada”. Llega caminando a la casa en las afueras de la Universidad, en la que jamás entró a un salón de clases, salvo para vender, contar dinero o esconderse. Como antes de su aprehensión pensaba irse a vivir a Los Cabos, Baja California Sur, ahora piensa en irse a Europa, “a pertenecer a algo”, pero no tiene pasaporte porque no tiene credencial de identidad porque sus derechos políticos fueron suspendidos desde su entrada a la cárcel.
El Valde no es una historia de un traficante lejano, absurdo, extravagante. Es la de un chavo que padece la falta de espacio para evitar la grieta que tiene bajo los pies. Que cae directo en ella porque le falta pertenecer. Si algo perdió México en su generación nacida a finales de los setentas y las posteriores fue la idea de la pertenencia. Las narrativas de sus muertes, ejecuciones, detenciones, son anti-narrativas: hay una cabeza aquí, un narcomensaje allá, un tiroteo más allá. No se entiende nada. ¿Por qué empezaron a vender? ¿Cómo aguantaron la cárcel? ¿Qué se hace cuando se sale en libertad a un país que te repudió? Nadie sabe, nadie quiere saber. Se apunta el número de ejecuciones y se hace una gráfica. Se usa la “inseguridad” para crear a una subclase –los narcotraficantes– que borra la verdadera clase, los pobres.
Escribo esto porque yo he visto a esta clase media irse entre las grietas. Si algo, El Valde –“¿Sabes qué les digo ahora? Que El Valde ya no existe. Que ahora soy Ricardo Valderrama”– me habla del descenso de los estudios como ruta de ascenso. Me habla de la no-pertenencia en un no lugar llamado México. Me habla de la aplicación en el mundo ilegal de principios empresariales en el mundo supuestamente legal. ¿Cuál es la diferencia entre Televisa o Televisión Azteca y El Chapo Guzmán? Me dice que la cárcel es un espejo donde están prohibidos los espejos.Después de todo, Ricardo Valderrama regresó, por razones que no conozco, a la Universidad Nacional. Fue a las Islas, su refugio de traficante, noviero, amigo del relajo. El 12 de junio de 2009, a las 13:15, casi a la misma hora en que lo habían aprehendido 10 años antes, recibió dos balazos que le dispararon desde una motocicleta. Cayó sobre unos botes de basura en la Facultad de Filosofía y Letras. Los estudiantes trataron de rea¬nimarlo, pero murió. Lo imagino acurrucado en sí mismo, acaso recordando cuando, en la cárcel, Don Lalo le pidió que cuidara durante cinco días al hurón que le iba a regalar a su esposa en su cumpleaños. “El hurón hasta se encariñó porque se dormía conmigo. Pero el día que llegó la mujer del señor Lalo se lo tuve que bajar. El hurón no se quería ir con ella, ¿no?, porque… este… ayer me estuve acordando de eso”.

La ley electoral garantiza... impunidad

ÁLVARO DELGADO

Con la sanción a Televisa y al Partido Verde por trasmitir spots electorales disfrazados de anuncios de TV y Novelas, el IFE hace valer la reforma constitucional de 2007 al Cofipe, específicamente el artículo 350. Sin embargo, el instituto tendrá que dejar impunes conductas equiparables a esa, debido a que la ley “no está totalmente terminada”, “se está aplicando por primera vez” y “las normas se tienen que ir perfeccionando como van sucediendo eventos”, argumentan los consejeros electorales.

El Instituto Federal Electoral (IFE) perfila una sanción a Televisa y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar la letra y el espíritu de la reforma constitucional que prohíbe la compra de espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral, un mandato que burlaron con diversas argucias que son imitadas también por otros partidos políticos.De concretarse tal sanción, derivada de la investigación del IFE, cuyo primer paso fue ordenar a Televisa cancelar la difusión del promocional del PVEM, sería la primera vez que se acredite fehacientemente la violación a la reforma constitucional que desde su aprobación, en septiembre de 2007, ha sido combatida por los empresarios de la radio y la televisión.De acuerdo con un documento de la Secretaría Ejecutiva del IFE, con base en el cual la Comisión de Quejas y Denuncias dictó, el jueves 18, las medidas cautelares para evitar que se siga trasmitiendo el spot del PVEM, con el pretexto de que se promociona a la revista TV y Novelas, ese partido y Televisa no sólo violaron el principio de legalidad, sino también el de equidad en la contienda.Según el extenso documento de 33 cuartillas, del que Proceso tiene copia, Televisa –cuya razón social es Televimex, S.A. de C.V.
– violó el inciso b del artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que prohíbe a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión “la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita”.“(…) La propaganda electoral difundida por la persona moral Televimex, S.A. de C.V., aunque difundida en el contexto de la publicidad de la revista TV y Novelas, resulta violatoria del precepto antes citado. Por tanto, resulta irrelevante el hecho de que dichas imágenes hayan aparecido dentro de un promocional de la revista, pues incluyen signos, emblemas y expresiones que identifican perfectamente el partido político en cuestión”.Además, según el documento del IFE, “la conducta cometida por Televimex, S.A. de C.V., viola el principio de equidad en el acceso a la radio y la televisión al otorgar sin ningún sustento y sin ninguna justificación un beneficio indebido al PVEM al transmitir en sus canales concesionados el promocional”.El PVEM, que en las más recientes tres ediciones de la revista contrató más de 30 planas de publicidad –y que desde el 1 de junio transmite en Televisa promocionales como los que ahora canceló el IFE, aunque cuenta además con múltiples apoyos en Televisión Azteca–, también violó el Cofipe: “(…) No ha efectuado las acciones de prevención idóneas y eficaces para detener la vulneración al ordenamiento electoral cometida por Televimex, S.A. de C.V., situación que en su posición de garante está obligado a realizar so pena de incurrir en responsabilidad, ya sea por haber aceptado la situación (dolo) o porque la ha desa¬tendido (culpa).”
La hija del patrón
La investigación del IFE se activó a raíz de una queja presentada un día antes, el miércoles 17, por el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo representante, Roberto Gil, adujo que con el promocional de la revista TV y Novelas, en el que la actriz Maite Perroni asegura que el PVEM trabaja por el medio ambiente, se incurrió en “un abierto fraude a la ley”.Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le hace esta misma acusación al PAN, cuyo candidato a diputado federal por el Distrito 15 de la Ciudad de México, César Nava Vázquez, aparece en la portada de la revista Poder y Negocios, propiedad, como TV y Novelas, del Grupo Televisa, en cuyos canales de televisión también se difunde la publicación y la imagen del panista recientemente divorciado.En la portada de la edición de mayo de Poder y Negocios, describe la queja priista, aparece Nava y “es la imagen que se utiliza para, aparentemente, anunciar la revista, pero en realidad está promocionando una imagen en las televisoras de un candidato a diputado federal en plena campaña electoral. Es decir, de manera engañosa utiliza la publicidad de la revista para publicitar su imagen.”Para el PRI, que pidió infructuosamente al IFE aplicar medidas cautelares como las que se dictaron en el caso del PVEM, el PAN burla la prohibición constitucional de comprar tiempos en radio y televisión al promover a Nava, a quien el presidente de su partido, Germán Martínez, ya excluyó como aspirante a coordinador de la próxima bancada: “No se discute que los partidos políticos puedan o no hacer promoción de sus candidatos en radio y televisión, pero hacerlo a través de un anuncio de una revista, burlando las disposiciones en la materia, independientemente de que la falta a la normativa se da, permite suponer, en el contexto en que los hechos ocurren, que se trata de una estrategia tendiente a disfrazar de legal un acto ilegal, lo que es conocido como fraude a la ley.”Pero a ese contubernio entre partidos políticos y empresarios de los medios audiovisuales, que vulneran la reforma electoral que los primeros aprobaron, se han sumado al menos dos de los partidos políticos pequeños, el Social Demócrata (PSD) y Nueva Alianza (Panal).La revista Vértigo, propiedad de Televisión Azteca, llevó a su portada los emblemas de esos partidos y el rostro de dos de sus dirigentes, Alberto Begné, candidato a diputado del PSD, y Jorge Kahwagi, presidente del Panal, el partido formado por la lideresa vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo.Igual que en el esquema de TV y Novelas y Poder y Negocios, las portadas de Vértigo se difunden en los canales 13 y 7 de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, cuya hija Ninfa Salinas Sada es candidata a diputada plurinominal por el PVEM: al PSD le llamó “el partido de las libertades” y al Panal “el partido de la educación”.Estas conductas de la empresa de Salinas Pliego, uno de los más tenaces detractores de la reforma constitucional –que tilda de “expropiatoria” y de “ley chavista”–, quedarán en la impunidad, salvo que el IFE actúe por su cuenta, porque no han sido presentadas quejas de los partidos políticos.Lo mismo ocurre con las inusitadas coberturas de ambas cadenas –aunque también lo ha hecho Grupo Imagen– de actividades del PVEM, que combinan la defensa del medio ambiente, la convocatoria al asesinato de personas y los intereses corporativos y políticos, como lo ilustran algunos de sus candidatos a diputados: además de Salinas Sada, directora de mercadotecnia del Grupo Salinas, está inscrito Miguel Orozco Gómez, director jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y hermano del actual senador Javier Orozco, suplente de Lorena Corona Valdez, ubicada en segundo lugar de la lista de la primera circunscripción.Otro es Roberto García Requena, excoordinador ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), quien encabeza la segunda circunscripción; Juan Gerardo Flores Ramírez, exasesor de esa institución; Alfredo del Mazo Maza, hijo del exgobernador priista del mismo nombre, y Alberto Cinta, allegado a Elba Esther Gordillo.

Propaganda disfrazada
A menos de dos semanas de la jornada electoral, y una vez que los escándalos de confrontación con las televisoras marcaron el periodo de campañas, en el IFE hay una convicción de que los partidos políticos han usado los resquicios de la ley para, subrepticiamente y a veces con descaro, conspirar contra el nuevo modelo de comunicación política que se puso en práctica en este proceso.En el IFE se sabe que la mayoría, si no todos los partidos políticos, han pactado con las televisoras y los grupos radiofónicos, en el Distrito Federal y en todos los estados del país, gacetillas disfrazadas de información, incluyendo entrevistas en programas de frivolidades.Un ejemplo: Jesús Ortega, presidente del PRD, acordó con Radio Fórmula y grupo Radio Centro entrevistas en diversos espacios de la barra noticiosa, pero no para cualquier candidato o dirigente perredista: sólo él y los miembros de la facción Nueva Izquierda, como Jesús Zambrano y José Guadalupe Acosta, aspirantes a diputados federales plurinominales, y el senador Carlos Navarrete. Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado en Miguel Hidalgo, es otro caso: hizo proselitismo durante un minuto y 19 segundos en la trasmisión de la semifinal de futbol Pumas-Puebla, de cuyo primer equipo dijo ser seguidor, y aunque alegó que fue una entrevista casual, pronto se acreditó que eso era falso.Al inicio de la campaña, Sodi estuvo junto a los locutores de Televisa durante casi todo el programa Sólo futbol, y en una de sus intervenciones dijo ser aficionado de las Chivas, no de Pumas. Antes, en su campaña de 2006 para jefe de gobierno, gastó más de 100 millones de pesos en spots, en Televisa.El IFE abordará este lunes 22 el caso de las seis quejas contra Sodi –quien ha sido priista, perredista y panista, y amigo íntimo del banquero Roberto Hernández– y se prevé que se profundice la fiscalización por haber elementos que hacen presumir que actuó ilegalmente.El caso del PVEM y Televisa rebasa, sin embargo, las evidencias con las que el IFE ordenar sacar del aire los spots de TV y Novelas en los que aparece la actriz Perroni, quien es presentada por el locutor como “verde de corazón”, porque la campaña comenzó desde la edición del 1 de junio, con el actor Raúl Araiza como protagonista.“Raúl Araiza nos cuenta por qué apoya las propuestas de bono educativo y vales para medicina del Partido Verde, y opina sobre la propuesta del Verde de la pena de muerte para secuestradores y asesinos”, decía la voz en off del spot que se trasmitió hasta el día 16, por ejemplo en el juego El Salvador-México y en el capítulo final de la telenovela Mañana es para siempre, el domingo 14.Los consejeros electorales Marco Antonio Gómez Alcántar, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, y Arturo Sánchez Gutiérrez, miembro del Comité de Radio y Televisión, atribuyen a las deficiencias de la legislación vigente conductas como las descritas y que son difíciles de sancionar, por las habilidades de los abogados.Según Gómez Alcántar, “la materia electoral es como la fiscal: los obligados siempre van a tratar de sacarle la vuelta, y mientras existan abogados siempre va a haber forma de interpretar la norma que genere un provecho al cliente. Así es como se tiene que ver”.
Añade: “Los partidos tienen asesores muy creativos que buscan la manera de generar interpretación a la norma, sobre todo que no está totalmente terminada y que se está aplicando por primera vez. ¿Qué genera eso? Que las normas se tienen que ir perfeccionando como van sucediendo eventos, precisamente para lograr equidad”.La analogía de pagar menos impuestos la hace suya Sánchez Gutiérrez: “Es lo mismo: cuando los candidatos están en campaña van a buscar las formas más eficientes de hacer campaña y las formas más eficientes de hacer campaña son cosas como éstas”.
–¿Aunque implique sacarle la vuelta a la ley?
–Ese es el problema. Si la ley los coloca en una situación de ese tipo, entonces hay que buscar argucias. ¿Qué hacer? Un marco jurídico suficientemente claro y definido, cuyos criterios de restricción que se quiera no den paso a eso. En entrevistas por separado, antes de la decisión de la Comisión de Quejas del IFE de ordenar a Televisa dejar de difundir el spot de TV y Novelas sobre el PVEM, Gómez y Sánchez Gutiérrez –a menudo confrontados por concepciones distintas en temas que interesan a PRI y PAN, a cuyos partidos se les asocia–, afirman que este caso, como los de Vértigo y Poder y Negocios son muy pantanosos.Gómez expone: “Si una entrevista es pagada no es entrevista, es propaganda. Desafortunadamente es algo que no se puede probar y va en la línea de la libertad editorial. Por eso la libertad de expresión ha sido el tema de este 2009, porque en buena medida es la bandera para, muchas veces, ocultar entrevistas pagadas y ese tipo de cuestiones que sabemos que existen, pero evidentemente es muy difícil de rastrear y muy difícil de sancionar”.En el debate en el IFE se debe determinar qué es la libertad editorial y qué limitantes tiene para efectos electorales o si no los tiene. “Por ejemplo, ¿Proceso tiene la libertad de contratar tiempos en radio y televisión para promocionar la revista en cualquier momento, salvo cuando hay proceso electoral?”.El consejero no tiene duda: “Es un debate en el que el IFE va a salir raspado. No sé cuál sea la decisión, no puedo prejuzgar, pero en cualquier escenario al IFE le va a ir muy mal. Porque, mediáticamente, son temas explosivos y siempre se afecta a alguien”.Sánchez Gutiérrez coincide y se centra en el caso del PVEM: “¿Quién es el responsable: ¿Televisa, la revista, el Verde? ¿Qué contrató el Verde? ¿Sólo las inserciones, que es legal? ¿O la transmisión? ¿Y cuánto pagó, que es violatorio de la ley o no? Y la revista se anuncia para vender más ejemplares, ¿y eso no es ilegal? Como no se sabe ni siquiera quién compró todo eso, nada más estamos en el espacio de medidas cautelares, no se puede decir nada”.
Indefinición
Aunque los casos de las revistas Vértigo y Poder y Negocios no son iguales al del PVEM y TV y Novelas, Sánchez explica que lo relevante es que se decida lo que sí se puede hacer para prevenir conductas futuras, porque tampoco el IFE se puede meter con la política editorial de las revistas. “Hay que distinguir entre lo que es la política editorial de una revista, que quiere libremente entrevistar a candidatos y lo puede hacer, a comprar la entrevista. Es todo un tema”, subraya, y urge a que el IFE tome una decisión al respecto.Lo que más preocupa al consejero es que en los tres días de “veda electoral”, entre el jueves 2 y el domingo 5 de julio, puedan activarse campañas como las del PVEM en radio y televisión. “Si se vale, entonces los tres días previos a la elección, en donde no debe haber propaganda, yo puedo salir a vender revistas y anunciarme en la televisión”.A esto abona, también, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de autorizar a los grupos parlamentarios a que contraten espacios para rendir informes. “Esto nos mete en más problemas porque, con ese criterio, diputados de cualquier partido pueden, con todo y sus emblemas partidarios, saturar, durante los tres días de veda, de spots en radio y televisión”.
–¿Eso va a ocurrir?
–No sé.
–¿Puede ocurrir y no es delito?
–Exacto, y eso es lo que preocupa... Otros que pueden hacerlo son los señores que están buscando el voto nulo, que tienen todo el derecho de buscarlo. Mientras los partidos no van a estar haciendo campaña, ¿ellos sí pueden? No hay prohibición. Como Gómez, Sánchez Gutiérrez anticipa que, cualquiera que sea la decisión del IFE sobre los spots de revistas que disfrazan propaganda electoral, habrá polémica: “Si nosotros decimos que fue Pito Pérez el culpable, otra vez la percepción es: ‘Le sacaron a multar a Televisa’. Aunque sea cierto, hay otra percepción que tiene sus consecuencias”.