Defensa del Petróleo y la Electricidad - Actividades

Compañeros aquí están los videos de nuestro presidente legítimo de
México el lic. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR durante la toma de
protesta de los brigadistas de ciudad Juárez chihuahua ya están
listos esperamos que sean de su agadrado

No olviden visitar el sitio de la resistencia en ciudad Juárez
chihuahua la primer frontera del país donde comienza la resistencia
http://chihuahuaresiste.tk3.net

Video completo del evento
Parte 1 de 3 http://www.veoh.com/videos/v119952094ajaHQxD
Parte 2 de 3 http://www.veoh.com/videos/v11995210Krxg43XJ
Parte 3 de 3 http://www.veoh.com/videos/v119952113JpBgdKT

Galería de fotos en video musical
http://www.tu.tv/videos/brigadistas-en-resistencia

Saludos a druida.

Atentamente
Brigada quetzalcoatl 2012 chihuahua resiste.

Trágicomix

América Latina: lucha por la autonomía

Víctor Flores Olea

Cuando hace unos días el virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, John McCain, afirmó que Latinoamérica había sido descuidada por las últimas administraciones de EU nos pusimos a temblar. Sobre todo sabiendo que sus principales asesores en materia internacional son cubano-estadounidenses que no ocultan sus inclinaciones.
¿Más de lo mismo? Sí, pero agravado por el hecho de que el Imperio reduce su influencia global y ve en América Latina uno de sus últimos reductos, lo cual nos hace pensar en la doctrina Monroe hiperactualizada. América Latina se ha corrido a la izquierda, nos dice Immanuel Wallerstein en un estupendo artículo publicado en La Jornada (20/05/08), pero hoy despiertan al tema los conservadores más fundamentalistas de las filas republicanas. Si no fuera por otras razones, habría que agradecer la distracción forzada de Estados Unidos y su virtual derrota en Irak que le ha propinado la insurgencia de ese país.
La razón latinoamericana nos lleva a poner nuestras preferencias políticas del lado demócrata en la justa por la Presidencia en EU, sin demasiado calor porque en materia de intereses transnacionales tampoco han sido favorables las experiencias demócratas. Sin olvidar que el ímpetu del cambio, que lleva ya a la nominación a Barack Obama, con el apoyo de los más jóvenes del vecino país, pudiera en algún punto flexionar la montaña de los intereses establecidos. Lo esperamos, sin demasiado entusiasmo, pero también atendiendo al aserto de Wallerstein: que Estados Unidos se ha corrido algo a la izquierda, después del catastrófico gobierno de George W. Bush.
Pero no pensemos que el gobierno Bush ha estado tan “ausente” de América Latina como lo sugiere su candidato presidencial: con sus recursos militares, en primer lugar, y sin menospreciar en su estrategia global a ciertos “líderes” de nuestros países que se han revelado como serviles cortesanos a sus órdenes. Digamos primero que en los últimos años EU ha organizado un andamiaje de intervención militar en América Latina, con más de 10 bases militares en la región y con ejercicios conjuntos con fuerzas armadas de varios países del continente, a veces abiertamente militares y otros disfrazados de misiones humanitarias, de ayuda social o de investigación médica y ecológica.
Con un ojo en el Amazonas y en la región andina, y con bases en el Caribe y en otras regiones de Sudamérica, Estados Unidos se proponen el control militar de las zonas con grandes reservas de agua y petróleo (el Amazonas y el Orinoco). Y básicamente, a través de las prácticas con otros ejércitos, “desnacionalizar” ideológicamente a los militares del continente, además adiestrándolos bajo las doctrinas generadas en Washington. Por supuesto, se trata sobre todo de ejércitos para la represión, ya que se preparan para un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales.
Pero en Estados Unidos surgen ya también corrientes que ven de manera distinta la relación. Hace apenas dos días apareció un informe del influyente “Council on Foreign Relations” en que se asumen otros puntos de vista: por ejemplo, se postula el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba hace 46 años e iniciar negociaciones con ese país sobre asuntos de interés común.
Propone además ese Consejo tratar en ámbitos multilaterales los problemas con el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, aunque sin cerrar los canales bilaterales. "No deberíamos intentar aislar a Chávez", dijo Charlene Barshefsky, representante comercial de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton (1993-2001) y copresidenta del equipo que elaboró el informe. "Eso sólo lo fortalecería", agregó.
Estados Unidos también debería aceptar que las naciones latinoamericanas saben qué es lo mejor para ellas y que, a causa de sus crecientes lazos con potencias ajenas a América, fundamentalmente Unión Europea y China, no aceptarán automáticamente la dirección o el consejo de Washington. "La política hacia la región —afirma—, no puede continuar sobre la noción de que Estados Unidos es el actor externo más importante para América Latina… “Si hubo una era de hegemonía estadounidense en América Latina pertenece al pasado, pero el marco de toma de nuestras decisiones políticas no ha cambiado lo suficiente como para reflejar la nueva realidad”.
El estudio fue realizado por un equipo de expertos presidido por Barshefsky y el general James T. Hill, ex jefe del Comando Sur. Para lograr la atención de los dos partidos mayoritarios, el gobernante Republicano y el opositor Demócrata, el equipo estuvo integrado por ex altos funcionarios de ambos partidos. Así como resulta obsoleta la noción de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina, “el énfasis puesto después de la Guerra Fría en el comercio, la democracia y la lucha contra las drogas se ha convertido en una plataforma inadecuada para las relaciones con la región”.
¿La moneda está en el aire? Pero lo más importante reside en la capacidad de lucha independiente de los pueblos latinoamericanos. En realidad somos nosotros el factor decisivo para que la moneda caiga en el perfil más favorable a América Latina, terminando para siempre la insoportable presión imperial.

La inminente (y necesaria) caída de Ulises

Conjeturas
Alvaro Cepeda Neri

Si el final del presidencialismo priísta, sin sobresaltos y en cámara lenta tras las elecciones de la fallida alternancia foxista, abrió las puertas traseras del sistema para el regreso al antiguo caciquismo de los (des)gobernadores, entonces el presidencialismo neopanista del bribón de Fox y los casi dos años de la manu militari de Calderón, de plano abrieron de par en par las puertas del frente para que en los 31 estados (y el Distrito Federal de Ebrard), los tres poderes estén en manos del gobernador en turno. Esto, pues, ha generado que en las entidades, y en unas más que otras: Oaxaca, Sonora, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Chiapas, lo que impera es el autoritarismo de sus (des)gobernadores.
De los citados, indudablemente Oaxaca, Sonora y Veracruz están más que urgidos de cómo deshacerse de sus depredadores y malos gobernantes: Ulises Ruiz, Robinson-Bours y Fidel Herrera, ya que les ha causado gravísimos daños políticos, económicos y sociales que, si funcionara el Estado Federal y estuviera vigente un presidencialismo (aunque fuera como lo es de derecha, en su versión actual) sin chantajes por los poderes menos institucionales y los grupos de presión, esos (des)gobernadores ya hubieran renunciado. Y hasta puestos a disposición del juicio político, para deslindarles responsabilidades y esculcarlos por sospecha de enriquecimiento ilícito.
El (des)gobernador oaxaqueño, tras cuatro años, sostenido por el PAN y Los Pinos, más las bendiciones del priísmo madracista, debería encabezar el descabezamiento. Su caída ha sido inminente. A punto de ocurrir. Y sin embargo, el presidencialismo calderonista lo sostiene, apechugando los costos que lo señalan como cómplice; pudiendo sus diputados y senadores promover la desaparición de poderes en Oaxaca, lo cual sólo sería una confirmación ya que en la entidad Ulises se encuentra exiliado y no hay gobernabilidad. Los conflictos y baños de sangre son una constante.
A punto siempre de ocurrir la caída del (des)gobernador, lo salvan, ayer Ramírez Acuña y ahora Mouriño (y con Fox los sostuvieron: Creel y Abascal) con los buenos oficios de los panistas en el Congreso General, la indiferencia del PRD, la complacencia de Convergencia y un PRI que se deja querer para mantener esa gubernatura priísta. Un PRI que no comprende o se hace, que mantener a Ulises lo desprestigia más y que Oaxaca, como Sonora y Veracruz, peligran electoralmente. “Ulises Ruiz debe irse, es responsable de la crisis”, subtitula el periodista Ricardo Alemán en su columna: “¡Ya basta! Oaxaca, la otra pesadilla (El Universal: 20/V/08).
Así que de inminente debe pasar a un hecho consumado la caída de Ulises y su grupo, quienes han sumido a la entidad en un caos. Y todo porque los tres poderes se han coludido para sobrevivir en la anarquía, mientras las facciones de la confundida sociedad civil no logran ir más allá de mítines, revueltas y plantones que no resuelven el problema.
cepedaneri@prodigy.net.mx

La guantanamización

Bitácora Republicana
Porfirio Muñoz Ledo

El título escogido no alude a la cadenciosa poesía de José Martí, cuya versión musical tiene eco universal, sino al enclave militar que los Estados Unidos mantienen en Cuba. Los abusos que ahí se cometen contra los prisioneros de guerra han hecho de Guantánamo un símbolo de la impunidad con que suelen violarse los derechos fundamentales.
Este fue el eje de la presentación anteayer de un libro excepcional: La Urgente Seguridad Democrática, del joven investigador Abelardo Rodríguez. Es un análisis retrospectivo de las doctrinas y métodos que han empleado los gobiernos mexicanos para mantener el “orden interno” del país desde la época post revolucionaria. Es una historia de los abusos y los límites del autoritarismo.
Destaca la confusión original entre seguridad del Estado y seguridad del régimen, e incluso seguridad presidencial, a través de un largo período. Explica que el concepto “seguridad nacional” llega a nosotros hasta principios de los años ochenta, pero a pesar de que se explora teóricamente su carácter multidimensional, queda confinado en la práctica a los controles políticos y territoriales.
En el prólogo, Sergio Aguayo subraya el protagonismo del gobierno norteamericano en el apuntalamiento de ese sistema, particularmente durante los tiempos de la Guerra Fría. Anota que “los excesos y errores del autoritarismo se convirtieron en la principal amenaza a la seguridad, porque debilitaron al Estado”. Lamenta “la impotencia de unos gobernantes incapaces de entender que la supervivencia del Estado dependía de una refundación democrática”.
Según el autor “Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica de desarrollar una política de seguridad nacional que antepusiera los intereses del país a los de partido, sexenio y facciones”. La más grave falla de la transición fue el abandono de la reforma del Estado por la incompetencia de sus dirigentes, quienes “permitieron que la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas se propagara irremediablemente”.
De Felipe Calderón asegura que “la premura por ocupar el cargo y reconstruir una legitimidad no le permitió ordenar un diagnóstico integral y estructurar un plan maestro de combate a las amenazas contra la seguridad nacional”. Por el contrario “la militarización acota el diseño de una estrategia más amplia, visionaria y de Estado”. Resulta “altamente peligrosa, porque puede fracturar al sostén de la seguridad nacional y de la seguridad pública: las Fuerzas Armadas”.
Anotamos también que el Plan Mérida viene a coagular el esquema del ASPAN, por el que aceptamos ser subsidiarios del esquema de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se crearía así una suerte de pinza entre militarización y seguridad energética. Sin embargo, sus consecuencias sobre la estabilidad del país obligaron al Senado norteamericano a condicionar esos fondos a “mecanismos de escrutinio que permitan verificar que sus destinatarios no están involucrados en violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción”.
Sorprende por ello que José Luis Soberanes, transformado súbitamente de acólito en cabo y con inconcebible olvido de la función encomendada, nos espete sin más que “el Ejército es la única institución con la capacidad humana, material y de organización que puede hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado”. Aunque asegura que su acción habrá de ser temporal, tampoco será “de la noche a la mañana” ya que “carece de poderes o atribuciones mágicas”.
Tal parece que el Ombudsman sí los tiene, ya que ha evaporado del suelo patrio, con la complicidad del gobierno, al representante del Alto Comisario para los Derechos Humanos de la ONU, Amérigo Incalcaterra. Su pecado: haber señalado repetidamente las debilidades e inconstancias de ese organismo y promovido la elaboración de una obra -de calidad excepcional- elaborada por académicos y organizaciones de la sociedad civil. Una propuesta integral de reformas a la Constitución en materia de derechos humanos.
Fue guía fundamental para quienes laboramos asiduamente en la CENCA. Su piedra de toque: la plena jerarquía constitucional de los Tratados y convenciones en ese campo y la conversión de sus contenidos en leyes internas. A pesar de que la propuesta tuvo consenso, inclusive del PAN, surgió abruptamente el veto oficial. Su terror de que se colaran normas relativas a temas como el aborto y la supeditación del Ejército al régimen de los derechos humanos.
En efecto, propusimos la modificación del artículo 13, para restringir el fuero de guerra “exclusivamente” a los delitos contra la disciplina militar y la sustitución de “tribunales” por la de “órganos de justicia militar”, para extender el mandato a la Procuraduría del ramo. En lo sustantivo, la exención de competencia para “investigar, juzgar o sancionar a los miembros del Ejército presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Las intenciones del gobierno son transparentes y la remoción del funcionario internacional es una confesión de parte. A nosotros corresponde imaginar cómo el pueblo podría remover a sus agresores.

La mentira como regla o el terrorismo de Estado como evidencia

María Teresa Jardí

Incluso para una dictadura cuatro mil ejecuciones, en menos de dos años, son una barbaridad y para un partido usurpador, que no se asume por un buen número de ciudadanos como la dictadura que es, lo son aún más y peor aún cuando se evidencia como certeza que la impunidad ha sido convertida en una de las reglas del fracasado, pero impuesto, sistema político que sólo a un puñado de familias mafiosas, que se han hecho de la empresa y del poder en México, beneficia.
Es falso que un grupo delincuencial desafíe a un Ejército Nacional puesto en la calle con orden de combatirlo.
Los delincuentes son transgresores de la ley, no locos de atar.
Ni pensando a todos los narcos que mueven droga y a todos los sicarios de esos narcos como irredentos drogadictos se habría llegado a los niveles de violencia que hoy se dan en México.
Incluso los locos conservan el instinto de conservación.
Salta a la vista, pues, que se trata de terrorismo de Estado para someter a los mexicanos a los designios de la nación extranjera que, con el pretexto de hacerse cargo de la violencia con la que no puede el desgobierno usurpador fascista, vendrá a imponer el control de sus esclavos mexicanos, que es en lo que nos convierte la entrega del petróleo y de la electricidad.
El problema de la derecha panista está en el relajamiento de valores y principios que nada más llegar al poder tuvieron sus militantes o que quizá habían tenido siempre, pero que como oposición fingían no tener. Lo más abominable de la derecha panista es su fascismo entreguista.
Lo mismo le pasó a la izquierda al llegar al poder. Pero como el PRD pinta para no gobernar nunca a nivel federal, tampoco es que importe demasiado que se siga acabando por sí sola esa opción que alguna vez fue generadora de la esperanza de que las cosas en México podían ser de otra manera.
El PRI se corrompió de manera inaudita a lo largo de setenta años de presidencialista dictadura sexenal. Y, claro, es responsable de lo que aquí sucede incluso porque su deterioro es tan espectacular que perdida la Presidencia, como oposición empeñada en regresar, colecciona gobernantes asesinos y pederastas sometidos al usurpador en turno avalado por la peor, sin ninguna duda, legislatura de nuestra historia.
Cuando la lógica más elemental había tenido que soplarles al oído a los priístas que para volver tenían que cambiar, al igual que a los panistas y perredistas habría tenido que soplarles que para ellos el futuro estaba en justamente lo contrario, es decir, en no imitar nunca al que el pueblo ya no quería más como eterno gobierno corrupto.
Habría bastado con que el PAN no se exhibiera con la inmoralidad que a final de cuentas es su divisa principal y con que el PRD hubiera mantenido el principio de no robar ni avasallar para que México se encontrara al lado del Cono Sur de nuestro Continente construyendo un mejor país incluyente en América Latina.
Pero en México la lógica, al lado de la ética, descansa en el panteón de la basura donde han sido enterrados los principios y los valores. Principios y valores que son los que propician, con el andamiaje ético de las instituciones, la seguridad nacional, pública y jurídica, que son las justificantes de la existencia de los gobiernos debido a la autorización de los pueblos otorgada por los ciudadanos, a través de la firma del pacto social, para que el gobierno haga uso de la fuerza policiaca en determinadas situaciones perfectamente controladas y señaladas por la ley y siempre en beneficio del colectivo social. Ni más ni menos, eso es lo que es un Estado de Derecho.
Si estamos de acuerdo en que el bien principal es la vida y el PAN responsable hoy de las más de cuatro mil ejecuciones de la era de la usurpación calderonista va por el mundo defendiendo la vida desde el momento mismo de la concepción, con lo que hasta podemos coincidir, es un ultraje para el pueblo mexicano la evidencia de que a partir del nacimiento la vida no vale nada para la derecha fascista que desgobierna el país.
No hay repito, banda delincuencial, ejército si se le quiere llamar así, que se enfrente a un Ejército en la calle decidido a combatir el crimen organizado. Ni siquiera en Colombia, a pesar de la existencia milenaria de distintos grupos guerrilleros y de haber sido la cabeza del narcotráfico, procesador de cocaína del Continente, coleccionaban, los distintos gobiernos, los muertos como canicas como colecciona el panismo usurpador hoy en México. No, al menos, hasta antes de que otro bastardo gobernante traidor hubiera negociado con los yanquis la implementación del Plan Colombia.
Y de eso tratan aquí los más de cuatro mil ejecutados de la era de la usurpación panista de México con Calderón a la cabeza. De implantar el Plan México para rematar el país.

Definirán gobernadores debate petrolero

Estado de los Estados
Lilia Arellano

PAN apoya; PRI negocia; PRD rechaza
FAP gana debate pero perdería votación
“Notoriamente improcedente” la reforma: LJG
Viola Calderón la “Carta Magna”: Carrancá
México, objetivo militar de Washington

“Una buena Constitución es infinitamente
mejor que el mejor déspota”.

Thomas Macaulay

Al llevarse a cabo el cuarto foro sobre la reforma energética, es claro que el debate se ha centralizado en la confrontación de dos posiciones irreconciliables: una, que las iniciativas enviadas por Felipe Calderón deben desecharse porque las reformas son “notoriamente improcedentes” y “absolutamente violatorias a la Carta Magna” y, por otro lado, la que sostienen los juristas propuestos por el PAN y enviados por el Ejecutivo Federal que con argumentos legaloides y endebles sostienen que en su conjunto la iniciativa calderonista se ajusta al marco constitucional, aunque, claro esta, dicen, es perfectible. Se trata en suma de dos visiones de Nación confrontadas, una patriótica, nacionalista, preocupada por los mexicanos; la otra, “globalizadora”, autodenominada “moderna”, subordinada a los intereses de los Estados Unidos y de sus grandes trasnacionales.

Ante la indefinición de la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que coquetea abiertamente y negocia casi sin reservas con las iniciativas calderonistas, es claro que el debate lo está ganando el Frente Amplio Progresista (FAP), que se opone a la privatización del petróleo, dado que los argumentos presentados por los abogados y especialistas en derecho que defienden la posición presidencial son blandengues y repiten sólo lo que está registrado en la exposición de motivos y justificación del proyecto de reforma energética. Sin embargo, a consecuencia de los acuerdos políticos entre la primera y la tercera fuerza política del país, los legisladores del PRD, PT y Convergencia corren el peligro de perder la votación definitiva.
En este contexto es donde resalta la importancia de la participación de los gobernadores de las tres principales fuerzas políticas en este debate, pues luego de la decepcionante participación de los dirigentes del PAN, Germán Martínez Cázares, y del PRI, Beatriz Paredes Rangel, así como del “líder moral” del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, los ciudadanos esperamos que los mandatarios estatales puedan clarificar, con argumentos sólidos, la posición de las tres partidos políticos más importantes y se pueda vislumbrar el rumbo que habrá de tomar la votación, en su momento, en el Congreso de la Unión, sobre el conjunto de iniciativas presentadas por Calderón y, con ello, el destino inmediato de la Nación, que se debate entre la autonomía y la soberanía por un lado, o la alineación y la subordinación, por el otro.
Los gobernadores priístas, Fidel Herrera, de Veracruz, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas; los mandatarios perredistas, Leonel Godoy, de Michoacán, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y los gobernadores panistas de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, ya han confirmado su asistencia a los foros sobre la reforma petrolera que se llevan a cabo en el Senado, por lo que podrían estar en una mesa de análisis dentro de dos semanas.

PRI, sí... pero
Sin duda alguna, los militantes del PRI llevan una considerable ventaja en sus posicionamientos puesto que son gobernantes de estados petroleros, conocen la problemática y han dado muestras de contar con propuestas firmes en la materia, aunque muchas de ellas, en honor a la verdad, discutibles. Mucho más débiles se perciben los gobernadores panistas pues sus entidades no son de ningún modo petroleras. El mismo caso se repite ante los mandatarios perredistas, pues ni la capital de la República ni el estado de Michoacán son entidades que se caractericen por ser productoras de hidrocarburos.
Llama la atención que sean precisamente Fidel Herrera y Eugenio Hernández los que fijen el posicionamiento político del Partido Revolucionario Institucional, pues casualmente, junto con el gobernador panista de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, aplaudieron la iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón cuando participaron el pasado mes de febrero en la “Cabalgata de las Huastecas”, y en donde sostuvieron que es este el mejor momento para que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se coloque a la vanguardia de otras regiones del mundo.
Fidel Herrera dijo en esa ocasión que es ahora cuando se debe de avanzar en la generación de mayores recursos a través del crudo y consideró que es imperante que la paraestatal se abra al capital, porque se necesita mayor inversión para la explotación de sus recursos, “la única condición que existe es que no se venda ni un solo tornillo de esta empresa, que siga siendo de los mexicanos”. El mandatario veracruzano estimó también necesario que PEMEX se asocie con otras empresas para generar más recursos. Por su parte, Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas, consideró necesaria una reforma energética para abrir algunos sectores de PEMEX a la iniciativa privada a fin de mantener su rentabilidad.
Todo parece indicar que el posicionamiento que finalmente adoptará el PRI, al menos por lo que han señalado sus gobernadores, que en conjunto cuentan con más credibilidad que sus coordinadores parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones en el Senado, y Emilio Gamboa en la Cámara Baja, y hasta que su dirigente nacional, la tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel, se inclina a aceptar la reforma energética, pero ajustándola obviamente no al interés nacional sino a sus intereses de grupo. Así lo muestran señalamientos de otros mandatarios como el de Nuevo León, Natividad González Parás, quien estima urgente impulsar la reforma que permita a PEMEX mayor competitividad y asociarse con empresas para explotar el sector, sin que ello implique privatizarla; o el de Sonora, Eduardo Bours, quien quiere una reforma energética “verdadera y de fondo”, que le dé más autonomía de gestión a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); o el del mapache mandatario oaxaqueño, Ulises Ruiz, quien demanda “ir a fondo” en las reformas estructurales, como la Energética, “sin titubeos, sin clientelismos , sin temor a perder adeptos”; o el campechano Jorge Carlos Hurtado, quien dijo que a los campechanos les conviene se concrete una reforma energética y hasta anticipó posibles puntos de acuerdo a partir de la propuesta de Calderón, sin que se contemple la privatización, al menos abierta de la paraestatal.
El pasado mes de abril, los gobernadores priistas de los estados productores de hidrocarburos lograron consensos en torno a una propuesta “alterna” de reforma energética, la cual plantea la posibilidad de que las entidades federativas que producen petróleo en asociación con la Federación o industriales puedan extraer, procesar y refinar el hidrocarburo. “Uno de los objetivos es hacer que los gobiernos de los estados participen, dentro de las reglas permitidas por la Constitución, en la exploración y explotación de los yacimientos que han estado madurando”, según lo precisó Dionisio Pérez Jácome, jefe de la oficina del Programa de Gobierno de Veracruz.

PRD, por una consulta popular
Por lo que toca al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se pronunció por realizar una consulta ciudadana en la capital del país sobre la reforma energética y dijo que la encuesta sería similar a la Consulta Verde aplicada por su administración el año pasado para decidir 10 acciones en materia ambiental.
Ebrard anunció que el próximo 29 de mayo presentará la propuesta en el Senado de la República. El mandatario capitalino consideró que esa consulta ciudadana sería una de las opciones para resolver el conflicto y las discusiones generadas por el tema, por lo que propuso que se lleve a cabo en todo el país.
En cuanto a Leonel Godoy, el mandatario michoacano, el posicionamiento que sostendrá será con toda seguridad por el fortalecimiento de PEMEX, pero a través de una estrategia distinta, pues se ha pronunciado en contra de la privatización de la paraestatal y de algún cambio en la Constitución en la materia. Godoy ha señalado que la petrolera es una empresa autosuficiente que sin duda puede modernizarse a través de quitarle las cargas fiscales que tiene a fin de hacerlo un órgano que no sea el soporte exclusivo de la economía. En esa línea, los diputados federales del PRD enviaron cartas a los 31 gobernadores para solicitar que realicen en sus propias entidades un plebiscito con el fin de que la sociedad pueda opinar sobre la reforma energética.

Apoyo incondicional del PAN
Y sobre los gobernadores de Acción Nacional, éstos prácticamente sin argumentos han manifestado su apoyo incondicional a la iniciativa de reforma energética. Los mandatarios de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso; Guanajuato, Juan Manuel Oliva; de Morelos, Marco Antonio Adame; de Tlaxcala, Héctor Ortiz; y de Baja California, José Osuna Millán, cerraron filas con Felipe Calderón el mes pasado cuando se reunieron con el coordinador parlamentario del PAN en el Senado,
Santiago Creel, sí, el reconocido papá de Constanza la hija de la actriz Edith González. Sólo faltó Marcelo de los Santos, el mandatario potosino, quien desde el pasado mes de febrero en la referida “Cabalgata de las Huastecas”, había resaltado los aspectos “positivos” de la reforma energética “necesaria y benéfica para el país”, dijo en esa ocasión. José Osuna Millán, el de Baja California, ha sostenido que para modernizar la explotación de los yacimientos petroleros de México, se requiere de mayor capital además de una adecuación de la ley, mientras que el hidrocálido Luis Armando Reynoso Femat, se ha pronunciado a favor de que se concrete la reforma energética y con ello se modernice PEMEX.

Viola Calderón la Constitución
Mientras que los coordinadores parlamentarios del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, despreciaron el llamado de Felipe Calderón para acelerar la aprobación de la reforma petrolera, en la Cámara Alta durante el “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas aseguró que el titular del Ejecutivo violó la Constitución al enviar una propuesta de reforma energética que va en contra de ésta y precisó que la propuesta para modificar el Articulo 27 “es absolutamente violatoria de la Carta Magna”.
Aclaró que la fracción sexta del proyecto calderonista para la reglamentaria del 27 constitucional, que permitiría a PEMEX celebrar contratos con personas físicas y morales, contraviene la ley suprema. “Es una especie de “caballo de Troya” en el campo normativo”, calificó el profesor de la facultad de derecho de la UNAM.
Por su parte, el investigador de la máxima casa de estudios, Luis Javier Garrido, sostuvo que el Senado debe desechar por “notoriamente improcedente” la iniciativa presentada por Calderón y “enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”. El profesor de la Facultad de Derecho y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sostuvo que el paquete de siete iniciativas del Ejecutivo son “a todas luces inconstitucionales y contrarias al interés de México” y dijo que deben desecharse porque el Congreso no tiene atribuciones “para establecer normas que transgredan el orden constitucional”, por lo que al Senado no le queda más que desecharlas.
Subrayó que la iniciativa calderonista viola el principio del dominio directo, inalienable e imprescindible de la Nación sobre los recursos naturales del subsuelo y en particular de los hidrocarburos; la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros; la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares; y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país.
Agregó que también viola los principios de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen de excepción, y “como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la Nación”.
También advirtió que México se encuentra en una situación “de excepcional gravedad”, pues se está abriendo un escenario en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo “puedan concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución” y llevar al país “a un acuerdo de ilegalidad, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros”. En el bando contrario se ubicó Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, quien a su parecer en su conjunto la iniciativa calderonista se ajusta al marco constitucional. Aunque reconoció que la propuesta modifica el actual alcance que tiene el área estratégica de PEMEX, pues de aprobarse se permitiría que el sector privado participe en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación de gas y de la petroquímica antes reservados al Estado, no así para el crudo, consideró que esta disposición no contravendría lo dispuesto en la Carta Magna, toda vez, que sostuvo, dichas actividades no transfieren renta petrolera a particulares.
En tanto, para Sergio García Ramírez, quien fuera secretario general del CEN del PRI, señaló que la reforma energética de Calderón trasluce cambios que impactan en el contenido de la Constitución. El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que los legisladores no pueden revocar lo que ordena la Constitución a través de una reforma a leyes secundarias, porque para ello se requiere de otro mandato del pueblo. El jurista advirtió que si una ley secundaria corrige la ley suprema, quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Por tal motivo, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llamó a los legisladores federales a que sean cuidadosos al legislar en materia petrolera y destacó que si se equivocan al abrir una puerta constitucional para la explotación de hidrocarburos, “quizá no la podamos cerrar mañana”.

De los pasillos
El pleno del Senado de Estados Unidos avaló, por 75 votos a 22, recortar la primera entrega de la primera limosna, perdón, ayuda antinarco a México de la “Iniciativa Mérida”, mejor conocida como “Plan México”, a 350 millones de dólares, y estableció candados de derechos humanos antes de liberar el 25 por ciento de dichos fondos. La nueva versión de Ley de Gastos Suplementarios aprobada por el senado norteamericano regresará a la Cámara de Representantes que la semana pasada había reducido en 400 millones de dólares la ayuda para México, cuando la propuesta original del presidente George W. Bush, a petición directa de Felipe Calderón, era de 500 millones de dólares… Sobre el particular y desde Estrasburgo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruthita Zavaleta, señaló que los legisladores mexicanos de oposición no aceptarán las condiciones planteadas por los estadounidenses que, dijo, pretenden una subordinación de México en el combate al narcotráfico que afecta a ambos países… También el jurista Luis Javier Garrido consideró que el “Plan México” se inscribe en la estrategia de “hacer de México un posible objetivo militar de Washington”, pues este tiene ya “una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México”. Y con el “Plan México” van por más, mucho más.
Los altos precios de los alimentos no son una burbuja de corto plazo, por lo que la situación podría durar hasta 24 meses, advirtió Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El dirigente empresarial propuso una revisión de la política agrícola alimentaria que incluya apoyos directos a los consumidores económicamente más vulnerables… Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aseguró que los precios de los alimentos –que han aumentado 53 por ciento en lo que va del año- se mantendrán en niveles altos, lo que empeorará la inaceptable situación de 854 millones de personas que padecen hambre en el mundo… Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomendó al gobierno mexicano tomar acciones urgentes ante la coyuntura internacional para evitar que el alza en los precios de los alimentos eleve el número de pobres en el país.

Ni con la ayuda de Salinas

* Desde Coahuila, Andrés Manuel López Obrador asegura que la Derecha panista NO podrá arrebatarle al Pueblo de México su patrimonio nacional aunque Carlos Salinas apoye al espurio Felipe Calderón en su intento de privatizar el petróleo

* “Hay quien dijo que la discusión de los debates no es un partido de fútbol; sin embargo, es un asunto de béisbol, en donde la representación del movimiento en defensa del petróleo va ganando tres carreras contra cero del equipo de los privatizadores”

* Debe someterse a consulta popular la denominada “reforma energética” fecalista porque el Pueblo tiene la primera palabra

MONCLOVA, Coahuila, 22 de mayo (REDACCION/LA JORNADA).- Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Derecha panista no podrá arrebatarle al Pueblo de México su patrimonio nacional, aunque Carlos Salinas apoye al espurio Felipe Calderón en su intento de privatizar el petróleo y el mismo presidente pelele llame al Congreso de la Unión a aprobar la llamada “reforma energética”. Al reunirse con comités en defensa del petróleo de Monclova, Coahuila, Andrés Manuel retomó la pregunta que en el debate de ayer en el Senado hizo Sergio García Ramírez: “¿qué beneficios le han traído al Pueblo de México las privatizaciones?, y si en aquel espacio no hubo una respuesta a esta interrogante, en Monclova y en Saltillo la respuesta fue una: “¡Ninguno, ninguno!”. (Fotos de Carmen Núñez/Convención Nacional Democrática)

Con “mentiras” y falta de argumentos sólidos, el gobierno espurio pretende hacer creer a los mexicanos que la empresa más rentable del país, que genera excedentes por 20 mil millones de dólares al año y que contribuye con el 40% del presupuesto nacional no cuenta con recursos propios para su fortalecimiento y debe entregarse irremediablemente al capital extranjero para su rescate, “en realidad se trata a todas luces de un atraco, y de montar en el negocio del petróleo a un pequeño grupo de inversionistas extranjeros”. (Fotos de Carmen Núñez/Convención Nacional Democrática)

En la plaza central de Monclova, con un calor cercano a los 40 grados, López Obrador explicó que además de ser un recurso estratégico para el desarrollo mundial, el petróleo, cuyo precio por barril deja hoy una utilidad de 108 dólares, casi 60 más de lo presupuestado por el Congreso para este ejercicio, es fundamental para asegurar el desarrollo del país y garantizar el futuro de las generaciones venideras. (Fotos de Carmen Núñez/Convención Nacional Democrática)

Andrés Manuel López Obrador en Saltillo, capital coahuilense. (Fotos de Carmen Núñez/Convención Nacional Democrática)

Sostuvo que con la primera etapa de la resistencia civil pacífica se logró que los legisladores del PRI y del PAN se sentaran a debatir con los legisladores del Frente Amplio Progresista la propuesta del gobierno usurpador, que tiene la intención de entregar el hidrocarburo a compañías multinacionales petroleras.
Con expresiones propias del llamado rey de los deportes, hizo un balance de los foros sobre la reforma energética. “Hay quien dijo que la discusión de los debates no es un partido de fútbol, sin embargo es un asunto de béisbol, en donde la representación del movimiento en defensa del petróleo va ganando tres carreras contra cero del equipo de los privatizadores”, aclaró.
Luego, el Presidente Legítimo de México manifestó que el equipo de los privatizadores es semejante a los Yankees de Nueva York, porque ambos tienen una nómina que cuesta mucho, con peloteros muy caros, pero se encuentran en el último lugar de la serie y así van a seguir.
Al conceder una entrevista a los medios de comunicación, López Obrador reiteró su llamado a convocar a una consulta popular al pueblo de México, para conocer su rechazo o aprobación sobre la llama denominada “reforma energética”.
El Pueblo debe ejercer su derecho a manifestarse, mediante una consulta directa, porque siempre tendrá la primera palabra, aunque los legisladores tengan la última palabra, puntualizó.
A pregunta expresa de los comunicadores, sostuvo que debe haber democracia en los sindicatos mineros del país y demandó que el gobierno espurio de Calderón Hinojosa no intervenga en asuntos internos de cada representación.
Con “mentiras” y falta de argumentos sólidos, el gobierno ilegítimo pretende hacer creer a los mexicanos que la empresa más rentable del país, que genera excedentes por 20 mil millones de dólares al año y que contribuye con el 40 por ciento del presupuesto nacional, no cuenta con recursos propios para su fortalecimiento y debe entregarse irremediablemente al capital extranjero para su rescate, “en realidad se trata a todas luces de un atraco, y de montar en el negocio del petróleo a un pequeño grupo de inversionistas extranjeros”, enfatizó aquí Andrés Manuel López Obrador.
Al reunirse con comités en defensa del petróleo de este municipio, retomó la pregunta que en el debate de hoy en el Senado hizo Sergio García Ramírez: “¿qué beneficios le han traído al pueblo de México las privatizaciones?, y si en aquel espacio no hubo una respuesta a esta interrogante, en Monclova y en Saltillo la respuesta fue una: “¡ninguno, ninguno!”.
En la plaza central de Monclova, con un calor cercano a los 40 grados, López Obrador explicó que además de ser un recurso estratégico para el desarrollo mundial, el petróleo, cuyo precio por barril deja hoy una utilidad de 108 dólares, casi 60 más de lo presupuestado por el Congreso para este ejercicio, es fundamental para asegurar el desarrollo del país y garantizar el futuro de las generaciones venideras.
Destacó que los excedentes petroleros alcanzan para construir las refinerías, impulsar la industria petroquímica e instalar los ductos que el gobierno “espurio” pretende entregar al capital extranjero.
“En una política orientada a sacar provecho para unos cuantos a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y en contra de la nación, lo hacen hoy de manera descarada, con mucho cinismo y con el apoyo de los grandes capitales y plantean la disyuntiva de mantener a México como un país o convertirlo en una colonia”.
Más tarde, en Saltillo, donde la participación ciudadana en el movimiento rebasó ya a la organización partidista, López Obrador insistió en “las mentiras del gobierno espurio, apoyado con medios de comunicación como Televisa, para convencer a la sociedad de la urgencia de privatizar y dejar a México como abastecedor de materia prima”.
Condenó también el argumento en el sentido de que sólo hay petróleo en aguas profundas, “eso nadie lo ha probado, sólo inventan eso de las aguas profundas para que las empresas extranjeras vengan a apropiarse del mejor negocio del mundo, a extraer un barril de petróleo por 4 dólares y venderlo a 112, cuando a pesar de lo mal administrado que está PEMEX y de la gran corrupción que hay en la paraestatal, es posible y necesario convertirla en palanca del desarrollo nacional con recursos propios de esa empresa”.
Antes de abandonar Coahuila, reconoció en entrevista el papel que asumió el gobernador de la entidad Humberto Moreira, al oponerse, junto con el Congreso local, “a esta reforma privatizadora y entreguista”, y convocó a otros gobernadores del tricolor a “decidirse por el respeto a la Constitución y la preservación de los bienes nacionales y no caer en la tentación de la privatización”.
Más tarde, al dialogar con la brigada de esta ciudad, hizo un recuento de los cuatro debates que hasta el momento han tenido lugar en el Senado de la República, que fueron, dijo, “resultado de la decisión de los legisladores del Frente Amplio Progresista de tomar las tribunas, para evitar el albazo que pretendía el gobierno espurio y aprobar a espaldas del pueblo una reforma anticonstitucional”.
Hizo entonces un comparativo del enfrentamiento de ideas en torno del petróleo entre los analistas, investigadores y especialistas enviados por el gobierno federal y aquellos que aún habiendo pertenecido a administraciones priístas se oponen a la privatización.
Vamos 4-0. Les hemos ganado los cuatro debates; ellos (quienes apoyan las reformas de Felipe Calderón) están como el equipo de béisbol de los Yankees de Nueva York, con una nómina de peloteros muy cara, pero en el último lugar de la tabla.
Les ganamos los primeros cuatro debates y les vamos a ganar todos los que faltan porque nos asiste la razón”, sostuvo. López Obrador arribó a la ciudad de Monterrey por la noche, donde fue entrevistado por una cadena de televisión local y donde continuará hoy con las reuniones con los grupos de brigadistas en defensa del petróleo.

El poder (universitario) de las multinacionales (España)

Salvador López Arnal
Rebelión

Carlos Fernández Liria lo ha argumentado con detalle información y rabia. Como debe hacerse. Las universidades españolas, poco a poco, lentamente para no llamar la atención, están siendo llevadas a funcionar con criterios empresariales y al servicio de intereses empresariales.

Un ejemplo mas a sumar a la ya poblada lista. Vayan a http://www.uned.es/portal/. Consulten el apartado -“La UNED con sus estudiantes en época de exámenes. Se llevan a cabo desde el 18 al 24 de mayo y en junio, en segunda convocatoria, del 2 al viernes 6. Deseamos a todos los estudiantes los mejores resultados posibles”-. Marquen en este apartado dedicado, en principio, al estudiantado de la UNED.

Si van bajando en el nuevo interfaz, además de observar alguna fotografía del señor Botín, a quien nadie es capaz de poner coto a sus fechorías y con quién, recuérdese, se quiso fotografiar el presidente del gobierno al día siguiente de empezar a hablarse de crisis inmobiliarias y menor crecimiento del PIB, verán la siguiente noticia:

César Alierta, Presidente del Grupo Telefónica, será el nuevo Presidente del Consejo Social de la UNED

El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes 18 de abril el nombramiento de César Alierta, Presidente de Telefónica, como Presidente del Consejo Social de la UNED.

El nombramiento como vocal del Consejo Social de la UNED de César Alierta fué (sic) recogido en el BOE de 22 de marzo de 2008, como Resolución del Rector de 7 de marzo de 2008. Se nombra a propuesta de una resolución de la Ministra Mercedes Cabrera, del día 7 de marzo de 2008.

César Alierta, nuevo Presidente del Consejo Social de la UNED, nació el 5 de mayo de 1945. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Master en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia (Nueva York) en 1970.

En la actualidad y desde julio de 2000 es Presidente de Telefónica y miembro de los Consejos de Administración de China Netcom (CNC) y Telecom Italia. Forma parte además del Columbia Business School Board of Overseers.

El Consejo Social es un órgano fundamental de participación de la sociedad en la universidad y de permanente colaboración entre ambas, según se recoge en los Estatutos de la UNED: 'serán miembros del Consejo Social las personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social que determine la legislación'.

Alierta, el presidente de una multinacional española prepotente, ineficaz, manipuladora de la ciudadanía, que externaliza trabajos y funciones a precios irrisorios y sin ningún escrúpulo, que ha precarizado y precariza hasta límites de indecencia insuperables (mi compañera, que trabajó en una empresa del grupo, llegó a tener contratos de horas), que coloniza América Latina y otras zonas del mundo sin ningún pudor, es el presidente de una Universidad pública española. El nombramiento, vale la pena no olvidarlo, ha sido realizado por el consejo de ministros de un gobierno socialista. Retengan el dato.

Personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, se señala en la nota. ¿Qué personalidad singular tiene el señor Alierta aparte de dirigir una empresa sin escrúpulos, sin ningún escrúpulo, para obtener el máximo beneficio al precio que sea en esta abyecta edad de la codicia? ¿Una persona así debe presidir el consejo social de una Universidad? ¿Esa es la forma en que un gobierno que se dice de izquierdas entiende la colaboración entre la sociedad y la Universidad? ¿De qué sociedad están hablando? ¿A qué Universidad aspiran? ¿De qué pastan estos hechos los responsables últimos de esa medida? ¿A quién dicen representar, a quién representan realmente?

Sobre la cobertura parcializada de Venezuela en El País

Andrés Izarra
elpais.com

Con indignación he visto que El País publicó 3 artículos tendenciosos sobre Venezuela en un solo día, el pasado 16 de abril.

El primero titulado “60% de venezolanos rechaza políticas de Chávez” cita encuestas de Consultores 21 e Hinterlaces, que no especifican la ficha técnica del sondeo, ni su metodología. Sería positivo para sus lectores que su periódico reconozca que las dos encuestadoras tienen muy poca credibilidad, por sus equivocadas proyecciones en el pasado y conocido vínculo con partidos de la oposición venezolana.

Según la reciente encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, un 66,5% de los venezolanos aprueba la gestión de Chávez, frente a un 31% que la rechaza.

En el segundo, “Los países andinos con mayor nivel de democracia son los que menos creen en ella” hace referencia a un informe de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) que utiliza una ridícula argumentación al basar el alegato de que los venezolanos están contentos con su democracia porque confunden esta palabra con asistencialismo. Esta organización de dudosa reputación financiada por EE UU a través de la Nacional Endowment for Democracy , no elabora sus propias investigaciones y encuestas, sino que interpreta subjetivamente las elaboradas por otros, como ha ocurrido en el presente caso al manipular datos muy positivos sobre la percepción de la democracia en Venezuela recogidos por Latinobarómetro.

Por último, “Dictadores” encaja en la línea de hostigamiento editorial que mantuvo El País durante el 2007 cuando vinculó a Chávez con el calificativo “autoritario” 34 veces, 10 veces “dictador”, 7 veces “totalitario” y un sinnúmero de veces “caudillo”. Este artículo tilda al presidente de Venezuela de “payaso”, “caudillo” y “dictador”.

Además divulga información falsa al presentar la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de cambiar la franja horaria de la emisión de Los Simpsons de la infantil a la nocturna, como un acto de censura ordenado por el presidente.

Esta parcializada cobertura de Venezuela en El País desde el inicio del gobierno bolivariano está afectando seriamente la credibilidad del diario.

Los planes y las condiciones - Rocha

Parte de guerra - Helguera

Autobiografía - El Fisgón

Una vergüenza para la humanidad

En AL y el Caribe, mayores avances para reducir las “peores formas” de trabajo

Sufren explotación laboral 165 millones de niños en el mundo

África subsahariana, Asia y el Pacífico, regiones donde más menores son obligados a llevar ingresos al hogar

Llama el organismo a ofrecerles educación por lo menos hasta la edad mínima para emplearse

Carolina Gómez Mena

Unas semanas antes del Día Mundial contra el Trabajo Infantil –el próximo 12 de junio–, la OIT advierte sobre las condiciones de explotación laboral en que aún viven millones de niños en todo el mundo. La mayoría labora en el sector agrícola, clasificado como “peligroso”, junto con la minería y el comercio sexual. La imagen, en un tiradero del estado de México
Foto: Alfredo Domínguez

A escala mundial, aproximadamente uno de cada siete niños está sometido a alguna forma de explotación laboral, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

No obstante, destaca que en los últimos años ha habido resultados positivos en la eliminación del trabajo de menores, “especialmente de las peores formas”, como la minería, el comercio sexual y las labores agrícolas.

Asimismo, señala que en regiones como América Latina y el Caribe es donde se han registrado los mayores avances, pues en esas áreas sólo desarrollan actividades económicas aproximadamente 5 por ciento de los niños de entre cinco y 14 años (unos 5.7 millones), lo cual contrasta con regiones como África subsahariana, donde 26 por ciento (50 millones) de los menores trabajan.

Según documentos de esta institución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Asia y el Pacífico el problema es importante, ya que se calcula que en esas áreas cerca de 122 millones de niños en el mismo rango de edad son explotados laboralmente.

A unas semanas de que se conmemore el Día Mundial contra el Trabajo Infantil –el próximo 12 de junio–, la OIT puntualiza que de cada 10 menores que trabajan, alrededor de 70 por ciento lo hacen en el sector agrícola, 22 por ciento en el de servicios y 9 por ciento en la industria, incluidas la minería, la construcción y las fábricas.

La OIT remarca que el trabajo infantil es un “obstáculo para la enseñanza”, por lo que para este año la conmemoración del 12 de junio se centrará en el mensaje: “la educación es la respuesta acertada al trabajo infantil”. En este contexo, plantea que debe haber “una educación para todos los menores, al menos hasta la edad mínima de admisión al empleo”, así como la adopción de políticas que luchen contra el problema del trabajo infantil, impartiendo educación de calidad, formación de calificación con recursos adecuados y enseñanza que promueva la sensibilización sobre la necesidad de luchar contra dicho flagelo.

La OIT refiere que dicho problema está estrechamente vinculado a la pobreza. “Una familia de escasos recursos puede no tener los medios de pagar las cuotas escolares u otros gastos inherentes a la educación, además de que es posible que dependa de la contribución que la niña o el niño trabajador aporten, y atribuir más importancia a ese ingreso que a su instrucción académica.

“Por otro lado, cuando una familia tiene que escoger entre enviar a su hijo o a su hija a la escuela, suele ser la niña la que sale perdiendo.”

Apunta que ahora más que nunca los niños necesitan una educación y formación de calidad si desean adquirir las calificaciones necesarias para tener éxito en el mercado laboral. Sin embargo, advierte que “en muchos países, las escuelas a las cuales tienen acceso las familias pobres no disponen de los recursos suficientes y no están adaptadas a sus necesidades. Instalaciones limitadas, clases sobre- pobladas y carencia de profesores correctamente formados son algunos de los elementos que contribuyen a un nivel de educación bastante abajo”.

Primaria gratuita y obligatoria

Indica que las metas propuestas sólo podrán alcanzarse si se resuelven los factores que generan el trabajo infantil y que impiden que las familias pobres envíen a sus hijos a la escuela. Entre otras cosas –señala–, se debe ofrecer una enseñanza primaria gratuita, pública y obligatoria; eliminar los obstáculos a la educación de las niñas; reforzar las leyes sobre trabajo infantil y educación, de conformidad con las normas internacionales; luchar contra la pobreza; asegurar que los menores tengan acceso a una escuela y a un entorno de aprendizaje seguro y de calidad; abordar el problema del déficit mundial de profesores y asegurar un cuerpo docente adecuadamente formado y profesional, así como aumentar la sensibilización a la necesidad de eliminar el trabajo infantil”.

Según las estimaciones de la OIT, entre 2000 y 2004 el número de niños de entre cinco y 17 años que trabajan en el mundo se redujo 11 por ciento, y el de los que están inmersos en trabajos peligrosos descendió 26 por ciento, pues mientras a principios del milenio había 246 millones de menores trabajadores, en 2004 la cifra se estimó en 218 millones, y de ellos sólo 126 millones lo hacían en actividades peligrosas, en lugar de los 171 millones de principios de este siglo.

La expectativa es que en este momento la cifra sea menor. Según la OIT, actualmente más de 165 millones de niños de entre cinco y 14 años desarrollan actividades económicas.

Esto sí es una crueldad, Mr. Bush

La mayoría, sin acceso a una defensa legal apropiada e incomunicados con sus familias

HRW: más de 2 mil menores encarcelados por el ejército de EU en 5 años de guerra en Irak

El organismo humanitario exige a Washington que evite tenerlos detenidos por más de un año

De la redacción

Ginebra, 22 de mayo. Acusados de ser una “imperativa amenaza a la seguridad”, dos mil 400 menores de edad –incluidos niños de 10 años– han sido hechos prisioneros por las tropas de Estados Unidos en cinco años de guerra en Irak, sin que la mayoría de ellos haya tenido acceso a una defensa legal apropiada y comunicación con sus familias, denunció hoy la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en momentos que la Organización de Naciones Unidas inició aquí la revisión del expediente estadunidense en el país invadido en marzo de 2003.

La cifra de menores detenidos en la ocupación estadunidense y la guerra civil que se libran en Irak aumentó “drásticamente” de 25 a 100 niños por mes de 2006 a 2007, sin que las fuerzas armadas de Washington garanticen condiciones de higiene, seguridad y educación para la reinserción social.

Este incremento coincide con la concentración y el recrudecimiento de los hechos de guerra en la capital de Irak, Bagdad, donde Estados Unidos concentra la mayor parte de sus 140 mil soldados y medios de combate, a fin de contrarrestar los continuos atentados contra convoyes militares estadunidenses e iraquíes y los ataques entre facciones de musulmanes chiítas y sunitas.

El ejército de ocupación informó que hasta el 12 de mayo pasado tenía detenidos a 513 menores iraquíes por “imperativas amenazas a la seguridad”, pero ha transferido a las autoridades iraquíes la custodia de una cantidad indeterminada de jóvenes, cuya localización y condiciones se desconocen.

La preocupación por las condiciones en que se encuentran los menores detenidos se basa en diversos reportes sobre abusos y agresiones contra menores, entre los que destaca el caso de un joven de 17 años que fue estrangulado por uno de sus compañeros de prisión en el llamado Campo Cropper de Bagdad, uno de los dos inmuebles donde las fuerzas militares de ocupación encarcelan a presuntos rebeldes; el otro es el Campo Bucca, cerca del puerto de Basora, en el sureste de Irak.

En un comunicado HRW demandó a Estados Unidos que evite la práctica de detener a los menores por más de un año con base en el Memorándum sobre Procesos Penales establecido por la Autoridad Provisional de la Coalición –el órgano encabezado por Paul Bremer, que gobernó Irak desde abril de 2003 hasta el establecimiento de una autoridad local el 30 de junio de 2004–, que obliga a la liberación de los menores de 18 años después de 12 meses de confinamiento.

La organización exigió a Washington que separe a los detenidos más jóvenes de los mayores para evitar abusos y que se retracte de la práctica de transferir a los menores de edad a centros de detención del gobierno iraquí donde pueda haber riesgos de maltrato.

Aunque el ejército estadunidense no ha informado sobre la cantidad de menores que ha transferido a la custodia de autoridades iraquíes, la Misión de Asistencia de la ONU en Irak –una de las entidades que ha reportado sobre los casos de abuso a jóvenes presos– dio a conocer la cifra de 89 casos hasta diciembre de 2007.

Los cuestionamientos de HRW a Washington no se limitan a los menores de edad. El 28 de abril pasado la organización alertó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el hecho de que Washington mantiene en prisión a 24 mil 514 personas en Irak, a quienes so pretexto de constituir una “imperativa amenaza a la seguridad” no les ha permitido el derecho a ser llevados a juicio ante tribunales.

HRW señaló que Estados Unidos utiliza “inapropiadamente” el concepto de “imperativa amenaza a la seguridad” para justificar que los detenidos no sean procesados judicialmente, como si aplicara actualmente en Irak la Convención de Ginebra, que rige durante los conflictos armados.

El ejército estadunidense mantiene esta práctica con base en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1546, 1637 y 1723 –todas relativas a la ocupación de Irak– que permiten el encarcelamiento de iraquíes por “imperativas razones de seguridad”, a pesar de que el final de la ocupación fue declarada hace tres años y 10 meses.

“El final de la ocupación significa que los estándares internacionales sobre derechos humanos deben regir: revisión judicial de casos, acceso a consultas con abogados y con la familia, así como a un juicio abierto”, advirtió Joe Stork, director de asuntos de Medio Oriente en HRW.

Los textos completos de las denuncias de HRW están disponibles en:

http://hrw.org/english/docs/2008/05/20/iraq18886.htm y en: http://hrw.org/english/docs/2008/04/28/usint18659.htm

“Miente” el gobierno sobre Pemex ante la falta de argumentos sólidos, acusa AMLO

Nadie ha probado que sólo quede petróleo en aguas profundas, apunta; “sólo inventan”

Ciro Pérez Silva (Enviado)

Monclova, Coah., 22 de mayo. Con “mentiras”, por falta de argumentos sólidos, el gobierno federal pretende hacer creer a los mexicanos que la empresa más rentable del país, que genera excedentes por 20 mil millones de dólares al año y contribuye con 40 por ciento del presupuesto nacional, no cuenta con recursos propios para su fortalecimiento y debe entregarse irremediablemente al capital extranjero para su rescate, pero “en realidad realidad se trata a todas luces de un atraco, y de montar en el negocio del petróleo a un pequeño grupo de inversionistas extranjeros”, enfatizó aquí Andrés Manuel López Obrador.

Al reunirse con comités en defensa del petróleo de este municipio, el tabasqueño retomó la pregunta que en el debate de ayer en el Senado hizo Sergio García Ramírez: “¿qué beneficios le han traído al pueblo de México las privatizaciones?” Y si en aquel espacio no hubo una respuesta a esta interrogante, en Monclova y en Saltillo la respuesta fue una: “¡ninguno, ninguno!”

En la plaza central de Monclova, con un calor cercano a los 40 grados, López Obrador explicó que además de ser un recurso estratégico para el desarrollo mundial, el petróleo mexicano, cuyo precio por barril deja hoy una utilidad de unos 108 dólares, casi 60 más de lo presupuestado por el Congreso para este año, es fundamental para asegurar el desarrollo del país y el futuro de las generaciones venideras.

Los excedentes petroleros, destacó, alcanzan para construir las refinerías, impulsar la industria petroquímica e instalar los ductos que el “gobierno espurio” pretende entregar al capital extranjero.

“En una política orientada a sacar provecho para unos cuantos a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y en contra de la nación, lo hacen hoy de manera descarada, con mucho cinismo y con el apoyo de los grandes capitales, y plantean la disyuntiva de mantener a México como un país o convertirlo en una colonia.”

En Saltillo, donde la participación ciudadana en el movimiento rebasó la organización partidista, López Obrador insistió en señalar “las mentiras del gobierno espurio, apoyado con medios de comunicación como Televisa, para convencer a la sociedad de la urgencia de privatizar y dejar a México como abastecedor de materia prima”.

Condenó también el argumento de que sólo hay petróleo en aguas profundas: “eso nadie lo ha probado, sólo inventan eso (...) para que las empresas extranjeras vengan a apropiarse del mejor negocio del mundo, a extraer un barril de petróleo por 4 dólares y venderlo a 112, cuando a pesar de lo mal administrado que está Pemex y de la gran corrupción que hay en la paraestatal es posible y necesario convertirla en palanca del desarrollo nacional, con recursos propios”.

El tabasqueño reconoció el papel que asumió el gobernador de la entidad, Humberto Moreira, al oponerse, junto con el Congreso local, “a esta reforma privatizadora y entreguista”, y convocó a otros gobernadores del tricolor a “decidirse por el respeto a la Constitución y la preservación de los bienes nacionales y no caer en la tentación de la privatización”.

Hizo un recuento de los cuatro debates que han tenido lugar en el Senado, gracias a la “decisión de los legisladores del Frente Amplio Progresista de tomar las tribunas, para evitar el albazo que pretendía el ‘gobierno espurio’ y aprobar a espaldas del pueblo una reforma anticonstitucional”.

Hizo entonces un comparativo de la confrontación de ideas en torno del petróleo entre los analistas, investigadores y especialistas enviados por el gobierno federal y los que aún habiendo pertenecido a administraciones priístas se oponen a la privatización.

“Vamos cuatro cero. Les hemos ganado los cuatro debates; ellos (quienes apoyan las reformas de Felipe Calderón) están como el equipo de beisbol de los Yankees de Nueva York, con una nómina de peloteros muy cara, pero en el último lugar de la tabla. Les ganamos los primeros cuatro debates y les vamos a ganar todos los que faltan, porque nos asiste la razón”, sostuvo.

López Obrador arribó por la noche a Monterrey, Nuevo León, donde fue entrevistado por una cadena de televisión local. Hoy continuará en esa ciudad las reuniones con los grupos de brigadistas en defensa del petróleo.

García Ramírez, Carrancá y Garrido: la reforma a Pemex, inconstitucional

Raúl Carrancá y Rivas, Luis Javier Garrido y Sergio García Ramírez durante sus intervenciones de ayer en el Senado. Foto: Marco Peláez

Se busca dar la vuelta a la Carta Magna con modificaciones a leyes secundarias, advierten

Se “traslucen” cambios a la ley suprema que “no confiesan su identidad”, dice el primero de ellos

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron ayer que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias.

García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”.

El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”.

Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de Pemex al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas recalcó también que las iniciativas del Ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar con leyes secundarias.

¿Caballo de Troya o iniciativa?

Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que Pemex celebre contratos de obra con personas físicas y morales.

Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar este paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó ayer en ese foro, realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante violación constitucional”.

En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo Luis Javier Garrido pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón –al que se refirió siempre como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”.

Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se viola el principio de exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas.

Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales con modificaciones a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes”.

García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el artículo 27, reservó para la nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido y gaseso”, y una vez hecha la expropiación petrolera el presidente Lazaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, con el propósito de que sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”.

Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes: “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de Pemex, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento– las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 constitucional”.

Por su parte, Carrancá y Rivas advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó de “tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma por medio de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios”.

Palabras como “explotación”, “uso” y “aprovechamiento” enrarecen el debate

Defensores de la reforma calderonista a Pemex buscan sin lograrlo dar solidez a la propuesta

Retorcida discusión sobre si la apertura a la iniciativa privada implica violar la Constitución

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La discusión que ayer libraron ocho juristas sobre la inconstitucionalidad o no del paquete de iniciativas de Felipe Calderón en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex) evidenció, según expuso crudamente Luis Javier Garrido, cómo se pretende “retorcer” conceptos para hacer prevalecer una interpretación de la Carta Magna que permita la inversión privada, nacional y extranjera, en la paraestatal.

Cinco juristas, entre ellos el ex senador del PAN Fauzi Hamdan, llegaron ayer al debate a tratar de borrar la idea que está grabada ya en la opinión pública de que son “endebles” los argumentos de quienes respaldan la propuesta de Calderón.

Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Carbonell advirtió que quienes sostienen la inconstitucionalidad de la reforma son los que “tienen la carga de la prueba, y no al revés”.

Y eso fue justo lo que sucedió, ya que tanto Sergio García Ramírez como Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido, expertos constitucionalistas, rebatieron cada uno de los planteamientos del bloque de juristas defensores de la reforma presidencial.

Estos últimos llevaron una argumentación común, centrada en aconsejar a los legisladores que interpreten la Constitución y, con base en ello, hagan los cambios necesarios en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para dar cabida a la propuesta de que Pemex firme contratos de exploración y explotación de crudo y ceda a empresas privadas la refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos.

Visiones divergentes

Carbonell incluso citó una frase que pronunció en el foro anterior el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell de que serían “los legisladores más estúpidos del mundo” en caso de que no interpreten la Carta Magna.

“No tengan duda de que les corresponde a ustedes interpretar la Constitución. Nosotros les hemos dado elementos razonables, más o menos objetivos, para que ustedes interpreten que explotación no es refinación, no lo puede ser, no lo dice la Constitución.”

Y agregó: “No pongamos fantasmas, no pongamos palabras grandilocuentes, pero finalmente retóricas, como privatización o neoliberalismo. Tomemos en serio las palabras de la Constitución; son palabras a las que tenemos que darles contenido”.

El doctor Carrancá y Rivas, respondió de inmediato: “Señores senadores, no tengan ustedes la menor duda de que no pueden interpretar la Constitución”.

Explicó que los legisladores pueden interpretar leyes y decretos, pero no la Constitución, ya que ello le corresponde a la Suprema Corte.

Sobre la afirmación de que el artículo 27 constitucional se refiere sólo a la explotación del petróleo y no a la refinación y otros procesos industriales, inquirió: “¿Cómo explotar el petróleo, me pregunto, sin refinerías sin oleoductos y sin medio de transporte?”

Antes, García Ramírez expuso que la frase “explotación del petróleo”, de acuerdo con el diccionario y la historia constitucional, significa “aprovechamiento integral de la industria”.

El ex subprocurador de Justicia José Elías Romero Apis, urgió a los legisladores a que interpreten la Constitución para que en la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se defina “lo que es explotación y lo que no lo es”. Les sugirió, “para dar mayor seguridad, instalar una relación o listado de lo que no está incluido en la explotación del petróleo” y, para no dejar “ni las rendijas”, colocar “por alusión directa una declaración normativa muy concreta y específica”. Dijo no tener temor alguno en el éxito de esa “recomendación”.

Garrido llamó a eso “retorcer los conceptos para hacer prevalecer una argumentación que, a fin de cuentas, no va a convencer a nadie”. Se intenta “superponer a nuestro régimen jurídico otro régimen supuestamente de derecho que cambia por completo la naturaleza de la ley suprema”.

García Ramírez replicó que la palabra explotación puede ser, efectivamente, extracción, renta petrolera, industria petrolera, pero serán los legisladores los que decidan el significado exacto, “mirando el desarrollo constitucional y la conveniencia de la República”.

Al cuestionamiento de Carbonell, por haber hablado de privatización de Pemex, García Ramírez aclaró que usó la palabra en el sentido más llano y simple: hacer privado lo público, como se plantea en las iniciativas debatidas.

Antes había expresado que si bien no se venden los activos de Pemex, “se privatiza una porción del área estratégica mencionada en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional”.

Para sorpresa y enojo de los juristas que no querían que se hablara de privatización, dos legisladores del PRI lo hicieron: uno de ellos fue el senador Jesús Murillo Karam, secretario general de ese partido, quien intervino en el debate para expresar que, a su juicio, las iniciativas “sí presentan visos de inconstitucionalidad” por lo menos en tres partes.

“Creo que no sólo es la palabra explotación, sino también el uso y aprovechamiento”, donde no puede haber contratos. Sostuvo que el PRI, partido que impulsó esos planteamientos históricos, tiene que defenderlos.

La intervención de Luis Javier Garrido, en la que se refirió infinidad de ocasiones “al gobierno de facto” de Calderón, al que llamó también espurio, indignó a los panistas, quienes en voz de Fauzi Hamdan y del senador Alejandro González Alcocer le reclamaron.

Garrido reviró a este último: “No escuchó mis argumentos, como tampoco escuchó los del doctor Carrancá y Rivas, porque estaba usted platicando. Hasta acá oía el ruido de su conversación”, y le repitió algunas de las ideas que ya había expuesto y de paso le respondió también a Carbonell.

En un intercambio con Carrancá, Garrido expresó que se puede acusar a Calderón de traición a la patria y algunos legisladores se sintieron aludidos.

Al final García Ramírez, quien mencionó los efectos de la privatización de la banca 20 años después, preguntó: “Qué ha sido del patrimonio de la nación”, y advirtió que en dos décadas alguien se hará la misma pregunta, pero ahora en relación con el petróleo.

Costó $226 millones reforzar la seguridad e imagen de Calderón

Incluyen la compra de dos helicópteros, vehículos, materiales y equipo diverso

En este rubro la Presidencia excedió en 12.5% sus erogaciones autorizadas para el año pasado

Enrique Méndez

El reforzamiento de la seguridad personal del presidente Felipe Calderón –que incluyó la compra de vehículos y equipo para el Estado Mayor Presidencial (EMP)–, así como la contratación de servicios de imagen y encuestas, entre otros servicios, le costó a la Presidencia poco más de 226 millones de pesos, que por esas presiones y un aumento en el gasto corriente incrementó sus erogaciones 12.5 por ciento a lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Además, se tiene considerado para finales de 2008 concluir la compra de dos helicópteros con valor de 572 millones de pesos cada uno, que se asignarán al EMP para sustituir dos de los Superpuma con que cuenta, que le permitan cumplir con el transporte presidencial “con alto grado de seguridad”.

Así, a pesar de la política de austeridad proclamada por Calderón, los rubros de materiales y suministros, servicios generales y de capital se incrementaron 43.9, 28.6 y 61.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con información de la Cuenta Pública 2007.

El informe señala que Hacienda debió autorizar diversas transferencias para garantizar la seguridad de Calderón, la compra de materiales y útiles, vestuario militar, combustible, alimentación del personal castrense, actividades de logística y capacitación.

Se explica que en el rubro de materiales y suministros el gasto pasó de 141 millones 638 mil 275 a 203 millones 767 mil 529 pesos, es decir, 62 millones 129 mil 254 pesos más. Hacienda autorizó “recursos complementarios”, a través del ramo 23, provisiones salariales y económicas para “garantizar la seguridad del Presidente y su entorno, básicamente en la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos farmacéuticos, vestuario para el centro hospitalario del EMP, refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular, accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad”.

También, compra de combustible para la flota aérea presidencial, “derivado del incremento de operación de los vuelos, a fin de atender con oportunidad el programa de giras”. Además, para “alimentación del personal militar, derivado del ritmo de operación de las actividades del Presidente”.

Hacienda realizó otras transferencias, no especificadas, del capítulo 5000, Bienes muebles e inmuebles, compra de “material de seguridad pública, necesaria en el cumplimiento oportuno de las actividades sustantivas” de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, con objeto de reforzar la seguridad en instalaciones.

En servicios generales, el gasto pasó de 528 millones 9676 mil 358 a 680 millones 282 mil 919 pesos, 151 millones 315 mil 561 pesos más para “la mayor demanda” de servicios y operaciones de vuelos, seguridad y logística, ya que “las actividades y giras, nacionales e internacionales, presentaron un incremento sustancial”.

También se destinaron recursos al programa anual de mantenimiento de la flota aérea presidencial, por “el uso constante” de las naves. Asimismo, al pago de viáticos “del personal militar para supervisar dichos mantenimientos”.

Dentro de esas partidas se incluyó el pago por estudios de opinión, encuestas en vivienda, estudios de benchmark (comparativos) y cualitativos de opinión pública sobre Calderón, así como la contratación del servicio de síntesis informativa, e inclusive la acreditación para las reuniones de jefes de Estado, “publicación de mensajes” del mandatario, así como de servicios profesionales de monitoreo y agenda mediática presidencial.

En el rubro de gasto de capital, éste pasó de 20 millones 675 mil 600 pesos, aprobado por los legisladores, a 33 millones 361 mil 410, es decir, 12 millones 685 mil 810 pesos más, incremento que “se debe principalmente a la adquisición de equipo de seguridad nacional” para el EMP, así como para la compra de “vehículos para traslado de personas, materiales y equipo requerido en eventos oficiales para brindar la debida seguridad y logística al Presidente”.

La consulta

Luis Javier Garrido

La iniciativa oficial en materia de hidrocarburos, que fue finalmente sobre el petróleo, lejos de pasar tersamente en las dos cámaras y ser aprobada dócilmente por la mayoría PRI-PAN que la tenía ya negociada, está siendo cuestionada en todo el país y abriendo otros debates sobre el futuro de México

1. El reclamo creciente para que se abra una consulta popular de carácter nacional en torno de la propuesta oficial para privatizar Pemex –de aprobarse la llamada “reforma energética” (que no es “reforma” ni es en materia “energética”)–, y crear una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, tiene entrampado al gobierno espurio de Felipe Calderón, que no halla cómo salir del atolladero, pues el debate nacional está tomando otro sesgo.

2. La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La primera sería establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el 135 constitucional, y que son: a) los derechos individuales, b) los derechos colectivos y sociales, y c) los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.

3. La Constitución estadunidense aprobada en Filadelfia en 1787 sentó ya precedente en esta materia, pues los constituyentes que representaban a las antiguas 13 colonias establecieron que había que defender a toda costa el pacto federal que los unía y acordaron que habría un principio que jamás podría ser tocado por el órgano revisor de la Constitución: el de la paridad de representantes de los nuevos estados en el Senado. No obstante la influencia que tuvo la Constitución estadunidense en el derecho mexicano, ninguna de las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia dejó jamás principio alguno a salvo de los posibles reformadores.

4. En tiempos recientes, sin embargo, se han pronunciado en este sentido algunos constitucionalistas en México, quienes sostienen que principios esenciales que entrañan valores universalmente reconocidos o decisiones fundamentales de la historia de nuestro pueblo deberían estar a salvo de cualquier intento de reformas, como Emilio Krieger, en su libro En defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna (Grijalbo, 1994), y Alejandro del Palacio Díaz, en sus Nuevas lecciones de teoría constitucional (Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006).

5. Resulta claro, desde luego, que de haber estado vigente este principio en México hoy en día, ningún gobierno del signo que fuere podría tocar la Constitución mexicana para limitar o coartar los derechos o garantías individuales, los derechos sociales y colectivos y los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas.

6. Y que Calderón, desde luego, no habría podido atreverse a proponer al Congreso, como lo ha hecho de manera indecorosa y en un acto de verdadera felonía, que se privatizase la industria petrolera nacional, ya sea “a retazos”, como lo dice el economista David Ibarra, o de golpe por una contrarreforma constitucional.

7. La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una democracia semidirecta, estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum como vía necesaria para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales, así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas. El modelo constituye la entrega del petróleo.

8. El México del siglo XXI reclama cada vez más su derecho a decidir, y el destino de estas iniciativas seudolegales que pretenden privatizar la empresa más importante del país y trastocar la economía nacional, e incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una perspectiva democrática debería ser presentado a la consideración de todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener argumentos para oponerse a ello, pero el régimen se opone porque teme que ésta lleve a su propuesta a un destino todavía más incierto.

9. El gobierno de facto calderonista se está oponiendo sin embargo a esta consulta porque teme que cada día que pase el destino de sus iniciativas privatizadoras sea cada vez más incierto, pero lo único que está logrando con ello es abrir un nuevo debate en el país.

10. El destino de la industria petrolera nacional está, sin embargo, a pesar de lo que estiman los integrantes de la llamada “clase política”, en manos del pueblo. No hay todavía principios constitucionales a salvo del órgano reformador de la Constitución, pero los que son consecuencia de una lucha histórica como lo es la expropiación del petróleo, están a salvaguarda de toda tentativa como la actual, porque hay un pueblo que, con profunda dignidad, está sabiendo defenderlos.

Cuba: Bush, McCain y Obama

Jaime Martínez Veloz

De modo reiterado, el presidente de Estados Unidos con mayor descrédito en su propio país, y con algunos puntos cercanos al retraso mental, George W. Bush, ha persistido en mantener el acoso contra el pueblo cubano bajo el ridículo pretexto de abogar por las libertades en esa nación, que ha soportado los embates terroristas financiados y apoyados desde las altas esferas del gobierno estadunidense durante casi medio siglo.

La oligarquía de ese país se dice muy preocupada por las condiciones de vida estrechas en que los cubanos han debido salvaguardar su integridad y soberanía durante tanto tiempo, pero de manera simultánea ha hecho todo lo posible por destruir los muchos (pocos, dirán algunos) avances en materia de educación, salud, bienestar y dignidad de los cubanos, aspectos que constituyen los indicadores de desarrollo por los que la hipocresía estadunidense asegura cometer las atrocidades que perpetra.

No está por demás recordar que por mucho tiempo las sucesivas administraciones estadunidenses se han enfrascado en una criminal actividad terrorista para minar la moral del pueblo cubano, con el supuesto objetivo de “liberarlo”.

Así, para “liberar” a los cubanos, ese gobierno no dudó en emplear todo tipo de acciones para aplastar la Revolución desde que se gestaba. La naturaleza de las justificaciones imperiales para ejercer el terrorismo de Estado iba desde la lucha contra el comunismo hasta el respeto a los derechos humanos, y ahora dizque la libertad económica.

Con esa serie de patrañas, el gobierno de Estados Unidos entrenó, armó y envió mercenarios contra la isla para herir, matar, mutilar, secuestrar; bombardeó escuelas, fábricas, cooperativas. Junto con los apátridas cubanos exiliados que atacaban su patria, en esas incursiones se enrolaban sus asesores estadunidenses, alguno de los cuales acostumbraba rebanar las orejas de los adolescentes campesinos de la isla, milicianos muertos mientras defendían sus cooperativas, escuelas y granjas de pollos. Tal mutilación post mortem, además de constituir una práctica denigrante propia de la mentalidad colonial (“trofeos” de guerra y pruebas contundentes), tenía el objetivo de sembrar el terror y aplicar medidas ejemplares y correctivas entre el campesinado isleño, para demostrarles quién era el amo.

Muchos años antes de que se popularizara el concepto de armas de destrucción masiva, aplicado de manera hipócrita a los enemigos del imperio (el caso de Hussein es la mejor ilustración de ello), fueron los gobernantes estadunidenses quienes las empleaban contra la isla. De laboratorios militares estadunidenses en el Canal de Panamá salieron cultivos biológicos para contaminar las granjas porcinas, a fin de destruir el stock alimenticio de Cuba y reducir por hambre al pueblo. De lo que se trataba, entonces, era de castigar a los cubanos por apoyar la Revolución. En un contexto más general, ¿qué mejor prueba del uso de armas de destrucción masiva utilizadas por Estados Unidos que el bloqueo imperial económico contra Cuba?

Ya hemos comprobado que cualquier medida adoptada por las autoridades en la isla es desacreditada en lo inmediato por el fundamentalista usurpador que llegó a la Casa Blanca mediante chapuzas mundialmente conocidas. Cual moderno Calígula, ya institucionalizó la tortura como método oficial de lidiar con aquellos a quienes califica de enemigos. Es difícil entender cómo un sicópata erigido en luminaria pueda constituirse en referente para emprender las luchas por la libertad, entendida por la reacción como libertad “política y económica”, para que, por ejemplo, la gente pueda morir de hambre en un modelo dominado por los corporativos privados depredadores. Bush es una vergüenza hasta para el propio pueblo estadunidense.

En ese sentido, Bush se rodea de los sectores más primitivos del exilio contrarrevolucionario para seguir agrediendo cualquier señal de apertura desde la isla. El reciente anuncio cubano sobre la difusión de telefonía celular en la isla ya desea manipularlo la administración imperial para afirmar que utilizaría ese medio de comunicación para atacar al gobierno cubano.

Tal advertencia la emitió el Nerón estadunidense rodeado de los herederos de la oligarquía exiliada, que desde hace medio siglo rumian su venganza y retorno para exigir la restitución de sus bienes malhabidos que expropió la Revolución.

Para nuestra tranquilidad, hemos de leer tales señales de la Casa Blanca como síntomas de la descomposición que invade a esa administración, fracasada en lo político y en lo económico, pero que será recordada como una de las pesadillas globalizadas de las que los pueblos del mundo desean emerger, tomando como ejemplo el caso cubano, aun con sus diversas insuficiencias, que palidecen ante los logros sociales y la dignidad que siempre es recomendable emular.

Por ello, aunque las condiciones impuestas por los poderosos grupos de poder económico estadunidenses trataran de reducir la capacidad de maniobra del próximo presidente de ese país, lo cierto es que con los planteamientos del casi candidato demócrata Barack Obama la situación puede dar un giro para consolidar una relación estable entre ambos países. La reconstrucción de la relación de Estados Unidos con América Latina es una necesidad para nosotros y para los propios estadunidenses, ésta pasa forzosamente por la reconstrucción de la relación con Cuba. Ya John McCain, en un intento de desacreditar a Barack Obama, lo acusa de ser inexperto en asuntos internacionales, lo cual está por verse, pero lo cierto es que los republicanos, y en especial Bush, son expertos en llevar a sus pueblos a guerras perdidas.