jueves, marzo 24, 2011
En Estados Unidos, violadores de indígenas, impunes
En Estados Unidos, una de cada tres indígenas es violentada sexualmente a lo largo de su vida. Los agresores, mayoritariamente blancos, que ingresan a los territorios indios para abusar de niñas y mujeres gozan de impunidad. La justicia estadunidense no concede potestad a las autoridades de los pueblos nativos para juzgar por delitos cometidos a personas que no pertenecen a las tribus.
Haider Rizvi / IPS-Voces de la Tierra
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos. Este país es objeto de escrutinio internacional por no juzgar a quienes ingresan a territorios indígenas para abusar de mujeres y niñas.
Allí, las indígenas son mucho más vulnerables a sufrir abusos que las mujeres de cualquier otro grupo étnico en el país, según Rashida Manjoo, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias.
Entre 60 y 80 por ciento de la violencia contra las indígenas estadunidenses es perpetrada por foráneos, dice Manjoo.
La relatora, quien se reunió con varios funcionarios y activistas por los derechos humanos para investigar la situación de las mujeres en Estados Unidos, cita datos que revelan que una de cada tres nativas es violada a lo largo de su vida.
En la mayoría de los casos, los violadores quedan libres porque los ancianos de las tribus tienen potestades limitadas para juzgar a quienes cometen delitos en su territorio. Los pueblos originarios sostienen que les resulta muy difícil obtener ayuda de las autoridades estadunidenses.
“Desde 1978, nuestro gobierno tribal (…) fue despojado de la autoridad para juzgar a violadores y abusadores” que no pertenecen a los pueblos nativos, dice Terri Henry, concejala de la Eastern Band of Cherokee Indians, tribu asentada en una reserva del oriental estado de Carolina del Norte.
En 1838, cuando los colonizadores europeos obligaron a los cherokees a abandonar sus tierras en el Sur, miles de indígenas murieron en su camino a Oklahoma debido a la falta de alimentos, vestimenta y refugio.
“Como todos los otros estatutos y políticas federales hacia los indígenas, la Ley de Remoción legalizó las muertes de miles de mujeres, hombres, niñas y niños cherokees”, explica Henry, quien se reunió con Manjoo en febrero pasado.
Henry, que también integra el Indian Law Resource Center, dice que no se pondrá fin a la violencia contra las mujeres nativas hasta que las autoridades federales “eliminen la barrera legal que ata las manos a los gobiernos tribales”.
Los tribunales de los pueblos indios solamente pueden imponer una sentencia de entre uno y tres años. Y en Carolina del Norte, por ejemplo, el delito de violación se castiga hasta con 40 años de cárcel, señala.
“Así que para la mayoría de las víctimas indígenas, una sentencia de tres años está muy lejos de disponer una justicia igualitaria ante la ley”, agrega.
En enero, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo para proteger a las mujeres aborígenes de la violencia y los abusos.
“Sabemos muy bien que las comunidades tribales enfrentan desafíos únicos en materia de aplicación de la ley y que se están esforzando por revertir una proporción inaceptable de violencia contra mujeres, niños y niñas”, dijo Holder.
Agregó que “el grupo de trabajo ha sido una prioridad para mí desde mi visita a los líderes tribales el año pasado; es un paso crítico en nuestro trabajo por mejorar la seguridad pública y fortalecer la coordinación y la colaboración relativa a las estrategias de las comunidades tribales para realizar juicios”.
El grupo de trabajo, de 13 miembros, busca elaborar un manual sobre prácticas judiciales para juzgar en el ámbito federal delitos cometidos contra las mujeres en territorios indígenas.
Incluye al fiscal federal para Nebraska y a fiscales federales adjuntos de otros cinco estados del Occidente de Estados Unidos, así como a jueces, fiscales y abogados de varias naciones originarias.
El gobierno de Barack Obama también aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que fue bienvenido por los líderes de los 370 millones de integrantes de los pueblos originarios del mundo.
La histórica declaración de la ONU, que fue rechazada por el gobierno de George W Bush (2001-2009), reconoce que los pueblos autóctonos de todo el mundo tienen derecho a controlar sus tierras y a practicar sus sistemas de creencias tradicionales.
“La Declaración puede usarse como base para reclamar que el gobierno federal cumpla sus responsabilidades con las tribus y sus obligaciones de promover y respetar los derechos humanos de las naciones y tribus indígenas”, dice Robert T Coulter, director ejecutivo del Indian Law Resource Center.
Durante su visita de dos semanas a territorios originarios de Estados Unidos, la relatora especial de la ONU enfatizó que el racismo y la pobreza son problemas profundamente arraigados.
De las más de 1 millón de mujeres que actualmente están bajo supervisión del sistema de la justicia penal, por ejemplo, las negras y latinoamericanas representan 46 por ciento. Y la vasta mayoría de ellas han cometido delitos no violentos.
Manjoo tiene previsto presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en los próximos tres meses. Mientras, Henry describe la situación de las mujeres indígenas en Estados Unidos como “una crisis de derechos humanos”.
“Estamos contentas de que el resto del mundo esté empezando a prestar atención”, señala.
Programa de Primer Empleo: beneficios millonarios a supermercados
Creado para incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, el Programa de Primer Empleo ha entregado casi la mitad de sus subsidios a cuatro cadenas de tiendas de autoservicio: Wal Mart, Oxxo, Soriana y Chedraui. Tal concentración ha sido favorecida por el diseño del Programa, que no establece condiciones de los trabajos creados ni garantiza que éstos sean de calidad o estén bien remunerados, señalan especialistas.
El Programa de Primer Empleo (PPE) –pensado para incorporar a los jóvenes egresados de las universidades y centros educativos al mercado laboral formal– ha beneficiado principalmente a las cadenas de tiendas de autoservicio Wal Mart, Oxxo, Soriana y Chedraui. Éstas han recibido 61 millones 627 mil pesos, que equivalen al 45 por ciento de los subsidios entregados por el gobierno federal entre 2008 y 2010.
La trasnacional Wal Mart ha recibido la quinta parte del total de apoyos otorgados, aun cuando al Programa se han inscrito 1 mil 530 empresas, de acuerdo con los datos del Padrón de Beneficiarios del PPE, publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Creado en enero de 2007, el PPE fue la apuesta del gobierno federal para atender la demanda de empleo en el país, particularmente la de los jóvenes que, tras egresar de universidades y centros de educación superior, buscaran insertarse en el mercado formal de trabajo.
Sin embargo, el PPE no ha logrado detonar el empleo que pregonó. Muestra de ello es que de los 3 mil millones de pesos que se le presupuestaron para el pago de subsidios, hasta diciembre de 2010 había erogado apenas 136 millones 986 mil 212.84 pesos, es decir, menos del 5 por ciento.
De ese marginal monto, casi la mitad ha ido a parar a manos de cuatro cadenas de comercio detallista. El grupo Wal Mart es el que más se ha beneficiado, al recibir el 21.5 por ciento de los subsidios a través de sus subsidiarias Operadora Wal Mart, S de RL de CV; Servicios Administrativos Wal Mart, S de RL de CV; Restaurantes Vips, S de RL de CV; Operadora Suburbia, S de RL de CV; y Sawsa Adelante, S de RL de CV.
De acuerdo con el Padrón de Beneficiarios, el consorcio de origen estadunidense fue uno de los primeros en inscribirse al Programa. Hasta diciembre del año pasado, había recibido 29 millones 406 mil 421 pesos como reembolso del pago de las cuotas obrero-patronales de sus nuevos empleados ante el IMSS.
La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo ocupa el segundo lugar de las empresas a las que más dinero se les ha otorgado –16 millones 286 mil 384 pesos– a través de sus subsidiarias Cadena Comercial Oxxo, SA de CV; Oxxo Servicios de Distribución, SA de CV; Oxxo Servicios, SA de CV; y Oxxo Servicios Gas, SA de CV.
A Organización Soriana, SA de CV, que opera la cadena de supermercados del mismo nombre, le fueron entregados 9 millones 388 mil 637 pesos mediante sus subsidiarias Administración Soriana, SA de CV, y Centros Comerciales Soriana, SA de CV.
La empresa Servigalas, SA de CV, dueña de las tiendas de autoservicio Chedraui, recibió subsidios por 6 millones 545 mil 585 pesos.
Empleos, sin garantía
Para el vicepresidente de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco López Díaz, el que los mayores beneficiados del PPE sean cadenas de tiendas de autoservicio se debe únicamente a que “algunos sectores han comprendido las ventajas de este Programa”.
Cuestionado sobre si el tipo de empleos que podrían ofrecer estas empresas es el que se pensó como oferta para los jóvenes egresados de los centros educativos, López Díaz expresa que “no hay empleo malo”. Agrega que “todo empleo formal, dentro de la ley […] es un empleo. Es una persona que está dentro de la economía formal. Yo no le pondría una etiqueta”.
El representante de la Coparmex reconoce, sin embargo, que ha sido el dinamismo propio del Programa el que no ha favorecido la creación de otro tipo de vacantes; además de que el PPE no se ha orientado a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 80 por ciento de la actividad laboral del país.
El doctor Gerardo González Chávez, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el PPE no garantiza a los jóvenes trabajos de calidad o bien remunerados.
La única salvaguarda que tienen los trabajadores contratados al amparo del Programa es la seguridad social durante el primer año de empleo, lapso durante el cual el gobierno federal se hace cargo de pagar la totalidad o parte de las cuotas obrero-patronales ante el IMSS, según lo estipulado en los Lineamientos operativos del PPE.
Dichos preceptos establecen que el monto del subsidio se determinará según el salario base de cotización de cada trabajador registrado en el PPE; de modo que entre menor es el salario, mayor es el porcentaje por subsidiar.
Así, a las empresas que inscriben a trabajadores cuyo salario base de cotización es menor a 10 salarios mínimos se les subsidia la totalidad de las cuotas; mientras que si la base de cotización es de más de 20 salarios mínimos, se reembolsa sólo la décima parte de las cuotas ante el IMSS.
Tal incentivo ha resultado atractivo, sobre todo para las grandes cadenas de tiendas de autoservicio. En el caso de Wal Mart, el investigador de la Unidad de Economía del Trabajo y de la Tecnología del Iiec recuerda que la empresa ha recurrido a contratos de protección patronal para emplear a su personal, como ha documentado el investigador Alfonso Bouzas Ortiz.
Por ello, González Chávez se muestra sorprendido con el “cambio de camiseta” de la trasnacional, que para aprovechar el estímulo económico del PPE, ha pasado de la simulación laboral a contratar formalmente personal y ofrecerle seguridad social.
Costosa difusión, pobres resultados
El 23 de enero de 2007, a menos de dos meses de haber iniciado su gestión, Felipe Calderón Hinojosa promulgó un decreto que estableció las directrices generales del PPE, el cual empezó a operar el 1 de marzo de ese año.
Para diciembre siguiente –es decir, antes de que el PPE cumpliera un año de existencia–, éste tuvo que modificarse para hacerlo “más sencillo y atractivo”, ya que de los 3 mil millones de pesos que originalmente se le asignaron como presupuesto, únicamente había erogado 330 mil 600 pesos en el pago de subsidios, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación.
Ello no sólo evidenció la escasa respuesta del sector patronal para acogerse al Programa, sino también la poca efectividad de la costosa difusión que ese año se le hizo, la cual implicó el desembolso de 59 millones 787 mil 700 pesos, es decir 180 veces más de lo que se pagó por concepto de subsidios.
Luego de casi cuatro años de su puesta en marcha, el pago de subsidios representa apenas el 4.6 por ciento del monto.
De acuerdo con el informe Servicio de evaluación de diseño del Programa de Primer Empleo –que antecedió a las modificaciones en el decreto original–, la meta de trabajadores inscritos para 2007 era de 49 mil 555, pero sólo se habían registrado 9 mil 577, es decir, el 19 por ciento.
Para el año siguiente, la meta era de 318 mil 116 trabajadores. Sin embargo, los datos más recientes del PPE, dados a conocer por el IMSS en febrero de 2011, indican que hay apenas 73 mil 347 trabajadores inscritos en el Programa.
Respecto del número de empresas, el IMSS informa que, en total, se han inscrito 20 mil 798. Mas esta cifra se refiere a la cantidad de registros patronales mensuales y no al número real de empresas, la cual llega apenas a 1 mil 530, de acuerdo con los datos del Padrón de Beneficiarios.
De este modo, los 2 mil 463 registros con los que cuenta Operadora Wal Mart de México, S de RL de CV, se cuentan como empresas distintas en el cálculo del IMSS.
El Padrón de Beneficiarios del PPE muestra también que entre las empresas que han recibidos subsidios, se encuentran, además de las cadenas de tiendas de autoservicio, algunas compañías dedicadas a la subcontratación, como F & R Outsourcing Corporativo y Outsourcing Personnel Services, así como la Arquidiócesis de Acapulco y la asociación religiosa Resurrección Ajusco Coyoacán.
De acuerdo con los Lineamientos de operación del PPE, para que un empleador pueda inscribirse al Programa, requiere contar con un registro patronal ante el IMSS, disponer de firma electrónica y dedicarse a actividades económicas cuyo ciclo de producción no sea menor de 12 meses.
Programa fracasado pero necesario
En opinión del doctor González Chávez, el fracaso del PPE se debe a que su instrumentación no atendió el problema de fondo: la situación actual del mercado de trabajo, donde alrededor del 60 por ciento de las personas trabaja en la informalidad.
A decir del investigador del Iiec, lo que el PPE no advirtió fue que un subsidio a las empresas en el rubro de la seguridad social no necesariamente compensa los beneficios que tiene para los patrones contratar trabajadores informales, ya que con ello se ahorra no sólo el pago de posteriores cuotas ante el IMSS, sino también prestaciones, como aguinaldos y primas de antigüedad.
López Díaz disiente de esta postura, pues señala que, para el sector empresarial, la propuesta del PPE fue bienvenida desde que inició operaciones.
Sin embargo, el representante de la Coparmex reconoce que el Programa no ha dado los resultados que se esperaban. Esto lo atribuye a su diseño actual, que está coordinado por una instancia recaudatoria –el IMSS– en lugar de ser dirigido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la participación de los sectores empresarial y educativo en su operación y difusión.
López Díaz considera necesario que el PPE pase de ser un mero programa sexenal a una política pública, ya que, como está planteado actualmente, su vigencia terminará con el sexenio.
En opinión de Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en asuntos laborales, la propuesta de subsidios a los empresarios del PPE es apenas uno de muchos mecanismos para fomentar el empleo de los jóvenes, “pero no necesariamente es el que detone la creación o conservación de empleos”.
El investigador advierte que las experiencias de programas de apoyo al empleo en otros países han mostrado que éstos siempre tendrán un costo para el Estado “porque los empleadores difícilmente van a poner dinero de su bolsillo”.
Para la elaboración de este trabajo, Contralínea buscó conocer la postura de la STPS y del IMSS. El director de información de la STPS, Norberto Miranda, respondió que la dependencia no podía emitir una opinión sobre la efectividad del PPE debido a que no contaban con información al respecto y a que la instancia encargada de su ejecución es el IMSS. Al cierre de esta edición, no se tuvo respuesta de éste.
Ley de Fomento al Primer Empleo, el PPE priista
A finales del año pasado, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República presentó un proyecto de decreto para expedir la Ley de Fomento al Primer Empleo, que plantea otorgar una deducción adicional al impuesto sobre la renta y al impuesto empresarial a tasa única a los patrones que creen nuevos puestos de trabajo.
La llamada Ley Beltrones –por ser el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera su principal impulsor– critica en su iniciativa al Programa Primer Empleo (PPE) porque sus resultados han estado muy por debajo de los objetivos planteados y son “irrelevantes ante las necesidades del mercado laboral”.
Contrario al esquema de subsidios a través del cual opera el PPE, la propuesta priista plantea deducciones adicionales, con lo que pretende ser más ágil y asegura que será más atractivo a los patrones al plantear incentivos a cambio de la creación de puestos de trabajo.
En opinión del doctor Gerardo González Chávez, especialista en economía del trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la propuesta priista “tiene una estructura muy parecida a la del PPE”, fundamentalmente porque ambos proyectos ubican el problema del desempleo en la falta de motivación de los empresarios para generar empleos formales y no se sitúan en la realidad del mercado laboral actual.
Por tanto, González Chávez considera que la Ley de Fomento al Primer Empleo, que entró en vigor a partir de este año, avanzará en la misma dirección que el PPE, con resultados igualmente marginales.
Las cadenas Wal Mart, Oxxo, Soriana y Chedraui han recibido el 45 por ciento de los subsidios del PPE entre 2008 y 2010
La concentración de los beneficios del PPE se debe a que sólo algunos sectores han sabido aprovechar las ventajas del programa: Coparmex
El PPE no garantiza empleos de calidad ni bien remunerados: Gerardo González Chávez, investigador de la UNAM
En su primer año de operaciones, el PPE gastó 180 veces más en publicidad que en el pago de subsidios
En casi cuatro años de operación, el PPE ha entregado apenas 4.6 por ciento de su presupuesto en subsidios, y los trabajadores inscritos están por debajo de lo planteado
México: Construir el poder ciudadano
Arturo Montiel desnuda a Televisa
¿Por qué abandoné la contienda? Soy político, pero sobre todo un ser humano. Lo que rige la vida no sólo es la búsqueda del poder, sino los afectos y los sentimientos. Por supuesto que deseaba ser candidato a la Presidencia, triunfar, ser presidente de la República, había trabajado toda mi vida para ello, era la culminación de mi carrera y el cumplimiento de un sueño que había nacido en Atlacomulco, como lo he relatado ampliamente en las partes anteriores. Había apostado por ser presidente de México, estaba preparado, con proyecto y visión de Estado, me sentía, además, heredero de la tradición política del Estado de México, del legado de Isidro Fabela, de Alfredo del Mazo Vélez, de Gustavo Baz y del maestro Carlos Hank; era mi momento y lo consideraba legítimo.
En octubre de 2005, regresando del estado de Michoacán y de una exitosa y tumultuosa reunión de apoyo a mi candidatura, mi secretaria, Blanca Ramírez, me informó que de nueva cuenta y durante todo el día había recibido llamadas telefónicas de personas que no se identificaban y que pedían hablar personalmente conmigo.
Eran las 11:30 de la noche cuando contesté una llamada de esas voces anónimas, una voz malsonante y bravucona que con majaderías me amenazó de muerte.
–Si no renuncias, atente a las consecuencias, no estamos jugando –me dijo.
Se me exigía renunciar, si no “se pondrían los muertos y no sólo de tu familia”. Y comenzó el acoso. Éste fue constante, media docena de llamadas diarias, a mis celulares privados, a mi oficina, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, Pablo y Arturo, e incluso a amigos cercanos; amenazaron a Carlos Rello, Carlos Iriarte, Marco Antonio Nava y Navas y al maestro Lauro Rendón, entre otros.
Cuando tomé una de las llamadas los enfrenté, les pregunté quién los mandaba, les dije que no fueran cobardes y que sí me importaba lo que estaban haciendo. Sólo me contestaron:
–Comenzaremos con tu hijo, el más grande (Arturo)… ¡Tienes que renunciar ya!
Solicité protección para mi familia y hubo vigilancia día y noche: en casa de mis padres, de mis hijos y de mi esposa, pero en realidad estaba a merced de esos sicarios. Era imposible defender a todos o defenderme, terminarían por dañar a alguien. Le informé a Roberto Madrazo, pero él sólo se asombró y me dijo que “no lo podía creer”. No hizo ninguna declaración pública ni recibí ningún apoyo.
Estos enemigos ocultos dieron un golpe en los medios el 10 de octubre, en los programas noticiosos de Brozo (Víctor Trujillo) y Carlos Loret de Mola. Me acusaron de enriquecimiento inexplicable y de corrupción. Ahí fui juzgado y condenado sin mediar siquiera una presunción de inocencia. Vino entonces una persecución mediática en la que se exhibieron mi patrimonio “mal habido” y mostraban historias que a los medios y a ciertos periodistas les encanta distorsionar y hacer crecer. Era imposible vivir en un clima de amenazas y de cuchicheos, de voces bajas que nos colgaban, tanto a mi familia como a mí, el “San Benito” de la corrupción.
¿Qué podía hacer? Proteger a mi familia y mi honra.
En el programa televisivo del periodista Joaquín López Dóriga dije que me ponía a disposición de las autoridades estatales y federales para responder a las acusaciones de mis supuestos ilícitos. Me dediqué a defenderme durante cuatro años y medio, hasta la fecha.
Volviendo a mi renuncia, sigo pensando que las denuncias en los medios fueron orquestadas. ¿Por quién? Por Vicente Fox y su esposa, la señora Marta Sahagún. Estaban resentidos por las diferencias que se habían ido acumulando durante los años de su mandato: el malogrado Proyecto Nuevo Texcoco (Atenco), mi oposición a su reforma fiscal, el desplegado de los gobernadores contra Fox, mi liderazgo en la Conago, la denuncia judicial que el PRI estatal le hizo por hacer proselitismo en etapas electorales, etcétera.
Además, la pareja presidencial sabía que podía complicar la elección: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevaba ventaja sobre Felipe Calderón; con mi presencia, la candidatura panista no tenía viabilidad. Yo podía derrotar a AMLO y a Felipe Calderón, Madrazo era un candidato “a modo”, con un PRI atomizado en feudos estatales y sin la confianza en las organizaciones populares.
Por estas razones, se filtró la información sobre mi supuesta corrupción y se aprovecharon de la ambición de Roberto Madrazo para canalizarlas. A través de sus empleados, Madrazo colocó en manos de los señores Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola la información de que yo había hecho depósitos irregulares por 35 millones de pesos y que contaba con una riqueza personal inexplicable.
Esas informaciones creo que provenían de dos lugares: la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda; venían de acusaciones hechas cuando fui candidato al gobierno del Estado de México; en ese entonces, afronté un juicio que gané a la Secretaría de Hacienda. Nunca pensé que “alguien” extrajera las actas de la secretaría tergiversando la realidad de los hechos. Esta circunstancia me hizo pensar que los documentos oficiales que salen de una dependencia pública como Hacienda debieron haber sido autorizados desde los más altos niveles del gobierno, como la Presidencia de la República. Por otra parte, existen grupos de monitoreo que procesan información que es usada o puede usarse como un instrumento para espiar a enemigos y adversarios políticos.
En La Jornada de Michoacán se difundió, el 13 de octubre de 2005, que Arnulfo Villegas era un hombre que había prestado sus servicios de espionaje a Roberto Madrazo en el tiempo en que fue gobernador de Tabasco, dirigente nacional del PRI y candidato presidencial. Según lo publicado, Villegas fue el que facilitó la información que después Madrazo filtró y que me orilló a retirarme de la contienda por la candidatura presidencial. También recibí fuertes presiones de personalidades de alto nivel político, de compañeros de partido que se prestaron al juego y, por supuesto, amenazas anónimas mediante las cuales me ponían un plazo de 24 horas para que renunciara a mis aspiraciones; me avisaron que si pasaban esas 24 horas y no declinaba, “me atuviera a las consecuencias”, lo cual significaba una virtual amenaza de muerte contra mi persona o mi familia.
Por una parte, el escándalo mediático me quitaba credibilidad y legitimidad ante la opinión pública; por otra, las amenazas de muerte intentaban quebrar mi voluntad política y desestabilizar mi equilibrio personal. Soltaron el golpe mediático el 10 de octubre, aunque tenía semanas recibiendo llamadas a mis diferentes teléfonos, fijos y celulares, de voces anónimas que buscaban amedrentarme, como lo he relatado. A casi cinco años de dichos acontecimientos, sigo sosteniendo que Roberto Madrazo tuvo una participación determinante en la creación de un ambiente de enrarecimiento y linchamiento en contra de mi persona, en momentos en que las principales casas encuestadoras me colocaban por encima de él, presentándome como la mejor opción para el triunfo del PRI en la elección presidencial.
Antes de declinar a mi precandidatura, Roberto Madrazo me invitó en reiteradas ocasiones a que nos reuniéramos a tratar futuros asuntos del partido; pero había que zanjar algunos desencuentros derivados de sus muchas veces postergada renuncia. El cambio de dirigencia se hizo fuera de contexto estatutario (31 de agosto de 2005), atropelladamente y con algunos desacuerdos de los integrantes de su comité ejecutivo; sin embargo, se logró conciliar.
Al respecto, propuse a Mariano Palacios Alcocer para sustituirlo en la dirigencia del partido. Finalmente se dio el relevo. Pero era necesario discutir las consecuencias de esos cambios. Después de mi renuncia, el 20 de octubre, Madrazo y yo nos reunimos; asistió acompañado por el presidente del CEN, Mariano Palacios Alcocer; el secretario general de la CNOP, Manlio Fabio Beltrones, y algunos de sus colaboradores, como Manuel Gurría Ordóñez, César Augusto Santiago y Carlos Armando Biebrich. En ese encuentro le manifesté la necesidad de incluir a todas las corrientes del partido en la campaña presidencial. Finalmente hubo compromisos firmados y no cumplidos, concretamente seis, que a continuación enumero:
• Primero, Arturo Montiel se sumaba a la candidatura de Roberto Madrazo, siempre y cuando se integrara la estructura y la fuerza político-electoral que tenía (Fuerza Mexiquense).
• Segundo, Madrazo se comprometía a impulsar el acuerdo del Consejo Político Nacional para que la presidencia interina del Comité Ejecutivo Nacional del PRI recayera en Arturo Montiel a partir de marzo de 2006.
• Tercero, Roberto Madrazo nombraría a Arturo Montiel coordinador general de su campaña presidencial.
• Cuarto, Roberto Madrazo se comprometía a impulsar el registro de Arturo Montiel en el primer lugar de las listas de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional que registraría el PRI a efectos de integrar la LX Legislatura federal.
• Quinto, Roberto Madrazo se comprometía a impulsar la candidatura de diputados federales por el principio de mayoría relativa, propuestos por la expresión de Arturo Montiel en 33% de los 300 distritos electorales uninominales por el principio de mayoría relativa; 33% de los primeros 10 lugares en las listas de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional de las cinco circunscripciones plurinominales; 33% de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa, y 33% de los 10 primeros lugares de la lista de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional.
• Sexto, Roberto Madrazo se comprometía, si asumía la primera magistratura del país, a integrar en su gabinete legal a tres secretarios propuestos por la expresión de Arturo Montiel.
Estos acuerdos fueron firmados por Roberto Madrazo y Mariano Palacios Alcocer, presidente del CEN priista, teniendo como testigos a Manuel Gurría y Manuel Cadena. Como referí antes, ninguno de esos compromisos se cumplió. Los cinco primeros porque simplemente Madrazo incumplió, como es su costumbre; y el sexto, porque perdió catastróficamente las elecciones presidenciales, aunque estoy seguro de que tampoco lo habría cumplido. A pesar de que Mariano Palacios Alcocer no sólo atestiguó el acuerdo, sino que se comprometió a ser el garante de su “estricto” cumplimiento, no lo logró o no quiso hacerlo. En conclusión: no hubo un cumplimiento de los acuerdos y se marginó de la campaña presidencial a una gran parte de los liderazgos políticos y actores representativos del priismo nacional.
Roberto Madrazo ha sostenido que tuvo encuentros conmigo, uno de ellos en casa de Natividad González Parás, donde Rodríguez Barrera mencionó que se corrían rumores de que alguno de los precandidatos estaba involucrado en casos de corrupción. Ese encuentro nunca sucedió. Al respecto, habría que hacer algunas precisiones sobre las diversas etapas en que los gobernadores priistas dialogábamos y definíamos posiciones ante la presidencia del CEN del PRI. Esta práctica se consolidó a partir de 2000, con la pérdida de la Presidencia de la República. Entonces nos planteamos como preocupación central lograr una cohesión interna que permitiera, por una parte, definir el papel de los gobiernos estatales priistas ante el gobierno encabezado por Vicente Fox, lo cual dio origen al Foro Nacional de Gobernadores priistas; por otra parte, iniciar una reflexión
Para realizar las declaraciones que desde Coahuila hice al periodista Joaquín López Dóriga, en las que señalé la participación de Madrazo en las filtraciones al señor Víctor Trujillo, no necesité de la asesoría de nadie, ni en particular de la maestra Gordillo, quien ya con anterioridad y de manera directa había hecho diversos señalamientos sobre sus diferendos con Roberto. Lo hice consciente y vehementemente, nadie meció ninguna cuna.
Cuando Roberto Madrazo fue nombrado candidato del PRI a la Presidencia, Bernardo Gómez nos invitó a desayunar en su casa. Bernardo buscaba reconciliarnos. Asistí, pero no tenía por qué reconciliarme con una persona que me perjudicó y dañó mi carrera política. No tenía rencor, pero tampoco tenía deseos de hacerle el juego a un hombre con el cual no se podía conciliar nada.
La situación para mi familia era muy complicada y decidí marcharme a París. Ahí permanecí siete meses, hasta que decidí volver para dar seguimiento directamente a las investigaciones, a las averiguaciones judiciales, y seguir aportando pruebas de mi inocencia. l
"Criterios editoriales" ante el narco, al abrigo de Televisa y TV Azteca
MÉXICO D.F., 24 marzo (apro).- En una ceremonia televisada en cadena nacional, representantes de 715 medios de comunicación, entre estaciones radiofónicas, periódicos y medios oficiales, se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, en el marco de la segunda emisión de Iniciativa México 2011, impulsada por Televisa y TV Azteca.
El evento, realizado en el Museo Nacional de Antropología, contó con la presencia de los presidentes de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. La conducción estuvo a cargo de Carlos Loret de Mola, de Canal 2, y de Sergio Sarmiento, de Canal 13.
Los conductores destacaron que “por primera vez en la historia de México”, 50 directivos de medios de comunicación se unieron para firmar un protocolo que ampara la seguridad de los reporteros que cubren la información vinculada al crimen organizado.
Tal como adelantó apro, este acuerdo contiene 10 puntos de “criterios editoriales” a los que se ceñirán los medios firmantes:
1.-Tomar postura en contra de la violencia motivada por el crimen organizado.
2.-No convertirse en voceros “involuntarios” del crimen organizado.
3.-Dimensionar (sic) adecuadamente la información.
4.-Atribuir responsabilidades explícitas.
5.-No prejuzgar culpabilidades.
6,-Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.
7.-Alentar la participación y la denuncia ciudadana.
8.-Proteger a los periodistas, a través de la adopción de protocolos y medidas de seguridad para los reporteros que cubren la información.
9.-Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.
10.-No interferir en el combate a la delincuencia.
Entre el anteproyecto al cual tuvo acceso apro y el documento final hubo algunas modificaciones. En especial, se eliminó del punto 4 el siguiente párrafo referido a la distinción de responsabilidades en los operativos:
“Y cuando la acción del gobierno involucra el uso de la fuerza pública, esta función es aún más esencial. Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales”.
En el punto 10 se eliminó el siguiente párrafo:
“Tampoco significa que renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado. Nuestros espacios deben seguir abiertos a la crítica de las estrategias gubernamentales en ésta, como en cualquier otra área del gobierno.
Este documento también fue respaldado por 45 representantes de organizaciones sociales y civiles, así como más de 250 personas que firmaron como adherentes, entre las que se encuentran académicos, intelectuales y empresarios, la mayoría, colaboradores editoriales de los grandes grupos mediáticos.
Testigos y Observatorio Ciudadano
Entre los “testigos ciudadanos” del acuerdo figuraron los rectores de la UNAM, José Narro Robles; del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Manuel Durán; el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles; el presidente de la Asociación Internacional de Universidades, Juan Ramón de la Fuente, y el poeta y escritor Homero Aridjis.
Algunas de las organizaciones sociales que firman el acuerdo son la Asociación Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; Causa Común, de María Elena Moreira; Artículo 19 para México y Centroamérica, A Favor de lo Mejor en los Medios y el Consejo de la Comunicación, así como el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
En la ceremonia, participaron los comunicadores de los medios de comunicación electrónicos más importantes como Joaquín López Dóriga, de Televisa; Javier Alatorre, de TV Azteca; Adriana Pérez Cañedo, de Canal Once, José Cárdenas, de Radio Fórmula, Pedro Freís de Con, de Grupo Imagen.
Un sector muy importante de medios impresos y electrónicos no participan en este acuerdo, entre ellos, MVS Multivisión, propietario de MVS Radio y Grupo Dish; Grupo Reforma, el periódico La Jornada, la revista Proceso, Diario de Yucatán, así como otros grupos radiofónicos locales de amplia penetración.
La reforma laboral es un golpe de muerte para los trabajadores
- Una consecuencia sería el despido masivo de personal con 15 o 20 años de antigüedad
El abogado y catedrático especializado en el tema laboral Alfonso Bouzas planteó lo anterior en entrevista, y detalló que la reforma del PRI, lo primero que desataría sería un "despido masivo de trabajadores de mayor antigüedad, los que tienen 15, 20 o más años laborando en muchas empresas, las que preferirían correrlos injustificadamente, irse a juicio, ya que en caso de perder, sólo estarían obligados a pagarles un año de salarios caídos". Sería la debacle laboral.
Al cuestionarle al abogado si la reforma del PRI va contra los principios de la Ley Federal del Trabajo, respondió: "no sólo contraviene esta ley si no el mismo artículo 123 constitucional", y va contra una de las conquistas más sentidas del sector obrero, que es la estabilidad en el empleo.
- Demandó un debate nacional para analizar el polémico tema
Porfirio Muñoz Ledo calificó de una ofensa y un asalto en despoblado la iniciativa priísta: "como en los peores tiempos del neoliberalismo avientan una iniciativa que manifiesta una abierta falta de honor y una violación al reglamento. Habíamos convenido que se discutieran las iniciativas, pero el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se han aliado, otra vez, de forma perversa para sacar la última de las grandes de reformas neoliberales".
El legislador petista demandó un debate nacional, porque la legislación laboral es un asunto de extrema gravedad.
Pedro Vázquez, coordinador del Partido del Trabajo (PT), expuso que es necesario un proceso amplio de discusión con el objetivo de alcanzar una reforma laboral que atienda los intereses de los trabajadores. Y, al contrario, César Augusto Santiago, del PRI, expuso que es momento de discutir la reforma laboral. Y descartó que la iniciativa represente un guiño a la iniciativa privada.
Gobernación busca evadir denuncias
"De ese tema no voy a opinar nada", señaló Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, en cuya área también ha habido denuncias de despidos injustificados, precisamente en perjuicio de los abogados que estaban asignados a atender las demandas en contra de Gobernación y a quienes –aseguran– no se les dio, por lo menos, el derecho de audiencia.
- El tricolor excluye propuestas que se le han planteado, señala ONG
Patricio Flores, líder del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr), señaló que esta propuesta del tricolor se presentó "en defensa", porque el Partido Acción Nacional (PAN) había presentado una que vulneraba los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que es "perfectible", y agregó incluso que no sería necesaria una reforma laboral si se cumpliera con la actual Ley Federal del Trabajo.
En su opinión, si se tienen que pagar costos políticos por aprobar esta reforma, los deberán pagar "tanto el PRI como el PAN". No obstante, apuntó que el Legislativo puede “hacer mejoras y enriquecer la iniciativa priísta, sobre todo para que no se precarice el empleo. Sin embargo, expuso que ahora es el momento de llevar a cabo esta reforma y no perder más tiempo, "como lo hace el diputado Gerardo [Fernández] Noroña, que su única acción para todo, es tomar la tribuna", dijo sin que esto viniera al caso de la cuestión laboral.
- Plantea Bueno Torio eliminar la exclusividad del Estado en petróleo y petroquímica básica
- En dos iniciativas impulsa permitir a empresas privadas nacionales o extranjeras que construyan y operen refinerías, ductos; que distribuyan y almacenen gasolina, gas y productos petrolíferos
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer en el Senado dos iniciativas, que modifican el artículo 28 constitucional y la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, para privatizar la petroquímica básica y permitir que empresas privadas, nacionales y extranjeras construyan y operen refinerías y ductos y se hagan cargo de producir, almacenar y distribuir gasolina, gas y otros productos petrolíferos.
Es la misma propuesta que el presidente Felipe Calderón presentó en 2008, dentro de la reforma energética, y que fue desechada por el Congreso. El panista Juan Bueno Torio sostuvo que no nace muerta esta iniciativa, porque, dijo, la realidad es distinta a la de hace tres años y Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas refinería o ductos.
La reforma propuesta por la bancada panista al artículo 28 constitucional propone eliminar de ese ordenamiento la exclusividad del Estado en el petróleo, los demás hidrocarburos, y la petroquímica básica
. En su lugar plantea dejar sólo como funciones que el Estado ejercerá de manera monopólica la exploración y extracción de petróleo crudo
.
A la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, los senadores de Acción Nacional proponen cambios a fin de que la refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural
, así como el transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan, podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privados.
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- Seguridad, Iniciativa Mérida, asuntos militares y judiciales, sus temas
Blanche Petrich
Ex marine y diplomático especializado en América Latina, con larga trayectoria en la Subsecretaría de Estado para Asuntos Hemisféricos, el ministro consejero de la embajada estadunidense en México, John Feeley, ya fungió anteriormente como encargado de la misión diplomática –función que probablemente ejerza con el retiro de Carlos Pascual y hasta que ocurra un nuevo nombramiento– entre junio y agosto de 2009. En ese periodo le tocó preparar la participación del presidente Barack Obama en la cumbre tripartita norteamericana de Guadalajara.
En un despacho preparatorio, confidencial y sólo de uso interno, redactado personalmente por él y enviado el 31 de julio de 2009 a Dan Restrepo, director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, introdujo en el temario del encuentro entre los presidentes Obama y Felipe Calderón, en el Hospicio Cabañas, el asunto de los problemas de los militares en materia de derechos humanos: Las denuncias de abusos a los derechos humanos por parte de los soldados desplegados en las misiones antinarcóticos amenazan con socavar el apoyo del público
a las políticas del gobierno contra el crimen organizado, advertía Feeley. Y en efecto, este rubro enturbió el clima de la cumbre de agosto.
Desde su llegada al cargo hasta febrero de 2010, Feeley supervisó o suscribió al menos 120 cables enviados por la embajada a sus superiores en el Departamento de Estado, contenidos en el archivo México de Wikileaks y que este diario ha estado dando a conocer desde el 10 de febrero. La mayoría de los despachos bajo la firma de Feeley, 33 para mayor precisión, son sobre cuestiones de seguridad, Iniciativa Mérida, asuntos militares y judiciales.
Entre otros, fue autor del texto de preparación para la reunión del grupo de trabajo de la Comisión Bilateral de Defensa, que tuvo lugar en Washington en febrero de 2010, en el que explica al subsecretario de Defensa, Paul Stockton –en la confianza de estar redactando un cable secreto
–, las considerables tensiones que existen entre la Sedena y la Semar
; de la aversión al riesgo
de los militares a la hora de emprender acciones para capturar a capos de alto rango (lo que llaman en términos castrenses objetivos de alto valor
).
Wikileaks en La Jornada
- Su difusión causó un
daño severo
y alborotó al gabinete, aceptó el presidente Calderón
- El embajador había criticado al procurador Chávez y ensalzado a su antecesor, Medina Mora
- La planeación de medidas de seguridad en Juárez, otro flanco donde intervino el diplomático
El pasado 3 de marzo, la tensión bilateral acumulada explotó en una entrevista concedida por Felipe Calderón a The Washington Post, publicada horas antes de su encuentro con el presidente Barack Obama. En ella el mandatario mexicano tronó contra el embajador estadunidense Carlos Pascual: No me ayudes, compadre
, dijo, y adelantó en público lo que acaso habría debido mantener en los canales institucionales idóneos: ante la pregunta de si aún le tenía confianza al diplomático reviró: Ese es un asunto que ta vez platicaré con el presidente Obama
.
El mensaje era inequívoco: Calderón procuraría gestionar, al margen de los conductos legales a su disposición (artículos 9 de la Convención de Viena y 33 de la Constitución mexicana), la salida de Pascual de la legación de Washington. Asimismo, y a pesar de los esfuerzos de control de daños desplegados por la Casa Blanca desde principios de diciembre, Felipe Calderón reconoció que las revelaciones de los desencuentros bilaterales contenidos en el paquete México de Wikileaks habían causado un daño severo
a sus vínculos con la administración del país vecino y que le habían alborotado el gabinete.
En la misma edición en la que daba tribuna al gobernante huésped, el rotativo estadunidense comentó que si Pascual llegaba a ser retirado por Washington, sería la más relevante baja estadunidense causada por los escándalos derivados de la difusión pública de los cables del Departamento de Estado.
Pero el visitante no tuvo margen para plantearle al anfitrión su disgusto con el embajador –el cual estuvo presente en la reunión realizada–, y un día después, tras la ronda habitual de buenos propósitos y elogios mutuos, el Departamento de Estado atajó las especulaciones: Le dijimos (a Calderón) que Pascual es nuestro embajador, y eso fue todo
, espetó off the record un alto funcionario del gobierno estadunidense.
Hasta ese punto, Calderón había formulado, a cambio de nada, la promesa de gestionar medidas adicionales de protección para los agentes estadunidenses que actúan en México, e incluso insinuó la posibilidad de promover reformas legales a fin de que éstos pudieran portar armas en el territorio nacional; estaba muy reciente el homicidio de Jaime Zapata, agente de Inmigración y Aduanas, en la carretera que va de San Luis Potosí a Monterrey.
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- "Nuestros superiores nos ordenaban quedarnos sentados y no intervenir", declara a CBS
- El embajador Carlos Pascual renunció al cargo "bajo presión", señala la cadena
La operación Rápido y furioso era conocida por otras agencias de seguridad estadunidenses y no sólo por la de control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés), según un testimonio de un segundo agente de la autoridad, reportó la televisora estadunidense CBS en un seguimiento a su reportaje en el escándalo de tráfico de armas de Estados Unidos a México.
La misma cadena aseguró este martes que el embajador estadunidense en México, Carlos Pascual, renunció bajo presión
, contrario a lo que se informa oficialmente, y que la operación Rápido y furioso fue sólo la gota que derramó el vaso
en una serie de controversias que rodeaban al diplomático.
El agente especial de la ATF, René Jáquez, habló con CBS desde El Paso, Texas, donde ha ejercido su labor de impedir el contrabando de armas y otros artículos ilegales.
El agente se dijo alarmado de saber que su propia agencia había hecho justo lo contrario: alentar a comerciantes de armas estadunidenses a vender sus mercancías a sospechosos de pertenecer a cárteles de narcotraficantes mexicanos, con la intención, aparentemente, de dejar que las armas caminaran
por las calles y ayudaran a rastrear y apresar a miembros del crimen organizado.
Jáquez enfatizó: Es lo que hacemos como agencia, no permitir que las armas pasen, que ningún arma camine
, para después añadir que se ordenó a agentes de la ATF dejar pasar el contrabando de armas.
Agregó que recibió órdenes de permitir la entrada a México de miles de armas. Dos de ellas eran rifles que después fueron encontrados en la escena del asesinato del guardia fronterizo Brian Terry, ocurrido en diciembre pasado en Arizona. Otra de esas armas se ligó al asesinato del agente de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata. Cualquiera de nosotros pudo haber muerto víctima de esas armas
, sostuvo Jáquez.
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En el encuentro privado al que asistieron cinco ministros del máximo tribunal, trascendió que éstos respondieron a las inquietudes de la delegación internacional sobre el sistema judicial, el respeto a los derechos humanos, la figura del fuero militar y su aplicación en casos en los que soldados cometen delitos en contra de civiles durante actos del servicio, y sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.
Arturo Zaldívar y Sergio Aguirre Anguiano, presidentes de la primera y segunda salas de la SCJN, respectivamente, así como Olga Sánchez Cordero y Fernando Franco participaron en la reunión, ya que de manera insólita por tratarse de una misión de alto nivel, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, únicamente le dio la bienvenida a los visitantes y se retiró
Astillero
- Tropiezos de Peña Nieto
- Desmemoria, injusticia y alianzas
- Del Mazo, Huixquilucan, narco
- Encinas, en la recta final
Uno de sus mayores éxitos en cuanto a visitas en Internet es el video en que el periodista Jorge Ramos le pregunta, para Univisión, el nombre de la enfermedad o mal que llevó a su primera esposa a la muerte, ante lo cual el gobernador del estado de México parece turbarse o inquietarse o, cuando menos, enredarse y olvidar la denominación formal de lo que era de suponerse habría de recordar sin problema. Otro punto alto de su expediente negativo está en el caso de la niña Paulette Gebara que un año atrás murió de una extraña manera que, sin embargo, terminó oficialmente consignada como resultado de extraños ocultamientos infantiles en un minúsculo hueco de una cama, lo que generó a escala nacional una extendida incredulidad sobre el resultado judicial y sobre la eficacia gubernamental.
Dinero
- Sube el algodón y también la ropa
- Creador de Facebook, escandalosamente rico
- La tenencia en el DF
- Calderón y su
transición energética
- Acelera la privatización (otro intento)
- Senadores panistas tras el artículo 28
gran proyectosexenal, el mismo que fallidamente intentaron concretar sus cuatro antecesores (aunque algo lograron avanzar): la total privatización del sector petrolero. A escasos 20 meses de que, felizmente, regrese a su casa, y a escasos siete u ocho de que la clase política y los poderes fácticos lo terminen de hacer a un lado ante el arranque de precampañas y campañas presidenciales, el susodicho mandó a un grupo de sus senadores a proponer modificaciones constitucionales para que el Estado mexicano se quede con el logotipo de Pemex, y el capital privado (foráneo, de preferencia) con el petróleo y todo lo demás.
A estas alturas, las huestes calderonistas, con su pastor al frente, no son precisamente creativas a la hora de pretextar la causa real de tal iniciativa, y no lo son porque todos los términos y las frases privatizadoras (desincorporación
, adelgazamiento
, coinversión
, inversión complementaria
, reclasificación
, etcétera, etcétera) se las alquilaron a los priístas en los sexenios concertacesionistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para que fueran ellos los que desmantelaran el aparato productivo del Estado en beneficio de los consorcios privados, de tal suerte que cuando los blanquiazules llegaron a Los Pinos de plano ya no tenían más eufemismos aplicables, ni podían utilizar los mismos eslogans para alcanzar la misma meta (aunque hay que reconocerles el invento de un enunciado privatizador digno de colección: transición energética
).
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Esta nueva intentona privatizadora revive, en lo general, el sentido y los argumentos de la que pretendió avanzar el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en abril de 2008: entonces, como ahora, se presentó un diagnóstico desastroso del estado de Petróleos Mexicanos (Pemex), se insistió en la necesidad de incrementar la producción y eficiencia de la paraestatal, se intentó chantajear a la población con la supuesta "necesidad" de recortar gasto de programas sociales para reforzar a Pemex y se sostuvo, a continuación, que la solución viable era el traslado a manos privadas de algunos segmentos de mayor valor agregado de la industria nacional de los hidrocarburos.
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Pablo González Casanova Notas para un manifiesto de la izquierda en el siglo XXI Un clamor resuena en todo el mundo. Todos queremos libertad, todos soñamos con la democracia. Que nos la den, que la hagamos, que la apoyen y, sobre todo, que luchemos por tenerla. Pero, ¿con quién vamos a luchar, al lado y al amparo de quién queremos luchar? ¿Con quién contamos y queremos contar? Obviamente no queremos apoyarnos en quienes entrenan a sus soldados para que al grito de libertad invadan, destrocen y saqueen pueblos enteros, y sin piedad alguna causen daños horripilantes a mujeres, niñas y niños, jóvenes y viejos, con el supuesto de que están luchando contra quienes merecieron su inmenso apoyo en armas, dinero, negocios, publicidad y diplomacia durante años y años. No queremos apoyarnos en quienes han ataca.. [+] Ver mas