lunes, julio 21, 2008

INVITACION FORO SOBRE EL BALANCE DEL DEBATE SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados invita al foro

“Balance del Debate sobre la Reforma Energética”

Que se llevará a cabo el día miércoles 23 de julio, de 9:45 a 15:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja, Palacio Legislativo de San Lázaro, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, México, DF.
Programa
Lic. Mario Alberto Di Constanzo Armenta
Mtro. Antonio Gershenson Tafelov
Dr. Fabio Barbosa Cano
Dr. Raúl Jiménez Vázquez
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Conferencia magistral
Lic. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega
Responsables: diputados José Antonio Almazán González, Armando Barreiro Pérez, Alejandro Sánchez Camacho y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Comisión Organizadora: Por el Cambio con Dignidad AC y Conciencia Libertaria
Informes a los teléfonos: 5628 1300 extensiones 3644; 3511 y 5036 0000 extensiones 56090 y 56094
(rúbricas)
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. CÁMARA DE DIPUTADOS.
LX LEGISLATURA.
MÉXICO 2008

Presentación del libro "La Ruptura que Viene"

Presentación del libro
LA RUPTURA QUE VIENE
de Porfirio Muñoz Ledo
Participan:
Andrés Manuel López Obrador, Luis Villoro, Amalia García, Efigenia Martínez y Diego Valadés
martes 22 de julio
*18:00 hrs.
Auditorio del Antiguo Palacio de Medicina
República de Brasil 33, Col. Centro
Frente a la Plaza de Santo Domingo

Duelo petrolero

Abrí los ojos a una oscura madrugada. La voz mitigada de mi padre nos conminaba a mi hermano Arturo y a mí a levantarnos. Lo hicimos rápido. Al tacto y en total negrura con el entusiasmo de una aventura compartida con nuestro jefe calzamos en el cuerpo los elementos mínimos de nuestra niñez. El chofer había llegado, nos apresuramos a encontrarlo de la recias manos de papá, y en esa amarilla camioneta con el distintivo de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) en cada portezuela partimos alejándonos de una ciudad dormida.

La meta era Puerto Ángel a 250 kilómetros al sur en una brecha trazada a base de rudos vehículos cruzando la Sierra Madre Occidental que a poco estaba de entroncar con la Oriental y originar el Nudo Mixteco. Era un macizo de montañas coronado con coníferas y atrapado en neblinas caprichosas y constantes.

Antes tuvimos que cruzar Miahuatlán de Porfirio Díaz y mi padre, como siempre, más que chistes desgranaba anécdotas curiosas que impulsaban al asombro y a la risa. Oír sobre Miahuatlán no fue gracioso. La carretera estaba planeada para atravesar el enorme valle y cruzar por el poblado mismo. Varios de sus ingenieros habían perdido la vida bajo los machetazos de caciques ignorantes que temían perder su poder, pero realmente, simplemente temían a la carretera y lo que ella conllevara. Los entierros eran ornamentados con las plañideras, mujeres que por un real lloraban en unísono al difunto. Iniciaba después el difícil ascenso a lo abrupto de la sierra. Una vez arriba, nos cruzamos, con un enorme venado del tamaño de un caballo de gran alzada que corría hacía nosotros paralelo a la brecha. Tan pronto nos vio, nada caballo, se internó en el bosque de oyameles. Las horas transcurrieron en un entorno de miles y miles de sinuosas curvas que en sus voladeros albergaban cadáveres vehiculares.

Nos detuvimos a comer en una cabaña solitaria perdida entre la bruma y los pinos. Sus habitantes no hablaban castellano pero nos festinaron con un caldo de pollo que nadie comió, excepto yo; así de salado estaba. A nueve horas de iniciada la aventura llegamos al mar de Puerto Ángel. Nueve horas para 250 kilómetros para un avance de 28 kilómetros por hora. Mis riñones no lo resintieron ¿cómo se habrán sentido mi padre y el chofer? Atendieron sus asuntos y Arturo y yo enfrentamos por vez primera la enormidad del océano y su curiosa y poco agradable salinidad, el intenso calor y la fina arena que encontraba albergue en curiosísimos sitios corporales, el melifluo y rítmico vaivén de las olas, las jaibas eran manos de pianistas en sus movimientos. Nos duchamos con una agradable manguera de agua dulce y fría y al cabo de dos horas enfilamos de regreso. Pasamos la noche en el campamento de la SOP en Chacalapa al norte de Pochutla, un pueblo que debiera ser muy próspero por la cantidad de café que ahí produce y exporta directo a Alemania y que sin embargo era miserablemente pobre, típico del México sin conciencia cívica. Dormimos en sendos catres y con vigía que, resortera en mano, dio cuenta de dos ratas a lo largo de esa noche para impedir que se subieran a los catres. Vimos sus cuerpecitos muertos esa mañana antes de continuar nuestra ruta y completar el periplo de regreso a Oaxaca.

Esta era la vida de mi padre. Desde sus 28 años inició una carrera con la entonces Dirección Nacional de Caminos (DNC) que lo llevó a terminar la federal México-Monterrey y la México-Acapulco en 1947. -“Acapulco era un pequeño villorrio de pescadores en un paraíso tropical, nada más” nos platicaba. Pero fue al emprender la carretera panamericana que terminaría al inicio de los 50’s que al pasar por Oaxaca, conoció a la virgen celestial que le ha de haber parecido mi madre; la casa de sus suegros estaba frente a sus oficinas. Lo demás fue historia.

Don Salvador trabajó por casi 40 años haciendo carreteras, puentes, presas, obra civil como también se le conoce. Era un empleado más del gobierno federal pero de los que ponían el amor, la honestidad y las vísceras en su cometido. Perteneció a Veteranos de Caminos, A.C. de la DNC y de los miles de socios era el 17.

Hoy contemplo la rapacidad inaudita, principalmente del gobierno federal. La cantidades enormes de dinero que desaparecen del erario público, las muchas demandas contra el mal gobierno congeladas en la PGR cuyos jefes, nombrados por el mismo gobierno, hacen todo por protegerlo y nada por proteger lo que es de la nación, lo que es de la ciudadanía. El reparto del botín alentado y cobijado por algunos, partidarios y no, en las legislaturas. $54 mil millones de dólares de excedentes del petróleo, suficientes para construir 10 refinerías, se perderán en la vorágine de la corrupción. Y el contraste de la pobreza que poco a poco, como un cáncer, se apodera más y más del cuerpo de la nación.

No ser luchador social en este medio es no ser ciudadano. Los griegos designaron con un nombre a quienes no les interesaban los asuntos de estado, a los más fáciles de dominar y engañar y este término perdura hasta nuestros días; idiota.

Arq.Eduardo Bistráin

Comunicado Lic. Gerardo Fernández Noroña

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
Comité Ejecutivo Nacional
www.prd.org.mx
México, D.F; 21 de julio de 2008
Comunicado 122/08

ACUERDO CUPULAR O QUE LA MILITANCIA DECIDA
La Comisión Nacional de Garantías decidió, el pasado 19 de julio, anular las elecciones internas para elegir presidente y secretario general del PRD a nivel nacional. Lo que procede es que el VI Consejo Nacional sesione y emita la convocatoria para reponer las elecciones para estos cargos.Una vez notificada la nulidad, se cuenta con 30 días para emitir la convocatoria a elecciones, y a partir de emitida ésta, los comicios se celebrarán en 45 días. En resumen, en octubre, a más tardar, habrá nueva dirigencia electa por la militancia.Camilo Valenzuela y Alfonso Ramírez Cuellar se han manifestado por que no haya elecciones hasta pasados los comicios federales del 2009. Pasando por encima de la normatividad interna apuestan a un acuerdo cupular. No es de extrañar si consideramos que el primero obtuvo 1.91% de la votación y el segundo 1.87%. No tendrían cara con qué volver a competir.Jesús Ortega, también se opone a la reposición de la elección. Aspira a que Acosta Naranjo, que llegó mediante un golpe de mano, se quede en la dirigencia del Partido. Tampoco es de extrañar, pues sabe que, de contender nuevamente, volverá a perder los comicios.Alejandro Encinas manifestó que acata bajo protesta la anulación, pero que sólo se pospone el reconocimiento de su triunfo y que volverá a contender por la Presidencia del Partido.No hay duda de quién ganó las elecciones y está claro quiénes se niegan a que sea la militancia del PRD la que decida al dirigente para el próximo trienio.No debe haber acuerdos cupulares para designar dirigentes. Apostar a un acuerdo de las cúpulas es mantener la impunidad, fortalecer la simulación y permitir que venzan quienes no tienen el apoyo de la militancia perredista.

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

Lic. Gerardo Fernández Noroña

Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN del PRD

Audio: Conferencia Encinas

sondeo
¿Quién es el responsable de que se haya anulado la elección en el PRD?
a) Jesús Ortega
57.83 % 720 votos
b) Alejandro Encinas
13.25 % 165 votos
c) Ambos
28.92 % 360 votos


Para participar en el sondeo AQUI.
espías vs. gángsters
Para ampliar imagen AQUI.

Las revelaciones de Creel


Al borrarlo digitalmente, Televisa logró algo que parecía imposible: la resurrección política de Santiago Creel, apenas unas semanas después de ser humillado por el líder de su propio partido al relevarlo de la coordinación de la fracción panista en el Senado. En entrevista con Proceso, el aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta repasa su trayectoria de desavenencias y desen¬cuentros de los últimos años, y corre las cortinas de los hechos negativos en los que ha sido protagonista –como secretario de Gobernación, aspirante a la Presidencia y legislador– en calidad de victimario y o de víctima: el decretazo, la Ley Televisa, el chiquihuitazo, el desafuero, los casinos, la reforma petrolera...En medio de su batalla más ruda, librada en contra de Televisa y de TV Azteca, y ante el silencio del gobierno de su correligionario Felipe Calderón, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Santiago Creel, revela los hechos que desembocaron en su desencuentro con el poder mediático y con el grupo que encabeza la presidencia del PAN.En una extensa entrevista con Proceso, Creel responde a los cuestionamientos sobre su papel como secretario de Gobernación en la administración foxista, en torno de su precandidatura a la Presidencia de la República y acerca del “error de edición” del martes 15 cometido por los técnicos de la empresa de Emilio Azcárraga Jean para borrarlo de la información de los foros de debate energético.En cuanto a la polémica Ley Televisa, Creel sostiene que las presiones de la empresa televisiva para lograr una enmienda similar provienen de 2002, año en que él favoreció el “decretazo” como un “mal menor” y se interrumpieron las mesas de diálogo en torno de la nueva ley de medios. También admite que fue “inoportuno” haber otorgado 198 permisos para juegos y sorteos, 130 de ellos a una empresa filial de Televisa, en mayo de 2005, hecho que “despertó suspicacias” sobre una posible alianza entre él y el consorcio televisivo en busca de la candidatura presidencial del PAN.Tres años después de esos hechos, Creel reconoce que “la estructura monopólica del juego no se ha modificado y estamos ante el enorme riesgo que apunta al crimen organizado”.El ahora senador incómodo para la cúpula panista revela también que en diciembre de 2002, durante el asalto de policías privados de TV Azteca al cerro del Chiquihuite para suspender la señal de Canal 40, “no prosperó mi posición en contra del ataque. Los Pinos se cerraron. Eso lo registró TV Azteca. Y de ahí vienen los problemas”.Como presidente de la Mesa Directiva del Senado, desde diciembre de 2006 Creel ha sido protagonista de hechos que afectaron los intereses del duopolio televisivo, como la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, en junio de 2007, y la reforma electoral aprobada en septiembre del mismo año, que generó un nuevo desencuentro entre los concesionarios y los legisladores.Al recordar aquel diferendo del 12 de septiembre de 2007 sobre la reforma electoral, Creel puntualiza que la audiencia original no se pactó así con la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), encabezada por Enrique Pereda. El largo desencuentro, transmitido en cadena nacional, desem-bocó en una serie de reclamos protagonizado por los comentaristas estelares de la televisión y la radio.Creel cuenta que a la una de la tarde de ese día le llamó “un comunicador nacional muy relevante”, con quien sostuvo el siguiente diálogo:
–¿Qué está pasando, Santiago?
–No sé. ¿Por qué?
–Mira, nos están convocando de Televisa porque tenemos que ir a defender las posiciones de los concesionarios.
–Que yo sepa, tú no estás invitado.
–No, pero yo voy a ir para allá, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo con esto. Quiero que lo sepas porque yo te he criticado muchas veces, pero es de honestidad intelectual decirte que no estoy de acuerdo con lo que hacen.
Santiago Creel subraya que “así fue la conversación”.
El desencuentro
La animadversión del PAN contra Creel quedó de manifiesto el pasado 9 de junio, cuando el presidente de ese partido, Germán Martínez, anunció que por razones internas, cuyo objetivo era “relanzar” la reforma energética, se había decidido su remoción como coordinador de los 52 senadores panistas. Sin embargo, la semana pasada Creel admitió que uno de los argumentos que esgrimió Martínez para sustituirlo por Gustavo Enrique Madero fue el veto de las televisoras.
–¿Por qué lo confirmó hasta ahora? ¿Influyó el hecho de que Televisa lo borrara de sus trasmisiones informativas? –pregunta Proceso.
–No es que yo lo hubiese confirmado por evidencias posteriores. Fue un argumento que me expresó el presidente del partido, tal cual: “Tu conflicto con las televisoras ha pesado en mi decisión para cambiar al coordinador”... Me dijo que el hecho de que yo no pudiese defender la reforma energética en la televisión y en la radio limitaba el avance de la reforma.“En consecuencia, el cambio de coordinación hacía las veces de una confirmación de ese veto, de esa censura y, por lo tanto, resultaba altamente contradictorio, por decir lo menos, y agravante.“Yo di la cara, asumí plenamente las consecuencias. Creo firmemente en esa reforma electoral. Lo que me parecía muy injusto, y se lo dije a Germán, fue que el partido no hubiera salido en una sola ocasión a señalar o subrayar la censura y en vez de hacerlo se sumaba a las posiciones que se habían impuesto.”
–¿Germán le prometió dejarlo en la presidencia del Senado?
–Efectivamente, me ofreció una situación “como la de Diego (Fernández de Cevallos, coordinador de los senadores del PAN en la Legislatura pasada)”.
Le dije: “son casos muy distintos, en circunstancias diferentes que en nada se parecen. Tú tienes la facultad para hacer los cambios en la coordinación que no voy a impugnar ni a reclamar; lo puedes hacer incluso sin consulta, pero la cuestión de la presidencia del Senado, esa la mandan los senadores”.
–¿Se ha comunicado el presidente de la República con usted durante este período?
–No he tenido comunicación privada con él, pero advierto que se impone un diálogo franco y abierto.
El viernes 18, Creel y Calderón coincidieron en un acto público. A pregunta expresa, el senador responde que el único comentario del presidente fue: “¡Qué gusto verte por aquí!”.
El cese
Removido de la coordinación de los senadores del PAN cuando se realizaba la última parte de los foros de la reforma energética, Santiago Creel admite que “sabía que las iniciativas (de Calderón) necesariamente iban a ser modificadas, que el PRI estaba construyendo una propuesta a partir del posicionamiento que hizo Beatriz Paredes cuando estuvo en el Senado. Claramente ella nos delineó 10 o 12 puntos. Lo que estaba en duda era si el PRD se iba a sumar a los puntos de Convergencia y de qué manera lo haría. Ese era el contexto”.
–Pero existe otra versión… Antes de que se presentaran las iniciativas, ¿usted le advirtió al gobierno que no era conveniente abrir la inversión privada en áreas como la refinación?
–Hubo una valoración previa de muchos aspectos. Primero: el hecho de que la iniciativa se hubiera presentado el 7 de abril limitaba enormemente las posibilidades de que saliera la reforma en el período ordinario, dado que nos dejaba prácticamente sólo con cuatro sesiones.“El retraso tuvo distintos factores. Uno de éstos fue el escándalo del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que duró varias semanas y que, sin duda, hacía inconveniente la presentación de la iniciativa. Otro de los elementos fue la cercanía del 18 de marzo (aniversario de la expropiación petrolera) y finalmente el acuerdo entre el gobierno y el PRI de que no se presentara antes del 5 de abril, fecha en la cual se iba a llevar a cabo el Consejo Político del PRI en Veracruz, y que el hecho de presentarla podría retar a los opositores y generar un obstáculo más para los priistas que querían sacar esto.“Entonces, en materia simplemente de formas, la presentación fue tardía. En asuntos sustantivos, quedaron muchos pendientes por parte de los senadores panistas que se habían comprometido antes a realizar una iniciativa. Finalmente, la presentó el Ejecutivo.”
–Se criticó que usted no hubiera estado presente el día que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, acudió al Senado a presentar las cinco iniciativas. ¿A qué se debió su ausencia?
–No sabía yo exactamente si se iban a presentar ese día; había dudas. Estuve en el Senado prácticamente todo el día… cuando arribó la secretaria no estaba (debido a un compromiso contraído previamente) y le pedí al secretario de la Mesa Directiva que la recibiera.
“Ley Televisa”, vieja aspiración
Al llegar al Senado como coordinador parlamentario de la fracción panista y presidente de la Mesa Directiva, Creel se enfrentó, dice, a la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa que interpusieron 48 senadores encabezados por su correligionario Javier Corral y que fue aprobada el 31 de marzo de 2006.En abril de 2007, en una conferencia que sostuvieron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en Washington, surgió el tema de la Ley Televisa. Creel expuso las razones por las cuales debía echarse abajo esa contrarreforma. En una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, declaró que esa ley “fue más bien una imposición que una negociación”.“Cuando hice estas declaraciones comenzaron las tensiones”, afirma.
–¿Hubo alguna llamada de los ejecutivos de Televisa para advertirle?
–No.
–¿Ninguna interlocución?
–No de manera directa.
–Pero usted es el presidente del Senado...
–Esa es una de las decisiones que sorprenden. Cuando llego a México estaba el debate muy intenso. Al abrirse las sesiones de la Suprema Corte, un grupo de senadores panistas va en contra de la Ley Televisa, encabezados por Ricardo García Cervantes. Ahí empieza la tensión, los vetos, la censura en mi contra.
–Como secretario de Gobernación durante el sexenio pasado, ¿no se imaginó que pudiera generarse una ley de este tipo?
–Por supuesto que sí. Esto viene de 2002. Cuando las mesas de negociación no funcionaron, las presiones fueron muy fuertes para hacer una enmienda rápida y a modo, cosa a la que me negué una y otra vez. Y la idea del “decreto” (reformas al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se conocieron en octubre de ese año) originalmente era un puente transitorio para evitar sacar una ley definitiva que pudiese abarcar espacios del espectro que originalmente no preveía la ley antigua. Optamos por un mal menor, quizá de manera equivocada, pero esa fue la decisión en ese momento.
–Esa decisión ofendió mucho a las organizaciones ciudadanas que habían participado en las mesas de negociación.
–Sin duda. Con cierta razón ellas vieron solamente lo que correspondía a los concesionarios y quizá pasaron por alto el inminente riesgo de una legislación peor y definitiva, pero son las responsabilidades que se tienen en el gobierno y que asumí y asumo plenamente.“Estaba muy perfilado en el camino que finalmente se adoptó. Cuando empiezo a revisar la Ley Televisa y las acciones de anticonstitucionalidad me percaté de que se había logrado lo que intentamos evitar en 2002. Me adentro a ver qué fue lo que se otorgó de más y ahí están los famosos ‘servicios adicionales de telecomunicaciones’, las cuestiones de los refrendos hasta 2021 y otras.”
–¿Era exactamente lo mismo?
–En 2002 se hablaba de ideas, de conceptos, de algunos detalles ilustrativos, pero había el planteamiento de un nuevo orden legal.Después del apoyo de Creel a las acciones de anticonstitucionalidad, el Senado comenzó a negociar una reforma constitucional en materia electoral que derivó en un nuevo encontronazo con los dueños de la televisión.Para Creel, la sesión del 12 de septiembre de 2007, cuando acudieron los principales comentaristas de radio y televisión, fue “un equívoco total”. Dice que algunos concesionarios de radio le comentaron que fueron manipulados por las televisoras por segunda ocasión; la primera fue cuando se les pidió apoyar la Ley Televisa.
“Yo les dije: ‘pues díganlo’. Pero algunos de ellos tienen distintas vinculaciones con las televisoras que les impedían hablar con claridad. Muchos de ellos, compenetrados, reconocían el error de haberse sumado originalmente a las televisoras porque lo único que consiguieron fue un disgusto con el Congreso, sin haberse beneficiado en lo absoluto.”
–¿Qué está sucediendo en la CIRT?
–Lo que yo pude percibir fue división porque los intereses son muy distintos.
Nuevas batallas
Al preguntarle sobre su relación futura con las televisoras, Creel responde que la maltrecha situación le indica un camino: “retomar las banderas propias, del ciudadano, el derecho a las audiencias, la auténtica libertad de expresión, el derecho a la información veraz y oportuna”.
–¿Abandonó estas banderas ciudadanas?
–Naturalmente, decir lo contrario sería mentir. Los puestos de gobierno son absorbentes, sesgan mucho el quehacer cotidiano por la propia responsabilidad, y va uno alejándose, naturalmente. Quiero regresar a hacer mi trabajo político.
–¿Se trata de perfilar ahora un legislador comprometido con la democratización de los medios, como Javier Corral?
–Creo que son circunstancias distintas las que nos tocaron vivir. Admirable el trabajo de Javier Corral porque le tocó arar en la tierra más difícil, prácticamente en el desierto. A mí, honestamente, me tocan las cosas un poco más fáciles, aunque sean batallas muy duras. Me quiero centrar en los derechos de los ciudadanos.
–Existe una percepción de que usted benefició a Televisa durante su paso como secretario de Gobernación a cambio de verse favorecido en cobertura informativa y en spots en su búsqueda de la candidatura presidencial. El contexto en el que se otorgaron los 130 permisos de juegos y sorteos en mayo de 2005 reforzó esta percepción. ¿Existió esa alianza?
–No es real esa percepción. Reconozco que el otorgamiento de esos permisos generó suspicacias por el contexto de la propia precampaña.
La idea original era combatir el juego ilegal.
La idea original es que no fueran sólo siete compañías, sino ir corrigiendo las circunstancias. Cuando vino la confirmación de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad del nuevo reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos (expedido el 17 de septiembre de 2004), ya estaban en línea, solicitando permisos, siete empresas, entre ellas Televisa. Así es como se da.
–¿Se resolvió el conflicto original? ¿Se acabó la corrupción en este sector?
–No. Nos quedamos en la peor parte de los dos mundos: ni se corrigió el mal del juego ilegal y hubo un costo político por haber entregado los permisos. Concedo que fueron inoportunas las circunstancias, lo que generó suspicacias. En una lógica distinta debió haber funcionado bien. La estructura no se ha modificado y con el enorme riesgo que apunta al crimen organizado.
–Le tocó a usted como titular de la Secretaría de Gobernación la agresión de TV Azteca al Canal 40. ¿Qué posición adoptó en ese momento? ¿Se generó algún conflicto con la empresa de Ricardo Salinas Pliego?
–Mi posición hacia adentro del gobierno es que había que respetar la ley. Le solicité al presidente su autorización para reunir a Javier Moreno Valle y a Ricardo Salinas Pliego. Por varias horas y varias veces me tocó mediar. La agresión me pareció muy grave porque se trataba de una concesión de televisión. Mi posición no prosperó. Los Pinos se cerraron.
Seguramente eso lo registró TV Azteca y de ahí vienen los problemas.
–Por último, a cuatro años de distancia, ¿qué balance hace del desafuero que se operó contra López Obrador?
–Fue un error que traté de corregir. Tuve encuentros con gente cercana a López Obrador, como José Agustín Ortiz Pinchetti y Manuel Camacho. Lamentablemente, la solución no prosperó.
Caprichos mediáticos
Azcárraga Jean. El poder

Los concesionarios de las televisoras conocen perfectamente las limitaciones de la actual legislación en materia de radio y televisión; sabedoras de que las sanciones son mínimas, de manera reiterada aprovechan sus vacíos o violan diversas disposiciones. En primer lugar, están al tanto de que las causas de revocación establecidas en el artícu¬lo 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) nada tienen que ver con los contenidos que transmitan o dejen de transmitir, y se limitan básicamente a aspectos técnicos y de propiedad; en segundo lugar, saben que las multas establecidas en la legislación tienen un tope máximo de 50 mil pesos. En el caso de la eliminación digital de la imagen de Santiago Creel, la penalidad económica es de sólo 5 mil pesos.Hasta ahora, el poder de las televisoras se había manifestado por la vía de la acción o la omisión; es decir, la presencia reiterada de un personaje político o su virtual desvanecimiento de la escena política por la vía de su desaparición de las pantallas televisivas. Sin embargo, el duopolio no se había atrevido a utilizar las nuevas tecnologías de manipulación digital para eliminar imágenes.La acción contra Creel demuestra hasta dónde pueden llegar las televisoras, así como su profundo desprecio por las normas y las autoridades. Es la demostración cabal de que no existen mecanismos legales capaces de regular su actuación.En el pasado, la ausencia de normas claras, precisas y expresas era condición sine qua non para la existencia del régimen autoritario mexicano. Ese era precisamente el espacio discrecional que los monarcas sexenales utilizaban para premiar a los amigos y castigar a los no tan amigos. Sin embargo, la desaparición del presidencialismo metaconstitucional y de su poder absoluto no dio paso a instituciones fuertes, y los poderes fácticos son los beneficiarios de estos vacíos.Los papeles se invirtieron y en la actualidad el duopolio televisivo da o quita prebendas. Los políticos gozan sus beneficios y sufren las consecuencias, en relación directamente proporcional con su cercanía o lejanía de los concesionarios. Las televisoras tratan a los políticos según éstos se comportan en los asuntos que les afectan de manera directa. Cuando buscan proteger e incluso acrecentar los privilegios de los concesionarios, su aparición mediática positiva se intensifica. Pero si osan cumplir su compromiso con la nación y el electorado, son víctimas de feroces ataques y sus apariciones mediáticas positivas o simplemente informativas disminuyen o desaparecen.
Impunidad
Santiago Creel ha estado en las dos situaciones: entre los privilegiados, cuando en mayo de 2005 entregó a Televisa los permisos para abrir 130 casas de juego a lo largo y ancho del país; y entre los castigados, al aprobar las reformas a la legislación electoral que prohibió la propaganda electoral pagada en radio y televisión; así mismo, impulsó las reformas a la LFRT para llenar los vacíos y actualizar las sanciones, aunque fuese sólo parcialmente.La acción de Televisa contra el legislador fue grotesca y, por lo mismo, irritante. Es una muestra más del poder de las televisoras y un anticipo de lo que puede ocurrir si no se corrige la obsolescencia de la legislación en la materia. Hay que estar conscientes de que las pantallas de televisión y las frecuencias de radio están saturadas de contenidos que en otros países están prohibidos o al menos regulados.La transmisión de propaganda encubierta, la parcialidad noticiosa y las transmisiones engañosas forman parte del quehacer de la televisión en México, y es abismal la distancia de la normatividad mexicana en la materia respecto de las vigentes en otros países.En Estados Unidos, la norma 73.1212 del Código Federal de Regulaciones establece que los concesionarios deberán anunciar cualquier patrocinio o pago, parcial o total, que hubiesen recibido en efectivo, en especie o la simple promesa del mismo por elaborar o transmitir cualquier material.La Comisión Federal de Comunicaciones de este país elaboró el manual El público y la televisión, en el que se indica que si “durante la presentación de puntos de vista en un asunto controversial de interés público, alguien ataca la honestidad, el carácter o la integridad de una determinada persona o grupo, no debe transcurrir más de una semana para que la estación dé a conocer los siguientes datos: (1) fecha y hora de la transmisión; (2) transcripción o resumen preciso del ataque, y (3) ofrecimiento de una oportunidad razonable para que (el atacado) responda al aire”. Exactamente prevé lo mismo para el caso de editoriales o comentarios sobre candidatos a un puesto de elección popular.La Ley de Comunicaciones estadunidense establece que cuando un candidato oficial utiliza el espacio informativo o de entrevistas de una estación, ésta le “debe brindar la misma oportunidad a los otros candidatos para el mismo puesto”.En el caso del Reino Unido, las reglas son todavía más estrictas. En primera instancia, prohíben absolutamente toda la publicidad política, proscriben la publicidad encubierta y establecen normas de gran rigidez para la identificación de los patrocinios. En segunda instancia, en el Código Televisivo de la Oficina de Comunicaciones se establecen las reglas para la “debida imparcialidad y precisión, y la indebida prominencia de las opiniones y los puntos de vista”.En esta normatividad se establece que en los programas de noticias, de entrevistas o de vida cotidiana “los conductores deben evitar la expresión de sus opiniones y puntos de vista en los asuntos controvertidos sobre política o economía, así como los relacionados con las políticas públicas en marcha.“Los conductores y reporteros (con la excepción de los presentadores de noticias y los reporteros de los noticiarios), comentaristas y los participantes en las mesas de discusión, pueden expresar sus puntos de vista respecto de asuntos políticos y económicos controvertidos o sobre políticas públicas en marcha. Pero los puntos de vista alternativos deben ser adecuadamente representados, ya sea en el mismo programa o en una serie de programas tomados como un todo. Adicionalmente, los conductores no pueden utilizar la ventaja de su aparición regular para promover sus puntos de vista en una forma que comprometa el requisito de la debida imparcialidad.”Los estadunidenses no están preocupados únicamente por lo que sucede en los programas noticiosos, sino también por la creciente publicidad encubierta en los programas de entretenimiento. Por ello, la Comisión Federal de Comunicaciones acaba de convocar –el pasado 28 de junio– a una consulta pública para regular ese fenómeno.El problema está presente en el mundo, pero en otros países los legisladores y las autoridades responsables del ramo se abocan a dictar las normas para evitar los engaños a la audiencia. Mientras tanto, en México los legisladores se limitan a exhortar a las autoridades a aplicar una ridícula multa, y las autoridades a enviar amables oficios. l
El PAN se resquebraja...
Porfirio Muñoz Ledo

Para Porfirio Muñoz Ledo, el 88 “vuelve en todos sus sentidos”. En entrevista, el coordinador del Frente Amplio Progresista asegura que en los últimos 20 años se agotó el régimen político y ahora el PAN está al borde de la ruptura debido a sus pugnas internas, tal como lo estuvo el PRI en 1988, cuando salieron de sus filas militantes como Cuahtémoc Cárdenas y él mismo por la falta de interlocución en ese partido. Muñoz Ledo sostiene que Calderón no está gobernando y es factible que no termine su gestión. El verdadero factótum, dice, es Carlos Salinas.“El calderonismo es la etapa final del salinato. Estamos viviendo el fin de régimen. Es como en la época terminal de los Borbones. Carlos Salinas es el producto degradado de una dinastía en ocaso”, sentencia Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP).Protagonista de la política mexicana desde hace cuatro décadas, adversario de los tecnócratas desde su ascenso en la época de José López Portillo, promotor de la ruptura interna del PRI en 1988, fundador del Frente Nacional Democrático –que luego se transformó en Partido de la Revolución Democrática, y del que incluso fue presidente entre 1993 y 1996 –, aliado de Vicente Fox en 2000 y crítico frontal del gobierno de Felipe Calderón, Muñoz Ledo sostiene que el nuevo protagonismo de Salinas de Gortari es un síntoma de la debilidad del régimen y de la falta de legitimidad del actual gobierno.Según él, “Calderón no termina el sexenio”.
Y advierte: “No estoy llamando ni al complot ni a la revolución. Estoy apelando al sentido democrático. Calderón no tiene con qué gobernar. No está gobernando. Ya apareció el verdadero padrino de la clase política: mientras él estaba en China, Salinas de Gortari se placea, es invitado a las bodas, negocia la reforma energética”En vísperas de la presentación de su nuevo libro, La ruptura que viene, quien fuera dirigente nacional del PRI y del PRD subraya en entrevista con Proceso que “vuelve el 88 en todos sus sentidos”; califica como una “tontería” el encuentro secreto que sostuvieron hace 20 años Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, los dos grandes enemigos políticos de entonces, y advierte que en el PAN “ya se abrió la guerra interna”. Ésta, dice, puede provocar una ruptura similar a la que entonces protagonizaron al interior del PRI los integrantes de la Corriente Democrática, quienes ante la falta de interlocución terminaron por abandonar ese partido.El libro es una compilación de las entrevistas y los textos de análisis político más importantes escritos por Muñoz Ledo en los últimos 20 años. El prólogo es de Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial de la alianza Por el Bien de Todos, quien considera al autor del volumen y a Cuauhtémoc Cárdenas como “artífices” de la historia contemporánea. Incluso los cataloga como “líderes democráticos con dimensión social”.En la entrevista, Muñoz Ledo habla sobre lo que él considera una “transición catastrófica” que abarca el período 1988-2008. Dice: en México “se dio la reforma, pero no la ruptura pactada”; fue al estilo del referéndum chileno que acabó con los años del pinochetismo.
Y matiza: “En nuestro país pasamos de la ‘priistocracia’ hacia la ‘partidocracia’. Se distribuyó el poder entre los mismos actores que están obstruyendo el proceso democrático desde hace dos décadas.”Muñoz Ledo acusa tanto al gobierno de Felipe Calderón como al Congreso de haber despreciado la reforma del Estado y preferir “un cambio fáctico”. “Querían apoderarse de los despojos del PRI y están administrando la decadencia del régimen”, destaca.
La captura del Estado
Las ideas y las anécdotas le vienen en cascada al entrevistado, en especial cuando explica su propia trayectoria. Niega, por ejemplo, haber hecho una “concertacesión” con Vicente Fox en el 2000, cuando declinó como candidato presidencial del PARM para sumarse a la campaña del panista.Y explica su apoyo al foxismo durante los primeros cuatro años de la administración de la alternancia: “Con Fox había un compromiso público de hacer la reforma del Estado. La comisión se crea, pero no se convierte, por decreto o por ley, en una comisión de Estado, como era mi propuesta. “Fox decidió traicionar a la democracia; punto. Fox decidió impedir la llegada de un opositor a la Presidencia de la República como una decisión de Estado, y en ese momento acabó la reforma.”Además, prosigue, “está el tema de la inmensa corrupción del foxismo. Hay un libro de uno de los foxistas que se tituló Asalto al poder, de Guillermo Cantú. Eso lo dice todo. Yo hablaba de transición a la democracia y ellos de asaltar al poder. Se dedicaron a saquearlo”.
–¿Qué paralelismos observa usted entre 2008 y la crisis del 88? –se le pregunta.
–El 88 está vigente como ruptura. La gran ruptura en el viejo sistema, decía Octavio Paz, será cuando el PRI se parta en dos.
–¿Es esto lo que está sucediendo ahora en el PAN como partido en el gobierno? ¿Observa una ruptura similar a la que se generó en el PRI?
–No. Espino, por razones que no entiendo, ha decidido criticar. Su grupo ha sido golpeado; es decir, a Espino lo desplazaron de la presidencia del PAN con malos modales. Fue un “dedazo” que no se estilaba ni en los tiempos del PRI. En ese entonces, antes de tomar una decisión, había consultas internas, se le “medía el agua a los camotes” porque había una valoración política para mantener el equilibrio.
–¿Se trata entonces de una reacción de los foxistas?
–Aquí hay varias incógnitas que no se han resuelto. Espino se tuvo que tragar varias cosas: que lo sacaran de una manera peor que en la época del PRI; después que sacaran a Santiago Creel (de la coordinación del PAN en el Senado). Es un hecho que ya se abrió la guerra interna, pero no lo veo como un rebote del foxismo…
–Lo ve usted como…
–… Como una resistencia interna.
–Sin embargo, el proyecto de gobierno de Fox y de Calderón es muy similar. En ambos se observa lo que usted señala en el libro como “captura del Estado”.
–El calderonismo es la culminación del salinato; es la captura total del Estado, que ya estaba semicapturado. Ahora bien, el foxismo es un proceso; Fox fue legítimo. Calderón no lo va a ser nunca. Fox en algún momento tuvo autoridad, ejerció el poder y eso lo llevó al desafuero; Calderón no ha tenido nunca el poder.“No es crítica personal. Yo tuve una buena relación personal con Calderón cuando fuimos presidentes de nuestros partidos. A mí me tocó una parte la relación con Carlos Castillo Peraza y la otra con Calderón. Él (Calderón) nunca quiso participar en la reforma del Estado. Se abstuvo, luego rompió el diálogo con el gobierno de Zedillo a raíz de lo de Huejotzingo (municipio poblano que negoció para el PAN en 1996).
–¿No fue una “concertacesión” lo que se dio en esa época entre el PRD y el gobierno de Zedillo?
–No, porque fue una negociación pública, una reforma legal, pactada públicamente; no fue discrecional como la “concertacesión” entre Salinas y el PAN. Claro, no podía hacerse esa negociación en el Congreso. El PRI fue un obstáculo en varios aspectos. Estuvo en contra de la reforma electoral y la democratización del Distrito Federal. El PRI no quiso participar.
De una crisis a otra
A Muñoz Ledo, quien conduce Bitácora mexicana, un programa de debate que trasmite cada semana la televisión mexiquense, se le pregunta si el conflicto reciente entre Televisa y Santiago Creel se puede explicar en el marco de la guerra interna panista.“Lo de Creel tiene un poco de ejecución al estilo narco. Es una venganza. Emilio Azcárraga Jean está imitando al Chapo Guzmán; es la decapitación simbólica de un exaliado”.Para Muñoz Ledo lo que se está viviendo es tanto una “crisis del sistema de comunicación de masas” como una “crisis del Estado”. E insiste: “Por eso hablo de la ruptura que viene y será antes de 2012; Calderón no termina el sexenio.”
–Si no termina el sexenio, ¿qué sucederá entonces?
–La Constitución establece los mecanismos para el relevo; ahí están las opciones del interinato. Para mí lo más importante no es lo que le suceda a Calderón. Para mí empezó la era de la democracia directa. Después de la consulta popular sobre la reforma energética, no podemos dejar colgada a la gente.Advierte también que “vamos a golpe de consultas, de encuestas, de movilizaciones a cambiar el país, como ha sucedido en todas las transiciones democráticas”.
–¿No es una exageración ver a Carlos Salinas como el factótum, el que domina todo?
–Es una figura paradigmática porque como no hay poder, hay alguien que puede tejer los hilos. Ese es Salinas. Mientras no se aclare el vínculo del narco con la familia Salinas y no se esclarezca el asesinato de Luis Donaldo Colosio, no podrá culminar la transición a la democracia. Sé que al decir esto me juego la vida, pero hay que acabar con el sistema de complicidades aberrantes. Lo que ha sucedido en el país es una coagulación cupular, es lo contrario a la transición a la democracia.En los cinco capítulos de su libro, que será presentado el martes 22 en el Palacio de Minería, Muñoz Ledo repasa los principales momentos de la “transición catastrófica” que ha vivido el sistema político mexicano, en particular el encuentro entre Carlos Salinas y Cuahtémoc Cárdenas del 8 de julio de 1988, ahora admitido por ambos personajes.“El encuentro no limpió la elección ni aminoró la persecución contra el Frente Democrático Nacional”, reflexiona Muñoz Ledo en la primera parte de su libro.En la entrevista, el autor de La ruptura que viene insiste: aquel encuentro fue “una tontería por pequeños intereses patrimoniales”. Revela que él se enteró de aquella reunión porque desde Los Pinos se le “filtró” esa versión al excandidato presidencial del PAN Manuel J. Clouthier, quien le reclamó a Muñoz Ledo que Cárdenas sostuviera el encuentro con Salinas mientras llamaba al desconocimiento de su gobierno.Este episodio remite a Muñoz Ledo a la coyuntura actual. El también coordinador del Frente Amplio Progresista advierte que resulta irónico que “ahora los moderados del PRD son los que quieren diálogo con el gobierno”.
–¿Es la reedición de otra tontería?
–Es la aceptación de un papel subordinado de la izquierda. Nosotros ya habíamos ganado en 1988 y podíamos impulsar la transición.Integrante él mismo de lo que durante muchos años se denominó la “izquierda priista”, Muñoz Ledo rechaza constreñir el concepto de izquierda a un solo partido o a un frente.Dice: “La izquierda mexicana no es un partido ni tres. La izquierda es la sociedad en movimiento; es una manera de pensar; es una ética. Siempre la izquierda rebasa a los partidos. Los altermundistas están en todas partes y no sólo con el subcomandante Marcos; hay una izquierda societaria, una izquierda sindical desfalleciente; hay una izquierda cultural y una izquierda moral. Esa es la izquierda en la que yo creo.”
Y afirma: “Estoy trabajando en una alianza electoral que vuelva a meter a la sociedad a los partidos. Que no sea la refeudalización de los movimientos sociales. Ya basta de que los partidos sean franquicias; deben ser ductos de la sociedad.”
–¿Cuáles son sus pronósticos para 2009?
–Las alianzas de 2009 deben ser con la sociedad. Aprovechemos las candidaturas comunes, prolonguemos el movimiento social. La izquierda no puede aspirar a dejar todo en un partido. l

La ruptura que viene

La traición

A partir de esta semana Random House Mondadori pondrá en circulación La ruptura que viene, libro de Porfirio Muñoz Ledo cuya parte alusiva al distanciamiento entre él y Vicente Fox reproducimos enseguida, con autorización de la editorial.–Es preciso hacer una aclaración fundamental a los lectores: yo no abracé la causa de Vicente Fox en el sentido de adherirme a un partido político. Suscribí un acuerdo entre el movimiento de cambio que yo encabezaba y el candidato de oposición que iba a la cabeza con el propósito explícito de lograr un objetivo histórico del pueblo de México: la alternancia, por la vía pacífica, en el poder nacional. Y lo hice mediante el ofrecimiento público del candidato de consumar la reforma del Estado. En este caso no hablaría de una ruptura, sino del quebrantamiento de una alianza. Tal vez podrían calificarme de sofista, pero lo cierto es que yo no rompí políticamente ningún compromiso: más bien, la alianza nunca se consolidó, se fue desvaneciendo porque Fox no respondió a las expectativas, ni conmigo ni con muchos otros. Menos con el país. Fue el mismo presidente quien rompió con la médula de aque¬llo por lo que habíamos luchado: el sufragio efectivo. Fox abandonó gradualmente toda tentativa por la reforma del Estado. Sin embargo, debo aclarar que, a pesar de su frivolidad, al principio me brindó su apoyo en discursos definitorios, y aunque algunos aspectos del proyecto lo entusiasmaron, pronto lo conven¬cieron de que las prioridades eran otras y de que entregarme la di¬rigencia de esa gran negociación política resaltaría la mediocridad de sus colaboradores más cercanos. Me ofreció proseguir estudios y consultas para iniciar el ejercicio formal dos años más tarde. Fue así como decidí promover las relaciones entre México y la Unión Eu¬ropea, a efecto de alejarme de la pequeña política. Durante todo el tiempo de mi estancia en el extranjero seguí hablando del tema con Fox y con su secretario de Gobernación. A mi regreso Fox acudió, incluso, a la célebre reunión en el Campo Marte que organizó la Asociación Nacional para la Reforma del Estado con los dirigentes de los principales partidos. Aunque no hizo nada para apoyarnos, cuando menos estuvo presente, pronunció un mensaje razonable y volvió a recordar que se trataba de una asignatura pendiente. Poco después Vicente Fox cambió su actitud y empezó a alimentar, con un trasfondo ideológico y en representación de al¬gunos poderes fácticos, una ferocidad visceral sin precedentes contra la candidatura de López Obrador. Entonces comenzó a padecer de amnesia respecto de toda la lucha anterior y decidió actuar antide¬mocráticamente, orquestar una campaña que ningún presidente del antiguo régimen se atrevió a emprender y utilizar recursos públicos en forma por demás facciosa. Después reconocería públicamente —y no necesitaba hacerlo, pues todos lo sabíamos—: que encabezó, como una cruzada personal, el juicio de desafuero en contra de An¬drés Manuel; y que, al haber tenido que retractarse, se “desquitó” más tarde mediante la descarada violación del sufragio público. La ruptura fue practicada por Fox contra sí mismo, contra aque¬llos lineamientos que ambos habíamos seguido 15 años atrás en Gua¬najuato. Cabe recordar aquel 1991, antecedente de la alianza entre los partidos de oposición en 1997, cuando logramos que cayera el primer gobernador impuesto desde el poder presidencial. Yo pro¬puse a Fox que nos uniéramos para impedir la tropelía que quería cometerse. Con reticencias, pero finalmente se sumaría, junto con otras fuerzas, a denunciar el atropello. Todavía no estábamos demo¬cratizando al país, pero sí probando que era posible frenar juntos los excesos del autoritarismo. Algo semejante ocurrió en otras elecciones locales en tiempos del salinismo: con la participación del ingeniero Cárdenas en Mi¬choacán, la de Salvador Nava en San Luis Potosí y la movilización en Tabasco con Andrés Manuel López Obrador. Aquellos años Fox se había destacado dentro de la tradición panista, al menos parcial¬mente, como un luchador por el sufragio efectivo, dispuesto a recu¬rrir a la movilización popular. Nadie olvida cuando en el Congreso portó aquellas boletas electorales a manera de orejas para satirizar a Carlos Salinas. Esa lucha fue traicionada y la intención última termi¬nó desenmascarándose; es decir, la lucha inicial por la democracia se transformó en un asalto al poder para satisfacer apetitos personales. Desde 1994 hubo intentos por negociar una candidatura común desde la oposición. Recordemos que en 1997 fundamos la Alianza por la República, donde figuraban personalidades, civiles y militan¬tes, de oposición, unidos ambos en pos de una agenda común que nos permitiera llevar a cabo un programa legislativo frente a la even¬tualidad de una mayoría en el Congreso. En aquel momento se for¬muló a los entonces presidentes del PRD y del PAN, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, la posibilidad de una candidatura común para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por diversos factores políticos no fue posible, a pesar del impulso del PRD y la tibia simpatía que por la idea mostró el PAN. Por lo anterior, no resulta censurable la alianza de 2000 con Fox. Hay antecedentes claros que la explican. Insistir en una candidatura de izquierda al margen de las otras fuerzas opositoras terminaba por favorecer la continuidad del PRI en el poder. De haberse concretado una alianza entre todos los partidos de oposición en el año 2000, habríamos en cambio contado con tres elementos muy importantes: un gobierno de coalición, un programa político común y la mayoría parlamentaria para realizarlo. Desafortunadamente, Fox no tuvo la estatura de un, digamos, Adolfo Suárez en España, quien, provinien¬do de la derecha, orientó con mucha claridad y firmeza la transición, al margen de inclinaciones ideológicas y ambiciones familiares.
De los Fox a los Mouriño, la riqueza de PEMEX
El Gallego traficante, delincuente e ilegal


Dígase lo que se diga en los discursos oficiales, en los gobiernos panistas Pemex sigue siendo la mayor fuente de riqueza para la élite política. Así como en el sexenio actual la familia Mouriño ha obtenido numerosos contratos con la paraestatal y multiplicó sus negocios a un ritmo vertiginoso, en la administración pasada ese tráfico de influencias desembocó en la familia Fox.Si los 16 contratos entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar –la mayoría de ellos firmados por el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando era simultáneamente apoderado legal de la empresa y funcionario público– mostraron el tráfico de influencias entre la paraestatal y la élite gobernante, la relación comercial entre el hermano del funcionario, Carlos Mouriño Terrazo, y Pemex Refinación da cuenta de los favores que el gobierno de Felipe Calderón dispensa a la familia del secretario.Información obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental revela que Carlos Mouriño Terrazo firmó –hasta febrero de este año, un mes antes de que se desatara el escándalo por los contratos de Juan Camilo– 108 contratos con Pemex Refinación, de los cuales 37 son contratos de franquicia para estaciones de servicio (gasolineras), otros 37 contratos de suministro de combustibles y 34 contratos de crédito, que le permiten a Mouriño pagarle a Pemex hasta nueve días después de que le suministró las gasolinas y el diesel.En total, son 105 contratos en la administración de Calderón, pues los otros tres –uno para estación de servicio, otro para suministro y uno más de crédito– fueron firmados en julio de 2006, todavía en el gobierno de Vicente Fox.Los contratos fueron firmados invariablemente por Carlos Mouriño Terrazo en su calidad de secretario del Consejo de Administración de ESGES, S.A. de C.V., que son las siglas de Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste, filial de GES.De los expedientes obtenidos por Proceso en relación con los contratos entre ESGES y Pemex Refinación –de mil 707 páginas– se desprende que Carlos Mouriño Terrazo pudo establecer 16 gasolineras en 2007 y otras 20 en 2008, en este último caso en un tiempo récord: 15 estaciones de servicio en enero y cinco más en febrero. A principios de marzo de este año, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer públicamente los contratos entre Ivancar y Pemex Refinación, firmados por Juan Camilo Mouriño (aunque días antes la revista Contralínea había dado cuenta del hecho). Acaso por ello, la familia detuvo la febril carrera por llenar de gasolineras el sureste mexicano.Porque, en efecto, no hay entidad de esa región que no cuente con gasolinera de ESGES. Según los contratos obtenidos por Proceso, estos son los municipios donde los Mouriño tienen estaciones de servicio, obtenidas en este sexenio: Campeche: Calakmul, Hopelchen, Champotón, Calkini, Hecelchakan, Carmen, Palizada, Escárcega, Ciudad del Carmen, Puerto San Francisco y Campeche, la capital, donde pusieron siete estaciones de servicio.En Tabasco: Macuspana, Emiliano Zapata, Nacajuca, Centro, Jonuta y Centla. En Quintana Roo: Chetumal, Othón Blanco y Cancún. Yucatán: Mérida y Halacho. Chiapas: Palenque. Veracruz: Minatitlán.Pero si es llamativa la celeridad con la que Mouriño Terrazo obtuvo tantas franquicias para operar estaciones de servicio en tan poco tiempo, lo es más la generosidad de Pemex Refinación hacia el empresario español, pues éste en muchos casos no pagó un quinto para operar la estación de servicio, ya sea que estableciera una nueva gasolinera o que se tratara de un cambio de franquiciatario.De acuerdo con la información obtenida, de las 37 estaciones de servicio que obtuvo, en 27 casos “pagó” –y así dice en varios de los contratos–“$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) más IVA”. En las 10 restantes efectuó pagos –son cuotas por el cambio de franquiciatario, para operar como estación de servicio, y cuotas por posiciones de carga– que fluctuaron entre los 150 mil pesos y los 313 mil pesos (como fue el caso de la gasolinera que puso en Mérida, Yucatán, y que fue la más “cara”).En realidad, le salieron baratas las 37 gasolineras al hermano del secretario de Gobernación: hizo un desembolso total –en cuotas a Pemex Refinación– por 1 millón 956 mil 575 pesos. Una bicoca.Y un negociazo, pues por cuenta de Pemex corre la asistencia técnica para la construcción y la operación de la estación de servicio; mientras que el franquiciatario obtiene a crédito el suministro de gasolinas, diesel, lubricantes y demás productos que en ella se expenden.Esa es sólo una parte del emporio de los Mouriño, que ha logrado despuntar en los gobiernos panistas, pues el Grupo Energético del Sureste, el corporativo, está integrado, además de las estaciones de servicio, por una creciente y poderosa flota transportista que distribuye los productos de Pemex a cuanta gasolinera se pueda, propia o ajena, y también por una igualmente creciente cantidad de franquicias, tales como Burger King, Church’s Chicken, Benedetti’s Pizza, Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorería MAX, GES Autowash y Tiendas de Conveniencia GES Express. Y van por más. Por lo menos han hecho pública su intención de incursionar en el sector de la energía con la construcción de torres eólicas de última generación, que iniciaron este año. El Grupo Energético del Sureste armará 6 mil aerogeneradores, que producirán más de 5 mil megavatios de energía “limpia”: casi el doble de la capacidad eólica instalada en España o en Estados Unidos (Proceso 1648).Tanta generosidad de Pemex con algunos ciudadanos de excepción fue definida por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, como parte de ese mundo de “irregularidades, opacidad y corrupción” que se vive en Pemex.Durante su participación en el foro senatorial sobre la reforma energética del jueves 17, el titular de la ASF reveló que “el exceso de discrecionalidad de servidores públicos de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, ha propiciado la presentación de denuncias penales por parte de la Auditoría Superior, por cerca de 3 mil 500 millones de pesos. “En cuanto al desempeño de Pemex, y como parte de la revisión de las últimas siete cuentas públicas, se le practicaron 240 auditorías, en las que se determinaron mil 590 observaciones, y 2 mil 100 acciones promovidas, que incluyen pliegos de observaciones, promociones de responsabilidades administrativas y denuncias penales. Derivado de la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, se lograron recuperar 3 mil 546 millones de pesos en beneficio del patrimonio de Pemex.”
Cuando reinaban los Fox
Si los Mouriño han destacado en este sexenio entre los principales beneficiarios de Pemex, en el anterior, con Vicente Fox, fueron muchos los que gozaron de la generosidad de la paraestatal y del gobierno. Pero pocos como la propia familia del presidente. Más allá de los célebres hermanos Bribiesca Sahagún, uno de los hermanos de Vicente Fox –Javier– gozó también de las mieles del parentesco.Es el caso de la empresa transportista Flensa S.A. de C.V., que dirige Miguel Ortega Chaurand y de la que es socio importante Javier Fox Quesada, según detectó desde 2006 la comisión legislativa que se creó para investigar los negocios de la familia de Juan Bueno Torio, el ahora senador que fue director de la subsidiaria Pemex Refinación durante la administración pasada. De acuerdo con información obtenida también a través de la Ley de Transparencia, dicha empresa firmó con la subsidiaria 20 contratos y convenios para el servicio de transporte terrestre de productos derivados del petróleo –la mayoría por adjudicación directa– por un valor total superior a los 674 millones de pesos.Pero resulta que el grueso de los contratos y la mayor parte de ese monto –aproximadamente 660 millones, casi 98%– se concretaron en el gobierno de Fox, de manera señalada en los últimos años y meses. De acuerdo con los contratos consultados por Proceso, Autotransportes Flensa –en la que Javier Fox participa con más de 20 camiones, según las indagatorias de la comisión legislativa, a la que nunca desmintió el señalado– fue fundada en 1989, en Celaya, Guanajuato, y tiene su planta matriz en el rancho Fracción Los Órganos, sobre la carretera Celaya-Salamanca, en Villagrán, Guanajuato.De ser una empresa muy menor, es hoy todo un portento tecnológico, con sucursales en Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y Laredo, Texas. También cuenta –reza su publicidad– con autotanques dotados de sistemas a presión para el transporte de gas y amoniaco, así como unidades equipadas con tanques a presión atmosférica para transportar combustóleo y sus derivados. La propia empresa dice que tan bien le va que “en los últimos años hemos incrementado nuestras ventas en más de 20%”.Con “últimos años” se refiere específicamente a los del gobierno de Fox, pues según las copias de los mencionados contratos, Flensa es contratista de Pemex desde 1999, en el sexenio de Ernesto Zedillo.Antes esa empresa se dedicaba sobre todo al transporte de alimentos, principalmente perecederos. En el sexenio referido obtuvo siete contratos, que apenas sumaron 14 millones de pesos. El más alto fue de poco más de 6 millones de pesos y está fechado el 23 de diciembre de 1999. Pero apenas llegó Vicente Fox a la Presidencia… y el descaro: el primer contrato, firmado el 20 de diciembre de 2000, con Pemex Refinación –Bueno Torio al mando– fue hasta por 23 millones 611 mil pesos.Y de ahí p’al real. Si durante el último tramo del gobierno de Zedillo los contratos de Flensa tenían una duración de 12 meses, con Fox los contratos millonarios eran a veces de días, como el firmado el 5 de diciembre de 2002, por 5 millones de pesos, con una vigencia desde esa fecha hasta el día 31 del mismo mes.Con frecuencia, Flensa gozó del privilegio de firmar contratos adicionales o modificatorios que aumentaban generosamente el monto original. Un ejemplo: el 20 de diciembre de 2002 firmaron las partes un contrato por 81 millones 500 mil pesos, que fue modificado cuatro meses después, el 28 de abril de 2003, para llegar a casi 98 millones de pesos.Fue una constante la modificación de contratos, obviamente siempre para ampliar su monto. En las justificaciones para hacerlo así hubo de todo, aunque reiteradamente se argumentaba una sobredemanda en la utilización de los equipos de transporte a causa de un mayor movimiento de los productos petrolíferos. Explica uno de los contratos: “Derivado de la baja producción en la refinería de Salina Cruz, se requirió incrementar los movimientos de Pemex Diesel y Pemex Magna”. Otras causas: “Incremento en el movimiento de insumos desde las refinerías de Minatitlán y Madero; déficit de gasolina Pemex Magna en el sistema nacional; sobreproducción de Pemex Diesel en la refinería de Cadereyta, lo que generó un mayor desplazamiento del producto hacia la zona Golfo del país, y conclusión de los contratos para la utilización de buquetanques para el suministro del Golfo y el Pacífico”.En otros casos, para ampliar el monto de los contratos, se argumentaron “movimientos de producto no programados”, que crecieron “considerablemente” por varias causas, entre ellas: “Derivado de la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, se continúan (sic) los movimientos de Pemex Diesel y Pemex Magna con origen Zona Norte hacia las terminales que reciben vía poliducto dentro y fuera de su zona de influencia, tales como Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Celaya”. También se argumenta: “Excedentes de combustóleo en las refinerías de Cadereyta, Tula y Salamanca, generando movimiento de este producto con destino a las terminales de Ciudad Madero y Pajaritos, con el fin de evitar la baja de proceso en dichas refinerías”.Para cualquier contingencia que se presentara, ahí estaba Autotransportes Flensa, de Miguel Ortega Chaurand y Javier Fox Quesada… para resolver los problemas y llevarse otra buena tajada. Como el contrato firmado el 29 de diciembre de 2003, por 89 millones 300 mil pesos, con plazo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, pero que requirió un complemento de casi 18 millones más, el 29 de noviembre del mismo año.Al final del sexenio foxista ya ni las formas se guardaron. Flensa obtuvo un generoso contrato por casi 314 millones, con características inéditas: “El plazo del presente contrato será a partir del 1 de junio de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2008, o antes de esta última fecha si se agota el monto máximo autorizado en el contrato, lo que ocurra primero”.El contrato es multianual y estipula así el desglose: 41.4 millones de pesos para los últimos siete meses de 2005; 84.6 millones para todo 2006; 91.5 millones para 2007 y 96.4 millones para 2008. Todo, obviamente, por adjudicación directa. A Flensa le fue mejor inclusive que a Ivancar, de Juan Camilo Mouriño, pues el contrato multianual más grande que ésta firmó con Pemex Refinación, y con vigencia del 1 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2008, fue sólo por casi 40 millones de pesos.No obstante, como en su momento fue de los únicos que se supo, los contratos de Ivancar y otros autorizados por Juan Bueno Torio fueron motivo para que en 2006 los entonces diputados Sofía Castro, Martha Palafox y Jesús González Schmal interpusieran quejas y demandas en la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República por “abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias”, delitos en los que presuntamente habrían incurrido los funcionarios de Pemex Refinación al autorizar las contrataciones multianuales, que son contrarias a las leyes en la materia.La acción de los diputados no prosperó. La opacidad y las irregularidades en Pemex, como dice el auditor González de Aragón, salieron triunfantes.

Prohibido indagar

La PGR, guardián de los secretos de Fox


La PGR protege los intereses de la familia Fox-Sahagún, al negar cualquier información acerca de ella. Como altos mandos de las corporaciones policiacas fueron colocados por Vicente Fox, ese interés prevalece sobre los mandatos del IFAI para que se hagan públicos los expedientes de casos ya cerrados. Incluso, la PGR denunció al instituto ante un tribunal a modo, por pretender que rinda cuentas.El pasado 6 de junio, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado a unos 900 funcionarios reunidos en el Palacio Nacional para que acabaran con el influyentismo y el amiguismo, a fin de construir un gobierno caracterizado por rendir cuentas. A la izquierda del mandatario estaba el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, quien aplaudió efusivamente el discurso presidencial en el salón Tesorería. Relamido y de traje oscuro, escuchó la orden de actuar con transparencia y “ponerse en los zapatos de la gente o al otro lado del mostrador”.No obstante, entre el 23 de mayo de 2007 y el presente mes la dependencia ha incumplido 12 veces la entrega de averiguaciones previas y expedientes sobre no ejercicio de la acción penal en casos de interés público, en su mayoría relacionados con el expresidente Vicente Fox y su familia, como consta en estadísticas e informes del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a los que tuvo acceso este semanario.De esa docena de incumplimientos, la PGR ha rebotado cinco casos convirtiéndolos en denuncias contra el IFAI ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), precisamente por pretender que rinda cuentas de su actuación.Según la PGR, los expedientes sólo son accesibles para los involucrados, nadie más, aun cuando los casos estén cerrados y exista un mandato del IFAI para facilitar la información.De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, la PGR y otras 240 dependencias están obligadas a acatar las resoluciones del IFAI, no importa si los funcionarios encargados de la custodia de los expedientes están de acuerdo con los comisionados del instituto. Como sucede con un juez de última instancia, sus decisiones son inapelables. Eso dice la norma. Pero la PGR se negó a entregar averiguaciones previas desde que una organización no gubernamental de Cuernavaca, llamada Observatorio por la Transparencia, pidió la investigación sobre los Amigos de Fox.En los reportes internos del IFAI consultados por el reportero se establece que siete de los 12 desacatos afectaron las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández, de Reporte Índigo; Elizabeth Velasco y Gustavo Castillo (por separado) de La Jornada; Arelí Quintero, reportera independiente, y Omar Sánchez de Tagle, jefe de información de W Radio.La lista incluye a Rogelio Flores, coordinador del Banco de Datos de Proceso, así como al corresponsal de este semanario en Chiapas, Isaín Mandujano.Los juicios de nulidad promovidos por la PGR contra las resoluciones de los cinco comisionados del IFAI están en trámite en el TFJFA, peculiar tribunal que pertenece al gobierno federal. El presidente y los 15 magistrados de la Sala Superior son nombrados directamente por el mandatario en turno, en este caso Felipe Calderón.En años recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intentado que el TFJFA quede bajo su responsabilidad para garantizar su independencia respecto del Ejecutivo, pero no ha tenido éxito. El tema forma parte de la reforma al Poder Judicial, que aún se discute en el Congreso de la Unión.
Los gobiernos panistas y el TFJFA tienen estrechos vínculos. Actualmente, la cabeza del tribunal es el magistrado Francisco Cuevas Godínez, quien se desempeñó como consejero adjunto de la Consejería Jurídica de la Presidencia en el sexenio de Fox. Entonces, el titular de esta oficina era Juan De Dios Castro, actual subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
Prohibido indagar
En febrero de 2007, el representante de la ONG Observatorio por la Transparencia, Ignacio Suárez Huape, recurrió a la PGR como parte del seguimiento que realizaba de una de las empresas relacionadas con Amigos de Fox, ya que presuntamente también habría financiado la campaña del exgobernador Sergio Estrada Cajigal. “La mejor forma de desahogar esa idea era tener acceso a la investigación. Los expedientes cerrados son públicos. Lo difícil, al menos así parecía, era esperar a que se abrieran”, comentó. Sin embargo, eso jamás sucedió.Desde hace seis meses, Observatorio por la Transparencia espera recibir la versión pública de la averiguación sobre Amigos de Fox. Pero según los registros del IFAI, en este asunto la PGR dio un viraje a la cerrazón.La periodista Arelí Quintero pidió acceso al mismo expediente, pero la PGR clasificó el archivo por 12 años. Y aunque la resolución de la dependencia fue rechazada por unanimidad en el IFAI, la victoria le duró poco a la reportera. Desde hace tres o cuatro meses está esperando recibir la versión pública de ese caso: “Hago una investigación. Segura estoy de que en el expediente aparecerán cosas nuevas. Sé que hay declaraciones y documentos importantes”, comenta.En la misma situación está Gustavo Castillo, reportero de La Jornada. Según el expediente 35551/07, él solicitó “copia de las averiguaciones previas contra Vicente Fox”. La PGR perdió este caso el 21 de noviembre de 2007. Desde entonces el IFAI no ha recibido notificación de que se le haya entregado a Castillo una versión pública de los expedientes, como ordenaron los comisionados.Al igual que en los casos anteriores, en la sesión del instituto donde se trató la petición de Castillo, los comisionados Alonso Lujambio y Jacqueline Peschard se excusaron de votar porque fueron consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y como tales participaron en la investigación sobre Amigos de Fox. En busca de una salida, la comisionada María Marván le dio una opción al reportero Castillo: si quería copias de las averiguaciones concluidas tendría que esperar 70 días, y si prefería sólo el dictamen de no ejercicio de la acción penal, el plazo era de 15 días. La PGR nunca se mostró dispuesta a cumplir ninguna de las dos posibilidades.Otros expedientes que la procuraduría se ha negado a entregar corresponden a investigaciones ya concluidas sobre lavado de dinero en los últimos tres años. Estos documentos fueron solicitados, también el año pasado, por el coordinador del banco de datos de Proceso, Rogelio Flores. Uno más trata sobre un presunto desvío de recursos públicos en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Este archivo fue requerido por el corresponsal de Proceso en Chiapas, Isaín Mandujano, a quien los comisionados del IFAI le dieron la razón por unanimidad, puesto que se trataba de un expediente concluido.En el mismo caso está el ciudadano Norberto Vázquez, quien pidió estadísticas sobre las averiguaciones previas contra el exgobernador de Puebla, Manuel Bar-tlett, y el senador panista Santiago Creel.
Decidirán foxistas
Desde que llegaron los primeras solicitudes de acceso a expedientes en poder de la PGR, en su mayoría tramitados por reporteros, los comisionados del IFAI fueron tejiendo lineamientos para saber cómo actuar. Los reunieron en el Régimen aplicable a las averiguaciones previas en materia de acceso a la información.En esta norma precisaron que los expedientes en trámite o en espera de nuevas pruebas permanecerán cerrados. En el documento se establece que son susceptibles de abrirse aquellas averiguaciones previas en las que se decidió no ejercitar acción penal.Usualmente los comisionados aprueban la entrega de versiones públicas en las que se omiten los datos personales. Cuando se reciben recursos promovidos por reporteros el criterio ha sido el siguiente:“En ciertos casos, particularmente de averiguaciones previas respecto a servidores públicos por delitos relacionados con el ejercicio de su encargo o asuntos de alto interés público, como delitos electorales o tráfico de influencias, el IFAI ha efectuado una ponderación para determinar si existe un interés público de conocer cierta información que en principio podría considerarse confidencial, en relación de su relevancia en la vida pública del país”, se indica.Este criterio pesó en forma decisiva en los casos sobre Amigos de Fox. Lo mismo sucedió con las peticiones para saber cómo los hermanos Bribiesca Sahagún se libraron de las acusaciones por tráfico de influencias formuladas por la Cámara de Dipu-tados. La única diferencia entre ambos asuntos es que, en el relativo a los hijos de Marta Sahagún, la PGR ya presentó una denuncia contra los comisionados del IFAI. La decisión definitiva y rotunda de la PGR es no abrir esos archivos, como confirma el comunicado que envió la PGR a Proceso cuando este medio quiso averiguar las razones para no ejercer acción penal contra Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.La dependencia que encabeza Medina Mora ratificó que el tema está cerrado por 12 años, a pesar de que el IFAI les ordenó desclasificar el expediente. Agregó la procuraduría:“El titular de asuntos jurídicos de la presente institución presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra la resolución 042/2008 dictada por el IFAI. Por lo que, en ese sentido, me permito informar que no existe dicha versión pública” (sobre los hermanos Bribiesca).La PGR envió su negativa a este reportero, pero también a otro destinatario: la Subprocuraduría de Derechos Humanos, encabezada por Juan de Dios Castro, quien fue jefe del actual presidente del TFJFA.El subprocurador y Francisco Cuevas trabajaron juntos en la Consejería Jurídica de la Presidencia de Vicente Fox. Ahora, el primero de ellos es uno de los principales opositores a que la PGR libere los expedientes judiciales, y el segundo será el responsable de conducir el TFJFA en la resolución sobre la postura del IFAI acerca de la exoneración de los Bribiesca Sahagún.En total son cinco demandas contra el IFAI, incluyendo el caso de los Bribiesca. De acuerdo con los mencionados informes internos del instituto, están en trámite ante el TFJFA las protestas de la PGR contra las demandas de que abra los archivos de los siguientes casos:
–Averiguaciones previas cerradas contra la exjefa de Gobierno del Distrito Federal Rosario Robles Berlanga, solicitadas por el ciudadano Blas Alejo Buendía. El número de expediente es el JN826-17-10-2.
–Averiguaciones previas y procesos penales concluidos en los que la líder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo Morales, sea la presunta responsable. Fueron requeridas por la reportera de La Jornada Elizabeth Velasco. El expediente es el JN1458/08-17-01-3.
–Datos estadísticos sobre cuántos juicios contenciosos administrativos se han iniciado ante la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa. Hizo la petición el ciudadano Jacinto Ibáñez y su expediente es el JN6243/08-17-04-2.
–Averiguaciones previas terminadas, en su modalidad de versiones públicas, sobre delitos relacionados con la trata de personas, requeridas por Omar Sánchez de Tagle, jefe de información en W Radio (expediente JN11343/08-17-10-8).
–Averiguación previa contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ya sentenciado por delitos contra la salud, solicitada por la periodista de Reporte Índigo, Anabel Hernández. El número de expediente es JN4025/08-17-06-4.Consultada por Proceso, esta última periodista dice que desarrollaba una investigación sobre personajes de la vida política y de los altos mandos castrenses que podían haber quedado impunes a pesar de que existían pruebas contra ellos por su relación con el cártel de Juárez.De hecho, comentó, una parte de esta investigación ya apareció en el libro Fin de fiesta en Los Pinos, pero necesitaba profundizar para comprender mejor lo que sucedió.Anabel Hernández no sabía que el incumplimiento en la entrega de copias del expediente del general Gutiérrez Rebollo obedece a un juicio de la PGR contra el IFAI. Ninguna de las dos instancias se lo informó. En cambio, Omar Sánchez de Tagle, de W Radio, recordó haber sido notificado por el TFJFA, pero luego no supo más.
Montiel sí
A diferencia de lo que sucede con Fox y su familia, cuando Proceso pidió a la PGR conocer una de las dos exoneraciones al exgobernador del Estado de México Arturo Montiel, la actitud de la dependencia no fue tan radical. La primera reacción fue reservar durante 12 años ese expediente, pero tras perder un litigio, en lugar de ignorar a los comisionados o recurrir a una demanda de nulidad –como lo han hecho con los asuntos de Fox–, esta vez sí entregaron una versión pública.En las 78 páginas de las que consta la averiguación previa PGR/28/LD2001 se va desmoronando una de las denuncias que causaron mayor escozor, cuando este semanario –en su edición del 3 de julio de 2005– informó que Montiel había depositado 2 millones 800 mil dólares en la correduría Merrill Lynch, en Nueva York.Desde septiembre de 2004 llegó a la desaparecida Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) una denuncia supuestamente formulada por Nicolás Neuman Stem, dueño de la empresa Envases y Productos Plásticos, S.A., contra el gobernador mexiquense. Supuestamente aportaba copias de los depósitos en una transacción financiera que involucraba al secretario particular, Miguel Sámano Peralta, y al secretario de Economía del estado, Carlos Rello Lara.Esto es lo que se manejó públicamente. La PGR investigó este caso durante dos años y tres meses sin poder comprobar algún delito de Montiel. En el expediente consta que se trató de una denuncia apócrifa, pues el empresario Nicolás Neuman aseguró que él nunca solicitó la intervención de la Secodam, que las cartas enviadas no pertenecían a su compañía y que la firma plasmada en ellas no era la suya.Además, la PGR afirma que Montiel y sus colaboradores no viajaron a Estados Unidos en esa época, tampoco tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, no hay indicio alguno de trasferencias de dinero irregulares entre ellos y, sobre todo, no existe disparidad alguna entre su forma de vida y sus propiedades con lo que ganaron como servidores públicos. Según la PGR, Montiel es inocente.
Mercenarios, a las puertas de PEMEX


La reforma petrolera de Calderón puede impulsar la creación de grupos paramilitares de seguridad, como las guardias blancas formadas antes de la expropiación o como las fuerzas castrenses contratadas hoy en Ecuador por la española Repsol. En 2007, la estadunidense SY Coleman convocó a exmilitares para vigilar instalaciones de Pemex en Veracruz. Y aunque Pemex negó a Proceso tener vínculos con ella, especialistas consultados advierten que la iniciativa del Ejecutivo puede abrir las puertas del país “a los llamados Perros de Guerra”.En agosto de 2007, la firma estadunidense SY Coleman Corporation lanzó dos convocatorias de empleo en busca de exmilitares de Estados Unidos con experiencia internacional para realizar labores de vigilancia aérea y mantenimiento en “varias localidades de Veracruz, México”. A pesar de que el lugar de trabajo propuesto fue en espacio aéreo y territorio mexicanos, se previó que el personal quedara bajo jurisdicción estadunidense. El propósito de SY Coleman, que según diputados federales por Veracruz era vigilar instalaciones de Pemex, representa lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre una de las consecuencias de la privatización de recursos estratégicos: la presencia de empresas trasnacionales de seguridad que bajo sus propias reglas contratan a mercenarios para vigilar los nuevos negocios de las corporaciones energéticas.No es la única manera en que las petroleras trasnacionales vigilan “sus” instalaciones estratégicas. La empresa española de petróleo y gas Repsol-YPF, una de las primeras favorecidas con la apertura del sector energético de México a la inversión extranjera, ha contratado unidades del Ejército de Ecuador para que le vigile las zonas indígenas donde explora y explota el crudo. Compañías estadunidenses han hecho lo mismo.Aunque Petróleos Mexicanos rechaza que SY Coleman realice labores de vigilancia de sus instalaciones, la proyección de la firma estadunidense sobre México va todavía más allá de la infraestructura estratégica del país. SY Coleman es subsidiaria de L-3 Communications, firma de seguridad que como parte de sus negocios en la “guerra global contra el terrorismo” participa en la construcción del muro que levanta Estados Unidos en su frontera con México. Además, L-3 vendió los equipos de detección de explosivos para las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero sus principales contratos están en Irak y Afganistán, donde ha aumentado la presencia de mercenarios al amparo de contratos entre empresas militares y de seguridad privadas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.Cinco meses antes de que SY Coleman lanzara su convocatoria para México, la ONU ya había advertido sobre los efectos nocivos que ha tenido la presencia de este tipo de empresas en los procesos de privatización de los recursos nacionales.El 7 de febrero de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio a conocer a la Asamblea General del organismo el “informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”.El documento dejó en claro que la contratación de elementos en funciones militares y de seguridad es un fenómeno creciente en el caso de los conflictos armados en el mundo; pero en América Latina y el Caribe está asociado a los procesos de privatización de los recursos estratégicos.En su capítulo dedicado a la región, señala que los Estados “delegan cada vez más funciones militares y de seguridad básicas en empresas privadas, con el riesgo de que éstas sean cómplices en violaciones a los derechos humanos con total impunidad”.El Grupo de Trabajo, dice, “es consciente de que las zonas en que se encuentran los recursos petroleros, hídricos y minerales y sus infraestructuras son instalaciones estratégicas que pueden necesitar una protección especial del Estado por razones de seguridad nacional”.Pero bajo ese argumento, continúa, ha surgido la tendencia hacia la privatización de dicha actividad. Se ha llegado al extremo de que algunas fuerzas militares han privatizado y ofrecido sus servicios a industrias extractivas, “principalmente empresas petroleras”, como en Ecuador.El informe menciona que desde el año 2000 el ejército ecuatoriano ha establecido contratos con empresas de Estados Unidos para proteger los pozos de petróleo, oleoductos y demás instalaciones, con lo que en la práctica se ha convertido en una empresa privada de seguridad.El Grupo de Trabajo de la ONU, que estuvo en el país andino entre agosto y septiembre de 2006 y presentó su informe en febrero siguiente, precisó que en el 2000 el Ministerio de Defensa de Ecuador firmó un “convenio de cooperación militar” con la Occidental Exploration and Production Company. Luego, en 2001, suscribió un “convenio marco” por cinco años con 16 compañías petroleras para garantizar la seguridad de las instalaciones y de las personas que trabajan en ellas mediante patrullajes, desplazamientos terrestres y fluviales. También, para efectuar misiones de información y contraespionaje, controlar armas y explosivos y personas indocumentadas en su jurisdicción, además de crear una red de comunicaciones. En 2004, firmó un convenio similar con la Texas Petroleum Company.
El caso de Repsol
El informe de la ONU dejó fuera un contrato de 2003 por medio del cual una unidad del ejército ecuatoriano quedó completamente subordinada a la petrolera y gasera española Repsol-YPF, empresa que en los últimos años se ha convertido en la mayor compañía privada energética en América Latina por lo que hace a sus activos. En México, Repsol-YPF ha tenido una amplia consideración por parte de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En ese mismo año, fue la primera beneficiaria internacional de los contratos de servicios múltiples ofrecidos por Pemex para exploración y producción de gas en el país. Por decisión del gobierno de Fox, con el respaldo de su entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, Pemex le adjudicó en la modalidad de contratos de servicios múltiples la operación de 16 campos de gas del bloque Reynosa-Monterrey, en la cuenca de Burgos. Con esa determinación, la firma española “se convirtió –según su propia información corporativa– en la primera compañía internacional en participar en actividades de desarrollo y explotación de hidrocarburos en México”.Como una de las potenciales beneficiarias en caso de prosperar la reforma de Pemex propuesta por Calderón, Repsol dio un segundo paso importante en México al convertirse en proveedora de gas natural para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).En 2007, la CFE le adjudicó una licitación internacional para el suministro de gas natural licuado durante 15 años a partir de 2010. El gas procederá de una planta de Perú de la que Repsol es comercializador exclusivo, y llegará a la terminal de gas natural de Manzanillo, Colima. En diciembre de ese mismo año, Repsol entró al mercado mexicano de generación eléctrica como segundo operador privado al adquirir en Tamaulipas las centrales Anáhuac (Río Bravo II), Lomas del Real (Río Bravo III), Vallehermoso (Río Bravo IV) y Electricidad Águila de Altamira (Altamira II). Además, se quedó con el gasoducto de 54 kilómetros que suministra el energético a esas instalaciones. En Coahuila, adquirió la central de Saltillo.Hasta ahora, Repsol no ha hecho pública su intención de repetir en México la medida que tomó en Ecuador para proteger las instalaciones energéticas que le han sido adjudicadas: promover la privatización de las tareas de vigilancia encomendadas al ejército y mantener alejados a “delincuentes y elementos subversivos” dentro de la región de operaciones, habitada por indígenas guaraníes.Ese contrato fue dado a conocer en 2006 por los altermundistas franceses Alain Durand y Nicolas Pinet en el libro L’Amerique Latine en mouvement. De acuerdo con esa publicación, Repsol propició la privatización de tareas reservadas a las fuerzas armadas.El acuerdo de Repsol con el Ministerio de Defensa ecuatoriano fue firmado el 1 de octubre de 2003, con el número CO13.00009.2003, para el bloque 16 Ecuador, y con una duración de un año 11 meses, prorrogable. En la definición de las partes contratantes, el ejército de ese país asumió funciones de una empresa de seguridad al servicio de la petrolera española. El contrato fue firmado por “Repsol-YPF Ecuador, S.A., constituida bajo la protección de las leyes de España y domiciliada en Ecuador, llamada ‘La Compañía’, y por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, representado por el coronel Juan Arnulfo Reinoso Sola, en su calidad de comandante, denominado ‘Contratante’”.En total, dos oficiales, dos sargentos, dos soldados de comunicaciones y 36 soldados integraron la unidad del ejército ecuatoriano puesto bajo las órdenes de la petrolera española.El propósito del contrato quedó establecido de la siguiente manera: “El objeto (…) es que el Contratante provea una seguridad integral en la región de operaciones de la Compañía mediante patrullajes, un control militar permanente en todos los lugares, rutas de acceso y embarcaderos de ríos y afluentes, con el objetivo fundamental de impedir la entrada de delincuentes y/o subversivos en la región de operaciones, así como dentro de las regiones de influencia de la Compañía”.El pacto comercial precisó que la Compañía trataría con las comunidades indígenas en la región de operaciones y establecería las directrices que el Contratante debe observar respecto a ellas. Las disposiciones obedecieron a que el Bloque 16, Ecuador, se ubica en territorios de los indígenas guaraníes.La tarea de este grupo militar, conforme al contrato, fue la de trabajar en comunicación, en coordinación y bajo las órdenes del coordinador de seguridad de la Compañía. En casos de conflicto o de enfrentamiento, el Contratante dispuso que el personal actuara a las órdenes del comandante militar e informara constantemente al coordinador de seguridad de la Compañía sobre el estado de las instalaciones y las actividades puestas en práctica.
Represión de movimientos sociales
En su informe del 7 de febrero de 2007, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas expresó “su preocupación por las complejas relaciones entre la protección de los recursos nacionales y su importancia geoestratégica, las actividades y los intereses de las empresas militares y de seguridad privadas, y la represión de los movimientos sociales”.Agregó que “la creación de ejércitos privados y la explotación ilegal de los recursos naturales están inextricablemente ligadas a la continuación de los conflictos armados en diversas situaciones en todo el mundo, como por ejemplo en América Latina”.En 2001, entró en vigor la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización y Entrenamiento de Mercenarios, a la luz de la cual el Grupo de Trabajo visitó Ecuador. Además, estuvo en Perú, Colombia, Chile y Honduras para investigar la contratación de ciudadanos de esos países por parte de empresas extranjeras, sobre todo estadunidenses, para ser enviados a Irak.México todavía no es parte de la Convención, pues no ha entregado su firma de adhesión. En 2005, era uno de los pocos Estados que había respondido a un cuestionario enviado por el Grupo de Trabajo sobre las actividades de las empresas de seguridad privadas que ofertan servicios de asistencia y asesoramiento militares, así como de seguridad privada.Las respuestas de México –que están contenidas en un informe del Grupo del Trabajo a la Asamblea General de la ONU, registrado como A/61/341/– son muy genéricas y no constituyen ningún compromiso expreso de evitar la contratación de ese tipo de empresas en el país. A lo más que se comprometió fue a ser sede de una conferencia internacional sobre el tema.Pero la posición de México ante la contratación de estas empresas la dio a conocer SY Coleman el 9 de agosto de 2007 al colocar en su sitio de internet las convocatorias para contratar a personal militar con experiencia internacional para trabajar con personal de seguridad mexicano en la protección de infraestructura en Veracruz, donde se encuentran instalaciones estratégicas tanto de Pemex como de la CFE.Ambas niegan haber firmado algún contrato con esa empresa, que provee servicios de ingeniería, programáticos y de comunicaciones tanto al Departamento de Defensa como a sectores comerciales en Estados Unidos y en el extranjero. En respuesta a una petición de información mediante la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental que Proceso le hizo a Pemex cuando se dio a conocer la convocatoria de SY Coleman, la paraestatal negó cualquier relación con la firma estadunidense. “No hay ningún contrato que haya sido celebrado con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para ejercer la labor de vigilancia terrestre, aérea o marítima de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios”, respondió la entidad.Precisó que tiene firmados convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina para la vigilancia de sus instalaciones. Sin embargo, el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, aseguró que ni con las Fuerzas Armadas Pemex puede resguardar sus 19 mil instalaciones de superficie terrestre.Consultada la semana pasada, la CFE también negó cualquier vínculo con SY Coleman. “No tenemos ni hemos tenido relación con la empresa”, aseguró a través de Comunicación Social.El diputado del PRD por el Distrito Federal, Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, manifiesta que la apertura del sector energético a empresas extranjeras puede derivar en el control de instalaciones estratégicas por parte de compañías internacionales de seguridad que, para sus operaciones, contratan mercenarios.En su convocatoria para México, SY Coleman estableció requisitos que sólo pueden cumplirse si se ha participado en operaciones militares internacionales: más de tres años de experiencia militar, en operaciones de vehículos aéreos automáticos, en centros de operaciones tácticas o de seguridad, en apoyo de aviación y/o programas de seguridad para clientes de Centro o Sudamérica, en helicópteros y en mantenimiento de los mismos.En la época del apogeo de las petroleras extranjeras en México, se padeció el fenómeno de las guardias blancas, que eran grupos paramilitares financiados por aquéllas para establecer un control alrededor de las áreas que dominaban, dice Suárez del Real.Advierte que la historia puede repetirse, pues empresas petroleras maquiladoras previstas en la reforma de Calderón podrían proveer la seguridad de sus instalaciones mediante servicios de seguridad privados.Estas empresas, dice, operan como ejércitos de mercenarios que están fuera de cualquier regulación civil o militar en los lugares adonde llegan, e inclusive en territorio estadunidense.El general retirado Roberto Badillo Martínez, diputado del PRI por Veracruz que el año pasado denunció los planes de SY Coleman en México, asegura que en casi todos los países petroleros las instalaciones estratégicas “están protegidas por las fuerzas de seguridad del Estado, y México no debe ser la excepción”. Pero la reforma petrolera del Ejecutivo, puntualiza, “puede abrir las puertas para que entren al país los llamados Perros de Guerra”.