Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó al Estado mexicano por la violación de tratados internacionales y nacionales que garantizan el derecho humano a este recurso y lo alertó sobre los niveles de descontento social en el país y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla.
Esto ocurrió al término de la sexta audiencia pública que se realizó la última semana en Buenos Aires, donde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) presentó el caso Posible colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El TLA tiene carácter ético y con este veredicto también resolvió que hay incapacidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental. Advirtió que hay un creciente deterioro del derecho humano al agua en el país, así como insuficiencia de los mecanismos jurídicos para detenerlo.
Recomendó al Estado mexicano definir el acceso al agua y al ambiente adecuado como un derecho humano fundamental y como un bien social y común.
Al nuevo gobierno federal pidió que se revise el sistema de procuración de justicia ambiental y se instauren órganos jurisdiccionales en la materia con plena autonomía administrativa y presupuestal.
También pidió cumplir con las recomendaciones hechas por el tribunal en las pasadas audiencias públicas realizadas en 2006, 2007 y 2008, así como establecer un mecanismo institucional de observación y monitoreo con representación civil y amplia participación ciudadana que garantice la atención y el cumplimiento de dichas recomendaciones.
Sugirió resolver los vacíos y omisiones legales existentes en la normatividad hídrica y medioambiental mexicana.
Recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno su obligación de garantizar el aprovisionamiento del recurso hídrico para beneficio de las personas antes del aprovechamiento lucrativo de empresas.
Para emitir este veredicto, el tribunal se basó en la jurisprudencia internacional, en el reconocimiento universal del derecho humano al agua y la Resolución 64/292 (2010) de Naciones Unidas en el mismo sentido.
Además, señaló, el Estado criminalizó en muchas oportunidades a los defensores de los derechos ambientales para reprimir o intimidar a los que cuestionan el papel que desempeña el Estado para favorecer intereses privados. La represión a las luchas socioambientales que los pueblos de México han sufrido, en los pasados 11 años, representa un acoso y una persecución sin precedente.
lunes, noviembre 12, 2012
American Curious
David Brooks
Desfiles, banderas, himnos, medallas, conciertos, reconocimientos en espectáculos deportivos, elogios y homenajes a los que se sacrificaron para defender la libertad decoran el panorama estadunidense para festejar el Día de los Veteranos, aquellos jóvenes que los políticos escondidos detrás de sus escritorios enviaron a matar a otros jóvenes en grandes batallas y guerras que han marcado de manera incesante la historia de este país imprescindible para el mundo, como suele decir el comandante en jefe recién relecto.
Pero detrás del festejo, los ritos y los honores, está el rostro de los veteranos de guerra, casi siempre de clases populares, que han regresado a un país cada vez más cansado de guerras y que en su gran mayoría ni se fija ya en esos conflictos, ofreciéndoles una bienvenida poco entusiasta con menos empleo y sin remedio para sus heridas tanto abiertas como ocultas. El presupuesto de defensa de Estados Unidos es de más de 700 mil millones de dólares al año, lo que representa algo así como la mitad del gasto militar mundial, pero para demasiados veteranos el costo es incalculable, hasta inaguantable.
Los veteranos de ese poder militar supremo hoy día suman 21 millones 500 mil (cifras de 2011, las más recientes del censo de Estados Unidos), un millón 600 mil mujeres, 2 millones 300 mil afroestadunidenses, un millón 200 mil latinos. Los veteranos vivos de los tiempos de la guerra de Vietnam suman 7 millones 500 mil (no todos fueron a la guerra, pero sirvieron en las filas armadas en esa época); un millón 800 mil son de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 2 millones 400 mil de la guerra en Corea y sólo 5 millones 400 mil son veteranos de tiempos de paz.
Los más recientes son los que estaban en el servicio militar en el periodo de las largas guerras del Golfo y Afganistán (de 1990 a 2012), que suman más de 5 millones; dos y medio millones de ellos participaron en las guerras de Irak y Afganistán.
Pero estas estadísticas no cuentan todo el cuento.
Según una investigación de la Alianza para la Política sobre Drogas, aproximadamente 30 por ciento de los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán reportan síntomas de estrés postraumático, daños traumáticos al cerebro, depresión, enfermedad mental o algún tipo de discapacidad cognitiva. Si no obtienen tratamiento, estas condiciones contribuyen al abuso y adicción de drogas, y con ello están más expuestos a ser víctimas de la guerra más larga del país: la guerra contra las drogas.
Para Daniel Robelo, coordinador de investigaciones de esa organización, los integrantes del servicio militar han tenido que pagar un alto precio durante la última década de guerra, y los militares les han recetado cualquier droga que necesiten para que sigan luchando, pero el cuento es diferente cuando regresan a casa. Arrestamos a muchos veteranos por cuestiones de drogas, los encarcelamos durante demasiado tiempo y los dejamos con fichas criminales que les hacen casi imposible conseguir empleo, vivienda, educación y otros servicios, creando frecuentemente un círculo vicioso de adicción y encarcelamiento.
Por otro lado, más veteranos militares se suicidan cada año que todos los soldados muertos en Irak y Afganistán combinados desde que iniciaron esas guerras, reportó hace unos meses el columnista Nicholas Kristof del New York Times; esto es, más de 6 mil 500 cada año. Por cada soldado muerto en los campos de batalla este año, aproximadamente 25 veteranos se suicidan. Los veteranos se suicidan a un ritmo promedio de uno cada 80 minutos.
Casi una de cuatro personas sin techo en el país es veterano militar y casi un tercio de los hombres sin techo son veteranos, según la Coalición Nacional para Veteranos sin Techo. La Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal calculó en 2011 que 67 mil veteranos militares estaban sin techo en cualquier noche en Estados Unidos. De éstos, 47 por ciento sirvieron en Vietnam, y 17 por ciento en la era postVietnam.
Ni hablar de los veteranos que regresan sólo para encontrar que han perdido sus casas por la crisis hipotecaria, o que al retirarse no encuentran empleo por la crisis económica. Y esto empeora con el retiro de tropas de los campos de batalla en Irak y Afganistán, al sumarse más de un millón de veteranos a la fuerza laboral en los próximos cinco años, según cálculos oficiales. La tasa de desempleo en los veteranos militares entre 20 y 24 años de edad ha registrado promedios hasta de 30 por ciento, y 12 por ciento en general, comparada con 8 por ciento en la población en general.
¿Y quién da las órdenes para crear a los veteranos? Los dos comandantes en jefe durante los últimos 12 años de guerras –George W. Bush y ahora Barack Obama– no son veteranos militares y no participaron en ninguna guerra. Como señala Aaron O’Connell, profesor en la Academia Naval de Estados Unidos y oficial de reserva de los marines, “la mayoría del discurso político sobre asuntos militares proviene de civiles, quienes son más vehementes sobre ‘apoyar a nuestras tropas’ que las propias tropas”. En un artículo publicado en el Times, señala que hay menos veteranos en el Congreso hoy día que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 4/5 de todos los legisladores federales son no veteranos.
Muchos veteranos han cuestionado las guerras y las políticas bélicas de las que fueron parte durante las últimas décadas, incluidos los Veteranos de Irak contra la Guerra (www.ivaw.org), así como sus compañeros Veteranos de Vietnam contra la Guerra, que se fundó en 1967 (www.vvaw.org) y los Veteranos por la Paz (www.veteransforpeace.org). De hecho, la creciente rebelión de veteranos en Vietnam fue parte clave del movimiento de paz hace más de 40 años, algo que sus contrapartes intentan hacer hoy día. Cada vez más desean festejar un día en el cual ya no haya veteranos de guerra.
Desfiles, banderas, himnos, medallas, conciertos, reconocimientos en espectáculos deportivos, elogios y homenajes a los que se sacrificaron para defender la libertad decoran el panorama estadunidense para festejar el Día de los Veteranos, aquellos jóvenes que los políticos escondidos detrás de sus escritorios enviaron a matar a otros jóvenes en grandes batallas y guerras que han marcado de manera incesante la historia de este país imprescindible para el mundo, como suele decir el comandante en jefe recién relecto.
Pero detrás del festejo, los ritos y los honores, está el rostro de los veteranos de guerra, casi siempre de clases populares, que han regresado a un país cada vez más cansado de guerras y que en su gran mayoría ni se fija ya en esos conflictos, ofreciéndoles una bienvenida poco entusiasta con menos empleo y sin remedio para sus heridas tanto abiertas como ocultas. El presupuesto de defensa de Estados Unidos es de más de 700 mil millones de dólares al año, lo que representa algo así como la mitad del gasto militar mundial, pero para demasiados veteranos el costo es incalculable, hasta inaguantable.
Los veteranos de ese poder militar supremo hoy día suman 21 millones 500 mil (cifras de 2011, las más recientes del censo de Estados Unidos), un millón 600 mil mujeres, 2 millones 300 mil afroestadunidenses, un millón 200 mil latinos. Los veteranos vivos de los tiempos de la guerra de Vietnam suman 7 millones 500 mil (no todos fueron a la guerra, pero sirvieron en las filas armadas en esa época); un millón 800 mil son de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 2 millones 400 mil de la guerra en Corea y sólo 5 millones 400 mil son veteranos de tiempos de paz.
Los más recientes son los que estaban en el servicio militar en el periodo de las largas guerras del Golfo y Afganistán (de 1990 a 2012), que suman más de 5 millones; dos y medio millones de ellos participaron en las guerras de Irak y Afganistán.
Pero estas estadísticas no cuentan todo el cuento.
Según una investigación de la Alianza para la Política sobre Drogas, aproximadamente 30 por ciento de los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán reportan síntomas de estrés postraumático, daños traumáticos al cerebro, depresión, enfermedad mental o algún tipo de discapacidad cognitiva. Si no obtienen tratamiento, estas condiciones contribuyen al abuso y adicción de drogas, y con ello están más expuestos a ser víctimas de la guerra más larga del país: la guerra contra las drogas.
Para Daniel Robelo, coordinador de investigaciones de esa organización, los integrantes del servicio militar han tenido que pagar un alto precio durante la última década de guerra, y los militares les han recetado cualquier droga que necesiten para que sigan luchando, pero el cuento es diferente cuando regresan a casa. Arrestamos a muchos veteranos por cuestiones de drogas, los encarcelamos durante demasiado tiempo y los dejamos con fichas criminales que les hacen casi imposible conseguir empleo, vivienda, educación y otros servicios, creando frecuentemente un círculo vicioso de adicción y encarcelamiento.
Por otro lado, más veteranos militares se suicidan cada año que todos los soldados muertos en Irak y Afganistán combinados desde que iniciaron esas guerras, reportó hace unos meses el columnista Nicholas Kristof del New York Times; esto es, más de 6 mil 500 cada año. Por cada soldado muerto en los campos de batalla este año, aproximadamente 25 veteranos se suicidan. Los veteranos se suicidan a un ritmo promedio de uno cada 80 minutos.
Casi una de cuatro personas sin techo en el país es veterano militar y casi un tercio de los hombres sin techo son veteranos, según la Coalición Nacional para Veteranos sin Techo. La Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal calculó en 2011 que 67 mil veteranos militares estaban sin techo en cualquier noche en Estados Unidos. De éstos, 47 por ciento sirvieron en Vietnam, y 17 por ciento en la era postVietnam.
Ni hablar de los veteranos que regresan sólo para encontrar que han perdido sus casas por la crisis hipotecaria, o que al retirarse no encuentran empleo por la crisis económica. Y esto empeora con el retiro de tropas de los campos de batalla en Irak y Afganistán, al sumarse más de un millón de veteranos a la fuerza laboral en los próximos cinco años, según cálculos oficiales. La tasa de desempleo en los veteranos militares entre 20 y 24 años de edad ha registrado promedios hasta de 30 por ciento, y 12 por ciento en general, comparada con 8 por ciento en la población en general.
¿Y quién da las órdenes para crear a los veteranos? Los dos comandantes en jefe durante los últimos 12 años de guerras –George W. Bush y ahora Barack Obama– no son veteranos militares y no participaron en ninguna guerra. Como señala Aaron O’Connell, profesor en la Academia Naval de Estados Unidos y oficial de reserva de los marines, “la mayoría del discurso político sobre asuntos militares proviene de civiles, quienes son más vehementes sobre ‘apoyar a nuestras tropas’ que las propias tropas”. En un artículo publicado en el Times, señala que hay menos veteranos en el Congreso hoy día que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 4/5 de todos los legisladores federales son no veteranos.
Muchos veteranos han cuestionado las guerras y las políticas bélicas de las que fueron parte durante las últimas décadas, incluidos los Veteranos de Irak contra la Guerra (www.ivaw.org), así como sus compañeros Veteranos de Vietnam contra la Guerra, que se fundó en 1967 (www.vvaw.org) y los Veteranos por la Paz (www.veteransforpeace.org). De hecho, la creciente rebelión de veteranos en Vietnam fue parte clave del movimiento de paz hace más de 40 años, algo que sus contrapartes intentan hacer hoy día. Cada vez más desean festejar un día en el cual ya no haya veteranos de guerra.
Primer ministro de Qatar participa en un complot con Israel para atentar contra el presidente sirio, Bashar Al Assad
10 de Noviembre.- El diario libanés Al Dyar denunció que el primer ministro de Qatar, jeque Hamad Bin Yasem Al Thani, participa en un complot para atentar contra el presidente sirio, Bashar Al Assad.
El periódico reveló que miembros de la agencia de inteligencia israelí, Mossad, se reunieron con autoridades qataríes para impulsar este plan, informó HispanTV.
Yasem Al Thani prometió suministrar gas y gasolina gratis durante dos años al régimen de Israel, a cambio de atentar contra el mandatario sirio.
Qatar, junto a las monarquías del Golfo Pérsico y Turquía, han sido denunciados en reiteradas oportunidades por financiar a los grupos mercenarios que operan en Siria.
http://www.aporrea.org/internacionales/n217940.html
El periódico reveló que miembros de la agencia de inteligencia israelí, Mossad, se reunieron con autoridades qataríes para impulsar este plan, informó HispanTV.
Yasem Al Thani prometió suministrar gas y gasolina gratis durante dos años al régimen de Israel, a cambio de atentar contra el mandatario sirio.
Qatar, junto a las monarquías del Golfo Pérsico y Turquía, han sido denunciados en reiteradas oportunidades por financiar a los grupos mercenarios que operan en Siria.
http://www.aporrea.org/internacionales/n217940.html
La Inconstitucional barbarie de Laura Chinchilla
José Solano
Equipo Crítica
Lo ocurrido este 8 de noviembre por parte del gobierno de Laura Chinchilla no tiene nada que envidiarle a las políticas fascistas de Europa y América Latina del siglo pasado. La política de la mano dura en contra de los defensores de la Patria nunca se había manifestado tan retorcida y aberrante como en esta ocasión en la que, hombres y mujeres de todas las edades, fueron atropellados, vapuleados y vejados. Lo ocurrido ayer no es el acabose, sino una práctica recurrente del gobierno de Chinchilla que se inauguró el mismo día de su mandato con los ya conocidos actos de violencia policiaca.
La Constitución Política establece, en sus artículos 26, 28 y 29, que todos tienen derecho a reunirse para discutir los asuntos políticos y que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, esto se hace en el tanto no se transgreda la ley, la cual fija las excepciones pertinentes. Así mismo, el artículo 37 establece que nadie podrá ser detenido sin justificación previa. Lo acontecido el 8 de noviembre viola claramente estos cuatro artículos constitucionales de una manera flagrante y descarada.
Más lamentable y bochornoso es que la misma Convención Americana de Derechos Humanos sea pisoteada en el mismo lugar que fue pactada, específicamente el artículo 5, incisos 1 y 2 sobre el respeto a la integridad física; artículo 7, incisos 2 y 3 sobre la privación arbitraria de la libertad; artículo 8 sobre las garantías judiciales y el artículo 13, inciso 1 sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, todo lo anterior que aparece estipulado en la Carta Magna y en el Pacto de San José fue una contravención a los Derechos Humanos, pero esto no es más que la consecuencia directa de las políticas de corte fascista del gobierno de Chinchilla.
¿El alegato de las autoridades? La libertad de tránsito. Sin embargo, como por todos es sabido, la Sala Constitucional, en un fallo del 14 de abril del año 2000, señaló que “el Estado tiene la potestad de hacer uso de la fuerza legítima para garantizar la libertad de tránsito de las personas, pero la defensa de ésta libertad no puede ser ilimitada, a tal punto que restrinja la libertad personal y la libertad de expresión que el Derecho de la Constitución garantiza a favor de todos los habitantes de la República.”, y continúa la misma resolución que “durante las manifestaciones populares es factible que el ejercicio de la libertad de expresión de unos limite el ejercicio de la libertad de tránsito de otros, el Estado –a través de los órganos y autoridades competentes para hacer uso de la fuerza pública- debe analizar el contenido mínimo esencial de ambos derechos, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar de su contenido esencial a ninguna”. (Voto 3020-2000)
Siguiendo las líneas anteriores, lo que queda demostrado es que las autoridades represivas, comandadas por la mandataria, quebrantaron el orden constitucional y una tajante directriz de la Sala competente. Esto es una manifestación autoritaria de los gobiernos neoliberales enclenques que temen al empoderamiento y a la toma de conciencia popular. Pero este recurso de la “violación a la libertad de tránsito” es una artimaña muy utilizada por los medios de comunicación, fieles acólitos del sistema de opresión. Mas, ¿por qué no aparece dicha resolución en las desinformaciones ofrecidas por estos medios? Fácil, para seguir manteniendo manso el rebaño.
Pero esta resolución finaliza con un punto fundamental que alivia las presiones de los derechos tutelados, y es que la autoridad “deberá garantizar la libertad de tránsito de las personas, organizando salidas alternas, levantando obstáculos en las vías, pero jamás dispersando mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de personas que se encuentren manifestando su opinión en forma pacífica”. (Voto 3020-2000)
¿Qué pasó entonces este 8 de noviembre? La más completa improvisación, el irrespeto, la irresponsabilidad y una barbarie que solo puede ser comparable con añejos y retorcidos gobiernos autoritarios que han asolado a Nuestra América en décadas pasadas. Pero nada sorprende, esa es la tónica de los gobiernos débiles que agreden a los más vulnerables del pueblo y que no tienen las agallas de acometer en contra de los verdaderos delincuentes de la nación. Y estos medios complacientes e hipócritas que se suman al juego con su verborrea sediciosa y fascista, colaborando con la estupidización, la deslegitimación y la satanización de la manifestación y del mismo Derecho Constitucional. El país pues, vive una silenciosa dictadura que ha sabido utilizar muy bien sus aparatos ideológicos y represivos.
La violencia ocurrida fue producto de unas autoridades despóticas y carniceras que ni siquiera tienen el básico conocimiento de la ley, donde lo que pareciera demostrar es que su nombramiento salió de una caja de cereal con forma de argollitas y su preparación de cierta y tristemente célebre escuela, famosa por su formación de asesinos militares. Lo acontecido pudo ser evitado, pero ese no era el plan. Los medios ya empiezan a decantar su anhelo de un sistema político abiertamente autoritario (según la última encuesta de La Nación, principal medio del “despotismo deslustrado”).
No hubo la más mínima preparación para un grupo de familias con niños, jóvenes y ancianos que marcharon por la defensa de la Caja, el último baluarte de la paz social. Paz que ya empezó a desmoronarse con los actos delictivos cometidos por el gobierno y su Fuerza Pública en contra del pueblo comprometido, pues lo que jamás hubo fueron salidas alternas para los bloqueos que hicieron los mismos antimotines, donde más bien sobró el maltrato físico y las detenciones ilegítimas.
Esto que culminó el 8 de noviembre, un día después de la tan cacareada celebración de la “Democracia Costarricense”, es el clímax de una patología que se inició el mismo 8 de mayo de 2010, momento de la toma de posesión de Laura Chinchilla y que estuvo bañado por la violencia desenfrenada de la Fuerza Pública, amparada y solapada por la recién ingresada mandataria. Esto solo demuestra que el comienzo de esta administración señaló proféticamente su propio desgaste político. Pero esta costumbre represiva es un síntoma más del sistema político y democrático liberal que está en crisis y de un sistema mundo en decadencia.
Parece que poco a poco el fantasma empieza a deambular estas tierras. Es la hora de los desesperados, es la hora de actuar, porque en esta zona tropical, una primavera quiere florear.
Fuente: http://www.equipocritica.org/reflexion-editorial/
Equipo Crítica
Lo ocurrido este 8 de noviembre por parte del gobierno de Laura Chinchilla no tiene nada que envidiarle a las políticas fascistas de Europa y América Latina del siglo pasado. La política de la mano dura en contra de los defensores de la Patria nunca se había manifestado tan retorcida y aberrante como en esta ocasión en la que, hombres y mujeres de todas las edades, fueron atropellados, vapuleados y vejados. Lo ocurrido ayer no es el acabose, sino una práctica recurrente del gobierno de Chinchilla que se inauguró el mismo día de su mandato con los ya conocidos actos de violencia policiaca.
La Constitución Política establece, en sus artículos 26, 28 y 29, que todos tienen derecho a reunirse para discutir los asuntos políticos y que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, esto se hace en el tanto no se transgreda la ley, la cual fija las excepciones pertinentes. Así mismo, el artículo 37 establece que nadie podrá ser detenido sin justificación previa. Lo acontecido el 8 de noviembre viola claramente estos cuatro artículos constitucionales de una manera flagrante y descarada.
Más lamentable y bochornoso es que la misma Convención Americana de Derechos Humanos sea pisoteada en el mismo lugar que fue pactada, específicamente el artículo 5, incisos 1 y 2 sobre el respeto a la integridad física; artículo 7, incisos 2 y 3 sobre la privación arbitraria de la libertad; artículo 8 sobre las garantías judiciales y el artículo 13, inciso 1 sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, todo lo anterior que aparece estipulado en la Carta Magna y en el Pacto de San José fue una contravención a los Derechos Humanos, pero esto no es más que la consecuencia directa de las políticas de corte fascista del gobierno de Chinchilla.
¿El alegato de las autoridades? La libertad de tránsito. Sin embargo, como por todos es sabido, la Sala Constitucional, en un fallo del 14 de abril del año 2000, señaló que “el Estado tiene la potestad de hacer uso de la fuerza legítima para garantizar la libertad de tránsito de las personas, pero la defensa de ésta libertad no puede ser ilimitada, a tal punto que restrinja la libertad personal y la libertad de expresión que el Derecho de la Constitución garantiza a favor de todos los habitantes de la República.”, y continúa la misma resolución que “durante las manifestaciones populares es factible que el ejercicio de la libertad de expresión de unos limite el ejercicio de la libertad de tránsito de otros, el Estado –a través de los órganos y autoridades competentes para hacer uso de la fuerza pública- debe analizar el contenido mínimo esencial de ambos derechos, con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar de su contenido esencial a ninguna”. (Voto 3020-2000)
Siguiendo las líneas anteriores, lo que queda demostrado es que las autoridades represivas, comandadas por la mandataria, quebrantaron el orden constitucional y una tajante directriz de la Sala competente. Esto es una manifestación autoritaria de los gobiernos neoliberales enclenques que temen al empoderamiento y a la toma de conciencia popular. Pero este recurso de la “violación a la libertad de tránsito” es una artimaña muy utilizada por los medios de comunicación, fieles acólitos del sistema de opresión. Mas, ¿por qué no aparece dicha resolución en las desinformaciones ofrecidas por estos medios? Fácil, para seguir manteniendo manso el rebaño.
Pero esta resolución finaliza con un punto fundamental que alivia las presiones de los derechos tutelados, y es que la autoridad “deberá garantizar la libertad de tránsito de las personas, organizando salidas alternas, levantando obstáculos en las vías, pero jamás dispersando mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de personas que se encuentren manifestando su opinión en forma pacífica”. (Voto 3020-2000)
¿Qué pasó entonces este 8 de noviembre? La más completa improvisación, el irrespeto, la irresponsabilidad y una barbarie que solo puede ser comparable con añejos y retorcidos gobiernos autoritarios que han asolado a Nuestra América en décadas pasadas. Pero nada sorprende, esa es la tónica de los gobiernos débiles que agreden a los más vulnerables del pueblo y que no tienen las agallas de acometer en contra de los verdaderos delincuentes de la nación. Y estos medios complacientes e hipócritas que se suman al juego con su verborrea sediciosa y fascista, colaborando con la estupidización, la deslegitimación y la satanización de la manifestación y del mismo Derecho Constitucional. El país pues, vive una silenciosa dictadura que ha sabido utilizar muy bien sus aparatos ideológicos y represivos.
La violencia ocurrida fue producto de unas autoridades despóticas y carniceras que ni siquiera tienen el básico conocimiento de la ley, donde lo que pareciera demostrar es que su nombramiento salió de una caja de cereal con forma de argollitas y su preparación de cierta y tristemente célebre escuela, famosa por su formación de asesinos militares. Lo acontecido pudo ser evitado, pero ese no era el plan. Los medios ya empiezan a decantar su anhelo de un sistema político abiertamente autoritario (según la última encuesta de La Nación, principal medio del “despotismo deslustrado”).
No hubo la más mínima preparación para un grupo de familias con niños, jóvenes y ancianos que marcharon por la defensa de la Caja, el último baluarte de la paz social. Paz que ya empezó a desmoronarse con los actos delictivos cometidos por el gobierno y su Fuerza Pública en contra del pueblo comprometido, pues lo que jamás hubo fueron salidas alternas para los bloqueos que hicieron los mismos antimotines, donde más bien sobró el maltrato físico y las detenciones ilegítimas.
Esto que culminó el 8 de noviembre, un día después de la tan cacareada celebración de la “Democracia Costarricense”, es el clímax de una patología que se inició el mismo 8 de mayo de 2010, momento de la toma de posesión de Laura Chinchilla y que estuvo bañado por la violencia desenfrenada de la Fuerza Pública, amparada y solapada por la recién ingresada mandataria. Esto solo demuestra que el comienzo de esta administración señaló proféticamente su propio desgaste político. Pero esta costumbre represiva es un síntoma más del sistema político y democrático liberal que está en crisis y de un sistema mundo en decadencia.
Parece que poco a poco el fantasma empieza a deambular estas tierras. Es la hora de los desesperados, es la hora de actuar, porque en esta zona tropical, una primavera quiere florear.
Fuente: http://www.equipocritica.org/reflexion-editorial/
Rajoy, está usted matando a gente
Juan Torres López
Rebelión
En nuestro libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero Vicenç Navarro y yo presentamos los datos que muestran que las políticas de ajuste como las que está aplicando el gobierno de Rajoy matan a la gente.
No se trata de una afirmación retórica, ni mucho menos: cuando se recortan los gastos en sanidad miles de personas que necesitan atención médica dejan de tenerla, o la tienen en peores condiciones y terminan muriendo antes. Igual le ocurre a otras que son dependientes y que dejan de tener la asistencia que necesitan para sobrevivir. Y cientos de personas se desesperan cuando pierden sus casas, cuando se quedan sin ingreso alguno para salir adelante, cuando ven que los bancos destrozan a sus familias o que no pueden alimentar a sus hijos, y se suicidan. Esto último es lo que le viene sucediendo a una media de tres personas diarias en los últimos años de crisis.
En todos los países en donde se han aplicado recortes en salud, dependencia, pensiones o incluso en educación como los que realiza Rajoy ha pasado lo mismo, y eso es lo que ya ocurre y seguirá ocurriendo en España mientras el gobierno se empeñe en recortar los recursos que se necesitan para sostener adecuadamente los servicios públicos esenciales. España no va a ser una excepción sino que se sumará a la ya larga lista de países en donde las políticas de ajuste neoliberal han matado a miles de personas. Hablemos claro, en España se está produciendo ya el mismo tipo de actuación política que se ha dado en otros lugares y que, aunque no esté reconocida aún como tal, es un auténtico crimen económico contra la humanidad. Al igual que ha pasado a lo largo de la historia con otros crímenes de este tipo, el hecho de que aún no esté reconocido formalmente no significa que no se esté produciendo, y aunque ese reconocimiento tarde más o menos tiempo en llegar, nadie debería ser tan ingenuo como para pensar que los pueblos no van a ser capaces de castigarlo como tal en el futuro.
Cometen el crimen los especuladores que elevan artificialmente los intereses obligando a los Estados a asumir una deuda innecesario que desestabiliza sus economías y los arruina. También los organismos que imponen los recortes sin justificación, porque la experiencia y los datos muestran que ningún país ha salido adelante mejor o superado las crisis recortando servicios de bienestar, sino que así solo se ha conseguido abrir a la puerta a los negocios privados que los encarecen y dejan excluidos de su disfrute a millones de personas. Por supuesto, también los banqueros que han provocado una crisis y ahora utilizan todo su poder para echar sus costes sobre las espaldas de los demás. Y son criminales contra la humanidad los gobiernos que permiten hacer eso y dejan indefensos a sus ciudadanos y que, para satisfacer a los poderosos, les niegan y recortan derechos que sus propias constituciones reconocen como fundamentales para la estabilidad, la paz social y para la vida misma.
La evidencia indica claramente que la deuda es simplemente el resultado de una estrategia perfecta y artificialmente urdida que constituye el negocio de la banca, que en Europa no habría apenas problema de deuda soberana de no haberse prohibido que los bancos centrales financiasen a los Estados, para así beneficiar a los bancos privados pagándoles intereses multimillonarios, e incluso que para reducirla no sirven los recortes que llevan a cabo los gobiernos europeos, porque terminan provocando menos ingresos totales y también del Estado. Lo que revela claramente que si se reducen gastos en servicios públicos y se reducen derechos no es, como se dice, porque quieran acabar con la deuda (que sería como decir que los bancos quieren acabar con su propio negocio), sino porque tratan de abrir más espacios al gran capital privado a costa, como he dicho, de matar a la gente que deja de disfrutarlos.
Estamos de acuerdo en que los gobernantes que toman estas medidas, como Rajoy, no matan materialmente pero eso no quiere decir que no sean responsables directos de las muertes que producen sus políticas. Cierto que no son ellos los que empujan a quienes se suicidan tirándose de la ventana cuando los bancos los echan de sus casas, que no cierran personalmente las consultas o que no quitan de las manos de los enfermos la medicación que necesitan. Pero dictan las leyes que hace que eso ocurra y que condena a la mucha gente a morir innecesariamente. Y por eso son criminales que deberían ser juzgados y condenados si es que en el mundo y en nuestro país hubiera un poco de justicia.
No hay derecho a que la gente más humilde tenga que soportar tanto daño y sufrimiento mientras que los gobiernos no paran de darle dinero, apoyo y escondite a los banqueros delincuentes (¿a cuántos delincuentes corruptos ha indultado ya el gobierno de Rajoy?) mediante leyes totalmente contrarias a las que habían prometido aplicar cuando se presentaron a las elecciones.
No hay derecho a cometer y perdonar este tipo de crimen con impunidad. Rajoy y sus ministros tienen que saberlo y hemos de decírselo a la cara bien claro: son responsables directos de que la gente esté sufriendo y muriendo. Firman leyes a favor de los bancos con las manos manchadas de sangre. Esa es la pura verdad y deberíamos impedir cuanto antes que sigan haciendo estas barbaridades que vienen cometiendo.
Y esto es lo que nos espera a los mexicanos con EPN.
Rebelión
En nuestro libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero Vicenç Navarro y yo presentamos los datos que muestran que las políticas de ajuste como las que está aplicando el gobierno de Rajoy matan a la gente.
No se trata de una afirmación retórica, ni mucho menos: cuando se recortan los gastos en sanidad miles de personas que necesitan atención médica dejan de tenerla, o la tienen en peores condiciones y terminan muriendo antes. Igual le ocurre a otras que son dependientes y que dejan de tener la asistencia que necesitan para sobrevivir. Y cientos de personas se desesperan cuando pierden sus casas, cuando se quedan sin ingreso alguno para salir adelante, cuando ven que los bancos destrozan a sus familias o que no pueden alimentar a sus hijos, y se suicidan. Esto último es lo que le viene sucediendo a una media de tres personas diarias en los últimos años de crisis.
En todos los países en donde se han aplicado recortes en salud, dependencia, pensiones o incluso en educación como los que realiza Rajoy ha pasado lo mismo, y eso es lo que ya ocurre y seguirá ocurriendo en España mientras el gobierno se empeñe en recortar los recursos que se necesitan para sostener adecuadamente los servicios públicos esenciales. España no va a ser una excepción sino que se sumará a la ya larga lista de países en donde las políticas de ajuste neoliberal han matado a miles de personas. Hablemos claro, en España se está produciendo ya el mismo tipo de actuación política que se ha dado en otros lugares y que, aunque no esté reconocida aún como tal, es un auténtico crimen económico contra la humanidad. Al igual que ha pasado a lo largo de la historia con otros crímenes de este tipo, el hecho de que aún no esté reconocido formalmente no significa que no se esté produciendo, y aunque ese reconocimiento tarde más o menos tiempo en llegar, nadie debería ser tan ingenuo como para pensar que los pueblos no van a ser capaces de castigarlo como tal en el futuro.
Cometen el crimen los especuladores que elevan artificialmente los intereses obligando a los Estados a asumir una deuda innecesario que desestabiliza sus economías y los arruina. También los organismos que imponen los recortes sin justificación, porque la experiencia y los datos muestran que ningún país ha salido adelante mejor o superado las crisis recortando servicios de bienestar, sino que así solo se ha conseguido abrir a la puerta a los negocios privados que los encarecen y dejan excluidos de su disfrute a millones de personas. Por supuesto, también los banqueros que han provocado una crisis y ahora utilizan todo su poder para echar sus costes sobre las espaldas de los demás. Y son criminales contra la humanidad los gobiernos que permiten hacer eso y dejan indefensos a sus ciudadanos y que, para satisfacer a los poderosos, les niegan y recortan derechos que sus propias constituciones reconocen como fundamentales para la estabilidad, la paz social y para la vida misma.
La evidencia indica claramente que la deuda es simplemente el resultado de una estrategia perfecta y artificialmente urdida que constituye el negocio de la banca, que en Europa no habría apenas problema de deuda soberana de no haberse prohibido que los bancos centrales financiasen a los Estados, para así beneficiar a los bancos privados pagándoles intereses multimillonarios, e incluso que para reducirla no sirven los recortes que llevan a cabo los gobiernos europeos, porque terminan provocando menos ingresos totales y también del Estado. Lo que revela claramente que si se reducen gastos en servicios públicos y se reducen derechos no es, como se dice, porque quieran acabar con la deuda (que sería como decir que los bancos quieren acabar con su propio negocio), sino porque tratan de abrir más espacios al gran capital privado a costa, como he dicho, de matar a la gente que deja de disfrutarlos.
Estamos de acuerdo en que los gobernantes que toman estas medidas, como Rajoy, no matan materialmente pero eso no quiere decir que no sean responsables directos de las muertes que producen sus políticas. Cierto que no son ellos los que empujan a quienes se suicidan tirándose de la ventana cuando los bancos los echan de sus casas, que no cierran personalmente las consultas o que no quitan de las manos de los enfermos la medicación que necesitan. Pero dictan las leyes que hace que eso ocurra y que condena a la mucha gente a morir innecesariamente. Y por eso son criminales que deberían ser juzgados y condenados si es que en el mundo y en nuestro país hubiera un poco de justicia.
No hay derecho a que la gente más humilde tenga que soportar tanto daño y sufrimiento mientras que los gobiernos no paran de darle dinero, apoyo y escondite a los banqueros delincuentes (¿a cuántos delincuentes corruptos ha indultado ya el gobierno de Rajoy?) mediante leyes totalmente contrarias a las que habían prometido aplicar cuando se presentaron a las elecciones.
No hay derecho a cometer y perdonar este tipo de crimen con impunidad. Rajoy y sus ministros tienen que saberlo y hemos de decírselo a la cara bien claro: son responsables directos de que la gente esté sufriendo y muriendo. Firman leyes a favor de los bancos con las manos manchadas de sangre. Esa es la pura verdad y deberíamos impedir cuanto antes que sigan haciendo estas barbaridades que vienen cometiendo.
Y esto es lo que nos espera a los mexicanos con EPN.
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