La iniciativa

Luis Javier Garrido

La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.

1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta guerra dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.

2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer constitucional la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer legal la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, legalizar de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.

3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.

4. En los tres periodos de nuestra historia independiente en que la extrema derecha ha pretendido gobernar a México, y que han sido desastrosos para los mexicanos por su fanatismo depredador, los rasgos han sido los mismos. Al igual que en la primera república centralista (1836-1842) y que en la segunda (1843-1845), en la actual alternancia panista (2000-2011) el desprecio a la legalidad que evidencia un gobierno sustentado en los poderes eclesiástico y castrense y en las clases privilegiadas es absoluto.

5. Un proyecto tan descabellado como el que de Los Pinos se envió al Congreso, que trastoca por completo el orden constitucional y contraviene el marco legal internacional en materia de derechos humanos, se entendió desde hace meses que no iba a ser aprobado por las cámaras y que era sólo una moneda de negociación del gobierno panista para seguir abriendo, mediante una que otra contrarreforma, la vía a la entrega del país mediante el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y la legalización de las acciones bárbaras de las fuerzas armadas. Pero la información publicada por La Jornada el miércoles 20 y el jueves 21, en el sentido de que un sector de priístas y algunos perredistas están actuando ya en subordinación al panismo para intentar dar un albazo el lunes 25, aprobando buena parte de las exigencias calderonianas, ha alarmado a amplios sectores.

6. El móvil fundamental de esta estrategia de endurecimiento de las políticas oficiales está a la vista y no puede esconderse. La extrema derecha mexicana ha llevado hasta sus extremos su ambición de mantenerse en el poder para satisfacer una serie de intereses privados y no le preocupa destruir el precario estado de derecho ante los que entiende como riesgos para sus objetivos transexenales, el principal de los cuales es el descontento manifiesto de la administración Obama ante la forma en que se han implementado las políticas de militarización en función de la Iniciativa Mérida.

7. La iniciativa de Calderón sobre seguridad obedece a la ideología ultraconservadora del régimen, a los indicadores económicos que evidencian una agravación de la crisis generada por las políticas neoliberales, a la demanda de un sector de militares embravecidos por las críticas a su actuación, al miedo sicopatológico de los funcionarios panistas al pueblo y, desde luego, a la sique alterada de quienes están ejerciendo los cargos de responsabilidad estatal ante el escenario del 2012, pero sobre todo a las exigencias estadunidenses, que se manifiestan en los continuos señalamientos del fracaso de la instrumentación que han hecho los panistas de “la guerra contra el narco”, y de la ineptitud y corrupción de las fuerzas armadas mexicanas para cumplir tareas policiales.

8. La propuesta de modificaciones constitucionales y legales de Calderón no va a ser aprobada tal cual, desde luego, pero de no ser detenida y enviada a la congeladora por un grupo de legisladores conscientes, aquello que se apruebe de la iniciativa original, por muy poco que sea, va a ser desastroso para el país; de ahí la alerta en la sociedad.

9. El aspecto más grave de las políticas de militarización desbocada del territorio nacional no ha sido que éstas se lleven a cabo coartando de manera flagrante los derechos de los mexicanos y trasgrediendo principios centrales del marco constitucional, sino que esto haya sido posible por la corrupción de los legisladores, que no cumplieron con su función de frenar los desvaríos irracionales de un Ejecutivo al margen de la legalidad y, sobre todo, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no han cumplido con el mandato de ser garantes de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y son corresponsables de que México se halle hundido en la ilegalidad y en la barbarie.

10. El único freno posible a la irracionalidad de la clase política tiene que ser así, una vez más, el pueblo organizado, que una y otra vez le espete al gobierno de Felipe Calderón y a sus políticas de violencia un enérgico: ¡Ya basta!

Calderón: sólo le faltan los dientes

Reforma legal, riesgo para protestas sociales y políticas

• Si se consideran una "amenaza" las fuerzas armadas podrán intervenir
• Militares, marinos y el Cisen intervendrán comunicaciones
• Circulación restringida de vehículos y mercancias, otro punto a discusión

El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de "movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo", cuando considere que "constituyan un desafío o amenaza" a la seguridad interior.

El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con "cualquier herramienta que resulte necesaria", pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.

Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, "puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección".

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• De aprobarse la reforma sería como un golpe de Estado con la ley en mano, dicen

Rechazan senadores más militarización

Legisladores de PRI y PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados.

El priísta Francisco Labastida recordó que en el Senado les llevó más de un año aprobar la minuta que ahora se discute en San Lázaro, y resaltó que no debe darse por aprobado un proyecto que aún no se discute siquiera en comisiones.

Recalcó que en el eventual caso de que el dictamen se aprobara en esos términos, es muy difícil que lo avale el Senado. Destacó que en la mayoría de los países la utilización del Ejército requiere del refrendo del Poder Legislativo.

"Si se aprobara, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano", advirtió el perredista Tomás Torres. Indicó que la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Xicoténcatl –el 27 de abril de 2010– eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado.

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• Se firmaron 22 contratos por 25 años cada uno para comprar energía a empresas privadas

En 2010 la CFE pagó 15 mil mdd a extranjeros por electricidad

• Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, Intergen y TransAlta, beneficiarias de los compromisos
• La empresa compró caro y vendió barato el gas para la operación de centrales privadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprometió en 2010 el pago de unos 15 mil millones de dólares a empresas extranjeras para garantizar el suministro de electricidad que la paraestatal compra a los productores independientes de energía, revelan informes oficiales.

Al concluir 2010, último año de gestión de Alfredo Elías Ayub al frente de la CFE, se tienen establecidos 22 contratos por 25 años cada uno, para la compra de energía eléctrica a las empresas privadas. Entre las firmas beneficiadas por este esquema destacan Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, Intergen y TransAlta.

Además, la CFE compró caro y vendió barato el gas para la operación de las centrales privadas. Durante el año pasado pagó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a otros proveedores 18 mil 112 millones 409 mil pesos para el suministro de gas a las plantas privadas, y recuperó de los productores externos de energía 18 mil 104 millones 85 mil pesos, lo que representó un descuento a los productores independientes de 8 millones 324 mil pesos.

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• El Ejecutivo la solicitará si considera que esos hechos son un obstáculo a la seguridad interior

Intervención militar ante bloqueos vehiculares o actos contra embajadas

Así lo marca el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que está sujeto a aprobación

El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional prevé la intervención militar cuando, a evaluación del Ejecutivo y del Consejo de Seguridad Nacional, algún atentado contra representaciones diplomáticas y su personal o a organismos internacionales se considere un "obstáculo a la seguridad interior".

En el sexenio de Felipe Calderón han sido asesinados o heridos sólo algunos agentes de oficinas de seguridad de Estados Unidos, y se han cometido agresiones con explosivos únicamente contra consulados de ese país en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León.

Entre éstos, en 2008 fue arrojada una granada al consulado de Estados Unidos en Monterrey; el 11 de abril de 2010 se detonaron explosivos en la representación de Nuevo Laredo; el 13 de marzo del mismo año fue asesinada una empleada estadunidense del consulado en Ciudad Juárez; en ese hecho también murieron su esposo, de la misma nacionalidad, y el marido de otra trabajadora de la misma oficina. Asimismo, el 15 de febrero fue asesinado en San Luis Potosí el agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Jaime Zapata, y su compañero Víctor Ávila resultó herido.

Nuevo artículo

Los diputados de PRI y PAN que revisan la minuta del Senado incluyeron un nuevo artículo 5 con 21 fracciones para definir una lista de acciones ilegales que se considerarían "obstáculo a la seguridad interior" y, en ese sentido, requerir operativos del Ejército o la Marina.

La relación de "obstáculos" que el proyecto plantea deben ser declarados son los siguientes:

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Inconstitucionales, las modificaciones a la minuta de ley de seguridad: Gómez

El cambio que pretenden realizar en San Lázaro es una regresión muy grave, advierte el legislador

El Senado de la República debe resistir y rechazar las modificaciones "inconstitucionales" a la minuta de Ley de Seguridad Nacional que se proponen en el proyecto de dictamen elaborado por los diputados, advirtió el perredista Pablo Gómez.

El legislador fue el autor de la disposición que prohíbe al Presidente de la República utilizar al Ejército para reprimir movimientos sociales, laborales y electorales, misma que quedó asentada en el artículo 65 de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el Senado el 27 de abril de 2010. Por ello, en entrevista, consideró que el cambio en contra que pretenden los diputados es una regresión muy grave.

En el Senado, recalcó, se aprobó una ley que da certeza al Ejército en su participación en el combate al crimen organizado, pero protege al mismo tiempo los derechos humanos de los ciudadanos. "Como legisladores tenemos que defender las libertades públicas, no podemos hacer leyes contrarias a lo que establece la Constitución o vayan en contra del ejercicio de las libertades de las personas."

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No se busca velar por las garantías de la gente, sino las del gobierno: ONG

El dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que se discute en la Cámara de Diputados "es regresivo, se quiere volver a un Estado autoritario. No se busca dar seguridad a los ciudadanos, sino al Estado", consideraron ayer varias organizaciones no gubernamentales (ONG).

En entrevistas por separado, dirigentes y representantes de organizaciones civiles coincidieron en que el contenido de este dictamen "es gravísimo y representa un retroceso; es una posición firme para criminalizar la protesta social; quieren legalizar el Estado policiaco y militar de Felipe Calderón".

Silvano Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que esta iniciativa "es una propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los generales cabildearon con los diputados para que les aprobaran lo que rechazó el Senado".

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• Vergonzoso que el Presidente señale a delincuentes como responsables de masacres: sacerdote

Los migrantes son blanco del gobierno y de narcotraficantes, dice activista de AI

• Pide el religioso a Felipe Calderón reconocer el fracaso de su política en materia de seguridad

Arriaga, Chiapas, 21 de abril. Los migrantes están entrando en un país en guerra donde son el blanco tanto del gobierno como del narcotráfico, donde también los mexicanos son las víctimas, señaló Rubén Figueroa, defensor de Amnistía Internacional, en el contexto de la octava estación del Viacrucis que representa un grupo de centroamericanos.

El activista anunció el inicio de un fortalecido movimiento de resistencia y lucha, para evitar que el Instituto Nacional de Migración (INM) instale otras cuatro garitas en Chiapas, que colocaría a este estado con más módulos de este tipo en América Latina. "Será una lucha social de todos los migrantes de México y Latinoamérica", refirió.

El sacerdote Heiman Vázquez, responsable de la casa del migrante Hogar de la Misericordia, pidió al presidente Felipe Calderón reconocer el fracaso de su política en materia de seguridad, que ha llenado de sangre y luto miles de hogares en el país, que admita que ya no gobierna muchos estados del norte ahora fallidos.

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Sancionar a funcionarios que violen derechos de indocumentados, exigen

El presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Senado, Francisco Herrera León, demandó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración (INM) investigar y sancionar a funcionarios relacionados con hostigamiento, persecución y violación de derechos humanos de indocumentados, dado el clima de violencia que prevalece contra los extranjeros que cruzan el territorio nacional.

El legislador priísta propuso que se impartan cursos de capacitación, principalmente en materia de derechos humanos, a todos los servidores públicos adscritos a las delegaciones del INM, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, donde se da el mayor número de agresiones contra los migrantes.

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Listo, el nuevo marco legal para detectar y proteger a migrantes

El gobierno mexicano, obligado a acatar un protocolo de atención, señala
Fabiola Martínez

El gobierno federal pondrá al alcance de los migrantes víctimas de algún delito o de los solicitantes de refugio la posibilidad de ser canalizados a albergues especiales de la red nacional de atención a víctimas y recibir atención médica, sicológica y jurídica.

Además, una vez que se haya comprobado que se trata de una víctima, se le otorgarán documentos que le permitirán su estadía legal en México, en tanto se atiende su denuncia.

En el caso de víctimas de trata de personas, se deberá asegurar que éstas no sean alojadas en una estación migratoria.

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Hay corrupción en el Seguro Popular, asevera legislador

Los fondos se deben otorgar con base en servicios prestados, sugiere

En la operación del Seguro Popular existe "una corrupción tremenda". Aunque la estrategia estuvo bien concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, "se cometió el error" de dejar la administración a los gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los recursos, aseguró Ernesto Saro, presidente de la Comisión de Salud del Senado.

Ante representantes de la industria farmacéutica, asistentes al Congreso de Market Access, organizado por Eyeforpharma, el legislador señaló que para corregir las fallas del Seguro Popular, el cual se plantea como el tercer pilar de la seguridad social, se requiere una nueva reforma legal, por la cual el dinero que se envíe a las entidades sea con base en los servicios que se otorguen y ya no por el número de afiliados, indicó.

En 2011, el presupuesto para el Seguro Popular es de 65 mil millones de pesos y la mayoría debe ser utilizado directamente por los gobiernos estatales.

Dijo que es difícil calcular el monto de recursos que se pierden por la falta de transparencia, “pero puso de ejemplo las compras de medicamentos. Mientras algunas entidades adquieren un producto a un costo, en otros estados se paga varias veces más por el mismo fármaco.

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Protesta de Reporteros Sin Fronteras por deportación de periodista italiano

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifestó ayer su protesta por la deportación "de manera rápida y arbitraria" del periodista italiano Gianni Proiettis, colaborador del diario italiano Il Manifesto. Esta organización urgió al gobierno mexicano a rexaminar su decisión, que "fue tomada sin tener en cuenta los procedimientos jurídicos en vigor".

Reporteros Sin Fronteras aseveró que el periodista italiano, con residencia desde hace 18 años en México, "no habría sido notificado previamente de su obligación de abandonar el territorio ni de las razones de esta decisión. Su derecho a solicitar asistencia consular de su país o de un abogado, e informar a sus allegados no le fueron respetados, en violación de los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos, ratificados por México y contenidos en la ley mexicana de inmigración".

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Los indígenas, sin alternativas para su desarrollo autonómico

Se pronunciarán por la liberación de cinco de sus compañeros

San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de abril. En Chiapas, la inversión en ecoturismo e infraestructura, en la lógica gubernamental de desarrollo, está siendo una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida de los pueblos originarios, que pugnan desde hace años por el reconocimiento de su autonomía como pueblos, en el marco de la libre determinación, y que en la práctica ejercen en su proceso autonómico. Esto sostiene la “declaración mundial en apoyo a los indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña”, que se dará a conocer en breve.

Estos pueblos “conservan históricamente sus recursos naturales y su territorio desde un equilibrio de relación racional y humana; en esa lucha de supervivencia se encuentra la resistencia civil de las y los ejidatarios de San Sebastián, adherentes a la otra campaña en la zona de Agua Azul”.

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Astillero

• Necesariato marino y militar
• Civiles rebasados
• Durango, narcopoder
• Cártel de Sinaloa gana

Julio Hernández López

No le quedó más remedio ayer al calderonismo que echar mano de una carta poco jugada para tratar de equilibrar la balanza de opiniones respecto de la pretensión de imponer reglas de seguridad nacional que significarían dejar puertas abiertas al autoritarismo de quien ocupe Los Pinos para mover a su contentillo fuerzas armadas, tanto por disturbios públicos en general (centrada aparentemente la intención en el caso de los narcotraficantes insurrectos) como por razones claramente políticas, laborales o electorales. Ninguna voz influyente o respetable se atrevió a respaldar el clausulado con el que se pretende dar legislativamente un bono dictatorial a Felipe Calderón para que lo use cuando lo considere conveniente, así que fue necesario improvisar palabras públicas de una voz infrecuente, ni más ni menos que la correspondiente a una de las cabezas del binomio armado en cuestión, específicamente el jefe de la Marina que se ha ido convirtiendo en el cuerpo de acción preferido por informantes y operadores de Estados Unidos y por la obsecuente casa del presidencialismo fallido.

Así, a falta de otros declarantes, el secretario de Marina fue impulsado ayer a dar una "inusual" conferencia de prensa en Veracruz (el adjetivo referente a lo desacostumbrado de esa comparecencia ante periodistas lo aportó Alfredo Méndez, el enviado de La Jornada al puerto donde ayer se celebró, sin la presencia de Felipe Calderón, la defensa patria hecha 97 años atrás), en la que obviamente defendió la tesis guerrera de que soldados y marinos deben seguir en las calles, pues las autoridades "se han visto rebasadas por el poder del crimen organizado" (las autoridades estatales, dijo, eximiendo a las federales de las que forma parte: gobernadores "rebasados"; Los Pinos y sus hombres armados, relevo obligado).

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México SA

• Empleo, discurso y cuento de hadas
• Más de 8 millones en el desempleo
• Calderón: sólo le faltan los dientes

Carlos Fernández-Vega

El más reciente reporte sobre la situación del empleo y la ocupación en el país forma parte del cuento de hadas que cotidianamente se divulga desde el micrófono oficial. La realidad (eterna enemiga del régimen) es muy distinta, como lo documenta el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, institución que sintetiza así a la Presidencia del empleo: la base del programa económico calderonista es la informalidad y la precariedad del trabajo.

El CAM, en un addendum a su Reporte de investigación número 89 (Empleo y desempleo durante el desgobierno de Felipe Calderón 2006-2011), elaborado por Luis Lozano Arredondo, David Lozano Tovar, Javier Lozano Tovar y Nubia M. Conde Menchaca, advierte que “el actual gobierno federal, con diferentes pretextos, oculta y/o retrasa la publicación de los datos absolutos de su política económica –que por ley debe dar a conocer–, e intenta ocultar en el mundo de los porcentajes la realidad que vive el país”, toda vez que el desempleo real (con base en la metodología de la Organización Internacional del Trabajo) se aproxima a 15.5 por ciento de la población económicamente activa, proporción equivalente a más de 8 millones de mexicanos (contra 2.1 millones reconocidos oficialmente).

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Navegaciones

Passio Mexicana

Pedro Miguel

Ya comenzaron las penitencias y vienen las escenificaciones de la Pasión, una historia de traición, injusticia, arbitrariedad, tortura, humillación y sacrificios humanos. Si los que urdieron el acuerdo de autocensura de la Iniciativa México tuvieran una pizca de coherencia, también habrían debido recomendar a su rebaño no difundir esa salvajada: tundir, espinar y flagelar a tres pobres tipos; obligarlos a cargar, Gólgota arriba, los pesados tablones en los que luego serán clavados; escupirlos y escarmentarlos en el trayecto; dejar que se retuerzan un rato y, luego, romperles las piernas a palos o perforarles el costillar, sin omitir, claro, el meterle en la boca una esponja empapada en vinagre a ese de los tres que, agonizante, pide un poco de agua.

Uno se pregunta si la extremada violencia física y sicológica exhibida en el Viacrucis puede ser edificante para alguien; al menos, si se juzga a posteriori de más de dos mil años, y a la vista de lo que ocurre en México en este complicado 2011, no ha sido de gran utilidad para redimir, y ni siquiera para escarmentar. Gracias a la ley de la máxima ambición, a la degradación moral intrínseca al neoliberalismo y a la monumental irresponsabilidad del gobierno, el amor del cuchillo a la carne está más desatado que nunca, y los agentes de la violencia enloquecida superan en crueldad, y por mucho, a los centuriones romanos y a la chusma linchadora de Jerusalén. Eso vale para delincuentes que exterminan a sus rivales, para militares y policías que liquidan sin mayor trámite a presuntos culpables, para grupos paramilitares con dominio territorial que masacran a sujetos reducidos de súbito a la condición de esclavos, y para la perversión, el nerviosismo o la simple lógica de exterminio de cualquiera de los bandos ante simple gente que pasa por allí.

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El Correo Ilustrado

Denuncia violación a las garantías individuales

Con motivo de la celebración del 16 Congreso de la Federación Sindical Mundial, asistimos a la ciudad de Atenas, Grecia, José Luis Contreras Montes (ex presidente de la ANAD y de la ALAL), Luz María Rivera, María Guadalupe Moreno Figueroa y el suscrito, todos integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

El viaje se realizó por la aerolínea Iberia con arribo a Madrid y escala en Roma, donde descubrimos el rompimiento de candados de maletas y registro de nuestro equipaje que documentamos en el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México. Al comentar el incidente con otros integrantes de la delegación mexicana supimos que también viajando por otras líneas aéreas y con otras ciudades de llegada a Europa, pasó lo mismo. Conclusión: son las autoridades de embarque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las que hacen o permiten esta franca violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Narcotráfico: información contradictoria

El secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, porfió ayer en la perspectiva optimista que mantiene el gobierno federal de su estrategia contra el crimen organizado. A decir del almirante, las organizaciones del narcotráfico en el noroeste del país "se están desbaratando"; atribuyó los recientes combates en Veracruz a que "la delincuencia organizada trata de apoderarse de algunas plazas" y afirmó que la dependencia a su cargo enfoca sus operativos a combatir a Los Zetas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, describió a ese grupo de ex militares como "el mayor riesgo para la seguridad interior por la radicalidad y el alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas". En un reporte enviado a integrantes de la Cámara de Diputados, el general secretario señaló que Los Zetas operan en todo el oriente del país, desde la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala, y destacó que tienen influencia en cuando menos 20 entidades de la República.

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¡No más viacrucis!

Gabriela Rodríguez

Es Viernes Santo y estamos a dos días de celebrar cuatro años de la despenalización del aborto en la ciudad de México. Con todo respeto a los creyentes, la cercanía de estos dos acontecimientos me obliga a subrayar la necesidad de exigir a los políticos que separen sus creencias religiosas de su función pública. Porque la mezcla de estas dos esferas es una amenaza para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, en especial de los derechos de las mujeres.

Desde el 26 de abril de 2007, los representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decretaron la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto por decisión de la mujer hasta la semana 12 de gestación; con ello reforzaron la laicidad del Estado y, además, permitieron que las mujeres ejercieran el derecho a una maternidad libre, informada y responsable.

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Pueblo cucapá: entre el terremoto y la represión

Jaime Martínez Veloz

A un año del terremoto de más de 7 grados que sacudió al valle de Mexicali y que tuvo como epicentro la zona donde se asienta el pueblo indígena de Cucapá El Mayor, las cosas van de mal en peor. El terremoto ocasionó daños severos a la mayoría de sus viviendas y al sitio de desembarque que utilizaban como acceso al mar los pescadores indígenas, principal fuente de ingreso de los integrantes de la esta comunidad.

El movimiento que sufrió el subsuelo significo la inundación del camino de acceso, sin que hasta ahora el gobierno haya hecho los trabajos de rehabilitación, por lo que los pescadores indígenas agrupados en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cucapá Chapay Seisjhiurrar Cucapá solicitaron a las autoridades federales que se autorizara un nuevo sitio de desembarque en el golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, las cuales por exceso de burocracia no respondieron oficialmente, pero se comprometieron a que esto lo subsanarían internamente, por lo cual los indígenas no tendrían problemas para realizar sus actividades de pesca.

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