La Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
gasta 1 millón 540 mil 108 pesos en cuatro estudios de opinión
cuantitativos. El objetivo: conocer la percepción de los ciudadanos
respecto de su actuación en las pasadas elecciones de julio, revela el Informe de seguimiento de requisiciones 2012, obtenido por Contralínea.
De acuerdo con los datos oficiales de la Coordinación de
Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, por cada análisis, el erario
pagará 385 mil 27 pesos. Los primeros dos estudios abarcaron el periodo
preelectoral (marzo y junio de 2012) mientras que los dos últimos
comprenderán un periodo poselectoral (septiembre y diciembre).
En el caso del análisis de septiembre, éste se realizará en un contexto de movilizaciones sociales que exigen al TEPJF ordenar
la anulación de la elección presidencial. Los argumentos de los
inconformes: la presunta compra masiva de votos y los gastos que
excedieron el tope presupuestal. Irregularidades que el movimiento de
las “izquierdas”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, atribuye
en sus alegatos a los partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, y al candidato Enrique Peña Nieto.
El fallo del Tribunal, sin embargo, avaló la “legalidad” de la
controvertida elección presidencial. Y es que antes de juzgar los
elementos presentados a las autoridades electorales, el propio
magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, advirtió el 2 de julio
pasado que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”.
Así, el servidor público se adelantaba a la impugnación de la
elección presidencial hecha por López Obrador, candidato de la coalición
Movimiento Progresista.
Para el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
“las declaraciones de Luna Ramos fueron una grave irresponsabilidad
que, desde luego, resta credibilidad al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación”.
En entrevista, el experto en derecho electoral indica que “lo más
grave es que no fue un simple exabrupto de su parte, sino un reflejo
fiel de la lógica conservadora, minimalista y cómplice que predomina en
el Tribunal Electoral”.
El autor del libro Autenticidad y nulidad agrega que si el
TEPJF quiere recuperar “algo de prestigio”, tendría que transformar
radicalmente su manera de entender el derecho electoral y asumir sus
facultades legales; una de ellas, la anulación de las elecciones cuando
las circunstancias así lo ameriten.
Temor en el Tribunal
Luego de dictaminar la “legalidad” de la elección presidencial, el 1
de diciembre próximo se dará el cambio en el gobierno federal. En ese
mismo mes, el Tribunal Electoral evaluará la opinión que sobre su imagen
tendrán los ciudadanos.
El doctor John Ackerman indica que “estamos ante un escenario muy
similar al de 2006, cuando la falta de transparencia sobre la calidad
del proceso electoral generó muchos problemas de legitimidad para Felipe
Calderón Hinojosa. Solamente que en este caso la situación es peor,
porque las acusaciones son más graves y el movimiento social es más
amplio”.
Y es que las “protestas antifraude” –encabezadas por el movimiento
estudiantil Yo Soy 132– han aglutinado a varios sectores inconformes con
los resultados del proceso electoral, al cual califican como “ilegal e
ilegítimo” por incurrir en delitos como la compra y coacción masiva de
votos, los gastos excesivos de campaña e incluso el financiamiento a
través de esquemas de lavado de dinero .
Respecto de las manifestaciones de inconformidad, el 23 de julio
pasado, el magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que en la
decisión del TEPJF “no influyen las declaraciones que en un momento dado
pudieran hacerse a nivel de medios de comunicación; no influye como
consecuencia, y esto lo digo con todo respeto, marchas, manifestaciones,
¿por qué?, porque el sistema democrático en México por voluntad del
legislador quedó completamente arreglado”.
Sin
embargo, al interior del Tribunal las protestas sí habrían generado
temor y es en esas circunstancias en las que se habrían contratado los
cuatro estudios de opinión. Como lo informó este semanario, los
magistrados Luna Ramos, Penagos López, María del Carmen Alanís Figueroa,
Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava
Gomar y Flavio Galván Rivera ordenaron blindar sus instalaciones, en
particular la Sala Superior (ubicada en la avenida Carlota Armero 5000,
Culhuacán CTM, Coyoacán), que es donde ellos sesionarán el día en que
avalen la elección presidencial.
El argumento que esgrimieron los siete árbitros electorales
fue que necesitaban garantizar su seguridad personal ante la violencia
que asola al país. Protección Institucional fue el área que se encargó
de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de
300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para
“acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y
hasta bombazos (Contralínea 292).
El blindaje también se extendió a los vehículos que les paga el
erario a los magistrados. Previo al proceso electoral de julio pasado,
estos servidores públicos se autorizaron camionetas blindadas modelo
Gran Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a
pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que
paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la
reparación y el mantenimiento, como informó la columna Oficio de papel , publicada el 25 de junio de 2012 en Contralínea
290). Cada magistrado, incluso, recibió un bono por riesgo de medio
millón de pesos tres días antes de las elecciones presidenciales.
Sistemas de seguridad
El Informe de seguimiento de requisiciones 2012 revela más
gastos del Tribunal Electoral en materia de seguridad. Uno de ellos es
la compra de cinco “equipos regionales para continuidad de operación de
la seguridad perimetral”.
Asiami, SA de CV, fue la empresa contratada para el “licenciamiento
y mantenimiento anual a equipos de seguridad perimetral”, y el costo
ascendió a 607 mil 527 pesos.
A inicios de este año, el TEPJF también contrató a la empresa
Sistemas de Vigilancia y Seguridad Especializada por 755 mil 716 pesos,
para el servicio de “seguridad y vigilancia de las instalaciones”.
Otros convenios firmados en 2012 son para el mantenimiento de sus
sistemas de seguridad ya existentes. Entre éstos, dos signados con
Controlsec, SA de CV, para el mantenimiento preventivo y correctivo al
equipo de rayos X y los arcos detectores de metal. Uno de ellos por 125
mil 489 pesos, el otro por 302 mil 131.
También se cuenta la contratación de Marco Antonio Pale López para
el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de
acceso, por 49 mil 938 pesos.
Los automóviles y las camionetas de los magistrados no sólo cuentan
con blindaje, sino también con tecnología sofisticada para su
localización. Este año, el Tribunal ha firmado cuatro contratos con Car
Mart Comunicaciones, SA de CV, para el servicio de localización
satelital y radiolocalización de vehículos. Los costos ascendieron 227
mil 692 pesos en total: 109 mil 926 (localización satelital); 103 mil
248 (radiolocalización), 8 mil 296 (satelital) y 6 mil 222 pesos
(radiolocalización).
El próximo 6 de septiembre vence el límite para que el Tribunal
Electoral emita su fallo sobre la elección presidencial, y desde
mediados de agosto pasado, varios sectores sociales se declararon en
alerta ante la “previsible imposición de Peña Nieto”, en particular el
movimiento estudiantil Yo Soy 132.
Outsourcing, en el Tribunal Electoral
En el primer trimestre de 2012, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación firmó 18 contratos que recurren a la figura
del outsourcing, a pesar de que las subcontrataciones están
prohibidas en la ley laboral. Se trata de los servicios de limpieza y de
jardinería, que involucran un gasto total más de 18 millones de pesos.
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