En tiempos de Felipe Calderón el periodismo se ha convertido en un oficio de muerte. No para todos. Hay quienes intercambian silencio o complicidad por seguridad. Otros, muchos, optan por no tomar riesgos. Regina Martínez, asesinada atrozmente la madrugada del sábado 28 en su casa de Xalapa, Veracruz, formaba en las filas de los periodistas que incomodan al poder. A nuestra querida compañera la mataron, en conjunción, la mente asesina que urdió el crimen y la mano presta que lo ejecutó. Pero la privó de la vida también la descomposición que invade como cáncer el organismo nacional y, en este caso particular, el estado de Veracruz, donde crímenes semejantes se repiten en medio de la impunidad. A Regina la mató de igual forma el clima de hostilidad manifiesta en el que desempeñaba su trabajo como corresponsal de Proceso. Lastimados e indignados, el domingo 29 de abril acudimos a la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz y fuimos recibidos por el gobernador y sus colaboradores. Pocos minutos duró el encuentro. Julio Scherer García atajó la retórica vacua de Javier Duarte: Es inútil, señor gobernador, no le creemos…
XALAPA, VER.- Ante la tragedia, el derroche, la ostentación del
poder. La retórica por delante del gobernador Javier Duarte de Ochoa.Helicópteros
de la Secretaría de Seguridad Pública y el espacioso aparato tipo Bell
en que él mismo se traslada, camionetas Van blindadas, una sala de
juntas en el hotel Crown Plaza local…, todo a disposición de Proceso.Hacia
el mediodía del domingo 29 de abril, en la Casa de Gobierno de esta
ciudad el ambiente era abrumador. Más que dar confianza, apantallaba con
el peso del aparato gubernamental y el uso de los recursos públicos. En
la mesa de la sala de recepción, desplegada en forma ostensible, la
reciente edición especial de Proceso dedicada a Los Zetas.
Ese día, a
la residencia oficial que Duarte amplió el año pasado, comprando casas
vecinas, había llegado un nutrido grupo de funcionarios de seguridad y
justicia encabezado por el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa.
Estaba también un fiscal que lo mismo atiende delitos electorales que
“denuncias contra periodistas y/o comunicadores”.
Duarte los sentó a
su izquierda en una larga mesa de juntas. A su derecha, el fundador de
Proceso, Julio Scherer García, el director Rafael Rodríguez Castañeda,
el subdirector Salvador Corro, el fotógrafo Germán Canseco y este
reportero.
Erguido, cuidadoso de que no se le arrugara su guayabera
blanca, el gobernador comenzó a “lamentar el doloroso asesinato” de
Regina Martínez Pérez, la corresponsal de la revista en Veracruz, muerta
por estrangulamiento la madrugada del día anterior.
Consabidas las
frases: “Tengan ustedes la seguridad de que llegaremos hasta las últimas
consecuencias”, “destacada periodista”, “prestigiado medio que usted
dirige”…
Sólo dio una información: la solicitud que hizo a la
Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) para que junto con Proceso coadyuvaran en la
investigación. Una “comisión interinstitucional” la llama, y promete
transparencia.
Luego pide a sus funcionarios convocados que enlisten
sus actuaciones desde que se conoció el asesinato, la tarde del sábado
28 de abril. Después de las explicaciones técnicas, Duarte vuelve a
hablar.
Lo interrumpe Julio Scherer. Sus palabras, le dice, son
“retórica ritual”. “Lo que usted nos está diciendo y lo que acabamos de
escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las
aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera”.
Un silencio espeso en la sala de juntas. Quizás, la respiración entrecortada del gobernador.
Continúa el también presidente del Consejo de Administración de la revista:
“La
muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y
del país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de esa superficie.
Aunque en suma, señor gobernador, no les creemos.”
Por segundos nadie habló.Ante
el silencio del gobernador y sus colaboradores, Rodríguez Castañeda les
dijo que en Veracruz ha existido un “ambiente de hostilidad” hacia la
revista. Le mencionó la frecuente desaparición de ejemplares cuando
contienen información sobre seguridad en el estado. La más reciente,
apenas el 8 de abril pasado, cuando se publicó información sobre dos de
los candidatos a diputados federales por el PRI bajo el título Dos
regresos peligrosos (Proceso 1849).
Duarte siguió sin decir nada. En
el silencio quedó implícita también la incautación de los ejemplares de
la edición 1821 en septiembre de 2011, cuando se daba cuenta del
violento reacomodo de los grupos de delincuencia organizada desde su
llegada al gobierno en diciembre de 2010 y cuya primera expresión fueron
los 35 cuerpos arrojados a una vía rápida, al lado del Centro Comercial
Plaza de las Américas, en Boca del Río.
También fue “desaparecida”
la edición 1736, del 7 de febrero de 2010, sobre las actividades en el
estado de la organización delictiva que se conoció como La Compañía
durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, que acabó en diciembre de
2010.
El ninguneo
A esa hostilidad también contribuyó el
vacío informativo gubernamental que padecía Regina Martínez desde la
administración anterior a Duarte. Un humillante ninguneo desde el poder,
contrastante con los cuantiosos recursos que movilizó el gobierno el 29
de abril pasado para la reunión con Proceso.
“No les creemos y así
se los hicimos saber”, expresó la revista en un comunicado después del
encuentro. La PGJ dio una conferencia de prensa para informar de la
reunión y anunciar la incorporación de la revista a la “comisión
especial”.
En realidad, no es una instancia en la que se tomen
decisiones conjuntas. Sólo es lo que en derecho corresponde a cualquier
parte afectada en un delito, participar como coadyuvante en las
investigaciones para evitar desviaciones en las indagatorias.
La CNDH
tampoco les cree. Abrió de oficio una queja para hacer su propia
indagatoria, al margen de la invitación que le había hecho el gobernador
de sumarse al trabajo que dirige la PGJ. No es tampoco parte de ninguna
“comisión especial”.
“El propósito de la CNDH es verificar que la
procuraduría del estado integre la averiguación previa como debe ser”,
explicó a Proceso el director general del Programa de Agravios a
Periodistas y Defensores Civiles del organismo, Javier Sepúlveda Amed,
el mismo 29 de abril. Desde ese día peritos de la delegación de la CNDH
en Xalapa y de las oficinas en la Ciudad de México siguen las acciones
de la procuraduría estatal.
La incredulidad es lógica. De los cuatro
asesinatos de periodistas que hasta ese día habían ocurrido en el estado
desde que Duarte asumió el gobierno, ninguno ha sido aclarado. Ningún
detenido, ninguna explicación pública incontrastable de las causas de la
muerte y la saña contra los reporteros, fotógrafos y columnistas.
El
año y medio del gobierno de Duarte de Ochoa ha sido de pesadilla para
los periodistas del estado asignados a la fuente de policía. Cinco días
después del asesinato de Regina Martínez, en la conurbación del puerto
de Veracruz-Boca del Río, fueron secuestrados y asesinados dos
fotógrafos de la agencia fotográfica veracruznews, un exfotógrafo que
trabajó para el periódico local AZ y TV Azteca Veracruz y una empleada
administrativa del periódico El Dictamen.
Sus cuerpos, desmembrados,
fueron arrojados en bolsas a un canal de aguas negras en la colonia de
interés social Las Vegas II, rumbo al aeropuerto internacional de
Veracruz.
La procuraduría del estado dejó el caso en manos de la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR por presumir una acción de la
delincuencia organizada.
En la Ciudad de México, el 30 de abril
Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas
y Servicios a la Comunidad, de la que depende la fiscalía, aceptó
también la petición de Proceso para que en el caso del crimen de Regina
Martínez la revista participe como coadyuvante en su investigación.
La
PGR abrió una “averiguación previa alternativa, por iniciativa propia,
más allá de la petición de coadyuvancia del gobierno estatal”, dijo a
Proceso Ontiveros, quien el mismo día 30 respondió a la petición de
ayuda que le hizo por escrito el procurador estatal. Es “por la
relevancia nacional” del caso, justificó el encargado de procurar
justicia en Veracruz.
En las declaraciones ministeriales de la
procuraduría estatal y en la PGR la revista dejó constancia de las
condiciones adversas en las que trabajaba Regina Martínez: la
incautación de su material de trabajo y el de otros reporteros de la
revista, la falta de acceso a la información pública gubernamental por
parte de la reportera y el robo de que había sido objeto en meses
recientes, cuando entraron a su casa y se llevaron dinero y su
computadora.
Esta vez se llevaron también su computadora, dos
teléfonos celulares y un televisor de pantalla plana. Pero el asesinato
de la periodista está lejos de haber sido un robo. En su domicilio, en
la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Xalapa, quedaron muchos bienes:
una laptop nueva, una impresora, un reproductor de videos, grabadoras.
Estaban
sus agendas de trabajo, sus libretas de apuntes, casetes de
entrevistas. La procuraduría estatal no ha determinado si se llevaron
algo que estuviera investigando. Pero tampoco puede asentar que el
crimen esté desvinculado de su trabajo.
No se vaciaron los cajones de
los muebles. Acaso algunos estaban medio revueltos. Sólo un cajón del
buró estaba en el piso. Tampoco quedó registro de desorden por violencia
en otras partes de la casa.
El portón de la entrada no estaba
forzado, ni la chapa. No había cristales rotos. Tampoco la puerta de
acceso a la vivienda estaba violada. Pero contrario a la costumbre de la
periodista, el portón de herrería blanca llevaba varias horas abierto.
Así
estuvo desde la noche del 27 de abril, cuando la vecina de la casa de
junto lo advirtió y avisó por teléfono a la reportera. “Sí, gracias, ya
voy a cerrar”, le contestó Regina Martínez, cuyos hábitos de persona
aislada y reservada eran conocidos por los vecinos de la calle y quienes
le ayudaban en las cosas domésticas.
Al otro día la puerta principal
del domicilio seguía abierta y no se notaba movimiento en la casa. La
vecina llamó a la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública llegaron hacia las seis de la tarde al número 208 de la privada
Rodríguez Clara. Entraron y vieron el cuerpo de la periodista tirado
entre el baño y la recámara.
Llamaron al Ministerio Público, pero
también llegaron elementos del Ejército que tomaron video del lugar y se
fueron. Los agentes ministeriales y los técnicos de los servicios
periciales encontraron el cadáver entre la puerta y la tina del baño, a
un costado del inodoro.
Describieron un cuerpo menudo, de
aproximadamente un metro con 43 centímetros, delgado, de tez morena,
cabello corto, de 49 años de edad. Determinaron que murió a las cuatro
de la mañana del sábado 28 de abril a causa de una “anoxia por
estrangulamiento”, es decir, falta total de oxígeno en la sangre o en
los tejidos corporales, según se asentó en el certificado de defunción.
Vestía
un pantalón de mezclilla, una blusa color naranja, un chaleco café y
unas botas de uso rudo de ese mismo color. En el cuello tenía una jerga.
Al retirarla, los peritos apreciaron moretones en el rostro, tanto en
el pómulo como en el mentón. Presentaba laceraciones dentro de la boca.
En el cuello tenía rasguños y moretones. Había rastros de sangre dentro
de la taza del baño, en la pared de la caja de agua y en la jerga que
tenía en el cuello.
El lunes 30 de abril, en la reconstrucción de los
hechos “que permita una explicación plausible de las lesiones”, dos
técnicos del equipo criminalista de la procuraduría local simularon un
sometimiento físico por la espalda, con un intento de defensa, que al
momento de la agresión provocaron la rotura de un maxilar y de dos
costillas.
Al día siguiente, la fiscal especial de la FEADLE, Laura
Angelina Borbolla Moreno, estuvo en Xalapa para que la PGR hiciera su
propia inspección ocular y levantamiento de indicios. Peritos de la
procuraduría general tomaron muestras de sangre y de las huellas
encontradas en las paredes del baño y en envases de cerveza. Uno había
quedado en un mueble de la recámara, cerca del baño. Aseguraron
instrumentos de trabajo de la periodista para analizar su trabajo y sus
posibles consecuencias.
Tanto en la Averiguación Previa
034/FEADLE/2012 de la PGR como en la Averiguación Previa 19/2012/PC de
la PGJ del estado, derivada de la investigación ministerial
363/2012/2ª/XAL-04, Proceso pidió revisar y analizar la cobertura
periodística de Regina Martínez y de la revista en el caso de Veracruz y
las posibles afectaciones a intereses específicos de grupo o de
individuos.
Una segunda autopsia aún es posible, lo mismo que la valoración de la necrocirugía realizada por la procuraduría estatal.
Una periodista rigurosa
De
acuerdo con el protocolo internacional de investigación de agresiones a
periodistas, facilitado a la revista por el capítulo México de la
organización no gubernamental internacional Artículo 19, ambas
procuradurías deberán agotar también los vínculos o similitudes entre el
modus operandi en la agresión a la periodista y de hechos noticiosos
reportados o investigados por ella.
Lo que ella investigaba y
reportaba se publicaba tanto en la revista como en la agencia de
noticias de Proceso, Apro, cuyos textos son distribuidos en Veracruz por
el diario Notiver. Sus notas se publicaban con su nombre en ese
periódico, donde trabajaban varios de los periodistas asesinados en el
estado. Eran las únicas notas sobre seguridad que el diario publicaba
con la firma de quien las escribía.
La procuraduría estatal tiene
conocimiento de las dos últimas publicaciones de Regina Martínez y de
Proceso relacionadas con Veracruz. El viernes 27 de abril, a las 19:01
horas, la agencia Apro recibió la última nota informativa de la
periodista: el asesinato, un día antes, del coordinador general del
Frente Amplio Social, Rogelio Martínez Cruz, en el puerto de Veracruz.
“Sin
conocer aún el resultado, las autoridades se aventuraron a dar un
primer reporte en el sentido de que Martínez Cruz ‘falleció por causas
naturales’… De acuerdo con fuentes policiacas, el cuerpo del exlíder
perredista, de 47 años de edad, fue hallado alrededor de las 10 de la
mañana del jueves 26, cuando varios vecinos de la colonia Puente Roto
acudieron a su domicilio a visitarlo y se percataron de que la puerta de
la vivienda estaba abierta. Al entrar lo vieron muerto, aparentemente
por asfixia.
“Según los testigos, al entrar a la casa encontraron el
cuerpo del exdirigente municipal del PRD ‘tirado en el suelo y ya sin
vida’, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades
correspondientes”, reportó la periodista.
En la procuraduría estatal
también hay constancia ministerial de la última nota sobre Veracruz
publicada por la revista Proceso. Firmada por el reportero Jenaro
Villamil, no por Regina Martínez, la información se refirió a las
candidaturas a diputados federales para las elecciones del 1 de julio
del exprocurador Reynaldo Escobar Pérez y del responsable de la
seguridad pública en el estado durante el gobierno de Miguel Alemán,
José Alejandro Montano Guzmán.
Regina Martínez también tenía
encomendado un trabajo periodístico sobre la supuesta participación del
alcalde panista de Chinameca en la delincuencia organizada. Martín Padua
Zúñiga había sido detenido por el Ejército la madrugada del 18 de
abril.
Quedó constancia también de que la reportera fue despedida del
diario local Política luego de su cobertura de la muerte de la anciana
indígena Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, en febrero de
2007.
Junto con el reportero Rodrigo Vera, la periodista echó abajo
la versión oficial dada a conocer por el propio titular del Ejecutivo
federal, Felipe Calderón, de que la anciana murió por “gastritis aguda” y
no a causa de una violación por parte de soldados en el marco de los
operativos militares ordenados por el presidente de la República contra
el narcotráfico (Proceso 1585).
La publicación de una foto de la
autopsia en la que se distingue una mancha de sangre en la cabeza de la
mujer y en la que se determinó que las causas de la muerte fueron
traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras y anemia
aguda, derivó en una denuncia penal por parte del gobierno de Fidel
Herrera contra los periodistas, de la que finalmente se desistió.
Entradas
