por Gloria Leticia Díaz
en Proceso
En la zona tlapaneca de La Montaña, en Guerrero, los soldados del Ejército Mexicano“buscan” guerrilleros y con ese pretexto arrasan cultivos, roban cosechas y violan a mujeres indígenas. Y cuando alguien como la dirigente Obtilia Eugenio Manuel se atreve a denunciarlos, las procuradurías estatal y General de la República se niegan a investigar, en tanto que los militares toman represalias. Las denuncias ya están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)... Amenazada de muerte desde junio de 2002 por haber defendido a dos mujeres indígenas violadas, Obtilia Eugenio Manuel le reprochó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez: “Los funcionarios del gobierno protegen a los militares y no quieren investigar, mientras yo sigo vigilada y perseguida. Ustedes serán los responsables de lo que me ocurra a mí, a mi familia y los miembros de mi organización”. La reacción de Obtilia, quien dirige la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco A.C., ocurrió el pasado 12 de abril, después de que el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y su subalterno José Ignacio Martín del Campo solicitaron a Meléndez dejar sin efecto el ordenamiento 6/05, del 14 de enero de 2005, para que el gobierno mexicano brindara protección cautelar a la indígena tlapaneca, a su familia y a los miembros de su organización, así como para “esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de las medidas”. Mario Patrón Sánchez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –y quien acompañó a Obtilia Eugenio a la SRE para la audiencia de revisión del cumplimiento de la mencionada recomendación–, explica que según los funcionarios federales “no hay evidencias de que en las amenazas participaron elementos del Ejército Mexicano”, lo cual, afirma, “es mentira, porque nosotros tenemos constancia de que al menos uno, Onésimo Rendón Cornelio, quien la amenazó nuevamente el 14 de febrero pasado, es miembro activo del Ejército. Además, las medidas cautelares nunca se llevaron a cabo de la manera en que se acordó, por lo que Obtilia sigue siendo vulnerable”. Originaria de la comunidad tlapaneca Barranca de Guadalupe, en el municipio de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel emprendió en febrero y marzo de 2002, respectivamente, la defensa de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, violadas por militares mientras las interrogaban sobre la presunta actividad de grupos guerrilleros en esa región indígena. Entrevistada tras la reunión con el presidente de la CIDH, la dirigente tlapaneca dice que su labor consistió en convencer a las mujeres y a sus maridos para que denunciaran los hechos, y después acompañarlas a todas las diligencias judiciales como su traductora. El 6 junio de 2002, durante la conmemoración de la masacre de 11 indígenas en la comunidad de El Charco, Obtilia fue interceptada por Alfonso Morales Silvino y Onésimo Rendón Cornelio, quienes le advirtieron que “los militares estaban muy enojados y querían vengarse” por su defensa de Valentina e Inés. Obtilia les avisó a sus compañeros de esa amenaza. Un día después, en la comunidad de El Charco, los indígenas les pidieron su identificación a Morales y Rendón. Lograron que les entregaran una libreta que contenía datos sobre dirigentes indígenas, como domicilios, croquis y apuntes sobre la rutina de cada uno. En diciembre de 2004, Obtilia Eugenio participó en el foro “Contra el silencio y el olvido. La voz de los pueblos indígenas de México”, organizado por el centro Tlachinollan. Ahí, la dirigente exigió el esclarecimiento de las violaciones de Inés y Valentina. El día 9 de ese mes llegó a su casa un mensaje anónimo con referencias a lo que declaró en el foro, se le advertía que era vigilada y se les amenazaba de muerte a ella y a su familia. Por ese motivo, el 8 de enero de 2005 el centro Tlachinollan solicitó la intervención de la CIDH para que se otorgara protección cautelar para la defensora de derechos humanos y se investigaran a fondo las amenazas. Siete días después la CIDH emitió su recomendación 6/05. Entre las medidas de seguridad, los defensores de Obtilia y el gobierno mexicano acordaron que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaran rondines, y que la casa de la dirigente tlapaneca contara con vigilancia mediante una cámara de video y un monitor (que nunca funcionaron). Desde ese mismo año, miembros de la organización Brigadas Internacionales de Paz acompañan a Obtilia para velar por su seguridad. “El problema es que durante el paso del tiempo las medidas cautelares se han incumplido. Consideramos que la investigación de los hechos de amenazas y persecución es la mejor medida, porque desde nuestra perspectiva es justamente la impunidad lo que permite la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, y a nivel doméstico el Ejército Mexicano es la autoridad más impune: las autoridades civiles están subordinadas a él y tan es así que las investigaciones de Inés y Valentina las mandaron a la Procuraduría de Justicia Militar, que hasta ahora no ha señalado a responsables”, señala el abogado Patrón Sánchez. Él también representa ante la CIDH a las dos indígenas violadas. Agrega Patrón: “El caso de Obtilia está peor. Ni siquiera se hizo el menor intento de investigar las amenazas, a pesar de que tenemos datos de que, entre quienes han estado amedrentándola, por lo menos uno trabaja para el Ejército Mexicano: Onésimo Rendón Cornelio”. En marzo de 2006, Tlachinollan solicitó información a la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) y esta dependencia corroboró que Rendón Cornelio es cabo de infantería.
La PGR elude investigar
Por si fuera poco, Obtilia también ha sido hostigada por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, lo que ameritó que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Coddehum) emitiera la recomendación 14/2006, en la que se solicita una investigación oficial. En ese documento, del cual Proceso tiene copia, se dice que los agentes inculpados son Miguel Ángel Benítez Palacios y Vicente Alejandro Feliciano Feliciano, y que éste reconoció a Alfonso Morales Silvino –uno de los hombres que amenazaron a Obtilia en 2002– como informante del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, “comisionado en Ayutla de los Libres”. Pese a todo, apunta el abogado Mario Patrón, en la audiencia del 12 de abril pasado “la solicitud del gobierno de México es el retiro de las medidas cautelares. Ellos asumen tácitamente que Obtilia Eugenio Manuel no está en riesgo y que, por tanto, no tiene por qué garantizarle su seguridad. Dicen: ‘Ya investigamos y no hay nada’. “Son tan cínicos que llegaron a decir que para que resguardaban a Obtilia, si estaban las Brigadas Internacionales de Paz con ella. Como si eso fuera un logro del gobierno mexicano, cuando es una muestra de la preocupación de organismos internacionales. “Nosotros decimos que tan está en riesgo, que existe una recomendación de un organismo público de defensa derechos humanos, que dicen que por lo menos dos policías judiciales han perpetrado amenazas en su contra y hay elementos de fuerza para que la PGR investigue al Ejército.” Y es que en febrero de 2006 la PGR turn el caso a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, instancia que a su vez le pidió a Obtilia Eugenio ratificar su queja y presentar testigos de las amenazas que ha sufrido. “Esa resolución no la podemos aceptar, primero porque no hay garantías de imparcialidad para que la procuraduría estatal investigue a sus efectivos, y luego por los elementos que se tienen contra el Ejército”, sostiene Patrón Sánchez. En la audiencia con el presidente de la CIDH, Patrón y su representada únicamente demandaron que la PGR investigue el caso a fondo, que esta dependencia rinda informes quincenales a la CIDH, y sobre todo que “la indagatoria no sea remitida por ninguna circunstancia ante la Procuraduría de Justicia Militar, toda vez que es un fuero privativo y que no garantiza una investigación independiente e imparcial”, dice el documento entregado a Florentín Meléndez. Impunidad armada En la Montaña de Guerrero, señala Patrón, el centro Tlachinollan ha documentado 90 casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por elementos del Ejército Mexicano en los últimos seis años. Los casos van desde torturas, incomunicaciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales. Sobre este último delito, Tlachinollan ha documentado seis ataques a mujeres indígenas desde 1997: Delfina Flores y Aurelia Méndez, de la comunidad de Atlixtac, fueron atacadas el 3 de diciembre de 1997 por cinco militares; a Victorina Vázquez y Francisca Santos, de Tlachochistlahuaca, las violaron el 21 de abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú, de Ayutla, fue forzada por ocho soldados el 16 de febrero de 2002, e Inés Fernández Ortega, también de Ayutla, fue atacada el 22 de marzo de 2002 por 11 soldados. Con amplia experiencia como defensor de derechos humanos, Patrón Sánchez, exabogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, sostiene que el Ejército Mexicano es responsable de graves violaciones a las garantías individuales, primero como perpetrador y después como encubridor de sus elementos. “En los noventa casos que hemos documentado, el factor común es la impunidad. Los militares son encubridores porque lo que pretenden cuando se formulan las denuncias es atraer las investigaciones a su fuero, justamente para no garantizar la independencia e imparcialidad, y en este nivel generan toda una estrategia de amenazas y de hostigamiento a los defensores de derechos humanos, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel y de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco.” Por su parte, la dirigente indígena se ha destacado desde 1994 por su trabajo comunitario, sobre todo en la promoción de los derechos de las mujeres, marginadas entre los marginados. Afirma que las agresiones de los militares son constantes y abundan las sexuales, pero las mujeres “no quieren denunciar porque los guachos tienen armas. Además, a sus maridos les da vergüenza”.
Obtilia Eugenio agrega que en 1996, en la comunidad de Barranca de Guadalupe, cuatro mujeres –una de ellas de 70 años– fueron agredidas sexualmente por soldados: “Estaban juntando su maíz, llegaron los militares y las detuvieron. Se las llevaron durante un día y una noche, y en ese tiempo las estuvieron violando delante de sus maridos, a quienes los amarraron de árboles. Durante ese tiempo dieron de comer a los militares, mataron a sus gallinas para ellas estar libres de los militares. Eso nunca se denunció por miedo”. Una de las agredidas se animó a contarlo cuando enviudó. Así mismo señala que en octubre pasado, cuando su organización denunció que militares del 48 Batallón de Infantería destruyeron plantíos y robaron cosechas en varias comunidades me phaás (tlapanecas, en su idioma), una mujer dijo que fue violada por militares “pero no quiere denunciar por miedo a su marido”. Indignados, los indígenas lograron que los militares salieran de las comunidades, “pero ahora ponen retenes en los caminos y amenazan a la gente para que no participen en las organizaciones”, continúa Obtilia Eugenio. Aunque ella expuso esta situación ante la CIDH, los militares siguen hostigándola hasta en los retenes: “Revisan mis cosas, me preguntan quién soy y tengo que mostrar mi credencial de elector. Pero yo no estoy fuera del país para identificarme. Yo siempre estoy con miedo, porque los del gobierno siempre buscan pretextos para no investigar mi caso, dicen que yo no hice bien las cosas, que porque no tengo testigos que digan que me amenazaron”.
¿Y DESPUÉS DE ESTO PRETENDEN MAREARNOS CON QUE ERNESTINA MURIÓ DE "GASTRITIS"?
CON UN EJÉRCITO VIOLADOR, COLUDIDO CON UN USURPADOR QUE COMPRA HASTA A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, EL PUEBLO TIENE QUE ORGANIZARSE Y ENTRE TODOS DEFENDERNOS UNOS A OTROS.
viernes, abril 20, 2007
La Patria
La Patria
Se nace en cualquier parte. Es el
misterio.
—Es el primer misterio
inapelable—
pero se ama una tierra como
propia
y se quiere volver a sus entrañas.
Allí donde partir es imposible,
donde permanecer es necesario,
donde el barro es más fuerte que
el deseo
de seguir caminando,
donde las manos caen
bruscamente
y estar arrodillado es el descanso;
donde se mira el cielo con
soberbia
desesperada y áspera,
donde nunca se está del todo solo,
donde cualquier umbral es la morada,
donde se quiere arar y dar un
hijo, y se quiere morir...ahí está la Patria.
(del libro de poemas " La Patria" de Julia Prilutzky Farny )
Enviado por Patricia Romana Bárcena
Se nace en cualquier parte. Es el
misterio.
—Es el primer misterio
inapelable—
pero se ama una tierra como
propia
y se quiere volver a sus entrañas.
Allí donde partir es imposible,
donde permanecer es necesario,
donde el barro es más fuerte que
el deseo
de seguir caminando,
donde las manos caen
bruscamente
y estar arrodillado es el descanso;
donde se mira el cielo con
soberbia
desesperada y áspera,
donde nunca se está del todo solo,
donde cualquier umbral es la morada,
donde se quiere arar y dar un
hijo, y se quiere morir...ahí está la Patria.
(del libro de poemas " La Patria" de Julia Prilutzky Farny )
Enviado por Patricia Romana Bárcena
Denunciarán de enriquecimiento inexplicable a Sergio Estrada
Ignacio Suárez Huape en entrevista la noche de ayer miércoles 18 de Abril, en el estudio de TeVeo Noticias, del Canal 10, hablo sobre la conformación de una red estatal de observadores ciudadanos por la transparencia, confirmando que en base a la revisión de las declaraciones patrimoniales del exgobarnador Sergio Estrada Cajigal, que tendran acceso el día de hoy jueves, aseguro que tendran elementos para presentar una denuncia por enriquecimiento inexplicable ante la Contraloría del Estado e incluso ante la Procuraduría General de Justicia, ya que como señala en la entrevista se presume la propiedad de un helicoptero "rojo" con valor de 4 millones de dolares. Aquí los detalles. Además menciona que Juan Nolasco gana más que el gobernador...
http://www.youtube.com/watch?v=70r15adKZdE
http://www.youtube.com/watch?v=70r15adKZdE
Calderón, escollo para los pobres: López Obrador
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 19 de abril. El gobierno usurpador de Felipe Calderón Hinojosa solamente se ha dedicado "a beneficiar a los potentados" para pagar el respaldo ofrecido después del fraude electoral, y así está perjudicando al pueblo, principalmente a los más pobres, con el alza a los precios de los productos de primera necesidad, afirmó hoy Andrés Manuel López Obrador al arribar a esta entidad para iniciar una gira de tres días por las regiones de la Mixteca, Valles Centrales y la Cuenca del Papaloapan.
Eso, sin contar la entrega "injusta" que la alianza de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional hicieron a los banqueros del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, pues ahora quien se jubile va recibir la mitad de su salario, según dijo.
Criticó a la "prensa oficial y oficiosa" por estar echando la culpa a Fox de todo, especialmente de la falsificación de firmas para desconocer al secretario del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, "y no dicen ni pío del pelele".
"Se ha convertido en el deporte nacional pegarle a Fox, pero qué cosa dicen ahora de él (Calderón Hinojosa) cuando en campaña apoyaba todas las arbitrariedades que estaba haciendo (el ex presidente). Cómo ya se fue Fox recibe todas las culpas y ¿el pelele qué?", cuestionó.
En el ámbito local, López Obrador urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno estatal contra los simpatizantes y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y que sea castigado el gobernador Ulises Ruiz Ortiz "y demás responsables de haber cometido violaciones graves, desde asesinatos, desapariciones, torturas, y claro que hay que castigar a los responsables", asentó.
Además, sostuvo que Calderón Hinojosa ha fracasado rotundamente en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora en México "hay más asesinatos y ajusticiamientos que nunca", dijo. Calderón había dicho en campaña que iba a aplicar un programa de seguridad para acabar con la delincuencia y el crimen organizado, pero ahora hay más asesinatos que nunca, "y no podía ser de otra manera porque los mismos (funcionarios) que están supuestamente enfrentando a la delincuencia son los mismos que fracasaron en el gobierno de (Vicente) Fox", señaló el llamado "presidente legítimo".
Aclaración: no es el "llamado", es el presidente legítimo simple y llanamente porque ganó la elección presidencial. A ver si lo entiende la prensa ya de una buena vez.
Oaxaca, Oax., 19 de abril. El gobierno usurpador de Felipe Calderón Hinojosa solamente se ha dedicado "a beneficiar a los potentados" para pagar el respaldo ofrecido después del fraude electoral, y así está perjudicando al pueblo, principalmente a los más pobres, con el alza a los precios de los productos de primera necesidad, afirmó hoy Andrés Manuel López Obrador al arribar a esta entidad para iniciar una gira de tres días por las regiones de la Mixteca, Valles Centrales y la Cuenca del Papaloapan.
Eso, sin contar la entrega "injusta" que la alianza de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional hicieron a los banqueros del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, pues ahora quien se jubile va recibir la mitad de su salario, según dijo.
Criticó a la "prensa oficial y oficiosa" por estar echando la culpa a Fox de todo, especialmente de la falsificación de firmas para desconocer al secretario del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, "y no dicen ni pío del pelele".
"Se ha convertido en el deporte nacional pegarle a Fox, pero qué cosa dicen ahora de él (Calderón Hinojosa) cuando en campaña apoyaba todas las arbitrariedades que estaba haciendo (el ex presidente). Cómo ya se fue Fox recibe todas las culpas y ¿el pelele qué?", cuestionó.
En el ámbito local, López Obrador urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno estatal contra los simpatizantes y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y que sea castigado el gobernador Ulises Ruiz Ortiz "y demás responsables de haber cometido violaciones graves, desde asesinatos, desapariciones, torturas, y claro que hay que castigar a los responsables", asentó.
Además, sostuvo que Calderón Hinojosa ha fracasado rotundamente en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora en México "hay más asesinatos y ajusticiamientos que nunca", dijo. Calderón había dicho en campaña que iba a aplicar un programa de seguridad para acabar con la delincuencia y el crimen organizado, pero ahora hay más asesinatos que nunca, "y no podía ser de otra manera porque los mismos (funcionarios) que están supuestamente enfrentando a la delincuencia son los mismos que fracasaron en el gobierno de (Vicente) Fox", señaló el llamado "presidente legítimo".
Aclaración: no es el "llamado", es el presidente legítimo simple y llanamente porque ganó la elección presidencial. A ver si lo entiende la prensa ya de una buena vez.
La APPO sale de nuevo a la calle para insistir en la destitución de Ulises Ruiz
El gobernador de Oaxaca tiembla por la organización de los pueblos: Gómez Ramírez
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 19 de abril. Miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) salieron a las calles para demandar la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la libertad de los "presos políticos y de conciencia" y el castigo a los responsables de la represión ocurrida en la entidad.
La protesta inició frente a Ciudad Universitaria y después de un largo recorrido por avenidas y calles terminó en el Centro Histórico, a una cuadra del templo de Santo Domingo de Guzmán, que se encontraba resguardado por decenas de policías municipales provistos, algunos, de equipo antimotín y otros vestidos de civil.
En la manifestación, algunos participantes hicieron pintas en muros y destruyeron lonas en las que el gobierno de Ruiz Ortiz difunde la obra pública, a pesar de la cercanía de las elecciones locales. Otros, la mayoría encapuchados, incendiaron los carteles en el crucero de las avenidas Periférico, Lázaro Cárdenas, Independencia, Morelos y Eduardo Vasconcelos.
Además, golpearon las carrocerías de vehículos que circulaban por esas arterias y causaron daños a los parquímetros recientemente reinstalados. Inclusive estuvieron a punto de enfrentarse con porros y golpeadores que, según versiones de estudiantes, están identificados con Leticia Mendoza Toro, ex rectora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), quienes se encontraban afuera del edificio central.
Durante el mitin realizado en el atrio del templo de la Sangre de Cristo, Florentino López Martínez, vocero de la APPO, deslindó a la organización de los hechos de violencia, porque las movilizaciones convocadas "son totalmente pacíficas, sin provocar violencia". Identificó a los autores de los desmanes como "provocadores, infiltrados por el gobierno" para vincular a la APPO con acciones agresivas y, sobre todo, para justificar la represión.
Víctor Manuel Gómez Ramírez, consejero estatal de la APPO, dijo que la represión desatada por Ruiz Ortiz "y sus esbirros" muestran "el gran temor a la organización de los pueblos".
Natalia Venegas, hermana de David Venegas, El Alebrije, consejero estatal de la APPO recientemente detenido, dijo que su familiar, aparte de ser consignado por el Ministerio Público federal por delitos contra la salud, también está siendo procesado por la justicia local por los delitos de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio, ante los sucesos del 25 de noviembre pasado.
En forma inverosímil, señaló, "en la averiguación previa, unos supuestos testigos dicen que mi hermano junto con el doctor Felipe Martínez Soriano (ex rector de la UABJO), la doctora Bertha Muñoz (locutora de Radio Universidad, cuando estuvo operada por la APPO) y otros compañeros, después de quemar el tribunal, se fueron corriendo, cuando todos sabemos que los doctores son personas mayores de edad".
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 19 de abril. Miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) salieron a las calles para demandar la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la libertad de los "presos políticos y de conciencia" y el castigo a los responsables de la represión ocurrida en la entidad.
La protesta inició frente a Ciudad Universitaria y después de un largo recorrido por avenidas y calles terminó en el Centro Histórico, a una cuadra del templo de Santo Domingo de Guzmán, que se encontraba resguardado por decenas de policías municipales provistos, algunos, de equipo antimotín y otros vestidos de civil.
En la manifestación, algunos participantes hicieron pintas en muros y destruyeron lonas en las que el gobierno de Ruiz Ortiz difunde la obra pública, a pesar de la cercanía de las elecciones locales. Otros, la mayoría encapuchados, incendiaron los carteles en el crucero de las avenidas Periférico, Lázaro Cárdenas, Independencia, Morelos y Eduardo Vasconcelos.
Además, golpearon las carrocerías de vehículos que circulaban por esas arterias y causaron daños a los parquímetros recientemente reinstalados. Inclusive estuvieron a punto de enfrentarse con porros y golpeadores que, según versiones de estudiantes, están identificados con Leticia Mendoza Toro, ex rectora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), quienes se encontraban afuera del edificio central.
Durante el mitin realizado en el atrio del templo de la Sangre de Cristo, Florentino López Martínez, vocero de la APPO, deslindó a la organización de los hechos de violencia, porque las movilizaciones convocadas "son totalmente pacíficas, sin provocar violencia". Identificó a los autores de los desmanes como "provocadores, infiltrados por el gobierno" para vincular a la APPO con acciones agresivas y, sobre todo, para justificar la represión.
Víctor Manuel Gómez Ramírez, consejero estatal de la APPO, dijo que la represión desatada por Ruiz Ortiz "y sus esbirros" muestran "el gran temor a la organización de los pueblos".
Natalia Venegas, hermana de David Venegas, El Alebrije, consejero estatal de la APPO recientemente detenido, dijo que su familiar, aparte de ser consignado por el Ministerio Público federal por delitos contra la salud, también está siendo procesado por la justicia local por los delitos de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio, ante los sucesos del 25 de noviembre pasado.
En forma inverosímil, señaló, "en la averiguación previa, unos supuestos testigos dicen que mi hermano junto con el doctor Felipe Martínez Soriano (ex rector de la UABJO), la doctora Bertha Muñoz (locutora de Radio Universidad, cuando estuvo operada por la APPO) y otros compañeros, después de quemar el tribunal, se fueron corriendo, cuando todos sabemos que los doctores son personas mayores de edad".
El pelele y Soberanes vs. Ernestina
Sale hoy en La Jornada:
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dio a conocer ayer el informe que rindieron a la CNDH el director del hospital de Río Blanco, Veracruz, y los seis médicos que atendieron a la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, donde se asienta que ''la paciente no presentaba datos de haber sido violada ni por vía anal ni vaginal. El señor René Huerta la trajo (al nosocomio) e insistía en que se anotara en el expediente que la paciente había sido violada por soldados destacamentados en la localidad de donde era originaria la difunta''.
En conferencia de prensa, convocada de última hora, Soberanes Fernández acusó al gobierno de Veracruz de ''manipular los hechos y las pruebas, pues actuó con errores, omisiones y falta de profesionalismo''.
Sin embargo, Blanche Pietrich también en La Jornada reporta que:
La funcionaria, con 27 años de experiencia como agente del Ministerio Público y seis años trabajando específicamente en el área de delitos sexuales, precisó que el análisis especializado de estos tres dictámenes permite afirmar que los trabajos de los médicos legistas fueron ''eficientes'' en el registro de estos desgarres, aunque reconoció que uno de los peritajes, el que suscribió el médico forense Pablo Mendizábal en la primera necropsia, adolece de una ''falla técnica'', al haber registrado la presencia de ''abundante líquido seminal''. No porque no se hubiera encontrado este tipo de fluido, aclaró, sino porque hablar de ''abundante'' no es técnicamente correcto.
Noemí Quirasco añadió que fue asesorada, para revisar estos expedientes, por la ginecóloga Guadalupe Viveros Lagunes, también funcionaria de la CEDH, especialista con 17 años de experiencia en asistir a mujeres, hombres y menores víctimas de agresiones sexuales. ''Y después de revisar con mucha atención todos los peritajes llegamos a la conclusión de que estos desgarres son ciertos. Y esta es la parte medular de la investigación''.
De manera que la discrepancia está entre los médicos que la atendieron que según Soberanes fueron seis (¡uta! a veces no se cuenta ni con uno) y los médicos legistas que hicieron la primera autopsia. Lo que es necesario puntualizar es que no es los médicos contra el Ministerio Público sino el reporte de unos médicos y el reporte de otros, médicos también.
Asimismo, Soberanes dijo que presentará denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios de la procuraduría estatal ''por actos y omisiones en que incurrieron en la necropsia y en la averiguación previa, por no proporcionar los informes que se les requirieron y (ofrecer) pruebas falsas''.
Pedroza, quien lleva la investigación del caso, denunció que ''la señora Ernestina Ascensión Rosario no dijo en náhuatl que la violaron, ni que la amarraron, ni que la golpearon. Ella expresó más bien que los soldados se le acercaron''.
Explicó que la CNDH pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz que la apoyara con un traductor, y quien hizo esta función sólo ''interpretó las palabras de la indígena y puso cosas que nunca dijeron los familiares''. Señaló que también se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la traducción, y así se pudo saber ''qué fue lo que realmente dijeron'' los deudos sobre las últimas palabras de la hoy occisa.
Independientemente de los dos distintos traductores, uno que dice que dijo que "se le montaron" y otro que dice que "se le acercaron", es de suponer que quien mejor puede interpretar las palabras de la señora es su hija y sus familiares, mismos que piden justicia, y si piden justicia es porque suponen que hubo delito.
Soberanes estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los médicos peritos. Ahí aseveró que la CNDH lamenta muy seriamente que un órgano procurador de justicia tropiece no solamente con las innegables dificultades de una investigación criminal como ésta, sino también con los errores y los graves descuidos de procedimiento de algunos de sus servidores, y deploró que, ''en lugar de corregirlos pretenda negarlos y con ello abra de par en par las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite''.
Lo que abre la suspicacia no es el órgano procurador de justicia sino el hecho que señala Noemí Quirasco: "que antes de concluida la investigación, una instancia que no tiene competencia emita afirmaciones contundentes en el sentido de que no hubo violación, ''porque de esta manera la CNDH está juzgando, sentenciando y absolviendo a posibles responsables de un delito''.
Y si a esto le agregamos que el espurio dió el resultado de la investigación aun antes que la CNDH concluyera las investigaciones pues más suspicacias y si luego las investigaciones que no estaban concluidas coinciden con lo que respondió el espurio pues más.
Abundó (Soberanes): ''Es paradójico, y no voy a omitirlo, que a la misma autoridad que ha incurrido en graves errores deba corresponderle ahora la delicada tarea de esclarecer los hechos para procurar justicia. A pesar de muchos fallos garrafales, esa autoridad estatal tiene la responsabilidad de acumular pruebas hasta establecer si existió una agresión y quiénes fueron los culpables, para encontrarlos y consignarlos judicialmente''.
Preguntó al procurador de Veracruz, Emeterio López Márquez: ''¿Con qué elementos lo hará?, ¿enviará para esto a los mismos peritos que dejaron pudrirse en una hielera pruebas fundamentales?, ¿a los mismos funcionarios que aseguran que las muestras que les fueron solicitadas no las pueden enviar porque ya se les consumieron?''
Resulta muy lógico que ante esta avalancha de críticas y acusaciones de ''intencionalidad política'', de las que han sido objeto las instancias oficiales de Veracruz, la comisionada estatal se pregunte: ''¿Por qué sembrar tanta confusión? ¿Por qué las declaraciones múltiples de la CNDH? ¿Por qué la Secretaría de la Defensa ha emitido boletines en los que asienta afirmaciones contradictorias? ¿Por qué la segunda visitadora, Susana Pedroza, habla de la existencia de más de tres mil hojas, si la averiguación previa, radicada en Veracruz, consta a la fecha de 306? ¿Se trata de cantidad o de calidad?''
Dijo Soberanes que no le correspondía a él responder esas interrogantes, ¿entonces a quién le preguntamos si es él quien las está planteando? Pero que estaba seguro de no ser la única persona que se pregunta en estas semanas cuáles pueden ser las motivaciones de orden extralegal que llevan a una autoridad estatal a desdibujar los hechos, y subrayó que ''estas maniobras políticas atropellan la posibilidad de un compromiso para buscar la verdad y abrirle paso a la justicia''.
Insistió en que la procuraduría veracruzana ''no sólo hizo una muy deficiente necropsia y una mala investigación, sino ha insistido en dar un tratamiento mediático a información confidencial al hacer circular una fotografía en la que el cadáver aparece junto a un envase de refresco con un derrame junto a la cabeza. ¿Qué se intentaba mostrar o demostrar con esa imperdonable patraña?''
Dijo que en la recomendación que hará en unas semanas incluirá señalamientos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y destacó que con los comunicados que emitió esa dependencia creó expectativas equivocadas y contribuyó al enrarecimiento de la información sobre el caso.
Interrogado sobre si esa recomendación incluirá al presidente Felipe Calderón quien, en una entrevista con La Jornada, dijo que ''la mujer indígena no había sido violada, sino que murió de gastritis crónica'', el ombudsman expresó que no es el caso, pues al Presidente sólo se le pueden fincar delitos de traición a la patria y otros más graves.
Pues ya le puede ir fincando el delito de traición a la patria porque eso fue lo que hizo traicionando a los mexicanos al usurpar un poder al que no tiene derecho porque no ganó la elección, en cuanto a que hay otros delitos más graves, ¿no le parece delito grave el descalificar la información de una anciana índigena moribunda? Porque ese delito representa lo que un individuo que usurpa el poder es capaz de hacer con tal de no culpar a un grupo de militares que tienen que defenderlo del pueblo que lo rechaza.
Por su parte, los peritos explicaron que entre las múltiples contradicciones resultado de las necropsias están las pruebas que se enviaron a la CNDH. Como ejemplo mencionaron que muestras celulares de la vagina de la occisa no corresponden con su edad cronológica. ''Ellos (la procuraduría estatal) tienen que dar la respuesta; las muestras son de una mujer por lo menos 30 años menor''.
¿Quieren decir que los peritos le sacaron una muestra vaginal a otra persona y la presentaron como prueba? Vaya acusación. ¿Y el semen? ¿Dónde quedó ese semen? Porque la Sedena declaró que lo había. ¿También la Sedena está implicada en esto? ¡Vaya contradicción!
En su turno, Thalía Pedroza expresó que se ha comunicado con los hijos de Ernestina Ascensión para informarles de los resultados que han obtenido del caso. Ellos, subrayó la funcionaria, están enterados de las investigaciones de la CNDH.
-¿ Y les creen?
-Pues tienen que creerlo, es la verdad, es lo investigado.
¿Tienen que? ¿Por qué tienen que? Porque es la verdad o porque ante el poder del gobierno, ellos que son la parte más humillada y más maltratada tienen que seguir callando los ultrajes con riesgo de perder la vida.
Soberanes concluyó que no hubo violación. El deceso, destacó, ''fue causado por una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''.
¡Andale! Por lo menos hizo un acopio de palabras más impresionante y una causal más adornada que la simple "gastritis" del pelele.
La funcionaria de Veracruz en cambio señaló que, por experiencia, sabe que muy excepcionalmente una víctima de violación miente. ''Y mucho menos una indígena, ya que su sexualidad concierne a lo más pudibundo de su humanidad''.
He aquí como se sucedieron los eventos:
Transcurridas seis semanas de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en la sierra Zongolica, Veracruz, los comunicados, declaraciones y versiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades veracruzanas chocan y se refutan. Uno de los "nudos" más enredados de estas contradicciones se centra en las supuestas muestras de semen de los presuntos agresores.
La Sedena divulgó inicialmente un boletín, el 6 de marzo, en el que negó que la base involucrada acampara en Tetlatzinga, y dijo que estaba en otro sitio a 17 kilómetros. En realidad, la Base de Operaciones García llevaba una semana instalada a medio kilómetro del pueblo. Ese boletín atribuía el crimen a "delincuentes que utilizaron prendas militares".
Pocas horas después de que empezara a circular ese comunicado, la dirección de comunicación social castrense lo retiró de su portal cibernético y lo sustituyó por otro, también con el número 019. En este boletín bis ya no se insiste en negar la existencia del campamento militar en Tetlatzinga ni habla de los "desafectos", pero contiene un polémico párrafo en el que se informa del examen médico realizado al "área genital" de los soldados, "los cuales no presentan ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo que no han tenido actividad sexual, cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".
Y agrega que peritos especialistas "llevan a cabo las comparaciones" del líquido seminal encontrado en el cuerpo con muestras de sangre de sus soldados.
Pero, ¿de qué muestra de semen hablaba la Sedena en ese momento, cuando ya la CNDH, adelantándose a todos los estudios y peritajes, secundaba los dichos del presidente Felipe Calderón y negaba el delito de violación, incluso antes de que se realizaran la exhumación y la segunda necropsia? ¿Quién realizaba ese peritaje que refería la Sedena? ¿Especialistas militares o civiles?
La primera mención de una muestra de semen está en el dictamen de necrocirugía de la víctima, practicada el día de su muerte por el legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, de Orizaba. Se añade el dictamen ginecológico-proctológico de la médico de la Agencia del Ministerio Público para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), María Catalina Rodríguez, que no menciona rastros de semen, aunque sí un desgarre anal grave causado con objeto contundente.
El 7 y 8 de marzo, la Sedena emitió nuevos boletines idénticos en los que reitera que se tomaron muestras hemáticas a todos los soldados de la base en presencia del Ministerio Público veracruzano y de dos abogados del cuerpo de Defensores del Fuero de Guerra, y que éstas, "junto con la muestra de semen", serían trasladadas a la capital.
El 9 de marzo fue exhumado el cuerpo en Tetlatzinga ante peritos militares y de la PGJEV, además de un equipo de la CNDH. Conforme a la ley, compete a la Dirección de Servicios Periciales de la procuraduría estatal emitir un dictamen en un plazo de 40 a 60 días.
Pero el día 12, el presidente Felipe Calderón emitió su opinión sobre la gastritis y desencadenó la campaña de la CNDH. A seis días de la segunda necropsia, sin el informe de la PGJEV, Soberanes afirmó que se trató de una "muerte natural".
El forense veracruzano Ignacio Gutiérrez Vázquez, quien representó a la PGJEV en la exhumación, informó a finales de marzo sus primeras conclusiones: que hubo "irregularidades y errores" en el peritaje del legista Mendizábal, en particular cuando "señala que existe líquido seminal en abundancia en los genitales de la misma (mujer), sin recabar muestras ni esperar resultados de bioquímica".
Pero sus hallazgos coinciden y reconocen la validez del dictamen proctológico de la doctora Rodríguez Rosas "en la descripción de lesiones del área genital y anal de la víctima". Heridas de este tipo no necesariamente son provocadas por penetración masculina, sino con objetos contundentes. No hay rastros de sangre, pero sí desgarres que pueden ser mortales. Existen antecedentes.
El 29 de marzo la CNDH "descartó" la existencia de esta lesión, basada en "estudios técnico científicos" propios. A su versión sumó una amenaza: denunciar a los funcionarios de la PGJEV "por actos y omisiones".
Si la cuestión está entre creerle al pelele usurpador que fue el primero que dio la versión que ahora Soberanes quien tiene mucho que perder o ganar en este asunto ratifica, y una anciana indígena moribunda, y además contamos con estos antecedentes, nos van a perdonar pero la credibilidad, por experiencias múltiples se la lleva Doña Ernestina por mucho.
Pero además la cuestión sigue llevándose de manera sospechosa y esto es lo de hoy:
El subsecretario de Gobernación realizó una segunda visita a la zona de Zongolica
Furtiva reunión de González Uyeda con deudos
FABIOLA MARTINEZ , ANDRES T. MORALES REPORTERA , CORRESPONSAL
Por segunda ocasión, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Abraham González Uyeda, se trasladó ayer a la sierra de Zongolica, Veracruz, para reunirse con los familiares de la indígena Ernestina Ascensión Rosario.
A escondidas de las autoridades municipales y estatales, el funcionario y los cinco hijos de Ernestina fueron trasladados de la comunidad de Tetlatzinga a Ciudad Mendoza y posteriormente a Boca del Río. De acuerdo con fuentes de la SG, González permanecerá en la zona ''por lo menos dos días'' y tiene instrucciones precisas de volver a escuchar testimonios y realizar un informe ''objetivo'' del caso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insiste en que Ascensión Rosario falleció a consecuencia de una anemia aguda, derivada de una úlcera gástrica, pero la Procuraduría General de Justicia de Veracruz asegura que la mujer murió tras golpes y un ataque sexual, presuntamente tumultuario.
Los familiares de la occisa, en especial una de sus hijas, aseguran que su madre les dijo antes de perder el conocimiento que había sido atacada por soldados, por lo que exigen justicia. Sin embargo, tras su recorrido inicial por esa zona, el subsecretario declaró a la prensa, el lunes pasado, que ''ellos (los familiares) insisten en que no se puede hacer un señalamiento de los culpables, ni de que fuera el Ejército o elementos del Ejército''.
La versión fue desmentida de inmediato por el presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, presente en la reunión de poco más de dos horas entre el funcionario e integrantes de la familia. Las fuentes consultadas precisaron además que los encargados de Atención Ciudadana de la SG, Lorenzo Gómez y Jorge González, encargado y subdirector de esa área, respectivamente, viajaron también al lugar.
En Bucareli consideran que sería un riesgo que el tema se ''politice'' (el presidente municipal citado es de extracción perredista). Por otra parte, en lo que fue considerada una maniobra de distracción, los hermanos Martha, Carmen, Juana, Francisco y Julio Rosario fueron transportados desde las 8 de la mañana a Ciudad Mendoza. Representantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica afirmaron que González Uyeda ''exigió'' evadir la presencia de autoridades municipales y de abogados de la familia. ''Quería hablar solo con ellos", aseguraron.
A su vez, el alcalde Pérez Pascuala dijo que no fueron notificados de la reunión. Afirmó que la entrevista que ''a hurtadillas'' tuvo el funcionario federal obedece a un interés claro de evadir la intervención de autoridades municipales, de las organizaciones indígenas y de todos los que han brindado apoyo y asesoría a los deudos. Indicó que González Uyeda se comprometió con el cabildo de Soledad Atzompa a mantenerlos informados de toda asamblea o reunión sobre el caso, y especialmente no ejercer ningún tipo de presiones o amenazas contra los familiares, algunos de los cuales tienen problemas para hablar español.
Estudio pericial
Asimismo, en Jalapa, el secretario de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Juan Carlos Mexhua, mostró en una conferencia de prensa un estudio pericial que, aseguró, es el que el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez entregó a la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba.
Mendizábal fue quien practicó la primera autopsia, el pasado 26 de febrero. ''En este estudio se apreció salida de líquido hemático por recto, en abundancia, con múltiples desgarres''. Según Mexhua, el médico indicó que se efectuó un examen interno de la cabeza de Ernestina Ascensión Rosario, a través de una incisión en forma de diadema, es decir, de izquierda a derecha.
''Se separan los colgajos cutáneos y se confirman los hematomas en regiones frontal, porción derecha y central, así como en regiones temporales; se realiza craneotomía y se retira la calota ósea, apreciándose hemisferios cerebrales derecho e izquierdo con circunvoluciones hemorrágicas'', explica en el documento.
Al explorar el piso medio y la base del cráneo, puntualiza el dictamen pericial realizado a las 22 horas del 26 de febrero, ''se aprecia a nivel de la roca, temporal derecho, hemorragia, así como en canal raquimedular, fractura y luxación de vértebras cervicales".
En tanto, la revisión realizada en el tórax de la anciana señala: ''Se apreció fractura de arcos costales, derecho e izquierdo, tercero, cuarto, quinto y sexto de ambos lados''.
En las conclusiones del certificado de la necropsia de ley, el médico legista establece que ''las causas de la muerte fueron traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales y anemia aguda''. Tipo de muerte: ''traumática''.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dio a conocer ayer el informe que rindieron a la CNDH el director del hospital de Río Blanco, Veracruz, y los seis médicos que atendieron a la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, donde se asienta que ''la paciente no presentaba datos de haber sido violada ni por vía anal ni vaginal. El señor René Huerta la trajo (al nosocomio) e insistía en que se anotara en el expediente que la paciente había sido violada por soldados destacamentados en la localidad de donde era originaria la difunta''.
En conferencia de prensa, convocada de última hora, Soberanes Fernández acusó al gobierno de Veracruz de ''manipular los hechos y las pruebas, pues actuó con errores, omisiones y falta de profesionalismo''.
Sin embargo, Blanche Pietrich también en La Jornada reporta que:
La funcionaria, con 27 años de experiencia como agente del Ministerio Público y seis años trabajando específicamente en el área de delitos sexuales, precisó que el análisis especializado de estos tres dictámenes permite afirmar que los trabajos de los médicos legistas fueron ''eficientes'' en el registro de estos desgarres, aunque reconoció que uno de los peritajes, el que suscribió el médico forense Pablo Mendizábal en la primera necropsia, adolece de una ''falla técnica'', al haber registrado la presencia de ''abundante líquido seminal''. No porque no se hubiera encontrado este tipo de fluido, aclaró, sino porque hablar de ''abundante'' no es técnicamente correcto.
Noemí Quirasco añadió que fue asesorada, para revisar estos expedientes, por la ginecóloga Guadalupe Viveros Lagunes, también funcionaria de la CEDH, especialista con 17 años de experiencia en asistir a mujeres, hombres y menores víctimas de agresiones sexuales. ''Y después de revisar con mucha atención todos los peritajes llegamos a la conclusión de que estos desgarres son ciertos. Y esta es la parte medular de la investigación''.
De manera que la discrepancia está entre los médicos que la atendieron que según Soberanes fueron seis (¡uta! a veces no se cuenta ni con uno) y los médicos legistas que hicieron la primera autopsia. Lo que es necesario puntualizar es que no es los médicos contra el Ministerio Público sino el reporte de unos médicos y el reporte de otros, médicos también.
Asimismo, Soberanes dijo que presentará denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios de la procuraduría estatal ''por actos y omisiones en que incurrieron en la necropsia y en la averiguación previa, por no proporcionar los informes que se les requirieron y (ofrecer) pruebas falsas''.
Pedroza, quien lleva la investigación del caso, denunció que ''la señora Ernestina Ascensión Rosario no dijo en náhuatl que la violaron, ni que la amarraron, ni que la golpearon. Ella expresó más bien que los soldados se le acercaron''.
Explicó que la CNDH pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz que la apoyara con un traductor, y quien hizo esta función sólo ''interpretó las palabras de la indígena y puso cosas que nunca dijeron los familiares''. Señaló que también se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la traducción, y así se pudo saber ''qué fue lo que realmente dijeron'' los deudos sobre las últimas palabras de la hoy occisa.
Independientemente de los dos distintos traductores, uno que dice que dijo que "se le montaron" y otro que dice que "se le acercaron", es de suponer que quien mejor puede interpretar las palabras de la señora es su hija y sus familiares, mismos que piden justicia, y si piden justicia es porque suponen que hubo delito.
Soberanes estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los médicos peritos. Ahí aseveró que la CNDH lamenta muy seriamente que un órgano procurador de justicia tropiece no solamente con las innegables dificultades de una investigación criminal como ésta, sino también con los errores y los graves descuidos de procedimiento de algunos de sus servidores, y deploró que, ''en lugar de corregirlos pretenda negarlos y con ello abra de par en par las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite''.
Lo que abre la suspicacia no es el órgano procurador de justicia sino el hecho que señala Noemí Quirasco: "que antes de concluida la investigación, una instancia que no tiene competencia emita afirmaciones contundentes en el sentido de que no hubo violación, ''porque de esta manera la CNDH está juzgando, sentenciando y absolviendo a posibles responsables de un delito''.
Y si a esto le agregamos que el espurio dió el resultado de la investigación aun antes que la CNDH concluyera las investigaciones pues más suspicacias y si luego las investigaciones que no estaban concluidas coinciden con lo que respondió el espurio pues más.
Abundó (Soberanes): ''Es paradójico, y no voy a omitirlo, que a la misma autoridad que ha incurrido en graves errores deba corresponderle ahora la delicada tarea de esclarecer los hechos para procurar justicia. A pesar de muchos fallos garrafales, esa autoridad estatal tiene la responsabilidad de acumular pruebas hasta establecer si existió una agresión y quiénes fueron los culpables, para encontrarlos y consignarlos judicialmente''.
Preguntó al procurador de Veracruz, Emeterio López Márquez: ''¿Con qué elementos lo hará?, ¿enviará para esto a los mismos peritos que dejaron pudrirse en una hielera pruebas fundamentales?, ¿a los mismos funcionarios que aseguran que las muestras que les fueron solicitadas no las pueden enviar porque ya se les consumieron?''
Resulta muy lógico que ante esta avalancha de críticas y acusaciones de ''intencionalidad política'', de las que han sido objeto las instancias oficiales de Veracruz, la comisionada estatal se pregunte: ''¿Por qué sembrar tanta confusión? ¿Por qué las declaraciones múltiples de la CNDH? ¿Por qué la Secretaría de la Defensa ha emitido boletines en los que asienta afirmaciones contradictorias? ¿Por qué la segunda visitadora, Susana Pedroza, habla de la existencia de más de tres mil hojas, si la averiguación previa, radicada en Veracruz, consta a la fecha de 306? ¿Se trata de cantidad o de calidad?''
Dijo Soberanes que no le correspondía a él responder esas interrogantes, ¿entonces a quién le preguntamos si es él quien las está planteando? Pero que estaba seguro de no ser la única persona que se pregunta en estas semanas cuáles pueden ser las motivaciones de orden extralegal que llevan a una autoridad estatal a desdibujar los hechos, y subrayó que ''estas maniobras políticas atropellan la posibilidad de un compromiso para buscar la verdad y abrirle paso a la justicia''.
Insistió en que la procuraduría veracruzana ''no sólo hizo una muy deficiente necropsia y una mala investigación, sino ha insistido en dar un tratamiento mediático a información confidencial al hacer circular una fotografía en la que el cadáver aparece junto a un envase de refresco con un derrame junto a la cabeza. ¿Qué se intentaba mostrar o demostrar con esa imperdonable patraña?''
Dijo que en la recomendación que hará en unas semanas incluirá señalamientos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y destacó que con los comunicados que emitió esa dependencia creó expectativas equivocadas y contribuyó al enrarecimiento de la información sobre el caso.
Interrogado sobre si esa recomendación incluirá al presidente Felipe Calderón quien, en una entrevista con La Jornada, dijo que ''la mujer indígena no había sido violada, sino que murió de gastritis crónica'', el ombudsman expresó que no es el caso, pues al Presidente sólo se le pueden fincar delitos de traición a la patria y otros más graves.
Pues ya le puede ir fincando el delito de traición a la patria porque eso fue lo que hizo traicionando a los mexicanos al usurpar un poder al que no tiene derecho porque no ganó la elección, en cuanto a que hay otros delitos más graves, ¿no le parece delito grave el descalificar la información de una anciana índigena moribunda? Porque ese delito representa lo que un individuo que usurpa el poder es capaz de hacer con tal de no culpar a un grupo de militares que tienen que defenderlo del pueblo que lo rechaza.
Por su parte, los peritos explicaron que entre las múltiples contradicciones resultado de las necropsias están las pruebas que se enviaron a la CNDH. Como ejemplo mencionaron que muestras celulares de la vagina de la occisa no corresponden con su edad cronológica. ''Ellos (la procuraduría estatal) tienen que dar la respuesta; las muestras son de una mujer por lo menos 30 años menor''.
¿Quieren decir que los peritos le sacaron una muestra vaginal a otra persona y la presentaron como prueba? Vaya acusación. ¿Y el semen? ¿Dónde quedó ese semen? Porque la Sedena declaró que lo había. ¿También la Sedena está implicada en esto? ¡Vaya contradicción!
En su turno, Thalía Pedroza expresó que se ha comunicado con los hijos de Ernestina Ascensión para informarles de los resultados que han obtenido del caso. Ellos, subrayó la funcionaria, están enterados de las investigaciones de la CNDH.
-¿ Y les creen?
-Pues tienen que creerlo, es la verdad, es lo investigado.
¿Tienen que? ¿Por qué tienen que? Porque es la verdad o porque ante el poder del gobierno, ellos que son la parte más humillada y más maltratada tienen que seguir callando los ultrajes con riesgo de perder la vida.
Soberanes concluyó que no hubo violación. El deceso, destacó, ''fue causado por una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''.
¡Andale! Por lo menos hizo un acopio de palabras más impresionante y una causal más adornada que la simple "gastritis" del pelele.
La funcionaria de Veracruz en cambio señaló que, por experiencia, sabe que muy excepcionalmente una víctima de violación miente. ''Y mucho menos una indígena, ya que su sexualidad concierne a lo más pudibundo de su humanidad''.
He aquí como se sucedieron los eventos:
Transcurridas seis semanas de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en la sierra Zongolica, Veracruz, los comunicados, declaraciones y versiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades veracruzanas chocan y se refutan. Uno de los "nudos" más enredados de estas contradicciones se centra en las supuestas muestras de semen de los presuntos agresores.
La Sedena divulgó inicialmente un boletín, el 6 de marzo, en el que negó que la base involucrada acampara en Tetlatzinga, y dijo que estaba en otro sitio a 17 kilómetros. En realidad, la Base de Operaciones García llevaba una semana instalada a medio kilómetro del pueblo. Ese boletín atribuía el crimen a "delincuentes que utilizaron prendas militares".
Pocas horas después de que empezara a circular ese comunicado, la dirección de comunicación social castrense lo retiró de su portal cibernético y lo sustituyó por otro, también con el número 019. En este boletín bis ya no se insiste en negar la existencia del campamento militar en Tetlatzinga ni habla de los "desafectos", pero contiene un polémico párrafo en el que se informa del examen médico realizado al "área genital" de los soldados, "los cuales no presentan ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo que no han tenido actividad sexual, cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".
Y agrega que peritos especialistas "llevan a cabo las comparaciones" del líquido seminal encontrado en el cuerpo con muestras de sangre de sus soldados.
Pero, ¿de qué muestra de semen hablaba la Sedena en ese momento, cuando ya la CNDH, adelantándose a todos los estudios y peritajes, secundaba los dichos del presidente Felipe Calderón y negaba el delito de violación, incluso antes de que se realizaran la exhumación y la segunda necropsia? ¿Quién realizaba ese peritaje que refería la Sedena? ¿Especialistas militares o civiles?
La primera mención de una muestra de semen está en el dictamen de necrocirugía de la víctima, practicada el día de su muerte por el legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, de Orizaba. Se añade el dictamen ginecológico-proctológico de la médico de la Agencia del Ministerio Público para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), María Catalina Rodríguez, que no menciona rastros de semen, aunque sí un desgarre anal grave causado con objeto contundente.
El 7 y 8 de marzo, la Sedena emitió nuevos boletines idénticos en los que reitera que se tomaron muestras hemáticas a todos los soldados de la base en presencia del Ministerio Público veracruzano y de dos abogados del cuerpo de Defensores del Fuero de Guerra, y que éstas, "junto con la muestra de semen", serían trasladadas a la capital.
El 9 de marzo fue exhumado el cuerpo en Tetlatzinga ante peritos militares y de la PGJEV, además de un equipo de la CNDH. Conforme a la ley, compete a la Dirección de Servicios Periciales de la procuraduría estatal emitir un dictamen en un plazo de 40 a 60 días.
Pero el día 12, el presidente Felipe Calderón emitió su opinión sobre la gastritis y desencadenó la campaña de la CNDH. A seis días de la segunda necropsia, sin el informe de la PGJEV, Soberanes afirmó que se trató de una "muerte natural".
El forense veracruzano Ignacio Gutiérrez Vázquez, quien representó a la PGJEV en la exhumación, informó a finales de marzo sus primeras conclusiones: que hubo "irregularidades y errores" en el peritaje del legista Mendizábal, en particular cuando "señala que existe líquido seminal en abundancia en los genitales de la misma (mujer), sin recabar muestras ni esperar resultados de bioquímica".
Pero sus hallazgos coinciden y reconocen la validez del dictamen proctológico de la doctora Rodríguez Rosas "en la descripción de lesiones del área genital y anal de la víctima". Heridas de este tipo no necesariamente son provocadas por penetración masculina, sino con objetos contundentes. No hay rastros de sangre, pero sí desgarres que pueden ser mortales. Existen antecedentes.
El 29 de marzo la CNDH "descartó" la existencia de esta lesión, basada en "estudios técnico científicos" propios. A su versión sumó una amenaza: denunciar a los funcionarios de la PGJEV "por actos y omisiones".
Si la cuestión está entre creerle al pelele usurpador que fue el primero que dio la versión que ahora Soberanes quien tiene mucho que perder o ganar en este asunto ratifica, y una anciana indígena moribunda, y además contamos con estos antecedentes, nos van a perdonar pero la credibilidad, por experiencias múltiples se la lleva Doña Ernestina por mucho.
Pero además la cuestión sigue llevándose de manera sospechosa y esto es lo de hoy:
El subsecretario de Gobernación realizó una segunda visita a la zona de Zongolica
Furtiva reunión de González Uyeda con deudos
FABIOLA MARTINEZ , ANDRES T. MORALES REPORTERA , CORRESPONSAL
Por segunda ocasión, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Abraham González Uyeda, se trasladó ayer a la sierra de Zongolica, Veracruz, para reunirse con los familiares de la indígena Ernestina Ascensión Rosario.
A escondidas de las autoridades municipales y estatales, el funcionario y los cinco hijos de Ernestina fueron trasladados de la comunidad de Tetlatzinga a Ciudad Mendoza y posteriormente a Boca del Río. De acuerdo con fuentes de la SG, González permanecerá en la zona ''por lo menos dos días'' y tiene instrucciones precisas de volver a escuchar testimonios y realizar un informe ''objetivo'' del caso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insiste en que Ascensión Rosario falleció a consecuencia de una anemia aguda, derivada de una úlcera gástrica, pero la Procuraduría General de Justicia de Veracruz asegura que la mujer murió tras golpes y un ataque sexual, presuntamente tumultuario.
Los familiares de la occisa, en especial una de sus hijas, aseguran que su madre les dijo antes de perder el conocimiento que había sido atacada por soldados, por lo que exigen justicia. Sin embargo, tras su recorrido inicial por esa zona, el subsecretario declaró a la prensa, el lunes pasado, que ''ellos (los familiares) insisten en que no se puede hacer un señalamiento de los culpables, ni de que fuera el Ejército o elementos del Ejército''.
La versión fue desmentida de inmediato por el presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, presente en la reunión de poco más de dos horas entre el funcionario e integrantes de la familia. Las fuentes consultadas precisaron además que los encargados de Atención Ciudadana de la SG, Lorenzo Gómez y Jorge González, encargado y subdirector de esa área, respectivamente, viajaron también al lugar.
En Bucareli consideran que sería un riesgo que el tema se ''politice'' (el presidente municipal citado es de extracción perredista). Por otra parte, en lo que fue considerada una maniobra de distracción, los hermanos Martha, Carmen, Juana, Francisco y Julio Rosario fueron transportados desde las 8 de la mañana a Ciudad Mendoza. Representantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica afirmaron que González Uyeda ''exigió'' evadir la presencia de autoridades municipales y de abogados de la familia. ''Quería hablar solo con ellos", aseguraron.
A su vez, el alcalde Pérez Pascuala dijo que no fueron notificados de la reunión. Afirmó que la entrevista que ''a hurtadillas'' tuvo el funcionario federal obedece a un interés claro de evadir la intervención de autoridades municipales, de las organizaciones indígenas y de todos los que han brindado apoyo y asesoría a los deudos. Indicó que González Uyeda se comprometió con el cabildo de Soledad Atzompa a mantenerlos informados de toda asamblea o reunión sobre el caso, y especialmente no ejercer ningún tipo de presiones o amenazas contra los familiares, algunos de los cuales tienen problemas para hablar español.
Estudio pericial
Asimismo, en Jalapa, el secretario de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Juan Carlos Mexhua, mostró en una conferencia de prensa un estudio pericial que, aseguró, es el que el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez entregó a la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba.
Mendizábal fue quien practicó la primera autopsia, el pasado 26 de febrero. ''En este estudio se apreció salida de líquido hemático por recto, en abundancia, con múltiples desgarres''. Según Mexhua, el médico indicó que se efectuó un examen interno de la cabeza de Ernestina Ascensión Rosario, a través de una incisión en forma de diadema, es decir, de izquierda a derecha.
''Se separan los colgajos cutáneos y se confirman los hematomas en regiones frontal, porción derecha y central, así como en regiones temporales; se realiza craneotomía y se retira la calota ósea, apreciándose hemisferios cerebrales derecho e izquierdo con circunvoluciones hemorrágicas'', explica en el documento.
Al explorar el piso medio y la base del cráneo, puntualiza el dictamen pericial realizado a las 22 horas del 26 de febrero, ''se aprecia a nivel de la roca, temporal derecho, hemorragia, así como en canal raquimedular, fractura y luxación de vértebras cervicales".
En tanto, la revisión realizada en el tórax de la anciana señala: ''Se apreció fractura de arcos costales, derecho e izquierdo, tercero, cuarto, quinto y sexto de ambos lados''.
En las conclusiones del certificado de la necropsia de ley, el médico legista establece que ''las causas de la muerte fueron traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales y anemia aguda''. Tipo de muerte: ''traumática''.
Bolivia debe fracasar
Emir Sader
Lo de Bolivia no puede resultar bien. Un indígena no puede ser un buen presidente de la república. La economía no puede crecer bajo la dirección de un partido fundado sobre movimientos sociales. Los recursos naturales no pueden ser administrados por un gobierno compuesto por dirigentes indígenas y sindicales.
La Asamblea Constituyente tiene que fracasar, no puede dar lugar a la construcción de una Bolivia multicultural, multinacional y multiétnica, porque esto hiere las teorías liberales. El gobierno de Evo Morales tiene que fracasar en la construcción de una inmensa democracia social, económica y cultural.
Bolivia tiene que fracasar para que se compruebe el lema fundamental del capitalismo, "Civilización o barbarie", en el que la civilización fue definitivamente asumida e identificada con la cultura blanca, occidental, cristiana, anglosajona. El resto -Africa, Asia, los indígenas, los negros, los mestizos de América latina, los negros de Estados Unidos- son, en fin, todos los no blancos.
Hollywood ya nos enseño: los "guapos" son los cowboys, que luchan contra los malos: los indígenas o "pieles rojas", traicioneros, expresión de la barbarie en pleno suelo yanqui. Hollywood ya criminalizó a japoneses, chinos, coreanos, africanos, árabes, mexicanos y, mediante estos últimos, a todos los latinoamericanos.
Ya aprendimos qué es bueno y qué es malo; qué es feo y qué es bonito; quién (supuestamente) gana y quién pierde.
De repente un indígena se vuelve presidente de la república: es inaceptable. Basta que John Wayne -el estadunidense indómito- tuviera que descansar, para que los indios atacaran de nuevo: ocuparan el Palacio Quemado, se posesionaran de ministerios, llamaran a una Asamblea Constituyente, hablaran en nombre del pueblo boliviano, se apropiaran de las riquezas naturales: tierra, agua, gas, petróleo.
Si el gobierno de Bolivia acertase, ¡habría que revisar tantas cosas!: habría que rediscutir el concepto de civilización y de barbarie, cuestionar la dominación capitalista del mundo, la hegemonía europea y estadunidense. La dictadura del dinero, de las armas y de la palabra estaría amenazada. Por todo esto y mucho más, la Bolivia de Evo Morales no debe y no puede resultar bien. Pero lo está siendo. Ahí comienzan los problemas.
Traducción: Ruben Montedónico
Lo de Bolivia no puede resultar bien. Un indígena no puede ser un buen presidente de la república. La economía no puede crecer bajo la dirección de un partido fundado sobre movimientos sociales. Los recursos naturales no pueden ser administrados por un gobierno compuesto por dirigentes indígenas y sindicales.
La Asamblea Constituyente tiene que fracasar, no puede dar lugar a la construcción de una Bolivia multicultural, multinacional y multiétnica, porque esto hiere las teorías liberales. El gobierno de Evo Morales tiene que fracasar en la construcción de una inmensa democracia social, económica y cultural.
Bolivia tiene que fracasar para que se compruebe el lema fundamental del capitalismo, "Civilización o barbarie", en el que la civilización fue definitivamente asumida e identificada con la cultura blanca, occidental, cristiana, anglosajona. El resto -Africa, Asia, los indígenas, los negros, los mestizos de América latina, los negros de Estados Unidos- son, en fin, todos los no blancos.
Hollywood ya nos enseño: los "guapos" son los cowboys, que luchan contra los malos: los indígenas o "pieles rojas", traicioneros, expresión de la barbarie en pleno suelo yanqui. Hollywood ya criminalizó a japoneses, chinos, coreanos, africanos, árabes, mexicanos y, mediante estos últimos, a todos los latinoamericanos.
Ya aprendimos qué es bueno y qué es malo; qué es feo y qué es bonito; quién (supuestamente) gana y quién pierde.
De repente un indígena se vuelve presidente de la república: es inaceptable. Basta que John Wayne -el estadunidense indómito- tuviera que descansar, para que los indios atacaran de nuevo: ocuparan el Palacio Quemado, se posesionaran de ministerios, llamaran a una Asamblea Constituyente, hablaran en nombre del pueblo boliviano, se apropiaran de las riquezas naturales: tierra, agua, gas, petróleo.
Si el gobierno de Bolivia acertase, ¡habría que revisar tantas cosas!: habría que rediscutir el concepto de civilización y de barbarie, cuestionar la dominación capitalista del mundo, la hegemonía europea y estadunidense. La dictadura del dinero, de las armas y de la palabra estaría amenazada. Por todo esto y mucho más, la Bolivia de Evo Morales no debe y no puede resultar bien. Pero lo está siendo. Ahí comienzan los problemas.
Traducción: Ruben Montedónico
Privatización de la guerra
Matteo Dean
Se dice que en Irak, inmediatamente detrás del ejército estadunidense, la segunda fuerza de ocupación son los al menos 25 mil efectivos desplegados por las empresas privadas militares y de seguridad. El dato numérico nos ayuda a ver la magnitud de un fenómeno existente desde hace al menos 15 años, mismo que se está convirtiendo en el elemento central de las guerras del presente y del futuro: la privatización de la guerra.
De los nuevos mercenarios se tiene registro en las guerras de los Balcanes, en Sierra Leona, pero también en Colombia, en Afganistán, y en todos los escenarios de guerra de la última década y media. La presencia de la llamada PMC (Private Military Company, por su sigla en inglés) en las guerras recientes bien habla no sólo de cómo ha venido cambiando el carácter de las conflagraciones presentes y futuras, sino también viene a confirmar lo que podríamos definir como conformación del ejército mercenario global.
La caída del Muro de Berlín obligó a los grandes ejércitos a remodelarse frente a las nuevas y desconocidas condiciones, liberando gran cantidad de profesionales, hombres y mujeres, adiestrados y preparados para la guerra. En un principio es natural que todos estos expertos de las armas busquen otra forma de ganarse el pan, es decir, vender lo que saben hacer: la guerra. Se constituyen así decenas de empresas privadas de seguridad, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, con miembros de todos los países: estadunidenses, sudafricanos, israelíes, chilenos, serbios, croatas, etcétera. De la misma manera, los ejércitos nacionales están obligados a reconsiderarse a partir de los nuevos escenarios bélicos que se presentan: ya no existe la guerra entre estados nacionales, sino las llamadas operaciones de policía internacional, las misiones de peace-keeping, entre otras.
Estados Unidos, única potencia militar de cierto nivel, se erige de forma totalmente arbitraria en gendarme mundial y no pierde tiempo en señalar al nuevo enemigo, objetivo de su potencia político-militar: los dictadores primero, los terroristas después, inventando en ambos casos categorías totalmente arbitrarias, anónimas y, en ciertos casos, adjudicándose potestades para actuar fuera de su territorio.
En esta nueva guerra ya no se enfrentan dos ejércitos regulares, sino un poderoso ejército y un enemigo desterritorializado. Crecen las empresas privadas, gracias al dinero que ofrecen (en promedio un mercenario estadunidense percibe hasta 10 veces más que un soldado del ejército de ese país) los gobiernos, el de Estados Unidos sobre todo, y así firman contratos y delegan operaciones.
Recurrir a empresas privadas significa ahorrar dinero en la más clara aplicación de la subcontratación productiva, pero significa también cubrir esas misiones políticamente delicadas (homicidios, interrogatorios "fuertes", misiones en territorios no beligerantes) y ahorrar vidas en el seno del propio ejército, elemento de suma importancia para el consenso público nacional alrededor de misiones difícilmente justificables.
Y quienes hoy piensan que los mercenarios posmodernos -llamados con el nombre tan profesional de contractors- no son sino una degeneración de los ejércitos nacionales, quizás deberían pensar que éstos, fundados alrededor de mitos como la patria y el honor, derivan precisamente de los mercenarios medievales. Ya desde ese entonces, grupos de profesionales vendían sus habilidades al que mejor pagaba. Luego surgieron los estados nacionales y toda la mitología del servicio a la patria ofrecido por un ejército pagado y preparado por el Estado, mismo, que tenía así el monopolio del uso de la fuerza. Un mito que viene cayendo, toda vez que hoy cualquiera puede tener un ejército propio. Y como en ese entonces, quizás hoy también, las fuerzas militares privadas son susceptibles de cambiar de bando, según la oferta económica que reciban, así como están interesadas, sin duda, en la existencia de guerras y en la prolongación de éstas (es emblemático el caso del conflicto en Sierra Leona).
En la configuración imperial, la aristocracia de las multinacionales y los grupos de poder fáctico hoy tienen su ejército de ex militares para controlar e imponer, para conquistar e intimidar. Un ejército sin nación, pero con patrón, ese imperio que busca la manera no de ordenar, sino de controlar el caos que provoca su sistema económico.
Aunque las Naciones Unidas, por conducto de la Convención de Ginebra, prohíba explícitamente el uso de mercenarios, lo cierto es que hoy las guerras ya no se declaran, sino que se anuncian y se pelean. Al mismo tiempo, hay guerras que no resultan tales, sino que son conflictos locales, son estados de tensión, aunque más gente las defina como guerras de baja intensidad. Y ahí encontramos las empresas privadas de seguridad que se ocupan de todo el negocio de la guerra: desde el transporte de tropas hasta las provisiones de materiales, desde el resguardo de estructuras hasta los interrogatorios de prisioneros y las batallas propiamente dichas.
Se trata de una transformación en el modo de hacer guerra que nos recuerda el modo de hacer política. Ya no existen ideas o principios que defender, sino el dinero que es capaz de poner banderas y escudos y cambiarlos de color todas las veces que sea necesario. La movilidad de los políticos entre un partido y otro se refleja en la movilidad de estos profesionales de la violencia, asesinos a sueldo y especuladores de las guerras decididas en nombre del negocio colectivo de la aristocracia imperial.
Se dice que en Irak, inmediatamente detrás del ejército estadunidense, la segunda fuerza de ocupación son los al menos 25 mil efectivos desplegados por las empresas privadas militares y de seguridad. El dato numérico nos ayuda a ver la magnitud de un fenómeno existente desde hace al menos 15 años, mismo que se está convirtiendo en el elemento central de las guerras del presente y del futuro: la privatización de la guerra.
De los nuevos mercenarios se tiene registro en las guerras de los Balcanes, en Sierra Leona, pero también en Colombia, en Afganistán, y en todos los escenarios de guerra de la última década y media. La presencia de la llamada PMC (Private Military Company, por su sigla en inglés) en las guerras recientes bien habla no sólo de cómo ha venido cambiando el carácter de las conflagraciones presentes y futuras, sino también viene a confirmar lo que podríamos definir como conformación del ejército mercenario global.
La caída del Muro de Berlín obligó a los grandes ejércitos a remodelarse frente a las nuevas y desconocidas condiciones, liberando gran cantidad de profesionales, hombres y mujeres, adiestrados y preparados para la guerra. En un principio es natural que todos estos expertos de las armas busquen otra forma de ganarse el pan, es decir, vender lo que saben hacer: la guerra. Se constituyen así decenas de empresas privadas de seguridad, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, con miembros de todos los países: estadunidenses, sudafricanos, israelíes, chilenos, serbios, croatas, etcétera. De la misma manera, los ejércitos nacionales están obligados a reconsiderarse a partir de los nuevos escenarios bélicos que se presentan: ya no existe la guerra entre estados nacionales, sino las llamadas operaciones de policía internacional, las misiones de peace-keeping, entre otras.
Estados Unidos, única potencia militar de cierto nivel, se erige de forma totalmente arbitraria en gendarme mundial y no pierde tiempo en señalar al nuevo enemigo, objetivo de su potencia político-militar: los dictadores primero, los terroristas después, inventando en ambos casos categorías totalmente arbitrarias, anónimas y, en ciertos casos, adjudicándose potestades para actuar fuera de su territorio.
En esta nueva guerra ya no se enfrentan dos ejércitos regulares, sino un poderoso ejército y un enemigo desterritorializado. Crecen las empresas privadas, gracias al dinero que ofrecen (en promedio un mercenario estadunidense percibe hasta 10 veces más que un soldado del ejército de ese país) los gobiernos, el de Estados Unidos sobre todo, y así firman contratos y delegan operaciones.
Recurrir a empresas privadas significa ahorrar dinero en la más clara aplicación de la subcontratación productiva, pero significa también cubrir esas misiones políticamente delicadas (homicidios, interrogatorios "fuertes", misiones en territorios no beligerantes) y ahorrar vidas en el seno del propio ejército, elemento de suma importancia para el consenso público nacional alrededor de misiones difícilmente justificables.
Y quienes hoy piensan que los mercenarios posmodernos -llamados con el nombre tan profesional de contractors- no son sino una degeneración de los ejércitos nacionales, quizás deberían pensar que éstos, fundados alrededor de mitos como la patria y el honor, derivan precisamente de los mercenarios medievales. Ya desde ese entonces, grupos de profesionales vendían sus habilidades al que mejor pagaba. Luego surgieron los estados nacionales y toda la mitología del servicio a la patria ofrecido por un ejército pagado y preparado por el Estado, mismo, que tenía así el monopolio del uso de la fuerza. Un mito que viene cayendo, toda vez que hoy cualquiera puede tener un ejército propio. Y como en ese entonces, quizás hoy también, las fuerzas militares privadas son susceptibles de cambiar de bando, según la oferta económica que reciban, así como están interesadas, sin duda, en la existencia de guerras y en la prolongación de éstas (es emblemático el caso del conflicto en Sierra Leona).
En la configuración imperial, la aristocracia de las multinacionales y los grupos de poder fáctico hoy tienen su ejército de ex militares para controlar e imponer, para conquistar e intimidar. Un ejército sin nación, pero con patrón, ese imperio que busca la manera no de ordenar, sino de controlar el caos que provoca su sistema económico.
Aunque las Naciones Unidas, por conducto de la Convención de Ginebra, prohíba explícitamente el uso de mercenarios, lo cierto es que hoy las guerras ya no se declaran, sino que se anuncian y se pelean. Al mismo tiempo, hay guerras que no resultan tales, sino que son conflictos locales, son estados de tensión, aunque más gente las defina como guerras de baja intensidad. Y ahí encontramos las empresas privadas de seguridad que se ocupan de todo el negocio de la guerra: desde el transporte de tropas hasta las provisiones de materiales, desde el resguardo de estructuras hasta los interrogatorios de prisioneros y las batallas propiamente dichas.
Se trata de una transformación en el modo de hacer guerra que nos recuerda el modo de hacer política. Ya no existen ideas o principios que defender, sino el dinero que es capaz de poner banderas y escudos y cambiarlos de color todas las veces que sea necesario. La movilidad de los políticos entre un partido y otro se refleja en la movilidad de estos profesionales de la violencia, asesinos a sueldo y especuladores de las guerras decididas en nombre del negocio colectivo de la aristocracia imperial.
El sistema: de Zapata a los cristeros
Jorge Camil
El régimen anterior no fue una típica dictadura latinoamericana, como las de Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez, Stroessner, Rojas Pinilla, Pinochet, y otros de la misma calaña. Por eso, la dictadura sin dictador del régimen priísta inclinó a algunos a calificarla como una "dictadura de partido". Sólo que el PRI no era un verdadero partido político. Fue un organismo diseñado para resolver en forma más o menos pacífica el tema de la sucesión presidencial, pero con el tiempo se volvió una máquina burocrática que entronizaba automáticamente "candidatos" seleccionados por el Presidente de la República. La verdad es que el partido oficial y sus comparsas (¡porque era imposible concebir un sistema de un solo partido!) construyeron durante 71 años la cortina de humo que escondía nuestro remedo de democracia.
Se pensaba, candorosamente, que tirios y troyanos se tragaban la mentira de que un país con varios partidos políticos (aunque fuesen imitaciones de partidos) no podía ser una verdadera dictadura. Sin embargo, el toque maestro, aquel que nos separaba del resto de América Latina, fue la rotación programada de nuestros dictadores enanos, exigida por el principio jurídico de la "no relección".
Y no olvidemos las reglas no escritas, que le exigían al presidente saliente abandonar el poder fundido en el anonimato, y obligaban al monarca en turno a respetar al antecesor y, más importante aún, a la familia del antecesor: la retahíla de parientes incómodos que se enriquecían a la sombra del poder. Lo que teníamos no era una forma de gobierno reconocida por los cánones de la ciencia política, era un "sistema", un modus operandi, un rompecabezas formado por piezas grandes y pequeñas, visibles e invisibles, que se consideraban esenciales para preservar el poder.
Así nació el monolítico principio de autoridad que convirtió al presidente en gran elector, árbitro de controversias públicas y privadas y eje central del sistema. La ideología (porque todo gobierno tiene una ideología) la proporcionaba el mito de una revolución traicionada, que aparecía en casi todos los discursos oficiales para darnos un barniz progresista. Eso nos legitimaba para venerar con igual generosidad a Zapata, y a los demás combatientes que derrocaron a Porfirio Díaz, aunque en su momento, como sucede en todas las revoluciones, unos hayan traicionado o eliminado a los otros.
Merced al mito de la Revolución Mexicana nos convertimos, como diría magistralmente Adolfo López Mateos, en un país "de extrema izquierda dentro de la Constitución". Una frase que describía en forma memorable la naturaleza camaleónica del sistema. No teníamos democracia ni dictadura, teníamos un sistema sui generis: ¡ejemplo de América Latina! No perseguíamos signos socialistas ni capitalistas: estábamos gobernados por una rectoría estatal, "de economía mixta", que velaba por los pobres y los desheredados. ¿Nuestro régimen jurídico?: un intríngulis de leyes discrecionales y disposiciones arbitrarias dictadas por el Poder Ejecutivo, que le permitían al gobierno gobernar a su antojo.
El "sistema" original funcionó milagrosamente gracias a una urdimbre de complicidades sustentadas en la corrupción, hasta que abrazamos el neoliberalismo y la globalización. En ese momento, advirtió el economista Horacio Flores de la Peña (La Jornada 6/10/97), la política económica se ocupó de manejar las opciones "para decidir quiénes tenían derecho a vivir bien, y quiénes debían continuar subsistiendo en la pobreza extrema": una fórmula que nos puede conducir a la anarquía, o al ejercicio arbitrario del poder.
Es irreal -concluyó Flores de la Peña- "suponer que los ricos puedan sobrevivir con seguridad en un mundo de miserables." (Así que la cacareada guerra contra la inseguridad está perdida: ¿47 millones de mexicanos hundidos en la miseria coexistiendo con quien pronto será el hombre más rico del mundo?)
Hoy seguimos bajo el mismo sistema, en la creencia de que nos dirigimos hacia la transición democrática. Nos entusiasmó la alternancia en el Poder Ejecutivo, pero seis años después descubrimos que el "presidente del cambio" impuso al sucesor, abusó del poder, permitió el enriquecimiento de familiares, y pretende perpetuarse en el poder. Parece que continuamos encerrados sin remedio en las cuatro paredes del sistema, en el limbo de una "democracia" que tampoco es "dictadura", y con un Congreso donde partidos, que no son verdaderos partidos políticos, chantajean al Presidente.
El régimen anterior sobrevivió apuntalado por el apoyo discreto, que se sentía sin verse, de un instituto armado al que se le había inculcado una fuerte tradición civilista. En el sistema actual el Ejército ha brincado a la palestra, defendiendo abiertamente la legitimidad de un Presidente cuestionado, e intentando someter a la única fuerza que ha retado al sistema: el crimen organizado. El revanchismo está a flor de piel, porque al iniciar el segundo sexenio panista los actuales administradores del sistema sustituyeron a los revolucionarios laicos de 1910 por los cristeros.
El régimen anterior no fue una típica dictadura latinoamericana, como las de Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez, Stroessner, Rojas Pinilla, Pinochet, y otros de la misma calaña. Por eso, la dictadura sin dictador del régimen priísta inclinó a algunos a calificarla como una "dictadura de partido". Sólo que el PRI no era un verdadero partido político. Fue un organismo diseñado para resolver en forma más o menos pacífica el tema de la sucesión presidencial, pero con el tiempo se volvió una máquina burocrática que entronizaba automáticamente "candidatos" seleccionados por el Presidente de la República. La verdad es que el partido oficial y sus comparsas (¡porque era imposible concebir un sistema de un solo partido!) construyeron durante 71 años la cortina de humo que escondía nuestro remedo de democracia.
Se pensaba, candorosamente, que tirios y troyanos se tragaban la mentira de que un país con varios partidos políticos (aunque fuesen imitaciones de partidos) no podía ser una verdadera dictadura. Sin embargo, el toque maestro, aquel que nos separaba del resto de América Latina, fue la rotación programada de nuestros dictadores enanos, exigida por el principio jurídico de la "no relección".
Y no olvidemos las reglas no escritas, que le exigían al presidente saliente abandonar el poder fundido en el anonimato, y obligaban al monarca en turno a respetar al antecesor y, más importante aún, a la familia del antecesor: la retahíla de parientes incómodos que se enriquecían a la sombra del poder. Lo que teníamos no era una forma de gobierno reconocida por los cánones de la ciencia política, era un "sistema", un modus operandi, un rompecabezas formado por piezas grandes y pequeñas, visibles e invisibles, que se consideraban esenciales para preservar el poder.
Así nació el monolítico principio de autoridad que convirtió al presidente en gran elector, árbitro de controversias públicas y privadas y eje central del sistema. La ideología (porque todo gobierno tiene una ideología) la proporcionaba el mito de una revolución traicionada, que aparecía en casi todos los discursos oficiales para darnos un barniz progresista. Eso nos legitimaba para venerar con igual generosidad a Zapata, y a los demás combatientes que derrocaron a Porfirio Díaz, aunque en su momento, como sucede en todas las revoluciones, unos hayan traicionado o eliminado a los otros.
Merced al mito de la Revolución Mexicana nos convertimos, como diría magistralmente Adolfo López Mateos, en un país "de extrema izquierda dentro de la Constitución". Una frase que describía en forma memorable la naturaleza camaleónica del sistema. No teníamos democracia ni dictadura, teníamos un sistema sui generis: ¡ejemplo de América Latina! No perseguíamos signos socialistas ni capitalistas: estábamos gobernados por una rectoría estatal, "de economía mixta", que velaba por los pobres y los desheredados. ¿Nuestro régimen jurídico?: un intríngulis de leyes discrecionales y disposiciones arbitrarias dictadas por el Poder Ejecutivo, que le permitían al gobierno gobernar a su antojo.
El "sistema" original funcionó milagrosamente gracias a una urdimbre de complicidades sustentadas en la corrupción, hasta que abrazamos el neoliberalismo y la globalización. En ese momento, advirtió el economista Horacio Flores de la Peña (La Jornada 6/10/97), la política económica se ocupó de manejar las opciones "para decidir quiénes tenían derecho a vivir bien, y quiénes debían continuar subsistiendo en la pobreza extrema": una fórmula que nos puede conducir a la anarquía, o al ejercicio arbitrario del poder.
Es irreal -concluyó Flores de la Peña- "suponer que los ricos puedan sobrevivir con seguridad en un mundo de miserables." (Así que la cacareada guerra contra la inseguridad está perdida: ¿47 millones de mexicanos hundidos en la miseria coexistiendo con quien pronto será el hombre más rico del mundo?)
Hoy seguimos bajo el mismo sistema, en la creencia de que nos dirigimos hacia la transición democrática. Nos entusiasmó la alternancia en el Poder Ejecutivo, pero seis años después descubrimos que el "presidente del cambio" impuso al sucesor, abusó del poder, permitió el enriquecimiento de familiares, y pretende perpetuarse en el poder. Parece que continuamos encerrados sin remedio en las cuatro paredes del sistema, en el limbo de una "democracia" que tampoco es "dictadura", y con un Congreso donde partidos, que no son verdaderos partidos políticos, chantajean al Presidente.
El régimen anterior sobrevivió apuntalado por el apoyo discreto, que se sentía sin verse, de un instituto armado al que se le había inculcado una fuerte tradición civilista. En el sistema actual el Ejército ha brincado a la palestra, defendiendo abiertamente la legitimidad de un Presidente cuestionado, e intentando someter a la única fuerza que ha retado al sistema: el crimen organizado. El revanchismo está a flor de piel, porque al iniciar el segundo sexenio panista los actuales administradores del sistema sustituyeron a los revolucionarios laicos de 1910 por los cristeros.
El caos
Luis Javier Garrido
El escenario de caos institucional en que se hunde el país no es consecuencia tan sólo de la ineptitud del gobierno de facto de Felipe Calderón, sino que es, sobre todo, la expresión de una estrategia definida por los intereses trasnacionales, que desde hace un cuarto de siglo han buscado con la complicidad de los tecnócratas priístas el desmantelamiento del Estado nacional mexicano.
1. La tesis original de los neoliberales de Chicago para imponer en América Latina el modelo neoliberal supuso desde el caso chileno la instauración de gobiernos autoritarios o dictatoriales, que por la vía de la fuerza y en un escenario de caos social y político, generado desde arriba, desmantelaran las estructuras existentes y controlaran la inconformidad social a fin de poder imponer en medio de ese escenario crítico los programas decididos por los organismos financieros internacionales, y ése está siendo ahora el caso de México.
2. El fracaso de la administración de Fox para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado, y en consecuencia de la nación, ha conducido a los poderes trasnacionales, apoyados por los tecnócratas priístas, a cambiar de estrategia y, en el contexto de la subordinación de Felipe Calderón a Carlos Salinas de Gortari y a los priístas neoliberales, se ha decidido intensificar el escenario de caos y confusión política para profundizar la imposición del modelo neoliberal y la destrucción total del Estado benefactor surgido tras la Revolución Mexicana de 1910.
3. El gobierno de George W. Bush y de los halcones del Pentágono fabricó en Estados Unidos luego de 2001 la tesis de que era necesaria una guerra "contra el terrorismo internacional", con el objetivo de generarse una serie de oposiciones y justificar sus acciones intervencionistas en el mundo, por lo que no es de sorprender que con una maniobra burda, inspirada en esas medidas, los poderes trasnacionales hayan decidido tras el fraude electoral de 2006 que el gobernante pelele Felipe Calderón debía lanzar en México, utilizando al Ejército, una supuesta guerra "contra el narcotráfico" para poder generar así un escenario de caos que le permita la imposición de las medidas neoliberales.
4. La decisión de lanzar a actuar al Ejército como policía judicial es un acto ilegal porque la Constitución lo prohíbe, pero es también un absurdo por el hecho de que las fuerzas armadas no tienen una capacidad técnica para luchar contra el crimen organizado y, en especial, como todo mundo sabe, porque el narcopoder se halla vinculado estrechamente al régimen calderonista y tiene un control determinante de muchas de las instancias administrativas, financieras, policiacas, judiciales y militares del Estado.
5. Carlos Salinas de Gortari, a quien Calderón se halla subordinado, tiene a la vez un poder determinante sobre los principales cárteles organizados y el control de las dos Cámaras federales, ya que sus incondicionales Manlio Fabio Beltrones (jefe de la bancada priísta de diputados) y Emilio Gamboa (jefe de los senadores del PRI) pueden decidir, con el apoyo de los legisladores panistas, que los obedecen dócilmente, las modificaciones legales que se deben hacer para mejor servir a los intereses trasnacionales.
6. Calderón es en México, formalmente, el guardián de los intereses de los cárteles de la droga, y la pregunta surge así: ¿qué está haciendo entonces en realidad el Ejército, además de favorecer una reorganización del mercado de las drogas en función de los intereses empresariales de Salinas y de los amigos de Calderón en ese terreno?
7. El baño de sangre que se está viendo en el país, con múltiples ejecuciones todos los días, es imputable por ello, en primer término, a Calderón, quien al aceptar la exigencia trasnacional de lanzar al Ejército a una tarea que no le corresponde, soñando que así podría darle viabilidad a su gobierno ilegítimo, someter la inconformidad popular y controlar a los movimientos sociales con el objetivo de culminar el desmantelamiento de la nación, no ha hecho más que fortalecer un clima de irracionalidad y violencia institucional.
8. La propaganda oficial en el sentido de que supuestamente Calderón estaría luchando contra el narcotráfico no se sostiene ya y nadie la cree, a pesar del gasto mediático que ha representado y, sin embargo, el gobierno de facto insiste en la simulación.
9. El dilema de México es, por lo mismo, muy claro: o se prosigue en la vía que los poderes trasnacionales han diseñado para poder culminar la destrucción del Estado nacional mexicano, que supone la profundización del escenario del caos, que ellos han diseñado y que la ultraderecha panista asociada a los tecnócratas del PRI ha asumido como la vía para la imposición del proyecto del gran capital, o se logra imponer la racionalidad política, que hoy viene del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, de la Convención Nacional Democrática, de los movimientos sociales, de los sindicatos democráticos, de las comunidades zapatistas de Chiapas y, desde luego, de lo más profundo de la sociedad.
10. La paciencia del pueblo tiene, sin embargo, un límite, y eso es lo que parecen olvidar quienes hoy pretenden gobernar a México.
El escenario de caos institucional en que se hunde el país no es consecuencia tan sólo de la ineptitud del gobierno de facto de Felipe Calderón, sino que es, sobre todo, la expresión de una estrategia definida por los intereses trasnacionales, que desde hace un cuarto de siglo han buscado con la complicidad de los tecnócratas priístas el desmantelamiento del Estado nacional mexicano.
1. La tesis original de los neoliberales de Chicago para imponer en América Latina el modelo neoliberal supuso desde el caso chileno la instauración de gobiernos autoritarios o dictatoriales, que por la vía de la fuerza y en un escenario de caos social y político, generado desde arriba, desmantelaran las estructuras existentes y controlaran la inconformidad social a fin de poder imponer en medio de ese escenario crítico los programas decididos por los organismos financieros internacionales, y ése está siendo ahora el caso de México.
2. El fracaso de la administración de Fox para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado, y en consecuencia de la nación, ha conducido a los poderes trasnacionales, apoyados por los tecnócratas priístas, a cambiar de estrategia y, en el contexto de la subordinación de Felipe Calderón a Carlos Salinas de Gortari y a los priístas neoliberales, se ha decidido intensificar el escenario de caos y confusión política para profundizar la imposición del modelo neoliberal y la destrucción total del Estado benefactor surgido tras la Revolución Mexicana de 1910.
3. El gobierno de George W. Bush y de los halcones del Pentágono fabricó en Estados Unidos luego de 2001 la tesis de que era necesaria una guerra "contra el terrorismo internacional", con el objetivo de generarse una serie de oposiciones y justificar sus acciones intervencionistas en el mundo, por lo que no es de sorprender que con una maniobra burda, inspirada en esas medidas, los poderes trasnacionales hayan decidido tras el fraude electoral de 2006 que el gobernante pelele Felipe Calderón debía lanzar en México, utilizando al Ejército, una supuesta guerra "contra el narcotráfico" para poder generar así un escenario de caos que le permita la imposición de las medidas neoliberales.
4. La decisión de lanzar a actuar al Ejército como policía judicial es un acto ilegal porque la Constitución lo prohíbe, pero es también un absurdo por el hecho de que las fuerzas armadas no tienen una capacidad técnica para luchar contra el crimen organizado y, en especial, como todo mundo sabe, porque el narcopoder se halla vinculado estrechamente al régimen calderonista y tiene un control determinante de muchas de las instancias administrativas, financieras, policiacas, judiciales y militares del Estado.
5. Carlos Salinas de Gortari, a quien Calderón se halla subordinado, tiene a la vez un poder determinante sobre los principales cárteles organizados y el control de las dos Cámaras federales, ya que sus incondicionales Manlio Fabio Beltrones (jefe de la bancada priísta de diputados) y Emilio Gamboa (jefe de los senadores del PRI) pueden decidir, con el apoyo de los legisladores panistas, que los obedecen dócilmente, las modificaciones legales que se deben hacer para mejor servir a los intereses trasnacionales.
6. Calderón es en México, formalmente, el guardián de los intereses de los cárteles de la droga, y la pregunta surge así: ¿qué está haciendo entonces en realidad el Ejército, además de favorecer una reorganización del mercado de las drogas en función de los intereses empresariales de Salinas y de los amigos de Calderón en ese terreno?
7. El baño de sangre que se está viendo en el país, con múltiples ejecuciones todos los días, es imputable por ello, en primer término, a Calderón, quien al aceptar la exigencia trasnacional de lanzar al Ejército a una tarea que no le corresponde, soñando que así podría darle viabilidad a su gobierno ilegítimo, someter la inconformidad popular y controlar a los movimientos sociales con el objetivo de culminar el desmantelamiento de la nación, no ha hecho más que fortalecer un clima de irracionalidad y violencia institucional.
8. La propaganda oficial en el sentido de que supuestamente Calderón estaría luchando contra el narcotráfico no se sostiene ya y nadie la cree, a pesar del gasto mediático que ha representado y, sin embargo, el gobierno de facto insiste en la simulación.
9. El dilema de México es, por lo mismo, muy claro: o se prosigue en la vía que los poderes trasnacionales han diseñado para poder culminar la destrucción del Estado nacional mexicano, que supone la profundización del escenario del caos, que ellos han diseñado y que la ultraderecha panista asociada a los tecnócratas del PRI ha asumido como la vía para la imposición del proyecto del gran capital, o se logra imponer la racionalidad política, que hoy viene del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, de la Convención Nacional Democrática, de los movimientos sociales, de los sindicatos democráticos, de las comunidades zapatistas de Chiapas y, desde luego, de lo más profundo de la sociedad.
10. La paciencia del pueblo tiene, sin embargo, un límite, y eso es lo que parecen olvidar quienes hoy pretenden gobernar a México.
Pueblos indígenas: entre agresiones y resistencias
Gilberto López y Rivas
Noticias recientes refieren la acuciante y contrastante realidad en la que viven los pueblos indígenas en América Latina. Una está relacionada con José María Aznar, quien se atreve a convocar al combate contra los movimientos indígenas que él considera terroristas, plagiando las tesis de los círculos de inteligencia imperialista que en uno sus informes periódicos en torno a los peligros que se ciernen sobre Estados Unidos identificaron a esos pueblos como amenazas contra la estabilidad del mercado y la explotación capitalista, esto es, contra su "seguridad nacional". (Informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Tendencias Globales para el año 2020.)
En su libro, América Latina: una agenda de libertad (sic), este dirigente de la ultraderecha española con pretensiones de neoconquistador se queja del apoyo "irritante" que sectores de las izquierdas europea y estadunidense brindan a los movimientos indígenas latinoamericanos; compara a éstos erróneamente con los del nacionalismo europeo, y receta el más crudo integracionismo educativo y cultural para solucionar el problema indígena.
Con mucha frecuencia los especialistas latinoamericanos establecen las diferencias de forma y contenido entre los movimientos autonómicos indígenas y los nacionalismos europeos, sobre todo en lo que respecta a sus expresiones más exacerbadas: no existe un solo movimiento de los pueblos indios que haya utilizado el terrorismo, planteado la creación de un Estado propio, convocado a la "limpieza étnica" o llevado a guerras como la del antiguo Estado multinacional de Yugoslavia o la de Chechenia actual, en la Federación Rusa. Precisamente porque la autonomía es la demanda que sintetiza la defensa de sus derechos colectivos a la tierra y al territorio, a sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, el objetivo de sus luchas no es la ruptura de los actuales estados nacionales si no su refundación sobre bases democráticas y de reconocimiento de la diversidad étnico-nacional.
Las afirmaciones de Aznar no sólo son producto de su ignorancia sobre la situación de las etnorregiones en América Latina, sino también de la necesidad de acomodar la realidad indígena a sus atrasadas tesis políticas sobre la cuestión nacional en el propio Estado español y adecuarse a las que patrocinan los partidos de la derecha latinoamericana y de aquellos que en Europa confunden y equiparan los movimientos autonómicos indios con el indigenismo.
Otro acto relacionado con la cuestión étnico-nacional tiene que ver con los intentos del presidente espurio de México, Felipe Calderón, por darle un segundo aire al Plan Puebla-Panamá, proyecto que ataca directamente los territorios, recursos naturales y las condiciones de vida de los pueblos indígena-campesinos de México y Centroamérica mediante la construcción de carreteras, represas, corredores ferroviarios de carga, plantas maquiladoras, agroindustrias, plantaciones de monocultivo, complejos turísticos, inversiones petroleras, negocios de alta tecnología en telecomunicaciones de fibra óptica; todo ello para beneficio de las empresas trasnacionales y sus socios locales, y a partir de una estrategia de mayor represión y militarización bajo la excusa calderonista de combate al crimen organizado y el terrorismo.
El más reciente suceso es la tercera Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, realizada en Guatemala el mes pasado, en cuya declaración final se ratifican los principios milenarios de complementariedad, reciprocidad y dualidad, y la lucha por el derecho al territorio, la madre naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.
Conscientes de los peligros que la nueva forma de expresión de la globalización capitalista representa para la humanidad en su conjunto, la tercera cumbre se pronunció por: "Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión".
Refutando las tesis de Aznar sobre la supuesta afectación y daño que hacen los movimientos indígenas a la integración nacional de los países latinoamericanos, la cumbre se pronuncia por un proceso nacionalitario y de "unidad nacional" diametralmente opuesto a la lógica de los grupos dominantes ya que se proponen: "Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los estados-nación y la construcción de los estados plurinacionales y sociedades interculturales mediante las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas". También resolvieron: "Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aun sin el reconocimiento legal de los estados-nación".
La tercera cumbre ratificó el rechazo a los tratados de libre comercio que vulneran la soberanía de los pueblos y reafirmó su decisión de defender la soberanía alimentaria y la lucha contra los transgénicos, advirtiendo a los pueblos indígenas "sobre las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legítimas". Es trascendental que la cumbre decidiera constituir la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas del Abya Yala para enfrentar con éxito las formas de reconquista que proponen los nuevos cruzados de la globalización capitalista.
Noticias recientes refieren la acuciante y contrastante realidad en la que viven los pueblos indígenas en América Latina. Una está relacionada con José María Aznar, quien se atreve a convocar al combate contra los movimientos indígenas que él considera terroristas, plagiando las tesis de los círculos de inteligencia imperialista que en uno sus informes periódicos en torno a los peligros que se ciernen sobre Estados Unidos identificaron a esos pueblos como amenazas contra la estabilidad del mercado y la explotación capitalista, esto es, contra su "seguridad nacional". (Informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Tendencias Globales para el año 2020.)
En su libro, América Latina: una agenda de libertad (sic), este dirigente de la ultraderecha española con pretensiones de neoconquistador se queja del apoyo "irritante" que sectores de las izquierdas europea y estadunidense brindan a los movimientos indígenas latinoamericanos; compara a éstos erróneamente con los del nacionalismo europeo, y receta el más crudo integracionismo educativo y cultural para solucionar el problema indígena.
Con mucha frecuencia los especialistas latinoamericanos establecen las diferencias de forma y contenido entre los movimientos autonómicos indígenas y los nacionalismos europeos, sobre todo en lo que respecta a sus expresiones más exacerbadas: no existe un solo movimiento de los pueblos indios que haya utilizado el terrorismo, planteado la creación de un Estado propio, convocado a la "limpieza étnica" o llevado a guerras como la del antiguo Estado multinacional de Yugoslavia o la de Chechenia actual, en la Federación Rusa. Precisamente porque la autonomía es la demanda que sintetiza la defensa de sus derechos colectivos a la tierra y al territorio, a sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, el objetivo de sus luchas no es la ruptura de los actuales estados nacionales si no su refundación sobre bases democráticas y de reconocimiento de la diversidad étnico-nacional.
Las afirmaciones de Aznar no sólo son producto de su ignorancia sobre la situación de las etnorregiones en América Latina, sino también de la necesidad de acomodar la realidad indígena a sus atrasadas tesis políticas sobre la cuestión nacional en el propio Estado español y adecuarse a las que patrocinan los partidos de la derecha latinoamericana y de aquellos que en Europa confunden y equiparan los movimientos autonómicos indios con el indigenismo.
Otro acto relacionado con la cuestión étnico-nacional tiene que ver con los intentos del presidente espurio de México, Felipe Calderón, por darle un segundo aire al Plan Puebla-Panamá, proyecto que ataca directamente los territorios, recursos naturales y las condiciones de vida de los pueblos indígena-campesinos de México y Centroamérica mediante la construcción de carreteras, represas, corredores ferroviarios de carga, plantas maquiladoras, agroindustrias, plantaciones de monocultivo, complejos turísticos, inversiones petroleras, negocios de alta tecnología en telecomunicaciones de fibra óptica; todo ello para beneficio de las empresas trasnacionales y sus socios locales, y a partir de una estrategia de mayor represión y militarización bajo la excusa calderonista de combate al crimen organizado y el terrorismo.
El más reciente suceso es la tercera Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, realizada en Guatemala el mes pasado, en cuya declaración final se ratifican los principios milenarios de complementariedad, reciprocidad y dualidad, y la lucha por el derecho al territorio, la madre naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.
Conscientes de los peligros que la nueva forma de expresión de la globalización capitalista representa para la humanidad en su conjunto, la tercera cumbre se pronunció por: "Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión".
Refutando las tesis de Aznar sobre la supuesta afectación y daño que hacen los movimientos indígenas a la integración nacional de los países latinoamericanos, la cumbre se pronuncia por un proceso nacionalitario y de "unidad nacional" diametralmente opuesto a la lógica de los grupos dominantes ya que se proponen: "Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los estados-nación y la construcción de los estados plurinacionales y sociedades interculturales mediante las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas". También resolvieron: "Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aun sin el reconocimiento legal de los estados-nación".
La tercera cumbre ratificó el rechazo a los tratados de libre comercio que vulneran la soberanía de los pueblos y reafirmó su decisión de defender la soberanía alimentaria y la lucha contra los transgénicos, advirtiendo a los pueblos indígenas "sobre las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legítimas". Es trascendental que la cumbre decidiera constituir la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas del Abya Yala para enfrentar con éxito las formas de reconquista que proponen los nuevos cruzados de la globalización capitalista.
La "vida": sí; pero toda la vida
Enrique D. Dussel *
Hemos escrito cientos de páginas probando -en mi Etica de la liberación- que la "vida humana" es el fundamento absoluto material (en cuanto contenido) de la pretensión de bondad de todo acto humano. Todo acto humano, máxima, institución, sistema, puede ser considerado éticamente bueno si afirma o desarrolla algún aspecto de la "vida humana". Es más, ningún acto puede dejar de tener en cuenta ese principio universal: o, en el largo plazo, afirma la vida o mata de alguna manera. Por ello hemos criticado los formalismos, los racionalismos, el cinismo de la razón instrumental, por no incluir entre las condiciones de la moralidad la afirmación de la "vida" y, fundamentalmente (sin antropocentrismos), a la vida "humana".
Actualmente hay grupos que toman también la vida como criterio de moralidad, pero la toman parcialmente, para solucionar un solo caso (y de manera igualmente unilateral). A eso le llamaré técnicamente una "falacia reduccionista": reducen el tema a una de sus posibilidades. Tomemos algunos ejemplos para entender la cuestión.
Si una honesta y ejemplar -según hemos leído en su biografía- tejedora, pastora, madre y abuela de gran familia, indígena, de sexo femenino, en su edad de extrema dignidad por estar en su senectud -como diría Séneca- es violentamente atacada, violada y muerta por un grupo asesino, ¡se ha atacado a la vida humana! El acto no podrá pretender ser bueno; es perverso, injusto, reprobable.
Si a millones de trabajadores o empleados del Estado se les pone en riesgo los fondos de su retiro, que con miles de horas de trabajo (de su "vida", entonces, que se han objetivado en bienes, y entre ellos en sus aportes mes tras mes durante años) ha acumulado, dejando a discreción de un capital privado que podría en su momento declararse en quiebra, es "matar" de alguna manera a todos esos hombres y mujeres en su "vida", porque la pobreza (toda pobreza es menos-vida, peor-vida, acortar-vida) ensombrecerá su muerte anticipada, es ¡atacar la vida humana!
Intentar privatizar un bien del pueblo -como Pemex-, bien común que permite usufructuar una riqueza que ayuda a mejorar la salud, la educación, la felicidad y longevidad del pueblo, es poner en riesgo nuevamente la "vida" de millones de hombres y mujeres, y restringir a que esos bienes sean usados por unos pocos mexicanos y, lo peor, por extranjeros, es ¡negar la vida humana!
Entregar la educación de nuestros hijos en la enseñanza pública y los medios de comunicación (que son como una segunda escuela del pueblo) a manos de aquellos que toman esos sectores tan esenciales de la "vida" humana para fines gremiales espurios o de simple ganancia económica es, nuevamente, ¡atacar la vida humana!
Obligar a una niña violada a que dé a luz el hijo, fruto de una violación, no ayudando en la educación del hijo ni haciéndose cargo de tantos efectos negativos que sufre la joven madre, atenta de muchas maneras contra la "vida" y la dignidad de la madre. En primer lugar, porque el machismo de nuestro medio no hace también responsable del acto al "padre soltero". ¿Quién ha pensado, como acontece en países menos machistas y más desarrollados, imponer por ley la posibilidad de señalar quién es el padre de la criatura (aunque sea un joven irresponsable), a fin de que no sea sólo la pobre muchacha la víctima del don Juan? El dicho "padre soltero" (la expresión suena extraña, por no usual, pero nos muestra la injusticia con que se acomete a la "madre soltera") deberá hacerse responsable de todos los gastos y obligaciones educativas de su hijo si su madre (aunque no fuera su esposa) quiere tener dicho hijo. Esto por lo menos haría responsable igualmente a la parte masculina. En segundo lugar, porque toda pretensión de bondad de un acto exige un pleno y autónomo consenso, una libre determinación del agente moral. Nadie, ni el juez ni ninguna institución, por más sagrada que se pretenda (y menos la fundada por Jeshúa de Nazaret, que instituyó la inviolabilidad y última instancia de la conciencia moral de la persona), puede pretender suplantar o decidir por el actor ético. La mujer y el varón (este último como corresponsable de la decisión que tome la mujer, en cuyo cuerpo se engendra el nuevo ser humano) que conciben un hijo/a son, como decimos, la última instancia ética de la decisión, y pueden ser juzgados por haberla adoptado, pero nadie puede ocupar su lugar. Se les puede dar consejos, se puede pretender proclamar reglas o leyes públicas, pero la instancia subjetiva es la definitiva.
La vida de la madre viene primero; después la del hijo/a. Es una cuestión de vida o muerte, y encarar directamente la muerte de uno de ambos estaría en contra del principio material (por su contenido) de la ética. Claro que, en concreto, los principios pueden entrar en conflicto (la vida de la madre y del hijo/a), y hay que saber discernir entre ellos, darle a uno prioridad sobre el otro, en la complejidad casi infinita de los casos empíricos. No entramos aquí a describir la cuestión, sino a indicar los principios. Es un caso donde la "vida" nuevamente es criterio de discernimiento y fundamento de justificación de los actos.
Por ello, los movimientos que dicen ser "pro-vida", lo que en sí mismo es muy positivo, deberían advertir que dicho principio (la afirmación de la vida humana) juega una función fundamental en toda la ética, la política, la economía y en todos los campos prácticos. Veamos un ejemplo económico.
Karl Marx muestra que el trabajador emplea muchas horas de su "vida" para producir mercancías. El "valor de cambio" para Marx era expresado metafóricamente por la sangre, como coágulo de sangre. El valor económico de las mercancías, que aparece en el mercado como precio, es objetivación de "vida" humana -para el pensamiento semita, de aquel Marx de familia judía, la "sangre" era la "vida", y por ello Feuerbach dijo que la esencia del cristianismo era "beber y comer": beber la sangre del Cordero y comer su carne en la Eucaristía, para escándalo de marxistas estándar y cristianos conservadores. Dice el libro del Eclesiástico (Ben Sira) de la Biblia (judía y cristiana): "Quien no paga el justo salario derrama sangre" (34, 27). Por ejemplo, ante el reciente aumento de la tortilla (alimento que reproduce la "vida"), es decir, ante la necesidad de tener más dinero (que es por su parte objetivación de "vida", como todo valor de cambio) para poder vivir, el pueblo de los pobres "muere" de alguna manera (cuando no se sacia el "hambre", como dice Ernst Bloch, el sujeto es atacado en su sobrevivencia por la injusticia). Espero que los movimientos "pro-vida" hayan colaborado con los que se manifestaron por dicho aumento.
En conclusión, cuando se habla de la "vida humana" como criterio ético y principio que fundamenta la pretensión de bondad de todo acto, no se debe reducir a un aspecto de la vida, sino usarla en toda su universalidad como justificación de la justicia en economía, en política, en cuestiones de género, y hasta en el deporte: en todo acto humano.
* Filósofo
Hemos escrito cientos de páginas probando -en mi Etica de la liberación- que la "vida humana" es el fundamento absoluto material (en cuanto contenido) de la pretensión de bondad de todo acto humano. Todo acto humano, máxima, institución, sistema, puede ser considerado éticamente bueno si afirma o desarrolla algún aspecto de la "vida humana". Es más, ningún acto puede dejar de tener en cuenta ese principio universal: o, en el largo plazo, afirma la vida o mata de alguna manera. Por ello hemos criticado los formalismos, los racionalismos, el cinismo de la razón instrumental, por no incluir entre las condiciones de la moralidad la afirmación de la "vida" y, fundamentalmente (sin antropocentrismos), a la vida "humana".
Actualmente hay grupos que toman también la vida como criterio de moralidad, pero la toman parcialmente, para solucionar un solo caso (y de manera igualmente unilateral). A eso le llamaré técnicamente una "falacia reduccionista": reducen el tema a una de sus posibilidades. Tomemos algunos ejemplos para entender la cuestión.
Si una honesta y ejemplar -según hemos leído en su biografía- tejedora, pastora, madre y abuela de gran familia, indígena, de sexo femenino, en su edad de extrema dignidad por estar en su senectud -como diría Séneca- es violentamente atacada, violada y muerta por un grupo asesino, ¡se ha atacado a la vida humana! El acto no podrá pretender ser bueno; es perverso, injusto, reprobable.
Si a millones de trabajadores o empleados del Estado se les pone en riesgo los fondos de su retiro, que con miles de horas de trabajo (de su "vida", entonces, que se han objetivado en bienes, y entre ellos en sus aportes mes tras mes durante años) ha acumulado, dejando a discreción de un capital privado que podría en su momento declararse en quiebra, es "matar" de alguna manera a todos esos hombres y mujeres en su "vida", porque la pobreza (toda pobreza es menos-vida, peor-vida, acortar-vida) ensombrecerá su muerte anticipada, es ¡atacar la vida humana!
Intentar privatizar un bien del pueblo -como Pemex-, bien común que permite usufructuar una riqueza que ayuda a mejorar la salud, la educación, la felicidad y longevidad del pueblo, es poner en riesgo nuevamente la "vida" de millones de hombres y mujeres, y restringir a que esos bienes sean usados por unos pocos mexicanos y, lo peor, por extranjeros, es ¡negar la vida humana!
Entregar la educación de nuestros hijos en la enseñanza pública y los medios de comunicación (que son como una segunda escuela del pueblo) a manos de aquellos que toman esos sectores tan esenciales de la "vida" humana para fines gremiales espurios o de simple ganancia económica es, nuevamente, ¡atacar la vida humana!
Obligar a una niña violada a que dé a luz el hijo, fruto de una violación, no ayudando en la educación del hijo ni haciéndose cargo de tantos efectos negativos que sufre la joven madre, atenta de muchas maneras contra la "vida" y la dignidad de la madre. En primer lugar, porque el machismo de nuestro medio no hace también responsable del acto al "padre soltero". ¿Quién ha pensado, como acontece en países menos machistas y más desarrollados, imponer por ley la posibilidad de señalar quién es el padre de la criatura (aunque sea un joven irresponsable), a fin de que no sea sólo la pobre muchacha la víctima del don Juan? El dicho "padre soltero" (la expresión suena extraña, por no usual, pero nos muestra la injusticia con que se acomete a la "madre soltera") deberá hacerse responsable de todos los gastos y obligaciones educativas de su hijo si su madre (aunque no fuera su esposa) quiere tener dicho hijo. Esto por lo menos haría responsable igualmente a la parte masculina. En segundo lugar, porque toda pretensión de bondad de un acto exige un pleno y autónomo consenso, una libre determinación del agente moral. Nadie, ni el juez ni ninguna institución, por más sagrada que se pretenda (y menos la fundada por Jeshúa de Nazaret, que instituyó la inviolabilidad y última instancia de la conciencia moral de la persona), puede pretender suplantar o decidir por el actor ético. La mujer y el varón (este último como corresponsable de la decisión que tome la mujer, en cuyo cuerpo se engendra el nuevo ser humano) que conciben un hijo/a son, como decimos, la última instancia ética de la decisión, y pueden ser juzgados por haberla adoptado, pero nadie puede ocupar su lugar. Se les puede dar consejos, se puede pretender proclamar reglas o leyes públicas, pero la instancia subjetiva es la definitiva.
La vida de la madre viene primero; después la del hijo/a. Es una cuestión de vida o muerte, y encarar directamente la muerte de uno de ambos estaría en contra del principio material (por su contenido) de la ética. Claro que, en concreto, los principios pueden entrar en conflicto (la vida de la madre y del hijo/a), y hay que saber discernir entre ellos, darle a uno prioridad sobre el otro, en la complejidad casi infinita de los casos empíricos. No entramos aquí a describir la cuestión, sino a indicar los principios. Es un caso donde la "vida" nuevamente es criterio de discernimiento y fundamento de justificación de los actos.
Por ello, los movimientos que dicen ser "pro-vida", lo que en sí mismo es muy positivo, deberían advertir que dicho principio (la afirmación de la vida humana) juega una función fundamental en toda la ética, la política, la economía y en todos los campos prácticos. Veamos un ejemplo económico.
Karl Marx muestra que el trabajador emplea muchas horas de su "vida" para producir mercancías. El "valor de cambio" para Marx era expresado metafóricamente por la sangre, como coágulo de sangre. El valor económico de las mercancías, que aparece en el mercado como precio, es objetivación de "vida" humana -para el pensamiento semita, de aquel Marx de familia judía, la "sangre" era la "vida", y por ello Feuerbach dijo que la esencia del cristianismo era "beber y comer": beber la sangre del Cordero y comer su carne en la Eucaristía, para escándalo de marxistas estándar y cristianos conservadores. Dice el libro del Eclesiástico (Ben Sira) de la Biblia (judía y cristiana): "Quien no paga el justo salario derrama sangre" (34, 27). Por ejemplo, ante el reciente aumento de la tortilla (alimento que reproduce la "vida"), es decir, ante la necesidad de tener más dinero (que es por su parte objetivación de "vida", como todo valor de cambio) para poder vivir, el pueblo de los pobres "muere" de alguna manera (cuando no se sacia el "hambre", como dice Ernst Bloch, el sujeto es atacado en su sobrevivencia por la injusticia). Espero que los movimientos "pro-vida" hayan colaborado con los que se manifestaron por dicho aumento.
En conclusión, cuando se habla de la "vida humana" como criterio ético y principio que fundamenta la pretensión de bondad de todo acto, no se debe reducir a un aspecto de la vida, sino usarla en toda su universalidad como justificación de la justicia en economía, en política, en cuestiones de género, y hasta en el deporte: en todo acto humano.
* Filósofo
Aborto por Contaduría
Miguel Angel Velázquez
La noticia no sorprendió a ninguno de los pocos panistas que supieron del encuentro, es más les pareció normal. René Arce, jefe de Nueva Izquierda, tuvo una reunión, ayer mismo, no muy secreta, con el sumo pontífice del PAN, Manuel Espino; el asunto a tratar fue la legislación sobre el aborto.
Pero lo que sí congeló las sonrisas fue la negociación entre los dos personajes. Según se nos hizo saber, Arce propuso a Espino que dejara pasar, con algunas modificaciones, la ley que se impulsa desde la Asamblea Legislativa, y a cambio de ello, el bloque de Nueva Izquierda no pondría resistencia a que la segunda posición en la Contaduría Mayor de Hacienda quedara en manos azules.
Esto, traducido en el quehacer político, significa que sería el PAN quien auditara, es decir, quien hiciera las cuentas del gasto que efectúe el gobierno de la ciudad, cosa que si bien alguno puede interpretar como un hecho de extrema democracia, para otros es dar entrada libre a los azules en la fiscalización del gasto público que el panismo mira con diferentes ojos que el jefe de Gobierno. Tan fácil como culpar a Marcelo Ebrard de dilapidar tres millones de pesos en las playas del DF, mientras los panistas necesitan ese dinero para engordar la cartera de alguna firma privada con las que estén comprometidos. Así de diferentes son las cosas, así de diferente será la manera de analizar las cuentas.
Por eso, lo más probable es que la propuesta de ley que está a discusión sufra las modificaciones que de alguna manera condenen el aborto (cuidado con los cambios al artículo 144), aunque la ley pase con el silencio cómplice del panismo, pero calme, momentáneamente, el fanatismo religioso de los azules.
Y es que en los planes del PAN no caben los arreglos frente al proyecto político que ese partido ha diseñado para la batalla que darán, pase lo que pase, en la Asamblea Legislativa. Veamos por qué:
Siempre que el cinismo hace su aparición en la escena política, detrás está el PAN, o la Iglesia, o los dos juntos. Y de esa sopa ya ha tenido que tragar bastante la población.
Decimos esto porque la desfachatez con la que llegan a manejarse unos y otros, ahora con el tema del aborto, se disparó a límites no vistos con anterioridad.
El panismo, por boca de Doña Perpetua Gómez del Campo, rompió las marcas de la temeridad azul y se atrevió a pedir que fuera la gente del Distrito Federal, de la capital del país, quienes decidieran en un referéndum sobre la nueva causal legal de aborto que propone una parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Nada oculto hay en la petición de la señora: Los panistas que no miran con malos ojos la posibilidad de dejar en manos de la mujer la decisión de abortar -que también los hay-, aseguran que la estrategia de la lideresa azul, aún sin el mecanismo de consulta que ya les fue rechazado, será la misma que se utilizó, sin éxito completo -porque se tuvo que recurrir al fraude-, en la campaña presidencial pasada.
En esta parte, como lo dijimos en la entrega pasada, no se puede olvidar que fue el panismo y sus cómplices en el IFE y en el tribunal electoral, quienes se opusieron al método planteado por Andrés Manuel López Obrador de contar, voto por voto y casilla por casilla, los sufragios emitidos por el elector en la campaña presidencial de referencia.
Ese hubiera sido el gran referéndum que, cualquiera que hubiera sido su resultado, podría haber cambiado la historia de México, pero negaron la posibilidad de lo que ahora reclaman, así es que Doña Perpetua no debe andar de chillona, exigiendo lo que su partido negó.
Pero aún así, y con el apoyo de empresas como la del oso, diría nuestro estimado Jaime Avilés, se tiene previsto ir a todas las instancias legales para evitar que la mujer tenga el derecho de decidir sobre su vida, y en ese lapso lanzar campañas publicitarias en las que los azules se posesionen como los defensores de la vida, y se ubique a sus contrarios como los asesinos, y a la cabeza de ellos Marcelo Ebrard.
Lo más curioso del asunto es que, según dicen, no importa si la quinta causal de aborto se convierte en ley o no, lo importante es que habrá un motivo que les permitirá desacreditar, hasta donde sea posible, al gobierno de Ebrard. Por eso fue que, aparentemente, se tardaron tanto en reaccionar a un asunto que de entrada les cae como un escupitajo en el ojo. Oponerse desde el principio a gritos y sombrerazos, como es su costumbre, era lo más lógico en un partido cuyo presidente es miembro de una secta religiosa del tamaño y fanatismo del Yunque, pero se tenía que pensar cómo causar el mayor daño al enemigo. Ahora la estrategia está lista.
Por su parte, la burocracia mayor de la Iglesia, los obispos, decidieron juntarse para lanzar amenazas en contra de los legisladores a favor de la decisión de la mujer. Se atrevieron a decir que con esa ley, la del aborto, en esta ciudad campearía la ley del más fuerte, y se autorizaría la violencia contra el débil. Mayor cinismo, solo en el PAN, porque estos funcionarios de la Iglesia ya deberían saber cuántos niños viven en las calles, cuántos más son explotados en la peor de las prostituciones, bajo sus propias bendiciones, y cuántos más perecen por hambre y sin educación, mientras las grandes empresas dejan de pagar los impuestos que podrían servir para salvarles la vida. Pero allá ellos, a fin de cuentas, qué su Dios se los perdone.
Pero haber quien perdona en el PRD a René Arce, quien con su acuerdo de ayer por la mañana quiere ponerle una pistola en la cabeza a Marcelo Ebrard y a su gobierno dejándolo en manos de los azules. Eso sí que en política no tiene perdón.
La noticia no sorprendió a ninguno de los pocos panistas que supieron del encuentro, es más les pareció normal. René Arce, jefe de Nueva Izquierda, tuvo una reunión, ayer mismo, no muy secreta, con el sumo pontífice del PAN, Manuel Espino; el asunto a tratar fue la legislación sobre el aborto.
Pero lo que sí congeló las sonrisas fue la negociación entre los dos personajes. Según se nos hizo saber, Arce propuso a Espino que dejara pasar, con algunas modificaciones, la ley que se impulsa desde la Asamblea Legislativa, y a cambio de ello, el bloque de Nueva Izquierda no pondría resistencia a que la segunda posición en la Contaduría Mayor de Hacienda quedara en manos azules.
Esto, traducido en el quehacer político, significa que sería el PAN quien auditara, es decir, quien hiciera las cuentas del gasto que efectúe el gobierno de la ciudad, cosa que si bien alguno puede interpretar como un hecho de extrema democracia, para otros es dar entrada libre a los azules en la fiscalización del gasto público que el panismo mira con diferentes ojos que el jefe de Gobierno. Tan fácil como culpar a Marcelo Ebrard de dilapidar tres millones de pesos en las playas del DF, mientras los panistas necesitan ese dinero para engordar la cartera de alguna firma privada con las que estén comprometidos. Así de diferentes son las cosas, así de diferente será la manera de analizar las cuentas.
Por eso, lo más probable es que la propuesta de ley que está a discusión sufra las modificaciones que de alguna manera condenen el aborto (cuidado con los cambios al artículo 144), aunque la ley pase con el silencio cómplice del panismo, pero calme, momentáneamente, el fanatismo religioso de los azules.
Y es que en los planes del PAN no caben los arreglos frente al proyecto político que ese partido ha diseñado para la batalla que darán, pase lo que pase, en la Asamblea Legislativa. Veamos por qué:
Siempre que el cinismo hace su aparición en la escena política, detrás está el PAN, o la Iglesia, o los dos juntos. Y de esa sopa ya ha tenido que tragar bastante la población.
Decimos esto porque la desfachatez con la que llegan a manejarse unos y otros, ahora con el tema del aborto, se disparó a límites no vistos con anterioridad.
El panismo, por boca de Doña Perpetua Gómez del Campo, rompió las marcas de la temeridad azul y se atrevió a pedir que fuera la gente del Distrito Federal, de la capital del país, quienes decidieran en un referéndum sobre la nueva causal legal de aborto que propone una parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Nada oculto hay en la petición de la señora: Los panistas que no miran con malos ojos la posibilidad de dejar en manos de la mujer la decisión de abortar -que también los hay-, aseguran que la estrategia de la lideresa azul, aún sin el mecanismo de consulta que ya les fue rechazado, será la misma que se utilizó, sin éxito completo -porque se tuvo que recurrir al fraude-, en la campaña presidencial pasada.
En esta parte, como lo dijimos en la entrega pasada, no se puede olvidar que fue el panismo y sus cómplices en el IFE y en el tribunal electoral, quienes se opusieron al método planteado por Andrés Manuel López Obrador de contar, voto por voto y casilla por casilla, los sufragios emitidos por el elector en la campaña presidencial de referencia.
Ese hubiera sido el gran referéndum que, cualquiera que hubiera sido su resultado, podría haber cambiado la historia de México, pero negaron la posibilidad de lo que ahora reclaman, así es que Doña Perpetua no debe andar de chillona, exigiendo lo que su partido negó.
Pero aún así, y con el apoyo de empresas como la del oso, diría nuestro estimado Jaime Avilés, se tiene previsto ir a todas las instancias legales para evitar que la mujer tenga el derecho de decidir sobre su vida, y en ese lapso lanzar campañas publicitarias en las que los azules se posesionen como los defensores de la vida, y se ubique a sus contrarios como los asesinos, y a la cabeza de ellos Marcelo Ebrard.
Lo más curioso del asunto es que, según dicen, no importa si la quinta causal de aborto se convierte en ley o no, lo importante es que habrá un motivo que les permitirá desacreditar, hasta donde sea posible, al gobierno de Ebrard. Por eso fue que, aparentemente, se tardaron tanto en reaccionar a un asunto que de entrada les cae como un escupitajo en el ojo. Oponerse desde el principio a gritos y sombrerazos, como es su costumbre, era lo más lógico en un partido cuyo presidente es miembro de una secta religiosa del tamaño y fanatismo del Yunque, pero se tenía que pensar cómo causar el mayor daño al enemigo. Ahora la estrategia está lista.
Por su parte, la burocracia mayor de la Iglesia, los obispos, decidieron juntarse para lanzar amenazas en contra de los legisladores a favor de la decisión de la mujer. Se atrevieron a decir que con esa ley, la del aborto, en esta ciudad campearía la ley del más fuerte, y se autorizaría la violencia contra el débil. Mayor cinismo, solo en el PAN, porque estos funcionarios de la Iglesia ya deberían saber cuántos niños viven en las calles, cuántos más son explotados en la peor de las prostituciones, bajo sus propias bendiciones, y cuántos más perecen por hambre y sin educación, mientras las grandes empresas dejan de pagar los impuestos que podrían servir para salvarles la vida. Pero allá ellos, a fin de cuentas, qué su Dios se los perdone.
Pero haber quien perdona en el PRD a René Arce, quien con su acuerdo de ayer por la mañana quiere ponerle una pistola en la cabeza a Marcelo Ebrard y a su gobierno dejándolo en manos de los azules. Eso sí que en política no tiene perdón.
Nubarrones desde el norte
Carlos Fernández-Vega
La desaceleración ''transitoria'' en México dura ya 25 años, con tasa de crecimiento anual de 2.3% y raquítica generación de empleos
La bola de cristal de la famiglia financiera del sector público (estirpe que maneja la política económica por quinto sexenio consecutivo) suele fallar a la hora de vaticinar un futuro venturoso para los mexicanos, pero suele ser eficaz a la hora de pronosticar nubarrones y tormentas.
Cinco gobiernos al hilo han prometido (entre otras muchas cosas, y utilizando la misma bola de cristal) un magnífico futuro, con crecimiento económico acelerado y abundante generación de empleo. En los hechos, sin embargo, ha resultado al revés. Han sido tan repetitivos los cánticos sobre ese hipotético futuro venturoso, que cada que se escuchan hay que ponerse la gabardina y alistar el paraguas, porque la tormenta está en proceso.
Pues bien. En medio del discurso triunfalista del quinto gobierno al hilo ("qué bien lo hacemos"), comienzan a verse los nubarrones que vienen del norte y que, en consecuencia, anuncian la desaceleración económica mexicana, la cual implica menor crecimiento, generación de empleo y bienestar social, o lo que es lo mismo, el ciclo se repite.
Cuando lo mismo sucedió al comenzar el autodenominado gobierno foxista, el entonces inquilino de Los Pinos y la famiglia financiera del sector público no hicieron caso de los nubarrones, y optaron por seguir la fiesta porque "México ya cambió". No había plan A, mucho menos plan B, para hacer frente a la desaceleración y su efecto directo en la generación de empleo, y lejos de utilizar gabardina y paraguas, como era lo prudente, lucieron sus mejores trajes de baño. Y así permanecieron, bronceador en mano, a lo largo del sexenio, festejando su 7 por ciento de crecimiento y su millón 350 mil empleos anuales.
El resultado es conocido, pero la "continuidad" parece que no aprende de esa experiencia. Apenas el martes pasado, el inquilino de Los Pinos celebraba que "hoy tenemos estabilidad y certidumbre económica como México no había tenido en muchos, muchísimos años", cuando ayer integrantes de la famiglia reconocieron que la economía mexicana reporta "un comportamiento de desaceleración; estamos creciendo menos" (si eso es posible), debido al menor dinamismo del sector industrial en Estados Unidos. Y como siempre, ante un problema concreto una respuesta gubernamental contundente, la desaceleración, "será transitoria".
Resulta oportuno el comentario de la famiglia, porque lo "transitorio" dura ya 25 años, y el mejor ejemplo de ello es la tasa anual promedio de "crecimiento" económico en ese periodo: 2.3 por ciento, con generación decreciente de empleo formal. Qué bueno que es "transitorio".
Entonces, a la de por sí escuálida estimación original de crecimiento económico para 2007 (3.6 por ciento) y la raquítica generación de empleo habrá que restar el impacto de lo "transitorio". Decía el ex secretario de Hacienda, el telefónico Gil Díaz, que por cada punto porcentual que cae la economía estadunidense, la mexicana lo hace en medio punto, y en consecuencia a final de mes habrá que conocer la nueva estimación oficial (obvio es que a la baja).
Menor crecimiento, número de fuentes de empleo y bienestar social, pero no se alejan del manual. Así zozobró la chalupa del "cambio", así la de la "continuidad", y no es para celebrarlo.
En vía de mientras, la Cepal recién publicó un estudio (Retos en materia de empleo y respuestas de política en Argentina, Brasil y México, de Christoph Ernst, Janine Berg y Peter Auer) en el que subraya que pese a recientes avances, las tasas de empleo en dichas naciones resultan inferiores a las de 1990. La falta de crecimiento del empleo -sobre todo de los trabajos formales con protección social- y en algunos casos el deterioro del mercado laboral, han sido lo más decepcionante de la nueva estrategia de desarrollo adoptada por los países a fines de los años 1980 e inicios de los 1990.
Hace dos décadas y media, Argentina, Brasil y México cambiaron drásticamente sus políticas macroeconómicas con el objetivo de refrenar la inflación y cosechar los beneficios de una mayor inserción en la economía mundial. Desde entonces, el crecimiento económico ha sido volátil y relativamente bajo, afectando la capacidad de las economías de crear empleo, sobre todo en el sector formal.
Las cifras de "crecimiento" económico reportadas representan un retroceso con respecto a las décadas de 1960 y 1970... El desempeño más bien deficiente estuvo asociado a un fuerte viraje de la política macroeconómica... Sobre el mercado laboral recayó lo más arduo del ajuste, puesto que la menor competitividad de las empresas nacionales se tradujo en despidos y recortes salariales... La estabilidad de los precios sigue siendo la principal preocupación de la política económica, que se manifiesta en la política actual de metas de inflación. El otro objetivo importante es el de la sostenibilidad de la deuda. El sesgo restrictivo de la política macroeconómica, particularmente en Brasil y México, ha afectado la creación de empleo... El empleo no es una meta de política.
Las rebanadas del pastel
Es una muestra de lo "transitorio", que se prolonga por 25 años, y la famiglia no quita el dedo del renglón.
La desaceleración ''transitoria'' en México dura ya 25 años, con tasa de crecimiento anual de 2.3% y raquítica generación de empleos
La bola de cristal de la famiglia financiera del sector público (estirpe que maneja la política económica por quinto sexenio consecutivo) suele fallar a la hora de vaticinar un futuro venturoso para los mexicanos, pero suele ser eficaz a la hora de pronosticar nubarrones y tormentas.
Cinco gobiernos al hilo han prometido (entre otras muchas cosas, y utilizando la misma bola de cristal) un magnífico futuro, con crecimiento económico acelerado y abundante generación de empleo. En los hechos, sin embargo, ha resultado al revés. Han sido tan repetitivos los cánticos sobre ese hipotético futuro venturoso, que cada que se escuchan hay que ponerse la gabardina y alistar el paraguas, porque la tormenta está en proceso.
Pues bien. En medio del discurso triunfalista del quinto gobierno al hilo ("qué bien lo hacemos"), comienzan a verse los nubarrones que vienen del norte y que, en consecuencia, anuncian la desaceleración económica mexicana, la cual implica menor crecimiento, generación de empleo y bienestar social, o lo que es lo mismo, el ciclo se repite.
Cuando lo mismo sucedió al comenzar el autodenominado gobierno foxista, el entonces inquilino de Los Pinos y la famiglia financiera del sector público no hicieron caso de los nubarrones, y optaron por seguir la fiesta porque "México ya cambió". No había plan A, mucho menos plan B, para hacer frente a la desaceleración y su efecto directo en la generación de empleo, y lejos de utilizar gabardina y paraguas, como era lo prudente, lucieron sus mejores trajes de baño. Y así permanecieron, bronceador en mano, a lo largo del sexenio, festejando su 7 por ciento de crecimiento y su millón 350 mil empleos anuales.
El resultado es conocido, pero la "continuidad" parece que no aprende de esa experiencia. Apenas el martes pasado, el inquilino de Los Pinos celebraba que "hoy tenemos estabilidad y certidumbre económica como México no había tenido en muchos, muchísimos años", cuando ayer integrantes de la famiglia reconocieron que la economía mexicana reporta "un comportamiento de desaceleración; estamos creciendo menos" (si eso es posible), debido al menor dinamismo del sector industrial en Estados Unidos. Y como siempre, ante un problema concreto una respuesta gubernamental contundente, la desaceleración, "será transitoria".
Resulta oportuno el comentario de la famiglia, porque lo "transitorio" dura ya 25 años, y el mejor ejemplo de ello es la tasa anual promedio de "crecimiento" económico en ese periodo: 2.3 por ciento, con generación decreciente de empleo formal. Qué bueno que es "transitorio".
Entonces, a la de por sí escuálida estimación original de crecimiento económico para 2007 (3.6 por ciento) y la raquítica generación de empleo habrá que restar el impacto de lo "transitorio". Decía el ex secretario de Hacienda, el telefónico Gil Díaz, que por cada punto porcentual que cae la economía estadunidense, la mexicana lo hace en medio punto, y en consecuencia a final de mes habrá que conocer la nueva estimación oficial (obvio es que a la baja).
Menor crecimiento, número de fuentes de empleo y bienestar social, pero no se alejan del manual. Así zozobró la chalupa del "cambio", así la de la "continuidad", y no es para celebrarlo.
En vía de mientras, la Cepal recién publicó un estudio (Retos en materia de empleo y respuestas de política en Argentina, Brasil y México, de Christoph Ernst, Janine Berg y Peter Auer) en el que subraya que pese a recientes avances, las tasas de empleo en dichas naciones resultan inferiores a las de 1990. La falta de crecimiento del empleo -sobre todo de los trabajos formales con protección social- y en algunos casos el deterioro del mercado laboral, han sido lo más decepcionante de la nueva estrategia de desarrollo adoptada por los países a fines de los años 1980 e inicios de los 1990.
Hace dos décadas y media, Argentina, Brasil y México cambiaron drásticamente sus políticas macroeconómicas con el objetivo de refrenar la inflación y cosechar los beneficios de una mayor inserción en la economía mundial. Desde entonces, el crecimiento económico ha sido volátil y relativamente bajo, afectando la capacidad de las economías de crear empleo, sobre todo en el sector formal.
Las cifras de "crecimiento" económico reportadas representan un retroceso con respecto a las décadas de 1960 y 1970... El desempeño más bien deficiente estuvo asociado a un fuerte viraje de la política macroeconómica... Sobre el mercado laboral recayó lo más arduo del ajuste, puesto que la menor competitividad de las empresas nacionales se tradujo en despidos y recortes salariales... La estabilidad de los precios sigue siendo la principal preocupación de la política económica, que se manifiesta en la política actual de metas de inflación. El otro objetivo importante es el de la sostenibilidad de la deuda. El sesgo restrictivo de la política macroeconómica, particularmente en Brasil y México, ha afectado la creación de empleo... El empleo no es una meta de política.
Las rebanadas del pastel
Es una muestra de lo "transitorio", que se prolonga por 25 años, y la famiglia no quita el dedo del renglón.
El nuevo Monterrey y otros asuntos
Enrique Galván Ochoa
Hubo una vez -como en los cuentos de hadas- que se consideró a Monterrey la capital financiera del país; era el asiento de varias de las principales instituciones bancarias, entre ellas Bancomer, Banorte, Serfin y Confía; los malos manejos en esta última llevaron a la cárcel a Jorge Lankenau. Rivalizaba con Guadalajara, inclusive con el Distrito Federal. Resulta difícil admitir que en el reporte que emitió ayer el Departamento de Estado, en Washington, se incluya a Nuevo León en el sistema de alertas. Instruye a sus ciudadanos para que tomen precauciones extremas cuando visiten aquella entidad, dado el alarmante índice de criminalidad que prevalece. Otros estados en la lista son Tamaulipas, Michoacán y Baja California.
Ah pero eso sí, en su mayoría el norte es prianista, y a la mucha honra, en ese camino se irán al precipicio pero con mucho orgullo.
Televisión hispana
España analiza estos días su propia ley televisiva. La Asamblea de Anunciantes propone que se ponga límite a la ''elevada concentración publicitaria'' en la programación, de modo que no rebasen 12 minutos de espots y cinco promocionales propios por cada hora. Hubo un tiempo en que hubo limitaciones de esta naturaleza en México. Ahora el abuso -recordemos la pasada campaña política- no conoce límites; las televisoras nos bombardean con todos los anuncios que se les antoja.
Cerisola
Es un desastre el aeropuerto de la ciudad de México. Las obras de reconstrucción todavía no terminan, los pasajeros son movidos en camioncitos, porque no hay suficientes telescopios que conecten con las salas... y lo peor de todo es que los costos se dispararon arriba de los 700 millones de dólares. Hay un responsable y se llama Pedro Cerisola, ex secretario de Comunicaciones, del equipo cercano de Fox. La interrogante es si será llamado a que rinda cuentas.
e@Vox Populi
asunto: seleccion
Por segunda vez aplicarán a todas las escuelas de educación básica la prueba Enlace, práctica inútil y costosa que tiene como objetivo descalificar el trabajo en las aulas y justificar con ello el inicio de una privatización de la educación. Los maestros son los únicos que saben el verdadero resultado de su práctica educativa; ningún egresado del ITAM puede conocer la realidad si no convive con ella, y menos mediante una prueba escrita en la que no se pueden medir las capacidades que desarrollan los alumnos en su escuela pública. Nos quitaron el derecho a una pensión con la reforma a la Ley del ISSSTE, aprobada por PRI, PAN, PVEM Y Panal, y ahora pretenden hacernos culpables del resultado de su pruebita Enlace, para apropiarse de las escuelas. El dinero puede estar en juego, pero los niños no. Defenderemos con todo su derecho a una educación humanista, gratuita y laica.
Patricia Romana Bárcena/DF
R: Querida Patricia: no creo que en la mira de los panistas esté ''apropiarse'' de las escuelas públicas; su alumnado proviene de familias que no tienen muchos recursos. Más bien usan los resultados de la prueba para justificar los recortes al presupuesto educativo.
asunto: seguros ing
Resulta que el 13 de marzo contraté un seguro para mi carro, con ING. Se presentó en mi casa el agente y al cotejar los números de motor y de serie asentados en la póliza y los del vehículo nos dimos cuenta que había dos errores de dedo. El agente me prometió gestionar un endoso de la póliza y enviármela por correo. Resulta que el día 22, afuera de mi casa, le rompieron al vehículo el cristal de una puerta llevándose el estéreo. Lo reporté a ING, pero no me atendieron porque los datos de mi póliza no son los de mi automóvil. Que tus lectores tomen nota para saber con quién contratar un seguro.
María Elena Rodríguez Aguilera/DF
R: El problema quizá no es la compañía de seguros, sino el agente chambón que te atendió. Es la eterna historia: prometen el cielo y las estrellas en el proceso de vender una póliza y cuando se les necesita tienen mil pretextos para escabullirse.
asunto: derogacion de la ley
La reciente derogación de los delitos de calumnia, difamación e injurias es preocupante. Sé que existen periodistas responsables y con gran ética, pero los seudoperiodistas, principalmente en la televisión, tienen ahora más armas para destruir la vida social y laboral de cualquier persona; pueden decir lo que se les hinche y nadie podrá hacer nada.
Ramón López García/DF
R: Entiendo tu punto de vista y en cierto modo tienes razón. Pero, ¿qué mayor cerco a la libertad de expresión puede haber que 33 asesinatos y seis desapariciones forzosas de periodistas en el sexenio de Fox y en los primeros meses del gobierno de Calderón?
Hubo una vez -como en los cuentos de hadas- que se consideró a Monterrey la capital financiera del país; era el asiento de varias de las principales instituciones bancarias, entre ellas Bancomer, Banorte, Serfin y Confía; los malos manejos en esta última llevaron a la cárcel a Jorge Lankenau. Rivalizaba con Guadalajara, inclusive con el Distrito Federal. Resulta difícil admitir que en el reporte que emitió ayer el Departamento de Estado, en Washington, se incluya a Nuevo León en el sistema de alertas. Instruye a sus ciudadanos para que tomen precauciones extremas cuando visiten aquella entidad, dado el alarmante índice de criminalidad que prevalece. Otros estados en la lista son Tamaulipas, Michoacán y Baja California.
Ah pero eso sí, en su mayoría el norte es prianista, y a la mucha honra, en ese camino se irán al precipicio pero con mucho orgullo.
Televisión hispana
España analiza estos días su propia ley televisiva. La Asamblea de Anunciantes propone que se ponga límite a la ''elevada concentración publicitaria'' en la programación, de modo que no rebasen 12 minutos de espots y cinco promocionales propios por cada hora. Hubo un tiempo en que hubo limitaciones de esta naturaleza en México. Ahora el abuso -recordemos la pasada campaña política- no conoce límites; las televisoras nos bombardean con todos los anuncios que se les antoja.
Cerisola
Es un desastre el aeropuerto de la ciudad de México. Las obras de reconstrucción todavía no terminan, los pasajeros son movidos en camioncitos, porque no hay suficientes telescopios que conecten con las salas... y lo peor de todo es que los costos se dispararon arriba de los 700 millones de dólares. Hay un responsable y se llama Pedro Cerisola, ex secretario de Comunicaciones, del equipo cercano de Fox. La interrogante es si será llamado a que rinda cuentas.
e@Vox Populi
asunto: seleccion
Por segunda vez aplicarán a todas las escuelas de educación básica la prueba Enlace, práctica inútil y costosa que tiene como objetivo descalificar el trabajo en las aulas y justificar con ello el inicio de una privatización de la educación. Los maestros son los únicos que saben el verdadero resultado de su práctica educativa; ningún egresado del ITAM puede conocer la realidad si no convive con ella, y menos mediante una prueba escrita en la que no se pueden medir las capacidades que desarrollan los alumnos en su escuela pública. Nos quitaron el derecho a una pensión con la reforma a la Ley del ISSSTE, aprobada por PRI, PAN, PVEM Y Panal, y ahora pretenden hacernos culpables del resultado de su pruebita Enlace, para apropiarse de las escuelas. El dinero puede estar en juego, pero los niños no. Defenderemos con todo su derecho a una educación humanista, gratuita y laica.
Patricia Romana Bárcena/DF
R: Querida Patricia: no creo que en la mira de los panistas esté ''apropiarse'' de las escuelas públicas; su alumnado proviene de familias que no tienen muchos recursos. Más bien usan los resultados de la prueba para justificar los recortes al presupuesto educativo.
asunto: seguros ing
Resulta que el 13 de marzo contraté un seguro para mi carro, con ING. Se presentó en mi casa el agente y al cotejar los números de motor y de serie asentados en la póliza y los del vehículo nos dimos cuenta que había dos errores de dedo. El agente me prometió gestionar un endoso de la póliza y enviármela por correo. Resulta que el día 22, afuera de mi casa, le rompieron al vehículo el cristal de una puerta llevándose el estéreo. Lo reporté a ING, pero no me atendieron porque los datos de mi póliza no son los de mi automóvil. Que tus lectores tomen nota para saber con quién contratar un seguro.
María Elena Rodríguez Aguilera/DF
R: El problema quizá no es la compañía de seguros, sino el agente chambón que te atendió. Es la eterna historia: prometen el cielo y las estrellas en el proceso de vender una póliza y cuando se les necesita tienen mil pretextos para escabullirse.
asunto: derogacion de la ley
La reciente derogación de los delitos de calumnia, difamación e injurias es preocupante. Sé que existen periodistas responsables y con gran ética, pero los seudoperiodistas, principalmente en la televisión, tienen ahora más armas para destruir la vida social y laboral de cualquier persona; pueden decir lo que se les hinche y nadie podrá hacer nada.
Ramón López García/DF
R: Entiendo tu punto de vista y en cierto modo tienes razón. Pero, ¿qué mayor cerco a la libertad de expresión puede haber que 33 asesinatos y seis desapariciones forzosas de periodistas en el sexenio de Fox y en los primeros meses del gobierno de Calderón?
Luis Posada Carriles, terrorista de Washington
Editorial
La excarcelación bajo fianza del terrorista Luis Clemente Faustino Posada Carriles, decidida ayer por un tribunal estadunidense, pone en evidencia la hipocresía del gobierno de Estados Unidos y la falsedad de su pretendido compromiso en el combate al terrorismo internacional.
Nacido en Cienfuegos, Cuba, en 1928, este sujeto encarna mejor que nadie más en este continente la definición de terrorista internacional: informante de la policía durante la dictadura de Fulgencio Batista, tras el triunfo de la insurgencia encabezada por Fidel Castro se convirtió en experto en explosivos al servicio de las fuerzas contrarrevolucionarias. Abandonó la isla en 1960, apareció en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, en donde fue entrenado para realizar atentados contra civiles, y en 1965 la CIA lo ubicó en Veracruz, México, en donde pretendía colocar una bomba en un barco soviético. Para entonces Posada Carriles era ya empleado de esa agencia de espionaje, la cual lo envió a asesorar a los cuerpos represivos de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina. En 1976 fundó el Comité de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), que atacó a bombazos oficinas y empresas cubanas en Portugal, Costa Rica, Jamaica, Barbados, Colombia y Puerto Rico. En ese año Posada Carriles participó en calidad de autor intelectual en el atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación, en el que murieron 73 personas. Encarcelado por el gobierno de Caracas, el terrorista escapó nueve años más tarde. Desde entonces sirvió a los regímenes militares centroamericanos en tareas de contrainsurgencia y participó en el complot organizado por el gobierno de Ronald Reagan para abastecer de armas a los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses, mediante una triangulación entre narcotraficantes, la dictadura salvadoreña y agentes encubiertos que adquirían el armamento en Irán. En 2000 fue detenido en Panamá y acusado de fraguar el asesinato del presidente cubano, quien se encontraba de visita en ese país, pero poco más tarde fue indultado por Mireya Moscoso en su último acto de gobierno. A principios de abril de 2005 ingresó en forma clandestina a Estados Unidos y al mes siguiente fue arrestado en Florida.
A pesar de la petición de extradición fincada por el gobierno venezolano, Washington se limitó a fincarle cargos por delitos migratorios, y con base en ellos permaneció encarcelado hasta ayer. El tribunal a cargo de su caso le fijó una fianza de 250 mil dólares, la cual fue cubierta de inmediato, lo que pone en evidencia el enorme poder económico de los grupos terroristas cubanos afincados en Miami y de los cuales el excarcelado forma parte.
El hecho central es que Posada Carriles recibe protección del gobierno de George W. Bush, el cual se muestra dispuesto a impedir que este criminal sea procesado por sus gravísimos delitos, en Venezuela o en Cuba.
La razón es simple: a pesar de sus alegatos justicieros, la Casa Blanca no va a permitir que uno de sus propios terroristas comparezca ante la justicia. Y es que, en el pasado reciente, Washington ha sido el principal promotor del terrorismo en este continente: bajo sus órdenes, individuos como Posada Carriles hicieron estallar aviones civiles, sembraron bombas en diversos países, desestabilizaron a gobiernos democráticos como el de Jacobo Arbenz en Guatemala y el de Salvador Allende en Chile, y participaron en crímenes de lesa humanidad como la aniquilación de poblados enteros en Centroamérica. Para ello, la Casa Blanca montó una maquinaria de guerra sucia en la que tuvieron un papel destacado los sectores extremistas del exilio cubano en Florida. Esas atrocidades siguen, en su gran mayoría, impunes, y la actual administración estadunidense está empeñada en que permanezcan así. En tanto no se deslinde de su propia inclinación al terrorismo, Washington carece de autoridad moral para exhortar a la lucha contra ese ominoso fenómeno.
La excarcelación bajo fianza del terrorista Luis Clemente Faustino Posada Carriles, decidida ayer por un tribunal estadunidense, pone en evidencia la hipocresía del gobierno de Estados Unidos y la falsedad de su pretendido compromiso en el combate al terrorismo internacional.
Nacido en Cienfuegos, Cuba, en 1928, este sujeto encarna mejor que nadie más en este continente la definición de terrorista internacional: informante de la policía durante la dictadura de Fulgencio Batista, tras el triunfo de la insurgencia encabezada por Fidel Castro se convirtió en experto en explosivos al servicio de las fuerzas contrarrevolucionarias. Abandonó la isla en 1960, apareció en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, en donde fue entrenado para realizar atentados contra civiles, y en 1965 la CIA lo ubicó en Veracruz, México, en donde pretendía colocar una bomba en un barco soviético. Para entonces Posada Carriles era ya empleado de esa agencia de espionaje, la cual lo envió a asesorar a los cuerpos represivos de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina. En 1976 fundó el Comité de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), que atacó a bombazos oficinas y empresas cubanas en Portugal, Costa Rica, Jamaica, Barbados, Colombia y Puerto Rico. En ese año Posada Carriles participó en calidad de autor intelectual en el atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación, en el que murieron 73 personas. Encarcelado por el gobierno de Caracas, el terrorista escapó nueve años más tarde. Desde entonces sirvió a los regímenes militares centroamericanos en tareas de contrainsurgencia y participó en el complot organizado por el gobierno de Ronald Reagan para abastecer de armas a los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses, mediante una triangulación entre narcotraficantes, la dictadura salvadoreña y agentes encubiertos que adquirían el armamento en Irán. En 2000 fue detenido en Panamá y acusado de fraguar el asesinato del presidente cubano, quien se encontraba de visita en ese país, pero poco más tarde fue indultado por Mireya Moscoso en su último acto de gobierno. A principios de abril de 2005 ingresó en forma clandestina a Estados Unidos y al mes siguiente fue arrestado en Florida.
A pesar de la petición de extradición fincada por el gobierno venezolano, Washington se limitó a fincarle cargos por delitos migratorios, y con base en ellos permaneció encarcelado hasta ayer. El tribunal a cargo de su caso le fijó una fianza de 250 mil dólares, la cual fue cubierta de inmediato, lo que pone en evidencia el enorme poder económico de los grupos terroristas cubanos afincados en Miami y de los cuales el excarcelado forma parte.
El hecho central es que Posada Carriles recibe protección del gobierno de George W. Bush, el cual se muestra dispuesto a impedir que este criminal sea procesado por sus gravísimos delitos, en Venezuela o en Cuba.
La razón es simple: a pesar de sus alegatos justicieros, la Casa Blanca no va a permitir que uno de sus propios terroristas comparezca ante la justicia. Y es que, en el pasado reciente, Washington ha sido el principal promotor del terrorismo en este continente: bajo sus órdenes, individuos como Posada Carriles hicieron estallar aviones civiles, sembraron bombas en diversos países, desestabilizaron a gobiernos democráticos como el de Jacobo Arbenz en Guatemala y el de Salvador Allende en Chile, y participaron en crímenes de lesa humanidad como la aniquilación de poblados enteros en Centroamérica. Para ello, la Casa Blanca montó una maquinaria de guerra sucia en la que tuvieron un papel destacado los sectores extremistas del exilio cubano en Florida. Esas atrocidades siguen, en su gran mayoría, impunes, y la actual administración estadunidense está empeñada en que permanezcan así. En tanto no se deslinde de su propia inclinación al terrorismo, Washington carece de autoridad moral para exhortar a la lucha contra ese ominoso fenómeno.
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